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Venezuela deserción docente: “Renuncié a la escuela pública, pero no a la educación”

Efecto Cocuyo/Reymar Reyes Moncayo 

Ángel Miguez es uno de los  muchos docentes  del sistema de educación pública que se han visto obligados a abandonar su profesión, debido a la crisis del país. En principio, a finales de 2019, renunció a dar clases en una escuela primaria, donde se desempeñaba como profesor de música para prescolar; luego dimitió a enseñar en una universidad durante la pandemia.

“En la universidad me reemplazaron…En el preescolar no se reemplaza tan rápido a un profe de música que atienda a la primera infancia”, cuenta Ángel, quien es pedagogo especializado en educación musical infantil y que con su retiro dejó el mismo vacío que generó la deserción docente en especialidades como Biología, Física, Química, Matemáticas e idiomas, reportados en los distintos niveles del sistema educativo nacional.

Para Ángel, encontrar una mejor oferta de trabajo, mejor remunerada y que le permitió continuar con su labor el sector privado, fue el detonante para renunciar a la escuela, pero no todos sus colegas corren con la misma suerte. Dependiendo de sus características personales y profesionales, muchos docentes se mantienen en sus puestos de trabajo, mientras generan ingresos complementarias o abandonan su profesión para dedicarse a actividades económicas de otra índole.

Actualmente, los docentes de mayor rango —con doctorados, publicaciones y otras distinciones—  perciben entre 60 y 70 dólares mensuales, aproximadamente, en el sector público, mientras que la canasta básica ronda los 230 dólares. En definitiva, el gremio pasó de “mantener un estatus” a través de su trabajo, como lo describe Magaly Figueroa, profesora asociada de la Universidad de Oriente (UDO),  a trabajar bajo condiciones de esclavitud, según lo califica Raquel Figuera, representante de la Unidad Democrática del Sector Educativo (UDSE).

Es así como la deserción docente en Venezuela superó el 50% entre 2018 y el cierre de 2020 y continúa mermando, según señala Figuera.

Es así como el gobierno venezolano pretende iniciar clases presenciales en octubre con profesores y personal administrativo a los que no ha sido capaz de atender en cuanto a sus demandas en materia salarial, seguridad social y condiciones de trabajo decentes y seguras.

Zoraida Cerpa, docente de rango 4 de educación primaria de Caracas, manifiesta que varios profesores se niegan a volver a las aulas debido a que la mayoría no se ha vacunado y no cuenta con el músculo económico para costear transporte, internet y otros recursos necesarios para asumir un esquema de asistencia 7×7.

“Es difícil saber cuál es la cantidad de docentes que no se van a incorporar en octubre. Algunos se han comunicado por vía telefónica y nos han dicho que prefieren vender café o que ganan más en una esquina. Ya queda por parte de cada docente si se incorporan o no”, señala Edgar Machado, representante del Sindicato de Maestros del Distrito Capital.

El gremio de docente que está dispuesto a trabajar en las escuelas ya advirtió la situación económica a la que se enfrentan y exigió que el regreso a clases presenciales se realice bajo la garantía de vacunación y aplicar medidas de bioseguridad en las instituciones.

De lo contrario, esperan que el gobierno no aplique la suspensión de salarios para obligarlos a acudir a las escuelas. Mientras tanto, se calcula que solo el 7 % de los docentes ha sido vacunado, según Machado.

Por su parte, aunque a nivel de educación básica y secundaria no se tienen cifras exactas sobre la deserción docente, una encuesta del observatorio de Universidades, , aplicada en una muestra de 4.118 personas en 24 estados del país, informó que por lo menos 68 % de los profesores universitarios ha pensado en dejar su trabajo durante la pandemia.

Deserción docente: “Renuncié a la escuela pública, pero no a la educación”

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Los ataques de la derecha contra la clase obrera en Grecia, vuelta al siglo XIX

Por: Antonis Ntavanellos

 

“¡Bienvenida al siglo XIX!” Así comentaba Efimerida ton Syntakton (“El periódico de los redactores”, un diario que se dirige a un público democrático y de izquierda) la aprobación por el Parlamento del monstruoso proyecto de ley del ministro de Trabajo Kostis Chatzidakis, presentado como una “reforma” de las relaciones laborales que hará posible que Grecia aproveche las “oportunidades” de crecimiento después de la crisis de 2020 y la pandemia.

El titular del periódico era legítimo. La nueva ley deroga la jornada laboral de 8 horas y la semana de 5 días. El texto suprime la obligación de los empresarios de pagar un salario suplementario cuando piden un trabajo suplementario, más allá de las 8 horas o de los 5 días por semana. En lugar de un salario suplementario, la nueva ley promete que los empresarios proporcionarán, más tarde, días libres en compensación. Probablemente durante los periodos en los que baja la demanda de los productos o servicios que proporciona la empresa.

