Sindicatos

Fue después de que el parlamento húngaro –controlado por el cuarto gobierno consecutivo con gran mayoría de Fidesz– acabara de aprobar tres leyes cruciales en una rápida votación parlamentaria el 12 de diciembre que los partidos opositores calificaron de ilegales. Los tres elementos principales en el paquete de gobierno fueron la Ley de horas extra, que rápidamente vino a conocerse mejor como la «Ley de Esclavitud», la centralización del procedimiento de nominación de los tribunales y las enmiendas educativas que permiten la privatización de las universidades públicas. La oposición parlamentaria estalló en una fuerte protesta en la sede e hizo un video grabando el proceso electoral, que más tarde se volvió viral. Tras la llamada de uno de los parlamentarios a una marcha pública pacífica en las calles de Budapest para protestar contra el procedimiento legislativo ilegal, gran cantidad de gente se reunió y desencadenó una manifestación masiva. Los manifestantes eran mayormente estudiantes, sindicados y varios grupos activistas.

Previamente, otras olas de manifestaciones han sido motivadas por legislaciones importantes que fueron preparadas de manera parecida, sin ningún diálogo social o consulta a los grupos representativos. Recientemente ha sido el caso con la «Lex CEU», forzando a la Universidad Centroeuropea (CEU) a salir del país, un proceso que en 2018 ha sido complementado con la decisión de cortar a la Academia Húngara de Ciencias y a varias universidades públicas los fondos. Antes del 12 de diciembre, los estudiantes se habían manifestado en frente del Parlamento antes de la votación, para expresar simpatía al CEU y pedir educación gratuita. Levantaron tiendas en la plaza donde estaban, a lo que llamaron universidad libre: un espacio público para lecciones y charlas auto-organizadas. Esta tradición de «universidad libre» llega hasta manifestaciones estudiantiles pasadas y a la ocupación universitaria en los últimos años. Luego de la reciente legislación, los estudiantes simpatizaron con los trabajadores y empezaron a organizar la manifestación con el apoyo de los sindicatos.

Después del 12 de diciembre, el principal foco de la nueva ola de protesta fue la Ley de Esclavitud, la cual permite a las empresas solicitar 400 horas de trabajo extra (anteriormente limitado a 250 horas al año) y retrasar los pagos hasta 3 años. Los sindicatos expresaron su oposición en tanto que la ley permite a las empresas negociar horas extra con trabajadores individualmente, sin los sindicatos.

El primer ministro ha defendido públicamente las reformas, diciendo que los trabajadores que solían buscar oportunidades laborales en el extranjero para trabajo extra, ahora se benefician de la ley y trabajan en Hungría. Sobre la base de que rompen la paz de vísperas de Navidad, los medios estatales y los altos oficiales del gobierno condenaron las manifestaciones «poco cristianas» y hostiles al cristianismo. Un estudio reciente de la Agenda Pública mostró que el 85% de la población en edad de trabajar rechaza la Ley de horas extra.

La reciente enmienda del código laboral ha sido parte de una serie de reformas laborales desde que el gobierno consiguió el poder en 2010. La flexibilización de las relaciones laborales ha sido una tendencia en Hungría casi independientemente del tipo de gobierno en el poder, desde 1990. Lo que ha sido común en los gobiernos liberales, socialistas y ultraconservadores es su afán de agradar a las empresas multinacionales, muy notablemente a las fabricantes de coches alemanas, para invertir en el país. La implementación de varias reformas laborales neoliberales desde los años noventa solía, relativamente, no tener respuesta en una situación de gran desempleo y abundancia masiva de trabajadores, que fueron los legados históricos de la terapia de shock económico en los noventa.

