Violencia económica

“A los jueces no les importa si los niños lloran”

Tlachinollan

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero, cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La lucha es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la síndica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angélica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angélica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angélica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angélica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angélica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los más altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angélica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angélica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen:  https://www.tlachinollan.org

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A los jueces no les importa si los niños lloran

Tlachinollan

Por: Abel Barrera Hernández

En el marco de la campaña impulsada por el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”: “Mar de agravios, Montaña de quebrantos”, se documentaron 25 casos de feminicidios, 30 de violencia sexual, 180 de violencia familiar y 100 de violencia económica. El confinamiento obligado por la pandemia, exacerbó la violencia intrafamiliar, mientras que las autoridades encargadas de investigar los delitos y administrar justicia, dejaron en estado de indefensión a las mujeres indígenas, al cerrar sus puertas.

El estado de Guerrero cuenta con dos alertas de género focalizadas en 8 municipios. En la región de la montaña sobresale la ciudad de Tlapa, donde se han consumado la mayoría de feminicidios. Desde el primer caso que documentamos en el 2006, de una niña Nahua de Temalacatzingo, Municipio de Olinalá hasta el mes de junio del presente año, hemos registrado 76 feminicidios. La ausencia de justicia para las mujeres indígenas es abismal. De estas historias trágicas solo existe una sentencia condenatoria por este delito. La luchan es desigual, porque las familias enfrentan un aparato de justicia burocratizado e insensible, sin embargo, no sucumben ante las adversidades. Con el apoyo de organizaciones de mujeres se ha logrado ejercer presión a los jueces, para que juzguen con perspectiva de género y pongan a salvo sus derechos.

La violencia contra las mujeres indígenas se ha arraigado en los municipios más pobres. En Cochoapa el Grande, el ambiente que se respira es adverso, porque la misma presidenta municipal y la sindica procuradora, criminalizan a las mujeres. Son encarceladas por atreverse a denunciar a sus parejas, después de este agravio las obligan a regresar a su domicilio conyugal. Si se deciden a interponer denuncias, las obligan a devolver el dinero que sufragaron para el pago de la dote. Sin ninguna consideración humanitaria ni jurídica, les arrebatan la custodia de sus hijos; les imponen multas onerosas y difunden fotografías en los medios locales para denostarlas. Lo más grave, es el involucramiento de funcionarios públicos en la desaparición de las mujeres. La colusión que se ha establecido entre elementos de la policía con el crimen organizado, son el nuevo sello de los gobiernos municipales. Dejan   en manos del sicariato, la responsabilidad de garantizar seguridad a la población.

Las acciones criminales se han recrudecido porque no solo se atenta contra la vida de una mujer, si no que desaparecen y asesinan a madres e hijas. En algunos casos han quemado sus cuerpos. En otro caso, se consumó una violación tumultuaria, donde participó el esposo. De forma brutal violaron y mataron a la esposa, a martillazos, dejando a su pequeña hija sobre el charco de sangre.

La violencia contra las mujeres se profundiza por la inacción de las autoridades, por su complicidad con los criminales y por el patrón de impunidad que persiste en el aparato de justicia del estado. Las pocas denuncias que se han interpuesto se mantienen estancadas. Le cargan toda la responsabilidad a los familiares para que indaguen el móvil del feminicidio. Los desgastan con trámites burocráticos para que se desistan en su exigencia de justicia. No cuentan con asesores jurídicos ni con peritos intérpretes. El personal de la fiscalía, en lugar de tomar en cuenta el estado de indefensión de las mujeres y el contexto de violencia que persiste contra ellas, ponen en duda sus declaraciones. Se coluden con los abogados particulares de los perpetradores.

No solo los agentes investigadores de la fiscalía se prestan a estas marrullerías, también hay jueces que se han amafiado con abogados para vender la justicia al mejor postor. En esta cultura machista, los funcionarios municipales toman partido por los hombres; en las agencias de los ministerios públicos, las mujeres son revictimizadas, y en los juzgados, la autoridad judicial tuerce la ley en favor de los perpetradores. La jauría de abogados particulares son los mejores aliados para negociar los delitos. Se encargan de investigar a los clientes para ver si cuentan con solvencia económica, sobre todo si hay algún familiar en Estados Unidos. Saben que las remesas son garantía para satisfacer las pretensiones de quienes procuran y administran justicia.

El caso de Angelica, indígena Na savi, que se casó cuando estudiaba la secundaria, es una muestra de la corrupción que persiste entre los jueces.  Ella procreó una niña y un niño. Durante tres años soportó el maltrato de su esposo, quien la dejó en la casa de sus padres, con el pretexto de que trabajaría como jornalero agrícola. Se ausentó por dos años, y se desentendió del cuidado de los hijos. A su regreso la situación empeoró por el alcoholismo de su esposo, al grado que la violencia se agudizo. Angelica no tuvo otra alternativa que defenderse ante la agresión constante de su pareja. Los suegros en lugar de apoyarla se fueron contra ella y cuando se defendía de la agresión de su esposo, sus padres se metieron y la tundieron a golpes. La corrieron de su casa y le quitaron a sus hijos.

Cuando pidió apoyo legal, su esposo la acusó de robo por la cantidad de 48 mil pesos y otros objetos de valor. El único interés de Angelica era recuperar a sus hijos y buscar un lugar seguro donde vivir. Ante la imposibilidad de que el juez civil de Tlapa la escuchara, Angelica sintió que su denuncia seria ignorada. Supo que su pareja había contratado a un abogado particular, quien se dio el lujo de comentar cuánto le había pagado al juez para ganar el caso.

