Sistema Educativo

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España: Barcelona pone en marcha la primera escuela pública de segunda oportunidad de todo el estado

Noticias

Europa/España/04 Julio 2019/Fuente: El diario la educación

El Ayuntamiento de Barcelona -a través del IMEB- pone en marcha la primera escuela de segunda oportunidad 100% pública de todo el Estado, enfocada a jóvenes que han abandonado los estudios y se encuentran sin trabajo, con el objetivo de reengancharse al sistema educativo o abrirles las puertas del mercado laboral.

Las escuelas de segunda oportunidad (E2O) hace años que forman parte del panorama educativo, aunque no está tan claro que lo sean del sistema educativo. Son escuelas situadas en los márgenes, como sus alumnos, normalmente adolescentes que han dejado colgados prematuramente los estudios y a los que algunas entidades sociales intentan dar una alternativa. En España se creó hace tres años la Red Española de Escuelas de Segunda Oportunidad, de la que forman parte 39 centros, todos ellos nacidos de la iniciativa privada, de las cuales 7 están situados en Catalunya. Las administraciones han reconocido el valor de estas escuelas, las han reconocido y subvencionado, pero por primera vez una administración pública ha decidido crear una.

La iniciativa del Ayuntamiento de Barcelona tiene, por ahora, un alcance limitado. En este primer curso acogerá 30 alumnos, y el próximo curso incorporará 30 más hasta un total de 60. Teniendo en cuenta que, según Miguel Ángel Essomba, comisionado de Educación del Ayuntamiento, los estudios estadísticos concluyen que sólo en la ciudad de Barcelona hay 17.000 jóvenes de entre 16 y 24 años que ni buscan trabajo ni se encuentran en ningún proceso formativo, no parece que esta escuela pueda poner fin a un problema social estructural. En la presentación de la escuela, que ha tenido lugar esta mañana, Essomba ha recordado que hay otros programas dirigidos a este colectivo (Plan Joven del Consorcio de Educación, Programa Infórmate de la dirección general de Juventud, Programa de Nuevas Oportunidades del Departamento de Trabajo…),

De momento, la E2O municipal ya camina: están ultimando las obras de rehabilitación del inmueble que ocupará en el antiguo CAP del barrio de Navas (San Andrés), se ha hecho un concurso público y la gestión se ha adjudicado a una UTE formada por Salesianos Sant Jordi y la Fundación el Umbral (dos de las entidades catalanas con una larga trayectoria en este ámbito), y ya tiene un equipo de profesionales preparando el proyecto educativo para los primeros 30 alumnos, que saldrán de los radares de las administraciones que amparan la iniciativa: el Consorcio de Educación de Barcelona, ​​Barcelona Activa y el Instituto Municipal de Servicios Sociales.

Según Emilia Andreu, gerente del Instituto Municipal de Educación de Barcelona (IMEB), el Ayuntamiento ha invertido 550.000 euros en la adecuación del local y 1,2 millones en la licitación del servicio durante dos años. Para José María Usón, presidente de la Asociación Española de Escuelas de Nuevas Oportunidades ( MyE2O ), la iniciativa del Ayuntamiento es una muy buena noticia, «ya que abre la puerta a que otros ayuntamientos importantes hagan lo mismo paso».

Reconocimiento, acreditaciones y viabilidad

Una vez sea un recurso más conocido, la demanda está asegurada. En el caso del Umbral, la institución de Cornellà que dirige Begoña Gasch, la matrícula para el próximo curso contaba con 250 plazas para mayores de 16 años, pero han recibido 550 solicitudes. En los 15 años que lleva funcionando este centro han pasado cerca de 4.000 adolescentes. Seguramente por eso, en la presentación del E2O municipal, Gasch ha reivindicado que las escuelas de segunda oportunidad «formamos parte de la efervescencia educativa que vive el país, hemos llegado hasta aquí por conciencia, voluntad e inteligencia estratégica».

«El reto es garantizar la sostenibilidad económica de los proyectos -ha advertido Gasch-, y por eso hay que avanzar hacia un trabajo interdepartamental, en el que tomen parte los departamentos de Educación y Trabajo y los municipios, y que la administración acredite con certificados estos recorridos formativos. Hasta ahora no ha habido voluntad política de hacer un reconocimiento explícito de estas escuelas y de los recorridos que necesitan estos jóvenes «.

