La universidad pública boliviana y especialmente el movimiento universitario ha tenido un rol protagónico en los procesos políticos del país en el contexto de las movilizaciones obreras y campesinas por definir un horizonte socialista, en la lucha contra las dictaduras y en la construcción de la democracia, sin embargo en las dos últimas décadas ha perdido su relación con los movimientos vitales de las organizaciones populares de la sociedad y un proceso de despolitización ha marcado las tendencias de su existencia, reduciendo así su potencial de referencia reflexiva e intelectual.
Los pactos obrero-campesino-universitarios y la participación de la Federación Universitaria Local (FUL) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) en la Central Obrera Boliviana (COB) de los años sesenta fueron clave para la derrota de la dictadura barrientista, para la formación de la Asamblea Popular, para la nacionalización de la Gulf Oil, para el debate en torno a la liberación nacional y el socialismo, en los años setenta para la resistencia y reconquista de la democracia y los derechos sindicales y políticos y en los ochenta frente al neoliberalismo.
El periodo neoliberal ha influido fuertemente para desmontar la tradición universitaria de los debates nacionales y estratégicos presentes en la Revolución Universitaria de 1970, en la resistencia a las dictaduras proimperialistas de Banzer Suarez y Garcia Meza que intervinieron violentamente las Universidades y en la recuperación de la democracia como tribuna de análisis de las perspectivas políticas propuestas por organizaciones políticas, sindicales y populares.
En este marco de referencia se ha publicado el libro “Dialéctica de una aventura: Cincuenta años de historia de la Carrera de Sociología de la UMSA”, cuyo autor es quien escribe esta columna en La Época, en el que la problemática planteada establece que, en el proceso socio-histórico de Bolivia y de la UMSA, la Carrera de Sociología ha conseguido ubicarse en un lugar centra en la constitución y el desarrollo de la disciplina sociológica en el país y como referente latinoamericano, e identifica y analiza los factores de continuidad y ruptura que han atravesado su existencia institucional y académica, tomando en cuenta los ritmos históricos producidos en Bolivia.
Se trata de una investigación en torno a los distintos aspectos y dimensiones de la vida universitaria, ampliándose hacia una perspectiva más profunda y de largo plazo, especialmente si tomamos en cuenta los cambios y reformas en la Carrera han estado condicionados, en muchos casos, por los procesos políticos del país, ascenso popular y revolucionario, golpes militares y dictaduras, apertura y reapertura democrática, liberalización y privatización de la educación superior en Bolivia y ascenso de movimientos sociales y populares en contextos de fortalezas y debilidades institucionales universitarias.
De ahí que, aprovechando la celebración de los cincuenta años de creación de la Carrera de Sociología, se pretende realizar un aporte para estudiar, analizar y debatir el lugar de la universidad en nuestro país, con una perspectiva crítica y autocrítica y una reflexión orientada a recuperar las tradiciones de compromiso y lucha del movimiento universitario con los ideales mayores del pueblo boliviano.
En un Estado descentralizado y plural caben distintos modelos de acceso a los estudios y financiación de las universidades
La decisión de la Junta de Andalucía de bonificar a partir del próximo curso el 99% de la matrícula universitaria a todos los alumnos que hayan aprobado la totalidad de los créditos del curso anterior es una medida muy novedosa que avanza hacia la gratuidad total de la universidad, un modelo que ya existe en otros países europeos y que merece ser tomado en consideración. Nada hay que objetar a que Andalucía, haciendo uso de su autogobierno, decida priorizar este tipo de políticas de carácter universal, que no están vinculadas, como sí hace el sistema de becas, a renta familiar, sino que las considera un derecho vinculado a un rendimiento. Es una forma de predistribución que tiende a igualar las condiciones de partida y que puede además actuar como un potente estímulo del esfuerzo académico.
La medida implica que los universitarios andaluces de grado o máster pagarán solo el 25% de las tasas establecidas y el importe de la bonificación —unos 30 millones de euros— se incluirá en el presupuesto universitario. El cambio ha sido bien recibido por los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, aunque tienen razón cuando indican que la Junta debería hacer también un esfuerzo para saldar la deuda de 278 millones que tiene con ellas.
