Transnacionales

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EEUU… Todo se derrumba

Russell Mokhiber y Robert Weissman

Por: Russell Mokhiber y Robert Weissman

Focus on the Corporation. EEUU, junio del 2005.
Traducción para La insignia: Berna Wang

Si se preguntan ustedes por qué los estadounidenses están perdiendo la guerra contra el cáncer, las enfermedades del corazón y la diabetes, echen una ojeada a las fuentes de financiación de las principales asociaciones de salud pública.

Las grandes empresas las inundan de dinero. Y muy pronto, las asociaciones empiezan a adoptar la postura de las grandes empresas.

Un buen ejemplo es la American Diabetes Association (ADA; Asociación Estadounidense contra la Diabetes). A principios de mes, la ADA llegó a un acuerdo con el fabricante de golosinas y refrescos Cadbury Schweppes.
El acuerdo es este: Cadbury Schweppes inyecta un par de millones de dólares a la ADA. A cambio, la empresa puede usar la etiqueta de la asociación en sus bebidas dietéticas… más la publicidad positiva que genere el acuerdo.
Cadbury fabrica Dr. Pepper y delicias tan nutritivas como el Cadbury’s Cream Egg. Hay que tener la cabeza enterrada a mucha profundidad en la arena para negar que los refrescos llenos de azúcar están fomentando la obesidad infantil; que a su vez está fomentando la diabetes tipo 2.

Esta misma semana, la Journal of Pediatrics (Revista de Pediatría) publicó un estudio que atribuye gran parte de la culpa de la diabetes infantil a los refrescos y a las bebidas azucaradas. El estudio concluía que una lata de refresco contiene una media de 165 calorías y que el adolescente típico consume aproximadamente dos latas de 12 onzas de refresco al día; lo que equivale a 20 cucharaditas de azúcar.

Cualquiera que conozca a los adolescentes sabe que esto es verdad: beben toneladas de refrescos.
El acuerdo Cadbury/ADA fue criticado inmediatamente por Gary Ruskin, de Commercial Alert, con sede en Portland, Oregón. Ruskin quiere que la ADA devuelva a Cadbury Schweppes lo que considera una «contribución corrupta».
«Puede que la Asociación Estadounidense contra la Diabetes deba ser rebautizada como Asociación Estadounidense por la Comida Basura –declaró Ruskin–. ¿Qué es lo siguiente? ¿Empezar a vender barras de golosinas para M&M/Mars?»
«Si Cadbury Schweppes quisiera realmente reducir la incidencia de la obesidad y de la diabetes, dejaría de hacer publicidad de sus productos con un contenido elevado de azúcar y los retiraría de las escuelas de nuestro país. Esto no es más que otro intento de una importante empresa de comida basura de diluir su responsabilidad en la epidemia de obesidad y diabetes de Estados Unidos.»

Llamamos a Richard Kahn, director médico de la ADA, que además trabaja como científico para la asociación, para preguntarle al respecto. Fue una larga conversación, y Kahn nos advirtió varias veces de que si sacábamos sus comentarios «fuera de contexto» nunca volverá a hablar con nosotros (la transcripción íntegra de la entrevista está en www.corporatecrimereporter.com. Juzguen ustedes mismos).

Pero en general, Kahn parecía más un defensor de la industria que un funcionario de la salud pública.
Kahn dice que el problema de la diabetes tipo 2 en Estados Unidos está impulsado por la obesidad. Y el peso no es más que una función de las calorías que entran y las que salen. No importa si las calorías son azúcar, proteínas o hidratos de carbono.

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado lo que han hecho algunos estados y gravar los refrescos con un impuesto.
Kahn dijo que creía que no era justo criticar los refrescos. ¿Por qué no gravar los dónuts? ¿O las golosinas? ¿O a las personas con sobrepeso?

Dijo también que no había pruebas de que el azúcar o los refrescos azucarados agravasen el problema de la obesidad (la entrevista se hizo justo antes de que la Journal of Pediatrics difundiera sus conclusiones, pero según el Centro para la Ciencia en el Interés Público, varios estudios anteriores han relacionado el consumo de refrescos con el aumento de peso. Vaya.)

Le preguntamos a Kahn si creía adecuado limitar el acceso a la comida basura.Dijo que limitar el acceso a la comida basura no serviría. Le preguntamos por qué entonces la ADA apoyaba una ley propuesta por el senador Edward Kennedy (demócrata, Massachusetts) que limitaría el acceso a la comida basura por medio de máquinas expendedoras de los niños en edad escolar.

«Porque hay poco que perder y potencialmente algo que ganar limitando los alimentos que se venden en máquinas expendedoras», dijo Kahn.

¿Y qué se perdería gravando los refrescos?

Kahn defendió aceptar dinero de Cadbury –tuvimos que recordarle que era una empresa de golosinas– diciendo que Cadbury sólo tenía autorización para usar la etiqueta de la ADA en sus bebidas dietéticas. Y que el dinero se usaría para programas educativos destinados a animar a la gente a que hiciera más ejercicio físico.
Y no se trata sólo de Cadbury Schweppes.
La ADA recibe mucho dinero de un amplio abanico de fabricantes de fármacos y alimentos. Entre las compañías de alimentación figuran Cadbury, Kraft Foods, J.M. Smucker Company, General Mills, Inc. y H.J. Heinz Company.
Naturalmente, la ADA no es la única. Un médico amigo nuestro, el doctor Matt Hahn, que dirige un centro de salud comunitario en Hancock, Maryland, ha recibido hace poco una caja con cien muestras de cereales Smart Start de Kellogg’s.