Una metodología basada en el acompañamiento personal

Las escuelas de segundas oportunidades no son centros escolares convencionales. Su acción se basa en conocer muy a fondo la persona, a fin de orientarla y acompañarla en su reintegración dentro del sistema educativo o, en el caso de los alumnos mayores, directamente al mercado laboral, a través de un itinerario personalizado. En realidad, para la mayoría de los alumnos son el centro que les da la primera oportunidad. Se trabajan las emociones y la autoestima, se diseña un plan personal de trabajo para cada alumno, se le intenta conectar con otros recursos formativos que tenga el entorno, también se hace un trabajo específico con sus familias … En Barcelona todo esto deberá hacerse en dos años. Gasch reconoce que en Cornellà estos itinerarios suelen ser más largos, y que han llegado a tener alumnos durante cinco años.

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/07/03/barcelona-pone-en-marcha-la-primera-escuela-publica-de-segunda-oportunidad-de-todo-el-estado/

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La reforma mexicana en el contexto latinoamericano

Juan Carlos Yáñez Velazco

Por: Juan Carlos Yáñez

Las políticas educativas en América Latina se “inscriben en un diálogo permanente con las de los otros países». Ahora México ha dado el primer paso de una nueva reforma. Tiene muchos ejemplos cercanos donde buscar espejos donde mirarse.

México parió en días pasados la anunciada reforma educativa que había prometido Andrés Manuel López Obrador en su tercera campaña presidencial. La modificación a los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución Política se consumó con la aprobación de la mayor parte de los congresos de diputados en los estados de la República.

Destacan como bondades que se promueven con la reforma, en primer término, la muerte de la evaluación docente con “fines punitivos” y la instauración de la “nueva escuela mexicana”; se celebra el surgimiento de otra etapa, donde se reconocerá la importancia social del maestro, centrada en la formación y no en la evaluación, a partir de la creación de un sistema integral de formación y actualización y del Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros. Junto a estos cambios, se prioriza el interés superior de niños y jóvenes como referente de los servicios educativos, la obligatoriedad de la educación inicial y con regulaciones, de la enseñanza superior, entre otros.

El conjunto de cambios propuestos por el presidente, largamente discutido con los partidos políticos, sectores académicos, intelectuales y sindicatos, es juzgado por actores centrales como una continuación de la reforma anterior, a la cual se pretendía desterrar; para otros, es un paso adelante. Más allá de ese debate, relevante por las repercusiones que podría tener en el juego de fuerzas entre la combativa disidencia del sindicato magisterial y el gobierno federal, las decisiones que se aprobaron están en consonancia con las reformas emprendidas en las décadas más recientes en Latinoamérica. Dicha conclusión se desprende de los hallazgos contenidos en el documento La política educativa en México desde una perspectiva regional, publicado a finales de 2018 por el Instituto Internacional para el Planeamiento de la Educación de la Unesco y el ahora extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de México.

Una de las primeras tesis del reporte es que hay evidencias para afirmar que las políticas educativas en América Latina se “inscriben en un diálogo permanente con las de los otros países, con notables puntos de convergencia, aún en contextos tan diversos”. El proyecto de López Obrador abreva en la misma fuente.

La segunda parte del documento se detiene en la lectura de las distintas leyes de educación en la región. Su conclusión: en todas, de una u otra manera, se alude a la educación como derecho humano fundamental; así, por ejemplo, la Ley de Educación Nacional de Guatemala, de 1991, señala: es un derecho inherente a la persona humana. En Perú (2003) se postula: “La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad”. Nicaragua, por su parte, declaró en 2006: “La educación es un derecho humano inherente a todas las personas sin distingos de edad, raza, creencia política o religiosa, condición social, sexo e idioma”. Mientras que las leyes de Venezuela y Ecuador anticiparon la redacción que se aprobó en la reforma mexicana de 2019.

Las conclusiones del informe son pistas que el nuevo gobierno mexicano tendría que leer, comprender y traducir en estrategias intersectoriales; por ejemplo, cuando se concluye que el país enfrenta un escenario “sumamente complejo para sostener un sistema educativo universal y de calidad”, por su demografía (el peso de la población infantil y juvenil), la distribución de la riqueza y la pobreza, la dispersión poblacional en un territorio vasto, así como la desigualdad y el flujo de ingresos a la población más pobre.

De esa situación derivan retos financieros colosales. México, pese a su riqueza, no es de los países que más invierten en el contexto de América Latina, medido como porcentaje del Producto Interior Bruto. Esto es, que además de resolver los ingentes problemas pedagógicos, demanda una inversión extraordinaria.