En su lucha por recuperar a sus hijos, el juez ordenó que Angelica dejaría de ver a sus hijos porque los maltrataba. Nunca imagino que por defender a sus hijos estaría en riesgo su libertad. En el ministerio público agilizaron la denuncia de robo con el fin de encarcelarla, mientras tanto el juez familiar, otorgó medidas cautelares a favor del esposo. Son muy significativa las palabras sencillas y contundentes que expreso en su lengua materna, sobre la mala actuación de los jueces.

“A los jueces no les importa si los niños lloran. Cuando los separan de su mamá o su papá, no les interesa porque no tienen sentimientos. Se burlan de nuestro dolor y se aprovechan de que somos pobres y no hablamos bien el español. Como madre he demostrado en estos años el gran amor que tengo por mis hijos y por eso, ya no permití que me siguieran golpeando. Preferí salirme de la casa para ponerme a salvo y proteger a mis niños. Sin embargo, esto no toma en cuenta el juez. Solo tiene ojos para ver el dinero. No le importa que una madre esté llorando por sus hijos, ni le duele decir que me los quiten, porque no tiene corazón y tampoco parece que sea humano. Solo tiene interés por el dinero”.

La lucha de las mujeres indígenas se da a flor de tierra, con sus pies desnudos, pero con el corazón por delante. No podrán expresarse en español, pero en su vida cultivan los mas altos valores del respeto por las leyes y por los derechos de sus hijos. Están dispuestas a enfrentar la violencia de su esposo y la misma violencia que ejercen las autoridades. Saben que está en riesgo su vida, y muchas de ellas han sido víctimas de estas atrocidades por la indolencia y la postura delincuencial que tienen los funcionarios públicos municipales, las autoridades ministeriales y los mismos jueces. Angelica a sus 22 años ha demostrado tener la fuerza para enfrentar al aparato de justicia del estado, que pisotea sus derechos y esquilma a los más pobres. El juez le ha ordenado que le quiten a sus hijos. Para Angelica esta decisión arbitraria no es definitiva, seguirá dando la batalla.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org

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Argentina: La pata económica de la violencia de género

Noticias
Redacción de : pagina12

Muchos hombres no pagan la cuota de alimentos como una forma más de sojuzgar a sus ex.

“Para un hombre es más fácil meterse en una marcha feminista que decirle a un amigo ‘pagá la cuota alimentaria’”. La frase escrita en una pancarta del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, da cuenta de una de las violencias de género más viejas y menos visibles: la violencia económica que muchos hombres separados ejercen sobre la ex mujer y también sobre sus propios hijos e hijas.

Johanna Karlen dice que además de criar sola tres hijas lucha hace muchos años en la justicia para lograr una “mísera” cuota alimentaria. “No tengo casa propia, me he mudado infinidad de veces no sólo por eso sino escapando de un violento. Mi ex además de ser un violento pertenece a las fuerzas policiales. Siempre tuve miedo, me costó mucho salir adelante”, dijo a este diario. La vida para ella, como para tantas otras, transcurre llena de deudas, colapsada, haciendo malabares.

“Es terrible lo que pasa, yo cambié como 4 veces de abogado y no logro aun luego de 5 años de lucha que mi ex actualice la cuota, necesitamos ser escuchadxs y que alguien haga algo urgente sobre este tema”, posteó una de sus seguidoras en Instagram.

La situación es vieja, viejísima. El estigma de la madre soltera que pareciera una antigüedad, está más vivo de lo que quisiéramos pensar. La madres que crían solas, no solo tienen el trabajo de la crianza y de garantizar el día a día de la vida sino que tienen que ser el sostén económico y emocional de sus hijas e hijos. “El caso de M mostró que las mujeres que maternan solas terminan siendo culpadas por el sistema como malas madres por no denunciar”, apuntó Urquizo.

“Los juzgados tienen una visión patriarcal, a veces hay fiscalías que actúan, pero llegamos a jueces machistas que dicen ‘este hombre tiene que vivir de algo’ y ponen una cuota irrisoria y si la mujer lo logra cobrar es suerte. Es como la lógica de ir con la denuncia a pedir a la comisaria la aplicación de la perimetral “, agregó. “Queremos hablar de que el incumplimiento de las cuotas alimentarias es un tipo de violencia y no tiene justificativo. En general los jueces justifican con crisis económicas, falta de empleo y sabemos que en la mayoría de los casos no es así, sabemos que los tipos se insolventan para no cumplir con el deber alimentario”, dijo Urquizo.

En general estos casos se dan en contexto de violencia. Un tipo de violencia que empieza después de la separación. Según la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (OVD), durante el tercer trimestre del año pasado, la violencia económica patrimonial estuvo presente en el 28% de los casos que se denunciaron y registró sus frecuencias más altas en vínculos de pareja, 34%. Por otro lado, desde enero de 2020 al 15 de marzo de este año, la oficina atendió 9.304 casos, y la justicia civil dictó medidas de alimentos provisorios para hijas/os en 775 casos (12% del total de actuaciones con seguimiento-6.355-). “Muchas veces la entrega de dinero para la manutención de los hijos se utiliza como elemento de presión para otras cosas. Se observa repetidamente en los relatos de las victimas que el dinero para mantener a los hijos se da a cambio de mantener relaciones sexuales o de que la mujer haga lo que quiere el agresor”, explicó a Página/12 Analía Monferrer, coordinadora de la OVD.