La caja iba acompañada de una carta de Michael McBurney, que se identificaba como director de nutrición y regulación.

Pero puesto que su nombre y su firma figuraban directamente encima del nombre “American Heart Association” (AHA, Asociación Estadounidense del Corazón), el doctor Hahn pensó que McBurney trabajaba para la AHA.

En realidad, McBurney trabaja para Kellogg’s.

Lo que sorprendió al doctor Hahn fue que Kellogg’s o la AHA esperaran que regalara a sus pacientes los cereales, que contienen grasas trans. El doctor Hahn nos dijo que no pensaba hacerlo, ya que sus pacientes pueden obtener cereales sin grasas trans.

La AHA dice que está de acuerdo con el doctor Hahn en que la gente debería limitar su consumo de grasas trans. Pero dijo que había certificado los Smart Start de Kellogg’s porque cumplen lo establecido en las directrices de la asociación, que incluyen contener menos de tres gramos de grasa por ración.
«En lo que se refiere a los cereales Smart Start de Kellogg’s, la etiqueta sobre nutrición dice que contiene cero gramos de grasas trans, lo que significa que contiene menos de 0,5 gramos de grasas trans», dijo Carrie Thacker, de la AHA.

Vaya… cero es igual que menos de 0,5.
(Thacker dice que Kellogg’s no da dinero a la AHA, aunque luego supimos por el Centro para la Ciencia en el Interés Público que la AHA cobra a las empresas 7.500 dólares por producto certificado, y 4.500 dólares al año con posterioridad… más otras cantidades. Y al igual que la ADA, la AHA obtiene cuantiosos donativos de una larga lista de fabricantes de fármacos y alimentos.)

Y después, naturalmente, está la American Cancer Society (Asociación Estadounidense contra el Cáncer).
Sólo diremos que coincidimos con el doctor Samuel Epstein cuando señala que la Asociación contra el Cáncer lleva años aceptando insensatamente millones de dólares de las grandes empresas.

El problema es que los donantes están interesados en desviar la atención de las causas medioambientales del cáncer y en centrarla en los tratamientos farmacéuticos y de otro tipo.

Como dice el doctor Epstein: «Existe una obsesión por el control de daños –revisión, diagnóstico y tratamiento– junto con la indiferencia hacia la prevención, lo que agrava los ya largos conflictos de interés con un amplio abanico de industrias, unido al desprestigio sistemático de las pruebas sobre causas evitables del cáncer.» Lo mismo cabe decir de la diabetes. Lo mismo cabe decir de las enfermedades del corazón.Todo se derrumba.

Tomado de: http://www.lainsignia.org/2005/junio/int_004.htm

Imagen: https://www.google.com/search?q=cadbury&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjL7vTI04LOAhWEVh4KHZniCMgQ_AUIBigB#imgrc=FJh-wxwWhkTxCM%3A

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Luis Videgaray: «Invertiremos 1,200 millones de dólares en infraestructuras en el sur de México»

Noticias

EconomiaHoy/10 de junio de 2016

 

La transformación económica de México ha marcado la agenda del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2012. Los tres primeros años del sexenio han dado a luz once grandes reformas estructurales, entre las que destacan la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones, que han permitido al país azteca sortear la crisis económica mucho mejor que otros países de su entorno, como Brasil o Venezuela, que registran fuertes caídas.

En concreto, la reforma fiscal, capitaneada por Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha ayudado al país a compensar el desplome de los ingresos petroleros (cayeron un 33% en 2015), otrora su principal fuente de ingresos.

Así, mientras la venta de crudo ha pasado de equivaler al 10% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2006 al 3.5% en 2015, los ingresos tributarios no petroleros han pasado de ser el 8.4% en 2012 a más del 13% del PIB en 2015, logrando su mayor recaudación en 25 años. A su vez, en el primer semestre del año pasado, los ingresos del petróleo representaron el 18.6% del Presupuesto nacional, frente al 44% de 2008.

«La reforma hacendaria, que entró en vigor en 2014, llegó en el momento oportuno. Sin el aumento observado en la recaudación, no tendríamos la capacidad de enfrentar con éxito, preservando la estabilidad, los retos de la economía global», aseguró Luis Videgaray en una entrevista celebrada la semana pasada en Ciudad de México.

Pero, pese a las reformas y los ajustes al gasto público de 2015 y 2016 (se espera un nuevo recorte en 2017), la economía de México todavía se enfrenta a una serie de incertidumbres y desequilibrios internos que han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a bajar la proyección de crecimiento para México en 2016 hasta el 2.6% (3.1% previo). Para 2017, se ha quedado en el 3.3%, lo que sería el mayor ritmo registrado en tres años, pero todavía está por debajo de los objetivos del 4% marcados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando tomó el poder.

La OCDE asegura que los mayores retos que enfrenta la economía de México vienen de fuera. ¿Cuáles son estos peligros?

Desde el punto de vista interno, la economía mexicana tiene indicadores muy alentadores y se muestra robusta. Los principales riesgos para la estabilidad económica del país tienen que ver con riesgos externos.

