EconomiaHoy/10 de junio de 2016
La transformación económica de México ha marcado la agenda del Gobierno de Enrique Peña Nieto desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2012. Los tres primeros años del sexenio han dado a luz once grandes reformas estructurales, entre las que destacan la energética, la fiscal y la de telecomunicaciones, que han permitido al país azteca sortear la crisis económica mucho mejor que otros países de su entorno, como Brasil o Venezuela, que registran fuertes caídas.
En concreto, la reforma fiscal, capitaneada por Luis Videgaray Caso, secretario de Hacienda y Crédito Público, ha ayudado al país a compensar el desplome de los ingresos petroleros (cayeron un 33% en 2015), otrora su principal fuente de ingresos.
Así, mientras la venta de crudo ha pasado de equivaler al 10% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2006 al 3.5% en 2015, los ingresos tributarios no petroleros han pasado de ser el 8.4% en 2012 a más del 13% del PIB en 2015, logrando su mayor recaudación en 25 años. A su vez, en el primer semestre del año pasado, los ingresos del petróleo representaron el 18.6% del Presupuesto nacional, frente al 44% de 2008.
«La reforma hacendaria, que entró en vigor en 2014, llegó en el momento oportuno. Sin el aumento observado en la recaudación, no tendríamos la capacidad de enfrentar con éxito, preservando la estabilidad, los retos de la economía global», aseguró Luis Videgaray en una entrevista celebrada la semana pasada en Ciudad de México.
Pero, pese a las reformas y los ajustes al gasto público de 2015 y 2016 (se espera un nuevo recorte en 2017), la economía de México todavía se enfrenta a una serie de incertidumbres y desequilibrios internos que han llevado a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) a bajar la proyección de crecimiento para México en 2016 hasta el 2.6% (3.1% previo). Para 2017, se ha quedado en el 3.3%, lo que sería el mayor ritmo registrado en tres años, pero todavía está por debajo de los objetivos del 4% marcados por el Gobierno de Enrique Peña Nieto cuando tomó el poder.
La OCDE asegura que los mayores retos que enfrenta la economía de México vienen de fuera. ¿Cuáles son estos peligros?
Desde el punto de vista interno, la economía mexicana tiene indicadores muy alentadores y se muestra robusta. Los principales riesgos para la estabilidad económica del país tienen que ver con riesgos externos.
El primero, que es algo que afecta prácticamente a todo el mundo, es la política monetaria de Estados Unidos, la normalización de las tasas de interés. El alza de los tipos presenta una expectativa de movimientos de capitales hacia activos en dólares y, por lo tanto, puede debilitar los mercados financieros de los países emergentes, y México no es la excepción. El segundo es el precio del petróleo. Ha supuesto un impacto relevante para la economía mexicana y las finanzas públicas, que si bien hemos podido compensar gracias a los ingresos provocados por la reforma hacendaria (fiscal), tenemos ahí un riesgo latente e importante. El tercero es el bajo crecimiento en el mundo y, particularmente, el escaso crecimiento del volumen de comercio.
México es un país muy abierto a la economía global y el volumen de comercio en los últimos tres años ha ido cayendo. Además de los económicos, existen ciertos riesgos de carácter político en el mundo que pueden tener un impacto sobre la estabilidad de los mercados financieros. En este conjunto de riesgos, cada uno en sí mismo es relevante, pero cuando se presentan todos de manera simultánea, representan un entorno complejo para México; y por eso hemos sido tan enfáticos en mantener la política macroeconómica.
¿Cuáles son los riesgos políticos?
Entre los riesgos políticos que pueden generar inquietud en los mercados financieros globales, destaca el referéndum sobre la pertenencia de Reino Unido a la Unión Europea (proceso conocido como Brexit). Creo que es un evento que está siendo ya muy observado por los mercados internacionales y, en el caso de que el pueblo británico decida salir de la UE, puede generar incertidumbre. El proceso electoral en Estados Unidos también es un riesgo y, por supuesto, determinados temas en la región de América Latina, donde se han generado eventos que contaminan de alguna manera los flujos de capital.
¿El Gobierno de México está preocupado por un posible triunfo de Donald Trump en Estados Unidos?
Primero que nada, el Gobierno de México respeta el proceso electoral de los Estados Unidos. No le toca, y creo que a ningún otro país, opinar o involucrarse en un proceso democrático en otra nación. Será el pueblo estadounidense el que decida quién será el próximo presidente de Estados Unidos. Dicho esto, creo que las elecciones de EU están siendo influenciadas en gran medida por una insatisfacción real de muchos norteamericanos, la situación económica y el mercado laboral.
Esto ha generado que haya candidatos o precandidatos que han enarbolado banderas que van en contra de la apertura comercial o el libre flujo financiero en el mundo; y esto, naturalmente, representa un escenario de riesgo para México y para el resto del mundo. Pero creo que, al final del día, EU es un país con una democracia madura y con mercados financieros y de bienes y servicios muy profundos y, al final de cuentas, eso es lo que va a prevalecer. El Estado mexicano va a trabajar con apertura y con un ánimo constructivo con quien sea el nuevo presidente o presidenta de EU.
En los últimos meses, el peso se ha seguido depreciando ante el dólar y el euro hasta rozar los 19 pesos por cada ‘billete verde’ y superar los 20 en el caso de la moneda única. El Gobierno de México y el Banco Central de México (Banxico) ya intervinieron en el mercado en febrero para blindar a la divisa… ¿Se esperan más medidas?
