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Chile: Evaluación docente vulnera seguridad y salud de los docentes

América del Sur/Chile/Mayo 2016/Fuente: La Nación/Autor: Bruno Delgado

La reclamación presentada por el magisterio se refiere en particular a la sobrecarga de horas de trabajo relacionada con la actual distribución del trabajo docente y a la manera en que está diseñado el proceso de evaluación de quienes se desempeñan en el sector municipal.

El Colegio de Profesores dio a conocer hoy una resolución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la que se acoge la reclamación interpuesta por el gremio en 2013, por la vulneración del convenio 187 sobre seguridad y salud en el trabajo, que involucra el actual proceso de Evaluación Docente chileno.

La reclamación presentada por el magisterio se refiere en particular a la sobrecarga de horas de trabajo relacionada con la actual distribución del trabajo docente y a la manera en que está diseñado el proceso de evaluación de quienes se desempeñan en el sector municipal, el que incrementa la sobrecarga laboral e implica un daño sustantivo a la salud de los maestros y maestras.

El presidente nacional del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, explicó que “se adjuntaron a la reclamación todos los antecedentes y se denunció que el proceso de evaluación docente dura alrededor de 4 meses, tiempo en el que los profesores y profesoras deben trabajar fuera de los horarios destinados para actividades fuera del aula, y sin remuneración alguna”.

“Aquí se realizó un serio estudio por parte de la OIT, la que nos ha dado la razón y el Estado debe adecuar la legislación actual para corregir este grave problema”, dijo el dirigente gremial, quien agregó que el documento será un nuevo insumo para la mesa técnica sobre Evaluación Docente que trabaja en el mejoramiento del sistema.

Gajardo valoró esta resolución favorable al gremio, la segunda tras la entregada en abril de 2015 sobre Deuda Histórica.

“Esto confirma lo que hemos sostenido sobre que es fundamental aumentar las horas de trabajo no lectivo, de que la evaluación debe ser formativa y no punitiva, temas fundamentales para el mejoramiento de las condiciones en que los maestros y maestras realizan su labor. Sólo así mejorará la educación que reciben nuestros estudiantes”, puntualizó el líder de los profesores.

Fuente de la noticia: http://www.lanacion.cl/noticias/pais/educacion/oit-acoge-reclamo-evaluacion-docente-vulnera-seguridad-y-salud-de-los-docentes/2016-05-07/164321.html

Fuente de la imagen: http://www.lanacion.cl/noticias/site/artic/20160507/imag/foto_0000000420160507164321.jpg

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Europa: Educación deja abierta la puerta a que se publiquen «rankings» de colegios

Méndez de Vigo promete que no habrá clasificaciones pero la LOMCE las permite y su normativa no blinda evitarlas. Castilla y León, también del PP, sí lo explicita por escrito

Falta menos de un mes para que los alumnos de 6º de Primaria (11 y 12 años) se enfrenten a un examen externo que hasta ahora no hacían: la evaluación de final de etapa incluida en la Ley Orgánica para la mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Esta prueba, que ha provocado un profundo desencuentroentre el ministerio y algunas comunidades que amenazan con no ponerla en marcha, es polémica principalmente por un aspecto: la posibilidad de que se establezcan rankings de colegios con los resultados de los estudiantes.

El ministro de Educación en funciones, Íñigo Méndez de Vigo, ha declarado públicamente en Televisión Española y en laCadena Ser que se compromete a evitar las clasificaciones y «a que no se hagan públicos los resultados de las evaluaciones, si ése es el problema». Pero lo cierto es que no hay sustento legal tras sus declaraciones.