El nuevo contexto de integración económica mundial: reindustrialización

La crisis económica en 2008 atizó Hungría de forma particularmente severa en comparación con países de nivel de desarrollo relativamente similar. La crisis económica y el subsiguiente colapso del gobierno social-liberal previo llevó a una holgada victoria del partido conservador Fidesz, haciendo campaña con la promesa de descolonización económica y renacimiento nacional. Tras ganar la mayoría en 2010, Fidesz se embarcó en un programa de «reindustrialización». En realidad, reindustrialización es un eufemismo en comunicación política para una consecuencia más amplia de la reestructuración industrial de Europa occidental: la deslocalización de segmentos estandarizados de producción con perspectivas de poco beneficio hacia economías de mano de obra barata en lugares geográficos cercanos. En el caso de países europeos del centro y del este, particularmente el grupo de Visegrado, este proceso es dominado por la industria automotriz alemana, que se ha visto bajo una inmensa presión después de la crisis de 2008 para adaptarse a la nueva tendencia económica mundial. Hungría no es el único país ni el más expuesto a la deslocalización de fabricantes alemanes en la región, pero ha sido el que ha provisto la mayor parte de ingresos nacionales como subvenciones para fomentar la deslocalización. Tres de las principales compañías, Audi del Grupo Volkswagen en Győr, Mercedes-Benz en Kecskemét y las más recientes instalaciones de BMW en Debrecen empezaron a operar. Se estima que un tercio de la producción industrial y exportación del país está representado por muchos grandes y pequeños proveedores. La dependencia de exportar a Alemania, un factor clave de las economías locales, ha crecido a cuotas históricas por toda la región. Aproximadamente 120 000 personas están directamente empleadas por fábricas de automóviles en Hungría y un número similar está empleado por proveedores asociados.

Para el régimen de Orbán, las remesas de inversión extranjera directa en industrias que producen para la exportación son de importancia crucial y constituyen una parte orgánica de lo que los analistas liberales llaman su régimen «iliberal». Fidesz ganó las elecciones de 2010 con el mensaje de una descolonización económica, una contra-narrativa a la hegemonía neoliberal de las décadas post-socialistas. Lo que en comunicación política fue referido como interés económico húngaro, en política económica significa un fuerte programa de apoyo estatal al crecimiento del capital nacional. Sin embargo, el régimen puede estribar solo en aumentar el espacio de maniobra del capital nacional dentro de las condiciones objetivas de la integración del mercado mundial. Las subvenciones por inversión directa extranjera en industrias exportadoras ayudan a mantener el balance de pagos en orden, mientras los sectores no comercializables donde las condiciones pueden ser moldeadas por políticas estatales (como la banca, telecomunicaciones o transporte) ven duras reorganizaciones de la propiedad a favor de los nuevos capitales nacionales oligopólicos. Mientras tanto, en comunicación política, la creación de trabajo por la industrialización ha sido mantenida en el frente de las campañas del gobierno como una herramienta para legitimar políticas contra el bienestar, la transición del estado del bienestar a la sociedad del trabajo abrazada por Orbán.

La industria mercantil alemana

Como parte de su agenda de reindustrialización, el gobierno de Fidesz dio ventajas a la industria alemana en la redacción de importantes marcos políticos de trabajo para beneficiar la deslocalización en el país. Esto fue más allá de directamente subvencionar a las empresas multinacionales con bajadas fiscales y concesiones de propiedad. Los lobbies industriales, apoyados por la Cámara Húngara de Industria y Comercio, han estado directamente envueltos en política y ayudaron a escribir muchos borradores legislativos, lo que significa reformar terrenos políticos clave, tales como la educación, el fisco y el trabajo. Esto es, las modificaciones del código laboral, desde 2010, han sido escritas con la ayuda de actores industriales alemanes. El resultado de la agenda de reindustrialización ha sido altamente nocivo para mucha gente. El gobierno húngaro ha abandonado explícita e implícitamente los intereses de los trabajadores en las relaciones industriales y, en cambio, solamente representa los intereses de la industria, incluyendo su sector más influyente, las multinacionales alemanas.

