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Líbano: Los sindicatos de docentes se comprometen a ofrecer una educación de calidad en medio de la peor crisis económica de los últimos 30 años

Internacional de la educación 

El Líbano se ha visto sacudido por dos crisis extraordinarias en los últimos dos años: la explosión del puerto de Beirut y la pandemia de COVID-19. Desde entonces, el personal docente libanés y sus sindicatos han estado a la altura de los desafíos que les han planteado las crisis de salud pública, económica y de refugiados.

Solidaridad internacional

Tras la devastadora explosión que tuvo lugar en el puerto de Beirut el 4 de agosto de 2020, la Internacional de la Educación y sus afiliadas se solidarizaron rápidamente con la población de la capital libanesa, en particular con el personal docente y todo el conjunto estudiantil.

Rodolphe Abboud, secretario general del Teachers Syndicate of Lebanon (TSL), declaró que la explosión se produjo cuando el profesorado ya estaba lidiando con la pandemia mundial. Según Abboud, el sector de la educación del Líbano, especialmente el sector privado, que representa el 70 % de la educación en el país, «se está enfrentando a una importante crisis derivada de la pandemia de COVID-19 y de las crisis económica y financiera que ha provocado el despido de docentes en muchas instituciones educativas».

La Internacional de la Educación se ha puesto en contacto con los sindicatos de la educación locales para determinar la mejor manera de ayudar a la población afectada, especialmente al personal docente y a su alumnado, y ha intentado garantizar que se dé prioridad a la educación en la ayuda financiera proporcionada por la comunidad internacional.

«Junto con nuestras afiliadas de todo el mundo, nos solidarizamos plenamente con el personal docente y la población de Beirut que se está recuperando de esta terrible explosión», declaró en su momento el secretario general de la Internacional de la Educación, David Edwards.

Siete de cada diez personas necesitan ayuda económica

La explosión y la pandemia han sacudido aún más la economía del país y han provocado la «peor crisis económica de los últimos 30 años», según Manal Hdaife, de la Public Primary School Teachers’ League(PPSTL). «Decenas de miles de personas de todo el país han perdido su empleo y varios millones tienen dificultades para comprar los productos más básicos. A esto hay que sumarle la pandemia de coronavirus».

La grave crisis económica en la que estaba sumido el país antes del estallido de la pandemia se refleja en la deuda acumulada, que alcanzó el 170 % del PIB en 2020 y convirtió al Líbano en uno de los países más endeudados del mundo. Esta situación provocó una devaluación sin precedentes de la libra libanesa cuyas consecuencias para el poder adquisitivo de la población han sido devastadoras, ya que el Líbano depende en gran medida de la importación de los bienes que consume.

Según el Ministerio de Asuntos Sociales, además del aumento del desempleo y del impacto de la pandemia, el 70 % de la población necesita ayuda económica. La emergencia sanitaria y sus consecuencias socioeconómicas han provocado un incremento de la desigualdad en la distribución de los ingresos en el país, de la disparidad entre regiones y de las dificultades actuales para generar un crecimiento inclusivo. La crisis económica también ha afectado a la prestación de servicios públicos, incluida la educación.

La cancelación de la deuda: un paso clave para la recuperación económica y la calidad de la financiación

Las organizaciones miembros de la Internacional de la Educación en el Líbano apoyan las reclamaciones legítimas de cientos de miles de activistas que piden un cambio radical en el sistema político, caracterizado por la corrupción, el favoritismo y el clientelismo.

«Exigimos al gobierno que muestre voluntad política y se esfuerce por acabar con la interminable crisis económica que asola el Líbano», subrayó Hdaife. «Rechazamos medidas como la imposición de impuestos a personas con ingresos limitados, especialmente a empleados del sector público, y exigimos soluciones alternativas».

«Nuestro movimiento sindical considera que esta crisis se puede afrontar de forma estratégica: cancelando la deuda nacional del Líbano para que pueda apoyar al sector educativo y a otros sectores públicos. Dicha cancelación debería llevarse a cabo sin condiciones y los derechos humanos deberían constituir un elemento fundamental del proceso de reestructuración de la deuda».

Crisis superpuestas en la educación: la pandemia de COVID-19 y el alumnado refugiado

Incluso antes de la pandemia, la crisis siria, y la consiguiente gran afluencia de personas refugiadas, agravaron los déficits y los desafíos ya existentes en el sector educativo. Entre ellos, la grave escasez de docentes y la fragilidad de las infraestructuras educativas.