Uno de los logros que más pregonan los impulsores es la colocación del interés superior de los niños y jóvenes en la definición del rumbo educativo. Veremos cómo se plasma en las leyes respectivas y luego cómo se concreta. América Latina tiene experiencias ricas. Perú avanzó en la consideración de los derechos de niños y jóvenes en su Ley General de Educación de 2003, y Nicaragua, en su Ley de 2006, es más explícita al postular que cada estudiante tiene derecho a: “a) Ser tratado con justicia y respeto, y no ser sujeto de castigos corporales, humillaciones ni discriminaciones. Ser evaluado con objetividad y solicitar revisión, según sea el caso. (…) d) Integrar libremente los gobiernos estudiantiles y asociaciones tendientes a mejorar la vida escolar y elegir o ser electo democráticamente dentro de las mismas. e) Reclamar ante la Dirección del Centro Educativo, y de ser necesario a instancias educativas superiores, sobre las situaciones que vulneren los derechos, prescritos en esta ley”.

Del análisis de las tres reformas seleccionadas para ponerlas en diálogo con el sistema educativo mexicano, los investigadores concluyen: “Las reformas encaradas por Perú, Chile y Ecuador se inscriben dentro de las iniciativas reformistas características del nuevo siglo, ya que, en primer lugar, consideran a la educación como un derecho y un bien necesario para el desarrollo social y humano que cada país debe garantizar”.

Son tres los ejes que estructuran las reformas en esos países: calidad de los aprendizajes, políticas de revalorización y rediseño de la carrera docente y reorientación de la gestión del sistema educativo y las escuelas. Sumaría otras claves, como el derecho a la educación y la ampliación del acceso en todos los niveles, políticas para favorecer la inclusión y la equidad, la evaluación como insumo para distintos procesos y actores, el sentido de la educación (las distintas funciones que se le adjudican) y aumento del financiamiento.

Consideraciones finales

Los retos para México son imponentes y más difíciles por su complejidad, diversidad, tamaño y demografía.¿Será la transformación prometida el principio de otra era o la continuación de los lentos avances que atestigua el siglo XXI? Pronto se empezarán a desvelar las interrogantes con la aparición del marco normativo, planes y estrategias nacionales.

Observar la experiencia de países latinoamericanos podría iluminar los caminos para el sistema educativo mexicano. En educación inicial, por señalar un caso, México tiene mucho que aprender de naciones como Cuba, Colombia y Chile, que articulan la atención pedagógica con un programa de protección integral. ¿Habrá la humildad y apertura para aprender de otros?

Fuente: https://eldiariodelaeducacion.com/blog/2019/07/02/la-reforma-mexicana-en-el-contexto-latinoamericano/

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Un vistazo a la educación en India

Lizbeth Pasco Carmona

Por: Lizbeth Pasco Carmona 

Tres puntos para entender parte de un sistema realmente complejo

India se parece un poco a Perú. El tráfico es una locura, mototaxis –tuktuk- haciendo de las suyas, un transporte público bastante desorganizado, vehículos y peatones haciendo caso omiso de las reglas de tránsito, en otras palabras, la cultura combi en todo su esplendor. La comida es deliciosa, hay peruanos que puede refutar esto porque nuestra culinaria es casi una religión, pero la gastronomía india es considerada una de las más ricas del mundo –y realmente lo es. No es difícil encontrar gente que te cobre de más por ser turista, un producto puede empezar en 700 rupias y terminar costando 100; el equivalente a los souvenirs de 1 sol para los peruanos y 5 –en el mejor de los casos- para los extranjeros. Ambos tenemos una “maravilla del mundo”, el Taj Majal y Machuppichu. Y, por supuesto, un sistema educativo con muchísimos retos en todos sus niveles.

Hinglish

La primera vez que viajé a India entendí que se estaba haciendo con el inglés lo que se hizo con el español en el Perú: instaurarse como lengua oficial, iniciando la desaparición de nuestras lenguas originarias. No es así. La situación de las lenguas en India es distinta. Hay 22 lenguas oficiales, y las principales son el Inglés e Hindi. Es más, existe el “hinglish” como aquí el “spanglish”, pero no es tan snob hacerlo como en Perú, porque allá sí es una lengua oficial.

En India hay 29 estados, por ejemplo, Maharashtra; cada uno con ciudades, como Pune City; y distritos, como Pune. Todos tienen como lenguas oficiales principales el inglés y el hindi, pero también lenguas oficiales particulares para cada estado. En el estado de Maharashtra hay 8 lenguas oficiales, esto significa que hay por lo menos 8 tipos de colegios. La más común en este estado es el marathi. Además, las lenguas son usadas en la rutina diaria. Solo para dar un ejemplo, en una conversación común la gente de Pune se comunica usando una combinación de hinglish y marathi.

