Las mujeres y niñas migrantes y refugiadas se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad a lo largo de su trayecto y aún en su destino, informó Tamara Martínez Ruíz, coordinadora para la Igualdad de Género de la UNAM, en la mesa “Rechazando la discriminación y los discursos de odio: acceso de la mujer migrante a la justicia”.
“Una de las problemáticas a las que se enfrentan son los discursos de odio, que tienen detrás distintos niveles de violencia o agresión y consecuencias que muchas veces son fatídicas”.
La educación es una de las herramientas más poderosas para la erradicación de la violencia en el mundo y es una manera de lograr el acceso a la justicia para las mujeres migrantes, afirmó
Se trata de uno de los ejes importantes para que se empoderen y accedan a un empleo, y con ello logren mejor condición de vida, agregó al participar en el “Segundo Encuentro Cultural Mujer Migrante de México y el Mundo”, organizado por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a través del Consulado General de México en Houston.
La universitaria recalcó que es preciso considerar la feminización de la migración como escenario contemporáneo. En 2017, “México fue el principal expulsor de mujeres; de la violencia no se cuenta con cifras exactas; sin embargo, se sabe que entre 24 y 80 por ciento de las mujeres migrantes y refugiadas experimentan violencia sexual en su tránsito”.
Y agregó: “son un detonante de prácticas violentas de distintos órdenes, políticas, económicas o sociales, y de su perpetuación. Incluso, llegan a materializarse en crímenes contra personas o grupos que son considerados como inferiores o ‘peligrosos’”. Entre las mujeres migrantes ese discurso encuentra uno de sus máximos grados de violencia en el feminicidio.
Ante estos mensajes, recalcó la coordinadora, es imperante manifestar una postura de cero tolerancia y considerar límites entre la libertad de expresión y la incitación o promoción del racismo, sexismo, misoginia y xenofobia, entre otros. También se requiere incluir la perspectiva de género en el tema de las migraciones.
Para combatir la violencia de género y los discursos de odio contra las mujeres migrantes, la universitaria propuso, entre otras acciones, la colaboración entre instituciones políticas, organismos internacionales y sociedad.
Un total de 77 estudiantes murieron en la reciente ofensiva, informó el Ministerio de Educación palestino.
El director del Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación del Ministerio de Educación palestino, Ahmed al Nayyar, anunció este viernes que 187 escuelas, incluidas 55 guarderías, sufrieron daños durante la reciente ofensiva de Israel contra la Franja de Gaza.
Nayyar habló con la Agencia Anadolu sobre los estudiantes que perdieron la vida durante los ataques israelíes contra Gaza y los establecimientos educativos destruidos o dañados.
Dijo que el Ministerio registró que 77 estudiantes murieron y que 55 guarderías y 132 escuelas primarias fueron gravemente afectadas durante los ataques.
El funcionario palestino aseguró que las dimensiones de la destrucción fueron «enormes».
También señaló que Israel bombardeó establecimientos educativos que estaban lejos de las instalaciones de seguridad y de los grupos de resistencia palestina.
Nayyar añadió que los estudiantes heridos y afectados por el bombardeo necesitan ayuda psicológica.
Enfatizó que el proceso de reconstrucción de los establecimientos educativos es posible hasta cierto punto, pero es difícil sanar el daño psicológico que la destrucción israelí le ha producido a los estudiantes.
Al menos 254 palestinos, incluidos 66 niños y 39 mujeres, murieron y más de 1.900 resultaron heridos a principios de este mes durante 11 días de ataques israelíes masivos contra la Franja de Gaza, de acuerdo con los datos de las autoridades de Salud palestinas.
La violencia estalló en el marco de las tensiones iniciadas con el veredicto de un tribunal israelí para desalojar a familias palestinas de sus hogares en el barrio de Sheikh Jarrah, en la ocupada Jerusalén Este, y la violencia policial contra los fieles dentro de la mezquita de Al-Aqsa.
