Centro América/Costa Rica/14.02.2017/Autor y Fuente: http://prensa-latina.cu/
El gobierno costarricense y la Unión Europea (UE) entregaron hoy aquí un local multiuso al Liceo Rural de Cahuita, en la provincia de Limón, que beneficiará a 120 estudiantes y es el octavo construido por el Proyecto Proeduca.
El presidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solía, la ministra de Educación Pública Sonia Marta Mora, y el embajador de la Unión Europea en este país, Pelayo Castro, cortaron la cinta que dejó inaugurado el nuevo sitio para desarrollar diferentes actividades desde escolares hasta culturales.
A un costo de 39 millones de colones (unos 70 mil dólares), este resulta el octavo kiosco multiuso construido gracias al Proyecto Proeduca, un convenio de cooperación entre la UE y el Ministerio de Educación Pública, en el cual la parte europea aporta 8,5 millones de euros y la costarricense nueve millones de euros.
Proeduca también beneficia a 55 mil estudiantes de 80 colegios de Guanacaste, Puntarenas, Limón, Zona Sur y Gran Área Metropolitana; seleccionados por ser zonas con alta vulnerabilidad y situación de pobreza para potenciar las oportunidades de amplios sectores de la juventud.
‘Queremos fortalecer el desarrollo de destrezas en los jóvenes, despertar su interés en los estudios y brindarles mejores oportunidades’, afirmó la titular del MEP y agregó que la meta es reducir el riesgo de abandono e incentivar a los educandos a continuar sus estudios hasta finalizar secundaria.
Con esta actividad, el presidente costarricense concluyó una gira de trabajo de dos días a la provincia de Limón. Esta mañana, Solís, también con el apoyo de la cooperación extranjera, esta vez del programa Banco Interamericano de Desarrollo-Turismo, inauguró nuevas estructuras en el Parque Nacional Cahuita.
Entre los trabajos realizados en Puerto Vargas el mejoramiento de servicios básicos como acceso a electricidad y agua, así como la construcción de dos senderos en zona boscosa para un mejor acceso y movilidad.
‘Las mejoras en la infraestructura eran necesarias para un parque que recibe casi 100 mil visitantes por año, pero lo más importante ha sido el proceso de involucrar y capacitar a personas de las comunidades cercanas’, indicó y añadió que ellos orientarán a los visitantes, así como cuidarán los recursos naturales.
Asimismo, el mandatario juramentó al Consejo Local del Parque Nacional Cahuita, figura que tiene la responsabilidad de implementar el modelo de gobernanza compartida para esta área silvestre, con el objetivo de fortalecer el vínculo social, cultural, económico y ecosistémico entre la comunidad y las autoridades competentes.
‘Costa Rica esta dando el ejemplo al brindar el manejo de este Parque Nacional a un gobierno del pueblo, establecido y conformado por personas elegidas por las asociaciones que integran esta bella comunidad de Cahuita’, aseguró Solís.
Este jueves, durante la primer jornada de su gira, el presidente inauguró obras públicas como un acueducto que abastece ya de agua potable a siete mil 100 habitantes, un Proyecto habitacional para 230 familias, fundamentalmente de mujeres como jefas de núcleo, así como el Club Dominó.
UN ALUMNO EUROPEO TIENE MAS DE 900 HORAS DE CLASE POR AÑO; EN NUESTRO PAIS SON 720.
Un grave déficit que es la cara visible de un sistema que hace agua por todos lados. Debates pendientes.
«Me dijeron que en el mundo del revés, los chicos de 6 años tienen más clases que los de 16”.
Daniel Arano cursó sexto de secundaria en 2015, en una escuela de Berisso. Empezó las clases el 9 de marzo, una semana después que su hermana Milagros (quinto grado de primaria) y que su pequeña prima Melina (sala de cinco del jardín de infantes). Para Daniel era un año clave. Al siguiente pisaría por primera vez en su vida una facultad, la de Medicina. El calendario escolar decía que debía ir al colegio hasta el 11 de diciembre, mientras que Milagros (10) y Melina (5) tenían clases hasta el 18. Pero como el adolescente aprobó todas las materias, con un promedio general de 7,66, el 20 de noviembre le dijeron que no vaya más. Así, tras un 6º año “muy livianito”, como lo define hoy en día, tuvo más de cuatro meses de vacaciones: parte de noviembre, diciembre, enero, febrero y marzo, hasta que arrancó el ciclo académico 2016 en la unidad académica de avenida 60. ¿El mundo del revés?
