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Una vida digna es imposible con una naturaleza contaminada

Los pueblos amazónicos pedimos justicia

Nueve niñas de las provincias de Sucumbíos y Orellana, en la Amazonía Norte de Ecuador, esperan que el Estado ecuatoriano cumpla la sentencia emitida por la Corte Provincial de Sucumbíos en 2021 y cierre los casi 500 mecheros petroleros que se mantienen activos y causando daños ambientales y a la salud. El Ministerio de Energía y Minas confirmó el cierre de apenas dos mecheros, según detalló en la comparecencia realizada en la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional, el  21 de febrero de 2024.

En dicha comparecencia, las niñas demandantes expresaron su rechazo a las declaraciones de la Ministra de Energía y Minas, Andrea Arrobo, y aseguraron que lejos de cumplir con la sentencia y el cierre de los mecheros, el Ministerio sigue dando autorizaciones. Según datos oficiales, los mecheros a 2024, serían 486 cuando anteriormente, eran  447.

El 31 de marzo de cada año, el Estado ecuatoriano renueva las autorizaciones para el funcionamiento de los mecheros. A casi tres años de la sentencia, las niñas demandantes y las comunidades buscan que el Estado avance significativamente con el cierre de los mecheros y las medidas de reparación ordenadas por la justicia.

Wilmer Lucitante, comunicador comunitario de la nacionalidad Cofán de la Amazonía de Ecuador, parte de la Asociación de Productores Audiovisuales de las Nacionalidades y Pueblos de Sucumbíos Ecuador, APANAPSE y de la  Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT, comparte este texto.

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En la Amazonía ecuatoriana, ya son más de 50 años que las petroleras queman y ventean gas con químicos contaminantes, asociados al petróleo, a través de los llamados mecheros.

En Sucumbíos, Orellana y Napo existen más de 447 mecheros encendidos, la mayoría, durante las 24 horas del día. Además, se han identificado 295 sitios de quema de gas previamente no mapeados, según la investigación “Ciencia ciudadana extrema para la justicia climática; enlazando los pixel con las personas para mapear los mecheros en la Amazonía”, desarrollada en 2019 por la Universidad Europea de Padua.

Desde 1964, cuando se inició la explotación petrolera con Texaco, se adoptaron malas prácticas que contaminan de manera irreversible la fuente de vida de pueblos y nacionalidades indígenas. Estos daños intencionales contaminan el suelo, el aire, el agua y dejan a sus habitantes en indefensión. Las consecuencias de esta contaminación afectan la salud de las personas y de la naturaleza.

Según una investigación del Banco Mundial, en Ecuador se desperdician aproximadamente 1.100 millones de pies cúbicos de gas al año. Si este gas fuese procesado para el uso interno, el Estado ahorraría aproximadamente 600 millones de dólares al año por su importación desde el exterior, recursos que servirían para todos los ecuatorianos.

A pesar de tener conocimiento sobre el daño que causan los mecheros, las petroleras queman el gas que se extrae y lo envían al aire libre. Lamentablemente la falta de interés y la incapacidad de los responsables está matando a la Amazonía y generando un gasto para el país.

Mechero Campo L. A., octubre 2023- Wilmer L

En febrero de 2020, nueve niñas de Sucumbíos y Orellana, con el acompañamiento de sus padres y respaldadas por varios colectivos que llevan la campaña “Eliminen los mecheros y enciendan la vida”, demandaron al Estado ecuatoriano, en concreto, al Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables y al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Como resultado se obtuvo una sentencia favorable para las demandantes que dio lugar a una medida cautelar en enero de 2021.

La Corte Provincial de Sucumbíos dio la razón a los afectados reconociendo que las empresas petroleras con la complicidad de ministerios del Estado han  vulnerando derechos humanos, derechos ambientales y han atentado contra la vida de las personas. Esta sentencia prohíbe, por primera vez, la quema de gas a través de los mecheros. También exige su eliminación de manera gradual; así como que se realice un diagnóstico sobre las personas afectadas de cáncer y se disponga de una unidad oncológica, un plan de monitoreo y un plan de remediación integral en las provincias afectadas.

La lucha por la eliminación de los mecheros es una batalla antigua, donde el acompañamiento de organizaciones sociales locales y nacionales ha sido vital. Sin embargo, los medios de comunicación nacionales no han tenido el interés de investigar y dar seguimiento a estos casos, alimentando los intereses extractivistas, opacando las diversas realidades.

Un estudio, realizado por la Clínica ambiental y la Unión de Afectados por las operaciones petroleras de Texaco, UDAPT, señala que en las provincias donde se realizan actividades extractivas y se quema el gas en mecheros se encuentra el mayor porcentaje de casos de cáncer en relación a otras provincias del Ecuador, principalmente en las mujeres con un 70%.

El alcance de las actividades de quema de gas va mucho más allá de los datos oficiales proporcionados por el Ministerio de Ambiente de Ecuador. Los datos anuales de National Centers for Environmental Information, NOAA Nightfire, mapean que el 23,5% de los sitios donde se quema gas en la Amazonía se encuentran dentro de la Reserva de la Biosfera Yasuní. Esta cifra representa un 18,4% de los volúmenes de todas las industrias petroleras que operan en Ecuador. El  también señala que existen 34 sitios de quema adicionales, de los cuales, doce están en el Yasuní y uno en el campo Tiputini, parte del bloque ITT.

Plantón-Quito- 2021-UDAPT

Además, en 2021, 39 de los sitios identificados estaban ventilando el gas en lugar de quemarlo, un fenómeno nunca antes documentado en la Amazonía ecuatoriana. Estos datos sirvieron de apoyo para el proceso de lucha y la campaña, para el reconocimiento legal de los derechos humanos y la justicia medioambiental en la Amazonía ecuatoriana.