El Líbano es un país con una población de 4,5 millones de habitantes y que acoge a un gran número de personas refugiadas. Actualmente, en el Líbano viven más de dos millones de refugiados sirios y medio millón de refugiados palestinos. Más del 52 % de los refugiados sirios del Líbano son menores, y las cifras de ACNUR indican que alrededor de 450 000 refugiados del Líbano están en edad escolar.

De las 1 396 escuelas públicas del país, 1 014 reciben a más de 137 000 estudiantes refugiados sirios. Además, 144 escuelas se utilizan para impartir clase a estudiantes refugiados en turnos de tarde. Alrededor de 4 500 docentes de escuelas públicas imparten clase en los turnos de tarde y cobran una media de 10 USD por hora, sin compensación alguna por la preparación o la planificación de las lecciones. La COVID-19 ha agravado esta situación.

Los sindicatos llaman la atención sobre la crisis en el sector educativo

A través del Union Coordination Committee, compuesto por todas las organizaciones afiliadas a la Internacional de la Educación en el Líbano, los sindicatos de la educación han advertido en varias ocasiones al Ministerio de Educación que el alumnado y el profesorado del país se enfrentan a una crisis educativa.

El personal docente y sus sindicatos han denunciado el hecho de que no se les haya permitido participar ni se les haya consultado durante el proceso establecido para garantizar y proporcionar una educación a los niños y niñas refugiados, a pesar de ser los que están sobre el terreno, luchando por mantener un nivel mínimo de calidad en la educación del alumnado sirio y libanés.

Además, han puesto de relieve los obstáculos y los retos al aprendizaje, como las diferencias entre los planes de estudios libanés y sirio, la elevada ratio en las aulas, los diferentes niveles académicos del alumnado, las barreras lingüísticas, los gastos de transporte, el acoso escolar y el limitado apoyo psicosocial a los niños y niñas que sufren traumas, así como la falta de docentes formados para impartir clase a menores en tiempos de crisis.

Repercusiones de la crisis de refugiados en las niñas

Las repercusiones de la crisis de refugiados también han sido distintas en función del género. Las niñas son más vulnerables y la crisis ha reducido considerablemente sus posibilidades de acceso a la educación. Ello se debe a que a las niñas se les asignan responsabilidades de cuidado y muchas se ven obligadas a trabajar y a casarse a edades tempranas para ayudar económicamente a sus familias. Además, también son víctimas de la violencia de género.

Repercusiones de la crisis de COVID-19 en la educación de los niños y niñas refugiados

La crisis sanitaria del coronavirus también ha repercutido negativamente en la educación de los niños y niñas refugiados sirios en el Líbano. Tras el cierre de los establecimientos educativos, el Ministerio de Educación introdujo la educación a distancia por tres vías: televisión, en línea y en papel. A nivel nacional, el cierre afectó a más de 1,3 millones de estudiantes de todos los niveles educativos.

La decisión del Ministerio de utilizar la educación a distancia no estaba clara en relación con la educación de los niños y niñas refugiados, especialmente de aquellos que asistían a los turnos de tarde. Para colmar este vacío, los sindicatos de la educación intensificaron sus esfuerzos para garantizar que la brecha digital no dejara atrás al alumnado refugiado. Por ejemplo, los miembros de los sindicatos se ofrecieron para preparar clases televisadas y apoyar a los padres y a las madres por teléfono, y procuraron proporcionar tareas, orientación y correcciones a los niños y niñas refugiados sirios.

Acceso desigual a la educación

Gracias a todos estos esfuerzos, en la mitad de las escuelas públicas que dan clase a niños y niñas refugiados se pudo organizar una educación a distancia. Lamentablemente, muchos niños y niñas refugiados no han tenido acceso a los programas de educación a distancia debido a la falta de apoyo del Ministerio de Educación y a la falta de infraestructuras. Además, a muchos docentes que trabajaron en doble turno no se les pagó el sueldo durante la crisis.

Los sindicatos de la educación han trabajado sin descanso para construir un mejor entorno de aprendizaje para el alumnado refugiado, para demostrar su compromiso con la construcción de un futuro mejor y para reducir la pobreza y la vulnerabilidad de las personas refugiadas. Actualmente, siguen colaborando con el Gobierno para poner en práctica las mejores soluciones disponibles y piden solidaridad y apoyo para las personas vulnerables.

Grandes esfuerzos en favor del alumnado desfavorecido y desplazado

La PPSTLL, por ejemplo, está centrando sus esfuerzos en reducir el impacto de la crisis de COVID-19 en el alumnado y las comunidades desfavorecidas y desplazadas, ya que muchos viven en ciudades con poco acceso a los servicios sanitarios.