Esta “flexibilización del tiempo de trabajo” fue introducida por primera vez en la legislación laboral por los socialdemócratas, durante el periodo de degeneración neoliberal de sus partidos y sindicatos. En un inicio, a principios de los años 90, se aplicó en sectores marginales [en Tesalia y Macedonia Occidental, los sectores en crisis se
sometieron a esta flexibilización, pero fue un fracaso, teniendo en cuenta la Constitución] de la economía y debía seguir siendo un elemento marginal y secundario de las relaciones laborales en Grecia. Hoy, el gobierno de Kyriakos Mitsotakis generaliza este “acuerdo” extremadamente liberal, extendiéndolo a toda la clase trabajadora. Según la nueva ley, en lo sucesivo es legal que los trabajadores industriales (cuyo trabajo es arduo y pesado) trabajen 150 horas más al año, ¡sin ninguna remuneración suplementaria!

Lo peor es que esta ley elimina toda posibilidad de que los trabajadores y trabajadoras puedan expresarse colectivamente sobre las cuestiones del tiempo de trabajo y de su ligazón con los salarios. Tales cuestiones formarán parte de “contratos individuales” entre cada trabajador y el empresario, pasando completamente por encima de los sindicatos. Eso podría significar el golpe final a la eficacia y legitimidad de los convenios colectivos, que ya fueron gravemente desvirtuados durante los memorandos de austeridad, tras la crisis de 2010-2011 en Grecia (una desvalorización que, lamentablemente, también fue una característica del gobierno de SYRIZA, en 2015-2019).

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El gobierno sabe que la implementación de esta política se enfrentará a la resistencia de los trabajadores y trabajadoras. Por ello, la nueva ley sobre el trabajo está reforzada por una serie de disposiciones draconianas que afectan al funcionamiento legal de los sindicatos y a la posibilidad de declarar una huelga legal. De ahora en adelante, los sindicatos están obligados a realizar un “registro de afiliados” en formato digital, que debe estar a disposición del Ministerio de Trabajo y de las organizaciones empresariales. Para declarar una huelga, la decisión debe ser aprobada primero (por votación electrónica) por el 50% más 1 del conjunto del personal (no sólo los miembros del sindicato). Si un tribunal declara que determinada huelga sindical es ilegal, la huelga no puede volver a declararse, aunque sea por un motivo diferente o por una organización sindical distinta (una federación o confederación de sindicatos). En los sectores críticos de los “servicios públicos” (sanidad, educación, transporte, energía, etc.), en caso de huelga, el 35% del personal debe seguir trabajando, como prueba de “responsabilidad social”.

Esta ley es a todas luces una monstruosidad anti-trabajadores. Incluso la Asociación de Jueces y Abogados y el “comité de expertos” del Parlamento estimaron que la ley viola los artículos de la Constitución de 1974 (que definen la huelga como un derecho e institucionalizan las libertades sindicales con una articulación entre los derechos de los trabajadores y los derechos políticos democráticos). Pero a pesar de ello, el proyecto de ley fue aprobado por la mayoría parlamentaria de Nueva Democracia (158 diputados).

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Esta orientación se basa en una realidad gestada en Grecia durante el desastroso periodo de los memorandos. Contrariamente a la propaganda (sobre el país del sol, la alegría y la despreocupación…), la clase trabajadora en Grecia se ve obligada a trabajar más que en cualquier otro Estado miembro de la UE, y más que en muchos otros países del mundo. Según los datos de la OCDE (correspondientes a 2019), el tiempo medio de trabajo efectivo en Grecia es de 1950 horas al año, es decir, solo por debajo del de Corea y México y muy por encima del de Alemania, por ejemplo (1386 horas al año). Mientras tanto, los salarios han sido recortados en un 30% entre 2008 y 2019: el salario medio real cayó de unos 1300 euros (en 2008) a 950 euros (en 2019). Esta nivelación hacia abajo es el fruto de la reducción del salario mínimo legal y, sobre todo, de la presión constante a la baja de todos los salarios hacia el mínimo legal.

Los capitalistas griegos saben que, durante la crisis, ellos también registraron algunas pérdidas y retrocedieron en la clasificación de la competencia mundial, además de tener que enfrentarse a la peligrosa “trampa de la deuda”. Pero también saben que para “aprovechar la oportunidad” de un posible período de crecimiento después de la pandemia, tienen que aumentar la tasa de explotación de la clase obrera y exigir más trabajo por el mismo salario o más bajo.

Esto es lo que intenta hacer el gobierno de Mitsotakis, “sin edulcorantes”. La ley laboral de Kostis Chatzidakis no va a ser la única contrarreforma brutal. Ya están en marcha los planes de privatización del sistema público de pensiones y de la seguridad social, así como las privatizaciones masivas de lo que queda de la propiedad pública.

Esta orientación política no es fácil para el gobierno. Seis conocidos políticos de derechas (ex ministros, parlamentarios o portavoces de Nueva Democracia), que se identifican con la “tradición” del fundador del partido, Konstantinos Karamanlis, en 1974, optaron por declarar públicamente su desacuerdo con “este alejamiento de los principios del liberalismo social, que definían los gobiernos de Nueva Democracia”, al menos durante los años posteriores a la caída de la junta militar.