1. Fiscalidad

Una de las consecuencias de la interferencia política demostrada por los periodistas de investigación es que entre los impuestos a las empresas de todos los estados miembros de la Unión Europea, los más bajos son los de Hungría. La tasa plana impositiva de las empresas es del 9%, pero la tasa efectiva que las compañías pagan tras varias concesiones es de solo 7’2%, mientras las 30 multinacionales más grandes dominadas por manufactureras alemanas pagan una tasa efectiva del 3’6%. El contra-efecto de tales impuestos corporativos bajos con el gran subsidio a las empresas –muchas de esas provisiones son desconocidas– es el IVA (VAT) del 27%, el más alto de la Unión Europea, cuyo peso cae en los asalariados que están compelidos a gastar gran parte de sus ingresos en bienes de subsistencia. No es una sorpresa que el sistema tributario de ingresos personales húngaro sea casi regresivo, con una tasa plana universal del 15%.

2. Educación

Entre los regalos a la industria, como créditos fiscales y subvenciones a empresas, la Cámara Alemana fue también invitada a ayudar redactando secciones clave de la reforma educativa. Con su ayuda, los políticos húngaros introdujeron el proyecto del sistema de formación profesional alemán, combinado con la bajada de la edad mínima legal de escolarización obligatoria de 18 a los 16 años. Como resultado, los jóvenes de familias pobres eran obligados a pasar sus años de escuela en el sistema profesional y a empezar a trabajar para la industria a una edad temprana. Esos jóvenes son preparados por las compañías asociadas al sistema de formación profesional, el cual ayuda a la compañía a imponer las destrezas necesarias en la producción. Como mucha gente recolocada de Alemania está altamente estandarizada, las empresas necesitan trabajadores de baja o media cualificación. Entonces, los estudiantes no necesitan pasar demasiado tiempo en la escuela con educación general. Después de unas semanas o meses, pueden obtener las aptitudes necesarias que supone la fábrica. Sociólogos de la educación alertan de que los cortos programas educativos asociados con el sistema de formación profesional pueden atrapar a gente joven en el mismo puesto en la fábrica durante toda su vida sin expectativas de mejora.

Al margen del bajo nivel de cualificación, los estudiantes son formalmente supervisados por la escuela durante la formación y no directamente empleados por las empresas, por lo que estas no están obligadas a pagarles salarios equivalentes ni a ofrecerles contratos seguros. En resumen, el sistema de formación profesional ha sido diseñado por el lobby industrial alemán y sus socios húngaros para garantizar la actual ola de reindustrialización en la periferia de Europa con trabajo flexible, barato y especializado, tan joven como legalmente sea posible. El otro aspecto de la reforma educativa fue la centralización de la educación pública y una desinversión de la educación superior y de la Academia Húngara de Ciencias.

La expulsión de Hungría de la Universidad Centroeuropea (CEU), una de las universidades más reconocidas internacionalmente, estaba cargada de rencillas ideológicas, pero constituyó solo la punta del iceberg en este proceso. Las universidades públicas húngaras han sido forzadas a reducir su capacidad, desintegrar facultades y eventualmente ser privatizadas. La frustración de los estudiantes en las grandes ciudades ha sido de lejos la marca de contestación a lo que la agenda de reindustrialización del gobierno entiende por educación. En términos de protestas y organización de los estudiantes, las más memorables acciones tuvieron lugar entre 2013 y 2015, cuando crecientes organizaciones estudiantiles en diferentes universidades ocuparon campus, incluyendo uno de los más grandes campus de Budapest, en la Universidad Eötvös Loránd (ELTE). También bloquearon puentes y unidos a compañeros de secundaria convirtieron momentos clave de Budapest en festivales nocturnos espontáneos con vibrantes mensajes políticos. Los estudiantes bien organizados consiguieron algunas de sus primeras pretensiones, tales como la renuncia del controvertido secretario de educación del Partido Democristiano o la suspensión del sistema de cuotas universitarias planeado.