Actualmente, la situación se vuelve más compleja, ya que los demandados no acatan la orden judicial, y utilizan estrategias comunicacionales orientadas a  hacer creer que se está cumpliendo efectivamente con las disposiciones legales. Mientras tanto, las personas afectadas de las comunidades de Sucumbíos y Orellana permanecen en vigilia en contra de la contaminación.

La Amazonía ecuatoriana es una de las áreas más  biodiversas  del mundo, con una gran riqueza natural y cultural milenaria, determinado como uno de los tesoros más importantes del mundo. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas declaran que “la Amazonía es el lugar donde habitan varias culturas indígenas que con el tiempo han logrado demostrar cómo cuidar los bosques, a pesar de que han enfrentado enormes intereses globales y económicos, que muchas veces llegan con pretexto de conservar, pero que han atentado contra las  soberanías nacionales. Por ejemplo, la internacionalización de la Amazonía, que únicamente beneficiará a las grandes corporaciones”.

 Las personas que viven en los lugares donde se desarrollan actividades extractivas cumplen un papel fundamental para impulsar y fomentar grandes cambios políticos en contra del cambio climático y las empresas extractivistas, pues son las que conocen la realidad local; son las que día a día se encuentran con conflictos medioambientales y pueden aportar con su conocimiento para evitar riesgos globales.

 Las actividades extractivas están por encima de los derechos de los pueblos y nacionalidades. Muchas veces el gobierno y el Estado, con su fragilidad en la defensa de su soberanía, caen en los intereses de los contaminadores. No es posible que se tenga que llegar a una demanda judicial para que reaccionen, abran los ojos y vean su incapacidad e inoperancia. Es irrefutable ver cómo justifican sus actos  irresponsables o cómo tratan de tergiversar la información y la realidad ecuatoriana. Se necesita investigar más sobre todo del proceso de lucha para entender mejor este caso importante en la Amazonía ecuatoriana.

Para las personas que conformamos la UDAPT, la lucha no es solamente para eliminar los mecheros en la Amazonía, sino también es una forma de combatir la violación de derechos humanos, ambientales, sociales y, así, buscar una mejor forma de vida para todos los ecuatorianos y la vida en el planeta.

Fuente de la información e imagen:  https://wambra.ec

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Venezuela, ONGs: Condena a seis sindicalistas representa el “recrudecimiento de la persecución política”

La ONG Acceso a la Justicia manifestó que la condena impuesta a Reynaldo Cortés, Alonso Meléndez, Alcides Bracho, Néstor Astudillo, Gabriel Blanco y Emilio Negrín representa un «recrudecimiento de la persecución política» en Venezuela.

Según la ONG, la sentencia es parte de un patrón de represión que ya ha sido denunciado y reseñado por los organismos internacionales.

«La condena de los luchadores sociales no es más que el recrudecimiento de la persecución política en Venezuela, que incluso la anterior Alta Comisionada Michelle Bachalet había condenado, como lo contamos meses atrás», afirmó Acceso a la Justicia.

Otras ONG alzan la voz

Este martes 2 de agosto de 2023, varias ONG también se manifestaron en redes sociales para denunciar la condena a 16 años de cárcel por supuesta conspiración y asociación para delinquir a los seis sindicalistas venezolanos detenidos en 2022.

La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia en Venezuela criticó la sentencia, argumentando que los luchadores sociales fueron condenados por delitos que aseguran no cometieron, y que las únicas pruebas presentadas por la Fiscalía fueron capturas de pantalla y mensajes en Twitter.

Por su parte, la organización Provea recordó que los sindicalistas estaban en las calles exigiendo salarios dignos; por ende, dicha sentencia se calificaría como «un nuevo golpe a la protesta social y sus derechos fundamentales».

A nivel internacional, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, exigió «justicia para los luchadores sociales venezolanos», alegando que luchar por los derechos humanos no debería considerarse un crimen, y pidió la liberación de los sindicalistas.

La situación ha generado preocupación y críticas de diversas organizaciones y actores internacionales, quienes resaltan la importancia de proteger los derechos de los luchadores sociales y garantizar un debido proceso en el sistema judicial venezolano.

¿Quiénes son los detenidos?

De acuerdo con Acceso a la Justicia, cinco de los detenidos tienen en común su militancia o pasado en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, ocupan cargos directivos dentro del partido.

Bandera Roja es una agrupación de extrema izquierda, pero que está en desacuerdo con el actual Gobierno.

Algunos de los detenidos han participado en protestas y han denunciado los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para proteger los derechos de los trabajadores ante organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Por su parte, Óscar Figuera, secretario general del Partido Comunista de Venezuela (PCV) manifestó a través de su cuenta en Twitter: «Rechazamos la condena a 16 años de cárcel para los seis luchadores sociales y sindicalistas. Su detención no sólo ocurrió al calor de las protestas por salario, sino que la sentencia se da sin pruebas que demuestren las acusaciones. ¡Alto a la criminalización de las luchas!»

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.aporrea.org/internacionales/n385038.html

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Estados Unidos: El Consejo de Educación de Florida aprueba nuevos estándares de la historia de las personas negras que los críticos califican de «gran paso hacia atrás»

El Consejo de Educación de Florida aprobó un nuevo conjunto de estándares sobre cómo debe enseñarse la historia de las personas negras en las escuelas públicas del estado, lo que desató las críticas de los defensores de la educación y los derechos civiles, quienes afirmaron que debería permitirse a los estudiantes aprender «toda la verdad» de la historia estadounidense.