El sindicato ha insistido en la necesidad de una mayor solidaridad en tiempos de crisis y ha hecho un llamamiento a sus miembros para que aporten donaciones al fondo COVID-19 creado por el Ministerio de Salud del Líbano. A quienes les sea posible, se les ha pedido que proporcionen alimentos y asistencia a las personas necesitadas.

El sindicato también participó en el desarrollo de los programas de educación a distancia puestos en marcha para hacer frente a la crisis de aprendizaje y colaboró estrechamente con el Ministerio de Educación para proporcionar asesoramiento y experiencia.

El personal docente libanés está decidido a seguir ofreciendo una educación de calidad a todo el alumnado.

«Antes de los cierres, habíamos establecido un sistema de doble turno en mi escuela para que pudiera asistir un mayor número de niños y niñas. La situación a la que nos enfrentamos es muy complicada, pero no nos desalentaremos. Seguiremos trabajando para que todos los niños y niñas del Líbano tengan acceso a la educación. No importa de dónde vengan, todos merecen una buena educación y todas las oportunidades que esta ofrece», subrayó Hdaife, de la PPSTL.

https://www.ei-ie.org/es/item/25124:libano-los-sindicatos-de-docentes-se-comprometen-a-ofrecer-una-educacion-de-calidad-en-medio-de-la-peor-crisis-economica-de-los-ultimos-30-anos

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Chile: Llegada de variante delta confirma riesgos de la vuelta a clases presenciales plantean fenats y el magisterio

América del Sur/Chile/27-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl

Caso confirmado de la nueva cepa Delta de Coronavirus alerta al Colegio de Profesoras y Profesores de Chile y FENATS NACIONAL Ambos gremios se oponen, decididamente, a las clases presenciales y llaman a las autoridades a velar por la salud y la vida de la ciudadanía.

Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/06/25/fenats-y-magisterio-se-oponen-a-las-clases-presenciales-ante-aparicion-de-variante-delta-en-chile/

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Por una educación intercultural: conversatorio con la profesora sandra tripainao. Chile

América del Sur/Chile/25-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.colegiodeprofesores.cl

El Magisterio conmemora el Día de los Pueblos Originarios abordando los desafíos pendientes para avanzar hacia una educación intercultural en nuestro país.

Fuente e Imagen: https://www.colegiodeprofesores.cl/2021/06/21/por-una-educacion-intercultural-conversatorio-con-la-profesora-sandra-tripainao/

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México: Posición Política de la CNTE

América del Norte/México/25-06-2021/Autor(a) y Fuente: CNTE

Recibimos hoy viernes por parte de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de México su posicionamiento político ante las manifestaciones y protestas que vienen haciendo desde el pasado miércoles 23 de junio de 2021.

«Nuestra Jornada de Lucha Nacional de 72 horas es para romper el cerco mediático que intenta poner a la CNTE como intransigente, para hablar de frente a la sociedad mexicana de los avances y retrocesos de las 18 entrevistas con el Presidente de la República, para manifestar que nuestra lucha se circunscribe en la construcción de una educación para la vida, humanista y emancipadora y la valoración objetiva y real de la labor docente. Que nuestras críticas al proceso de negociación tienen que ver con la táctica dilatoria que ha implementado el gobierno mexicano, la suspensión unilateral de reuniones acordadas desde el 9 de diciembre con el licenciado Andrés Manuel y los puntos no resueltos suscritos de la agenda de las siete mesas temáticas.

La CNTE dio una muestra de resistencia organizada al oponerse a las reformas estructurales, que el estado neoliberal mexicano impuso a sangre y fuego con el fin de ejercer un mayor control sobre la población, legalizar el saqueo de los recursos naturales, precarizar las condiciones de trabajo de todos los sectores y establecer las bases para la privatización de la educación pública.

El gobierno que inicia su periodo en el 2018, convoca a la CNTE a un diálogo permanente, reconociéndola como “la única organización de masas que sobrevivió al neoliberalismo”, la Coordinadora mostrando voluntad política define claramente la agenda que se desarrollará en siete mesas y en concreto como principal demanda la abrogación de la mal llamada reforma educativa.

En 18 reuniones con el Ejecutivo, signamos varios acuerdos que contemplan por un lado resarcir los agravios que provocó la implementación de la nefasta Reforma y por otro lado avanzar en las demandas históricas de los miles de Trabajadores de la Educación aglutinados en la CNTE.