España es el cuarto país europeo, tras Reino Unido, Irlanda y Holanda, con las tasas universitarias más altas. La reforma aprobada por el PP en 2012 permitió que las comunidades aumentaran el precio dentro de unos límites. El resultado es un mapa con grandes desigualdades. Andalucía es al segunda comunidad, tras Galicia, que menos ha subido las tasas. Los 756 euros que cuesta la matrícula en esta comunidad contrastan con los más de 2.000 que se pagan en Cataluña, donde estos ingresos cubren el 33% del coste de los estudios. En un Estado descentralizado y plural, caben modelos diferentes. Lo interesante ahora es evaluarlos y utilizar estas experiencias para mejorar el conjunto del sistema.
El Gobierno de Rafael Correa implementó en Ecuador la transformación del sistema de educación superior como condición necesaria para el desarrollo económico y social del país. TSS habló con René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de ese país, sobre las reformas con las que buscaron democratizar y reorientar la enseñanza universitaria.
Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador, un país devastado por políticas neoliberales que en los 11 años previos había acumulado nueve presidentes y perdido su moneda nacional, reemplazada por el dólar estadounidense. Correa acaba de finalizar su segundo mandato tras 10 años de Gobierno al frente de uno de los países más pequeños de Sudamérica. Entre los cambios que impulsó, se destacan la reforma de la Constitución Nacional en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.
En la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), TSS participó de una mesa redonda con el economista René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Durante el encuentro —del que también participaron la decana de la FAMAF, Mirta Iriondo, y su secretario de Ciencia y Técnica, Gustavo Monti—, Ramírez Gallego repasó las políticas de transformación implementadas en su país tanto en lo atinente a educación universitaria y terciaria como a investigación científica y desarrollo tecnológico.
Los pilares del cambio universitario
“Cuando llegamos al Gobierno, la educación superior estaba arancelada. Y el poco o mucho arancelamiento de las universidades estatales llevaba a una elitización brutal del acceso a ellas, por lo que determinamos la gratuidad para la educación”, recordó Ramírez.
Esa decisión fue consagrada en la nueva Constitución Nacional. En simultáneo, se comenzó a incrementar el presupuesto para la educación superior, que pasó del 0,8 al 2% del PBI. Sin embargo, estas medidas por sí mismas no iban a corregir una serie de problemas graves de los que adolecía el sistema universitario ecuatoriano, entre los que se destacaban su baja calidad y la mala formación y el envejecimiento de la planta docente.
Una de las realidades que había contribuido a la degradación de la educación superior ecuatoriana había sido la proliferación de instituciones privadas de baja calidad. Desde la década de los noventa se habían creado 54 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales74% eran privadas. Cuando se hizo la reforma constitucional se dio mandato al Gobierno para que evaluara el sistema y se estableció un mecanismo por medio del cual los alumnos fueron examinados sobre conocimientos propios de las disciplinas que estudiaban. Los resultados de gran parte de las instituciones privadas fueron paupérrimos y se procedió a retirarles la licencia a 13 de ellas. Los estudiantes de las instituciones clausuradas fueron reubicados en otros establecimientos y se crearon carreras específicas para que pudieran continuar sus estudios. Cerca del 87% de los alumnos reubicados pudieron seguir estudiando.
Otro problema era el bajo nivel de formación promedio de los docentes universitarios, especialmente en aquellas carreras que se deseaba incentivar, como las ingenierías. Solo un 23% tenía un cuarto nivel de formación (maestría o doctorado) y pocos hacían investigación o publicaban. Para corregir esta situación se creó un programa de becas para enviar a jóvenes a formarse en el exterior y el Gobierno invirtió 1000 millones de dólares para que 20.000 becarios pudieran hacer maestrías o doctorados en diferentes países. Uno de los requisitos para acceder a la beca era que el beneficiario se comprometiera, una vez terminados sus estudios, a retornar al país a trabajar por el doble de tiempo de su estadía en el exterior.
La gestión de Correa impulsó la reforma constitucional del Ecuador en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.
El problema de la alta edad promedio de los profesores también fue abordado: a los docentes que no se habían actualizado ni tenían el hábito de la producción académica o científica se les ofrecieron atractivas jubilaciones y sus cargos fueron reemplazados por jóvenes con maestrías y doctorados realizados en el exterior. Junto con el programa de becas, la política le permitió a Ecuador pasar de aquel 23% de docentes con formación de cuarto nivel al 86% que tiene actualmente.
