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Manuel Area-Moreira: “La legislación prohibicionista de la tecnología móvil en las aulas es un error”

Por: Regina de Miguel

Prohibir el uso de la tecnología en el aula no protegerá a los menores de sus efectos dañinos; es necesario formar en su uso para que los estudiantes desarrollen una actitud crítica y responsable. Así lo cree Manuel Area-Moreira, que ha hablado de este y otros temas en esta entrevista.

El uso de las pantallas en las aulas ha ocasionado en los últimos tiempos una importante división entre aquellos que las defienden y los que que están en contra de ellas: mientras que los primeros destacan que se fomenta un aprendizaje personalizado, se desarrollan habilidades digitales o se garantiza el acceso a una mayor cantidad de recursos educativos, los segundos hablan de que los dispositivos tecnológicos afectan a la concentración o generan dependencia. Manuel Area-Moreira, catedrático de Tecnología Educativa de la Universidad de La Laguna (Tenerife) e investigador principal del Laboratorio de Educación y Nuevas Tecnologías (EDULLAB), defiende que lo que hay que hacer es formar a los estudiantes para que desarrollen un espíritu crítico, y sean capaces de interactuar con la tecnología, en especial con la inteligencia artificial, de un modo eficaz y seguro.

Pregunta: ¿Qué opina del acalorado debate que ha habido en redes y medios de comunicación en los últimos meses sobre el uso de tecnología en las aulas?

Respuesta: Hay demasiado ruido mediático y mucha confusión en este debate. Es comprensible el malestar y preocupación de las familias y de los docentes ante los efectos nocivos provocados por la sobreutilización de las pantallas por niños y adolescentes, pero considero que es un error la legislación prohibicionista de la tecnología móvil en las aulas. Lo preocupante (y criticable) es que este conjunto de regulaciones administrativas se plantea sin que ofrezcan simultáneamente medidas de actuación educativa ante los problemas enunciados. Subyace la creencia, ingenua a todas luces, que vetando o proscribiendo la presencia de las tecnologías móviles en los espacios escolares se protegerá, de forma casi mágica, a los menores de edad de los efectos dañinos de dichos dispositivos. Tampoco existe ninguna evidencia científica que impidiendo el uso de la tecnología en las aulas el alumnado mejorará su aprendizaje, o que evitará sus efectos negativos como son la tecnoadicción, el consumo de contenidos inapropiados o el ciberbullying. Estas prácticas nocivas de uso de la tecnología por adolescentes ocurren en el tiempo extraescolar, no en los centros educativos. En otras palabras, prohibir los móviles en las aulas no es la solución pedagógica más adecuada.

«Los docentes deben formar a los estudiantes como personas que tienen un equilibrio emocional para usar de manera consciente y autorregulada las redes sociales»

P: ¿Qué habilidades necesita desarrollar el profesorado ante la progresiva digitalización de las aulas? 

R: Todo docente, además de dominar el contenido o conocimiento que enseña, debe ser competente didácticamente, es decir, ser capaz de crear las condiciones para facilitar la adquisición del conocimiento por el alumnado. Tiene que ser, asimismo, competente digitalmente y poseer los saberes y las capacidades para utilizar la tecnología con fines pedagógicos. Esta competencia digital consiste en crear materiales didácticos en formato digital, planificar y desarrollar proyectos y actividades de aprendizaje a través de los recursos de Internet, tutorización y evaluar a su alumnado empleando las herramientas tecnológicas, autoformarse y colaborar online con otros colegas docentes, entre otras.

P: ¿Y los desafíos a los que se enfrenta?

R: El principal desafío docente es formar a su alumnado para que sean personas competentes, cultas y críticas que sepan desenvolverse exitosamente en la complejidad cultural y técnica de la sociedad digital. Esto es lo que se conoce como la formación o alfabetización para el desarrollo de la competencia digital del alumnado. Esta competencia no consiste solo en que los estudiantes aprendan a manejar aparatos tecnológicos y software, sino en desarrollar las habilidades intelectuales de alto nivel cognitivo (crear, analizar, comparar, seleccionar, reelaborar) que les permitan interactuar con la información y el conocimiento disponible en el ciberespacio. También debe formarse al alumnado para que sea un sujeto con actitudes, valores y compromiso con los demás. Paralelamente también implica formarles como personas con equilibrio emocional para el uso consciente y autorregulado de las redes sociales y tecnológicas.

Manuel Area-Moreira

P: ¿Qué limitaciones percibe en el uso de las tecnologías en estos momentos?

R: Más que limitaciones, diría que existen usos disfuncionales de la tecnología como son la excesiva dependencia y cantidad de tiempo conectados a la misma por parte de los menores de edad, el acceso a contenidos perniciosos o nocivos (violencia, pornografía, apuestas, acosos, etc.), difusión acelerada del narcisismo o exhibición pública de la vida privada, el consumo y aceptación acrítica de ideas y noticias falseadas… Todo esto son fenómenos preocupantes ante el sobreuso de las redes tecnológicas y necesitan respuestas educativas tanto desde las escuelas como desde los hogares.

P: ¿Cómo introduciría las TIC para garantizar un aprendizaje significativo y personalizado? 

