Con los escándalos crecientes sobre la imbricación de las grandes plataformas de redes sociales digitales con el modelo de vigilancia imperante y la injerencia en procesos electorales, se fragiliza el mito de la neutralidad que estas empresas buscan fomentar. ¿Qué implicaciones tiene para los derechos humanos y la democracia? ¿Se debe regularlas? ¿En qué sentido? ¿Podemos considerar alternativas?
Esta nueva edición de la revista América Latina en Movimiento de ALAI explora estas y otras preguntas sobre esta dimensión novedosa de la comunicación y la convivencia de nuestras sociedades.
Indice:
Internet, derivaciones y paradojas
Osvaldo León
Redes sociales digitales: un gran negocio
Sally Burch
El firewall monopólico en las redes sociales digitales
Javier Tolcachier
De la euforia a la decepción: ¿regular las redes sociales?
Palmira Chavero
Las redes sociales libres, redes nuestras
Miguel Guardado Albarreal
El asesinato de la verdad y la manipulación del imaginario
Aram Aharonian
Las redes sociales digitales en la disputa política en Brasil
Clayton Nobre
Participación política y redes sociales digitales
Silvia Lago Martínez
Síntesis del Seminario Internacional: Desenredando las redes sociales digitales
ALAI
Descargar: https://www.alainet.org/sites/default/files/alem536.pdf
“La ética está en conexión necesaria con la racionalidad. Para que algo sea moral tiene que ser, al mismo tiempo, razonable… Si pretende superar los niveles infrahumanos del comportamiento, la persona no puede por menos de obrar con criticidad, es decir, con racionalidad…”
Vivimos en un país marcado por el enojo, la frustración, la desmoralización y la desesperanza por las evidencias cada vez más frecuentes, numerosas y contundentes de actos de corrupción que quedan en la total impunidad, por el cinismo con el que el gobierno y toda la clase política se empeñan en negar esta realidad ofensiva y pretenden incluso hacernos creer que el problema está en nuestra percepción equivocada por empeñarnos en ver las cosas al revés.
Nos encontramos en un momento muy delicado porque los candidatos y los partidos están intentando capitalizar a su favor este enojo para obtener votos para sus respectivas causas y proyectos, en los que más que el bienestar del país parece estar de fondo la mera ambición del poder por el poder.
Las campañas apenas inician pero el período de los neologismos absurdos de nuestra legislación electoral –precampañas, intercampaña- han sido caldo de cultivo para generar un clima de creciente agresión entre las distintas fuerzas políticas que se refleja automáticamente en una escalada de polarización social.
Un simple vistazo a las redes sociales basta para constatar esta creciente ola de agresiones mutuas, insultos y descalificaciones en las que todo el mundo parte de que su candidato y su partido está sujeto a una campaña de noticias falsas –“fake news”- , calumnias y campañas que buscan destruirlos pero comparte al mismo tiempo sus propias fake news asumiéndolas como verdades incuestionables aunque se sustenten en datos evidentemente falsos.
Los graves problemas de nuestro país y la urgencia de enfrentar y empezar a resolver todas las carencias y afrentas que sufre cotidianamente la ciudadanía están pidiendo que todos los ciudadanos dejemos a un lado la apatía, la indiferencia y la inactividad para tomar una postura clara y defender con claridad y fuerza los principios que consideramos deben regir la transformación indispensable de un México que no puede ni debe esperar más.
No son tiempos de neutralidad. Son tiempos de definiciones existenciales y cívicas. Esta toma de posición es una cuestión moral. Nuestra definición personal y ciudadana va a definir la forma en que decidimos y vivimos nuestro día a día y en el tejido de lo que Edgar Morin llama la “Ecología de la acción” irá influyendo en la orientación de nuestra patria en el futuro.
Pero la ética está conectada estructural e inevitablemente con la racionalidad. Como afirma la cita que sirve de epígrafe al artículo de hoy, “para que algo sea moral tiene que ser, al mismo tiempo, razonable.”
Como afirma Vidal, si queremos dejar atrás la actuación infrahumana, debemos actuar con criticidad, es decir, apegados a la racionalidad, sustentados en evidencias y fundamentos más que en meras percepciones o emociones espontáneas, movidos por valores auténticos y no por simples latidos viscerales o reacciones espontáneas de odio y revancha.
Dejar de lado la neutralidad no implica actuar sin criticidad o racionalidad sino por el contrario, apela a un compromiso real con la búsqueda de lo verdadero y la afirmación de lo razonable.
Decir que no son tiempos de neutralidad significa en el fondo decir que son tiempos de criticidad. De criticidad bien entendida en la que debemos trascender la visión simplista y superficial que asume como criticidad la simple oposición o reacción contra todo lo establecido y que lleva consigo el seguimiento ciego –acrítico- de cualquier candidato o partido que vocifere cosas –por más falsas o irracionales que sean- en contra de quienes hoy detentan el poder.