Debido al lanzamiento de cohetes palestinos desde la Franja de Gaza, 13 israelíes también murieron. La ofensiva, la más feroz en años, se detuvo este viernes bajo un acuerdo de alto al fuego negociado por Egipto.
*Aicha Sandoval Alaguna contribuyó con la redacción de esta nota.
es un espacio pensado para tejer redes, organizarnos y visibilizarnos, esta conformados por un grupo de mujeres, de diferentes organizaciones, de diferentes creencias y de diferentes países, que decidimos juntarnos en clave feminista todos los sábados, para desandar juntas las opresiones . Hoy, 08 de mayo de 2021, con una entrega especial: En clave feminista: Colombia Dignidad
Mientras la policía reprime ferozmente, dispara a los manifestantes y ataca a las multitudes con motocicletas y camiones, la resistencia se profundiza en todo el país.
Naciones Unidas ha condenado la violenta represión de las protestas en Colombia, luego de que la policías dejara al menos 20 muertos y 87 personas desaparecidas.
Al menos cinco personas murieron en Cali en medio de nuevos episodios de violencia el lunes por la noche. La ciudad del suroeste, que tiene una gran población afrocolombiana, ha sido escenario de gran parte de la violencia desde que las protestas comenzaron pacíficamente con una huelga general nacional el miércoles pasado.
«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos en Cali durante la noche, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes y varias personas murieron y resultaron heridas», dijo el martes un portavoz de derechos humanos de la ONU.
“Es como si la policía estuviera esperando que cayera la noche para poder subir y empezar a disparar indiscriminadamente”, dijo un líder comunitario en un barrio pobre de Cali que ha sido allanado repetidamente por la policía. «Los cuerpos se van a apilar, los muertos sobre los muertos».
El líder dijo que cada noche trae un nuevo espectáculo derepresión: el torbellino de helicópteros de la policía sobre sus cabezas mientras sirenas, flashbangs y el burbujeo de gases lacrimógenos dominan las calles. Los manifestantes, que buscaban bloquear la entrada de la policía antidisturbios a sus comunidades, establecieron barricadas hechas de escombros en llamas.
“La orden era militarizar la ciudad, así que eso es lo que pasa”, dijo el líder. «Esperamos que la comunidad internacional preste atención, porque hasta ahora nadie más lo ha hecho».
Las imágenes de teléfonos celulares que circularon a través de las redes sociales mostraban escenas que recuerdan una zona de guerra. En uno, un cuerpo ensangrentado y aparentemente sin vida está rodeado por una multitud angustiada. «¡Le dispararon, hijo de puta!» se puede escuchar a los espectadores gritar. En otro, se ve a un civil desplomándose cojo al suelo después de que un oficial en una motocicleta lo golpeara en la parte posterior de la cabeza.
Las autoridades están investigando informes de que miembros de una misión humanitaria de la ONU fueron amenazados y atacados. El aeropuerto de la ciudad, del que parten más de 25 vuelos cada día, ha sido cerrado. También se reportaron bloqueos de carreteras en los bordes de la ciudad y en la carretera al cercano puerto marítimo del Pacífico en Buenaventura el martes por la mañana.
El presidente de derecha de Colombia, Iván Duque, se ha enfrentado a tres importantes protestas a nivel nacional desde que comenzó su mandato en 2018, y cada una de ellas se ha enfrentado a la violencia policial. En septiembre pasado, estallaron manifestaciones contra la policía después de que agentes en Bogotá mataran a un hombre con un arma eléctrica Taser.
Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma tributaria impopular, aunque muchos manifestantes marchan contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.
La economía de Colombia ha sido devastada por la pandemia de Covid-19, que hasta ahora se ha cobrado más de 75.000 vidas, y la semana pasada las muertes diarias rompieron los récords del país.
Duque retrocedió de su propuesta de reforma tributaria el domingo por la tarde, 24 horas antes de aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla, su ministro de Hacienda, pero ninguna de las medidas ha frenado la bronca popular.