R: Hace ya tiempo que sabemos que las TIC, por sí solas, no generan automáticamente aprendizaje en los estudiantes. Ocurre si detrás de la introducción de las TIC en el aula, el docente tiene un planteamiento pedagógico que estimule que el alumnado aprenda de forma activa, constructiva y experiencial. Esto supone articular planificaciones y metodologías didácticas donde se le pida al alumnado que sea un creador de objetos digitales de conocimiento (en formato texto, vídeo, audio…) que pueden compartirse y difundirse en Internet, favoreciendo el trabajo colaborativo y grupal tanto con sus compañeros de clase como con estudiantes de otros centros.  Las TIC deben ser utilizadas, didácticamente como recursos que facilitan y permiten al alumnado ser creadores del conocimiento y no meros consumidores del contenido que les proporcionen las pantallas.

«Las TIC garantizan un aprendizaje significativo y personalizado si el docente tiene un planteamiento pedagógico que estimule que el alumnado aprenda de forma activa, constructiva y experiencial»

P: ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de elegir plataformas y herramientas digitales?

R: En la selección de plataformas o herramientas digitales para ser empleadas educativamente debemos estar atentos a que las mismas cumplan una serie de requisitos básicos de respeto a la privacidad de los datos e informaciones personales. Necesitamos plataformas y herramientas digitales que no se apropien y exploten comercialmente los datos generados por los agentes educativos, sino que las mismas sean transparentes y estén al servicio de las necesidades del profesorado y alumnado.

P:¿Qué tecnologías tendrán un impacto mayor en la educación en los próximos años?

R: No soy profeta, pero es predecible que las tecnologías denominadas inteligentes son las que se extenderán e impactarán en los próximos años tanto en nuestra sociedad como en el ámbito educativo. Conceptos como las analíticas del aprendizaje, la tutorización automatizada, la personalización o individualización del aprendizaje, la automatización de los procesos instructivos… probablemente empezarán a estar generalizados en el campo educativo. Asimismo, creo que se producirá un aumento de las modalidades formativas híbridas que supongan una mezcla o combinación de situaciones de enseñanza presencial con espacios de aprendizaje virtuales.

P: En el caso de la inteligencia artificial. ¿Cómo puede esta tecnología mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Cuáles son los retos más inmediatos que debe abordar?

R: Actualmente existen numerosas promesas, expectativas y herramientas sobre las aplicaciones de la Inteligencia artificial (IA) en la educación. De hecho, es muy fácil localizar actualmente en Internet cientos de apps que permiten a los docentes y al alumnado de forma automatizada y fácil crear imágenes, generar videos e infografías, traducir idiomas, elaborar resúmenes, redactar ensayos, planificar proyectos, etc.

«El peligro está en que los estudiantes plagien y asuman de modo acrítico lo que les digan las máquinas»

Mi punto de vista es que nos falta o carecemos de un planteamiento o modelo de actuación educativa para integrar didácticamente estas herramientas inteligentes en los procesos de enseñanza. No tiene sentido pedir a los estudiantes las mismas tareas intelectuales que se les solicitaba en los tiempos previos a la IA, ya que estas máquinas se las resuelven en poco tiempo y no suponen un esfuerzo cognitivo relevante en el aprendizaje.

El peligro está en que los estudiantes plagien y asuman de modo acrítico lo que les digan las máquinas. Por ello los nuevos retos formativos son que el alumnado aprenda a formular preguntas y sepa dar las instrucciones necesarias a la IA para que les ofrezca respuestas necesarias y apropiadas para resolver problemas específicos. Que el alumnado aprenda a desarrollar una actitud y de análisis crítico ante las respuestas que proporcione una IA y dialogue con la misma; que sepa que esta tecnología comete errores y por tanto debe verificarse la información que proporciona; y tome conciencia que es una herramienta de apoyo, pero que lo relevante son las personas quienes generan el conocimiento.

Fuente e Imagen: https://www.educaciontrespuntocero.com/entrevistas/manuel-area-moreira/

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La universidad, un proyecto cultural frágil

Por: Miguel Ángel Casillas

Las universidades surgieron en Europa en el siglo XII como entidades especializadas en la producción y difusión de los conocimientos. Así llegaron al continente americano, con la conquista y las colonias. Con las independencias nacionales se fueron configurando los sistemas de educación de muy diversas maneras, asociando a las universidades con el desarrollo y el avance político de las sociedades. En América Latina además de la enseñanza y la investigación, se incorporó desde principios del siglo XX a la difusión cultural como una función específica de las universidades.

A lo largo de su historia, las universidades han tenido que luchar por defender su autonomía para pensar, investigar, debatir, enseñar, y divulgar sus conocimientos con libertad. La independencia y la autonomía se han defendido siempre frente al poder: el poder económico de terratenientes, empresarios, comerciantes y banqueros; el poder religioso y de las iglesias; y el poder político de los príncipes, los tiranos, los partidos y los gobernantes. El problema del conocimiento científico es que no puede ser limitado por ninguna ideología ni por religión alguna, porque no sostiene verdades eternas, porque todo lo cuestiona, porque se alimenta del rigor, la objetividad y la crítica.