En febrero anunciamos tres medidas: cambios en la política monetaria, materia fiscal y una nueva manera de intervenir en el mercado cambiario. Ese día anunciamos que desde el Banco de México y la Secretaría de Hacienda actuaríamos de manera coordinada cada vez que observemos circunstancias excepcionales de especulación que hagan que el valor del peso mexicano se desvíe de manera significativa con respecto a los fundamentos de mercado.
Hasta ahora, los movimientos que hemos observado en el peso tienen que ver con variables como la expectativa de que la Reserva Federal suba las tasas de interés en EU y ciertos eventos como la reunión de la OPEP, pero no hemos observado una especulación relativa al peso mexicano. En caso de presentarse situaciones excepcionales estamos dispuestos a intervenir con el ánimo de evitar que un evento especulativo altere las expectativas inflacionarias en México (el objetivo es que se mantenga por debajo del 3%).
Si la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) decide finalmente volver a subir las tasas, ¿el Banco de México seguirá sus pasos?
Eso es una decisión del Banco de México. Tiene una enorme credibilidad, ejerce plenamente su autonomía y ha sido bastante claro en sus comunicaciones. El Banco ha sido enfático en que la posición monetaria relativa entre México y EU tiene un papel importante en todas sus decisiones.
¿Cómo va a ayudar la renovación y ampliación de crédito flexible del FMI a blindar la economía mexicana de los riesgos internacionales?
La extensión de dos años del crédito que ha pasado de los 65,000 millones a los 88,000 millones de dólares nos dota de un instrumento muy importante para proteger a nuestro país ante eventos de falta de liquidez en los mercados internacionales.
El martes pasado, usted resaltó que para lograr un crecimiento a tasas superiores al 4% se requiere sintonizar a todas las regiones. La semana pasada el Gobierno promulgó la Ley de Zonas Económicas Especiales (ZEE) que persigue impulsar el desarrollo de los Estados más pobres de México, que son los del sur, donde, pese al alto endeudamiento, el PIB crece por debajo de la media, el paro está alto y dos de cada tres personas viven en situación de pobreza extrema…
Efectivamente, si se analiza a México desde punto de vista regional, a partir de la firma del tratado de libre comercio con América del Norte queda muy claro que en México estamos viviendo al mismo tiempo dos historias distintas. En la zona de Bajío y de la frontera norte, el producto interno bruto por habitante ha crecido en las últimas tres décadas por encima del 50%. Sin embargo, en la zona del sur (Chiapas, Oaxaca, Guerrero) en esas mismas tres décadas el PIB per cápita creció un 9%.
Esto muestra que el país está creciendo a dos velocidades y que las políticas públicas que ha ejercido el Estado mexicano para desarrollar al sur del país no han sido suficientes. Se ha tenido una política de corte eminentemente asistencial donde ha habido programas de reducción de la pobreza que han tenido éxitos muy importantes, pero que, sin duda, no han sido suficientes para generar empleo, actividad industrial, inversión, etc., que es lo que puede transformar la economía de una región. Esto es algo que está ampliamente diagnosticado y desde el principio de la administración nos dimos a la tarea de estudiar qué políticas de desarrollo industrial han funcionado en otros países como la delimitación de zonas económicas.
¿Qué medidas se van a tomar para impulsar el crecimiento económico de las regiones del sur?
Una vez promulgada la Ley, empezamos con el establecimiento de todas las zonas económicas especiales. Estas demarcaciones tendrán un tratamiento fiscal distinto, incentivos fiscales importantes a largo plazo, como dar una tasa reducida del impuesto sobre la renta, ventajas para el comercio exterior y también infraestructura, conectividad, acceso a la banda ancha y, por supuesto, esfuerzos de creación de comunidad. No puede haber solamente fábricas, tiene que haber escuelas, hospitales… tienen que ser lugares donde las familias quieran vivir. Es una gran apuesta por desarrollar el sur y también es una gran apuesta por hacer algo diferente porque, si queremos resultados distintos, no podemos seguir apostando por hacer lo mismo que en los últimos 20 años.
¿Cuál es el objetivo a corto plazo?
El objetivo es que tengamos en cada una de las tres zonas para 2018 una empresa ancla, las primeras empresas tractoras. Es mucho el trabajo que tiene que hacerse de aquí para entonces y se tiene que establecer el marco normativo y, sobre todo, dar mucha certeza a la inversión. Generar certidumbre para que las inversiones lleguen con la confianza de que el marco normativo es lo que tiene que ser.
¿Qué inversión inicial hay prevista para desarrollar las infraestructuras necesarias?
Tenemos detectados alrededor de 80 proyectos de infraestructuras de diferentes tipos, como la construcción de líneas de gas natural, autopistas, puertos… Se estima que la inversión en infraestructuras, que será pública y privada, andará por los 1,200 millones de dólares (unos 22,429 millones de pesos y 1,057 millones de euros al cambio actual).
La Ley contempla la creación de un órgano desconcentrado de Hacienda para gestionar los proyectos y el nombramiento de administradores integrales de las zonas antes del año que viene. ¿Qué competencias tendrán estos administradores? ¿Cuál es su objetivo?
La figura se ha creado para blindar en el largo plazo y dotar de transparencia a los incentivos fiscales que se van a implantar en las zonas. La ley establece que los incentivos tienen que tener una duración mínima de ocho años, aunque le queremos dar diez años. El objetivo es dar una gran estabilidad a las inversiones, continuidad y, sobre todo, transparencia en los procesos.
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