La violencia policial es desalentadora para quienes esperaban un futuro pacífico para Colombia cuando el país firmó un histórico acuerdo de paz con la organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.
Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a 260.000 personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus hogares, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia.
En cambio, desde que Duque asumió el cargo en 2018, los manifestantes han sido acusadoshabitualmente de actuar como testaferros de grupos rebeldes disidentes que no han depuesto las armas. Con este argumento el Estado colombiano reforzó su linea represiva y de persecusión a manifestantes: se habla de más de 6.000 crímenes extrajudiciales y, en lo que va del año, han sido asesinados 54 líderes y lideresas sociales, 1.164 desde la firma de la paz en 2016.
Los motores fundamentales de la migración en los países del norte de América Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, pero se han visto exacerbados por acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota. La ONU se moviliza para ayudar a los migrantes retornados y a aquellos estancados en Guatemala y llama a las autoridades a que no empleen la fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante.
Las agencias de la ONU están atendiendo a los hondureños que han abandonado la caravana de migrantes y han retornado a su país. UNICEF ha asistido a más de 100 niños, el 80% de los cuales viajaban solos.
Algunos de los menores están heridos, extremadamente cansados o con traumas psicológicos, informó el sistema de la ONU en Honduras.
Se calcula que unos 3000 hondureños han regresado y en Guatemala aún hay pequeños grupos dispersos.
Según informaciones de prensa, unos 7000 hondureños partieron hace una semana hacia el norte huyendo de la violencia, la pobreza y los estragos causados por los huracanes Eta e Iota.
IOM Guatemala/Jonathan Mazariegos
Caravana migrante en Guatemala.
Ayuda para los migrantes
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) desplegó dos equipos para brindar asistencia humanitaria y monitorear la situación de las aproximadamente 7500 personas migrantes que decidieron migrar en una caravana desde Honduras hacia México y los Estados Unidos.
La OIM informó en un comunicado difundido este jueves que ha entregado 1000 kits de asistencia humanitaria a la Casa del Migrante de ciudad de Guatemala. “Estos elementos servirán para atender las necesidades básicas de agua y saneamiento, higiene y abrigo de migrantes vulnerables que acuden a esta institución en búsqueda de asistencia”, afirma la declaración.
La agencia también ha puesto a disposición de las personas migrantes su programa de Retorno Voluntario Asistido para aquellos que han quedado varados en Guatemala y desean retornar a su país de origen. Este programa brinda ayuda humanitaria, atención médica y psicosocial, albergue, y transporte para quienes libremente toman la decisión de regresar y solicitan personalmente el apoyo de la Organización.
“Nos hemos acercado a las personas migrantes que se encuentran en Guatemala para brindarles información sobre opciones de migración regular, y asistencia humanitaria inmediata. Preliminarmente podemos atestiguar que la mayoría de las personas migrantes lamentablemente no considera que migrar en caravana represente riesgos adicionales a su salud física o mental”, indicó Ugo Ramos, experto en salud de la Misión de la OIM para El Salvador, Guatemala y Honduras.
Asimismo, esta agencia de la ONU ha coordinado con las autoridades del gobierno la atención en salud y asistencia psicosocial a las personas migrantes, en el contexto de la pandemia por la COVID-19.
“Hemos observado que hay un significativo número de personas migrantes en situación de vulnerabilidad ante grupos criminales que pudieran estar aprovechando la coyuntura para el tráfico ilícito de migrantes o para la trata. Es muy importante que la población tenga acceso a fuentes de información verificada sobre los requisitos para migrar, sobre la protección contra la COVID-19, y que puedan acceder a las instituciones que pueden proveer asistencia humanitaria. Por ello, la OIM ha reforzado su estrategia de comunicación para prevenir la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, así como para facilitar el acceso de las personas migrantes a servicios de protección apropiada”, indicó Jorge Peraza, jefe de la misión de la OIM.