En América Latina y específicamente en México la defensa de la autonomía es un problema recurrente, las universidades y el resto de las instituciones de educación superior, son frecuentemente objeto de intervenciones de cualquier índole. En este artículo quisiera resaltar tres casos de orden político:

En Chihuahua, en el contexto del anterior gobierno del PAN, en el seno de la Universidad autónoma, se venía desarrollando un muy importante y significativo proceso de reforma académica que, con amplia participación de la comunidad, generaba una nueva forma organizacional transitando del viejo sistema de las facultades hacia divisiones interdisciplinarias; de la enseñanza tradicional hacia un nuevo modelo educativo que incluía el uso intensivo de las TIC, la valoración de los derechos humanos y el desarrollo de una conciencia ambiental que ha sido referencia hasta de la UNESCO. En el contexto del nuevo gobierno del PAN, fue desplazado el rector y se ha generado una situación de involución en la que se ha determinado una vuelta al pasado, a los viejos planes de estudio en el antiguo sistema de facultades.

En Guadalajara no son infrecuentes los conflictos entre la Universidad y el campo político a lo largo de su historia. En la actualidad, la Universidad lleva desarrollando un largo movimiento de defensa de su patrimonio que es ejemplar. En el contexto de la pandemia, el gobierno decidió utilizar fondos económicos por muchos millones de pesos que estaban destinados a la Universidad para financiar un hospital. Desde entonces, cada vez con mayor participación de estudiantes y profesores, con mayor intensidad en sus demandas, el clima político en Jalisco se degrada y la Universidad sostiene su largo movimiento de defensa por recuperar su patrimonio.

La fragilidad de estas instituciones no sólo es un problema nacional, la Universidad de San Carlos en Guatemala ha sido objeto de una intervención directa del campo político sobre su vida institucional. Violando todas las reglas y sofisticados procesos que tiene la Universidad para renovar su rectoría, a espaldas de la comunidad, con apoyo de la policía y de golpeadores, se ha impuesto a un nuevo rector ligado a las cúpulas de siempre.

El sometimiento de la vida universitaria por parte de cualquier poder que no sea el académico supone una victoria pírrica de los gobernantes, las iglesias o los dueños del dinero, que siempre resulta contraproducente para las sociedades y los pueblos. Estos poderes pueden en efecto subordinar a la universidad y hasta someterla, pero si ya era un absurdo por querer contravenir a su naturaleza, en el contexto de la sociedad del conocimiento es casi un suicidio para cualquier estado o país.

Las universidades son instituciones sociales frágiles, que requieren ser conservadas y protegidas para que puedan realizar sus funciones y desarrollar su vida institucional sin intervenciones, con libertad, con la fuerza que dan los argumentos y la crítica académica, con sus formas colegiadas para la gestión y el gobierno. Para poder consolidarse, necesitan de apoyos financieros y respeto a su vida interna, necesitan libertad para pensar y para poner cualquier idea en entredicho.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/la-universidad-un-proyecto-cultural-fragil/

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Ministerio y CCAA tienen año y medio para certificar a 560.000 docentes en su competencia digital

Por:

España tiene hasta el tercer trimestre de 2024 para acreditar la competencia digital docente dentro del marco publicado el pasado mes de mayo. Hablamos con Julio Albalad, director del Intef, sobre cómo se hará ese proceso de acreditación y formación para que 560.000 docentes de todo el país puedan tener algún tipo de certificado que, a la postre, podría valerles de cara a las oposiciones, los traslados o el acceso a determinados puestos.

La Comisión Europea tiene unos plazos «cortos». Para finales de 2024 España debe poder justificar una buena cantidad de capital que aporta Europa para el Fondo de Recuperación y Resiliencia que está vinculado a la formación del profesorado en competencias digitales.

La pandemia ha sido la gran excusa para que España (aunque no solo) intente un nuevo empujón en la digitalización de las aulas. Después de las enormes dificultades de todo tipo que vivieron docentes y estudiantes para conectarse y seguir las clases con «normalidad» de marzo a junio de 2020, el Ministerio ha puesto sobre la mesa una enorme cantidad de capital para que haya equipos informáticos suficientes (a pesar de los muchos retrasos habidos) y, al mismo tiempo, ha adquirido un compromiso con la Comisión para certificar al 80 % de todo el profesorado (de la pública y la concertada y privada: unos 560.000 docentes) antes de que termine 2024.

Hablamos con Julio Albalad, director del Intef y uno de los máximos responsables del documento que en el mes de mayo se aprobó y en el cuál se define, paso a paso, el Marco de Competencias Digitales Docentes (que Albalad asegura que es pionero en Europa, puesto que España es el primer estado que desarrolla el marco europeo). Un extenso y pormenorizado documento que establece tres niveles (parecidos a los del marco europeo de las lenguas) que servirá, eventualmente, de guía para saber en dónde se encuentra cada quién y hasta dónde puede aspirar en su formación.

Desde un nivel A1 hasta un C2, pasando por las B. Un viaje a lo largo de diferentes grados de formación y dedicación, de evaluación y demostración de unas competencias que deberían llevar a buena parte del profesorado hacia la mejora de sus competencias en el uso de las tecnologías digitales y, por ende, a la enseñanza del estudiantado.