El primero, que es algo que afecta prácticamente a todo el mundo, es la política monetaria de Estados Unidos, la normalización de las tasas de interés. El alza de los tipos presenta una expectativa de movimientos de capitales hacia activos en dólares y, por lo tanto, puede debilitar los mercados financieros de los países emergentes, y México no es la excepción. El segundo es el precio del petróleo. Ha supuesto un impacto relevante para la economía mexicana y las finanzas públicas, que si bien hemos podido compensar gracias a los ingresos provocados por la reforma hacendaria (fiscal), tenemos ahí un riesgo latente e importante. El tercero es el bajo crecimiento en el mundo y, particularmente, el escaso crecimiento del volumen de comercio.

México es un país muy abierto a la economía global y el volumen de comercio en los últimos tres años ha ido cayendo. Además de los económicos, existen ciertos riesgos de carácter político en el mundo que pueden tener un impacto sobre la estabilidad de los mercados financieros. En este conjunto de riesgos, cada uno en sí mismo es relevante, pero cuando se presentan todos de manera simultánea, representan un entorno complejo para México; y por eso hemos sido tan enfáticos en mantener la política macroeconómica.

¿Cuáles son los riesgos políticos?

Entre los riesgos políticos que pueden generar inquietud en los mercados financieros globales, destaca el referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea (proceso conocido como Brexit). Creo que es un evento que está siendo ya muy observado por los mercados internacionales y, en el caso de que el pueblo británico decida salir de la UE, puede generar incertidumbre. El proceso electoral en Estados Unidos también es un riesgo y, por supuesto, determinados temas en la región de América Latina, donde se han generado eventos que contaminan de alguna manera los flujos de capital.

¿El Gobierno de México está preocupado por un posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos?

Primero que nada, el Gobierno de México respeta el proceso electoral de los Estados Unidos. No le toca, y creo que a ningún otro país, opinar o involucrarse en un proceso democrático en otra nación. Será el pueblo estadounidense el que decida quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Dicho esto, creo que las elecciones de EU están siendo influenciadas en gran medida por una insatisfacción real de muchos norteamericanos, la situación económica y el mercado laboral.

Esto ha generado que haya candidatos o precandidatos que han enarbolado banderas que van en contra de la apertura comercial o el libre flujo financiero en el mundo; y esto, naturalmente, representa un escenario de riesgo para México y para el resto del mundo. Pero creo que, al final del día, EU es un país con una democracia madura y con mercados financieros y de bienes y servicios muy profundos y, al final de cuentas, eso es lo que va a prevalecer. El Estado mexicano va a trabajar con apertura y con un ánimo constructivo con quien sea el nuevo presidente o presidenta de EU.

En los últimos meses, el peso se ha seguido depreciando ante el dólar y el euro hasta rozar los 19 pesos por cada ‘billete verde’ y superar los 20 en el caso de la moneda única. El Gobierno de México y el Banco Central de México (Banxico) ya intervinieron en el mercado en febrero para blindar a la divisa… ¿Se esperan más medidas?

En febrero anunciamos tres medidas: cambios en la política monetaria, materia fiscal y una nueva manera de intervenir en el mercado cambiario. Ese día anunciamos que desde el Banco de México y la Secretaría de Hacienda actuaríamos de manera coordinada cada vez que observemos circunstancias excepcionales de especulación que hagan que el valor del peso mexicano se desvíe de manera significativa con respecto a los fundamentos de mercado.

Hasta ahora, los movimientos que hemos observado en el peso tienen que ver con variables como la expectativa de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en EU y ciertos eventos como la reunión de la OPEP, pero no hemos observado una especulación relativa al peso mexicano. En caso de presentarse situaciones excepcionales estamos dispuestos a intervenir con el ánimo de evitar que un evento especulativo altere las expectativas inflacionarias en México (el objetivo es que se mantenga por debajo del 3%).

Si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decide finalmente volver a subir las tasas, ¿el Banco de México seguirá sus pasos?

Eso es una decisión del Banco de México. Tiene una enorme credibilidad, ejerce plenamente su autonomía y ha sido bastante claro en sus comunicaciones. El Banco ha sido enfático en que la posición monetaria relativa entre México y EU tiene un papel importante en todas sus decisiones.

¿Cómo va a ayudar la renovación y ampliación de crédito flexible del FMI a blindar la economía mexicana de los riesgos internacionales?

La extensión de dos años del crédito que ha pasado de los 65,000 millones a los 88,000 millones de dólares nos dota de un instrumento muy importante para proteger a nuestro país ante eventos de falta de liquidez en los mercados internacionales.

El martes pasado, usted resaltó que para lograr un crecimiento a tasas superiores al 4% se requiere sintonizar a todas las regiones. La semana pasada el Gobierno promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que persigue impulsar el desarrollo de los Estados más pobres de México, que son los del sur, donde, pese al alto endeudamiento, el PIB crece por debajo de la media, el paro está alto y dos de cada tres personas viven en situación de pobreza extrema…

Efectivamente, si se analiza a México desde punto de vista regional, a partir de la firma del tratado de libre comercio con América del Norte queda muy claro que en México estamos viviendo al mismo tiempo dos historias distintas. En la zona de Bajío y de la frontera norte, el producto interno bruto por habitante ha crecido en las últimas tres décadas por encima del 50%. Sin embargo, en la zona del sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) en esas mismas tres décadas el PIB per cápita creció un 9%.