IOM Guatemala/Jonathan Mazariegos
Caravana de migrantes hondureños en Guatemala.
De Honduras a Guatemala
Numerosos migrantes, especialmente provenientes de Honduras, entraron a Guatemala en forma masiva durante los días 15 y 16 de enero. El avance de unas 5000 personas fue detenido en un punto de control en Chiquimula (Guatemala) desde el día 16.
Al verse imposibilitado continuar con su trayecto, el contingente de las personas migrantes que conformaban la caravana se disgregó en este punto el pasado 19 como consecuencia de las medidas tomadas por las autoridades guatemaltecas, que incluyeron el uso de la fuerza.
“La OIM, en coordinación con el Sistema de las Naciones Unidas en la región, hace un llamado para que no se emplee fuerza injustificada o excesiva contra ningún migrante, solicitante de asilo o refugiado durante las acciones de control migratorio, policial o sanitario, y que los Estados se adhieran a los instrumentos internacionales aplicables. Al mismo tiempo, pedimos a los migrantes que hagan todo lo posible por respetar y cumplir las leyes de migración, así como las órdenes legales del personal encargado de hacer cumplir la ley”, pidió Michele Klein Solomon, directora regional de la OIM para Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
De acuerdo con las últimas cifras disponibles del Instituto Guatemalteco de Migración, al 20 de enero el gobierno de ese país había realizado el retorno de 3962 personas procedentes principalmente de Honduras, e incluyendo grupos más pequeños de salvadoreños y nicaragüenses.
Mientras tanto, se estima que pequeños grupos de migrantes hondureños que hacían parte de la caravana han llegado hasta la localidad guatemalteca de Tecún Umán, fronteriza con México.
“Los motores fundamentales de la migración desde los países del norte de América Central, como la pobreza, la falta de empleo y la violencia, no son nuevos, pero se han visto exacerbados por acontecimientos recientes, en particular la pandemia de COVID-19 y los huracanes Eta e Iota”, explicó Klein Solomon. “En este contexto, la desesperación combinada con información falsa y engañosa, incluso sobre posibles cambios en las políticas migratorias, a menudo difundidos intencionalmente por contrabandistas de personas y otras organizaciones delictivas, alimenta grandes movimientos irregulares de personas en caravanas que buscan acceso a la seguridad y a las oportunidades en el extranjero”.
Un caso en Brasil evidencia la persistencia de intolerables casos de abuso de los derechos humanos.
La mirada sobre la esclavitud ha adquirido notoriedad en los últimos años a partir de los ataques a figuras de esclavistas que, como se ha analizado largamente, no pueden ser juzgados bajo la ética y las normas del presente. Que el tráfico de esclavos fue un capítulo aterrador, nefasto y aún no superado es una cuestión siempre digna de revisitar, aunque asumiendo ese principio de extemporaneidad que lo sitúe en su perspectiva histórica. Lo que sí requiere una mirada muy exigente del presente es la herencia viva de la esclavitud que perdura entre nosotros. Mucho más extensa de lo que se suele considerar y con tentáculos enormes en todos los contextos.
El rescate de Madalena Gordiano, una brasileña captada por una familia del Estado de Minas Gerais cuando apenas tenía ocho años y pedía limosna, en cuyo seno ha servido casi 40 años como criada sin sueldo, sin derechos, sin educación e incluso explotada económicamente como un activo bajo su propiedad, debe remover conciencias. Y abrir debates.
Gordiano, que al ser liberada en noviembre tras la denuncia de un vecino tenía 46 años y se expresaba con dificultad, es un símbolo del legado de la esclavitud que pervive en Brasil, el último país americano en abolirla después de 350 años de una explotación que dejó una herencia aún insoportable. Se trata de un caso extremo que está en manos de los jueces, pero nos recuerda que la explotación a personas sin recursos —especialmente si son mujeres— y sin el poder que da la raza blanca corroe nuestro universo.