Lo que dicen en realidad es que no creen que Mitsotakis pueda imponer esta orientación, manteniendo a la vez una estabilidad relativa y una viabilidad duradera. Pero no es razonable esperar una reacción seria de la derecha. En el parlamento, los diputados de Nueva Democracia se alinearon y votaron en bloque a favor de la ley laboral.

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El gobierno de Mitsotakis no es un adversario fácil. Cuenta con el apoyo de la clase dirigente sobre la nueva ley laboral, tal y como lo muestra la cobertura mediática dominante. Dos “asesores” de Alexis Tsipras, Antonis Liakos y Myrsini Zorba (ambos ex socialdemócratas y recién llegados a SYRIZA), decían en un reciente artículo:

“El gobierno de Mitsotakis no encuentra dificultades en su camino. No confundamos nuestros deseos con la realidad. Tras una década de crisis, las fuerzas burguesas griegas se están reagrupando y eso se expresa en el actual gobierno a través de su gran apertura [a otros actores]. No debemos entender esta apertura como una simple suma de corrientes políticas… sino como la formación de un bloque dirigente con alianzas sociales, medios de comunicación y sobre todo con una estrategia… El radicalismo no es un privilegio exclusivo de la izquierda. El radicalismo de derecha aparece fuerte y decidido y llega a violar el Estado de Derecho”. El diagnóstico que hacen es correcto.

Lo curioso es que ante este fenómeno, la táctica que ambos proponen es una adaptación aún mayor al mismo, deshaciéndose de todos los “lastres” del radicalismo de izquierdas del pasado, adoptando una estrategia de unidad nacional, e incluso “emancipando a la izquierda del concepto de ‘partido’ que la mantiene atrapada en el pasado.”

Lo trágico es que esos puntos de vista son de hecho predominantes en la dirección de SYRIZA. Fuera del parlamento, SYRIZA mantiene una retórica opositora de rechazo total a la nueva ley laboral. Pero dentro del parlamento, el partido de Alexis Tsipras votó a favor de una serie de artículos (¡55!) de la ley, optando por una táctica que “distingue los buenos y los malos aspectos” de la ley, en lugar del necesario rechazo político y completo de esta ley extremadamente reaccionaria (como hizo por ejemplo el Partido Comunista). En mi opinión, era un claro mensaje de Alexis Tsipras a la clase dirigente de que, a pesar de la voluntad de su base, SYRIZA seguirá siendo un partido “responsable” que no “quemará los puentes” de las relaciones, incluso frente desafíos extremos.

En las calles, la reacción fue importante. El proyecto de ley laboral se convirtió en una oportunidad para intentar organizar una huelga general en Grecia después de un largo periodo. Todos sabíamos que no iba a ser sencillo ni fácil. El contexto persistente de la pandemia, la burocracia sindical que declaró la huelga pero hizo todo lo posible para… boicotearla. Los verdaderos cambios negativos en la vida cotidiana y en los lugares de trabajo que pesan sobre los trabajadores constituyen límites a la capacidad de movilización. Pero el resultado fue mejor de lo esperado. Las manifestaciones fueron numerosas y se expresó la cólera de los oprimidos y oprimidas. La “gente de izquierda” constituía el grueso de las tropas. El Partido Comunista, la izquierda anticapitalista y por primera vez en mucho tiempo, un sector de SYRIZA. Una composición que todavía está lejos de la amplia participación de la clase trabajadora que se necesita para revocar una ley laboral, pero que no debe subestimarse. Cualquiera que conozca el movimiento de resistencia en Grecia sabe que así es como suelen empezar las marchas largas,     que buscan y consiguen los grandes cambios.

La nueva ley laboral ya es una realidad. Una parte importante del movimiento organizado se niega a someterse a ella y tratará de derribarla en la práctica. Un movimiento de los trabajadores que no estará aislado: pese a la propaganda mediática histérica, todos los sondeos constatan que hay una mayoría social (hasta el 65% en algunos sectores…) que cree que los manifestantes “tienen razón”. Un movimiento que espera derrocar esta contrarreforma crucial. Este “pulso” será decisivo para  la evolución social en Grecia. En mi opinión, también determinará la situación política, a diferencia de las maniobras parlamentarias o del ajuste socialdemócrata adoptado por la dirección de SYRIZA.

Antonis Ntavanellos es uno de los principales animadores de DEA, organización de la izquierda anticapitalista griega.

 

Fuente de la información e imagen:  https://rebelion.org/

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Venezuela: Quincena de docentes no alcanza ni para comprar dos manzanas

Erlys Unda tiene 16 años al servicio de la docencia. Los últimos dos lucha por ganarle la batalla a un cáncer de mama. Su sueldo como educadora está lejos de ayudarle con los gastos que genera la enfermedad, sobre todo, en un país donde todo se hace cuesta arriba debido a la inflación y donde los medicamentos que deberían entregarle en el Seguro Social llegan esporádicamente.