“Se ha instalado que la cantidad de días de clase es importante, y la discusión pasa por 180, 190, pero la pregunta es si cantidad equivale necesariamente a calidad”, dice el subsecretario de Educación bonaerense, Sergio Siciliano. Pero el calendario escolar habla por si solo, y la realidad -para quienes aprueban todas las asignaturas- más aún. “Por cierto, es una luz roja que abre la puerta a un debate más profundo”, admite y se enfoca en la “preocupación” por si “los alumnos están aprendiendo o no”.
“OTRA SECUNDARIA”
Cree que hay que avanzar hacia un esquema más parecido al de la universidad. “La repitencia como está concebida, es decir, que un chico recurse todas las materias por tener tres previas (antes, dos) estuvo pensado para una secundaria con otra estructura social. Entonces era un fuerte llamado de atención; hoy es sinónimo de expulsión de la escuela. En los países desarrollados, sobre todo en el plano académico, eso se abandonó”, apunta para plantearse el sentido de la “falta general por llegar tarde. ¿No debería ser por asignatura? Todo eso ocurre mientras el nivel de deserción es enorme”, afirma.
Volviendo a un calendario escolar que también se ve que estuvo armado para otra época, vale la pena recoger experiencias que cada día se extienden más en países con buenos resultados educativos.
La tendencia de achicar el receso estival y de diseñar el descanso escolar en varios períodos de corta duración gana terreno. En Reino Unido los alumnos suelen tener una semana de vacaciones cada seis semanas lectivas. El descanso de verano es de un mes y medio. En Suiza, los escolares disponen de una semana de vacaciones cada dos meses. La orientación general, no obstante, apunta a 2 meses de receso veraniego y cuatro pequeños parates durante el curso.
“¿CUANTAS HORAS?”
Hay quienes prefieren hablar de horas lectivas. “Que los más chiquitos tengan más horas que los grandes no tiene sentido. Considero que se está naturalizando cierta flexibilización del sistema, una suerte de reconocimiento implícito de que no puede contener a los adolescentes, y los libera”, sentencia el concejal platense especializado en educación, Luciano Sanguinetti.
Comenta que sólo tomando actividades obligatorias (no complementarias) “en casi la totalidad de los países de la Unión Europea la escolaridad es de doble turno o jornada extendida, como decimos acá. La mayoría de los estudiantes de los diferentes niveles asisten entre 6 y 8 horas diarias a los establecimientos educativos. El promedio europeo es de 900 horas promedio de clase al año, frente a las 720 nuestras. En Alemania son 1.050 horas promedio; en Finlandia, modelo al que todos toman como referencia, llegan a 1.100; en Italia, a 950”.
El director del Observatorio de Calidad Educativa de la provincia de Buenos Aires subraya que “tras el fracaso de la EGB (9 años de educación general básica y obligatoria) se tomó una buena iniciativa, como convertir en obligatorio todo el ciclo secundario, pero no se modificó la estructura de ese nivel, que aún hoy conserva la matriz de hace 50 años”, realza.
“Es así como los sectores populares, que van a la escuela a buscar una herramienta para afrontar la vida, se encuentran como hace décadas con monólogos de 45 minutos separados por recreos, y quienes llegan al final del camino, sin esa herramienta para salir a trabajar. Por ello, en La Plata, en sintonía con la media nacional, hay un 25% de deserción en el ciclo superior (de 3º a 6 º año). Se impone una gran reforma de la enseñanza media”, opina.
“PARCHES”
La doctora en Educación e investigadora del Conicet, Silvina Gvirtz, asevera que el período lectivo de la secundaria es la “punta de un iceberg, el cual flota sobre una estructura de enseñanza creada en el siglo XIX para seleccionar a quienes iban a ir a la universidad. Luego se fue poniendo parche sobre parche. Es momento de barajar y dar de nuevo”, expresa, para dejar en el aire ideas que “debieran debatirse entre todos pues la educación tiene que ser política de Estado”. “¿Se debe aprender por disciplinas o por problemas que abarcan varias disciplinas, como se hace en Finlandia? ¿Quién se lleva tres materias previas debe recursar once? ¿No se pueden semestralizar asignaturas aumentando la carga horaria?”, y un largo etcétera.