“El derecho alimentario es un derecho del niño, que la mujer suple, complementa o trata a costa de su salud física y mental de suplir lo que no está haciendo su padre y ningún organismo”, dijo Urquizo. Pero tan difícil es que algunos hombres se hagan cargo de esta obligación que casi todas las provincias del país tienen su registro de deudores morosos que imponen restricciones a quienes no paguen su deuda. Pero eso es para quienes llegaron al poder judicial. En general, los acuerdos suelen ser sui generis, de palabra. “Para que haya incumplimiento de la cuota, tiene que haber una fijación de la cuota por una instancia judicial. La que no recibe los alimentos tiene que avisar”, advirtió Monferrer, y resaltó que la violencia económica también puede ser denunciada.

En la Ciudad de Buenos Aires desde 1999 existe un Registro de Deudores Alimentarios Morosos, creado por la Ley 269. Es el primero creado en Argentina, y después se fueron desarrollando en casi todas las provincias. Los registros buscan coaccionar a los deudores imponiéndoles restricciones. El registro de la ciudad lleva un listado quienes adeuden total o parcialmente tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, ya sean alimentos provisorios o definitivos fijados u homologados por sentencia firme y expedir certificados ante requerimiento simple de persona física o jurídica, pública o privada en forma gratuita.

Las limitaciones que impone son que el deudor: no podrá abrir cuentas corrientes, obtener tarjetas de crédito, otorgar habilitaciones, concesiones, licencias o permisos, ni designar como funcionarios jerárquicos a quienes se encuentren incluidos en el Registro. Tampoco podrá sacar o renovar el registro de conducir ni podrán ser provedores de todos los organismos de la Ciudad. No puede calificar para postularse a cargos electivos de la Ciudad o para desempeñarse como magistrados o funcionarios del Poder Judicial. Además, el Banco de la Ciudad no podrá otorgar o renovar créditos sin pedir el certificado del Registro y en el caso de que el peticionante estuviera anotado, la entidad deberá retener el importe de los alimentos adeudados y depositarlos judicialmente.

Este año el Registro inscribió 29 personas en los dos primeros meses del año 2021. Mientras que emitió 18.375 certificados a pedido de certificados emitidos a pedidos de personas (17.500 ) y de empresas (875 certificados).

Desde su creación hasta febrero de 2021 hubo 6.485 personas inscriptas, 6.429 hombres (99%) y 56 son mujeres. En relación a la profesión u oficio de los inscriptos, las más significativas son: 33% empleado, 26% comerciante, 11% chofer, 6% empresario, 5% Abogado o médico y 4% técnico o contador público.

“Nosotras trabajamos ejerciendo roles de cuidado. Son muy pocas las madres que pueden realmente sostener el cuidado en forma exclusiva y sostener un trabajo rentado de ocho o nueve horas con perspectivas de crecer. Esos son sueños. Todas venimos de sectores medios bajos, sin aportes jubilatorios, sin trabajos rentados, sin poder terminar las carreras profesionales. Somos un grupo vulnerable y necesitamos ser tenidas en cuenta en cualquier política en relación a los derechos de los niños y las mujeres”, reclamó Urquizo. Desde Materfem están organizando un observatorio de violencia económica y se pusieron en contacto con organizaciones chilenas que de cara a la reforma constitucional en ese país están planteando este tema con fuerza para ser incluido en la nueva norma. “En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, explicó Javiera Javiera Fuller, vocerade la organización chilena Juntas por Justicia.

Hace unos días hablábamos en estas páginas acerca de los femicidios y de que el foco, desde hace un tiempo, empieza a apuntar sus luces a una zona hasta no hace mucho oscura, siempre velada, protegida: los varones. Lo decíamos en relación a las violencias de género más extremas. Pero también podemos repetirlo acerca de la violencia económica. Porque las violencias no están organizadas en compartimentos estancos, se potencian y retroalimentan. Y porque para no llegar tarde, hay que empezar antes.

Allende la cordillera

“Ad portas de una nueva Constitución, la primera paritaria en el mundo y fuertemente influida por el movimiento feminista, se está replanteando esta problemática, como derecho fundamental de nuestras niñas y niños, y también como tema que afecta fuertemente a las madres cuidadoras. Son las mujeres que hoy en día tienen la carga de la crianza y educación de los niños, pero también viven con la carga económica, ya que no existe el concepto de corresponsabilidad en la crianza”, explicó Javiera Fuller, vocera de la organización chilena Juntas por Justicia.

El estado de pandemia y la crisis económica a raíz de la covid, “puso en jaque el sistema en Chile y se promulgó una ley en agosto de 2020 que autorizó el retiro del 10% de los fondos previsionales destinados a la subsistencia durante este tiempo de quienes tuvieran fondos y los quisieran retirar. Este retiro se volvió a autorizar en el mes de diciembre de 2020”, explicó en diálogo con Página/12. La ley consagró expresamente que este retiro quedaría paralizado por orden judicial, para aquellos deudores de alimentos, para que con dichos fondos se pagaran las deudas acreditadas por este concepto. “Muchas madres volvieron a tramitar antiguas causas en los tribunales de familia, lo que llevó a poder tener cifras oficiales sobre el incumplimiento de alimentos. En Chile existe un 84% de incumplimiento pensiones decretadas, donde obviamente existe una cifra negra, ya que esto solo trata de los montos que están judicializados. Mayor es la tasa de niños abandonados por alguno de sus padres”, comentó.

El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el presidente Sebastián Piñera anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que creará un Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Para Fuller, el problema seguirá siendo que “esto nuevamente quedaría sujeto a la potestad del poder judicial y que si el deudor muestra cierta “apariencia de pago” podría salir de dicho registro. Por lo demás, muchas de las madres afectadas encuentran que es ineficiente, ya que dicho proyecto no contempla a quienes no están en los registros del Estado y que fácilmente será burlado por los deudores, siendo la situación muchísima más precaria en realidad que lo que regula este proyecto de ley”.