Según explica Albalad, la certificación se llevará a cabo de diferentes maneras, dependiendo del nivel de cada quien, ya que supondrá diferentes perspectivas.

Acreditación

Una de las preguntas clave, si la certificación no es obligatoria, como no lo es tener claro en qué nivel del marco se está, ni estar en el marco siquiera, es cómo se va a conseguir un objetivo tan ambicioso en tan poco tiempo. Albalad tiene parte de la respuesta: «Más allá de que queramos que el docente se forme, también incentivamos a que se acredite esa competencia digital». Es decir, las administraciones están pensando un sistema de incentivos. «No lo hemos desarrollado, pero la idea sería poder utilizarlo en el concurso de traslados, en relación con la interinidad, para acceder a según qué puestos».

A pesar de los incentivos, no será fácil. Esta semana, según cuenta a este periódico, se publicará en el BOE el acuerdo definitivo que supondrá el pistoletazo de salida para que las comunidades autónomas y el propio Ministerio puedan desarrollar los diferentes procesos de acreditación e incentivo. Esa publicación les dará un año para desarrollar esa acreditación, pero el objetivo, confirma Albalad, es que a finales de este año «antes de final de año, tengamos la norma aprobada» («nosotros trabajamos con un borrador y las comunidades autónomas también», asegura).

En cualquier caso, la acreditación dependerá del nivel en que cada cual crea encontrase. Los iniciales (A1 y A2), explica el responsable del Intef, se acreditarán, principalmente, mediante los estudios universitarios conducentes a los títulos de Magisterio o de Secundaria. Se está negociando con Universidades, con la CRUE y la Conferencia de Decanas y Decanos de Educación, así como con las autonomías, que tienen competencias en estas áreas también. La idea sería que las universidades  pudieran, por ejemplo, certificar que mediante sus grados y másteres se obtiene, por ejemplo, de 80 % de alguna o algunas áreas de las dispuestas en el marco.

Esto forma parte, no tanto del proceso de acreditación hasta 2024, sino de la segunda fase, pensada para hacer de este sistema algo sostenible en el tiempo más allá de los fondos europeos que marcan ahora los esfuerzos.

Además de estos estudios, también se plantea la posibilidad de realizar convocatorias cada cierto tiempo para que las personas interesadas acudan a certificar sus conocimientos de los niveles inferiores. También se está pensando en fórmulas de formación permanente del profesorado, muy modulares y que ofrezcan suficiente flexibilidad para que las curse el profesorado y así vaya certificando.

El paso siguiente, el nivel B (1 y 2) exigiría evaluaciones diferentes. Se podrían mantener las pruebas de acreditación con preguntas aleatorias, pero aquí ya no se podría cumplir solo con los títulos universitarios. Esto es así porque el nivel B ya requiere un uso dentro del aula, autónomo, de las tecnologías digitales. Por eso habría que presentar otro tipo de prueba.  «Tengo que comprobar que el docente lo aplica en el aula; necesito una muestra, una evidencia de que lo ha hecho en el aula», explica Albalad. Sí se mantendría la formación desde el Intef o los centros del profesorado de las comunidades autónomas, «en la que se incluyera esa puesta en práctica».

Por último, el nivel C, correspondiente a quienes tienen un conocimiento mayor (lo que podríamos denominar como coordinadora o coordinador TIC), tendrían otro proceso de acreditación. El proceso podría pasar por la presencia de una tercera persona en el aula para comprobar cómo se trabaja con las tecnologías digitales; se atendería también a las publicaciones que pudiera haber hecho el o la docente, a la formación que haya realizado.

En cualquier caso, aclara el director del Intef, «el marco no está hecho para que el camino del docente sea empiezo en el A1 y acabo en un C1». La lógica, más alla de saber en dónde está cada quién, es conocer los pasos para que la mayor parte esté en el nibel B, el intermedio.

Inventivos

Esta seguramente es una de las partes primordiales para el profesorado. Tanto el Ministerio, vía Intef, como las administraciones autonómicas se están planteando una serie de incentivos para empujar al profesorado a que se acredite dentro del Marco de competencias digitales.

Aunque no afirma con rotundidad cuáles serán esos incentivos, sí da algunas pinceladas de por dónde podrían ir los tiros: para los concursos de traslados y para las oposiciones; para los procesos de estabilización de plantilla o para acceder «a puestos específicos, como un coordinador TIC», comenta o, como el caso de los «asesores técnicos docentes», profesionales de la educación que, como él mismo, trabajan para las administraciones (central o autonómicas). «Podría ser una manera de animar a la gente para que saque la acreditación».

Y es que este proceso se la juega a pocas más cartas, puesto que no es obligatorio para el profesorado y sí para el Estado (por aquello de justificar una parte de los fondos de recuperación y resiliencia).

Usos de la tecnología

La pandemia, y principalmente el confinamiento, han sido, como se decía más arriba, un importante acicate para las industrias de la tecnología y para que las administraciones se pongan las pilas en algunas cuestiones. Una de ellas es precisamente esta de la formación del profesorado. Durante décadas los programas de implementación de las TIC han pasado, principalmente, por la compra de dispositivos a los que, en mayor o menor medida, el profesorado intentaba sacarles partido, con más o menos acierto. Ahora, con el Marco sobre la mesa, al menos, hay unos estándares que todo el mundo conoce y un camino por el que transitar.