Desde la UNLP, la secretaria académica del Colegio Nacional, Cintia Gasco, señala: “Es cierto que los que aprueban todo ven sensiblemente achicado su ciclo lectivo. Deberíamos pensar desde la escuela, pero fundamentalmente desde las familias, cómo pueden complementar su formación con otras actividades, como talleres en diferentes áreas. Alternativas hay”.
Una serie de nuevas leyes de amplio alcance están conduciendo a Europa a un profundo y peligroso estado de “segurización” permanente. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional al publicar un exhaustivo análisis, desde la perspectiva de los derechos humanos, de las medidas antiterroristas adoptadas en 14 Estados miembros de la Unión Europea.
Tras una serie de atentados atroces, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias.
Peligrosamente desproporcionado: La expansión continua del estado de seguridad nacional en Europa revela la manera en que el diluvio de leyes y reformas aprobadas a una velocidad de vértigo está minando libertades fundamentales y desmantelando salvaguardias de derechos humanos que había costado mucho conseguir.
“Tras una serie de atentados atroces, desde París hasta Berlín, los gobiernos se han apresurado a promulgar toda una serie de leyes desproporcionadas y discriminatorias”, ha manifestado John Dalhuisen, director de Amnistía Internacional para Europa.
“Tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una imagen inquietante en la que poderes sin control pisotean libertades que se daban por sentadas desde hace mucho tiempo.”
El informe, basado en más de dos años de investigación en 14 Estados miembros de la UE y en el análisis de iniciativas tanto internacionales como europeas, revela hasta qué punto las nuevas leyes y políticas concebidas para abordar la amenaza del terrorismo han pasado como una apisonadora sobre las salvaguardias de los derechos.
En varios países se han propuesto o adoptado medidas antiterroristas que han erosionado el Estado de derecho, han aumentado el poder del ejecutivo, han eliminado controles judiciales, han restringido la libertad de expresión y han expuesto a toda la población a una vigilancia gubernamental sin control. El impacto ha sido especialmente profundo para las personas extranjeras y las minorías étnicas y religiosas.
Tomadas de una en una, estas medidas antiterroristas individuales resultan suficientemente preocupantes, pero si se miran todas juntas emerge una imagen inquietante.
La nueva normalidad: Leyes de excepción y medidas similares
En varios países, las reformas constitucionales o la legislación harán que sea más fácil declarar un estado formal de excepción u otorgar poderes especiales a los servicios de seguridad e inteligencia, a menudo sin apenas supervisión judicial, o sin supervisión en absoluto.
Por ejemplo, en Hungría, la nueva legislación concede amplios poderes al ejecutivo en caso de que se declare una emergencia; esos poderes incluyen la prohibición de reuniones públicas, severas restricciones a la libertad de circulación, y congelación de bienes. Unas disposiciones vagamente definidas otorgan el poder de suspender leyes y acelerar la promulgación de otras nuevas, así como desplegar al ejército con armas de munición real para sofocar disturbios.
En Francia se ha renovado cinco veces el estado de excepción, con lo que se ha normalizado una serie de medidas intrusivas como, por ejemplo, el poder para prohibir manifestaciones y llevar a cabo registros sin orden judicial.
Las medidas temporales de excepción, como las órdenes administrativas para controlar la circulación de personas en Reino Unido y Francia, se han integrado cada vez más en la legislación ordinaria.
La nueva ley antiterrorista polaca cimenta de forma permanente una serie de poderes draconianos, entre ellos las medidas desproporcionadas contra personas de ciudadanía extranjera.
Algunos Estados han utilizado indebidamente las leyes antiterroristas para atacar a activistas políticos y a personas que defienden los derechos humanos. Un claro ejemplo es el uso de las leyes de excepción por parte de la policía francesa para poner bajo arresto domiciliario a activistas medioambientales en vísperas de la Conferencia de la ONU sobre Cambio Climático celebrada en 2015.
Estados vigilantes
Muchos países de la UE se han unido a las filas de los “Estados vigilantes” a medida que han ido aprobando nuevas leyes que permiten la vigilancia masiva indiscriminada y otorgan poderes intrusivos a los servicios de seguridad e inteligencia.