Si bien no existe una solución concreta, hoy es un tema que se está tocando en varias artistas, la nueva Constitución, proyectos de ley, políticas públicas e incluso la sanción social. “Hoy contamos con cifras que nos permiten avalar nuestros supuestos y con esos números seguir trabajando para que se le otorgue la importancia que tiene, por nuestra infancia y también por las mujeres que deben maternar solas”, apuntó. Para que una mujer pueda tener un pleno desarrollo en igualdad de condiciones que los hombres, insistió Fuller, “el Estado debe hacerse cargo de dejar de invisibilizarlas, promover la corresponsabilidad y desarrollar políticas públicas que faciliten les faciliten la vida, y sacarlas del centro de la problemática, porque esa situación (en este caso concreto, el cobro) pone a las mujeres en una situación vulnerable frente a su agresor, ya que la violencia económica es un tipo de violencia más”.

Fuente e imagen: https://www.pagina12.com.ar/333524-la-pata-economica-de-la-violencia-de-genero

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España: Retrato de la violencia contra las mujeres desde 2015: un 68% la cometen las parejas o exparejas y la sexual creció un 72%

Noticias

El Ministerio del Interior ha presentado este miércoles datos detallados sobre los hechos denunciados por violencia contra las mujeres que, por primera vez, abarcan la que se da también fuera del ámbito de la pareja o expareja. En total, han sido 601.416 las infracciones registradas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desde 2015 hasta 2019, divididos en violencia física, psicológica, sexual y económica. En la inmensa mayoría, un 68%, el agresor era la pareja o expareja de la mujer, constituyendo casos de violencia de género. El resto, casi uno de cada cuatro casos, han sido cometidos por otros familiares (violencia doméstica, que engloba el 12%) u otro tipo de personas como amigos, vecinos, compañeros de trabajo, desconocidos… Una categoría esta última en la que destacan especialmente los ataques contra la libertad sexual.

Son algunas de las conclusiones del estudio Informe sobre Violencia contra la Mujer 2015-2019, elaborado por el Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad y dado conocer a las puertas del 8M con el objetivo de «visibilizar un concepto más amplio de la violencia contra la mujer», tal y como señala el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014. La base estadística está formada por los llamados «hechos denunciados», que no necesariamente se corresponden con personas ni con denuncias porque en una misma puede haber varias víctimas y varios hechos, han explicado fuentes del ministerio.

La mayor parte de las infracciones violentas contra las mujeres puestas en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en este periodo, en concreto un 51% del total, se corresponden con la violencia psicológica, que abarca desde las amenazas a las coacciones o al trato degradante. Le sigue la violencia física (cuatro de cada diez hechos denunciados), la violencia sexual (7%) y la económica (3%). Todas, salvo esta última, han crecido en los últimos años, sobre todo la sexual, que ha escalado un 72% al pasar de los 6.692 hechos denunciados de 2015 a los 11.525 de 2019. La psicológica también ha experimentado un ascenso del 11%.

Sin embargo, las conclusiones más detalladas se arrojan a partir del análisis concreto de las tipologías y cómo se reparte cada una de ellas en las categorías estudiadas: en la violencia de género, en la violencia doméstica –cometida en el ámbito familiar por alguien que no es ni la pareja o expareja de la víctima– o en otro tipo de relación.

Las menores, víctimas en el 40% de ataques sexuales

La mayor parte de hechos englobados como violencia física, psicológica y económica han sido cometidos por parejas o exparejas de las víctimas, con porcentajes que van del 71% al 75%. Sin embargo, en la violencia sexual, es justo al revés: el 86% de los ataques a la libertad sexual denunciados por mujeres han sido cometidos por agresores fuera de este marco, o bien otros familiares (un 9%), o amigos, conocidos, vecinos, desconocidos…Casi la mitad, el 48%, han sido cometidos en viviendas o anexos. Destaca en este sentido, la escasez de denuncias de violencia sexual en el ámbito de la violencia de género –solo un 5%–, a pesar de que suele ir acompañada de ella, según señalan víctimas, expertas y organizaciones.

Otra de las conclusiones que resaltan es que en las agresiones sexuales, el grupo de edad más representado es el de las chicas menores, que fueron víctimas en un 40% de los hechos denunciados desde 2015. Sobre todo, son abusos sexuales –que según el Código Penal actual, no requiere violencia ni intimidación– y que constituyen el 53,5% de los casos. En la tipología de agresiones sexuales, con o sin penetración, destacan las mujeres de 18 a 30 años.

El estudio arroja una cifra que contradice los estudios de prevalencia realizados hasta ahora en lo que respecta a menores y violencia sexual: según las denuncias, el 80% se da fuera del ámbito familiar (ni violencia de género ni violencia doméstica), mientras que habitualmente se señala el círculo más cercano de la víctima como el más frecuente. Un estudio reciente de la Fundación Anar, que analizó 6.000 casos de abusos sexuales a la infancia desde 2008, concluyó que más de la mitad, el 58,8%, fueron cometidos por un miembro de la familia del niño o niña. Las diferencias, apuntan fuentes del Ministerio del Interior, pueden deberse, por un lado, a que en este caso las víctimas son únicamente chicas, por otro lado, a la procedencia de los datos. «Los nuestros se basan en denuncias y hechos conocidos por las policías. El origen es diferente y de ahí pueden llegarse a conclusiones distintas», señalan.