Para salvar el déficit de docentes universitarios con una adecuada formación mientras se esperaba el retorno de los primeros becarios en el extranjero, Ecuador puso en marcha el programa Prometeo, por el cual cualquier persona que tuviera los antecedentes académicos pertinentes, sin importar de qué país fuera, podía postularse para dar clases e investigar en el país durante dos años. Prometeo les permitía a sus beneficiarios insertarse en una universidad con salarios en torno a los 6000 dólares y el financiamiento estatal del proyecto de investigación presentado.
A su vez, el salario de los docentes universitarios se elevó de 470 dólares mensuales a un mínimo de 1700 dólares y de 6000 en las escalas superiores, y se eliminó la precarización laboral.
Recursos y rendición de cuentas
Las universidades públicas ecuatorianas gozan de autonomía de manera similar a las argentinas. Esta prerrogativa, originalmente concebida para preservar a la academia de las presiones políticas o económicas, en Ecuador fue tergiversada para proteger privilegios ilegítimos e intereses espurios. Al inicio del Gobierno de Correa se descubrió que en algunas universidades públicas los rectores se autoasignaban salarios de hasta 20.000 dólares y que, aprovechando la exención de impuestos para estas instituciones, se adquirían cosas a nombre de ellas, pero para uso particular de sus autoridades.
En ese contexto, el incremento del presupuesto universitario podía terminar aumentando el financiamiento de comportamientos ilegales y antiéticos. Para evitar esto se consagró en la nueva constitución el principio de responsabilidad por parte de las universidades, que implica la necesidad de rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
El objetivo último del cambio de paradigma del sistema de educación superior ecuatoriano era que sirviese al desarrollo nacional, política seguida por todos los países que consiguieron esta meta. En esa línea, se buscó incentivar fuertemente las carreras vinculadas con las ciencias duras y la tecnología. Para ello se crearon cuatro nuevas universidades públicas y más de cuarenta institutos técnicos y tecnológicos. Ramírez explica que “lo que más demanda el aparato productivo ecuatoriano [hoy] no son universitarios, sino técnicos”.
Entre las medidas adoptadas para reorientar el sistema universitario sin violentar su autonomía se encuentran la regulación del valor de las matrículas en el orden privado y un esquema de subsidios a la oferta en la parte pública. El 10% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 11% del Impuesto a la Renta quedaron reservados por ley para el financiamiento de la educación superior. La distribución entre las diferentes universidades e institutos se realiza por medio de una serie de parámetros que contemplan la matrícula de cada una, el porcentaje de estudiantes de sectores carenciados, la investigación que generan y el impacto social de las actividades que realizan, entre otros aspectos.
“En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación”, dijo Ramírez.
Otro de los problemas detectados cuando asumió Correa fue el tipo de carreras elegidas por los estudiantes. El 45% de la matrícula universitaria se concentraba en administración de empresas, mientras que las carreras científicas apenas alcanzaban el 5%. Esta distorsión provocaba la paradoja de que un país con un entramado productivo no desarrollado seguía un patrón de elección de carreras más propio de sociedades posindustriales.
Para revertir esta tendencia se empleó, una vez más, el incentivo presupuestario. A una universidad se le otorga varias veces más presupuesto (puede llegar hasta ocho veces más) por cada alumno matriculado en una carrera de ingeniería que por uno de administración de empresas. Sin embargo, a pesar de una política activa para fomentar la elección de carreras más productivas, Ramírez admite que los resultados han sido magros, dado que la matrícula en administración de empresas cayó solo un 14%.
También se le plantearon objetivos a las universidades en lo atinente a investigación científica. “En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación, mientras que, cuando empezamos, destinaban el 0,6%”, explica Ramírez. Además, en ciertas áreas estratégicas se llevaron a cabo concursos de proyectos en los que el Estado aporta los fondos para instalar laboratorios y financiar la investigación y la formación de posgrado del personal.
Una de las iniciativas más extraordinarias del Gobierno de Correa ha sido Yachay, una ciudad construida específicamente para hacer desarrollo científico tecnológico. Ubicada en San Miguel de Urcuquí, al norte de Ecuador, Yachay cuenta con 4000 hectáreas en donde se encuentra la Universidad Tecnológica Experimental, con cerca de mil alumnos; sedes de todos los institutos públicos de investigación; y un parque tecnológico con incentivos impositivos para las empresas que se instalen allí. Actualmente, alrededor de siete mil personas trabajan en Yachay y unas sesenta empresas, la mayoría pymes, se han radicado en el lugar. La labor de la Universidad Tecnológica se encuentra enfocada las áreas científico-tecnológicas que se consideran más prometedoras para Ecuador: petroquímica, energía y farmacología.