En la mayoría de escuelas secundarias en Pune, se dictan clases de inglés, hindi y marathi (ver foto) y hay una tendencia a solicitar que los otros cursos (matemática, historia, etc) se dicten en inglés, con la intención de prepararlos para la universidad. Por otro lado, en las escuelas primarias del estado se dictan los cursos en alguna de las lenguas oficiales, por ejemplo, marathi o hindi, pero casi nunca en inglés pues lo llevan como curso a parte.

Aquí encontramos tres problemas: comunicación, acceso a la educación secundaria y superior, y a trabajos mejor remunerados. Las personas con acceso a una buena educación son capaces de comunicarse en inglés, hindi y su lengua materna, lo que les permite acceder a estudios superiores y/o a trabajos mejor remunerados; sin embargo, hay un gran porcentaje que solo maneja su lengua materna, lo que crea una brecha en el acceso a educación y en la comunicación con otras personas del mismo país. La situación se complejiza aún más si tomamos en cuenta los dialectos. “Aún no hay una idea clara de qué es lo que nos constituye una nación, porque aun hoy ni siquiera es posible comunicarnos entre todos” me explica Madhukar Banuri, fundador de Leadership for Equity y miembro del directorio de Teach for India.

Un lakh, cien mil; un crore, diez millones

India es el segundo país con mayor población a nivel mundial (aunque promete superar a China en el 2022). Es tan grande que tiene un nombre específico para referirse a cien mil unidades, un lakh; y a diez millones, un crore. Entonces, un elemento fundamental para realizar un programa educativo en India es la escalabilidad. Lo que es evidentemente necesario en un sistema con más de 350 millones de estudiantes y alrededor 8 millones profesores. Solo para dimensionar cantidades, en Perú hay alrededor de 6 millones 700 mil[1] estudiantes y 523 mil 304[2] profesores.

Un medio importante para poder lograr esa escalabilidad en, por ejemplo, la capacitación docente, es el uso de la tecnología. Y ya se están diseñando y piloteando programas que mezclan la capacitación virtual con la presencial: “blended model” (dado el evidente fracaso en la modalidad meramente virtual). Además, se están usando aplicativos para brindar herramientas pedagógicas a los docentes que permiten también la creación de contenido. En otras palabras, una comunidad virtual de docentes que comparten herramientas y estrategias.

Las problemáticas principales a enfrentar en este punto es el acceso a Internet y la “alfabetización digital”. Si bien en las zonas urbanas la conexión tiene un costo considerablemente bajo (bastante menor al peruano por lo menos), aun hay muchos docentes que se resisten a usar esta tecnología para el aprendizaje. Evidentemente el uso de esta herramienta se complejiza en las zonas rurales, donde el acceso a los dispositivos se reduce a uno por familia.

El derecho a la educación

“En India, hace solo 5 años no se hablaba de logros en el aprendizaje en el mundo estatal, es algo bastante nuevo en un sistema que a inicios del 2000 aún luchaba por la cobertura” me explica Madhukar. El parlamento de India aprobó el Acto de Derecho a la Educación (RTE, por sus siglas en inglés) en agosto del 2009. Este documento describe la importancia de la educación gratuita y obligatoria para los niños de 6 a 14 años. Llevar a los niños y niñas a la escuela. Hace apenas 10 años.

La implementación ha sido un gran reto para las escuelas, pues los niños y niñas debían ingresar a la escuela no a partir de sus aprendizajes sino por su edad. Entonces, tenían a estudiantes con algunos años de escolaridad junto a otros que jamás habían pisado la escuela. Sin embargo, hoy ya se pueden encontrar investigaciones y programas que no solo buscan llevar a los estudiantes a las aulas, sino también orientados a acortar la brecha y mejorar los aprendizajes.

Algo innovador en esta implementación fue la cuota del 25% en las escuelas privadas para niños y niñas en situaciones vulnerables. En otras palabras, todas estas escuelas deben tener por lo menos un 25% de vacantes, sin costo alguno, para estudiantes que se encuentren en condiciones de pobreza. Obviamente, esto ha hecho que algunas personas de niveles socioeconómicos más privilegiados levanten su voz contra el estado, pero existe una posición firme del gobierno a mantener esta cuota. Además, ya se pueden encontrar estudios que explican los beneficios de esta diversidad en la escuela. No puedo dejar de pensar en lo genial que sería que suceda algo así en Perú.

***

India enfrenta problemas complejos y encontrar soluciones sigue siendo un reto, pero este país avanza a una velocidad impresionante básicamente por dos elementos: recursos humanos e inversión. Creo que es importante mantenernos atentos a las innovaciones que se están gestando en este país, porque estoy segura de que sus aprendizajes pueden ser útiles para nosotros.