Los 10 de cada mes, a Erlys le agregan a su cuenta bancaria la cantidad de tres millones 330 mil bolívares por concepto de pago de nómina como docente nacional. A la siguiente quincena se le suma un millón 800 mil del pago por cesta ticket de alimentación.

Un sueldo que no alcanza, ni  siquiera, para comprar dos manzanas, que rondan los cinco millones de bolívares. Escasamente usa el dinero para recargar saldo a su teléfono y poder trabajar a distancia. A pesar de todo, siempre ha estado activa en sus obligaciones académicas porque nació con la vocación a la docencia.

La historia es difícil. “El sueldo no alcanza para nada. Menos para el tratamiento. Sobrevivimos haciendo magia porque por más creativa que me ponga, haciendo rifas u otras cosas para recaudar fondos para el tratamiento, no alcanza. Tengo que comprar las medicinas porque muy poco llegan al Seguro Social”.

Una de las pastillas tiene un costo de 60 millones de bolívares, un precio que se mantiene en ascenso. Los médicos le recomendaron someterse a una histerectomía, que no puede realizarse porque tampoco cuenta con seguro HCM. Con ese sueldo es imposible pagar la operación en un centro de salud privado, tampoco en un hospital público, pues debido a la pandemia el oncológico Dr. Miguel Pérez Carreño mantiene cerrado el quirófano.

Pero Erlys, quien además tiene un pequeño hijo en condición especial, no es la única docente en una situación simular: María* es maestra en nómina estadal. Su salario se hace aún más reducido para mantener a sus cuatro hijos. Debe hacer actividades extracurriculares para poder comer.

Pinta uñas y vende de todo un poco para sobrevivir. Sin embargo, no deja a sus alumnos porque está comprometida en formar excelentes profesionales del mañana, aunque ahora lo haga a distancia y el Internet no colabore mucho. La última quincena de este abril, que debían cancelarla el pasado 25, no había sido abonada en su cuenta, contó la maestra.

Aumento de salario para calmar ánimos

En relación al salario de los docentes, Luis Guillermo Padrón, presidente de la junta transitoria del Sindicato Venezolano de Maestros en Carabobo (Sinvemaca), filial de la Federación Venezolana de Maestros, dijo que un docente en Carabobo gana alrededor de $1 quincenal, lo que, evidentemente, alcanza tal vez para comprar solo un paquete de harina de maíz.

A Padrón le preocupa que el Estado venezolano vaya a hacer un aumento salarial que no tiene nada que ver con la realidad solamente para calmar los ánimos. “Por eso, este sábado Día del Trabajador, estaremos en la plaza Santa Rosa para seguir con la lucha sindical y reivindicaciones salariales para los maestros”.

Según el presidente de Sinvemaca, los docentes no están de acuerdo con la nivelación de sueldos que plantea el Gobierno nacional con base el Petro, que se traduciría en un pago de unos $30, por lo que piden un ingreso de $600 mensuales, que vienen solicitando desde el pasado 2020.

*María, nombre ficticio para proteger la verdadera identidad.

Fuente: https://www.el-carabobeno.com/quincena-de-docentes-no-alcanza-ni-para-comprar-dos-manzanas/

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Argentina: Ciudad, sin clases: el 90% de los docentes adhirió al paro

Miles de docentes se sumaron al paro propuesto por los gremios en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas».

Alrededor del 90% de los equipos de docentes de todos los niveles educativos de la Ciudad de Buenos Aires adhirió al paro de este martes, que fue propuesto por los gremios del sector en rechazo a la «insistencia del Gobierno de la Ciudad de mantener las escuelas abiertas» a pesar de la segunda ola de contagios masivos por Covid-19.

Integrantes de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), el Sindicato Argentino de Docentes (Sadop), la Asociación Docente de Enseñanza Media y Superior (Ademys) y la Unión Argentina de Maestros y Profesores (Camyp) adhirieron al paro al no reconocer la legitimidad del fallo de la justicia porteña que obligó a escuelas y colegios a recibir a sus alumnados para clases presenciales.

El lunes de esta semana todos los gremios convocantes remarcaron el «alto nivel de acatamiento» al paro de 24 horas dispuesto en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires en rechazo del fallo de la justicia porteña, que autorizó la presencialidad en los establecimientos, tras la solicitud de Rodríguez Larreta.

Los sindicatos rechazan el regreso a la presencialidad en las aulas ante «el descontrolado aumento de los casos por la Covid-19» al tiempo que respaldan el decreto vigente hasta el viernes 30 de abril y «el cumplimiento de todas las medidas sanitarias».

El decreto del presidente Alberto Fernández 421/2021 dispuso desde las 20 del viernes último nuevas restricciones en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), de la cual la Ciudad forma parte, para evitar la propagación de la pandemia de coronavirus que azota al país en esta segunda ola, y con nuevas cepas.