El plan de estudios fue aprobado en la reunión del consejo celebrada este miércoles en Orlando.

Se trata del más reciente acontecimiento en el actual se debate sobre el estado de la historia afroamericana, incluido el rechazo por parte del Departamento de Educación de una versión piloto preliminar de un curso de Estudios Afroamericanos de Colocación Avanzada para estudiantes de secundaria, que, según afirmó, carecía de valor educativo.

Los nuevos estándares llegan después de que el estado aprobara una nueva legislación bajo la administración del gobernador Ron DeSantis que prohíbe la instrucción en las escuelas que sugiera que alguien es privilegiado u oprimido por su raza o color de piel. DeSantis ha utilizado su lucha contra el «wokeness» para impulsar su perfil nacional en medio de un debate sobre cómo el racismo y la historia deben ser enseñados en las escuelas.

Estos nuevos estándares exigen que la instrucción para los estudiantes de secundaria incluya «cómo los esclavos desarrollaron habilidades que, en algunos casos, podrían aplicarse para su beneficio personal», dice un documento que enumera los estándares y que está publicado en el sitio web del Departamento de Educación de Florida.

Cuando los alumnos de secundaria aprenden sobre sucesos como la masacre de Ocoee de 1920, los nuevos estándares exigen que la enseñanza incluya «actos de violencia perpetrados contra y por afroamericanos». La masacre está considerada como la jornada electoral más violenta de la historia de Estados Unidos y, según varios relatos del incidente, comenzó cuando Moses Norman, un destacado terrateniente negro de la comunidad de Ocoee (Florida), intentó depositar su voto y fue rechazado por los trabajadores electorales blancos.

Se señalan estándares similares para las lecciones sobre otras masacres, como la masacre racial de Atlanta, la masacre racial de Tulsa y la masacre racial de Rosewood.

«Nuestros hijos no merecen nada menos que la verdad, la justicia y la equidad por la que nuestros antepasados derramaron sangre, sudor y lágrimas», afirmó Derrick Johnson, presidente y director ejecutivo de la NAACP, en un comunicado en el que condenaba los nuevos estándares: «Es fundamental que comprendamos que los horrores de la esclavitud y (las leyes) Jim Crow fueron una violación de los derechos humanos y representan el periodo más oscuro de la historia estadounidense».

«Estamos orgullosos del riguroso proceso que el Departamento llevó a cabo para desarrollar estos estándares», dijo Alex Lanfranconi, director de Comunicaciones del Departamento de Educación de Florida, en un comunicado, señalando que los estándares fueron creados por un grupo de 13 educadores y académicos.

«Es triste ver cómo los críticos intentan desacreditar lo que cualquier observador imparcial concluiría que son unos estándares de Historia Afroamericana exhaustivos y completos. Incorporan todos los componentes de la Historia Afroamericana: lo bueno, lo malo y lo feo. Estos estándares consolidarán aún más a Florida como líder nacional en educación, a medida que continuemos proporcionando una instrucción verdadera y precisa en Historia Afroamericana», dijo Lanfranconi.

La Asociación de Educación de Florida, un sindicato de profesores de todo el estado, calificó a los nuevos estándares como un perjuicio para los estudiantes y «un gran paso hacia atrás para un estado que ha exigido la enseñanza de la historia afroamericana desde 1994».

«¿Cómo pueden nuestros estudiantes estar preparados para el futuro si no tienen una imagen completa y honesta de dónde venimos? Los estudiantes de Florida merecen una educación de clase mundial que los prepare para ser adultos exitosos que puedan ayudar a sanar las divisiones de nuestra nación en lugar de profundizarlas», dijo Andrew Spar, presidente de la asociación, en un comunicado. «El gobernador DeSantis está siguiendo una agenda política que garantiza poner a las buenas personas unas contra otras, y en el proceso está engañando a nuestros hijos. Se merecen toda la verdad de la historia estadounidense, la buena y la mala», concluyó Spar.

Fuente: https://cnnespanol.cnn.com/2023/07/20/consejo-educacion-florida-aprueba-nuevos-estandares-historia-personas-negras-criticos-califican-gran-paso-hacia-atras-trax/

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Entrevista con la activista Chaba Seini Brahim: Mujeres del Sáhara Occidental en lucha permanente, «hasta que nuestros territorios sean libres»

Por el Día Mundial de Solidaridad con la Mujer Saharaui hablamos con la activista Chaba Seni Brahim

Todo aprovechamiento de recursos naturales en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal y es un robo.

El 18 de febrero es un día de lucha para las mujeres de todo el mundo comprometidas con la lucha por la soberanía y el poder popular. Es el Día Mundial de Solidaridad a la Mujer Saharaui.

El pueblo saharaui resiste a una ocupación violenta de su territorio por Marrocos. Sáhara Occidental se independizó de España en 1975 y, enseguida, y luego fue sometido a Marruecos. A partir de ahí, Marruecos sostiene una ocupación violenta del territorio saharaui. El acuerdo de cese de fuego realizado el 1991 entre el Estado marroquí y el Frente Polisario (Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro) no ha sido suficiente para interrumpir las violaciones de derechos humanos y las prisiones arbitrarias del pueblo saharaui. No hay como existir paz mientras los derechos a la tierra y la autodeterminación son negados.

En noviembre, el Frente Polisario ha declarado la guerra a Marruecos, en respuesta a la violación marroquí al cese de fuego, a la criminalización de luchadoras y luchadores, a la militarización de la vida. Esta nueva realidad de lucha más encendida resulta en un cotidiano marcado por  frecuentes agresiones violentas explícitas y  por los crímenes de  guerra por parte del ejército marroquí. Las mujeres, responsables por sostener la vida, la alimentación, los cuidados, las comunidades, se enfrentan a desafíos impuestos por la ocupación de sus territorios. Por eso, son ellas grandes luchadoras, también responsables por estrategias para enfrentar el colonialismo y la violencia.

