Fue a través de un plebiscito lanzado por los gremios para definir el apoyo a la medida de fuerza, que se realizará si el Gobierno no mejora la oferta salarial antes de agosto.
América del Sur/Argentina/27.06.2017/Autor y Fuente:http://diariohoy.net/
Una amplia mayoría de los docentes universitarios votó por no comenzar el segundo cuatrimestre. A través de un plebiscito lanzado por las federaciones que los representan, que comenzó el lunes y terminó ayer, decidieron dar su apoyo a la propuesta de no iniciar las clases luego del receso invernal. “En algunas universidades, el apoyo fue del 90%”, informó la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu).
La medida es en respuesta a la falta de acuerdo con el Gobierno nacional, que persiste en ofrecer un incremento salarial entre 10 y 15 puntos inferior al 35% reclamado por los docentes. “Este plebiscito ha demostrado un contundente apoyo a la propuesta de la Conadu de no iniciar las clases si persiste la escasa predisposición del Gobierno a alcanzar un acuerdo paritario”, declaró el secretario general, Carlos De Feo.
En tanto, en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), “el 88% de los docentes brindó su apoyo a la medida de fuerza”, afirmó el secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (Adulp), Octavio Miloni. Al respecto, las autoridades de la UNLP manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que se suspenda el inicio del segundo cuatrimestre. “Entendemos que el reclamo docente es justo pero aspiramos a que se resuelva lo más pronto posible, porque a la universidad no la beneficia tener un frente de conflicto abierto, ya que es útil a la sociedad si está funcionando”, afirmó su vocero.
Este plebiscito se enmarca en el plan de acción trazado en el plenario extraordinario de secretarios generales, realizado el 7 de junio. Los próximos pasos de ese plan serán la Asamblea General de la Militancia Universitaria junto con las federaciones estudiantiles, del 26 al 30 de junio. El presidente de la Federación Universitaria de La Plata, Marcel Aguilera, manifestó: “Los estudiantes estamos profundamente a favor del plan de lucha de los docentes”.
El último paso del plan de acción incluye el Congreso Extraordinario de Conadu, la federación con mayor representatividad entre los docentes (40%), que se hará del 10 al 14 de julio.
Cabe destacar que los docentes llegaron a esta instancia luego de que en febrero de este año se venciera el acuerdo salarial de 2016. En el mismo habían logrado un incremento del 35% con una cláusula gatillo que habilitaba la reapertura de paritarias en caso de que la inflación superara ese valor, algo que, finalmente, no sucedió.
Este año las negociaciones insumieron unas siete reuniones en las que no estuvo presente el ministro de Educación, Esteban Bullrich, y las ofertas oficiales se mantuvieron entre el 18% y el 20%. La única propuesta que superó ese techo fue la que llegó el lunes pasado, luego de más de un mes de silencio, del orden del 22%. En ese contexto, las medidas adoptadas por los docentes fueron desde un paro de una semana, a principios de mayo, hasta una marcha federal, a mediados de ese mes, en la que miles de educadores se movilizaron hasta el Ministerio de Educación.
Homenaje a los pioneros de la Reforma
La Universidad Nacional de La Plata homenajeó ayer a quienes fueron presidentes de la Federación Universitaria de la ciudad (FULP) luego del regreso de la democracia en 1983.
Durante el acto, denominado “¡Que vivan los estudiantes!”, que comenzó a las 18.30 en el Rectorado, se homenajeó a los 33 presidentes de la federación que nuclea a los alumnos, incluido el referente actual, Marcel Aguilera.
El homenaje se enmarca en los festejos por el 99º aniversario de la Reforma Universitaria.
América del Sur/Ecuador/27 junio 2017/Fuente: Prensa Latina
Representantes de los gobiernos de Ecuador y España suscribirán hoy acuerdos de cooperación en los sectores de educación y salud de este país sudamericano, en el marco del Programa de Canje de Deuda entre ambas naciones.
Los convenios de cooperación servirán para apoyar proyectos con dos institutos técnicos de educación superior y la reconstrucción y rehabilitación de 52 unidades de salud, ubicadas estas últimas en la provincia de Manabí, la más afectada por el terremoto de 7,8 ocurrido el 16 de abril de 2016.