NOTAS

[1] Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

[2] Ibid.

Fuente: https://www.losandes.com.pe/2019/06/16/%EF%BB%BFun-vistazo-a-la-educacion-en-india/

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Los logros de un sistema educativo son los logros de una sociedad

Jorge Ramírez

Por: Jorge Ramírez.

 

Para el caso de Cúcuta y el Área Metropolitana los logros en cobertura educativa han sido recientes e insuficientes.

En Colombia son notables los logros en acceso a la educación especialmente en el nivel primario, secundario y en menor medida en el nivel universitario. Norte de Santander no ha sido ajeno a esta generación de oportunidades sociales que pueden considerarse en contexto, un logro producido por la Constitución Política de 1991, la descentralización y la focalización de políticas sectoriales. Mientras que los retos nacionales por asumir tienen que ver con la equidad, la pertinencia y la calidad.

En esta ocasión me ocupo de los logros en cobertura o acceso escolar como fórmula para propiciar eficiencia y mayores oportunidades sociales, dicho de otra forma, la educación es un poderoso instrumento para lograr equidad regional y local.

Para el caso de Cúcuta y el Área Metropolitana los logros en cobertura educativa han sido recientes e insuficientes, por ejemplo, para el periodo 2000 a 2009 el 47,2 % de la población ocupada no había culminado exitosamente los ciclos primarios y secundarios, mientras que el 10 % de esta misma población logró graduarse en una carrera técnica, tecnológica o universitaria. (Ramírez et al, 2013).

Recientemente en un estudio titulado “Educación Orientada al Empleo (2018)” se evidencia que en Cúcuta y el Área Metropolitana; el 52,7 % de la población en edades de 25 y 64, logró graduarse de secundaria o de un programa universitario, mientras que el 7 % logró obtener una credencial en educación técnica o tecnológica.

En el caso de Norte de Santander según el Ministerio de Educación Nacional (MEN, 2018), los logros netos en acceso para el año 2017 se concentran en educación primaria (92,97 %) y en básica secundaria (73,75 %); los problemas de cobertura neta se presentan en los niveles de transición (61,33 %), en educación media (39,83 %) y en educación universitaria (52,4 %).

Estos datos evidencian una cruda realidad; los logros generados por el sistema educativo regional y local han sido recientes e ineficientes. Ergo, los retos por enfrentar es lograr que el 100 % de los niños y adolescentes puedan ingresar, permanecer y graduarse con éxito desde los niveles de transición a secundaria y luego transitar libremente al sistema de educación terciario y universitario según cada elección y preferencia.

Una perspectiva sistémica permitiría entender que estos avances pueden ser mayores y mejores, sí y solo sí, se solucionan las fallas estructurales de acceso y de equidad del sistema educativo, empezando por generar un terreno abierto y nivelado para las generaciones presentes y futuras en edades educativas, es decir, la agenda pública que propongo es una apuesta regional que fomente la pertinencia, la excelencia y la equidad a través de la educación desde las etapas iniciales hasta los niveles superiores.

En tal sentido, las fallas estructurales del sistema educativo regional se manifiestan en los bajos niveles de acceso, especialmente, en educación inicial y en educación media, probablemente sus causas están asociadas a la escasa e ineficiente inversión pública en protección a la primera infancia como se muestra en el desempeño del índice de competitividad de Norte de Santander (IDC, 2018) y de Cúcuta (ICC, 2019). Lo propio ocurre con la evolución de los indicadores que muestran: una baja inversión en calidad de la educación básica y media, en los escasos logros en los indicadores de calidad en formación docente de los colegios oficiales; unido a la persistencia de la extraedad, es decir, los niños y jóvenes no ingresan de forma temprana y oportuna al sistema escolar; otra causa asociadas a los fallos del sistema educativo tiene que ver con los altos porcentajes de deserción, de repitencia y de reprobación escolar en los niveles de transición, primaria y en educación media como se evidencia en la batería de indicadores producidas por el MEN (2018) para el periodo 2011 a 2017, pese a los logros alcanzados recientemente en esta materia.

Enfocarse en estas fallas para determinar causas y efectos, para identificar a los responsables institucionales y sectoriales, asi como lograr cuantificar los montos de inversión requeridos puede conducir a implementar eficientemente políticas educativas específicas que propicien el desarrollo regional y la generación de oportunidades sociales, para lo cual es fundamental un mayor control social alimentado por la participación ciudadana. Esta, es la ruta para construir una base sólida para el desarrollo y la competitividad regional, debido a que los logros de un sistema educativo en el tiempo son los logros de una sociedad.