Lo cierto es que el balance es desfavorable, si bien es cierto hay avances mínimos en la reinstalación de maestros y maestras cesados, libertad de presos políticos y de conciencia, pago de adeudos retrasados. Por otro lado la mesa educativa estancada, la mesa sindical sin propuesta concreta para la democratización del SNTE, la de seguridad social sin resultados tangibles, la mesa Chiapas sin solución favorable para los trabajadores de la educación de la sección 7, el proceso de basificación cancelado, el fortalecimiento del normalismo nulo más aún son reprimidos salvajemente, plazas automáticas para los egresados de las normales inexistentes, sigue sin aperturarse  la Normal del Mexe en su calidad de internado y Normal Rural, padecemos las infames medidas implementadas de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM), se sigue precarizando la vida de los jubilados con la aplicación de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) en el pago de pensiones, finalmente un raquítico aumento salarial del 3.9% que se traduce en $15.10 diarios.

Vivimos un estado de excepción laboral, la propuesta del Ejecutivo Federal de abrogar la mal llamada reforma educativa y que no iba a quedar ni una coma se quedó en el discurso, únicamente eliminaron la evaluación de permanencia, solo fue barnizada pero con muchos elementos de la reforma peñista.

Manifestamos que no queremos prerrogativas, ni trato preferencial, solo planteamos que hablemos con la verdad, que nos diga de frente y con claridad si hay voluntad política de continuar con el diálogo, si los acuerdos avalados por el Presidente Andrés Manuel López Obrador serán atendidos y resueltos favorablemente o no.

Declaramos categóricamente que la CNTE no tiene una representación legislativa    en ningún cargo de gobierno ni en ningún puesto de elección popular.

 

¡UNIDOS Y ORGANIZADOS, VENCEREMOS!»

 

Fuente e Imagen: CNTE

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México: Reportan muerte de 4 maestros en Guerrero que ya estaban vacunados

América del Norte/México/25-06-2021/Autor(a) y Fuente: www.publimetro.com.mx

Los profesores de la Ceteg afirmaron que no hay condiciones para que comiencen las clases presenciales el próximo ciclo escolar.

La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (Ceteg) denunció que han muerto cuatro profesores con síntomas de Covid-19, pese a estar vacunados. Asimismo rechazaron que se retomen las clases presenciales sin que toda la población esté vacunada.

El martes pasado el gobernador Héctor Astudillo Flores instaló el Comité Estatal para el inicio del ciclo escolar 2021-2022 y, siempre y cuando el semáforo sanitario esté en verde, comenzará el próximo 31 de agosto. Al respecto, los profesores de la Ceteg afirmaron que no hay condiciones para que comiencen las clases presenciales el próximo ciclo escolar, porque muchas de las escuelas continúan teniendo las mismas carencias de siempre, como el agua potable y espacios reducidos.

Explicaron que en esas condiciones será difícil que se puedan cumplir con las principales medidas de prevención para evitar contagios de Covid-19 como lavarse las manos y la sana distancia.

Ejemplificaron que hay escuelas que cuentan con matrículas superiores a los mil alumnos y sus instalaciones son muy pequeñas.

Los profesores rechazaron el plan del gobernador de reanudar las clases presenciales el próximo 31 de agosto. Explicaron que para que eso ocurra es necesario vacunar al 100 por ciento de la población.

Indicaron que mientras no estén todos vacunados el riesgo de propagación del virus y muertes continuará. “Los niños pueden contagiar, por eso es necesario que todos estemos vacunados”, dijo un profesor.

Y aunque todos estén vacunados, advirtieron, el riesgo continúa porque las vacunas no generan un 100 por ciento de inmunidad.

Denunciaron que a pesar de estar vacunados, cuatro profesores “adultos jóvenes en activo” murieron con todos los síntomas del coronavirus. De acuerdo a datos de la propia Ceteg, 100 de sus integrantes han muerto por Covid-19, incluido su dirigente estatal, Arcángel Ramírez Perulero.

Fuente e Imagen: https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/06/23/reportan-muerte-de-4-maestros-en-guerrero-que-ya-estaban-vacunados.html

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Brasil: Aprovar Reforma Administrativa é assinar um cheque em branco, diz assessor jurídico

América do Sul/Brasil/18-06-2021/Autor e Fonte: sinasefe.org.br

Live do Sinasefe Santa Maria esclareceu principais pontos trazidos no texto da PEC 32, que inaugura a Reforma.

A aprovação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20 pelo Congresso Nacional significaria condenar a população brasileira a assinar um cheque em branco. Isso porque a proposta representa apenas a primeira fase de implementação da Reforma Administrativa, sendo sucedida de mais duas etapas que poderiam trazer uma série de leis complementares responsáveis por autorizar o desmantelamento de direitos constitucionais até então resguardados.