Fuente: https://rebelion.org/retrato-de-la-violencia-contra-las-mujeres-desde-2015-un-68-la-cometen-las-parejas-o-exparejas-y-la-sexual-crecio-un-72/

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Violencia económica: cuando el dinero se usa como un arma de control machista

Sara Montero

 

Por: Sara Montero

Según la última macroencuesta, el 11,5% de mujeres ha sufrido violencia económica en algún momento de su vida. El control de gastos, disponer de las tarjetas de ella o el impago de las pensiones tras un divorcio son algunas de sus manifestaciones.

«¿Qué pasa, eres rica o no tienes ya suficiente ropa?». Macarena ganaba más dinero que su marido, pero no podía disponer de él. A veces, comprarse un vestido nuevo podía suponerle una discusión y tampoco podía permitirse caprichos a pesar de que ella hiciese la compra para la familia. El control del dinero era parte de la violencia que sufría, que era también física y psicológica. Cuando se separó, el chantaje continuó. Al día siguiente de que le denunciara, él sacó de la cuenta común todos los ahorros. Le costó ponerle nombre a esa coacción, pero hoy ella sabe que sufría (también) violencia económica, gracias al trabajo de recuperación y empoderamiento en Fundación Ana Bella. Según la Macroencuesta sobre violencia contra la mujer 2019, el 11,5% de mujeres de más de 16 años la ha sufrido en algún momento de su vida.

Si extrapolásemos los datos al conjunto de España, 2.350.684 mujeres habrían experimentado este mecanismo de control alguna vez. Según la encuesta, la situación más frecuente es que la pareja haya impedido a la entrevistada «tomar decisiones relacionadas con la economía familiar y/o realizar las compras de forma independiente» (el 7,8% de las mujeres que han tenido pareja). Un 6,5% ha visto cómo él se ha negado a darle dinero para los gastos de la casa, mientras a un 5% de mujeres preguntadas no les han dejado trabajar fuera del hogar. Otro 4,8% ha visto cómo la pareja ha usado «el dinero o tarjeta de crédito de la mujer o ha pedido préstamos a su nombre sin su consentimiento».

«Es un tipo de violencia que suele ir combinada con la violencia física, la psicológica o la emocional. El objetivo es tener controlada a la pareja, utilizar el dinero como un arma de control», explica Manuela Torres Calzada, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis. La experta incide en el sufrimiento que provoca en las víctimas, que desarrollan un sentimiento de «dependencia» hacia su agresor.

Inmaculada Domínguez, investigadora de la Universidad de Extremadura y miembro del Instituto Polibienestar, está analizando la cuestión en el proyecto Ecovio, en el que participan instituciones de Italia y España (Universidad de València) y que ha sido financiado con 400.000 euros por la Comisión Europea. Se han llevado a cabo entrevistas personales para conocer las historias de vida de 20 mujeres que han sufrido violencia económica. Tanto las Asociaciones Clara Vive como la Asociación de Mujeres Separadas y Divorciadas Carmen García Castellón han colaborado estrechamente en las mismas.

En su investigación, ha identificado tres manifestaciones claras de la violencia económica. La primera, el «control» de las cuentas, limitando el uso del dinero por parte de las mujeres. La segunda, la «explotación» económica, que supone que ella lleva un sueldo a casa pero no dispone de él, mientras su pareja decide en qué se lo gasta. El tercer escalón es el «sabotaje» laboral, que frena a las mujeres para que puedan generar sus propios recursos, según describe la experta.

Una violencia que se extiende hasta la expareja

El estudio de Domínguez aporta una línea de investigación novedosa. Están analizando los casos de mujeres que no habían sufrido violencia en pareja, pero que, al divorciarse, su relación se convierte en un infierno. «Hay mujeres que aseguran que una vez se separaron fue cuando empezó el abuso económico«, explica.

En el caso de la violencia económica, no se trata de exparejas que no puedan pagar una pensión por su situación económica, sino que aun teniendo capacidad, prefieren mantener a su exesposa en tensión. A veces, esta violencia se manifiesta en gestos sutiles que no llegan a judicializarse. «Si tienen que pagarle el día 1, esperan hasta el 10 para que ella esté pendiente y les llame», ejemplifica la investigadora extremeña.

Por ello, estas expertas advierten de que la violencia económica se extiende incluso cuando la relación sentimental con el maltratador se ha acabado, especialmente, cuando hay hijos en común. Si la violencia física termina con el abandono de la víctima del domicilio, la económica se prolonga a través del pago de pensiones alimentarias, de la hipoteca o de los gastos de los niños. «Las exparejas no pasan la pensión o dilatan los procesos judiciales. A veces incluso interponen múltiples procesos para intentar arruinar a la víctima. Le dicen: Voy a contratar a los mejores abogados y te voy a hundir«, relata la experta de Themis.

En el caso de Macarena, la primera agresión se produjo la noche antes de la boda y los episodios se prolongaron más de dos décadas. Ni siquiera en su trabajo se sentía segura: «Algunas veces me obligaba a cerrar la tienda en pleno horario», recuerda sobre las llamadas que le hacía él solicitando su presencia en casa. Finalmente, se quedó sin empleo y pocos meses después le denunció, después de que uno de sus hijos se metiera en medio de una discusión para protegerla: «Ya no pude aguantar más. No tuve más opción». Ahí empezó otro calvario: ese mismo día, él sacó todos sus ahorros de la cuenta común, un dinero que aún hoy no ha recuperado.