Tristemente estamos hoy muy lejos de este escenario de no neutralidad crítica. Nos encontramos más bien en el México de las descalificaciones mutuas y del cuestionamiento de las vigas de las fake news ajenas combinado con la absoluta ceguera de la viga de las fake news propias.
Los ciudadanos mexicanos deberíamos, si ejercitamos nuestra criticidad, darnos cuenta de que el escenario de las disyuntivas entre “el pueblo bueno contra la mafia en el poder” o entre “el cambio con rumbo frente al peligro de volvernos como Venezuela” constituyen dos visiones igualmente simplificadoras y falsas y que optar por una de ellas es romper la neutralidad desde un nivel que Vidal llamaría infrahumano porque carece de toda racionalidad.
El rompimiento de la neutralidad para adoptar una postura emotiva en el marco de uno de los dos polos de estas dos visiones de falsas disyuntivas no nos va a llevar a una situación de mejoría real ni abonará a la emergencia de condiciones de probabilidad para una transformación real de nuestro país.
La adopción de una postura emotiva y acrítica para impulsar estas alternativas ficticias nos llevará solamente a apoyar el mantenimiento del statu quo que pretendemos cambiar.
Hoy más que nunca requerimos de una ruptura de la neutralidad que sea verdaderamente crítica y razonable y nos lleve a la construcción de una sociedad civil exigente y comprometida con lo que de manera sustentada se muestre como mejor para lograr enfrentar los enormes desafíos del México del siglo veintiuno.
Este escenario actual debería hacernos reflexionar sobre la enorme relevancia del pensamiento crítico en la formación ciudadana de las nuevas generaciones de mexicanos y a capacitarnos para trabajar en esta dimensión fundamental de una educación que esté a la altura de nuestros tiempos.
Una encuesta dada a conocer hoy señala que 70,9 por ciento de los estudiantes de primaria y secundaria en China utilizan la aplicación de mensajes instantáneos WeChat.
La encuesta también reveló que 75,9 por ciento de los niños chinos tienen su propio teléfono móvil, señaló el Centro Nacional para la Infancia de China.
Las cifras se basan en la encuesta aplicada a alrededor de 9.000 niños de toda China.
Sin embargo, el 28,8 por ciento de los entrevistados nunca lee noticias en línea y 43,2 por ciento nunca ha tocado un periódico.
El centro pidió hacer esfuerzos para resolver la brecha digital entre la educación urbana y rural y para proteger la privacidad de los niños usuarios de internet.
Fuente de la noticia: http://spanish.xinhuanet.com/2018-01/19/c_136906324.htm
Fuente de la imagen: https://www.iebschool.com/blog/wp-content/uploads/2017/06/Redes-Social
29 octubre 2017/Fuente: abc/Autor:S. F.@abc_familia
Idoia Salazar, profesora de Ética y Deontología de la Universidad CEU San Pablo.
No entres en Internet, sin supervisión. ¡Es peligroso!» ¡Cuántas veces hemos oído o articulado esta expresión dirigiéndonos a nuestros hijos. Unos niños que han nacido con esta tecnología y que ven en ella un mundo por descubrir. Como adultos experimentados conocedores de las bondades y maldades de la Red de redes pero, sobre todo, de estas últimas, nuestra primera reacción es la protección más absoluta: levantar barreras cuanto más altas mejor. En el caso de Internet, la traducción es limitar el acceso a determinados sitios web mediante los llamados «software de control parental». Nuestra intención es lícita y nuestro propósito inteligible. Dentro del núcleo familiar nos puede el instinto de protección.
El problema está cuando observamos que tanta barrera física no logra su propósito… al menos no durante mucho tiempo. Debemos tener en cuenta que jugamos con un elemento que suele escapar a los intentos de limitar, de una forma u otra: la curiosidad infantil. Y este término adquiere un mayor potencial cuando le añadimos la palabra «prohibido». Si levantamos barreras físicas en el ordenador de nuestra casa o en los colegios, muy posiblemente encuentren la forma de evitarlas y ponerse «a explorar» aquello que desconocen y que les resulta tremendamente atractivo… Es el poder de atracción de lo desconocido. Está en su naturaleza.
¿Cuál sería una posible solución? Sin duda una buena educación en tecnología, tanto en el núcleo familiar como en los colegios. El conocimiento, en profundidad, de las ventajas e inconvenientes de internet, de las herramientas de búsqueda disponibles, de los distintos tipos de contenido que aquí podemos encontrar –sin filtros-, daría a los niños y adolescentes una perspectiva diferente del «mundo virtual». Si toman un camino inadecuado, sería con razón de causa –y previendo las consecuencias-, y no de forma inconsciente. Dicho conocimiento les reduciría proporcionalmente su curiosidad compulsiva, y disminuiría su dependencia. Además, potenciaríamos la tan ansiada «confianza» en el seno familiar. Por no hablar de los innumerables recursos útiles que los niños/adolescentes aprenderían navegando por internet sin más límites que su propio razonamiento ético y moral forjado sobre una firme y sólida educación.