Esto muestra que el país está creciendo a dos velocidades y que las políticas públicas que ha ejercido el Estado mexicano para desarrollar al sur del país no han sido suficientes. Se ha tenido una política de corte eminentemente asistencial donde ha habido programas de reducción de la pobreza que han tenido éxitos muy importantes, pero que, sin duda, no han sido suficientes para generar empleo, actividad industrial, inversión, etc., que es lo que puede transformar la economía de una región. Esto es algo que está ampliamente diagnosticado y desde el principio de la administración nos dimos a la tarea de estudiar qué políticas de desarrollo industrial han funcionado en otros países como la delimitación de zonas económicas.

¿Qué medidas se van a tomar para impulsar el crecimiento económico de las regiones del sur?

Una vez promulgada la Ley, empezamos con el establecimiento de todas las zonas económicas especiales. Estas demarcaciones tendrán un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo, como dar una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad, acceso a la banda ancha y, por supuesto, esfuerzos de creación de comunidad. No puede haber solamente fábricas, tiene que haber escuelas, hospitales… tienen que ser lugares donde las familias quieran vivir. Es una gran apuesta por desarrollar el sur y también es una gran apuesta por hacer algo diferente porque, si queremos resultados distintos, no podemos seguir apostando por hacer lo mismo que en los últimos 20 años.

¿Cuál es el objetivo a corto plazo?

El objetivo es que tengamos en cada una de las tres zonas para 2018 una empresa ancla, las primeras empresas tractoras. Es mucho el trabajo que tiene que hacerse de aquí para entonces y se tiene que establecer el marco normativo y, sobre todo, dar mucha certeza a la inversión. Generar certidumbre para que las inversiones lleguen con la confianza de que el marco normativo es lo que tiene que ser.

¿Qué inversión inicial hay prevista para desarrollar las infraestructuras necesarias?

Tenemos detectados alrededor de 80 proyectos de infraestructuras de diferentes tipos, como la construcción de líneas de gas natural, autopistas, puertos… Se estima que la inversión en infraestructuras, que será pública y privada, andará por los 1,200 millones de dólares (unos 22,429 millones de pesos y 1,057 millones de euros al cambio actual).

La Ley contempla la creación de un órgano desconcentrado de Hacienda para gestionar los proyectos y el nombramiento de administradores integrales de las zonas antes del año que viene. ¿Qué competencias tendrán estos administradores? ¿Cuál es su objetivo?

La figura se ha creado para blindar en el largo plazo y dotar de transparencia a los incentivos fiscales que se van a implantar en las zonas. La ley establece que los incentivos tienen que tener una duración mínima de ocho años, aunque le queremos dar diez años. El objetivo es dar una gran estabilidad a las inversiones, continuidad y, sobre todo, transparencia en los procesos.

Tomado de:

http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/7620968/06/16/Luis-Videgaray-Invertiremos-1200-millones-de-dolares-en-infraestructuras-en-el-sur-de-Mexico.html

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¿Política transgénica sostenible?

Agencia Latinoamericana de Información -ALAINET-

Por Dr. Alejandro Villamar /RMALC

Desde finales de la década de los 80, cuando el informe sobre Nuestro Futuro Común, popularizó el adjetivo sostenible y lo aplicó al desarrollo, se ha empleado miles o millones de veces para calificar procesos u objetos y hasta para lo más increíble e inapropiado, tratando de volverlo irrelevante .

Como es conocido, el adjetivo sostenible se incorporó oficialmente en el principio 3 de la Declaración de Río, 1992, durante la Cumbre de la Tierra, y se refiere a “un crecimiento económico sostenible, que no agote los recursos naturales ni ponga en peligro la supervivencia del planeta; que permita satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y las posibilidades de sobrevivencia de las generaciones futuras”.

Pero el colmo de la incongruencia es que en el Capítulo II sobre Bio y nanotecnologías para la sostenibilidad (páginas 59 y 60) del reciente documento central de la CEPAL: Horizontes 2030: la igualdad en el centro del desarrollo sostenible, la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de CEPAL, dirigido por el Sr. Mario Cimoli, le hayan metido tal absurda calificación de sostenible a las biotecnologías que al menos son consideradas polémicas o sin fundamento científico para cumplir con el criterio establecido por la ONU.

El Documento de CEPAL, aprobado en lo general en su recién concluido 36 periodo de sesiones en México 23 a 27 de mayo), no es un documento cualquiera, sino una guía de consensos intergubernamentales para definir políticas y coordinaciones orientadas a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible para el horizonte 2030. Por lo tanto resulta absurdo este error de hacerse eco del falso discurso e intereses de la industria trasnacional biotecnológica y de sus instituciones.

Fuera o no casualidad, el documento de CEPAL fue dado a conocer en la misma fecha en que se celebraba el día internacional de la biodiversidad y dos día después de que en el mundo se realizaron más de 400 marchas de protestas contra la trasnacional Monsanto, promotora de los cultivos transgénicos.

Es posible que los “expertos” en desarrollo productivo y empresarial de CEPAL, ignoren los llamados y declaraciones de cerca de 250 científicos de más de 50 países del mundo que desde hace 3 años afirmaron que No hay consenso científico sobre la seguridad de los OGM. Sin embargo, es difícil creer que “expertos” tan informados por la propia industria, ignoren las derrotas legislativas que esa industria biotecnológica ha sufrido ya en tres estados, en el propio Senado de los EE.UU. y que el 88% de la población de EE.UU. apoya el etiquetado obligatorio, no sólo como derecho a la información sobre los alimentos consumidos, sino para protegerse contra la inseguridad y riesgos que entraña la contaminación por OGM.