“Não sabemos quais serão os desdobramentos da PEC nas outras fases. A partir do momento em que a Constituição Federal é alterada, as consequências podem ser inenarráveis”. A análise é do assessor jurídico Heverton Padilha, que participou da live promovida pelo Sinasefe Santa Maria na última quinta-feira (10/06). Com ele estiveram, também, o professor Moacir Bolzan, vice-diretor do Colégio Politécnico, e a professora Adriana Bonumá, Secretária de Assuntos Legislativos e Jurídicos do sindicato local.

Num primeiro momento, Padilha desconstruiu alguns argumentos falaciosos apresentados pelo governo Bolsonaro e seus ministros para justificar a aprovação da Reforma. Um deles diz respeito a um suposto inchaço do Estado brasileiro, que seria responsável por empregar uma quantidade muito grande de servidores públicos.

Contrapondo este argumento, o assessor jurídico trouxe dados que atestam estabilidade no número de nomeações ao longo dos anos, bem como uma proporção de servidores públicos pequena se comparada com a totalidade da população empregada no Brasil – segundo dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento (OCDE), apenas 12,1% da população brasileira ocupada é composta por servidores públicos. Esse número é significativamente mais baixo que o observado em países como França (21,4% de servidores) e Dinamarca (29,1%).

Combate aos privilégios?

Junto ao argumento de que o Estado brasileiro é inchado de servidores públicos morosos e ineficientes, o governo Bolsonaro também vende a ideia de que a Reforma Administrativa vem para combater os supostos privilégios do funcionalismo público. Mais uma vez, Padilha demonstra, através de uma análise do texto da Reforma, que o cenário é exatamente o contrário: ao invés de dirimir privilégios, a Reforma os reforça.

A principal prova disso é que algumas categorias são excetuadas das alterações previstas pela PEC da Reforma, a exemplo dos magistrados, dos integrantes do Ministério Público, dos parlamentares e dos militares. A justificativa do governo para “poupar” essas camadas é de que seriam agentes de poder cujas carreiras são disciplinadas por leis complementares. Padilha, no entanto, avalia que se trata de uma escolha política do governo. “Estamos falando de uma profunda reforma na Constituição. Não haveria, a priori, barreiras para isso”, pondera o assessor.

Ainda que a Reforma fosse aprovada, os integrantes da alta cúpula do governo continuariam a receber rubricas como as referentes ao auxílio paletó ou auxílio moradia, além das verbas de gabinete e o chamado “cotão” – cota para exercício das atividades parlamentares, com característica indenizatória e no valor de até R$ 45 mil reais. No que tange ao Judiciário, seus integrantes também seguiriam tendo acesso a benefícios como o auxílio moradia para aposentados, por exemplo.

Enquanto preserva essas benesses, contudo, a Reforma joga a esmagadora maioria dos servidores públicos para uma realidade de contratos de trabalho precários, redução remuneratória, extinção da estabilidade e do Regime Jurídico Único, além de facilitar perseguições político-ideológicas.

Eixos elementares

A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 não é, por si só, a Reforma Administrativa. Trata-se, na verdade, de um instrumento que, se aprovado, viabilizará as outras etapas da Reforma (fase regulatória e fase da lei complementar das carreiras).

No entanto, a PEC já expressa os eixos elementares da Reforma pretendida. São sete pontos que alicerçam todo o projeto de Estado contido na proposta:

1 – Dificuldade de acesso à estabilidade. Padilha explica que só as carreiras típicas de Estado manteriam esse direito. Todo o restante do funcionalismo (a considerável maioria) já não teria acesso;

2 – Estabelecimento da avaliação de desempenho. Tal avaliação irá acompanhar o servidor público durante toda a sua vida laboral, sendo utilizada como condição para garantir a permanência ou não no cargo. Podem ser aplicadas aos atuais servidores – e não somente àqueles que ingressarem depois da aprovação da Reforma;

3 – Possibilidade de extinção do Regime Jurídico Único (RJU). Padilha explica que o RJU, da forma como o conhecemos hoje, não coexiste com a Reforma. Logo, a extinção do RJU seria uma consequência lógica da aprovação da reforma;

4 – Redução da remuneração média no decorrer da carreira, principalmente para servidores estaduais e municipais;

5 – Ampliação da contratação de servidores temporários e possível aumento de terceirizações;

6 – Facilidade para privatizações. “A privatização é o mote da Reforma. Aquilo que é rentável no serviço público deve ir para a iniciativa privada”, destaca Padilha;

7 – Relativização do concurso público, ferindo o princípio de impessoalidade.