Ellas a veces se encuentran sin trabajo o con un sueldo precario y con hijos a su cargo. Por ello, Domínguez apunta que la vivienda es una preocupación recurrente entre las mujeres a las que ella ha entrevistado durante su investigación. A veces, incluso se convierte en un mecanismo de chantaje: «Si tienen hijos, ella se queda en la casa familiar, pero la hipoteca hay que pagarla a medias. A veces ellos no pagan o hacen el ingreso tarde», explica sobre los mecanismos de las exparejas para quebrar la seguridad de estas mujeres. Por eso, ahora su grupo de estudio elabora una propuesta para que las autoridades diseñen mecanismos que impidan que una separación empobrezca a esa mujer que se atreve a dar el paso. Su inspiración son las herramientas habilitadas en caso de desahucio.

Una traducción tenue en la legislación

La violencia económica está reconocida en el Pacto de Estado contra las violencias machistas aprobado en el Congreso de los Diputados en 2017, así como por el Instituto Europeo de Igualdad de Género (EIGE), o en el Convenio de Estambul firmado por España. Sin embargo, las expertas coinciden en que aún no se ha afianzado en la legislación.

El impago de pensiones, cuando se ha fijado judicialmente, es la manifestación más clara de violencia económica que aparece en el Código Penal. Concretamente, en el artículo 227, que sentencia que quien deje de pagar durante dos o cuatro meses consecutivos «cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos» será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses.

Sin embargo, durante su investigación, Domínguez se ha encontrado con todo tipo de estrategias de los hombres para someter a sus exparejas a su control: casos en los que tardan días en pagar para mantener la tensión, que fraccionan la cantidad o que saldan la deuda justo antes de que se celebre el juicio. «Si tienes una pensión asignada de 200 euros, prefieres no denunciarle cuando no te la paga. Le llamas, discutes y cuando quieres interponer la denuncia, ya han pasado tres meses», explica la investigadora. Por eso, aconseja a las víctimas denunciar desde el primer impago y no esperar: «Quizá no sean cantidades muy altas inicialmente, pero son lo suficiente para machacarlas».

Más allá de las pensiones, la portavoz de Themis asegura que se entiende como una parte de la violencia más genérica también en las sentencias. Al final, el resultado es que «muchas mujeres acaban apañándose» por su cuenta cuando ellos dejan de pagar.

Sí hay salida

Pero los maltratadores las mienten: sí hay salida. Los recursos habitacionales, la reinserción laboral de las víctimas y el acceso a más recursos económicos son clave para que ellas puedan romper la cadena de violencia. Macarena encontró la puerta violeta. Tras ella estaba la Fundación Ana Bella, donde inició su proceso de recuperación y pudo acceder de nuevo al mercado laboral.

«No puedes entrar en un proceso de trabajo si tu autoestima no está elevada. Primero intentan empoderarte para que veas que eres capaz de salir de todo eso y sacar adelante a tus hijos. Te dan talleres de búsqueda de empleo o te preparan para encarar una entrevista de trabajo», resume.

Primero comenzó con «trabajos trampolín» algún fin de semana, con un sueldo pequeño, pero suficiente para volver a sentirse capaz. Hoy es una mujer libre que ayuda a otras mujeres a salir de la violencia.

Fuente: https://www.publico.es/sociedad/violencia-economica-dinero-arma-control-machista.html

 

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De la razón pura a la pura sin razón

Javier Tolcachier

Por: Javier Tolcachier

El avance de las corrientes retrógradas es evidente. Y alcanza, como casi todo en la actualidad, ribetes mundiales.

El autoritarismo, la discriminación, la persecución política, la censura periodística, la violencia económica, el terror religioso, el armamentismo, la represión, el golpismo, han recobrado impulso poniendo en peligro a la humanidad.

Más allá de la repugnancia que suscita y la amenaza que significa, el rebrote de fanatismo conservador constituye el claro indicador de una coyuntura de declive histórico.

Se trata de fenómenos híbridos que combinan distintas dosis de fundamentalismo confesional y nacionalismos supremacistas. Una combinación agresiva que rechaza el diálogo o la argumentación, esgrimiendo postulados irracionales.

Más allá de la conspiración y la imposición violenta, estas corrientes concitan la adhesión de amplios conjuntos humanos. ¿Son tendencias indetenibles o una señal de profundización de decadencia sistémica? ¿Hay modos de refutar el caos, la confrontación y destrucción a la que conducen?

Es indudable que esta manifestación no es monocausal y responde a diversos factores. ¿Cuáles son las claves para entender el fenómeno?

Guerras intrareligiosas y ciclo racional

Ante todo, debe consignarse el marco metahistórico. Los siglos XVI y XVII marcaron en Occidente el fin de más de un milenio de absolutismo imperial católico. Por una parte la apertura crítica a una nueva visión del mundo que significó el Humanismo del Renacimiento y por otra, la severa crítica formulada por Lutero y otros referentes del protestantismo, resquebrajaron la potestad de la Iglesia Católica sobre los asuntos eternos y terrenos.

Con la Reforma (1517-55) y el cisma anglicano (1534) la esfera de influencia del  imperio católico romano sufrió un nuevo quiebre, luego del propinado por la separación de la iglesia oriental, en adelante ortodoxa, ocurrido a mediados del siglo XI.

Ante esto y el avance de la corriente humanista que desembocó en el triunfo del racionalismo en el siglo XVI, la iglesia romana organizó como respuesta el Concilio de Trento, que sesionó durante casi veinte años (1545-63).

El objetivo del concilio fue la fijación de las normas de la ortodoxia y el disciplinamiento de la hueste cristiana, desestabilizada por su propia decadencia, la fuga de almas y la consecuente pérdida de influencia política y económica. De importancia es señalar en este contexto la creación de la Compañía de Jesús fundada por el capitán Ignacio de Loyola en 1540. Ésta, de férreo voto de lealtad al Papa, sirvió en adelante como una de las principales espadas de la Contrarreforma católica, ocupando espacios preeminentes en el Colegio Romano pero también en la pretensión de expandir la fe única e influir políticamente en las regiones colonizadas.