En Brasil, los negros y mestizos, herederos de los africanos, constituyen el 56% de la población, pero su esperanza de vida, sus ingresos, su formación y seguridad es sensiblemente menor a la de la población blanca. El 75% de las víctimas de asesinato son negros o mestizos. En los últimos 25 años, en Brasil han sido rescatadas 55.000 personas de trabajos esclavos, labor más complicada en el caso de las criadas.
La desigualdad a la que condujo el esclavismo y que pervive en la actualidad forma parte de los debates abiertos en el continente americano, desde las protestas del Black Lives Matter en Estados Unidos a la mencionada ofensiva contra las estatuas esclavistas. Pero la fenomenología del abuso de derechos básicos con sabor a esclavitud del siglo XXI es plural y en muchos casos no tiene que ver con un componente racista, desde los niños soldados hasta la explotación sexual o trabajos forzosos de distinta índole. La línea de avance que une el Renacimiento, la Ilustración, la Declaración Universal de Derechos Humanos y otras conquistas más recientes tiene todavía recorrido por delante, incluso en los países más avanzados. No cabe complacencia de ninguna clase.
El 30 de septiembre de 2020 la CIDH presentó a la Corte IDH el caso de violación de los derechos a la vida, el territorio y los derechos económicos de los pueblos no contactados Tagaeri y Taromenane. La Corte podría tomarse al menos dos años en sentenciar el caso.
Los Pueblos Indígenas en Aislamiento han sufrido al menos tres matanzas en 17 años y expertos aseguran qie el Estado ecuatoriano no les ha garantizado el derecho a la vida.
Luego de cinco años de la audiencia pública en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar los riesgos que enfrentan los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, el 30 se septiembre último, la Comisión elevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Este tribunal internacional deberá atender una demanda que se centra en la violación sostenida de los derechos humanos de los pueblos que viven en el Yasuní, en la Amazonía del Ecuador, durante los últimos 17 años. Según la Comisión, los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento (PIA) no han sido garantizados por el Estado ecuatoriano a pesar de ser su responsabilidad internacional.
“Los pueblos indígenas en aislamiento son el patrimonio vivo del país”, dice Milagros Aguirre, autora de varios libros sobre los indígenas en aislamiento. Además, Aguirre recuerda que el Estado tiene “una obligación de protección a los más débiles” y de cumplir los pactos internacionales de protección como los de las Naciones Unidas.
El 19 de octubre de 2015, cuando se realizó la audiencia de este caso en la CIDH —encargada de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente— los participantes discutieron sobre la responsabilidad del Ecuador por la violación de los derechos a la vida, al territorio y a los derechos económicos, sociales y culturales de los PIA. El caso fue llevado nueve años antes y denunciaba las matanzas a estos pueblos ocurridas en 2003 y 2006 .
Precisamente el 10 de mayo de 2006, la Comisión dictó medidas cautelares a favor de los pueblos. Para cumplirlas, el entonces gobierno del Ecuador estableció, un año después, acciones concretas para proteger a los PIA. David Cordero Heredia, abogado de la Confederación de Nacionalidad Indígenas del Ecuador (Conaie), explica que entre esas acciones estuvieron la delimitación y vigilancia en la zona intangible, un espacio protegido donde no se pueden realizar actividades extractivas. Para ello se destacó, además, a un grupo de guardaparques para resguardar el área. Como parte del plan, el gobierno monitoreó con fotografías satelitales la ubicación de los Tagaeri y los Taromenane.
Sin embargo, estas acciones tomadas por el Estado hace 14 años no continuaron y no han sido suficientes para proteger a estos grupos indígenas aislados. El tribunal internacional podría emitir una sentencia dentro de aproximadamente dos años.