En los casos de ambos institutos de educación superior la utilización de recursos del Canje de Deuda tienen la finalidad de fortalecer los sectores de ciencia, tecnología, docencia y salud, adelantó la cancillería, que servirá de sede para la rúbrica.
La ceremonia contará con la presencia de representantes de los Ministerios de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Salud, Economía y Finanzas, la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y el Programa de Canje de Deuda.
Este Programa benefició en 2014 la construcción de laboratorios de investigación en cinco universidades ecuatorianas.
La iniciativa fue instaurada en marzo de 2005, mediante la firma de ambas partes, con el objetivo de conceder financiamiento para proyectos de inversiones públicas por un importe de 50 millones de dólares, con el objetivo de promover las relaciones de cooperación hispano-ecuatorianas y contribuir al avance económico-social nacional.
“Invertir en educación si paga, si se comprende que una sociedad educada es menos conflictiva, más democrática y más dispuesta al progreso”
La educación en Colombia constitucionalmente es un servicio público, así reza en el artículo 67 “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, y a los demás bienes y valores de la cultura.” esto significa que siendo un derecho fundamental, de forma amplia debe estar en todo momento y lugar al alcance de cualquier ciudadano. Sea porque la persona tiene como pagar o “comprar” educación o porque el Estado la provee por ser inherente a su finalidad social. Para el caso colombiano, aún las condiciones para su ofrecimiento completo están entre dicho, porque en el país entre tantas dificultades educativas se incumplen cuatro (4) obligaciones básicas para garantizar su efectividad y desarrollo.
Obligación Asequibilidad: es de obligatoriedad que gobierno nacional disponga y asegure hayan instituciones y programas educativos en calidad y cantidad suficientes por vías públicas o privadas con el fin de asegurar que para todos-as la educación sea asequible.
Obligación Accesibilidad: se comprende como la necesidad que la educación sea accesible para todos-as, sin ningún tipo de discriminación, sin menoscabo de marginación por situaciones económicas, étnicas, de seguridad y/o físicas entre otras.
Obligación Adaptabilidad: referida a que la educación sea flexible y responda a las requerimientos, particularidades y ritmos de aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes de manera que sea pertinente y llena de sentidos para los estudiantes, de manera que impulse la permanencia y el éxito escolar.
Obligación Aceptabilidad: tipificada como contar con las condiciones efectivas para asegurar que la educación sea de buena calidad, por lo que es importante hacer inspección y vigilancia, acompañamiento, seguimiento, apoyo y control en los momentos requeridos para que las instituciones cumplan sus misiones y proyectos educativos.
Estas cuatros A, como conceptos son fundamentales para hacer real el derecho a la educación en un país que tiene como apuesta prioritaria alcanzar la meta “mejor educado en el año 2025” cuya política educativa además de ambiciosa, es al mismo tiempo desproporcionada, ya que al planificar un asunto de tal envergadura se requiere conjugar en acción elementos básicos que todo proyecto serio medianamente se plantea en términos de ser realizable, alcanzable, costeable y medible en su pertinencia política, social e histórica.
Educación “superior” en contexto
Para hablar de este nivel educativo, cabe preguntarnos ¿por qué es importante intervenir y transformar la educación superior? Un gran número de la población sabemos que las 32 universidades públicas están en crisis de existencia por sus bajos ingresos por matrícula y sostenibilidad, a pesar de la sobrepoblación estudiantil.
El Estado gira un ingreso per cápita al año por estudiante de 2.600 dólares en un presupuesto promedio de 500.000 millones de pesos para las universidades más grandes, a excepción de la Uninacional que pasa de un (1) billón de pesos; dineros con destinación a funcionamiento, gastos administrativos, actualización docente, investigación o procesos de extensión a comunidad. Estos presupuestos tan integralmente pírricos hacen que proyectos de desarrollo universitario, sentidos y acciones de transformación en entornos, población y conocimientos quedan a la suerte. Por ello, las universidades públicas se ven obligadas a vender servicios e incrementar costos de matrícula como forma de subsistir a sus altos gastos de funcionamiento, aunado a una burocracia sindical que ayuda poco y pone en riesgo su viabilidad y/o pertinencia social convirtiendo las universidades públicas en altamente costosas para que los más pobres accedan a las mismas.