Se han concedido o ampliado poderes de vigilancia masiva en Alemania, Austria, Bélgica, Francia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, entre otros, y al hacerlo se ha permitido la interceptación masiva y el posible acceso a los datos de millones de personas.
La vigilancia selectiva sin supervisión también se ha ampliado enormemente. La Ley Antiterrorista promulgada por Polonia en 2016 permite medidas de vigilancia encubierta contra personas de ciudadanía extranjera, como por ejemplo las escuchas telefónicas, el seguimiento de las comunicaciones electrónicas y la vigilancia de las redes y dispositivos de telecomunicaciones sin supervisión judicial de ningún tipo durante tres meses.
A David Miranda, ciudadano brasileño que ayudaba en la investigación periodística sobre las revelaciones de Edward Snowden relativas a la vigilancia, lo interceptaron en virtud de los poderes antiterroristas cuando estaba en tránsito por Reino Unido en 2013. Fue detenido, registrado e interrogado durante nueve horas como sospechoso de estar implicado en “espionaje” y “terrorismo”. Le confiscaron el teléfono móvil, el ordenador portátil, un disco duro externo y otros materiales.
Delitos de pensamiento
En un moderno giro del orwelliano “delito de pensamiento”, la gente puede ahora ser procesada por actos que tienen un vínculo sumamente tenue con una conducta delictiva real. Al centrar cada vez más las medidas antiterroristas en la prevención, los gobiernos han invertido en iniciativas “predelictivas” y han recurrido con una frecuencia cada vez mayor a órdenes de control administrativo para restringir la libertad de circulación y otros derechos. Esto ha dado lugar a que muchas personas se hayan visto sometidas a toques de queda, prohibiciones de viajar o etiquetas electrónicas sin haber sido siquiera acusadas o declaradas culpables de delito alguno. En estos casos, a menudo las pruebas se mantienen en secreto, lo que significa que las personas acusadas de actividades “predelictivas” no pueden defenderse adecuadamente.
Ataques a personas refugiadas y grupos minoritarios
Las personas migrantes y refugiadas, los defensores y defensoras de los derechos humanos, los activistas y los grupos minoritarios han sido blanco especial de los ataques de los nuevos poderes, mientras el establecimiento de perfiles —basados frecuentemente en estereotipos— conducía directamente al uso indebido de leyes que definen el terrorismo de manera muy vaga.
Muchos Estados miembros de la UE están intentando establecer vínculos entre la crisis de refugiados y la amenaza del terrorismo. En noviembre, un tribunal húngaro condenó a Ahmed H. —ciudadano sirio residente en Chipre— a diez años de prisión por cometer un “acto de terrorismo”. Dicho acto consistía en arrojar piedras y hablar por un megáfono a una multitud durante unos enfrentamientos con la policía de fronteras. En realidad, Ahmed H. había viajado para ayudar a sus ancianos padres en su huida de Siria a Europa. Aunque admitió haber arrojado piedras, hay grabaciones de vídeo que muestran que también había intentando calmar a la multitud.
La esposa de Ahmed, Nadia, contó a Amnistía Internacional: “Nos han arruinado la vida. Intento ser madre y padre para mis hijas, pero es muy difícil. Lo echamos de menos y tememos por él.”
La función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad.
Efecto disuasorio
El miedo a ser calificado de amenaza para la seguridad o de “extremista” ha tenido un efecto disuasorio que ha limitado la libertad de expresión. En España, dos titiriteros fueron detenidos y acusados de “enaltecimiento del terrorismo” tras una actuación satírica en la que una marioneta sostenía una pancarta con un lema que se consideró de apoyo a un grupo armado. En Francia se ha utilizado un delito similar —“apología del terrorismo”— para acusar a cientos de personas, incluidos menores de edad, de “delitos” tales como publicar en Facebook comentarios que no incitaban a la violencia.
En 2015, los tribunales franceses dictaron 385 condenas por “apología del terrorismo”, un tercio de ellas contra menores de edad. Las definiciones de qué constituye “apología” son sumamente amplias.
En España, un popular músico fue detenido y recluido por una serie de tuits entre los que se encontraba una broma sobre ofrecer al rey emérito Juan Carlos un pastel bomba como regalo de cumpleaños.
Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma.