Las matanzas que han vivido los PIA
La demanda contra el Estado ecuatoriano llegó a la Comisión porque los PIA han enfrentado tres matanzas, aunque los expertos coinciden en que son más. En el 2003, más de 20 Taromenane fueron asesinados por un grupo waorani, la nacionalidad idígena más cercana a los pueblos aislados. En una nota publicada en el 2003 por el diario El Universo, los waorani justificaron la matanza como una venganza por los ataques que vivían. En ese enfrentamiento, los wao llevaron hasta sus comunidades la cabeza de un Taromenane “como trofeo”, dice la nota.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. Audiencia realizada en la CIDH en octubre de 2015, intervino Moi Enomenga.
En el 2006, cerca de 30 indígenas aislados fueron asesinados en un enfrentamiento con madereros, pero en ese momento la ministra de Ambiente Ana Albán dijo que “no se encontraron huellas del enfrentamiento”. El gobierno se comprometió a controlar la extracción ilegal de madera en la zona donde viven los pueblos en aislamiento.
En 2013, los indígenas en aislamiento asesinaron a dos ancianos waorani, Ompure y Buganey. Ompure había alertado en una asamblea que los indígenas en aislamiento le pidieron ollas, machetes y hachas que él les entregó. Sin embargo, otro grupo de indígenas en aislamiento le pidió más cosas que no pudieron entregarse, por lo que los ancianos fueron asesinados. Luego de 20 días, como venganza, los waorani asesinaron a otros 30 indígenas en aislamiento y secuestraron a dos niñas Taromenane. Siete meses después, un grupo de policías élites encapuchados sacaron del territorio waorani a una de las niñas para llevarla a un hospital de la ciudad amazónica del Coca. Activistas y líderes waorani consideraron que fue un secuestro, pero para el gobierno fue un rescate.
El antropólogo Roberto Narváez, estudioso de los PIA y quien ha trabajado durante 20 años en territorio waorani, dice que en estas tres matanzas el Estado no realizó ninguna acción para frenar este tipo de hechos porque “hay prioridades y esas prioridades están marcadas por las industrias extractivas”. La Constitución ecuatoriana dice que los territorios de los pueblos en aislamiento voluntario son de posesión ancestral irreductible e intangible, y en ellos estará vedada todo tipo de actividad extractiva. Dice que el Estado “adoptará medidas para garantizar sus vidas, hacer respetar su autodeterminación y voluntad de permanecer en aislamiento, y precautelar la observancia de sus derechos”. En concreto, el Estado está obligado a proteger a estos pueblos a través de medidas específicas que no ha cumplido y que, coinciden los expertos, podrían haber evitado matanzas como las de los 30 indígenas aislados para vengar el asesinato de Ompure y Buganey.
Las promesas incumplidas del Estado
Los PIA están desprotegidos por el Estado, dice Milagros Aguirre. Una de las formas para protegerlos fue la delimitación de la Zona Intangible Tagaeri y Taromenane, pero no ha sido garantía para su protección. Roberto Narváez dice que no existe ninguna política pública o algún instrumento que asegure el aislamiento de los PIA.
En mayo de 2019, el gobierno de Ecuador decidió ampliar la zona intangible del parque nacional Yasuní: pasó de 758 051 hectáreas a un poco más de 818 500. Esto equivale a una ampliación de cerca de 60 000 hectáreas. En ese momento la ampliación de la zona intangible parecía una buena noticia, pero el Estado no tomó en cuenta las evidencias de movilidad de los pueblos indígenas en aislamiento.
Zona intangible. Fotografía cortesía de MAAP
La Zona Intangible Tagaeri Taromenane (ZITT) fue declarada como tal a través del decreto 552 en 1999 como zona “de conservación vedada a perpetuidad a todo tipo de actividad extractiva, las tierras de habitación y desarrollo de los grupos Huaorani conocidos como Tagaeri, Taromenane y otros eventuales que permanecen sin contacto”. Narváez dice que el Estado debe considerar que los pueblos en aislamiento se mueven dentro y fuera de la ZITT, porque circulan continuamente en el Yasuní, es su modo de vida. Para Roberto Narváez la delimitación de la zona intangible solo tiene el interés de no afectar la explotación petrolera.