La demanda del etiquetado OGM, vigente en al menos 65 países, pero no a nivel federal en EE.UU., más conocida por el derecho de saber que comemos ha sido respaldada por cientos de pequeñas y medianas empresas estadounidenses y demandada en Carta al Presidente Obama, desde 2014.

Y aún más, por si estos “expertos” de CEPAL y sus posibles promotores quisieran ocultarlo: con motivo de la obligatoriedad en el estado de Vermont de etiquetar a los OGM en los alimentos a partir del próximo 1º de julio, los monopolios agroalimentarios como ConAgra, General Mills, Mars, Kellogg y Sopas Campbell han terminado por aceptar el etiquetado sobre OGMs.

Uno se pregunta cómo es posible que “expertos” tan proclives a emitir juicios del gusto de las trasnacionales, e inclusive con posición ideológica a favor de las novedades tecnológicas, ignoren las contradicciones políticas y desacuerdos actuales entre los EE.UU. y la Unión Europea, precisamente sobre la biotecnología y sus impactos en la seguridad e inocuidad alimentaria…

¿Ignorarán estos “expertos” de CEPAL que se ha exhibido y demostrado públicamente el preocupante conflicto de interés que pesa sobre biotecnólogos y algunas de sus principales instituciones y su atadura a los millonarios recursos que de manera condicionada les proveen las trasnacionales como Monsanto, Bayer, Syngenta y otras? Y que precisamente por eso hay una fuerte mancha de duda sobre la objetividad que presumen de sus investigaciones, y por consiguiente una credibilidad que cada día decae más.

En el plano legal, la lucha de la campaña mexicana Sin Maíz No hay país (pues siendo centro de origen y de su biodiversidad cultural, esta amenazado por la contaminación de maíz transgénico), y la demanda colectiva contra el maíz transgénico ha demostrado la presencia ilícita de transgénicos en cultivos, logrando su suspensión desde el 2013, y detenido el otorgamiento de permisos oficiales para introducirlo. Así, en México la biotecnología de transgénicos es “sostenible” pero por la red de corrupción tejida por las empresas transnacionales y los funcionarios en turno.

Respecto de la supuesta prospectiva de “sostenibilidad” de la nanotecnología, existen numerosas alarmas encendidas por científicos y redes sociales en el mundo, y en América Latina en particular, sobre su incertidumbre, sus Implicaciones sociales, ambientales, en salud, y la necesidad de regularla.

Esta demostrado que de manera irresponsable los productos nanotecnológicos se ha introducido comercialmente a todos los ámbitos de la vida, violando el elemental Principio 15 de Precaución, acordado internacionalmente de la Cumbre de Río-1992, reafirmado en Montreal, 2000 y adoptado como nueva norma legal para la edad tecnológica, Roberto Adorno, dixit. Es obvio que éstas violaciones a declaraciones, protocolos, y leyes han sido en beneficio de los intereses corporativos de la industria química y agroquímica.

Por eso y más, señala una carta de redes sociales y personalidades mexicanas y latinoamericanas, enviada el mismo día de la edición del documento de CEPAL a la Secretaría General:

“Es inexplicable que el documento omita e ignore los numerosos llamados que crecientes instituciones e investigadores académicos, lo mismo que organizaciones ambientalistas, campesinas y sociales en general hemos hecho sobre la naturaleza insustentable, contaminadora y destructora de ecosistemas y culturas de la biotecnología promovida mediante organismo genéticamente modificados, y de los componentes de su paquete biotecnológicos.

Hacer generalizaciones de las nano y biotecnologías o de la biología sintética como avances para la sustentabilidad, sin siquiera admitir los impactos y riesgos sobre los ecosistemas, la salud, la economía campesina y las capacidades de los estados para regularlos, debilita e incluso nulifica peligrosamente los esfuerzos que en materia de equidad y sustentabilidad había desarrollado la CEPAL.

Hacemos un llamado a la Secretaria General de CEPAL, coordinadora del documento, lo mismo que a las personas que colaboraron en este capítulo II, a corregir el rumbo, y al menos incluir de manera explícita la naturaleza polémica del uso de las nano y biotecnologías y de la biología sintética en campo de la agricultura, la salud, la biodiversidad, y las culturas y economías campesinas e indígenas.”

Existen ya demasiados argumentos y pruebas para afirmar que la actual política e impactos de la biotecnológica, la nanotecnología y la biología sintética, no sólo no merecen el adjetivo de sostenibles, sino de preocupantes e incluso de aberrantes.

Seguimos esperando la corrección oficial del error en el documento de la CEPAL citado, pues no deseamos que en el recién creado Foro latinoamericano sobre desarrollo sostenible (mediante el cual se establece el marco de monitoreo regional y subregional para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible), algunos “expertos” de CEPAL o similares nos insistan con falsas verdades científicas “sostenibles” sólo por los intereses corporativos, o con novedades tecnológicas atentatorias a la vida en el planeta.