«A última hora de la noche del domingo, el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, sosteniéndose por una estrategia de Lawfare, dio la orden de continuar con la presencialidad escolar desconociendo el Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el Poder Ejecutivo Nacional que indica la suspensión temporal por dos semanas de las clases presenciales como medida de cuidado sanitario», expresaron Angélica Graciano, secretaria general UTE-Ctera, y Paula Galigniana, secretaria de Comunicación, Prensa y Difusión del gremio de docentes.

«Desde el comienzo del ciclo lectivo 2021 venimos denunciando y reclamando tanto a las autoridades ministeriales como al propio Larreta las deficiencias de los protocolos vigentes así como también la falta de inversión en infraestructura e insumos para poder llevar adelante una presencialidad cuidada», comunicaron desde el sindicato.

Por su parte Jorge Adaro, secretario adjunto de Ademys, expresó a Télam que «habrá paro de actividades hoy y mañana porque necesitamos pasar a la virtualidad mientras siga la ola ascendente de contagios» por Covid-19.

Mientras tanto, la secretaria general del gremio, Mariana Scayola, denunció a El Destape Radio que a esta situación se suma «la presión de Larreta que es la de realizar descuentos en los sueldos si hacemos paro, porque no llegamos a fin de mes», tras lo cual solicitó «suspensión de la presencialidad, vacunación masiva y equipos para la virtualidad».

«Los docentes están dispuestos a dar esta pelea. Estamos discutiendo entre contagiarnos o no«, convino, y citó como ejemplo que «ayer una docente no conseguía cama de terapia intensiva».

Scayola aseguró que «el gran evento masivo que produjo esta segunda ola fue la apertura de las escuelas» y por eso para ella «lo que hacen Larreta y Acuña es de un cinismo completo», en referencia a sus declaraciones en favor de la educación ya que «en diciembre redujeron el presupuesto educativo».

Según Scayola, «ayer hubo un 90% de acatamiento al paro y hoy será similar«, en referencia a este martes.

En tanto, Sadop realizará «una retención de tareas presenciales» y continuará con la virtualidad, «como determinó la medida oficial», indicaron en un comunicado en referencia al decreto presidencial.

Fuente: https://www.minutouno.com/ciudad/clases-el-90-los-docentes-adhirio-al-paro-n5186031

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La reducción del tiempo de trabajo en los tiempos de la pandemia

La crisis de la Covid ha provocado un descenso de la actividad y, por tanto, del número de horas trabajadas. Es un fenómeno global: según la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la caída en el número de horas trabajadas a nivel mundial en 2020 equivale a 255 millones de empleos equivalentes a tiempo completo, cuatro veces más que durante la crisis de 2009. Pero la repercusión en el empleo se ha visto atenuada por lo que la OIT llama una “reducción de las horas de trabajo en el interior del empleo”. Como se verá más adelante, Francia no es una excepción. Pero, previamente, resulta esclarecedor inscribir la coyuntura actual en una perspectiva histórica más amplia.

¡Todos a medio tiempo!

El gráfico de abajo da una evaluación de la duración media anual del trabajo en un amplio período. Ciertamente, tal ejercicio plantea numerosos problemas metodológicos (ver el anexo). Dos historiadores, Corine Maitte y Didier Terrier, acaban de publicar un libro magistral, Les Rythmes du labeur [Los ritmos del trabajo] (La Dispute, 2020), una encuesta sobre el tiempo de trabajo en Europa occidental desde el siglo XIV al XIX. Muestran hasta qué punto la definición misma del tiempo de trabajo es difícil e incluso escurridiza. Se puede consultar esta recensión de la obra y escuchar esta entrevista con los autores. Reconocen sin embargo el interés de los trabajos estadísticos que tienen el mérito “de plantear una cuestión que hasta entonces apenas se ponía en evidencia”. Sea como sea, la tendencia histórica a la baja es innegable: en la actualidad se trabaja aproximadamente la mitad del tiempo en relación con el inicio del siglo veinte.

Un declive secular de la duración del tiempo de trabajo

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Número total de horas trabajadas en Francia, por año. Fuente: Olivier Marchand y Claude Thélot, Pierre Villa, INSEE

El reparto del trabajo

El número total de horas trabajadas es el producto del empleo por la duración media del trabajo: esto es una igualdad contable. Ella plantea evidentemente problemas estadísticos de los que los principales son el campo de estudio (el conjunto de los empleos o solo los asalariados) y el tratamiento de los empleos a tiempo parcial o reducido. Se utilizarán aquí los datos del INSEE [Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, ndt] sin entrar en esta discusión. Una mirada rápida sobre los cuatro últimos decenios a partir de las cuentas nacionales trimestrales lleva a las siguientes observaciones: entre el primer trimestre de 1980 y el cuarto trimestre de 2019, el número de personas en empleo ha aumentado en la cuarta parte. Esta progresión del empleo se hace en escalones en función de los diversos episodios de recesión. En este mismo período, el número de horas trabajadas solo ha aumentado en el 6%. La duración del trabajo ha disminuido el 17% pero esta caída se ha producido hasta 2002: desde el paso a las 35 horas, la duración del trabajo no se mueve. Es posible (en datos anuales) ensanchar más el foco para volver hacia la inmediata post-guerra. Se obtiene entonces la representación de aquí abajo.