Según cifras del Ministerio de Educación, con corte al mes de agosto del 2015, solo el 41,2 % de los estudiantes de colegios oficiales y el 56,4 % de no oficiales ingresan a la educación superior, lo que equivale a una tasa de absorción 48,5%. Esto quiere decir que de 100 estudiantes que finalizaron grado 11, solo 48 ingresaron a la educación superior el año inmediatamente siguiente a culminación de la media. Lo anterior, que urgente necesidad de construir en el país mínimo 40 universidades para satisfacer a más de 923.076 estudiantes que actualmente se encuentran sin atención. Situación que el país mitiga a través del SENA, algunas instituciones universitarias e institutos con programas por competencias laborales. Por ello, propuestas como la de “ser pilo paga” requiere sostenerse y ampliarse, inclusive pensar ya en un proyecto de gratuidad nacional del nivel técnico profesional, como primer peldaño de ciclo propedéutico superior. Recordemos que la última universidad pública creada en Colombia, hace casi 30 años, es la Universidad del pacífico, fundada en 1988.
TASA DE CRECIMIENTO UNIVERSITARIO POR SECTOR
Sector
2011*
2012*
2013*
2014*
2015*
Pública
7,4%
2,1%
7,2%
4,8%
2,3%
Privada
15,7%
5,6%
9,9%
7,5%
4,4%
Fuente, MEN-SNIES, Corte a mayo de 2016.
El crecimiento de las universidades no oficiales es casi el doble de la pública, según cifras Ministerio de Educación Nacional-MEN, 2016.
Los datos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior-SACES, indica con claridad que las 50 universidades no oficiales son aliadas estratégicas en el cumplimiento de las distintas grandes metas para el país, competitividad, paz-posconflicto, equidad, desarrollo social y educación. Aquí lo que hay que revisar es el efectivo aseguramiento de la calidad, si las universidades acreditan calidad como principio de mejorar la matrícula, porque es indudable e incuestionable el bien que hacen a lo largo y ancho de la nación en acceso a este derecho como bien público, por lo que la regulación, el seguimiento y acompañamiento son importantes para determinar una verdadera inclusión y equidad educativa, y no una privación de un derecho que es pilar fundamental para el desarrollo de otros derechos humanos.
CANDIDAD DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 2015
Carácter
Oficial
No Oficial
Régimen Especial
Total
Universidad
31
50
1
82
Institución universitaria/Escuela tecnológica
16
92
12
120
Institución tecnológica
6
39
6
51
Institución técnica profesional
9
25
34
Total general
62
206
19
287
Fuente: SACES
Fecha de corte: Diciembre 2015
Realmente, el análisis de la educación superior muestra que el acceso en su concreción efectiva, es un beneficio de unos pocos, una exclusividad y un privilegio que determina en el futuro cercano mejores posibilidades de calidad de vida para una “élite” que puede alcanzar mejor empleabilidad, acceso a bienes y servicios o capitales socio-culturales. Aunque no se garantice en un 100% todos los beneficios directos e indirectos de recibir buena educación, al estar más educado es más probable conseguir un empleo mejor remunerado o disfrutar de más bienes. Económicamente esto se refleja en la estructura de valoración laboral, por ejemplo un técnico gana en promedio máximo 1.5 SMLV, mientras un profesional obtiene en promedio de 3 a 3,5 SMLV. Finalmente, invertir en educación si paga, si se comprende que una sociedad educada es menos conflictiva, más democrática y más dispuesta al progreso. En ello, la educación como bien público-común, cumple una finalidad vital para comprender mejor ¿Qué país tenemos y cuál queremos? allí reposa la relevancia de apostarle a la innovación, al aseguramiento y mejoramiento de la calidad y hacerla más alcanzable para la población, en especial para los jóvenes que se encuentran por diferentes condiciones sin continuidad educativa universitaria, pero sobre todo porque no hay universidades públicas en cantidad/calidad suficientes y alcanzables para todos-as.