Ciudad de México, 1 de junio de 2016

alermalc@gmail.com

– See more at: http://www.alainet.org/es/articulo/177882#sthash.zYXslnn1.dpuf

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Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales

Observatorio de Multinacionales en América Latina

Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional

Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro (Cuadernos de Trabajo, Hegoa, nº 64, 2014)

Las empresas transnacionales se han convertido en poderosos agentes que condicionan directa o indirectamente la producción normativa estatal e internacional, mediante acuerdos formales e informales a nivel mundial y mecanismos específicos de resolución de conflictos, al margen de los criterios y fundamentos del poder judicial. Así, mientras las compañías multinacionales protegen sus contratos e inversiones a través de una multitud de normas, convenios, tratados y acuerdos que conforman un nuevo Derecho Corporativo Global, la llamada lex mercatoria, no existen contrapesos suficientes ni mecanismos efectivos para controlar sus impactos sociales, laborales, culturales y ambientales. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo se ven incapaces de contrarrestar la expansión del Derecho Internacional del Comercio como fundamento de toda la arquitectura económica globalizada.

En este contexto, diferentes movimientos sociales, pueblos originarios, sindicalistas, juristas, activistas y víctimas de las prácticas de las multinacionales vienen defendiendo desde hace años la necesidad de establecer mecanismos efectivos para el control de las empresas transnacionales. Todos ellos, junto con las organizaciones que forman parte de la campaña global Desmantelando el poder corporativo, han participado en la elaboración del Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales, una propuesta alternativa para el ejercicio de un control real sobre las operaciones de las grandes corporaciones que se articula sobre la base de las ideas fuerza que presentamos en este cuaderno.

 

Título: Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales / Herrien nazioarteko tuna, enpresa transnazionalen kontrolerako
Subtítulo: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad / Gizarte-mugimenduetan eta nazioarteko elkartasunean oinarritutako apustua
Autores: Juan Hernández Zubizarreta, Erika González y Pedro Ramiro
Revista: Cuadernos de Trabajo / Lan Koadernoak, Hegoa
Número: 64
Fecha: 2014
Páginas: 47 pp

 

Índice

1. Controlar a las multinacionales
1.1. El poder de las empresas transnacionales
1.2. Mecanismos de control y normas vinculantes
1.3. Empresas y derechos humanos: el caso del Estado español
1.4. Hacia un Tratado internacional de los Pueblos

2. Derecho Internacional y contrahegemonía
2.1. El uso alternativo del Derecho
2.2. Por una transformación del Derecho Internacional

3. Ideas y propuestas para un tratado internacional de los pueblos
Presentación
A. Contexto y antecedentes
B. Justificación
C. Preámbulo
D. Dimensión jurídica
1. Ámbito del tratado
1.1. Empresas transnacionales
1.2. Instituciones internacionales económico-financieras
1.3. Estados
2. Principios generales
Sección primera. Derechos humanos, Estados y empresas transnacionales
Sección segunda. Los derechos humanos y las normas de comercio
Sección tercera. Los Estados y los organismos internacionales
3. Premisas y propuestas jurídicas en relación con las empresas
4. Obligaciones específicas de las empresas transnacionales
5. Crímenes internacionales
5.1. Crímenes económicos contra la humanidad
5.2. Crímenes corporativos internacionales
5.3. Crímenes ecológicos internacionales
6. Instancias
7. Disposición final

Bibliografía

Ver en línea : Cuadernos de Trabajo / Lan Koadernoak, Hegoa, nº 64, 2014.

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México: Seminario internacional «Las corporaciones transnacionales en el capitalismo del siglo XXI»

Noticias

América del Norte/México/Mayo 2016/Fuente: Omal.info

Del martes 17 al jueves 19 de mayo en Ciudad de México

La vuelta de siglo (XX a XXI) marcó profundas transformaciones en el funcionamiento y dinámica del capitalismo. Uno de los rasgos más relevantes de estos cambios se relaciona con un proceso de pase de mandos en el que las empresas toman cada vez más el protagonismo. Estados, organismos internacionales y demás instituciones de representación del capital han sido rebasadas, en la práctica, por las fuerzas activas y directas que suelen representar. Las empresas transnacionales están tomando el liderazgo de los procesos mundiales, cambiando las reglas de funcionamiento, las dinámicas, las fronteras y los límites. Está en proceso de diseño una nueva configuración territorial y política del o de los sistema mundo.

El Seminario Internacional tendrá lugar del martes 17 de mayo al jueves 19 de mayo en el Auditorio Mtro. Ricardo Torres Gaitán del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (Circuito Mario de la Cueva s/n, Ciudad Universitaria – Ciudad de México).

El evento no tienen coste y se otorgará constancia con el 100% de la asistencia. Ha sido organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, el Observatorio Latinoamericano de Geopolítica (OLAG), el Observatorio de Multinacionales para América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad y el Posgrado de Estudios Latinoamericanos.

Fuente: http://omal.info/spip.php?article7890&utm_medium=twitter&utm_source=twitterfeed

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El AVA-FLEGT, los REDD y el derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas

Noticias

Sambo Creek, 6 de mayo de 2016./ Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

El programa de la Unión Europea conocido como Acuerdo Voluntario de Asociación o AVA, el que forma parte Plan de Acción de la Unión Europea para la Aplicación de Leyes, Gobernanza y Comercio Forestal (FLEGT, por sus siglas en inglés), efectúo su quinta ronda de negociaciones a finales del mes de abril en la ciudad de Tegucigalpa.