Novos cargos e vínculos

Como já mencionado, a Reforma Administrativa, se aprovada, tenderá a extinguir o RJU tal como hoje o conhecemos. Em seu lugar, institui três novos tipos de cargo e dois novos tipos de vínculo. São eles:

  • Cargo Típico de Estado. Tais cargos serão reservados a postos considerados estratégicos no setor público, explica Padilha. A definição do que será estratégico não consta no texto da PEC, devendo ser feita na segunda fase da Reforma, a fase regulatória, embora o Ministério da Economia já tenha citado carreiras ligadas às áreas de segurança e fiscalização como aquelas a serem consideradas prioritárias. Aqui, o ingresso é via concurso público e a posse do servidor ocorre após o período do vínculo de experiência, que, para este cargo, tem a previsão de dois anos. Esse é o único cargo que, com a aprovação da Reforma, manterá a estabilidade. Porém, o tempo necessário para se alcançar a estabilidade é de três anos – após concluído o vínculo de experiência, será necessário mais um ano para adquirir o direito. Ainda assim, tais servidores podem ser demitidos mais facilmente que na atualidade, como explicitado mais abaixo. Esse cargo é vinculado ao Regime Jurídico Único e recolhe contribuição para o Regime Próprio de Previdência;
  • Cargo por prazo indeterminado. Avaliado por Padilha como uma “aberração jurídica”, tal cargo seria destinado a servidores considerados de apoio administrativo, sendo aqui possivelmente enquadrados a maioria dos cargos de servidores da Administração Pública do país, a exemplo de professores e técnico-administrativos em educação. O ingresso é via concurso público e não há previsão de estabilidade. A posse ocorre ao final do vínculo de experiência, cuja duração, para esse cargo, é de um ano, podendo ser alterado a critério de cada Administração. O servidor é vinculado ao Regime Jurídico Único, porém também passível de ser mais facilmente demitido do que nas regras atuais;
  • Vínculo de experiência. A natureza jurídica de tal vínculo é bastante diferente da que rege o atual estágio probatório. Se a Reforma for aprovada, ocorrerá a seguinte situação: serão convocadas para o serviço público mais pessoas que o número de vagas previsto para determinado cargo. Isso significa que o vínculo de experiência funcionaria quase como um prolongamento do concurso público, pois, ao final deste período, só seriam nomeados alguns servidores.  A previsão do vínculo de experiência existiria para dois cargos: o cargo típico de Estado (vínculo com prazo de dois anos) e o cargo por tempo indeterminado (vínculo, a priori, de um ano).
  • Vínculo de prazo determinado. O vínculo do servidor seria com a Administração, mas regulado pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Não há previsão de estabilidade. São contratações por prazos temporários, para fins de necessidades temporárias em decorrência de calamidade, emergência, paralisação das atividades essenciais (em uma greve, por exemplo, o governo poderia contratar trabalhadores precarizados para dar conta do trabalho paralisado pelo movimento paredista) ou acúmulo transitório de serviço. Tais servidores contribuiriam para o Regime Geral de Previdência.
  • Cargo de liderança e assessoramento. Para ocupar este cargo, não seria necessária a aprovação em concurso público, sendo realizada, em seu lugar, uma seleção simplificada que ficaria a critério dos gestores. Atualmente, o servidor que ocupa cargos dessa natureza tem de já possuir cargo efetivo naquela determinada carreira. A partir da aprovação da PEC, não seria necessária tal vinculação prévia, podendo ser nomeado qualquer servidor – inclusive, por exemplo, militares, para ocuparem cargos dentro da universidade.

Demissões facilitadas

Hoje, o servidor público pode ser demitido como forma de penalidade a alguma conduta, mas há o direito à ampla defesa em todas as etapas do processo. Com a Reforma, a demissão do servidor poderá ser atribuída a três motivos: decisão judicial, processo disciplinar ou insuficiência na avaliação de desempenho. As duas principais mudanças residem no âmbito da decisão judicial e da avaliação de desempenho.

No que se refere à esfera da justiça, a demissão do servidor, que hoje só pode ser efetivada com o trânsito em julgado do processo, poderá, se aprovada a Reforma, já ocorrer após a primeira decisão colegiada. Isso torna muito mais fácil que o servidor seja demitido e desmonta as garantias legais de ampla defesa até então preservadas.

Já em relação à avaliação de desempenho, esse é um instrumento novo que será um condicionante para a permanência do servidor no cargo, podendo ser aplicado inclusive para aqueles servidores já efetivos quando da entrada em vigência das novas normas. Ou seja: o governo é falacioso quando diz que os atuais servidores não serão atingidos pela Reforma Administrativa.