La universidad pública boliviana y especialmente el movimiento universitario ha tenido un rol protagónico en los procesos políticos del país en el contexto de las movilizaciones obreras y campesinas por definir un horizonte socialista, en la lucha contra las dictaduras y en la construcción de la democracia, sin embargo en las dos últimas décadas ha perdido su relación con los movimientos vitales de las organizaciones populares de la sociedad y un proceso de despolitización ha marcado las tendencias de su existencia, reduciendo así su potencial de referencia reflexiva e intelectual.
Los pactos obrero-campesino-universitarios y la participación de la Federación Universitaria Local (FUL) y la Confederación Universitaria Boliviana (CUB) en la Central Obrera Boliviana (COB) de los años sesenta fueron clave para la derrota de la dictadura barrientista, para la formación de la Asamblea Popular, para la nacionalización de la Gulf Oil, para el debate en torno a la liberación nacional y el socialismo, en los años setenta para la resistencia y reconquista de la democracia y los derechos sindicales y políticos y en los ochenta frente al neoliberalismo.
El periodo neoliberal ha influido fuertemente para desmontar la tradición universitaria de los debates nacionales y estratégicos presentes en la Revolución Universitaria de 1970, en la resistencia a las dictaduras proimperialistas de Banzer Suarez y Garcia Meza que intervinieron violentamente las Universidades y en la recuperación de la democracia como tribuna de análisis de las perspectivas políticas propuestas por organizaciones políticas, sindicales y populares.
En este marco de referencia se ha publicado el libro “Dialéctica de una aventura: Cincuenta años de historia de la Carrera de Sociología de la UMSA”, cuyo autor es quien escribe esta columna en La Época, en el que la problemática planteada establece que, en el proceso socio-histórico de Bolivia y de la UMSA, la Carrera de Sociología ha conseguido ubicarse en un lugar centra en la constitución y el desarrollo de la disciplina sociológica en el país y como referente latinoamericano, e identifica y analiza los factores de continuidad y ruptura que han atravesado su existencia institucional y académica, tomando en cuenta los ritmos históricos producidos en Bolivia.
Se trata de una investigación en torno a los distintos aspectos y dimensiones de la vida universitaria, ampliándose hacia una perspectiva más profunda y de largo plazo, especialmente si tomamos en cuenta los cambios y reformas en la Carrera han estado condicionados, en muchos casos, por los procesos políticos del país, ascenso popular y revolucionario, golpes militares y dictaduras, apertura y reapertura democrática, liberalización y privatización de la educación superior en Bolivia y ascenso de movimientos sociales y populares en contextos de fortalezas y debilidades institucionales universitarias.
De ahí que, aprovechando la celebración de los cincuenta años de creación de la Carrera de Sociología, se pretende realizar un aporte para estudiar, analizar y debatir el lugar de la universidad en nuestro país, con una perspectiva crítica y autocrítica y una reflexión orientada a recuperar las tradiciones de compromiso y lucha del movimiento universitario con los ideales mayores del pueblo boliviano.
En un Estado descentralizado y plural caben distintos modelos de acceso a los estudios y financiación de las universidades
La decisión de la Junta de Andalucía de bonificar a partir del próximo curso el 99% de la matrícula universitaria a todos los alumnos que hayan aprobado la totalidad de los créditos del curso anterior es una medida muy novedosa que avanza hacia la gratuidad total de la universidad, un modelo que ya existe en otros países europeos y que merece ser tomado en consideración. Nada hay que objetar a que Andalucía, haciendo uso de su autogobierno, decida priorizar este tipo de políticas de carácter universal, que no están vinculadas, como sí hace el sistema de becas, a renta familiar, sino que las considera un derecho vinculado a un rendimiento. Es una forma de predistribución que tiende a igualar las condiciones de partida y que puede además actuar como un potente estímulo del esfuerzo académico.
La medida implica que los universitarios andaluces de grado o máster pagarán solo el 25% de las tasas establecidas y el importe de la bonificación —unos 30 millones de euros— se incluirá en el presupuesto universitario. El cambio ha sido bien recibido por los rectores de las diez universidades públicas andaluzas, aunque tienen razón cuando indican que la Junta debería hacer también un esfuerzo para saldar la deuda de 278 millones que tiene con ellas.