Hablamos con Chaba Seini Brahim, integrante de la Unión Nacional de Mujeres Saharauis (UNMS) y también de la Marcha Mundial de las Mujeres. La UNMS fue creada en 1974 con la tarea de “sensibilizar a todas las mujeres acerca de su posición en la sociedad y su papel en la independencia nacional” y de “orientar a las mujeres sobre el papel a desempeñar en la nación saharaui independiente y preservar los logros alcanzados en el proceso de liberación nacional”.

En noviembre, el ejército marroquí violó el acuerdo de paz y el pueblo saharaui vive una situación de guerra. ¿Podrías explicarnos cómo se llegó a esa situación, y cuál es el escenario actual?

La congelación por casi treinta años, por parte de la ONU, de una resolución por la vía pacífica del conflicto en el Sáhara Occidental es la razón que ha llevado a algunos saharauis desesperados a cerrar el paso ilegal de El Guerguerat¹ en el Sáhara Occidental el día 20 de octubre del 2020. Fue por eso que el ejército marroquí salió el día 13 de noviembre del 2020 para desalojar a los manifestantes y, de esa manera, ha violado el cese de fuego propuesto por la ONU desde 1991.

El ejército saharaui no esperó su respuesta y atacó en el mismo día a las posiciones marroquíes a lo largo de los más de 2.720 km del «Muro de la Vergüenza», donde, en el Sáhara Occidental, están acantonados los soldados del ejército marroquí. Desde ese día se han realizado más de 500 ataques a posiciones del ejército marroquí en el Sáhara Occidental y en el Sur de Marruecos.

La guerra no ha parado ni un día desde noviembre, causando bajas materiales y humanas. Aunque Marruecos siga negando esa guerra por cuestiones estratégicas, ella no parará hasta la liberación total del territorio saharaui o el martirio.

Foto: Muro de la Vergüenza marroquí (Sáhara Press Service)

La ocupación marroquí es patriarcal y muy violenta. ¿Podrías contarnos sobre las herramientas e instrumentos de la ocupación, o sea, cómo se opera la ocupación en el cotidiano? Y qué cambia en esa situación de guerra?

Realmente, las violaciones de todos los derechos humanos nunca han cesado en el  Sáhara Occidental. Desde la entrada de Marruecos al Sáhara Occidental en 1975 hasta la actualidad, ha estado siempre presente la represión a mano de hierro contra las y los ciudadanos saharauis y activistas de derechos humanos. Cuando el Frente Polisario declaró la guerra, esa represión se ha recrudecido de manera exponencial. La mayoría de nuestros activistas saharauis se encuentran en arresto domiciliario obligatorio y con la policía en la puerta de sus casas. El hostigamiento es tal que esos activistas no pueden recibir visitas en sus casas ni salir de ellas sin ser seguidos por la policía.

Los saharauis seguimos buscando a más de 500 desaparecidos desde 1975 hasta la actualidad. En este momento, tenemos unos 39 prisioneros políticos. La situación es tan grave que los saharauis están pidiendo la ayuda de la Cruz Roja Internacional para su protección y para la creación de pasillos humanitarios, una vez que son los civiles quienes se encuentran en zonas de conflicto armado.

Desgraciadamente, la respuesta global a las violaciones de los derechos humanos es muy débil en general. Tanto la Cruz Roja Internacional como la ONU han fallado a las expectativas del pueblo saharaui y a la protección de sus derechos humanos fundamentales. Los saharauis pedimos al movimiento solidario internacional más movilizaciones para que la Cruz Roja Internacional pueda visitar a los presos políticos saharauis encarcelados en Marruecos, y que la MINURSO [Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental] asuma la protección de los derechos humanos en su mandato como misión de paz en el Sáhara Occidental.

¿Cuál es el rol de las mujeres en la resistencia cotidiana y en la lucha saharaui?

Tanto en los territorios ocupados como en los campamentos de refugiados saharauis, las mujeres jamás se han rezagado en defender ferozmente el derecho del pueblo saharaui de ser independiente. Cada día, la mujer saharaui está más presente en la resistencia pacífica que lleva a cabo el pueblo saharaui en los territorios ocupados, una vez que son ellas las que se manifiestan a diario pidiendo la salida de la ocupación marroquí, son ellas las que reciben palizas y vejaciones del régimen marroquí. A lo largo de estos cincuenta años, la mujer saharaui jamás se ha rezagado en su lucha lado a lado con sus hermanos por la libertad del Sáhara Occidental.

Las mujeres saharauis son las que más han sufrido de las barbaries y torturas del ocupante marroquí porque son ellas las que más han protestado pacíficamente contra la presencia ilegal de Marruecos aquí. Hay videos y fotos, mucha cosa documentada para que se vea la brutal represión que las mujeres saharauis sufren a diario.

Es increíble este pueblo pacífico que ha sido obligado a retomar las armas para conseguir la paz.

¿Cómo ves el impacto de la guerra en los vínculos sociales y en las comunidades?

Realmente estoy muy orgullosa de mi pueblo saharaui. Esta segunda guerra de liberación ha unido más al pueblo saharaui a cumplir sus objetivo principal que es la independencia total.

Es increíble ver que, cuando surgen las guerras, la gente suele huir y buscar refugio, pero en el caso del Sáhara Occidental hemos visto saharauis que trabajaban en Europa y que volvieron al frente y se alistaron para luchar por la liberación. Es increíble este pueblo pacífico que ha sido obligado a retomar las armas para conseguir la paz.