El objetivo del AVA_FLEGT es supuestamente asegurar la legalidad de la madera que es obtenida y posteriormente comercializada en el país. En el caso de Honduras los AVA-FLEGT se encuentran atado al programa de Reducción de Emisiones causadas Deforestación del Bosque y Degradación (REDD por sus siglas en inglés). Según la Unión europea (UE) “los REDD+ puede apoyar a FLEGT al proporcionar un incentivo para la conservación, el uso sostenible y la restauración de bosques. REDD+ puede también impulsar: La mejoría de la gobernanza del uso de la tierra; la clarificación de la tenencia de la tierra; la mejora de la capacidad técnica y crear salvaguardas sociales y ambientales en el sector forestal; y, la disposición de fuentes de financiación adicionales”.

Sin embargo los proyectos REDD en diversas partes del muerdo han causado severas violaciones a los derechos humanos, llegando a suscitar desalojos de pueblos indígenas como viene aconteciendo en Kenia con el pueblo Sengwer habitantes ancestrales de las montañas Embobut. Además abundan ejemplos de situaciones que van en detrimento de los indígenas, como sucede entre otros los casos del Proyecto de Carbono Forestal Surui (BRASIL), el Programa Socio Bosque (Ecuador), los REDD en el territorio Bribri (Costa Rica), el Proyecto de Carbono Forestal Scolel’Te en Chiapas (México).

En Honduras, existe una perpetua violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas, los que padecemos un constante asedio por parte de políticos, militares y empresarios, además del crimen organizado que controla vastas zonas del país.

Una de las mayores debilidades es la Ley de Propiedad vigente, la cual en su Capítulo III, artículo 100, permite la eliminación de la propiedad comunitaria, dando lugar a la destrucción de los títulos comunitarios existentes. El programa de Administración de Tierras (PATH) del Banco Mundial además de ser el creador de la cuestionada ley de Propiedad, emite los títulos que se vienen otorgando una enorme fanfarria a los pueblos indígenas. Cabe señalar que tanto el PATH como el Instituto de la Propiedad (IP), se han involucrados en cientos de anomalías, las que han conllevado a la militarización de las oficinas del IP en varias ciudades de Honduras. Incluso circula información sobre el posible hacheo de la base de datos del IP, efectuada por funcionarios adscritos tanto de la administración Lobo como la del actual presidente.

Para la OFRANEH es un imperativo que se logre crear las condiciones de un estado de ley en el país, el que a partir del golpe de estado del año 2009, zozobró en detrimento de la mayoría del pueblo hondureño. La aprobación de un sinnúmero de leyes y decretos inconsulto colocan en riesgo la sobrevivencia de nuestros pueblos como culturas diferenciadas. Nuestra organización en el año 2006, acudió al Panel de inspección del Banco Mundial, en relación a la violación del Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada. El Panel de Inspección señaló que efectivamente el estado de Honduras violó el Convenio 169 de la OIT.

Tanto el Programa REDD como el AVA-FLEGT quizás puedan tener como resultado probables violaciones a los derechos humanos, dada las condiciones de república bananera existentes en Honduras, y la ausencia de un verdadero estado de derecho. Ante las circunstancias por las que atraviesa el país, es muy probable que se convierta en mecanismos de despojo los programas auspicios por la UE, el Banco Mundial y Naciones Unidas.

El reciente asesinato de Berta Cáceres es una prueba irrefutable de la trágica situación por la que atravesamos los pueblos indígenas, a excepción de aquellos “líderes” que se vienen plegando a la dictadura civil implantada en el país. Ciertamente el estado de Honduras especialmente a partir del golpe de estado, ha venido imponiendo proyectos en los que distorsiona la consulta previa, auspicia la división y pretende convertir simples procesos de socialización en consultas. Uno de los casos más vergonzoso fue la entrega la plataforma marítima de la MIskitia a la compañía Bristish Gas.

Para la OFRANEH la actitud asumida por el Ministerio del Ambiente de distorsionar la consulta previa y suplantar las organizaciones de base existentes con oenegés de cartón, forma parte de un proceso de despojo territorial destinado a explotar nuestros bienes comunes. La visión mercantilista insertada en el Programa REDD, tiende a suscitar divisiones dentro de las comunidades, las que han cuidado históricamente del bosque y el mar.

El pasado 30 de marzo, el Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas de Honduras (ODHPINH) introdujo al Congreso Nacional a través del diputado Rafael Alegría, un anteproyecto de la Ley Consulta Previa Libre e Informada, y así de esta forma apegarse  a la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación al caso de la comunidad Garífuna de Triunfo de la Cruz versus el Estado de Honduras.

Cabe señalar que recientemente se conformó el Comité de Salvaguardas de los REDD, sin la presencia de los pueblos indígenas, siendo esta situación un pésimo augurio sobre el futuro de los proyecto AVA FEGT REDD.