Las medidas discriminatorias han afectado de manera desproporcionada y profundamente negativa a la población musulmana, las personas de ciudadanía extranjera o las personas consideradas musulmanas o extranjeras. Las actuaciones discriminatorias del Estado y sus agentes se consideran cada vez más “aceptables” en el contexto de la seguridad nacional.
“Aunque la amenaza del terrorismo es muy real y debe recibir siempre una respuesta enérgica, la función de los gobiernos debería ser brindar seguridad para que la gente disfrute de sus derechos humanos, en lugar de restringir los derechos de la población en nombre de la seguridad”, ha manifestado John Dalhuisen.
“Los gobiernos de la UE están utilizando las medidas antiterroristas para consolidar poderes draconianos, atacar a grupos de forma discriminatoria y privar de derechos humanos con el pretexto de defenderlos. Corremos el peligro de crear sociedades en las que la libertad se convierta en la excepción y el miedo en la norma.
Una educación de calidad accesible para todos es una de las mejores inversiones que puede realizar una sociedad. Lo es para los beneficiarios directos pero, sobre todo, lo es para el conjunto de la economía y para nuestro futuro. Se trata de un aspecto clave no sólo para fomentar el crecimiento económico y la competitividad, sino también para crear sociedades abiertas y cohesionadas, para mejorar nuestra capacidad de adaptación en un mundo cambiante y para ayudar a las personas a aprovechar las oportunidades que se les presentan.
Sin embargo, muchos jóvenes se ven limitados precisamente en el momento en que están preparándose para tomar el control de sus vidas y buscar su lugar en la sociedad. Limitados por la falta de capacidades adecuadas y por la falta de oportunidades.
Esto es debido a diversos factores, entre los que cabe destacar la educación, que es fundamental para dotar a los ciudadanos de los conocimientos, las competencias, las capacidades y las destrezas para poder aprovechar al máximo su potencial y sacar todo el partido de las opciones que encuentren a lo largo de su vida. La educación refuerza la capacidad de adaptación en estos tiempos de rápidos cambios. Sin embargo, en la actualidad nuestros sistemas educativos no siempre producen los resultados esperados. Un sistema educativo sólo puede cumplir su función si es eficiente e inclusivo, y si proporciona una enseñanza de calidad a todos los niños y jóvenes. Y aunque los Estados miembros han progresado y en los últimos años hemos visto, por ejemplo, un aumento de la proporción de personas que obtienen una titulación universitaria y una reducción del número de personas que abandonan el sistema educativo sin un título, todavía queda mucho trabajo por hacer.
Por estas razones, estamos intensificando nuestros esfuerzos para contribuir a que los sistemas educativos europeos sean adecuados para cumplir su función. Queremos trabajar con España y con el resto de Estados miembros, para mejorar la educación escolar y la enseñanza superior. Esto es fundamental para impulsar la innovación y el crecimiento económico a fin de mantener la prosperidad y competitividad de Europa. También lo es para crear sociedades justas, tolerantes, abiertas y democráticas. Nuestros sistemas educativos deben ofrecer igualdad de oportunidades a todos los jóvenes.
Esto precisa de un enfoque global y a largo plazo, así como de esfuerzos constantes. La educación inclusiva y de calidad debe iniciarse en una fase temprana de la vida y en ella debe participar una amplia red que comprende desde los padres, profesores, directores de centros de enseñanza, centros de investigación y universidades; hasta las empresas y los agentes sociales, incluidas las organizaciones juveniles y otros proveedores de educación informal. Queremos proporcionar nuestro apoyo mediante, por ejemplo, una acción específica que impulse la formación y el desarrollo profesional permanente de los profesores.
La plataforma europea eTwinning, que pone en contacto a centros educativos y profesores, es una herramienta excelente que vamos a usar para este objetivo. Desarrollada bajo el programa Erasmus+, se trata de la mayor red de profesionales de la enseñanza del mundo. Cuenta con 400.000 profesores conectados a los que ofrece la oportunidad de intercambiar experiencias, aprender unos de otros y trabajar conjuntamente en proyectos concretos.