España es el cuarto país europeo, tras Reino Unido, Irlanda y Holanda, con las tasas universitarias más altas. La reforma aprobada por el PP en 2012 permitió que las comunidades aumentaran el precio dentro de unos límites. El resultado es un mapa con grandes desigualdades. Andalucía es al segunda comunidad, tras Galicia, que menos ha subido las tasas. Los 756 euros que cuesta la matrícula en esta comunidad contrastan con los más de 2.000 que se pagan en Cataluña, donde estos ingresos cubren el 33% del coste de los estudios. En un Estado descentralizado y plural, caben modelos diferentes. Lo interesante ahora es evaluarlos y utilizar estas experiencias para mejorar el conjunto del sistema.
El Gobierno de Rafael Correa implementó en Ecuador la transformación del sistema de educación superior como condición necesaria para el desarrollo económico y social del país. TSS habló con René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación de ese país, sobre las reformas con las que buscaron democratizar y reorientar la enseñanza universitaria.
Rafael Correa asumió la presidencia de Ecuador, un país devastado por políticas neoliberales que en los 11 años previos había acumulado nueve presidentes y perdido su moneda nacional, reemplazada por el dólar estadounidense. Correa acaba de finalizar su segundo mandato tras 10 años de Gobierno al frente de uno de los países más pequeños de Sudamérica. Entre los cambios que impulsó, se destacan la reforma de la Constitución Nacional en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.
En la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación (FAMAF) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), TSS participó de una mesa redonda con el economista René Ramírez, exsecretario de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador. Durante el encuentro —del que también participaron la decana de la FAMAF, Mirta Iriondo, y su secretario de Ciencia y Técnica, Gustavo Monti—, Ramírez Gallego repasó las políticas de transformación implementadas en su país tanto en lo atinente a educación universitaria y terciaria como a investigación científica y desarrollo tecnológico.
Los pilares del cambio universitario
“Cuando llegamos al Gobierno, la educación superior estaba arancelada. Y el poco o mucho arancelamiento de las universidades estatales llevaba a una elitización brutal del acceso a ellas, por lo que determinamos la gratuidad para la educación”, recordó Ramírez.
Esa decisión fue consagrada en la nueva Constitución Nacional. En simultáneo, se comenzó a incrementar el presupuesto para la educación superior, que pasó del 0,8 al 2% del PBI. Sin embargo, estas medidas por sí mismas no iban a corregir una serie de problemas graves de los que adolecía el sistema universitario ecuatoriano, entre los que se destacaban su baja calidad y la mala formación y el envejecimiento de la planta docente.
Una de las realidades que había contribuido a la degradación de la educación superior ecuatoriana había sido la proliferación de instituciones privadas de baja calidad. Desde la década de los noventa se habían creado 54 universidades y escuelas politécnicas, de las cuales74% eran privadas. Cuando se hizo la reforma constitucional se dio mandato al Gobierno para que evaluara el sistema y se estableció un mecanismo por medio del cual los alumnos fueron examinados sobre conocimientos propios de las disciplinas que estudiaban. Los resultados de gran parte de las instituciones privadas fueron paupérrimos y se procedió a retirarles la licencia a 13 de ellas. Los estudiantes de las instituciones clausuradas fueron reubicados en otros establecimientos y se crearon carreras específicas para que pudieran continuar sus estudios. Cerca del 87% de los alumnos reubicados pudieron seguir estudiando.
Otro problema era el bajo nivel de formación promedio de los docentes universitarios, especialmente en aquellas carreras que se deseaba incentivar, como las ingenierías. Solo un 23% tenía un cuarto nivel de formación (maestría o doctorado) y pocos hacían investigación o publicaban. Para corregir esta situación se creó un programa de becas para enviar a jóvenes a formarse en el exterior y el Gobierno invirtió 1000 millones de dólares para que 20.000 becarios pudieran hacer maestrías o doctorados en diferentes países. Uno de los requisitos para acceder a la beca era que el beneficiario se comprometiera, una vez terminados sus estudios, a retornar al país a trabajar por el doble de tiempo de su estadía en el exterior.