La guerra nunca trae nada bueno. Destruye familias, destruye tejidos sociales, es algo terrible. Pero el pueblo saharaui está decidido a hacer estos sacrificios para conseguir la paz y conseguir la independencia.

¿Cómo ves los intereses internacionales, incluyendo de empresas transnacionales, los posicionamientos y el accionar de las Naciones Unidas sobre la situación del Sáhara Occidental?

El Sáhara Occidental es un territorio no autónomo pendiente de descolonización. Por lo tanto, toda presencia de empresas internacionales o acuerdos con el ocupante marroquí son ilegales desde 1975 hasta la actualidad. Todo aprovechamiento de recursos naturales en el Sáhara Occidental sin el consentimiento del pueblo saharaui es ilegal y es un robo. Reivindicamos a esas empresas que cesen el pillage de nuestros recursos hasta que el conflicto termine, porque el dinero de las inversiones en el Sáhara Occidental se va a los bolsillos de los generales marroquíes y al corrupto rey Mohammed VI, que han ocupado ilegalmente nuestro territorio.

Reclamamos a todas las empresas que salgan inmediatamente de nuestro territorio, especialmente en este actual estado de guerra. Todo lo que se encuentra en nuestro cielo, mar y tierra es objetivo del ejército saharaui, por lo que les pedimos que abandonen inmediatamente nuestro territorio si quieren proteger sus intereses y vidas.

¿Cuáles son las reivindicaciones del pueblo saharaui y el frente polisario?

Las reivindicaciones del pueblo saharaui y del Frente Polisario son la independencia total del Estado saharaui, el respeto a la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos y el respeto a las resoluciones de las Naciones Unidas que proponen un referéndum sobre la autodeterminación del pueblo saharaui.

¿Podrías contarnos sobre el Día Mundial de Solidaridad a la Mujer Saharauí, que es parte del calendario de acciones de la Marcha Mundial de las Mujeres? ¿Cómo, desde los feminismos populares en ámbito internacional, podemos fortalecer las luchas de las mujeres saharauí?

El 18 de febrero de cada año se celebra el Día Mundial de Solidaridad con la Mujer Saharaui, conmemorado de varias maneras en las diferentes agrupaciones de la Marcha Mundial de las Mujeres. Las actividades que realizamos este día visibilizan el sufrimiento diario de las mujeres saharauis para obtener su legítimo derecho a la independencia y disfrutar de su humanidad con dignidad, bajo ninguna ocupación. Se hacen marchas, sentadas, proyección de películas, conferencias y otras acciones más para celebrar la fecha en todas las partes del mundo.

Hoy, más que nunca, las mujeres saharauis necesitamos la movilización de las mujeres del mundo a demostrar su solidaridad a nuestra lucha por libertad y dignidad. Eso, sobre todo, en los momentos difíciles de guerra, en los cuales las mujeres saharauis están despidiendo a sus maridos, hijos y hermanos para ir al frente de liberación. Las mujeres saharauis necesitamos, además de la solidaridad, iniciativas de presión sobre los órganos internacionales para que lleven a cabo su responsabilidad en garantizar al pueblo saharaui su derecho a la independencia.

Por eso, nuestra lucha continúa. Seguiremos en marcha hasta que nuestros territorios sean libres.

Nota:

¹ El Guerguerat es una zona limítrofe que divide Sáhara Occidental y Marruecos, por donde se hace el tránsito de los recursos naturales saharauis pillados por los marroquíes. Contra esa violación, los saharauis se manifestaron para cerrar el paso.

Revisado por Helena Zelic

Fuente: https://rebelion.org/mujeres-de-sahara-occidental-en-lucha-permanente-hasta-que-nuestros-territorios-sean-libres/

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Hallan a las 50 mujeres secuestradas en Burkina Faso, según medios

Las 50 mujeres que fueron secuestradas por terroristas armados entre el jueves 12 de enero y el viernes 13 de enero en el departamento burkinés de Arbinda, en el norte del país, han sido encontradas, según ha podido saber la agencia de noticias AIB.

El gobernador de la región del Sahel, el coronel Rodolphe Sorgho, anunció en un comunicado fechado el 16 de enero que, desde su desaparición, las autoridades habían llevado a cabo una búsqueda para dar con las mujeres «sanas y salvas», recalcan los medios locales.

Un grupo de 41 mujeres fueron secuestradas cuando se dirigían al monte, a cuatro kilómetros de la ciudad, en busca de hojas y frutos comestibles. Un día más tarde, un segundo grupo, de quince mujeres, corrió la misma suerte en las mismas circunstancias.

Más tarde, se conoció que hubo un tercer grupo de mujeres secuestradas, elevando la cifra de personas en paradero desconocido a casi 80, según informó Radio France Internationale, aunque esta cifra no fue confirmada por las autoridades.

La Secretaría general de la ONU, presidida por António Guterres, condenó el martes el secuestro a la par que instó a las autoridades de Burkina Faso a no escatimar en esfuerzos para llevar a los responsables ante la justicia, según informó su portavoz, Farhan Haq, en un comunicado.

Asimismo, el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, también pidió en un comunicado el lunes la liberación de las mujeres burkinesas secuestradas en la provincia de Soum.

El departamento de Arbinda ha estado bajo bloqueo terrorista durante varias semanas, teniendo lugar de manera reiterada enfrentamientos entre las fuerzas del Ejecutivo de Burkina Faso y dichos grupos armados.