La formación de estas dos grandes sectas cristianas en Occidente y la redistribución del poder político en Europa fue todo menos pacífico. A partir de entonces se desató una mortífera guerra religiosa, cuyo armisticio formal ocurrió con la Paz de Westfalia (1648) pero cuya rivalidad dura hasta nuestros días. La elección del jesuita argentino Jorge Bergoglio como máxima autoridad de la iglesia católica, habla a las claras del intento de defender a la grey latinoamericana – que representa aproximadamente el 40% de los fieles del catolicismo en el mundo – del embate de las iglesias neopentecostales en la región.

Al mismo tiempo, el ciclo inaugurado por Descartes, Bacon, Copérnico, y tantos otros, los que erigieran a la Diosa Razón en el altar parece debilitarse luego de cuatro siglos de desarrollo. La consolidación de esquemas positivistas y materialistas que posibilitaron un salto científico y tecnológico exponencial, no ha logrado dar respuesta cabal a las necesidades espirituales y existenciales del ser humano, ni siquiera permitir una redistribución equitativa del bienestar, por lo que el clamor por un cambio de paradigmas se hace oír mundialmente. La pregunta por el Sentido de la Vida vuelve a reclamar su justo lugar.

Armamento para moldear conciencias

La Democracia Cristiana como corriente política fue impulsada en Europa y América para contrarrestar el avance de las ideas anarquistas y socialistas en la capa obrera. A la idea de revolución, la doctrina social de la iglesia opuso la idea de concertación. Luego de la segunda guerra mundial, muchos jóvenes cristianos, como parte de la rebelión generacional de los años 60’, conmovidos por la tremenda desigualdad y miseria reinante en el continente, alentados por el triunfo de la revolución cubana, y disconformes con la hipocresía de las clases dominantes en alianza con los sectores católicos conservadores, adhirieron a proclamas revolucionarias.

Al mismo tiempo, luego de la conformación, en la misma década, de Comunidades Eclesiales de Base, la realización del Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín, tomó fuerza la corriente de la Teología de la Liberación, que promovía en su interpretación la opción preferencial por los pobres y la necesidad de liberación económica, social, política e ideológica como parte inescindible del concepto de salvación cristiana.

De este modo, una vertiente del catolicismo, más allá de su tradición conservadora, apareció por la época como posible fuente de rebeldía frente al injusto mundo establecido. El entonces vicepresidente de Estados Unidos, Nelson Rockefeller, calificó en el informe de 1969 a Richardo Nixon, a la iglesia mayoritaria de “aliado no seguro”, por ser un “centro peligroso de revolución potencial.”

Poco después, ya en la era Reagan, los Documentos de Santa Fé, concretaron propuestas para establecer una guerra cultural, teniendo como uno de los principales antagonistas a la Teología de la Liberación, “una doctrina política disfrazada como una creencia religiosa”.[1]

Desde ese momento, signado por la victoria de la Revolución Sandinista – con decisivo apoyo de destacados adherentes de la Teología de la Liberación – y los alzamientos insurgentes en Guatemala y El Salvador –entre muchos eventos concomitantes en otros puntos de la región- el gobierno estadounidense establecería una serie de programas destinados a financiar la expansión de los credos evangelistas en América Latina.

Con éxito, debe señalarse. Según el informe del Pew Research Center “Religión en América Latina, Cambio generalizado en una región históricamente católica” (2014) el 19% de la población de la región se declara adherente a la fé evangélica – en cualquiera de sus múltiples denominaciones, mientras que la pertenencia al catolicismo bajó de un 94% (1950) a un 69%. Como ejemplo significativo de la penetración religiosa, en los tres países centroamericanos mencionados antes  –El Salvador, Guatemala y Nicaragua–“aproximadamente cuatro de cada diez adultos se describen a sí mismos como protestantes.”

La quiebra social del capitalismo

El capitalismo ha fallado en su promesa principal. Lejos de generar un bienestar generalizado a partir de la propiedad privada y la libre competencia, la pobreza, el hambre, la desigualdad y la concentración monopólica se han agigantado a límites intolerables.

Miles de millones de personas se encuentran por debajo o apenas por encima de la línea de la indigencia. La práctica neoliberal ha cortado a su vez las débiles líneas de apoyo y sustentación social desde el Estado, haciendo de éste una maquinaria de endeudamiento, despojo y represión.

En este panorama de abandono y exclusión, las iglesias neopentecostales, difusoras de la “teología de la prosperidad”, han servido como fundamento teórico del cuentapropismo de subsistencia. El servicio brindado al individualismo con esta correntada de emprendedores de la pobreza es evidente.

Al mismo tiempo, las iglesias en sí representan una enorme oportunidad de negocios. Los pastores que encabezan algunas de las principales agrupaciones son propietarios o principales accionistas de fuertes grupos económicos con amplia incidencia mediática y creciente influencia política.

El vértigo de la incertidumbre

Los cambios suscitados en las últimas décadas por la aceleración tecnológica han mudado el paisaje externo por completo. Usos, costumbres y dinámicas de la vida social han sufrido variaciones prácticamente totales. Esto ha producido en vastos conjuntos una poderosa sensación de extrañeza. La incerteza acerca del futuro es hoy la única certeza, lo que produce una fuerte sensación interna de inseguridad.