Vulnerabilidade política

No serviço público regido pela Reforma Administrativa, coexistiriam servidores estáveis (uma minoria) e não estáveis (ou com uma estabilidade extremamente frágil e suscetível, por exemplo, a avaliações de desempenho elaboradas por chefias). Sabe-se, contudo, que a estabilidade não é uma benesse. Como destacou Padilha, não se trata de uma proteção descomunal ao servidor, mas de uma proteção ao próprio serviço público.

“Se não tivéssemos a estabilidade, será que teríamos um ministro de Estado hoje investigado pela Polícia Federal em razão de vários crimes cometidos contra o meio ambiente, como exportação ilegal de madeira, atrapalhar fiscalização ambiental ou até mesmo organização criminosa? Isso ocorre em razão de termos servidores estáveis. Se a estabilidade for retirada, como acontecerá no futuro?”, questiona o assessor jurídico, referindo-se ao fato de que a estabilidade garante ao servidor a protetividade necessária para, por exemplo, denunciar situações de corrupção, sem temor a represálias.

Outra importância da estabilidade refere-se à capacidade de pressão dos servidores em processos de negociação salarial com o governo federal. “Os servidores atuais que poderão discutir com o governo por terem estabilidade vão se aposentando. E nós sabemos que o governo não negocia com os aposentados. Então teremos uma vulnerabilidade grande em relação às políticas com o governo”, destaca Padilha. Afinal, vínculos de trabalho precários, como os previstos pela PEC, não conferem segurança e força política necessária para o enfrentamento com o governo.

O desmonte do Estado mínimo

Moacir Bolzan, vice-diretor do Colégio Politécnico da UFSM, se dedica, já há algum tempo, a estudar sobre as concepções de Estado hegemônicas em cada momento e os diferentes projetos de lei que vêm para reforçar ou reestruturar aspectos centrais desse Estado.

Para o docente, a Reforma Administrativa, além de afrontar as necessidades atuais da população, que precisa de trincheiras fortes para conter o avanço da COVID-19 no Brasil, também torna ainda mais precário um Estado que já é mínimo.

“Eu não sei o que vai sobrar. Vamos eliminar definitivamente a ideia do Estado como uma forma de proteção social, convertendo o cidadão em consumidor. Isso é profundamente lamentável. Essa desconstitucionalização dos serviços públicos é muito preocupante”, analisa Bolzan, lembrando que a Reforma Administrativa caminha ao lado de outros projetos (já aprovados), como a Reforma Trabalhista e a Reforma da Previdência.

Adriana Bonumá, Secretária de Assuntos Legislativos e Jurídicos do Sinasefe Santa Maria, acredita que é o momento de envolver a população usuária dos serviços públicos na mobilização contra a Reforma Administrativa. “Como vamos fazer com que a população compreenda o prejuízo social que essa Reforma traz? Porque não é um prejuízo só para o servidor, mas para a população como um todo. Muitos serviços que temos hoje não vão mais existir ou estarão totalmente precarizados a partir dessa reforma. É preciso mostrarmos que não se trata só de nossos empregos e de nossas colocações dentro do serviço público. Vai muito além disso”, conclui a dirigente.

Heverton Padilha também aposta na mobilização para impedir que a proposta avance entre os parlamentares.

Tramitação

A PEC 32/20, que inaugura a Reforma Administrativa, precisa de aprovação, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado, de três quintos de seus respectivos componentes. Na Câmara, isso representa 308 votos. No Senado, 49. Em ambas as Casas, o texto tem de ser aprovado em dois turnos pelo plenário e, antes disso, pelas Comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e pelas comissões especiais.

Atualmente, a PEC tramita na Câmara e já foi aprovada, com algumas alterações, pela CCJ. Agora, o texto segue para análise de uma comissão especial instituída pelo presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL).

“Temos que agir agora. É momento de mobilização, de pressionar a categoria política para que essa questão não avance e se tenha um debate mais aprofundado com a sociedade”, defende Padilha.

O Sinasefe Santa Maria vem atuando em conjunto com outros sindicatos locais no sentido de construir a mobilização contra a Reforma Administrativa na cidade de Santa Maria-RS. No próximo dia 19 de junho, nova mobilização contra o governo Bolsonaro está marcada e, na pauta de reivindicações, a rejeição à Reforma assume centralidade. Na cidade gaúcha, o protesto ocorre a partir das 10h, na Praça Saldanha Marinho. Quem não conseguiu acompanhar a live pode conferir o material no Canal de YouTube da SS Santa Maria ou em sua página de Facebook .