Fuente: https://www.notimerica.com/politica/noticia-burkina-faso-hallan-50-mujeres-secuestradas-burkina-faso-medios-20230120220502.html

 

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Bolivia: Un estudio revela que se han registrado 191 ataques contra defensores de la naturaleza en los últimos cinco años

El Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) realizó un mapeo de las agresiones que sufren defensores de la naturaleza en el país. Hay 191 ataques a diferentes activistas y el 90 % de los agresores son parte del Estado central o tienen vínculos con el partido gobernante.

El análisis se realizó entre el 1 de enero de 2017 y el 28 de abril de 2022. Las agresiones van desde amenazas con armas de fuego hasta bloquear el acceso de los defensores a sus comunidades. La mayoría de las víctimas son mujeres.

María* vive al interior de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, en el sur de Bolivia. La madrugada del 9 de marzo de este año salía rumbo a la ciudad de Tarija y, mientras caminaba, escuchó ocho disparos al aire muy cerca de ella. Entró en pánico y corrió hacia un lugar seguro, dejando su mochila en el piso. No alcanzó a ver a nadie pero desde ese día el temor la persigue a todos lados. Ella es una de las 38 víctimas detrás de los 191 ataques identificados en Bolivia por el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib) contra líderes ambientales por cuidar la naturaleza y su territorio.

El Cedib elaboró un mapeo de las defensoras y defensores bolivianos que sufrieron una o varias veces alguna amenaza o agresióndesde enero de 2017  hasta el 28 de abril de 2022. El hecho de que sean 191 ataques y solo 38 víctimas muestra que muchas personas recibieron múltiples ataques a lo largo del periodo analizado. La institución decidió no publicar la identidad de las víctimas para protegerlas de cualquier nueva amenaza.

Todas las agresiones se encuentran georreferenciadas y distribuidas en ocho categorías: judicialización, negativa de acceso a la información, chantajes y desprestigio, restricciones a la libertad de expresión, hostigamiento, restricciones a los derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias y atentados a la integridad física. Uno de los datos más impactantes del análisis es que todos los ataques registrados han quedado en la impunidad.

De acuerdo con Cedib, los ataques contra los defensores ambientales se focalizan en mellar su imagen pública, señalarlos, estigmatizarlos, hostigarlos, acosarlos por vías indirectas —que pueden ser administrativas o laborales—, intimidarlos y desgastarlos psicológicamente. Entre todas estas formas de ataque, también hay una estrategia que es muy común en Bolivia a la hora de agredir los liderazgos ambientales: la división de organizaciones indígenas o campesinas.

La defensa ambiental en Bolivia tiene rostro de mujer

Miguel Miranda, investigador del Cedib y responsable de la base de datos sobre agresiones a defensores del medio ambiente, explicó a Mongabay Latam que los casos incluidos en el estudio corresponden a personas que siempre hicieron uso de medios pacíficos para defender los derechos de la naturaleza y de sus territorios.

“Hemos incluido a personas que están en lucha de derechos y que pueden contarnos sus historias y a partir de ahí se arman los casos. Seguiremos alimentando la base de datos porque sabemos que hay muchos más casos”, destaca Miranda y añade que el Cedib recogió cada evento de violencia a través de información pública e hizo un llamado a cada una de las víctimas para conocer más detalles.

La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.
La última marcha de defensores del Tipnis fue en 2011. Esa columna llegó a la ciudad de La Paz. Foto: Rodrigo Urzagasti-Cedib.

 

Según el cuadro de las víctimas, 19 mujeres y 12 hombres fueron agredidos por defender su territorio y el medio ambiente, siete de los cuales pertenecen a territorios de la Amazonía boliviana.

A su vez, 24 de los 38 defensores agredidos son líderes que pertenecen a alguna organización de la sociedad civil que defiende la naturaleza en Bolivia. Cuatro de los defensores fueron atacados por oponerse a un proyecto minero, nueve por hacerle frente a proyectos hidrocarburíferos, cinco por enfrentarse a proyectos de infraestructura, diez de ellos en el momento de la agresión no hacían oposición activa a algún proyecto extractivo y tres de ellos no solo son defensores ambientales sino también de derechos humanos.

“Diríamos de manera general que las 38 víctimas son defensores ambientales, también hay tres [víctimas] que tienen una mirada más integral a los derechos humanos pero, en general, son personas que defienden la naturaleza”, destaca Miranda.

Silvia Lipa Piloy es dirigente del pueblo indígena leco en el norte del departamento de La Paz y está entre las personas registradas como víctimas por Cedib. Está convencida que la mujer defensora del medio ambiente en Bolivia tiene más riesgos y que, lo peor, es que muchos de esos riesgos no se hacen públicos por temor a las represalias. En su región, que es parte del parque nacional Madidi, luchan contra la invasión de empresas que extraen oro sin ningún tipo de control estatal.

“El tema del oro y sus consecuencias es el mayor reclamo que tenemos en el norte de La Paz. Por eso nos atacaron y hasta amenazaron a los dirigentes del pueblo leco, pero sobre todo a las mujeres, porque incluso quieren dañar hasta nuestras familias”, lamenta Lipa.

De acuerdo con Cedib, durante los primeros tres meses del 2022 el problema para los defensores se acentuó en las áreas protegidas debido al incremento de actividades extractivas como la minería ilegal o la incursión petrolera.

En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib.
En el lago Poopó, en el occidente boliviano, se gestaron movimientos de defensa contra la contaminación en esa zona. Foto: Claudia Morales-Cedib

 

“En el caso de la minería, esta actividad continúa siendo impulsada de manera irregular por parte del Estado, donde los principales beneficiarios son algunos sectores cooperativistas, afines al partido oficialista. Esto puede comprobarse con las expresiones del propio presidente de Bolivia Luis Arce, al momento de alentar a mineros de la ciudad de Huanuni señalando que: ‘no pueden desperdiciar los precios internacionales del estaño’”, dice parte del informe del Cedib.