Las manifestaciones estudiantiles estallaron otra vez tras los ataques lanzados en la CEU. En este momento, a causa de la mayor complejidad del contexto geopolítico en la región, incluyendo las aspiraciones del primer ministro Orbán como nuevo líder de extrema derecha anti-Soros, la apuesta fue demasiado alta. En última instancia, los estudiantes no pudieron descarrilar la hostilidad del gobierno contra la universidad a pesar de –o quizá incluso debido a– la solidaridad internacional con la CEU y los debates desencadenados en el Parlamento Europeo y entre los socios de coalición de Fidesz en el Partido Popular Europeo.

3. Reformas laborales

La regulación laboral es el otro gran importante terreno político doméstico para la reindustrialización de Hungría donde el mercantilismo industrial alemán coincide con la capacidad estatal húngara. La primera enmienda principal del código laboral vino no mucho después de que Fidesz llegara al poder. Como lo mencionado anteriormente, la reforma laboral fue la continuación de prácticas previas dirigidas a atraer capital industrial alemán garantizando las condiciones laborales más flexibles posibles. Como importantes estudios han mostrado (Laki et al., 2013; Berki and Neumann, 2015), el código laboral de 2012 debilitó significativamente a los sindicatos e incrementó el poder directivo. Los cambios más recientes bajo la etiqueta de la «Ley de Esclavitud» se ajustan perfectamente a esta larga tendencia de flexibilización y desregulación. No obstante, la reforma general del código laboral del 2012 fue realmente el punto de inflexión en flexibilización: fue introducida una regulación del tiempo de trabajo acumulado asignado más descentralizado, lo que significa ayudar a las empresas a reajustar los ciclos comerciales muy agitados. La reforma hizo posible forzar a horas extra de trabajo cuando la demanda es alta, pero deja un mal salario o tiempo vacío sin pagar cuando la demanda es baja. Como consecuencia, los marcos de tiempo de trabajo bajaron los ingresos. A día de hoy, la extensión del tiempo de trabajo unas 400 horas por año es una forma de preparación para un ciclo descendente, en cuanto que no solo fuerza horas extra de trabajo en la reciente tendencia ascendente, sino que también permite a las empresas despedir trabajadores o dejarlos sin actividad cuando el ciclo cambie. De acuerdo con la nueva legislación, las empresas pueden elegir pagar las horas extra solo en el extenso periodo de inactividad, que en el caso de empresas de propiedad extranjera puede también ser beneficioso por optimizar la exposición de cambio de divisas.

Más aún, la flexibilidad lleva al sistema salarial a un estado donde el salario base es bajo y la proporción de varios elementos basados en logros es alta (p. ej. horas extra). Como resultado, varias formas de empleo precario, por ejemplo, agencias de trabajo temporal o contratos de duración determinada, han incrementado dramáticamente. Las agencias de trabajo temporal, por ejemplo, se duplicaron entre 2012 y 2014. Dentro de esta tendencia general, esto no es una sorpresa: a medida que las unidades de producción se reducen en la cadena de suministros –ahora rápidamente relocalizadas en Europa del Este– la calidad de los contratos también se debilita. Las empresas duplican sus beneficios de ello: pueden usar las condiciones laborales más favorables en las fábricas de Europa del Este mientras tienen también herramientas altamente disciplinadas cuando las necesitan para forzar concesiones de los fuertes sindicatos alemanes, donde los efectos de la deslocalización han sido también devastadores para los trabajadores de cuello azul (obreros manuales).

Régimen de workfare

Otro importante legado histórico reforzado por la serie de reformas laborales es que el mercado de trabajo húngaro se ha fragmentado altamente durante la transición. Por una parte, la demanda de fuerza de trabajo industrial está ahora en rápido crecimiento debido a la tendencia alcista del ciclo de negocio y de las masivas relocalizaciones industriales del país. Por otra parte, el desempleo estructural que tuvo como raíz la crisis económica mundial es todavía demasiado alto y concentrado demográficamente en las regiones más pobres del este del país. Para este segmento de la fuerza de trabajo, el gobierno de Fidesz introdujo otra medida de autocontrol, bautizada como la iniciativa de la fuerza de trabajo pública.