Fuente del artículo: https://www.laopinion.com.co/columna-de-opinion/los-logros-de-un-sistema-educativo-son-los-logros-de-una-sociedad-179484#OP

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Uruguay: Privatización de la educación

Noticias

Uruguay / 30 de junio de 2019 / Autor: Pablo Silva Galán / Fuente: Caras & Caretas

La Federación Nacional de Profesores (Fenapes) presenta este viernes una nueva investigación sobre el proceso de mercantilización de la educación en Uruguay. En ella se revelan los mecanismos tendientes a generar el desprestigio de la educación pública para facilitar el ingreso de corporaciones privadas en el sector.

Uruguay cuenta con un fuerte sistema de educación pública que en los últimos tiempos ha comenzado a ser erosionado por intereses financieros privados que ven en el sector una oportunidad de negocios. Ese proceso de mercantilización es analizado en la investigación “El avance privatizador en la educación uruguaya: discursos y políticas”. Según explicó a Caras y Caretas el dirigente de Fenapes José Olivera, esta situación es parte de un proceso mundial.

Recordó Olivera que Fenapes integra la denominada Internacional de la Educación, una federación presente en 37 países con más de 200 organizaciones afiliadas que representan a unos 300 millones de trabajadoras y trabajadores de la educación. Fue esta organización, que tiene a acción a nivel mundial y participación en ámbitos internacionales como Unesco, Unicef, OIT, la que en su último congreso en 2015 definió comenzar una campaña mundial frente al comercio y la privatización de la educación. “Esto se hace porque se comenzó a visualizar, a nivel mundial, que había una ofensiva muy grande del sector privado, no la educación privada como la conocimos históricamente, sino de grandes corporaciones financieras que ven en la educación y en torno a lo que en ella se mueve una oportunidad de negocios”, explicó.

“Es multimillonaria la cifra que se mueve en torno a la educación a nivel mundial y las principales corporaciones, grandes instituciones financieras y organismos internacionales, como el BID para el caso de América Latina, o la propia OCDE, comenzaron a generar las condiciones para promocionar la participación de estos sectores en el sistema educativo, creando lo que se llama el mercado educativo”, agregó.

Esto se hace con un doble objetivo: económico, “para obtener una ganancia, transformando a la educación en lugar de un derecho, y por lo tanto la existencia de un sujeto de derecho que la pueda ejercerlo, en una mercancía que se puede comprar o vender en un espacio llamado mercado”. Allí concurren “no los ciudadanos sujetos de derecho, sino los consumidores y clientes. Este es el esquema mundial que se comienza a visualizar como problemático en términos del sistema educativo y esta es la parte más económica”.

Pero también hay una parte política e ideológica, y consiste en que los Estados “generen las condiciones para dejar un buen sector del sistema educativo en manos de privados. Comienza a hablarse de costo/beneficio, eficacia y eficiencia, de calidad educativa, no de educación de calidad, y básicamente reserva a los Estados encargarse de la educación a través de los sistemas públicos para los sectores más pobres”.

Bajo este esquema se promueve el llamado currículum mínimo. “Esto es la formación en competencias y habilidades para el mercado laboral. Se habla de la formación de capital humano, es decir, la mano de obra que el mercado de trabajo requiere, mientras que para los futuros gobernantes se les reserva el espacio del conocimiento como espacio privilegiado”.

En este proceso “van a promover la descalificación de lo público y la elevación de lo privado como verdadero y de buena calidad. Van a escandalizar y llamar crisis de la educación pública, como diciendo que los Estados no pueden con la educación pública. Van a utilizar los medios masivos de comunicación, que son también empresas, para promover esta idea en la sociedad de que lo público es peor que lo privado, o al revés, que lo privado es mejor que lo público. Que la crisis en la educación pública es irreversible y por lo tanto hay que buscar otros mecanismos. Van a atacar a los docentes y sus organizaciones representativas”.

Ante esta realidad se define en Canadá, en 2015, la campaña mundial. Una primera investigación demuestra que no había una gran información. “Esa investigación dice dos cosas muy interesantes en torno a la situación de América Latina. Una, que es la región que más ha avanzado en este esquema. Un ejemplo muy fuerte es el de Chile y la reforma de la educación de [Augusto] Pinochet, que claramente establece el sistema de mercado en su formato más duro. En Uruguay se habla de un estado de latencia. Hay una privatización latente. Es decir, hay un embrión que está latiendo en un discurso promercado, de privatización, en un país que tiene fuerte presencia de la educación pública”.