Fuerte incursión en áreas protegidas

Entre las áreas protegidas donde los defensores están en mayor riesgo se encuentra el Parque Nacional Madidi, donde la búsqueda de oro destrozó sus ríos. Incluso, en este grupo de defensores se encuentra la senadora Cecilia Requena, quien antes de llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional tenía un papel activo en la defensa del medio ambiente a través de la organización civil Una Nueva Oportunidad. La legisladora es parte del estudio del Cedib, elaborado en conmemoración al primer año de vigencia del Acuerdo de Escazú en Bolivia.

Requena relata lo que vivió hace algunas semanas cuando ingresó al Madidi para verificar la explotación minera en esa zona. La legisladora cuenta que esta zona “parece una tierra sin ley” y que se encontró con “grupos alevosos y armados” que evitaron una inspección para verificar si la extracción de oro en los ríos amazónicos era legal.

“Fuimos amenazados con machetes, dinamita y piedras. Incluso, casi fuimos secuestrados. Fue un momento escandaloso, inaceptable y muy peligroso. Preocupa porque estos conflictos se están dando en áreas protegidas y hay un gobierno inoperante, impotente y en muchos casos, cómplice”, lamenta Requena.

En el mapeo realizado por Cedib también se hace referencia a las agresiones de defensores en la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía, ubicada en el departamento de Tarija. En abril de este año se vieron una serie de ataques contra un grupo de líderes ambientales ante la intención del Gobierno de ingresar a esta zona natural para desarrollar proyectos petroleros. Esto está relacionado, además, a que en febrero de 2022 se aprobó el Decreto Supremo 4667 que está orientado a modificar la frontera hidrocarburífera e implementar nuevas medidas vinculadas a las atribuciones de la estatal Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en varias zonas priorizadas por el gobierno, entre las que se incluyen varias áreas protegidas.

Según Cedib, en Tariquía existe la intromisión de dirigentes de organizaciones civiles que no son de la zona y que apoyan la incursión petrolera, esperanzados en la compensación económica que podrían recibir en caso de que se realicen los proyectos hidrocarburíferos. Una de las víctimas —que no tiene registrado su nombre en la base de datos del Cedib— relata que estas personas “invasoras” le restringen el acceso a su comunidad, que se llama El Cajón y que está dentro de la reserva natural.

La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.
La defensa del Tipnis en Bolivia unió a varios defensores y defensoras del medio ambiente. Ahora, en esa zona se detuvieron varios proyectos carreteros. Foto: Wara Vargas-Cedib.

 

La defensora dice que recibe agresiones porque se opone al ingreso de empresas petroleras y que la amenazaron con dañar a su familia y su casa si insiste en la defensa de su territorio. “El 29 de marzo de 2022 la señora ST [abreviatura que aparece en el informe] denuncia el ingreso de familias ajenas al territorio de la Comunidad El Cajón, quienes dan el respaldo para la exploración [petrolera] en el área de Astillero. Estos comuneros son de Bermejo y además le restringen a la defensora el ingreso a su comunidad”, dice el informe del Cedib.

Existen otros relatos desde Tariquía y todos tienen la misma línea: las víctimas se oponen a la incursión petrolera y sufren agresiones y amenazas por parte de personas que son ajenas a las comunidades de la reserva natural. “En fecha 18 de abril de 2022 la activista AC [abreviatura que aparece en el informe] viajó hasta Tariquía para verificar el estado de pobreza en el que se encontraban las cinco familias de la comunidad El Cajón que vienen protestando y que fueron despojadas de su territorio. Denuncia que no la dejaban salir y tampoco ingresar a la comunidad, la retuvieron como si estuviese secuestrada, los colonos interculturales la amenazaron con pincharle las llantas del vehículo si pasaba más allá”, dice el informe sobre otra de las víctimas.

Este caso se refiere a Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), quien habló públicamente esta semana sobre los resultados del informe de Cedib. En abril de 2022, la activista narró que fue retenida contra su voluntad en el ingreso a Tariquía y tuvo que pedir ayuda para poder salir del lugar donde estaba. Carvajal es defensora del medio ambiente y se involucró en el apoyo a personas que sufren agresiones en el parque Madidi y en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).

Amenazada por sus propios vecinos

Ruth Alipaz Cuqui es lideresa indígena uchupiamona. Ella también hace parte de la base de datos del Cedib y dio públicamente su testimonio el 28 de abril, día de la presentación del informe. La defensora mantiene una férrea lucha contra la construcción de la central hidroeléctrica Chepete – El Bala, un proyecto que, asegura, pondría en riesgo la vida en la cuenca amazónica del río Beni, donde desemboca el río Tuichi, y que podría desplazar a más de 5000 indígenas con la inundación de un territorio equivalente a siete veces la ciudad de La Paz. Además, este proyecto está en las puertas del parque Madidi.

Alipaz también protege su territorio de la minería presente en los ríos que recorren el Madidi. Y, precisamente, es por esa razón que asegura que recibió amenazas por parte de líderes campesinos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), partido del expresidente Evo Morales que sigue actualmente en el poder, por oponerse a la extracción de oro en el río Tuichi.

“En realidad el mensaje era que yo no podía hablar, que no debía hablar, no debía decir nada en contra del Gobierno [nacional] y que si lo estaba haciendo, me atuviera a las consecuencias. En el fondo era eso, es una manera de decirte qué puedes decir o qué puedes hacer o no hacer. Eso es triste porque así es como manejaron las empresas extractivas a los pueblos indígenas durante el gobierno de Evo Morales”, relata Alipaz.

Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.
Parabas de frente roja en el parque nacional Madidi. Los habitantes de la zona defienden su territorio y su fauna. Foto: Cristian Eugenio-Cedib.

 

La lideresa, que es parte de la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap), lamenta también que existan personas que viven en su comunidad que están a favor de proyectos de infraestructura o extractivistas en la Amazonía boliviana. Alipaz dice que algunos de ellos incluso la agredieron por oponerse a la central hidroeléctrica Chepete – El Bala.

“No solamente me gritaron en plena asamblea, sino que también estuve a punto de que me golpearan. En esa ocasión vi la reacción de otras mujeres para ponerse de mi lado y defenderme”, dice Alipaz y añade que es víctima también del machismo por intentar defender el medio ambiente.

Mongabay Latam consultó al Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia sobre estos ataques a defensores de la naturaleza pero hasta el momento de publicación no hubo respuesta. Quien sí se refirió al tema fue el senador Leonardo Loza del MAS y representante de los cocaleros de la provincia de Chapare. El legislador rechaza que haya agresiones a quienes defienden el medio ambiente y pide a las entidades correspondientes del Estado que realicen su trabajo para evitar ataques y amenazas. “Debe haber denuncias de las víctimas y no puede haber impunidad. Si se cometieron faltas pues deben ser castigados”, asegura.

Los agresores

En el informe del Cedib se hace un fuerte énfasis en los causantes de las agresiones. Según los datos, las personas que pertenecen a entidades del Estado son los principales perpetradores de los ataques con un 45 %. A eso hay que sumar personas, grupos y organizaciones de civiles que atacan a los defensores motivados por su apoyo al partido gobernante y sus políticas extractivas. Este grupo representa el 29 % de los agresores. “Muchos de estos civiles forman parte, indirectamente, de la estructura de poder estatal”, asegura Miranda.

Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber
Existen 33 hectáreas de cultivos ilegales de hoja de coca dentro del área protegida del Tipnis. Foto: El Deber

 

Por otro lado, un 16 % de los agresores son empresas, que en su mayoría son públicas y cooperativas, un 6 % de los perpetradores pertenecen a la Policía y las Fuerzas Armadas y, finalmente, un 4 % de los agresores se reúnen entre autoridades judiciales, municipios pequeños, gobiernos departamentales y civiles que no están de acuerdo con el bloqueo de proyectos extractivos.

Una de las conclusiones más preocupantes del análisis hecho por Cedib es que, en Bolivia, los ataques a defensores del medio ambiente están en aumento. Muchos callan por temor y pocos se animan a denunciar. Varias de las víctimas tuvieron que huir de sus comunidades porque las amenazas eran una constante. A pesar de la angustia, esperan que el Estado tome cartas en el asunto para no tener que seguir enfrentándose a barreras y ataques que buscan silenciar sus denuncias.

*Nombre cambiado por seguridad de la fuente.

Fuente: https://rebelion.org/un-estudio-revela-que-se-han-registrado-191-ataques-contra-defensores-de-la-naturaleza-en-los-ultimos-cinco-anos/

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Cinco líderes sociales fueron asesinados en Colombia en un solo día

En Colombia ya se han registrado 124 asesinatos de líderes sociales en lo que va de 2021, según cifras aportadas al medio El Espectador. Los hechos más recientes se reportaron en Antioquia, Chocó, Cauca y Nariño, departamentos en los que este 20 de septiembre asesinaron a cinco líderes sociales, dos de ellos en Tumaco, departamento de Nariño, al suroeste del país.

Uno de los hechos que dio a conocer el Instituto de Estudios para el Desarrolló y la Paz, Indepaz, fue el asesinato de José Luis Pai Taicus, un menor de 15 años y Jovanny Javier García Guanga. Los dos hombres eran comuneros indígenas de los resguardos Awá Quejumbi Feliciana y Hojal la Turbia respectivamente. Los comuneros desaparecieron el 19 de septiembre y fueron encontrados al día siguiente sin vida y con signos de violencia, según relata Indepaz.

Otro de los casos es el de María Nancy Ramírez Pulgarín, docente de la Institución Educativa Porfirio Barba Jacob, en Santa Rosa de Osos, Antioquia, y quien pertenecía a la Asociación de Institutores de Antioquia. Según la información que se conoce hasta el momento, fue asesinada cuando se dirigía hacia la institución, en ese momento, dos sicarios le dispararon con arma de fuego, causándole de esta manera la muerte.

En Carmen del Darién, Chocó, también se registró un hecho violento que acabó con la vida de Dilio Bailarín. Era un miembro del Resguardo Indígena Alto Guayabito de Puerto Embera Eyábida. Según Indepaz, el líder fue asesinado a dos minutos de donde está ubicada su comunidad. Al parecer, Dilio ya había recibido amenazas por parte de uno de los grupos armados que actúa en la zona.

El último caso que se reportó el 20 de septiembre, fue el de David Aricapa Visuce, líder asesinado en Caloto, Cauca. Al igual que José Luis y Jovanny Javier, el hombre era comunero del resguardo de López Adentro, perteneciente al pueblo Nasa, el cual se encuentra ubicado entre los municipios de Caloto y Corinto, en Cauca. El joven de 26 años fue asesinado en la entrada del resguardo Toéz de Caloto. En este lugar se denuncia el asesinato de por lo menos siete persona en lo que va del año.

Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/noticias/general/cinco-lideres-sociales-fueron-asesinados-en-colombia-en-un-solo-dia/

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