También actualizaremos y revisaremos las competencias clave que deben proporcionar los sistemas educativos modernos. Uno de los objetivos será impulsar las capacidades básicas, un ámbito que requiere medidas urgentes. En diciembre conocimos los resultados del último informe PISA, que ha arrojado una ligera mejora de los resultados para España pero que, en general, muestra que la media de alumnos con bajo rendimiento en los veintiocho Estados miembros ha aumentado entre 2012 y 2015. Las competencias relacionadas con el emprendimiento como la resiliencia, la flexibilidad, la creatividad y la capacidad para trabajar en equipo son también de gran importancia ya que dotan a los jóvenes de habilidades que les permiten tener éxito en el mercado laboral a largo plazo.
En el ámbito de la enseñanza superior, tenemos previsto seguir impulsando la modernización. Es necesario realizar mayores esfuerzos para avanzar en el desarrollo, el reconocimiento y la recompensa de la enseñanza de calidad. La educación superior debe dotar a los jóvenes de los conocimientos y capacidades pertinentes, pero las universidades también deberían estar más conectadas con las comunidades en las que están situadas. Apoyaremos la creación de vínculos más sólidos entre las universidades, las empresas y las instituciones y organizaciones locales y regionales. Aquí existe un importante margen de colaboración a distintos niveles. Por ejemplo, incluir a las universidades en las estrategias de especialización inteligente ayudará a las regiones a impulsar el desarrollo y a crear puestos de trabajo y unas condiciones de vida atractivas para los jóvenes. Además, pondremos en marcha una iniciativa de seguimiento de graduados. Nos mostrará cómo progresan en el mercado de trabajo los jóvenes titulados en educación superior. La información nos ayudará a apoyar el diseño de planes de estudio que sean relevantes para el mercado laboral y permitirá que los estudiantes tomen decisiones informadas sobre qué estudiar.
También queremos intensificar nuestro apoyo a las políticas educativas en la Unión Europea reforzando la base empírica con la que trabajamos todos, de modo que podamos obtener datos fiables que nos ayuden a determinar qué es lo que funciona en la educación, así como a diseñar y evaluar sus reformas en consecuencia. Ofreceremos evaluaciones comparativas y proporcionaremos asesoramiento a medida a los gobiernos de los Estados miembros que lo soliciten.
Todas estas iniciativas en las que queremos colaborar con los Estados miembros tienen dos objetivos principales: mejorar la calidad de la educación y garantizar que todos los jóvenes tengan acceso a ella, independientemente de su origen. Todos tienen derecho a recibir la mejor preparación, lo que les ayudará a enfrentarse a los retos de su vida futura. Los sistemas educativos modernos, eficaces e inclusivos son cruciales para lograr este objetivo.
Ahora también suspendemos en la autonomía de los centros, según la OCDE. Somos de hecho el número 31 de 35 países, con un 57,5% frente a un 71% de media y a 37,9 puntos del primer clasificado, que en este caso es la República Checa.
Si bien, autonomía no tiene por qué ser determinante en cuanto a la idoneidad de resultados, sí comprobamos que aquellos países con mejores resultados están por encima o en la media del ranking. La Lomce incluía mejoras para aumentar dicha autonomía, pero éstas no son de gestión directa para los centros educativos, son a las distintas administraciones educativas a las que delega dicha potestad para permitir una verdadera autonomía de centro en sus tres ámbitos: organizativo, de gestión y pedagógico.
Si hablamos de gestión pedagógica, vendría establecida a través del proyecto educativo que también puede ser de especialización curricular, atendiendo a las singularidades de su población y que incluye la organización autónoma de agrupamientos, o bien, proyectos educativos de carácter innovador, que pueden adoptar experimentaciones, todo con su extra de recursos.
Si hablamos de gestión, se permite la ampliación de recursos humanos y económicos según la población escolarizada y las necesidades acorde con el proyecto y su justificación y rendimiento.
Dónde está el problema, se preguntarán. La respuesta es sencilla y económica.
Curricularmente cada autonomía sobrecarga y encorseta en demasía los contenidos, horarios de cada materia y las materias sin tener en cuenta la población escolar concreta a la que va dirigida, que sólo conocen los centros.
Los recortes económicos, de plantilla o la ampliación de horas lectivas, imposibilitan una verdadera autonomía de gestión pedagógica.
Sólo aquellas autonomías que dedican cierto porcentaje de su PIB a educación pueden permitirse cierta autonomía de centros.