Según Ramírez, la transformación del sistema de educación superior ecuatoriano no ha sido fácil y la resistencia fue muy dura. “En Ecuador, las universidades tienen una inercia brutal”, resaltó y agregó que, no obstante,“hay un cambio cultural con el cambio generacional”.Y explicó: “Antes, al profesor no le interesaba investigar o actualizarse. Hicimos [cuando llegaron al gobierno] un análisis de las bibliotecas y el retraso era de 40 años. Ni siquiera había bases de datos actualizadas”.
En Ecuador, las universidades públicas tienen cupo y, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, el Estado orienta sus perfiles académicos y científicos a través de la asignación presupuestaria y la rendición de cuentas. Ninguno de estos elementos han sido obstáculos para una profunda democratización del sistema educativo y para un salto de calidad, en el contexto de uno de los gobiernos más progresistas de la última década en América Latina.
África/Liberia/17 Junio 2017/Fuente: Prensa Latina
Solo cerca del ocho por ciento de los estudiantes liberianos aprobaron las pruebas de ingreso a la universidad, resultado desastroso aunque mejor que hace cuatro años, según reportes difundidos hoy.
Del total de ocho mil 122 aspirantes a obtener plazas en las carreras que se imparten en la universidad de Liberia, en esta capital, solo mil 919 lograron ese propósito, según las estadísticas finales.
El resultado es mejor que el del curso lectivo pasado, cuando mil 778 aprobaron las pruebas de un conjunto de ocho mil 122, según fuentes del Ministerio de Educación de este país.
También está por encima del de 2015, cuando de 13 mil aspirantes solo 15 lograron el aprobado, y superior al de 2013, cuando los 25 mil oponentes quedaron con las manos vacías.
Fundada a principios del siglo XIX con esclavos provenientes de Estados Unidos, acorde con un esquema ideado por el presidente James Monroe, de cuyo apellido viene el nombre de esta capital, la República de Liberia es un país de Africa occidental cuyos ingresos principales provienen de prestar su bandera a barcos mercantes y de la extracción del caucho.
Los colonos afroestadounidenses nunca se integraron a la población local, la sojuzgaron y crearon una elite cuyos privilegios dieron pie a sendas guerras civiles, 1989-1996 y 1999-2003, durante las cuales los beligerantes cometieron crímenes de lesa humanidad.
Esta capital apenas tiene cuatro calles asfaltadas, la corrupción es rampante, el dólar estadounidense es la moneda de circulación corriente, por lo general con billetes ajados por el uso, y el mayor edificio de la capital es la sede de la transnacional B.F.Goodrich.
Centro America/Cuba/13.06.2017/Autor y Fuente:http://www.ahora.cu/
La Universidad de Holguín firmó un nuevo convenio de colaboración internacional con la Fundación Alternativa de Política Exterior de España, acción mediante la cual se reconoce la calidad de sus profesionales y programas académicos.
El Dr. C. Reynaldo Velázquez, rector de la institución académica, significó a la Agencia Cubana de Noticias (ACN) la importancia de estos acuerdos para la internacionalización y desarrollo de los resultados científicos, los cuales solo se logran mediante el intercambio de experiencias.
Explicó que este convenio se establece como punto de partida con la facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, específicamente en el área del Derecho, especialidad con logros investigativos de marcado interés para la parte extranjera.
Vicente Palacio, director de la fundación, agradeció el vínculo a partir del cual se logrará una amplia participación de estudiantes y docentes en proyectos investigativos conjuntos relacionados, sobre todo, con políticas de integración y derecho constitucional, principio en que se sustenta la organización.
Precisó que el convenio facilitará estancias para la participación de los investigadores cubanos en eventos internacionales, publicación de artículos científicos en revistas especializadas de alto impacto y el acceso a cursos de maestrías y doctorados para la superación profesional de los docentes.
También contribuirán al acceso de bibliografía actualizada de las bases de datos más importantes hoy en el mundo para el desarrollo eficaz de las investigaciones que se gesten.
El encuentro constituyó, además, una vía para propiciar futuros lazos de colaboración con la Universidad de Castilla de La Mancha también en la península Ibérica a través del catedrático y congresista Diego López, quién afirmó el interés por consolidar desde este escenario la unión con la alta casa de estudios de Holguín.