Por esta razón “entendimos que había que profundizar porque visualizamos la presencia fuerte de organismos como el Banco Mundial o el BID, que vienen desde los 90 con la reforma Rama, pero que nunca se fueron del sistema educativo uruguayo. De hecho, hoy Uruguay tiene préstamos con estas instituciones. Vemos una presencia cada vez más importante de la OCDE promoviendo este sistema. Hay un informe de 2017 de la OCDE que le recomienda ciertas cosas a Uruguay sobre su política educativa. Y vemos una política constante y sistemática contra la educación pública en los medios masivos de comunicación y el surgimiento de algunos fenómenos, como pueden ser Eduy21, la proliferación de liceos públicos de gestión privada, Ceres, con Talvi a la cabeza, planteando la creación de colegios de excelencia”.

Una segunda investigación, que fue presentada el año pasado -Privatización educativa en el Uruguay. Políticas, actores y posiciones-, revela, entre otras cosas, que en Uruguay “hay una privatización de la política pública. Esto es los partidos, las organizaciones sociales, sindicales, quedan excluidas de la definición de lo que hay que hacer en la educación y esa construcción de la política educativa queda en manos de supuestos expertos que se presentan como un movimiento apolítico y promueven un plan de reforma educativa. Incluso por arriba de los partidos políticos, lo cual implica también en cierta medida una deslegitimación del sistema democrático representativo”.

Otro tema que aparece en la investigación es que Uruguay tiene el sistema más grande de subvenciones a la oferta educativa privada. “Acá lo que se subvenciona mediante exoneraciones fiscales es la oferta educativa privada y aun así hay colegios que se funden o hay sistemas de transferencia de recursos públicos que financian centros como el Jubilar”.

En tercer lugar aparece el papel de los medios masivos de comunicación en la formación de estas fundaciones como Eduy21 o el sistema de reclamar fondos públicos para la actividad privada.

En función de eso, “encargamos una investigación sobre dos aspectos: el papel de los medios de comunicación en torno a la promoción y mercantilización de la educación y, por otro lado, el sistema de exoneraciones fiscales. De ahí que surge este libro”.

“Queda evidenciado, a través del estudio de la prensa, que hay una acción decidida desde el punto de vista político de tomar partido por la construcción del sentido común en torno a la crisis de la educación pública”.

Revela dos elementos centrales: el sistema de exoneraciones fiscales que en Uruguay trae una larga data. “Acá se encuentra que con la reforma tributaria de 2007 y un cambio en la normativa del artículo 358 de la Rendición de Cuentas de 2013, se modificó el sistema y amplió los beneficios fiscales así como los posibles donantes”.

Señaló que otro elemento es la Participación Público Privada y recordó que se anunció hace poco la construcción de locales educativos bajo esta modalidad. “Esto significa que por 25 años se le va a estar pagando a empresas privadas el canon correspondiente por la utilización de esas obras por mantenimiento, limpieza y seguridad”.

“Este régimen, construido en los años 80 en Inglaterra, hoy está descartado en Europa incluso por la OCDE y el Banco Mundial, que han dicho que es un sistema que ha sido más costo. En Uruguay esto no se discutió, hay obras que están en curso que por 25 años van a implicar transferencias de fondos públicos al sector privado”, finalizó.

Fuente de la Noticia:

https://www.carasycaretas.com.uy/privatizacion-de-la-educacion/

ove/mahv

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Canadá es el tercer mejor país del mundo en educación

Noticias

Canadá / 30 de junio de 2019 / Autor: Redacción / Fuente: Vente a Canadá

De acuerdo a un estudio reciente hecho por US News & World Report en colaboración con Y&R’s Bav y Wharton, Canadá fue reconocido como el tercer mejor país del mundo para la educación.

Esto en base a:

– El buen desarrollo del sistema educativo.
– La consideración de los estudiantes en asistir a la universidad en su país.
– Si la calidad de la educación que se impone en el país es de buen nivel.

Canadá recibió un reconocimiento especial por las altas calificaciones de sus estudiantes en el Programa para la Evaluación del Estudiante Internacional de la OECD (Organisation for Economic Co-operation).

En la lista oficial, solamente el Reino Unido y Estados Unidos respectivamente lograron superar a Canadá.