El reparto del trabajo en un período amplio

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Empleo, número de horas trabajadas y duración del trabajo en Francia, base 100 en 1950. Fuente: INSEE, cuentas nacionales anuales

La principal constatación es que el número de horas trabajadas en Francia es hoy, aproximadamente, el mismo que hace 60 años: 43 mil millones en 2019, contra 46 en 1950, porque la productividad horaria del trabajo ha aumentado aproximadamente como el PIB en el conjunto de ese período. Al mismo tiempo, el número de empleos ha aumentado en casi la mitad, pasando de 19,5 a 28,5 millones. Esta progresión solo ha sido posible porque la duración del trabajo ha bajado.

Un volumen de horas constante, un empleo que aumenta la mitad (o sea 1,5 veces o 3/2) y una duración del trabajo que baja en un tercio (es decir, 2/3 de su nivel inicial): la cuenta (3/2 x 2/3=1) es correcta.

¿Una regla de tres simplista?

El 10% de reducción del tiempo de trabajo = 10% de empleo, ¿es una contabilidad simplista? Esa es la opinión dominante entre muchos economistas que se han dedicado a descalificar la aparición de las luchas sociales por la jornada de ocho horas. Lo atestiguan estas dos citas:

“Existiría una cantidad dada de trabajo y sería interés de los obreros trabajar menos, a fin de que este volumen de trabajo se reparta entre el conjunto de los trabajadores”.

“Los economistas condenan casi unánimemente el sofisma del empleo en cantidad fija, un concepto según el que el número total de empleos en una economía es fijo y, por lo tanto, debe ser repartido equitativamente”.

La primera cita proviene de 1891. Es del economista británico David F. Schloss. Observemos que se produce un año después de la primera fiesta del trabajo, celebrada el uno de mayo de 1890 a favor de la jornada de ocho horas. La segunda cita es de 2016 y su autor solo hace traducir al francés la expresión acuñada por Schloss, cuando habla del “sofisma del empleo en cantidad fija”. Este autor es Jean Tirole, nuestro premio del Banco de Suecia en economía, en su libro Economie du bien commun. Se atrevía a hacer una amalgama entre los partidarios de la reducción del tiempo de trabajo y las tesis del Frente Nacional, de la que mostramos en su tiempo que revelaba una burda confusión entre número de empleos y número de horas de trabajo. Imaginemos por un momento lo que habría podido pasar si ese volumen de horas de trabajo aproximadamente fijo (a pesar de que ello disguste a Schloss y Tirole) no hubiera sido repartido gracias a una reducción de la duración del trabajo: en ese hipotético escenario habría habido menos empleos y así más paro. Es un tal reparto lo que efectivamente ha tenido lugar en Francia desde hace medio siglo, ciertamente no siempre equitativamente, con altos y bajos, en función de las relaciones de fuerza, ya que no se trata de una ley económica sino de una cuestión social.

El choque del virus

Tras esta perspectiva histórica es el momento de volver a la coyuntura actual. El gráfico de abajo muestra que la caída de la duración del trabajo ha permitido de absorber la mayor parte del impacto en el empleo del retroceso del número de horas trabajadas. Es llamativo el paralelismo entre número de horas trabajadas y duración del trabajo. Más precisamente, el balance en un año (entre el último trimestre de 2020 y el de 2019) queda como sigue: el número de horas trabajadas ha bajado el 7%, la duración del trabajo el 5,7% y el empleo el 1,4%. Retengamos esta última cifra: la duración media del trabajo es hoy inferior en casi el 6% a la de hace un año, lo que equivale a un poco de más dos horas por semana.

Después del Covid: ¿aumentar el tiempo de trabajo o el empleo? 

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Empleo, duración del trabajo y número de horas trabajadas. Base 100 en el primer trimestre de 2018 Fuente: INSEE, cuentas nacionales trimestrales

Esta pequeña aritmética permite subrayar una de las cuestiones centrales que va a plantearse en los próximos meses. Imaginemos que el número de horas trabajadas colma el agujero y aumenta así el 7 %. Se puede entonces considerar dos escenarios. Si la duración del trabajo sigue en su actual nivel, el empleo puede aumentar el 7%. Pero si vuelve a su nivel de antes de la crisis, el empleo aumentará solo el 1 %. Se trata evidentemente de escenarios hipotéticos, pero que enmarcan la posible evolución. Entre los dos, la diferencia es considerable: son 1,7 millones de empleos cuya suerte depende de la trayectoria de salida de la crisis. La crisis actual podría ser entonces la ocasión de recuperar el tiempo perdido, no alargando la duración del trabajo como proponía el Institut Montaigne desde mayo de 2020, sino renovando con una caída interrumpida desde hace al menos quince años. La mera preservación de los empleos es a este precio.