Fuente de la noticia: http://www.abc.es/familia/educacion/abci-redes-educacion-versus-prohibicion-201710270947_noticia.html
Fuente de la imagen: http://www.abc.es/media/familia/2017/10/24/IdoiaSalazar-k0pH–620×349@abc.J
Oceanía/Austarlia/Mayo del 2017/Noticias/https://theconversation.com/
The ability of journalists to report without fear is under threat from mass surveillance and data retention.
Released this week, my UNESCO report Protecting Journalism Sources in the Digital Age shows that laws protecting journalists and sources globally are not keeping up with the challenges posed by indiscriminate data collection and the spill-over effects of anti-terrorism and national security legislation.
Examining legal changes to how sources are protected across 121 countries between 2007-2015, I found that calls, text messages, and emails made in the process of reporting are increasingly exposed. In particular, they can be caught up in the nets of law enforcement and national security agencies as they trawl for evidence of criminal activity and terrorism, and conduct leak investigations.
Source protection laws should be updated to protect the online communications of journalists and whistleblowers.
If we do not strengthen legal protections and limit the impact of surveillance and data retention, investigative journalism that relies on confidential sources will be difficult to sustain.
New technologies, new problems
Now that simply using mobile technology, email, and social networks may result in a person being caught up in state and corporate surveillance and data mining, the laws protecting sources and journalists are being seriously undermined.
The study found that source protection laws globally are at risk of being:
trumped by national security and anti-terrorism legislation that increasingly broadens definitions of “classified information” and limits exceptions for journalistic acts
undercut by surveillance – both mass and targeted
jeopardised by mandatory data retention policies and pressure applied to third party intermediaries to release data which risks exposing sources
outdated when it comes to regulating the collection and use of digital data, such as whether information recorded without consent is admissible in a court case against either a journalist or a source; and whether digitally stored material gathered by journalistic actors is covered by existing source protection laws, and
challenged by questions about entitlement to claim protection – as underscored by the questions: “Who is a journalist?” and “What is journalism”?
These threats suggest lawmakers need to think differently when it comes to protecting press freedoms.
In the past, the main concerns of courts and lawmakers was whether a journalist could be legally forced to reveal the confidential source of published information or be the subject of targeted surveillance and search and seizure operations.
Now that data is routinely intercepted and collected, we must find new ways to protect the right of journalists to withhold the identity of their sources.
The Australian metadata threat
Australia’s experience with mandatory metadata collection shows how complicated the question of journalist-source protection can become in a digital era.
This breach was possible because of the country’s mandatory data retention law, which requires phone and internet companies to preserve user metadata for two years, even when there is no suspicion of a crime. This includes information such as when a text message was sent and who received it, but not its content.
Advocates of long-term metadata retention, like Australian Attorney General George Brandis, have insisted the law poses no significant threat to privacy or freedom of expression. When the legislation was enacted in March 2015, it included an amendment that requires government agencies to seek a warrant to access journalists’ communications with sources in certain cases.
Then-Communications Minister Malcolm Turnbull and Attorney-General Senator George Brandis during a press conference introducing the metadata legislation in Canberra, Thursday, Oct. 30, 2014.AAP Image/Alan Porritt
Transparency, however, is not required. Revelation of the existence (or non-existence) of such a warrant is punishable by a two-year jail term. At no point are journalists nor media organisations advised of such an intervention, and there is no opportunity for them to challenge the issuing of a warrant.
In the face of these threats, journalists can take steps to protect their online security and ensure sources have ways to contact them securely. Yet even when they encrypt the content of their source communications, they may neglect the metadata, meaning they still leave behind a digital trail of whom they contacted. This data can easily identify a source, and safeguards against its illegitimate use are frequently limited or non-existent.
Australia’s Press Council chair, professor David Weisbrot has said mandatory data retention legislation risks “crushing” investigative journalism:
I think that whistleblowers who are inside governments or corporations will definitely not come forward because their confidentiality and anonymity will not be guaranteed. If they came forward, a journalist would have to say ‘I have to give you some elaborate instructions to avoid detection: don’t drive to our meeting, don’t carry your cell phone, don’t put this on your computer, handwrite whatever you’re going to give me’.
Australia’s metadata experience shows how legal protections that shield journalists from disclosing confidential sources may be undercut by backdoor access to data.
This also applies to information collected by internet service providers, search engines, and social media platforms. Such companies can, in some circumstances, be compelled by law enforcement to produce electronic records that identify journalists’ sources.
In an interview for the UNESCO study, Privacy International legal officer Tomaso Falchetta said
There is a growing trend of delegation by law enforcement of quasi-judicial responsibilities to Internet and telecommunication companies, including by requiring them to incorporate vulnerabilities in their networks to ensure that they are ‘wire-tap ready’
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