El programa de empleo público de Fidesz sustituyó anteriores subsidios por desempleo con una infraestructura que proporcionaba prestaciones por desempleo a cambio de trabajo público obligatorio (recanalizando fondos dedicados previamente a programas de transferencias sociales en esta dirección). La gente desempleada no es automáticamente escogida para participar en el programa: es labor de los gobiernos locales (dominados por Fidesz a lo largo del país) «invitarlos» al programa. Puesto bajo el control del Ministerio de Interior, este programa encarnaba los acuerdos de tendencias largoplacistas de las políticas postsocialistas, ampliamente criticadas por expertos por poner creciente poder discrecional en manos de las autoridades. El programa de subsidios por sí mismo, completado en su presente forma por Fidesz, fue iniciado por el gobierno socialista-liberal previo a 2010.

Durante el pico de desempleo después de la crisis de 2008, aproximadamente el 5% de la fuerza de trabajo húngara activa fue empleada por el programa de empleo público. Si bien, en este punto, el programa fue altamente criticado por las élites liberales como un malgasto de dinero, ganó popularidad entre la gente afectada, especialmente en regiones donde generaciones enteras habían estado condenadas a permanecer fuera del mercado de trabajo formal. El programa también fue popular en las clases medias rurales, quienes se habían visto frustradas por previas políticas de redistribución a los más pobres, una frustración que fue la base del triunfo de partido radical de derecha de Jobbik en la campaña anti-Roma de 2008-2010.

Este nuevo régimen de subsidios produjo efectos altamente controvertidos en las relaciones sociales locales. En muchas áreas, la mayoría de la población local optó por una nueva forma de sistema de clientelismo entre los municipios locales, representando las élites locales a los empleadores, y la gente de los programas de subsidios.

Dentro de estos sistemas, los alcaldes mismos se volvieron más dependientes de los fondos centrales para el programa público de empleo, ya que acceder a ellos también está basado en derechos personales y políticos. En pueblos pequeños esto creó una forma muy abierta y personalista de relaciones entre patrón y cliente al viejo estilo, que los medios liberales denominaron feudal. Este nuevo patrocinio piramidal está basado en una alta relocalización de los fondos centrales a través de finas conexiones políticas y de lealtad (similar a la manera en la que las compañías estatales tenían que negociar con el gobierno durante el estado socialista) pero también proporciona unas clases dominantes con las herramientas esenciales para disciplinar y regular la fuerza de trabajo local insatisfecha en áreas donde otras expectativas de empleo no existen.

Escasez de trabajo inesperada

En 2016, el ciclo de negocios pasó de dos décadas de abundancia de trabajo a una repentina escasez del mismo. Aunque el rápido desplazamiento fue una sorpresa para los legisladores, las tendencias estructurales detrás del proceso no eran nuevas en absoluto. Por una parte, la intensificación de la reindustrialización creó condiciones de incremento de la demanda para trabajadores de baja y media cualificación. Por otra parte, el libre movimiento de personas en la Unión Europea movilizó a los trabajadores húngaros con presiones económicas crecientes en su hogar a buscar mejores oportunidades en el extranjero. Debido al duro tratamiento de los trabajadores desde al menos 2012, algunos salieron en busca de mejores oportunidades no solo en Europa occidental sino incluso en países vecinos, como Eslovaquia o República Checa. Se estima que 600 000 personas han tenido que dejar el país en los últimos años. La mayoría de ellos no son solo los cualificados, para los que siempre ha habido alta demanda en Europa occidental, sino que también grandes segmentos de media o baja cualificación decidieron marcharse.