SIETE COMUNIDADES RECHAZAN HACER LA PRUEBA

La reunión técnica que celebró este miércoles el Ministerio de Educación para aclarar, entre otros puntos, aspectos de la prueba de sexto y de otros apartados de la LOMCE debió ser una de las más solitarias de la historia. Los representantes de 11 comunidades faltaron a la cita. De todas ellas, hay siete que a día de hoy rechazan hacer la evaluación externa prevista en el mes de mayo. Son Cantabria, Extremadura, Castilla La Mancha, Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra. Juntas suman 158.842 alumnos, más de un tercio de los 460.025 estudiantes convocados para el examen. Cataluña o Navarra dicen que harán una prueba propia. País Vasco señala que aprobó los currículos en enero y no ha tenido tiempo de elaborarla. Cantabria hará un examen muestral, no censal como obliga la ley. Andalucía, la que tiene más alumnos, no está en este grupo. Su consejera de Educación, Adelaida de la Calle, ha declarado que le encantaría saltarse la prueba pero que «la insumisión no va con Andalucía». Extremadura la ha frenado “de momento” a la espera de que el ministerio convoque una conferencia sectorial, la reunión a la que acuden los representantes políticos. El ministerio señala que la convocará “en los próximos días”.

La LOMCE eliminó una referencia contra los rankings de la ley anterior, la Ley Orgánica de Educación que elaboró el PSOE. El artículo 144.3 de la LOE recogía sobre las evaluaciones externas. “En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser utilizados para el establecimiento de clasificaciones en los centros”. Esa referencia ya no existe.

Educación tampoco ha hecho una manifestación explícita para Ceuta y Melilla, los dos únicos territorios que dependen directamente del ministerio para las pruebas. En la orden que les ha enviado a ambas ciudades autónomas en la que regula la realización de esa evaluación (a la que ha tenido acceso este periódico y que aún es un borrador pendiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado) no figura ninguna referencia expresa a este particular. Un portavoz del ministerio señala que la orden solo regula cómo debe aplicarse esa orden.

Sin embargo, sí existe ese enunciado explícito, por ejemplo, en una de las comunidades autónomas que gobierna el PP y que celebrará esta prueba en mayo. La orden que ha enviado Castilla y León a sus centros para la organización del examen, señala: “Los resultados de las evaluaciones individualizadas no serán objeto de publicidad a los efectos de establecer una clasificación de centros”.

El consejero de Castilla y León, Fernando Rey, también ha hecho declaraciones públicas contra las clasificaciones. “No haremos ránkings de colegios porque ese no es el objetivo. Lo principal es conocer en qué debemos mejorar”, señaló el pasado 22 de marzo en su parlamento regional. Una portavoz de su departamento señala que incluyen ese aviso en su normativa para dejarlo claro a la comunidad educativa y fijar el compromiso con los centros y públicamente.

«Las palabras duran lo que dura un ministro»

El portavoz del ministerio señala además que el ministro se ha comprometido públicamente a que no se hagan ránkings y que no tiene por qué ir regulado en la orden que han enviado a Ceuta y Melilla. “Las palabras de un ministro duran lo que dura ese ministro”, considera Carlos Utrera, representante de la federación de inspectores de educación ADIDE. “Lo que aparece en una orden es de obligado cumplimiento, es lo que da el principio de seguridad jurídica”, añade el inspector, que señala que tener una normativa clara “es lo que permitiría acudir a los tribunales en caso de que se incumpla”.

El antecesor de Méndez de Vigo, José Ignacio Wert, fue quien propuso ya antes de la aprobación de la LOMCE que se hicieran públicos los resultados de los colegios en las pruebas finales de evaluación para que las familias pudieran consultarlos.

La propuesta de Wert fue rechazada por las comunidades gobernadas por el PSOE, las mismas que ahora reprueban el examen de 6º de Primaria y que, tras las elecciones regionales de 2015, son mayoría. Tres de las ocho comunidades gobernadas por los socialistas -Cantabria, Extremadura y Castilla la Mancha- han señalado que no harán el examen. Este miércoles han plantado al ministerio en una reunión técnica para preparar esas pruebas. También han dicho que no realizarán la prueba Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra. El ministro Méndez de Vigo les ha recordado que tienen que hacerla porque “está en la ley”. La misma ley que no incluye que esas pruebas no acaben como una clasificación de centros.

Fuente: http://politica.elpais.com/politica/2016/04/21/actualidad/1461257484_837229.html

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