Fonte e Imagem: https://sinasefe.org.br/site/aprovar-reforma-administrativa-e-assinar-um-cheque-em-branco-diz-assessor-juridico/

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Educación pública, patrimonio de la humanidad

Por: Alfredo Aranda Platero* 

«La educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio».

La UNESCO (organismo especializado de la ONU en educación, ciencia y cultura) cataloga la educación pública como fundamento del estado de derecho. La describe como “un bien mundial que debe protegerse para evitar una catástrofe generacional” y considera que la educación debe ser “un bien público y una responsabilidad colectiva”.

En Europa la educación concertada prácticamente no existe y la privada es residual. En España, voy a ser muy gráfico, la educación concertada existe porque existió una dictadura que duró cuarenta años– que dio un golpe letal a la evolución social y económica del país, sumiéndolo en un estado catatónico involutivo que frenó, en seco, la transformación que toda sociedad necesita para ir acorde con los tiempos.

De no haber existido la dictadura la red pública de centros hubiera seguido avanzando y adaptándose a la demanda de cada momento, por lo que no hubiera sido necesario concertar unidades con la educación privada y hoy día los conciertos educativos no existirían o serían anecdóticos, como en el resto de Europa.

Siempre que tienen ocasión, los representantes sindicales de la privada-concertada, afean a PIDE su lucha a favor de la educación pública; en sus prédicas, siempre con un tufo de beatífico resplandor, la debilidad argumental de sus postulados suele ser lo más destacable.

Los fervorosos defensores de la educación concertada sostienen que no solo la educación pública garantiza la igualdad de oportunidades; pero, como siempre, la realidad es tozuda y es un hecho incontrovertible que la educación pública es la única que llega a todos los rincones, mientras que la privada-concertada se establece solo en núcleos urbanos grandes, donde hay negocio. La diferencia abismal entre pública y privada-concertada, reside en que la pública tiene alumnos y la concertada, clientes. Y no pueden evitarlo, pues quien ve la educación como un negocio la trata como tal.

Una falacia más, producto de la ignorancia, es acusarnos de pretender el despido de los docentes de la concertada. Es evidente que desconocen las propuestas del Sindicato del Profesorado Extremeño, PIDE. Resumo una brevemente, con la íntima esperanza de que los partidarios de la privada-concertada la entiendan: PIDE presentó en la Asamblea de Extremadura una propuesta de impulso que pretendía que los colegios concertados se vayan convirtiendo en públicos (sin despedir a nadie) cubriendo las plazas de jubilación, u otras que se produjeran, por funcionarios de la pública. En determinado periodo de años se solucionaría el problema sin despedir a nadie: la educación concertada se transformaría en educación pública (en un determinado periodo  dichos centros pasarían a titularidad pública). Lo centros concertados que no quieran esta transformación, pasarían a ser exclusivamente privados sosteniéndose exclusivamente con la cuota de los padres.

Esta propuesta de PIDE es muy garantista y no habría despidos, por lo que los docentes de la concertada estarían encantados; pero, claro, el sindicato que defiende este señor se quedaría si nada que representar y, por tanto, sin ser necesario.

Las ocurrencias no terminan ahí, dado que sin pudor alguno, los sindicalistas devotos de los conciertos, piden que homologuen las condiciones laborales y salariales de la enseñanza privada-concertada con la Enseñanza Pública. Y añade que: “A igual trabajo, igual salario”. Pero se olvidan, claro, de pedir también la igualdad en la forma de acceso al puesto de trabajo, que en la educación pública respeta los principios de igualdad, mérito y capacidad, y en la educación concertada respeta el principio predemocráctico del enchufe.

Es muy difícil recomponer una estructura educativa donde lo público sea lo primero y lo concertado, de ser estrictamente necesario, subsidiario. Y es difícil porque el gobierno de turno, este y el anterior, parecen desconocer, realmente, la importancia de lo público; tal es el peso del residuo tóxico de la contaminación que dejan aquellos que quieren mercantilizar la educación y convertirla en algo con lo que ganar dinero. Es desolador ver cómo hasta los partidos políticos cuyos principios ideológicos, en teoría, están por la defensa de lo público, se arrodillan, sumisos y obedientes, ante los lobbies que quieren convertir la educación en un negocio.

*Vicepresidente del Sindicato del Profesorado Extremeño (PIDE)

Fuente e Imagen: https://www.eldiario.es/extremadura/educacion/educacion-publica-patrimonio-humanidad_129_8013348.html

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