La escasez de trabajo ha supuesto tal problema para la industria, incluyendo los productores de coches alemanes, que incrementaron la presión en el gobierno de Fidesz para intervenir. Intentos anteriores se enfocaron en los trabajadores públicos, por ejemplo algunas enmiendas fueron agregadas a la iniciativa de prestación por desempleo pública, que permitieron a gente coger trabajos en la industria si el gobierno municipal aceptaba. Además, el gobierno anunció una reducción masiva de funcionarios públicos en la administración, con el propósito de empujar a la gente al mercado laboral. Estas medidas se mostraron insuficientes, ya que para muchos funcionarios públicos no era preferible dejar su relativamente fiable workfare (trabajo para cobrar una ayuda estatal) público donde podrían negociar con el alcalde, y pasar a un altamente explotador y convulso workfare industrial por algunos euros más. Para mayores y funcionarios públicos con experiencia que han servido a varias administraciones, los lugares de trabajo industriales no han sido una opción viable.

Este es el contexto en el que el gobierno decidió intervenir más radicalmente en las relaciones laborales en interés de la industria. Como los desafíos de la escasez de mano de obra se originan, en el contexto de una economía global, en una posición estructural de la economía húngara y la industria automotriz alemana más profunda, la solución no parece ser fácilmente lograble y la crisis política continúa en Hungría. Como última instancia, un grupo de diputados de todos los partidos parlamentarios opositores, incluidos liberales, socialdemócratas, verdes y miembros de la extrema derecha, entraron dentro de la televisión pública estatal a transmitir públicamente cinco demandas elaboradas con protestas civiles. Estas son: la cancelación de la ley de horas extra, menos horas de trabajo extra para agentes de policía, independencia judicial, unirse a la Fiscalía Europea y medios de comunicación públicos independientes. Los diputados pasaron una noche en el edificio de la oficina de la sede de la televisión pública, pero no pudieron expresar bien la demanda ya que fueron obligados a abandonar el edificio a la fuerza por una compañía de seguridad privada de la televisión. La empresa de seguridad solía ser parte de la red de negocios del ministro del interior antes de su inauguración ministerial. Después de que el presidente Áder firmara la enmienda del código laboral el 20 de diciembre, la Confederación Húngara de Sindicatos llamó al boicot y a la huelga general.

Trabajo y política: agencia en las demostraciones

Mientras la indignación ante la Ley de Esclavitud es compartida por la gran mayoría de la población, las estructuras que pueden dar voz y posibilidades concretas a tal indignación son relativamente débiles. La oposición parlamentaria, aglutinada en el terreno de la política simbólica, debido al arrollador poder político y de infraestructura de Fidesz, usaba activamente su poder organizativo residual para fomentar la visibilidad de las manifestaciones. Sus acciones dejaron claro, de nuevo, cómo de lejos se han desplazado las políticas húngaras hacia el autoritarismo. Sin embargo, también focalizaron la atención pública en políticos de la oposición y en llamadas a la acción que repitieron proyectos sin éxito para la unidad de partidos opositores, que han constituido el fin de cada ciclo de manifestaciones incluso desde 2010. Esto ayudó a desviar la atención fuera de la Ley de Esclavitud, de los trabajadores a los que afecta y de los pactos de comercio que tomaron un rol activo en las extensas y estructurales dimensiones del conflicto.

En la política del post-socialismo húngaro, los partidos de la oposición suelen apoyar las exigencias de los trabajadores y continuar con la tendencia flexibilizadora cuando llegan al poder. Antes de las elecciones parlamentarias en abril de 2018, el partido de la oposición más efectivo en unir sus filas para movilizar a los trabajadores de los collares blancos (oficinistas y administradores), quienes se decepcionaron con las severas condiciones de trabajo, fue el de extrema derecha Movimiento por una Hungría Mejor (Jobbik). La novedad de la situación hoy es que todos los partidos de la oposición buscan encontrar nuevas conexiones con los acuerdos de comercio, especialmente después de que Jobbik sufriera una importante derrota en las elecciones parlamentarias de abril. En la situación actual, los políticos del partido socialista, particularmente importantes en este compromiso, Jobbik, o la nueva formación de la oposición Momentum, haciendo campaña con una agenda liberal proeuropea, pueden difícilmente ganarse la confianza como aliados a largo plazo de los trabajadores.