Fuente de la Noticia:

Canadá es el tercer mejor país del mundo en educación

ove/mahv

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Los estudios y los derechos adquiridos

Neris Nelio Abreu Comas

República Dominicana / 30 de junio de 2019 / Autor: Neris Abreu Comas / Fuente: Al Momento

La Constitución Dominicana del 2010, en el artículo 63, elevó y reconoció el derecho a la educación como un derecho fundamental, lo cual le otorga una nueva dimensión humana y legal a ese derecho esencial, muchas veces conculcados en la práctica por el propio Estado y los particulares.

Dispone la Constitución que “toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.”. No obstante ese reconocimiento esencial, la realidad es que en República Dominicana y otros países, este mandato  ha encontrado un conjunto de escollos o limitaciones para niños, adolescentes y adultos, para los cuales es letra muerta el contenido esencial del artículo 63 de la Carta Magna.

Entre los grandes obstáculos que encuentran los estudiantes, en la mayoría de las Instituciones de Educación Superior, para que se le reconozca el derecho a la educación, está la existencia de prácticas o normas, no conforme con la constitución, que consideramos de ilegales, injustas y absurda, consistente en establecer la caducidad o prescripción de estudios y asignaturas cursadas luego de 5 o más años, y que afecta a quienes se proponen continuar una carrera o convalidar las asignaturas cursadas para transferirse a otra institución.

La práctica o norma para condenar con la caducidad los estudios y asignaturas aprobadas, ha encontrado justicia en el Tribunal Constitucional Dominicano, quien mediante Sentencia 081-16, de fecha siete de abril del 2016, estableció un precedente vinculante de suma importancia para la comunidad académica superior, que debe impactar en el Ministerio de Educación Superior y las instituciones educativas superiores, las cuales deben revisar, adecuar o armonizar sus reglamentos, normas, disposiciones académicas y administrativas, que violan el artículo 6 de la Constitución, el cual establece que “todas las personas y los órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico del Estado y precisa dicho mandato que “son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución, reglamento o acto contrarios a esta Constitución.”

Establece la Constitución, en el artículo 110, sobre la irretroactividad de la ley y los derechos adquiridos, que “La ley sólo dispone y se aplica para el porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena. En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar o alterar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior, como es obligar a un estudiante a repetir una asignatura o conjunto de asignaturas ya aprobadas.

Para reforzar el indicado artículo de los derechos adquiridos, la Sentencia 081/2016, del 7 de abril del 2016, en la página 30, del Tribunal Constitucional, establece que “la recurrente finalizó sus estudios en el mil novecientos ochenta y cuatro (1984), por lo que resulta acreedora de derechos adquiridos que no pueden ser desconocidos”.  Ese precedente que ha sido silenciado o desconocido, constituye un acto de derecho y justicia para quienes han tenido que suspender sus estudios o que necesitan terminar un programa académico en su misma institución académica  o transferirse a otras.

En realidad y generalmente, los que suspenden, o se transfieren a otra Institución de Educación Superior, encuentran  tres grandes limitaciones violatorias de la Constitución y de la sentencia aludida, como son: 1- No pueden tener más de cinco años fuera del sistema de educación superior; 2- solo les convalidan el 50% de las asignaturas aprobadas, y 3- solo le reconocen aquellas asignaturas que tienen menos de 5 años de haber sido cursadas.

Con la decisión de no convalidación de asignaturas, luego de 5 años de cursadas, se viola no solo el principio constitucional de los derechos adquiridos, previstos en el artículo 110 de la constitución y el derecho fundamental a la educación, sino que se desconoce dicho derecho, ahora reivindicado por el precedente vinculante del Tribunal Constitucional.

Conforme nuestro análisis jurídico, al reconocer el Tribunal Constitucional que los estudios realizados, forma parte de los derechos adquiridos, y partiendo de la máxima que establece que él puede lo más puede lo menos, se desprende un alcance legal para las asignaturas cursadas, las cuáles no prescriben luego de ser aprobada, por lo que no es necesario la repetición de asignaturas, a menos que se demuestre insuficiencia de conocimientos, previo a una evaluación al respecto, previsto en los reglamentos de las instituciones de educación superior.

Al disponer el Tribunal Constitucional que los estudios realizados entran en  la categoría de los derechos adquiridos, el Sistema de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, debe armonizar sus normas a todos los niveles, tomando como referencia en el amparo constitucional para los estudios y asignaturas cursadas, los cuales no pueden ser desconocidos, debido a que forman parte de la seguridad jurídica y sientan un precedente de trascendental importancia, para el fortalecimiento del Estado Constitucional Democrático y de Derecho, con el cual todo debemos estar comprometidos.

Fuente del Artículo:

Los estudios y los derechos adquiridos

Fuente de la Imagen:

https://www.unicef.org/republicadominicana/education.html

ove/mahv

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