Entre las preocupaciones de este documento se encuentran, en buena medida, temas relacionados con la propiedad intelectual pero, también, con el buen uso de las tecnologías. El documento pone el foco en el trabajo del profesorado para conseguir ciertos niveles, pero también apunta a qué se debe trabajar con el alumnado. Y el buen uso está ahí.

La pandemia también nos enseñó a todos, y al profesorado muy particularmente, los problemas que acarrea una conexión prácticamente 24/7 con su alumnado y las familias. El derecho a la desconexión flota por sobre el marco de competencias en algunos puntos, como aquel en el que se habla de la posibilidad de realizar labores de orientación mediante herramientas digitales. Algo que recuerda a ese horario extendido del confinamiento.

Albalad asegura que lo que se pretende con el marco es ese buen uso de las tecnologías. Primero, asumido por el profesorado y, después, transmitido por este, al alumnado. El derecho a la desconexión estaría ahí presente.

También, en lo relativo a la protección de docentes y chicas y chicos; la protección de sus datos personales que, también por mor de la pandemia y el confinamiento, han provocado que cientos de millones hayan sido monitorizados por empresas tecnológicas de toda condición. Al menos, así se desprendía de uno de los últimos informes de Human Rigths Watch de hace algunas semanas.

Protección de datos

Albalad asegura que en aquel tiempo, los esfuerzos del Ministerio fueron en la senda de proteger la intimidad de la comunidad educativa. Que los convenios que se firmaron entonces vigilaban que los datos de las personas fueran opacos, no solo para las empresas suministradoras de servicios, sino para la propia administración también.

«La protección de datos está en el documento del marco y queremos que sea algo que los docentes interioricen», afirma el máximo responsable del Intef. Albalad cree que una acción importante que pueden realizar desde el instituto de tecnología educativa es el de asesorar al profesorado sobre los pros y contras de utilizar determinadas herramientas con el alumnado.

«Hay muchas aplicaciones gratuitas que el docente usa con su buena intención», comenta. Por eso «valoramos la posibilidad de crear un grupo que se dedicase a evaluar esas aplicaciones», de cara a facilitar al profesorado el no leerse las 300 páginas de las normas de confidencialidad y uso de los datos de cada empresa en un intento por saber si se cumple la normativa europea de protección de datos. «No para decirle al docente que no lo use, sino para decirle que los datos en cierta aplicación van a acabar en California para estar a disposición de la empresa tal».

Fuente e Imagen: https://eldiariodelaeducacion.com/2022/07/05/ministerio-y-ccaa-tienen-ano-y-medio-para-certificar-a-560-000-docentes-en-su-competencia-digital/

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El Premio UNESCO para la Utilización de las TIC en la Educación recompensa proyectos en la India y en Tanzania que garantizan la continuidad del aprendizaje

El Premio UNESCO-Rey Hamad Bin Isa Al-Khalifa 2021 para la Utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Educación se otorgó al programa “Iniciativas para una educación inclusiva y accesible durante la pandemia de COVID-19”, llevado a cabo por el Instituto Central de Tecnologías Educativas (CIET) del Consejo Nacional de Investigación y Formación Educativa de la India, y al “Programa Educativo Digital”, ejecutado por Ubongo, en la República Unida de Tanzania. Cada uno de los galardonados recibirá 25.000 dólares estadounidenses como recompensa por la utilización creativa de las tecnologías con miras a desarrollar sistemas de aprendizaje inclusivos y resilientes ante las crisis.

Se hizo entrega del Premio a los galardonados durante una ceremonia que tuvo lugar el 24 de junio en la Sede de la UNESCO, así como a los cuatro galardonados de las ediciones de 2019 y 2020.

La edición de 2021 está dedicada a un tema cuya importancia puso de manifiesto la pandemia de COVID-19. Premia a los proyectos que han utilizado la tecnología para poner en marcha programas pedagógicos que garantizan eficazmente la continuidad y la calidad del aprendizaje durante las perturbaciones de la educación.

El Jurado Internacional examinó 111 candidaturas presentadas por 58 Estados Miembros de la UNESCO y ocho ONG que mantienen relaciones oficiales con la Organización, y recomendó estos dos proyectos para recompensar los resultados obtenidos en cuanto a la utilización de las tecnologías al servicio de la educación mediante la adopción de diversas soluciones digitales, el suministro de contenidos adaptables y de alta calidad, y la posibilidad de llegar a una gran cantidad de alumnos, especialmente de las comunidades desfavorecidas.

El Instituto Central de Tecnologías Educativas (CIET) del Consejo Nacional de Investigación y Formación Educativa de la India ha reforzado una serie de programas durante la pandemia de COVID-19 para garantizar la continuidad y la calidad del aprendizaje, algo que ha beneficiado a más de 1,5 millones de escuelas, 240 millones de estudiantes y 8,5 millones de docentes. Los programas de aprendizaje digital se hicieron accesibles a través de diversos medios de comunicación, como la televisión y la radio, y plataformas en línea para estudiantes, profesores y administradores educativos. Las iniciativas permitieron un aprendizaje flexible y personalizado, que tuvo en cuenta las necesidades especiales de los alumnos con discapacidades y de los estudiantes de las regiones rurales de la India.