Aquellas cuyos recursos educativos vienen marcados para programas previamente establecidos desde el Gobierno central o la UE, difícilmente podrán adaptar su realidad a la realidad educativa de su región. Esa es una de las diferencias existentes entre los resultados de una u otra administración.
La imagen de un grupo de alumnos de un instituto de Hernani ensalzando en el patio escolar a terroristas de ETA el pasado mes de septiembre, hizo saltar todas las alarmas sobre la radicalización en la que están creciendo muchos jóvenes vascos y el peligro que supone para la sociedad del futuro si no se ataja cuanto antes. Sin embargo, Europa carece de respuestas para abordar esta problemática concreta. Así queda de manifiesto en la respuesta de la Comisión Europea al europarlamentario del PP, Carlos Iturgaiz, que interpeló al organismo comunitario sobre las medidas a tomar ante esta situación que se está produciendo «en el corazón de la Unión Europea».
La pregunta presentada por Iturgaiz ante la Comisión, -a los pocos días después de celebrarse el homenaje a los etarras en el instituto vasco- alerta con claridad de la gravedad de que se ensalce a terroristas» y de que se «adoctrine por parte del nacionalismo vasco radical a jóvenes para apoyar, homenajear y defender a criminales de la organización terrorista ETA». Unas «lamentables acciones», dice el europarlamentario, «que están en las antípodas de lo que son los valores de nuestra sociedad». «¿Qué medidas propone la Comisión Europea con el fin de incentivar la participación democrática de las generaciones más jóvenes de Europa?» pregunta el europarlamentario vasco.
Pero si la pregunta de Iturgaiz es clara, la respuesta de la Comisión, sin embargo, -fechada en el 10 de enero-, elude en todo momento pronunciarse sobre el caso concreto al que se refiere el europarlamentario vasco o la situación de Euskadi, para enzarzarse en una serie de generalidades sobre la «prevención de la radicalización» y hablar de diversas iniciativas de cara a los jóvenes europeos que van desde el «refuerzo al Servicio Voluntario Europeo» a los «intercambios virtuales de Erasmus», sin que en ningún momento quede clara en la respuesta la aplicación que pueden tener en el caso concreto de la juventud vasca por la que se le interpela.
En su respuesta, el comisario europeo de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, Tibor Navracsics, remite a Iturgaiz a una comunicación de la Comisión sobre el apoyo a la prevención de la radicalización que conduce al extremismo violento -que se centra fundamentalmente en las consecuencias de los atentados yihadistas en Europa- «como parte del esfuerzo más amplio de la Comisión para aplicar la Agenda Europea de Seguridad», señala en la respuesta.
«Se trata de medidas transversales que afectan a varios ámbitos políticos y que contribuyen a la aplicación de la Declaración sobre la promoción de la ciudadanía y de los valores comunes de libertad, tolerancia y no discriminación mediante la educación, que fue adoptada en París en marzo de 2015 por los Ministros de Educación de la UE y la Comisión», afirma el comisario, sin añadir ninguna referencia concreta al caso vasco.
Iturgaiz considera «muy grave» la respuesta de la Comisión ante unos hechos de suma importancia. «Se le tendría que caer la cara de vergüenza al comisario» , dice, lamentando que Europa «se lave las manos» ante este problema.
Estos homenajes de jóvenes alumnos vascos a etarras causaron una profunda indignación entre los colectivos de víctimas. Precisamente Covite envió un informe a la ONU sobre la radicalización de los jóvenes vascos que el organismo internacional publicó en su página web.
Con el lema ‘Sí a la pública. No a la privatización mediante conciertos’ ha tenido lugar este sábado la primera movilización que sobre este asunto se ha hecho en las localidades de Sevilla, Granada y Linares (Jaén), donde han participado miembros del sector educativo así como de formaciones políticas y ciudadanos a título individual para criticar «la ampliación de la red de enseñanza concertada a costa de la pública».
Según ha informado en una nota el portavoz de uno de los colectivos presente en la protesta, las manifestaciones han sido convocadas conjuntamente por Plataforma Andaluza en Defensa de la Educación Infantil (Padei), Marea Verde, Sindicato de Estudiantes, Docentes en Acción, Confederación Andaluza de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (Confedampa), Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Granada (Fampa), y los sindicatos CSIF, CGT, Ustea y ANPE.