Este centro docente de la Enseñanza Superior posee 109 convenios con instituciones de unos 20 países, siendo los más representativos los de Alemania, España, Canadá, México, Ecuador y Colombia y pertenece a la Asociación Universitaria Iberoamericana de Postgrado. / Con información de Agencia Cubana de Noticias.
El fortalecimiento del sistema de nivelación y admisión para ampliar y garantizar el acceso a las instituciones de Educación Superior es una de las siete propuestas que plantea como reformas la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) a la Ley de Educación Superior (LOES) en la Asamblea.
Las cifras sobre los cupos anuales que se ofertan para ingresar al sistema de Educación Superior son analizadas aún por la actual administración de la Senescyt.
La anterior manejaba 251.530 cupos en las 30 universidades estatales, 8 universidades cofinanciadas y 136 institutos públicos. Entre 2012 y 2016, 147.884 fueron los cupos no demandados y 180.000 aspirantes no lo aceptaron.
En 15 días, según anunció Augusto Barrera, titular de la Senescyt, se conocerá qué se hará en el tema de admisión a las universidades.
Las otras propuestas de la Senescyt son fortalecer el subsistema de educación superior técnica y tecnológica, lo que supone la creación de institutos universitarios técnicos y tecnológicos.
Una prórroga del plazo (vence este año) para incorporar el requisito de doctorado (Ph.D.) exigido como profesor titular principal; racionalizar los mecanismos de intervención en las universidades. (I)
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, destacó la importancia de invertir en educación, ciencia e innovación tecnológica, «lo que invirtamos en ello, producirá frutos tangibles al bienestar de nuestra sociedad».
Durante la ceremonia de entrega del Premio Nacional de Investigación: Impulso al Desarrollo de las finanzas estatales, dijo que es bien sabido que los países que destinan recursos suficientes a estos sectores avanzan mucho más rápidamente que aquellos que no lo hacen.
Refirió que según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) y del Banco Mundial la educación es el factor más importante para propiciar la movilidad social hacia los niveles socioeconómicos superiores.
Por cada año de educación escolar, las remuneraciones económicas de un individuo pueden incrementarse hasta en 10 por ciento y en una nación aumenta hasta en 0.37 por ciento su Producto Interno Bruto (PIB).
Ante el secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, y los gobernadores de los estados de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, y de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, expresó que los tiempos actuales no son fáciles.
En el salón de actos del Palacio de Minería, expuso que en momentos como éste en el que se reconoce el interés de jóvenes por encontrar nuevas propuestas para el desarrollo del país es motivo de gran satisfacción.
«Hoy estamos aquí, porque entendemos la importancia de promover y reconocer proyectos y modelos innovadores de gestión de finanzas estatales encaminadas al uso eficiente y responsable de los recursos públicos», planteó.
De ahí la difícil e importantísima tarea de la Secretaría de Hacienda: el sano equilibrio entre la recaudación y las necesidades crecientes de gasto«, expuso.
Nadie, subrayó, «puede permanentemente gastar más de lo que tiene», pero si no se invierte en áreas estratégicas, tampoco habrá desarrollo posible para la nación, «la educación y la investigación son sectores estratégicos que no pueden ser descuidados».
En compañía del presidente del Grupo Financiero Interacciones, Carlos Hank Rhon, y del socio director de PwC México, Mauricio Hurtado de Mendoza, instituciones que junto con la Universidad Nacional convocan al premio, hizo hincapié en que «en los jóvenes descansa la esperanza de un mejor país».
En esta tercera edición se recibieron 46 propuestas -19 de licenciatura y 28 posgrado-, de integrantes de 22 instituciones de educación superior del país, además se utilizó un software desarrollado exprofeso por la Facultad de Economía de la UNAM para disminuir la subjetividad en los procesos de evaluación.
Los ganadores de licenciatura son: Viviana Elizabeth Zárate Mirón, alumna de la Universidad Popular Autónoma de Puebla; y Rodrigo Silva Martínez, de la Universidad de la Sierra del Sur, Oaxaca.
A nivel posgrado se premiaron los proyectos de Alfonso Mendoza Velázquez de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, e Ignacio Ibarra López, del Colegio de Tlaxcala. Además se entregó una Mención Honorífica a Guillermo Aguilera Alejo, de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.
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