En este mar embravecido, los credos salvacionistas aparecen con su fijeza y su inmovilismo como mástiles firmes. La ilusión de “volver atrás”, a atuendos, rituales y reglas perimidas, ofrecen el atractivo de reavivar viejos paisajes conocidos. En sentido figurado, es como introducirse en un escenario cinematográfico armado para revivir décadas anteriores.

Algo similar sucede con la inestabilidad que genera la espectacular posibilidad de la conexión entre las distintas culturas que habitan el planeta. Donde los espíritus humanistas ven la riqueza de la diversidad, el temor ancestral de algunas culturas – fomentado intencionalmente por figuras inescrupulosas de la derecha – hace ver acechanzas y peligros. En ese pantano de exclusión, incertidumbre y diferencias abrevan los nacionalismos a ultranza.

La ruptura del tejido social

Como consecuencia del individualismo impulsado por el neoliberalismo y la progresiva pérdida de cohesión por el desgaste de antiguos valores, se ha producido una ruptura severa del tejido social. Como ya señalara Silo hace ya más de dos décadas “los compañeros de trabajo, de estudio, de deporte, y las amistades de otras épocas toman el carácter de competidores; los miembros de la pareja luchan por el dominio, calculando desde el comienzo de esa relación cómo será la cuota de beneficio al mantenerse unidos, o cómo será la cuota al separarse. Nunca antes el mundo estuvo tan comunicado, sin embargo los individuos padecen cada día más una angustiosa incomunicación. Nunca los centros urbanos estuvieron más poblados, sin embargo la gente habla de “soledad”. [2]

En este clima de abandono y fracaso viven millones de personas, clamando por ámbitos amables que los acojan y ayuden a sentirse reconocidos y parte de una comunidad. Queda a las claras cómo la oferta evangélica conecta directamente con esa necesidad, mitigando el desamparo y el aislamiento.

La degradación ética o la propagación sin ética

Los medios hegemónicos de difusión muestran por doquier muerte, violencia, corrupción. En una proyección de su propio vacío moral, estos propagadores de sinsentido, producen desaliento colectivo, opacando, ocultando o tergiversando las acciones humanas solidarias, el afecto y empeño que millones de seres humanos ponen en sus quehaceres de construcción cotidiana.

Por supuesto que existe el delito, la defraudación, la malevolencia. Sólo que la proporción no es la que muestran las cadenas monopólicas. La sensación generalizada por esta propagación sin ética, es que se vive un caos moral de dimensiones apocalípticas. De este malestar se aprovechan predicadores entrenados para amonestar el estado social pecaminoso y anunciar su camino de supuesta redención. El mito de Sodoma y Gomorra cobra vida en encendidos discursos y, como en feria de pueblo, se vende la panacea bíblica como poción eficaz para la restitución moral.

La reacción a la imposición cultural

Después de la guerra de mediados de siglo XX, los pueblos lograron producir una importante oleada de autodeterminación. Como había ocurrido en América en el siglo anterior, despertaron a la independencia numerosas naciones de Asia y África hasta entonces sojuzgadas por el yugo colonial.

Al mismo tiempo, el bloque socialista y el Movimiento de los No Alineados presentaron una barrera efectiva a las pretensiones de dominación unipolar de la alianza atlántica de Estados Unidos y las ex potencias imperiales europeas.

El bloque occidental respondió a aquel brote emancipador, con la estrategia de recolonización mundial denominada “globalización”, que intentó implantar cánones civilizatorios, valoraciones y hábitos de consumo adaptados a las necesidades de dominio económico y cultural del imperialismo.

En reacción a esta imposición brutal, los pueblos buscan refugio en el nacionalismo. Nacionalismo que, al igual que ya sucedió en la anterior crisis económica mundial, es manipulado por las oligarquías establecidas, para culpar al extranjero y no al poder imperial de la situación.

De este modo, la xenofobia se expande como vía catártica a un sistema sin salida, derivando hacia racismos explícitos o encubiertos, dividiendo a los sectores que padecen circunstancias similares, en base a orígenes culturales diferentes.

Al mismo tiempo, la autoafirmación étnica provee un sentido de identificación y comunidad que también actúa como placebo ante la disolución de lazos interpersonales y colectivos. El acendrado resurgir nacionalista es una justificada rebelión contra la irracionalidad de pretender un mundo al antojo y medida del poder imperial, como también el intento de recuperar identidad propia y sentidos cohesores en un mundo crecientemente mixto y plural, vertiginoso y sin rumbo manifiesto.

Con la proa al futuro 

Como ya ha sucedido antes en la historia, las antesalas de un nuevo tiempo traen consigo  reflujos de tiempos perdidos. El Renacimiento Humanista, por ejemplo, que logró una verdadera revolución del espíritu humano, comenzó revalorizando motivos griegos y romanos que habían sido sepultados o apropiados por el nuevo imperio católico.

Sin embargo, ningún mundo nuevo se ha construido sobre la base de valores desgastados. Las mujeres y los jóvenes protagonistas de las actuales revoluciones serán también los gestores de los paradigmas que ya asoman en una renovada sensibilidad cargada de horizontalidad, autonomía, irreverencia, alegría, desparpajo y creatividad.

Ante esta revolución mundial, las anticuadas estructuras crujen y los pregones del retroceso emiten su chillido gutural.

¿Cuál será el modo de neutralizar la obcecación de la barbarie? Comprender el fenómeno en su raíz es, sin duda, el primer paso.

[1] Extraido de “Recolonización o Dependencia”, Calloni, S. y Ducrot V. E.

[2] Silo. Cartas a mis amigos. http://silo.net/es/collected_works/letters_to_my_friends

Fuente e imagen:  https://rebelion.org/de-la-razon-pura-a-la-pura-sinrazon/

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