El programa pedagógico digital de Ubongo, presentado en Tanzania en 2014, ha difundido más de 300 archivos de televisión y radio en ocho idiomas locales en 18 países del África subsahariana, con el objetivo de proporcionar un aprendizaje eficaz y adaptado a los niños en edad escolar y a sus padres sacando provecho del poder de las tecnologías y el entretenimiento. Ubongo es una de las iniciativas de entretenimiento educativo más importantes en África, que desarrolla, adapta y distribuye nuevos contenidos con miras a hacer frente a las perturbaciones de la educación y garantizar el aprendizaje en casa y una enseñanza adaptada a cada contexto, por ejemplo, para los refugiados y los niños que se recuperan de traumas.

Creado en 2005 con el apoyo del Reino de Bahrein, el Premio recompensa cada año a personas y organizaciones que mejoran la enseñanza, el aprendizaje y el rendimiento escolar en general.

Fuente: https://www.unesco.org/es/articles/el-premio-unesco-para-la-utilizacion-de-las-tic-en-la-educacion-recompensa-proyectos-en-la-india-y

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ESPECIAL: Cuba apuesta por el desarrollo de la robótica educativa desde la comunidad

América Central/Cuba/20-05-2022/Autor(a): Alien Fernández y Fuente: Spanish.xinhuanet.com

Cuba impulsa el desarrollo de la robótica educativa desde edades tempranas a través los Joven Club de Computación y Electrónica, centros tecnológicos que tienen el propósito de familiarizar a los cubanos con las nuevas tecnologías.

Desde finales del 2020 el país caribeño dispone de 26 laboratorios de robótica en los más de 600 Joven Club de la isla, fundados en 1987 por iniciativa del fallecido líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro (1926-2016).

Brianna Alfonso, quien cursa el séptimo grado en la escuela Secundaria Básica Rafael Carini del municipio Arroyo Naranjo, al sur de La Habana, se integró a uno de esos talleres que promueven la robótica educativa.

Los padres de Brianna son médicos y ella sueña con ser bióloga, pero piensa optar por una carrera que satisfaga ambas vocaciones, por eso, ella quiere estudiar Biología y especializarse en la biorrobótica.

La adolescente obtuvo en abril del presente año el Gran Premio en la segunda edición de la Competencia Online de Robótica Comunitaria, organizada por los Joven Club.

«Diseñé una muñeca a la que se le conecta una prótesis de mano mediante un módulo de bluetooth con varios sensores. Logra mover la cabeza, enciende la luz y agarra y suelta objetos, como vasos», explicó la estudiante a Xinhua.

Brianna es un ejemplo del empeño de los Joven Club en Cuba por cumplir con las políticas internacionales en función del desarrollo de la tecnología que favorezcan la inclusión y accesibilidad de niños, jóvenes y adultos mayores.

«Los niños han llevado al videojuego, por ejemplo, las buenas prácticas asociadas con la COVID-19, y han podido aprender de la tecnología de conjunto con las temáticas de la salud», comentó a Xinhua José Carlos Cruz, Director Adjunto de los Joven Club en Cuba.

Las tecnologías asociadas a la robótica son parte de la estrategia nacional asociada a la informatización, devenida ahora en transformación digital, dentro del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030.

El Gobierno cubano insiste en que un paso importante para la transformación digital del país debe darse desde el barrio, de ahí que la isla fomente el concepto de municipio inteligente.

Arroyo Naranjo es uno de los municipios que aprovecha las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

En este lugar tiene sede el proyecto Info Robótica, impulsado por el ingeniero eléctrico Francisco García, donde los niños se incian en el mundo de la robótica a través de técnicas de programación en bloque.

Francisco, quien es dueño del negocio privado Automática Valle, donó los primeros equipos para abrir el proyecto educativo de conjunto con el Joven Club del territorio, porque, según él, es necesario el desarrollo de las nuevas tecnologías e internet para que un país sea sostenible económicamente.

«A través de la robótica educativa, el scratch, donde no tienen que programar códigos, los niños desarrollan habilidades de aprendizaje en la lógica del pensamiento», aseguró.

Pero el avance de esta ciencia tiene que enfrentarse a las dificultades económicas para acceder a la tecnología, patentes y otros componentes, debido, fundamentalmente, a los altos precios y al bloqueo impuesto a la nación caribeña por el Gobierno de Estados Unidos.

Gracias a una donación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), hace poco más de un mes adquirieron un kit propio de robots making block programables y un robot Tobi, ambos utilizados para actividades dirigidas también a niños sin amparo filial y con discapacidades intelectuales.

Según Higinia Mayeta Padrón, coordinadora del programa de desarrollo de la robótica en La Habana, el proyecto ha tenido un gran impacto en la comunidad.

«Queremos seguir ampliando este proyecto, los niños a través de la robótica juegan y aprenden, han llegado a programar sus propias aplicaciones para determinar las acciones de los robots. Les brindamos la oportunidad de emplear el tiempo libre en una actividad sana, útil y vinculada a las nuevas tecnologías», aseguró la también máster en Ciencias.

