Derechos Humanos.La ONU condena la represión a las protestas en Colombia tras la muerte de al menos 20 personas

Por: Izquierda Diario 

Mientras la policía reprime ferozmente, dispara a los manifestantes y ataca a las multitudes con motocicletas y camiones, la resistencia se profundiza en todo el país.

Naciones Unidas ha condenado la violenta represión de las protestas en Colombia, luego de que la policías dejara al menos 20 muertos y 87 personas desaparecidas.

Al menos cinco personas murieron en Cali en medio de nuevos episodios de violencia el lunes por la noche. La ciudad del suroeste, que tiene una gran población afrocolombiana, ha sido escenario de gran parte de la violencia desde que las protestas comenzaron pacíficamente con una huelga general nacional el miércoles pasado.

«Estamos profundamente alarmados por los acontecimientos en Cali durante la noche, donde la policía abrió fuego contra los manifestantes y varias personas murieron y resultaron heridas», dijo el martes un portavoz de derechos humanos de la ONU.

“Es como si la policía estuviera esperando que cayera la noche para poder subir y empezar a disparar indiscriminadamente”, dijo un líder comunitario en un barrio pobre de Cali que ha sido allanado repetidamente por la policía. «Los cuerpos se van a apilar, los muertos sobre los muertos».

El líder dijo que cada noche trae un nuevo espectáculo derepresión: el torbellino de helicópteros de la policía sobre sus cabezas mientras sirenas, flashbangs y el burbujeo de gases lacrimógenos dominan las calles. Los manifestantes, que buscaban bloquear la entrada de la policía antidisturbios a sus comunidades, establecieron barricadas hechas de escombros en llamas.

“La orden era militarizar la ciudad, así que eso es lo que pasa”, dijo el líder. «Esperamos que la comunidad internacional preste atención, porque hasta ahora nadie más lo ha hecho».

Las imágenes de teléfonos celulares que circularon a través de las redes sociales mostraban escenas que recuerdan una zona de guerra. En uno, un cuerpo ensangrentado y aparentemente sin vida está rodeado por una multitud angustiada. «¡Le dispararon, hijo de puta!» se puede escuchar a los espectadores gritar. En otro, se ve a un civil desplomándose cojo al suelo después de que un oficial en una motocicleta lo golpeara en la parte posterior de la cabeza.

Las autoridades están investigando informes de que miembros de una misión humanitaria de la ONU fueron amenazados y atacados. El aeropuerto de la ciudad, del que parten más de 25 vuelos cada día, ha sido cerrado. También se reportaron bloqueos de carreteras en los bordes de la ciudad y en la carretera al cercano puerto marítimo del Pacífico en Buenaventura el martes por la mañana.

El presidente de derecha de Colombia, Iván Duque, se ha enfrentado a tres importantes protestas a nivel nacional desde que comenzó su mandato en 2018, y cada una de ellas se ha enfrentado a la violencia policial. En septiembre pasado, estallaron manifestaciones contra la policía después de que agentes en Bogotá mataran a un hombre con un arma eléctrica Taser.

Las protestas actuales comenzaron con una huelga general por una reforma tributaria impopular, aunque muchos manifestantes marchan contra un gobierno profundamente polarizador, en defensa de los líderes de derechos humanos amenazados, por un aumento de la red de seguridad social durante la pandemia y por la reforma policial.

La economía de Colombia ha sido devastada por la pandemia de Covid-19, que hasta ahora se ha cobrado más de 75.000 vidas, y la semana pasada las muertes diarias rompieron los récords del país.

Duque retrocedió de su propuesta de reforma tributaria el domingo por la tarde, 24 horas antes de aceptar la renuncia de Alberto Carrasquilla, su ministro de Hacienda, pero ninguna de las medidas ha frenado la bronca popular.

La violencia policial es desalentadora para quienes esperaban un futuro pacífico para Colombia cuando el país firmó un histórico acuerdo de paz con la organización guerrillera, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en 2016.

Muchos esperaban que ese acuerdo, junto con el fin formal de cinco décadas de guerra civil que mató a 260.000 personas y obligó a más de 7 millones a huir de sus hogares, abriría un nuevo espacio para la izquierda en el espectro político de Colombia.

En cambio, desde que Duque asumió el cargo en 2018, los manifestantes han sido acusados​habitualmente de actuar como testaferros de grupos rebeldes disidentes que no han depuesto las armas. Con este argumento el Estado colombiano reforzó su linea represiva y de persecusión a manifestantes: se habla de más de 6.000 crímenes extrajudiciales y, en lo que va del año, han sido asesinados 54 líderes y lideresas sociales, 1.164 desde la firma de la paz en 2016.

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