Anexo

Además de las cuentas nacionales del INSEE, las fuentes utilizadas provienen de trabajos preciosos de los investigadores del Insee. El primero es el libre Deux siècles de travail en France de Olivier Marchand y Claude Thélot (1991). El segundo es la impresionante colección de Series macro-económicas reunida por Pierre Villa (1997). Marchand y Thélot suministran estimaciones de la duración anual para diversos años comprendidos entre 1831 y 1989. Esta duración es aproximadamente constante hasta 1896, fecha en la comienzan las estimaciones de Villa sobre la duración semanal. Se han intercalado los puntos de Marchand y Thélot con los datos de Villa, de forma que se obtiene una primera serie 1896-1989. Los datos del INSEE permiten calcular la duración anual del trabajo a partir de 1949. Se dispone así de dos series para el período 1949-1989, una coherente con las evaluaciones de Marchand y Thélot y otra del INSEE. No coinciden: la principal diferencia concierne a la inmediata postguerra, en la que la duración calculada por el INSEE es superior a la de Marchand y Thélot. Se ha procedido pues a un ajuste en silbido para el decenio de postguerra. La curva obtenida es pues el resultado de un ajuste razonado entre diferentes fuentes, de forma que se obtenga una trayectoria de largo plazo lo más coherente posible.

Evolución del tiempo de trabajo efectivo por semana en el Estado español

En el Estado español la población ocupada, mayoritariamente asalariada, realiza en torno a 600 millones de horas efectivas de trabajo semanal. Habiéndose alcanzado 720 millones antes de la crisis que se inició en 2008, el mínimo anterior a la pandemia en la serie disponible en el INE son los 520 millones de horas semanales tras la campaña de verano en 2013. En ese periodo, el número de ocupadas ha pasado de 16,5 millones en 2002 a casi 19,5 millones de personas en la actualidad, suponiendo las mujeres una gran mayoría de ese incremento, en torno al 90%. Es sabido que las mujeres perciben menores salarios y sufren una incidencia mucho mayor del empleo temporal y, sobre todo, de las jornadas a tiempo parcial. El tiempo parcial, en gran parte involuntario, afecta al 20% de las mujeres con contrato indefinido (solo al 4% de los hombres) y al 30% de las mujeres con contrato temporal.

Esa evolución relativamente estable del número de horas trabajadas, junto al aumento de la población ocupada por una fuerte activación de las mujeres de todas las generaciones, nos muestra una jornada efectiva decreciente, desde las 36 horas de media de hace casi 20 años a las 31 horas en la actualidad. Siendo el diferencial entre mujeres y hombres estable en unas 5 horas semanales, se puede ver una dualidad reforzada, con más mujeres trabajando a tiempo parcial y peores salarios, al tiempo que varios millones de hombres en empleos industriales y de la construcción perdían sus trabajos para siempre, mientras otros hombres que siguen ocupados hacen más horas extras, cada vez más no reconocidas ni pagadas.

La pandemia ha dejado una evolución del tiempo de trabajo por trimestres que merece ser también analizada. Si el 2019 terminaba en niveles altos de horas trabajadas y personas ocupadas, el primer confinamiento nos muestra que para final de junio se habían dejado de realizar más del 25% de las horas y se destruyeron más de 1,3 millones de empleos asalariados, con un impacto negativo leve sobre la cantidad de autónomos y empresarios. El impacto económico y social de esa primera ola se llevó casi el 8% del empleo, en el que históricamente ha sido siempre el mejor trimestre del año (el segundo). Un impacto relevante, a pesar del encarecimiento del despido por decreto y sin contar los más de 4 millones de personas que fueron protegidas del despido por la generalización del ERTE, habiendo resultado un mecanismo eficaz de nacionalización del salario y salvaguarda del empleo.

Para finales de 2020 y en relación a un año antes, el número de horas trabajadas solo ha caído un 6% y el total de ocupadas un 3%, 620.000 personas menos y a la espera de ver como se desenvuelve el desarrollo del trabajo y el empleo en la nueva normalidad actual. Indudablemente existe la posibilidad de que algunos ERTE deriven en otras modalidades de regulación de empleo y finalicen en despidos. Para minimizar o evitar esa posibilidad sería preciso derogar las últimas reformas laborales y promover la estabilidad en el empleo mediante el refuerzo de la negociación colectiva, lo que no está asegurado por la negativa de la mayoría del gobierno de coalición a implantar reformas que aseguren esos derechos. Esa evolución por trimestres muestra que más que despidos masivos, como en la anterior crisis, en el primer confinamiento más severo se dio una reducción del tiempo de trabajo a una media de 25 horas semanales en el segundo trimestre, habiendo recuperado una cierta normalidad en torno a las 31 horas para final del año. Quitando la hostelería y la cultura, que han perdido en torno a un 20% de sus efectivos asalariados, según datos de la Seguridad Social, el impacto sobre el resto de sectores ha sido en 2020 muy moderado, a la vista del fuerte impacto sobre la producción y la caída de un 11% del PIB (Redacción Viento Sur).