La gestión de Correa impulsó la reforma constitucional del Ecuador en 2008, la transformación de la educación y la inversión en ciencia y tecnología, consideradas condiciones previas para el desarrollo económico y social.
El problema de la alta edad promedio de los profesores también fue abordado: a los docentes que no se habían actualizado ni tenían el hábito de la producción académica o científica se les ofrecieron atractivas jubilaciones y sus cargos fueron reemplazados por jóvenes con maestrías y doctorados realizados en el exterior. Junto con el programa de becas, la política le permitió a Ecuador pasar de aquel 23% de docentes con formación de cuarto nivel al 86% que tiene actualmente.
Para salvar el déficit de docentes universitarios con una adecuada formación mientras se esperaba el retorno de los primeros becarios en el extranjero, Ecuador puso en marcha el programa Prometeo, por el cual cualquier persona que tuviera los antecedentes académicos pertinentes, sin importar de qué país fuera, podía postularse para dar clases e investigar en el país durante dos años. Prometeo les permitía a sus beneficiarios insertarse en una universidad con salarios en torno a los 6000 dólares y el financiamiento estatal del proyecto de investigación presentado.
A su vez, el salario de los docentes universitarios se elevó de 470 dólares mensuales a un mínimo de 1700 dólares y de 6000 en las escalas superiores, y se eliminó la precarización laboral.
Recursos y rendición de cuentas
Las universidades públicas ecuatorianas gozan de autonomía de manera similar a las argentinas. Esta prerrogativa, originalmente concebida para preservar a la academia de las presiones políticas o económicas, en Ecuador fue tergiversada para proteger privilegios ilegítimos e intereses espurios. Al inicio del Gobierno de Correa se descubrió que en algunas universidades públicas los rectores se autoasignaban salarios de hasta 20.000 dólares y que, aprovechando la exención de impuestos para estas instituciones, se adquirían cosas a nombre de ellas, pero para uso particular de sus autoridades.
En ese contexto, el incremento del presupuesto universitario podía terminar aumentando el financiamiento de comportamientos ilegales y antiéticos. Para evitar esto se consagró en la nueva constitución el principio de responsabilidad por parte de las universidades, que implica la necesidad de rendir cuentas sobre el uso de los recursos.
El objetivo último del cambio de paradigma del sistema de educación superior ecuatoriano era que sirviese al desarrollo nacional, política seguida por todos los países que consiguieron esta meta. En esa línea, se buscó incentivar fuertemente las carreras vinculadas con las ciencias duras y la tecnología. Para ello se crearon cuatro nuevas universidades públicas y más de cuarenta institutos técnicos y tecnológicos. Ramírez explica que “lo que más demanda el aparato productivo ecuatoriano [hoy] no son universitarios, sino técnicos”.
Entre las medidas adoptadas para reorientar el sistema universitario sin violentar su autonomía se encuentran la regulación del valor de las matrículas en el orden privado y un esquema de subsidios a la oferta en la parte pública. El 10% de la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el 11% del Impuesto a la Renta quedaron reservados por ley para el financiamiento de la educación superior. La distribución entre las diferentes universidades e institutos se realiza por medio de una serie de parámetros que contemplan la matrícula de cada una, el porcentaje de estudiantes de sectores carenciados, la investigación que generan y el impacto social de las actividades que realizan, entre otros aspectos.
“En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación”, dijo Ramírez.
Otro de los problemas detectados cuando asumió Correa fue el tipo de carreras elegidas por los estudiantes. El 45% de la matrícula universitaria se concentraba en administración de empresas, mientras que las carreras científicas apenas alcanzaban el 5%. Esta distorsión provocaba la paradoja de que un país con un entramado productivo no desarrollado seguía un patrón de elección de carreras más propio de sociedades posindustriales.
Para revertir esta tendencia se empleó, una vez más, el incentivo presupuestario. A una universidad se le otorga varias veces más presupuesto (puede llegar hasta ocho veces más) por cada alumno matriculado en una carrera de ingeniería que por uno de administración de empresas. Sin embargo, a pesar de una política activa para fomentar la elección de carreras más productivas, Ramírez admite que los resultados han sido magros, dado que la matrícula en administración de empresas cayó solo un 14%.