Los Tagaeri y Taromenane son grupos de familias que tienen familiares waorani. Están en constante movimiento por sus actividades de caza y recolección de frutos y esta movilidad hace que surjan conflictos violentos con colonos y madereros que realizan actividades extractivas.
De la Comisión a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Cuando el caso llegó a la Comisión, comparecieron los peticionarios de las medidas y el Estado. Por un lado estuvieron Fernando Ponce, Raúl Moscoso, Juan Guevara y Patricio Asinbaya, luego se unió la Conaie con sus abogados David Cordero y Mario Melo y el colectivo ambientalista Yasunidos. Como representación del Estado estuvieron funcionarios del entonces Ministerio de Justicia, de Ambiente y de la Procuraduría General del Estado. El Estado ecuatoriano dijo que la petición debía ser “declarada inadmisible”.
Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH con Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0) Fotografía tomada por Daniel Cima. La entonces presidenta de la CIDH Rose Marie Belle Antoine escuchando a los testigos del caso.
En octubre de 2015, se realizó la audiencia de fondo de más de dos horas en la que la CIDH recibió testimonios sobre la violaciones a los derechos humanos en el caso analizado. Luego de la audiencia, la Comisión publicó un informe de fondo en el que concluyó que el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane excede los límites de la Zona de Intangibilidad Tagaeri y Taromenane y que con la delimitación de la ZITT, el Estado no respeta el territorio ancestral de los pueblos Tagaeri y Taromenane.
La Comisión dijo que el Estado ecuatoriano ha afectado la vida de los pueblos indígenas en aislamiento al entregar concesiones petroleras y permitir la explotación de recursos en los territorios intangibles a empresas. Otra de sus conclusiones es que el Ecuador se contradice en su propia Constitución sobre la protección a los PIA. Mientas que el artículo 57 numeral 21 de la Constitución garantiza la protección del territorio de los PIA y dice que violar ese derecho es un delito de etnocidio, el artículo 407 establece la posibilidad de realizar actividades extractivas y explotación forestal en territorios intangibles.
Fotografía de Valentina Tuchie para GK
Otra conclusión de la CIDH es que la zona intangible no es una garantía para proteger a los PIA. La CIDH dijo que se han detectado contacto de los pueblos indígenas en aislamiento con colonos y madereros. También dijo la Comisión que detectó presiones de empresas para que la protección del territorio PIA disminuya.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) debe enviar el expediente del caso en las próximas semanas tanto a los peticionarios como a la defensa del Estado Ecuatoriano como aviso de que recibió el caso, dice el abogado Cordero. Entre las funciones de la Corte está la “resolución de casos contenciosos y el mecanismo de supervisión de sentencias”, tiene una función consultiva y puede dictar medidas provisionales. Cordero dice que el caso de los Tagaeri y Taromenane pasó a la Corte porque el Ecuador no cumplió las recomendaciones que hizo la Comisión al Estado hace cinco años.
zona intangible Yasuni. Fotografía de Valentina Tuchie para GK
El abogado Cordero dice que habrá que esperar entre uno a dos años para tener una sentencia, eso aproximadamente en referencia a casos anteriores. Milagros Aguirre dice que la sentencia de la Corte “es tremendamente lejana” porque recién más de una década de la primera matanza el caso ha llegado a la Corte. “Simbólica o moralmente podría haber una sanción al Estado, pero nadie va a devolver las vidas que se han perdido en la selva por estos hechos de omisión estatal”, dice Aguirre. Según ella, hasta que la Corte emita una sentencia, es probable que se dé otra matanza de pueblos indígenas en aislamiento —quizá ya hubo una, solo que no nos enteramos.
*Imagen principal: Fotografía tomada de la cuenta de Flickr de la CIDH. Los peticionarios del caso de violación de derechos de los PIA hacen preguntas a la testigo del caso la líder waorani Alicia Cahuiya.
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