Estas manifestaciones han supuesto una marcha en las ciudades de Granada (desde Delegación de Educación hasta la Plaza del Carmen), en Linares (desde el Paseo de Linarejos hasta la Plaza del Ayuntamiento) y en Sevilla (desde los Altos Colegios de Macarena hasta los Jardines del Valle). También se ha convocado una concentración en Málaga.
Desde Docentes en Acción, una de las organizaciones convocantes, han manifestado que las reivindicaciones de esta manifestación son «concretas y se basan en un rotundo ‘no’ a la privatización del sistema educativo andaluz con la renovación de los conciertos a centros concertados; que el dinero público se quede en la educación pública, y que no se permita más cierres en líneas o unidades de la educación pública por la bajada de natalidad mientras que en la concertada aumenta».
En este sentido, han manifestado que la comparación de Andalucía con España y Europa con respecto al ratio de alumnos de la educación privada y concertada frente a la pública es «alarmante, dado que si en la Unión Europea ese ratio es de un cuatro por ciento y en España un 32 por ciento, en la comunidad andaluza el dato es de un 48 por ciento».
Así, han lamentado que en provincias como Granada, Jaén o Sevilla los centros concertados sean más del 50 por ciento frente a los centros públicos, o que en Cádiz esa cifra se eleve a más de un 60 por ciento. También ha reseñado el caso de que en Sevilla entre los distritos 41001 al 41004 (correspondientes al casco antiguo) «haya 25 centros concertados frente a cinco públicos».
NUEVAS MOVILIZACIONES
La protesta educativa de este sábado, que desde los colectivos de docentes han calificado como «exitosa», al congregar, en el caso de Sevilla, unas 2.000 personas según sus estimaciones, tiene como objetivo último instar a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, a reunirse con la comunidad educativa para «reorientar la situación de desigualdad entre la educación pública y la concertada».
En el caso de no haber un acercamiento por parte de la administración pública, los colectivos convocantes han informado a Europa Press de que el día 29 de diciembre volverán a protagonizar una nueva manifestación «para que atiendan a sus reivindicaciones».
CGT EXIGE QUE LA EDUCACIÓN PÚBLICA ABSORBA A LA CONCERTADA
Por su parte, desde la Confederación General de Trabajadores (CGT) han lamentado que «el pasado curso se cerraran en Andalucía 332 unidades en Infantil y 82 en Primaria, mientras la enseñanza privada sostenida con fondos públicos en nada notó la bajada de alumnado por motivos demográficos». Un hecho «que se debe al blindaje que para la misma ha implicado la concertación en los últimos cursos y que se renovará a partir de enero por seis años con la modificación que introduce la Lomce en este sentido», han continuado.
Para este sindicato, esta situación está llevando a que la media del peso de la privada concertada en las capitales y grandes ciudades andaluzas se acerque al 50 por ciento y que haya casos como el de la ciudad de Granada donde en Educación Infantil hay solo un 42 por ciento de oferta en centros públicos y un 38 por ciento en Primaria.
Por ello, CGT han defendido la existencia de una única red de centros públicos que absorba a la concertada, «nacida como subsidiaria» de la pública en los años 80 bajo los gobiernos del PSOE. En tanto esto no sea posible, «no se entiende que la única que soporte el peso de la bajada de natalidad sea la red pública mientras se mantienen las unidades de la concertada y se amplían a etapas no obligatorias», han apostillado.
BLINDAJE PRESUPUESTARIO
En otro orden de cosas, el diputado de Unidos Podemos por Sevilla en el Congreso de los Diputados Miguel Ángel Bustamante, ha acudido como representante de IU y el PCE a la protesta de la capital hispalense para «apoyar la movilización de la comunidad educativa» este sábado «frente a los recortes, por una educación pública de calidad y digna para los andaluces».
En este sentido, Bustamante quiere hacer «extensible a la comunidad educativa, para que la tomen como suya, la proposición de ley que IU y Podemos han presentado conjuntamente en el Parlamento andaluz de blindar los presupuestos de la Junta con al menos un cinco por ciento de techo para la educación no universitaria y que se dé así unas condiciones de financiación digna». Así, «se conseguirá que la educación sea pública, gratuita y de calidad», ha apostillado. Junto a Bustamante, han asistido también a esta marcha los concejales de IU en la ciudad, Daniel González Rojas y Eva Oliva.
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