También se le plantearon objetivos a las universidades en lo atinente a investigación científica. “En ciencias, como no teníamos nada, les pedimos a las universidades que al menos dedicaran el 6% [del presupuesto] a investigación, mientras que, cuando empezamos, destinaban el 0,6%”, explica Ramírez. Además, en ciertas áreas estratégicas se llevaron a cabo concursos de proyectos en los que el Estado aporta los fondos para instalar laboratorios y financiar la investigación y la formación de posgrado del personal.
Una de las iniciativas más extraordinarias del Gobierno de Correa ha sido Yachay, una ciudad construida específicamente para hacer desarrollo científico tecnológico. Ubicada en San Miguel de Urcuquí, al norte de Ecuador, Yachay cuenta con 4000 hectáreas en donde se encuentra la Universidad Tecnológica Experimental, con cerca de mil alumnos; sedes de todos los institutos públicos de investigación; y un parque tecnológico con incentivos impositivos para las empresas que se instalen allí. Actualmente, alrededor de siete mil personas trabajan en Yachay y unas sesenta empresas, la mayoría pymes, se han radicado en el lugar. La labor de la Universidad Tecnológica se encuentra enfocada las áreas científico-tecnológicas que se consideran más prometedoras para Ecuador: petroquímica, energía y farmacología.
Según Ramírez, la transformación del sistema de educación superior ecuatoriano no ha sido fácil y la resistencia fue muy dura. “En Ecuador, las universidades tienen una inercia brutal”, resaltó y agregó que, no obstante,“hay un cambio cultural con el cambio generacional”.Y explicó: “Antes, al profesor no le interesaba investigar o actualizarse. Hicimos [cuando llegaron al gobierno] un análisis de las bibliotecas y el retraso era de 40 años. Ni siquiera había bases de datos actualizadas”.
En Ecuador, las universidades públicas tienen cupo y, de acuerdo con la política establecida por el Gobierno, el Estado orienta sus perfiles académicos y científicos a través de la asignación presupuestaria y la rendición de cuentas. Ninguno de estos elementos han sido obstáculos para una profunda democratización del sistema educativo y para un salto de calidad, en el contexto de uno de los gobiernos más progresistas de la última década en América Latina.
África/Liberia/17 Junio 2017/Fuente: Prensa Latina
Solo cerca del ocho por ciento de los estudiantes liberianos aprobaron las pruebas de ingreso a la universidad, resultado desastroso aunque mejor que hace cuatro años, según reportes difundidos hoy.
Del total de ocho mil 122 aspirantes a obtener plazas en las carreras que se imparten en la universidad de Liberia, en esta capital, solo mil 919 lograron ese propósito, según las estadísticas finales.
El resultado es mejor que el del curso lectivo pasado, cuando mil 778 aprobaron las pruebas de un conjunto de ocho mil 122, según fuentes del Ministerio de Educación de este país.
También está por encima del de 2015, cuando de 13 mil aspirantes solo 15 lograron el aprobado, y superior al de 2013, cuando los 25 mil oponentes quedaron con las manos vacías.
Fundada a principios del siglo XIX con esclavos provenientes de Estados Unidos, acorde con un esquema ideado por el presidente James Monroe, de cuyo apellido viene el nombre de esta capital, la República de Liberia es un país de Africa occidental cuyos ingresos principales provienen de prestar su bandera a barcos mercantes y de la extracción del caucho.
Los colonos afroestadounidenses nunca se integraron a la población local, la sojuzgaron y crearon una elite cuyos privilegios dieron pie a sendas guerras civiles, 1989-1996 y 1999-2003, durante las cuales los beligerantes cometieron crímenes de lesa humanidad.
Esta capital apenas tiene cuatro calles asfaltadas, la corrupción es rampante, el dólar estadounidense es la moneda de circulación corriente, por lo general con billetes ajados por el uso, y el mayor edificio de la capital es la sede de la transnacional B.F.Goodrich.
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