Estudiantes y trabajadores

Lo novedoso de estas manifestaciones hoy día es que es la primera vez para estudiantes y trabajadores para organizarse explícitamente en solidaridad entre ambos colectivos. Los estudiantes que se sumaron a la manifestación clamaban su propia causa expresando solidaridad con los trabajadores. Un nuevo medio de izquierdas, Merce.hu, cubrió las manifestaciones nuevas desde una perspectiva de trabajo y de sindicato.

El sindicato del sector del metal (Vasas) también expresó simpatía recíproca con los estudiantes. Vasas suele reunir sindicatos de grandes empresas, especialmente de aquellas con gran demanda de fuerza de trabajo. Se ha llamado a una huelga general, pero el panorama no carece de interrogantes. Los mismos sindicatos fueron descentralizados durante el periodo de transición y muchas de las negociaciones industriales tuvieron lugar a nivel de fábrica. En el lado de los trabajadores, las organizaciones han sido débiles ya desde el cambio de régimen. Debido a la descentralización de las negociaciones colectivas del sector a la fábrica, los sindicatos tendieron a operar bajo una política no conflictiva, lo cual también refleja su dependencia de la buena voluntad del poder central. Algunas huelgas decisivas en la industria del automotor en los últimos años señalaron la decadente significancia del trabajo en este sector. Hoy, muchos sindicatos reaccionaron contra la Ley de Esclavitud con un abierto y explícito rechazo y con amenazas de huelgas, lo cual es nuevo elemento. En su dureza, la Ley de Esclavitud podría dar una oportunidad para un cambio de paradigma en la organización sindical –hacia a un modelo menos dependiente que está más integrado con la participación obrera. Además, tales colaboraciones entre trabajadores y estudiantes podrían construir conexiones que puedan ser significativas en el futuro; al actual nivel de dependencia de los trabajadores de las diversas funciones del régimen, y la falta de un poder organizativo de masas de los sindicatos que precediera la Ley de Esclavitud, la capacidad sindical de organizar una base de masas para la resistencia debe ser limitada.

Conclusión

Vemos el conflicto político que estalló alrededor de la Ley de Esclavitud como un choque reflejando la velocidad con que el nuevo régimen local autoritario ha estado reprimiendo las capacidades de reproducción social en servicio del capital internacional. Mientras los debates políticos en el mundo occidental tendían a describir Hungría como un caso exótico de extremo iliberalismo doméstico, vemos este régimen como un caso de cómo funciones destructivas y disciplinantes de la crisis capitalista presente son incorporadas en la sociedad local en regiones que tienen menos capacidad de exportar sus crisis a otro lugar. A medida que la crisis económica fuerza a la industria alemana a reorganizar y privar de derechos a las regiones del sur de Europa, los nuevos regímenes autoritarios en Europa del Este parecer entrar en alianza económico-política con ella, tratando de conformar políticas europeas para su propio beneficio.

Atrapado entre sus propias aspiraciones y las necesidades de la industria alemana, frente a la actual mejora económica y el contexto de escasez severa del trabajo, la no muy innovadora solución de Fidesz fue usar su autoridad al máximo para promover una mayor flexibilización y formas explotadoras de control laboral. Este movimiento acrecienta el conflicto de clase en el que el régimen es construido, y transforma lo parcialmente en un conflicto político. La indignación por la Ley de Esclavitud marca un momento clave cuando el asunto del trabajo fue encarado en el discurso político público en un nivel sin precedentes desde el cambio de régimen. Las luchas en su contra están configurando coaliciones y capacidades organizativas que podrían ser significativas en el futuro. No obstante, la agencia que ha está naciendo en la resistencia a la ley está encarando el peso y la inercia de un sistema global en colapso.