El proceso de informatización en Cuba se aceleró desde el año 2015, a partir de un mayor despliegue de infraestructura y de acuerdos de cooperación internacional a nivel político, operacional y técnico.

Actualmente el país cuenta con más de 7,5 millones de usuarios de internet, de ellos el 80 por ciento se conecta a través de dispositivos móviles, y la cobertura 4G llega al 49 por ciento de los consejos populares del país y a todas las capitales provinciales.

Fuente e Imagen: http://spanish.news.cn/2022-05/19/c_1310597976.htm

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Los derechos digitales de los universitarios

Por: Miguel Ángel Casillas

Una nueva agenda de reivindicaciones universitarias emerge como consecuencia inmediata de la pandemia. En la educación superior se perfilan como necesarios un nuevo tipo de derechos no definidos con anterioridad, propios de esta nueva época. Se trata de reivindicar una serie de derechos digitales para los universitarios que ayuden a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.

La primera y más contundente consideración es que desde hace más de veinte años se desarrolla una intensa revolución tecnológica en todas las actividades humanas, en las profesiones y en las prácticas académicas y que asociado con ella ha emergido una nueva cultura digital que atraviesa todos los sistemas simbólicos, las creencias y representaciones sociales: en esta intensa transformación las universidades y los universitarios juegan un dinámico papel.

Una segunda consideración de carácter histórico son los cambios ocurridos durante la pandemia, que hicieron que las clases, las actividades académicas, culturales, de divulgación y administrativas migraran al espacio virtual; que las TIC fueran el soporte del trabajo y del estudio, de la comunicación y el intercambio académico.

También habríamos de observar el incremento de las desigualdades que resultó de la pandemia. A las viejas desigualdades sociales se les sumaron las que tienen que ver con la muy desigual distribución del capital tecnológico, en el acceso a los recursos tecnológicos, en el grado de dominio y las disposiciones incorporadas con que cuentan los estudiantes y profesores.

Ya habíamos enunciado en Educación Futura que precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que podemos formular un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:

Derechos de libertad. Comprenden lo derechos y libertades en el entorno digital universitario, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, para garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital. Se trata de garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en el entorno digital universitario, de condenar la discriminación, el racismo y otras formas de exclusión social. Al mismo tiempo, de garantizar el derecho a la identidad en el contexto digital; las universidades deberán ofrecer garantías necesarias que permitan la verificación segura de la identidad en el entorno digital con la finalidad de evitar manipulaciones, suplantaciones, o control de la misma por parte de terceros. Las universidades deben garantizar la protección de los datos personales de los universitarios. En el entorno digital universitario, la localización y los sistemas de análisis de personalidad o conducta que impliquen la toma de decisiones automatizadas o el perfilado de individuos, o grupos de individuos, únicamente podrán realizarse en los casos permitidos por la normativa vigente y con las garantías adecuadas en ella dispuestas. En cuanto a la ciberseguridad, todo universitario debería tener derecho a que los sistemas digitales de información que utilice para su actividad personal, profesional o social, o que traten sus datos o le presten servicios, posean las medidas de seguridad adecuadas que permitan garantizar la integridad, confidencialidad, disponibilidad, resiliencia y autenticidad de la información.

Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital universitario, el derecho de acceso a Internet. Se trata de garantizar que el derecho y el principio a la igualdad sea aplicable en los entornos digitales, incluyendo la no discriminación y la no exclusión. Deberíamos promover la igualdad efectiva de mujeres y hombres en entornos digitales y fomentar que los procesos de transformación digital apliquen la perspectiva de género adoptando, en su caso, medidas específicas para garantizar la ausencia de sesgos de género en los datos y algoritmos usados. Además, las universidades deberán impulsar políticas dirigidas a garantizar el acceso efectivo de todos los universitarios a los servicios digitales institucionales, garantizarán el derecho a la no exclusión digital y combatirán las brechas digitales en todas sus manifestaciones. Las universidades deberán promover las condiciones necesarias para garantizar la accesibilidad universal de su comunidad a los entornos digitales, en particular a las personas con discapacidad.

Derechos de participación en la vida universitaria. Comprenden el derecho a la neutralidad de Internet y la garantía de las instituciones para tratar el tráfico de datos de manera equitativa sin discriminación, restricción o interferencia. Garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz. Promover el derecho a la participación universitaria por medios digitales deberá permitir el pleno y efectivo acceso a la información del proceso en cuestión; permitir y garantizar la plena transparencia y rendición de cuentas de las personas implicadas; garantizar las condiciones de igualdad y no discriminación participativa, lealtad institucional y justa y equilibrada competitividad; y garantizar la accesibilidad de los sistemas digitales de participación universitaria. Esta serie de derechos se completa con el derecho a la educación digital y con la definición de los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.

Derechos laborales. Se trata de definir los derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores que se asocian con el trabajo a la distancia, con las clases virtuales e híbridas, con la ampliación de las jornadas laborales, de la definición de las condiciones del trabajo y de la capacitación tecnológica.