Fuente: https://vientosur.info/la-reduccion-del-tiempo-de-trabajo-en-los-tiempos-de-la-pandemia/

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República Dominicana: EDUCA plantea necesidad relanzar compromisos pacto Educativo

América Central/República Dominicana/09-04-2021/Autor(a) y Fuente: acento.com.do

Samuel Conde, presidente de la entidad, afirma que el Pacto Educativo está plenamente vigente y debe ser cumplido.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Acción Empresarial por la Educación (EDUCA) abogó por la reafirmación y relanzamiento de los compromisos asumidos en dicho contrato social educativo, fundamentado en la necesidad imperiosa de que la educación, a propósito de arribar el Pacto Nacional para la Reforma Educativa a su séptimo aniversario de rubricado.

De acuerdo a la nota de trabajo elaborada por el equipo técnico de EDUCA, su presidente, Samuel Conde, indicó que los primeros siete años de vigencia del Pacto, en términos estructurales han sido de vacas gordas para la educación dominicana, partiendo del cumplimiento de la Ley y la asignación del 4 % del PIB desde 2013, con la construcción de más de 42,500 aulas, incremento del salario docente y expansión en las coberturas de los niveles inicial, primaria y secundaria, así como en lo que refiere a la revalorización de la educación técnica y tecnológica, en tanto en lo que respecta a los aprendizajes, estos mismos años se asemejan más a los siete de vacas flacas.

Subrayó que a dicha realidad, deben sumársele los efectos aún no cuantificados de las consecuencias de la pandemia provocada por la COVID-19,  que no solo agudizarán los niveles de aprendizaje sino que también profundizarán las desigualdades sociales en la distribución de los mismos.

A juicio todas las mediciones disponibles, sean nacionales o internacionales, demuestran que durante el tiempo de vigencia del Pacto no se han procesado mejoras significativas.

En las pruebas diagnósticas que aplica el Ministerio de Educación (MINERD) para todos los estudiantes de los terceros grados de la educación primaria pública y privada se demostró que solamente el 12.2 % es capaz de leer con fluidez y comprender lo que lee, mismas pruebas que aplicadas ahora al conjunto de los estudiantes de los sextos grados de la educación que asisten a centros públicos o privados, arrojaron que tan solo el 4.1 % alcanza niveles satisfactorios en matemática (MINERD, 2018), apuntó.

A la vez de resaltar «y las pruebas PISA, que para 2018 ya debieron recoger efectos de la inversión extraordinaria y del enfoque de la educación dominicana según los preceptos del Pacto, no sólo no mejoró respecto a 2015, sino que incluso presentó algunas reducciones significativas en lengua y matemática, dejando al país una vez más en la retaguardia global de las naciones que se miden en esta prueba (OECD, 2015, 2018)».

Recordó que el Pacto Nacional para la Reforma Educativa surgió como mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, que si bien tuvo como principal propósito renovar el contrato social de la sociedad dominicana en torno a la educación, «se estructuró con la finalidad de encontrar soluciones consensuadas , para superar los nudos y obstáculos que, a la fecha, han sido la causa principal de que los instrumentos legales, planes e iniciativas no hayan logrado plenamente sus objetivos»

Fuente e Imagen: https://acento.com.do/actualidad/educa-plantea-necesidad-relanzar-compromisos-pacto-educativo-8931075.html

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Puerto Rico: Hoy a las 5pm hay manifestación gremial para exigir reclamos salariales y de bioseguridad

Hoy a las 5pm hay manifestación para exigir los reclamos aquí mencionados y muchos más que no caben en la imagen. Parte esencial de lograr lo que merecemos es tomar todas las medidas de seguridad y salubridad, pero hay que salir a la calle a luchar.
Merecemos condiciones dignas de trabajo, aumento mínimo a $4mil a la escala salarial base mediante la aprobación del P del S 92 de la autoría de María de Lourdes Santiago, derogación de la ley 3 para que podamos cobrar carrera magisterial, pasos por mérito adeudados, aprobación del P de la C 120 de la autoría de Lourdes Ramo que NOS GARANTIZA cero recortes a las pensiones y a los maestros activos nos garantiza una pensión vitalicia del 75% de nuestro salario, retorno a clases #SoloCuandoSeaSeguro, eliminación del sistema de descuentos que atenta contra nuestras habichuelas
En fin que hay razones de sobra para salir a luchar…De nosotros dependerá. Esto es hoy miércoles a las 5pm en el Capitolio.
Fuente: Grupo de Contacto Internacional
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