 

Fuente: http://www.alainet.org/es/articulo/177261

Fuente de la imagen: http://www.miambiente.gob.hn/sites/default/files/noticias/ministro%20Galdames%205ta%20Ronda%20Ava%20flegt.jpg

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La pelea de Monsanto por mantener su reinado

Silvia Ribeiro

LaHaine/17 de abril de2016/Por: Silvia Ribeiro

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Desde el año pasado, el sector industrial químico-semillero está en erupción y si no lo prevenimos, su ceniza tóxica nos caerá en el plato de comida

Monsanto, la mayor empresa de transgénicos y semillas comerciales del globo, intentó dos veces comprar Syngenta, la mayor trasnacional de agrotóxicos, para establecer una megaempresa que habría sido la número uno en ambos sectores. Pero Syngenta lo rechazó y decidió fusionarse con ChemChina. Monsanto inició entonces negociaciones con otras dos de las seis gigantes globales de agrotóxicos y transgénicos, CBayer y BasfCC, para contrarrestar esa jugada. Poco antes, DuPont y Dow Agrosciences habían decidido fusionarse también. Si el hecho de que seis trasnacionales dominaran altos porcentajes de la venta de semillas y agroquímicos ya era un atentado a la seguridad y soberanía alimentaria de los países, ahora estamos ante la perspectiva de que esos mercados globales queden en manos de sólo tres empresas.

El Grupo ETC advirtió sobre estos movimientos desde el año pasado, explicando su lógica y consecuencias en el documento Campo Jurásico: Syngenta, DuPont, Monsanto: la guerra de los dinosaurios del agronegocio (http://goo.gl/d8tbdA)

Durante las últimas tres décadas, las viejas y poderosas empresas de la industria química, con más de un siglo de existencia, se lanzaron a comprar las empresas semilleras en todo el mundo, que hasta ese momento eran miles y estaban muy descentralizadas. Lo hicieron para crear un mercado oligopólico que obligara a los agricultores a comprar las semillas junto a sus propios agrotóxicos (que llaman agroquímicos para que parezcan menos dañinos). El resultado más evidente de esa búsqueda de venta casada fueron las semillas transgénicas, manipuladas para tolerar altas dosis de los venenos de las mismas compañías.

Hasta 2015, seis empresas, Monsanto, Syngenta, Dow, DuPont, Bayer y Basf, controlaban juntas 75 por ciento del mercado mundial de venenos agrícolas y 61 por ciento de las semillas comerciales de todo tipo, además de 75 por ciento de la investigación agrícola privada. En semillas transgénicas, las seis controlan ciento por ciento, o sea todo el mercado global, aunque a veces no se reconocen porque mantienen los nombres de empresas que compraron antes. A DuPont, por ejemplo, se la conoce más como Pioneer Hi-Bred en el área agrícola y de semillas.

En tres décadas, el ritmo de fusiones y adquisiciones en los sectores de semillas y agrotóxicos fue tal que se llegó a un tope donde virtualmente no quedan empresas para comprar, pero las compañías quieren seguir creciendo para controlar porciones aún más grandes de mercado.
Por eso comienzan a devorarse unas a otras. El resultado podría ser que solamente tres empresas gigantes tendrían un dominio total de los primeros eslabones de la cadena agrícola industrial, incluida la investigación y desarrollo. Por ello, estas fusiones están ahora bajo escrutinio de autoridades anti-monopolio en varios países, lo cual puede significar que no se concreten, particularmente si existe presión social y pública contra éstas. Monsanto espera que si se autorizan las fusiones de Syngenta y las demás, ya no le podrán impedir que prosiga su fusión con la división agrícola de Bayer y/o Basf. Según analistas de la industria, la preferencia de Syngenta por ChemChina se explicaría en parte porque al ser la segunda una paraestatal china, podrían evadir medidas antimonopolio. Sin embargo, un grupo de organizaciones internacionales y chinas, ya iniciaron una acción dirigida al gobierno de China, para que objete esta fusión, por la expansión de más y peores tóxicos que implicará (http://goo.gl/YILmBD).

Nada indica que la concentración corporativa terminará allí, aunque sólo queden tres empresas. La lógica de búsqueda de ganancias de las corporaciones de agronegocios será integrar esos cárteles de semillas y agrotóxicos con los eslabones siguientes de la cadena industrial, sea con las corporaciones de fertilizantes o de maquinarias agrícolas, con las que ya existen varios acuerdos de colaboración. El objetivo es extender el control sobre los agricultores, integrando en un solo proveedor las semillas, agrotóxicos, fertilizantes, maquinarias, servicios de datos sobre el clima y hasta seguros agrícolas. Esto significaría niveles sin precedente de control de la agricultura por parte de unas pocas empresas.

Para las comunidades y organizaciones campesinas que son las que alimentan a la mayoría de la humanidad y que en su gran mayoría tienen sus propias semillas, así como a las muchas que han optado por una agricultura ecológica, quizá estas fusiones podrían parecer irrelevantes, porque de todas formas no son sus clientes. Pero esas gigantes industriales aumentarán la fuerza para moldear a su favor acuerdos de comercio agrícola, subvenciones y programas rurales, leyes laborales, de semillas y patentes, normativas de uso del suelo, de uso de agroquímicos y hasta gastos públicos en infraestructuras, todo a favor de sus negocios. Todo esto ya tiene impactos muy negativos en las economías campesinas. Si a nivel global se concretan las nuevas fusiones, el poder de presión de las superempresas que permanezcan, será mucho mayor. Existen ya iniciativas desde la sociedad civil para impedir legalmente que estas fusiones se concreticen. (http://goo.gl/9006sd). Finalmente se trata de la alimentación de todos.

* investigadora del Grupo ETC
Fuente: http://www.lahaine.org/mundo.php/argentina-despues-del-golpe-blando-1

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