Estos cuatro ejes enuncian sucintamente una agenda de trabajo que tendrá que ser atendida de manera colectiva por los universitarios en el marco específico de sus instituciones. La precisión y consagración normativa de los derechos digitales puede ser un indicador de la modernización tecnológica de las universidades.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/los-derechos-digitales-de-los-universitarios/

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Nuevos derechos para los universitarios

Por: Miguel Ángel Casillas

Mucho ha avanzado el país con la promulgación de la Ley general de educación superior que impulsa la gratuidad y la ampliación del acceso a estos bienes culturales. También como resultado de esa Ley seguramente avanzaremos en la conformación de espacios libres de violencia, de igualdad entre géneros, de respeto y valoración de la diversidad.

La nueva Ley abre un horizonte promisorio de desarrollo para la educación superior, siempre y cuando, sus preceptos y objetivos se vuelvan una realidad. Ojalá y las políticas públicas que impulse el gobierno se orienten hacia estos objetivos y traten de diseñar estrategias y cursos de acción que superen la situación actual.

Sin embargo, no podemos abstraernos del presente y suponer que después de la pandemia no ha cambiado nada. Por el contrario, como resultado de los evidentes problemas, pero también de los avances y ventajas obtenidos, es que emerge una nueva agenda de derechos digitales para los universitarios que ayude a encuadrar el uso de las TIC en la educación superior con un sentido progresista.

Después de dos años de pandemia se amplió y masificó el uso de los recursos tecnológicos en la educación superior: las clases a la distancia y el uso de plataformas digitales para los seminarios, reuniones, congresos, presentaciones de avances, defensas de tesis y exámenes profesionales se volvieron familiares y parte de la vida cotidiana. Se fortalecieron los repositorios y se amplió la capacidad de acceso a libros y revistas en formato digital; desaparecieron las antologías en fotocopias y las bibliografías son accesibles de modo integral en formatos pdf. Además de los recursos convencionales, se amplió el acceso a conferencias, videos, tutoriales y una amplia gama de recursos educativos virtuales. Muchos profesores han preparado videos, ejercicios y actividades de aprendizaje para sus alumnos y los han subido a distintas plataformas. De manera cotidiana se aplican formularios electrónicos, se realizan evaluaciones y se aplican exámenes en formatos digitales, y de modo presencial, pero a la distancia a través de videoconferencias. Todos los profesores y estudiantes hemos dejado de compartir documentos en papel y utilizamos documentos y compartimos archivos digitales para tareas, ejercicios, avances de investigación y tesis. La comunicación cotidiana entre profesores, entre estudiantes, y entre profesores y estudiantes se realiza a través de dispositivos electrónicos y en plataformas y redes sociales. En cada clase hay un grupo de WhatsApp y se usa de modo frecuente Facebook como herramienta. Por su parte, la gestión y la administración se ha transformado, los procesos y procedimientos se han automatizado y luego digitalizado. En cuanto al gobierno hubo avances relativos a la apertura y publicidad de las sesiones de los órganos colegiados, a la transparencia y la ampliación de los espacios virtuales de participación de la comunidad en la gestión. Durante la pandemia, la divulgación y comunicación científica y académica sobrevivió y fue accesible sólo en los formatos electrónicos. La difusión cultural y las actividades artísticas adoptaron un formato digital.

Ya antes de la pandemia era evidente que en el contexto universitario actual es imposible sustraerse a tres dinámicas entrelazadas: el despliegue de la cultura digital, el uso masivo de dispositivos electrónicos, y la explosión de software disciplinario que experimentan los campos de conocimiento. Después de la pandemia es todavía más difícil sustraernos a esa dinámica y suponer que en el mundo habrá involución.

Precisamente en ese contexto, es que teniendo como fuente de inspiración la consulta a la ciudadanía que se desarrolla en España (https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/actividades/Documents/2021/140721-Carta_Derechos_Digitales_RedEs.pdf) es que puede emerger un listado inicial de derechos digitales que habríamos de exigir los universitarios en México. En principio enunciamos al menos cuatro ejes principales:

Derechos de libertad. Derechos y libertades en el entorno digital, a la identidad, a la protección de datos, al pseudonimato, el derecho de la persona a no ser localizada y perfilada, el derecho a la ciberseguridad, garantizar la libertad de creación y el derecho de acceso a la cultura en el entorno digital

Derechos de igualdad. Derecho a la igualdad y a la no discriminación en el entorno digital, el derecho de acceso a Internet.

Derechos de participación en la vida universitaria. Derecho a la neutralidad de Internet, garantizar el derecho a la libertad de expresión y libertad de información, el derecho a recibir libremente información veraz, el derecho a la participación universitaria por medios digitales , el derecho a la educación digital, los derechos digitales de los universitarios en sus relaciones con la administración universitaria.

Derechos laborales. Derechos en el ámbito laboral de profesores y trabajadores

Habremos de precisar el contenido y el sentido específico de cada uno de estos derechos, pero en su conjunto expresan un horizonte de reivindicaciones que los universitarios podemos ir construyendo para trabajar en el entorno digital. Es ésta una tarea colectiva y un ejercicio que sólo puede integrarse con la más amplia participación de profesores y estudiantes.

Fuente: http://www.educacionfutura.org/nuevos-derechos-para-los-universitarios/

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