Violencia Sistémica

Irán: 1200 niñas fueron envenenadas sin que el Estado las protegiera

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Expertos en derechos humanos afirman que el ataque deliberado de las estudiantes de 91 escuelas es una prueba más de la violencia sistemática contra mujeres y niñas en ese país. Muchos padres han sacado a sus hijas de la escuela por temor a esas agresiones.

Un grupo de expertos de la ONU en derechos humanos* denunció este jueves la incapacidad del Estado iraní para proteger a más de 1200 colegialas que fueron envenenadas en escuelas de las principales ciudades del país.

Tras expresar gran indignación por el atropello, los expertos señalaron que las autoridades iraníes tampoco han tomado medidas para investigar esos ataque o para prevenir nuevas agresiones.

De acuerdo con las informaciones, el primer envenenamiento ocurrió el 30 de noviembre de 2022 en la ciudad de Qom. Desde entonces, se han producido ataques químicos en 91 escuelas de niñas ubicadas en 20 provincias de Irán.

“Estamos profundamente preocupados por el bienestar físico y mental de estas estudiantes y de sus padres”, apuntaron los especialistas en un comunicado conjunto en el que también abogaron por el disfrute del derecho fundamental a la educación de las niñas iraníes.

Negación de los hechos

Las autoridades del país anunciaron recientemente varios arrestos relacionados con los ataques; sin embargo, los relatores especiales mostraron inquietud debido a que durante varios meses negaron esas embestidas en repetidas ocasiones sin investigar lo que había pasado pese a que cientos de niñas debieron ser hospitalizadas debido a los envenenamientos.

Todavía el 1º de marzo el ministro del Interior, la institución encargada de las pesquisas, descartó que los ataques hubieran sido intencionales, afirmando que el 90% de los casos eran atribuibles al estrés de las estudiantes.

Los medios de comunicación estatales reprodujeron ese argumento y más aún, llegaron a decir que las niñas fingían los síntomas para no presentar sus exámenes.

“Muchos padres han sacado a sus hijas de la escuela por temor a estos ataques”, lamentaron los expertos.

Represión de la libertad de expresión y prensa

Por otra parte, un periodista que cubría los acontecimientos fue detenido en la ciudad de Qom y hasta hoy se desconoce su paradero.

Además, en las redes sociales circuló el video de una madre golpeada violentamente frente a la escuela de sus hijas por exigir información.

Los relatores sostuvieron que estos abusos no sólo son muy preocupantes sino que prueban una vez más el patrón de las autoridades iraníes para silenciar a todo aquel que intente informar o exigir responsabilidades por las violaciones de derechos humanos.

En este contexto, recordaron que dos mujeres periodistas que informaron sobre el caso de Mahsa Amini -la joven arrestada en septiembre de 2022 por no usar el velo o hiyab “adecuadamente” y que luego murió bajo custodia policíaca-, están presas.

También precisaron que la familia de Amini ha sufrido toda clase de represalias y amenazas.

¿Agresiones orquestadas?

Los expertos destacaron que la secuencia de ataques a las estudiantes comenzaron apenas unas semanas después de las protestas suscitadas en todo el país por la muerte de Amini.

“Tememos que las agresiones se hayan organizado para castigar a las niñas por su participación en el movimiento “Mujeres, Vida, Libertad”; por manifestar su oposición al hiyab obligatorio; y por pronunciarse demandando igualdad.

Los relatores especiales destacaron el contraste entre el rápido despliegue de la fuerza para arrestar y encarcelar a manifestantes pacíficos y la incapacidad para identificar y arrestar a los perpetradores de ataques coordinados a gran escala contra las niñas en Irán.

Añadieron que según los datos con que cuentan, decenas de defensoras de derechos humanos, mujeres y niñas que participaron en las movilizaciones tras la muerte de Mahsa Amini continúan en la cárcel, y que algunas de ellas ya han sido condenadas a prisión.

Asimismo, mencionaron que varias jóvenes que se filmaron hace porco bailando en la calle sin cubrirse el cabello fueron perseguidas y obligadas a disculparse en la televisión estatal.

“Las mujeres y las niñas en Irán son una vez más el blanco de las peores formas de discriminación y violencia sistemáticas”, puntualizaron.

Los relatores firmantes del comunicado son: Javaid Rehman, sobre la situación de los derechos humanos en Irán; Dorothy Estrada Tanck, Ivana Radačić, Elizabeth Broderick, Melissa Upreti, y Meskerem Geset Techane, del Grupo de trabajo sobre la discriminación de las mujeres y las niñas; Farida Shaheed, sobre el derecho a la educación, Tlaleng Mofokeng, sobre el derecho a la salud; y el Comité de los Derechos del Niño.

*Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos, el mayor órgano de expertos independientes del sistema de DDHH de la ONU. Se trata de unos mecanismos independientes de investigación y supervisión del Consejo que se ocupan de situaciones específicas de países o de cuestiones temáticas en todas las partes del mundo. Los expertos de los Procedimientos Especiales trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.

Fuente: https://news.un.org/es/story/2023/03/1519432

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Habitar un país que no reconoce la violencia sistémica contra las mujeres… migrantes y refugiadas

Desinformemonos
Mujeres Transnacionales/Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)

El pasado 27 de marzo policías de Tulum, Quintana Roo, asesinaron a Victoria, una mujer salvadoreña que desde 2018 fue reconocida como refugiada en México. Ella, como casi todas las mujeres migrantes y refugiadas en el país, trabajaba en el sector servicios, en un hotel. Era madre de dos adolescentes. Victoria fue sometida por 4 policías, y de acuerdo con el dictamen de la necropsia tuvo una fractura en la parte superior de la columna producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra, provocando su muerte.

Desde las organizaciones que apoyamos día con día a las mujeres migrantes y sus familias, nos quedamos horrorizadas al ver como quienes están encargados de proteger a la sociedad podrían matar a una mujer con ese nivel de brutalidad, pudiendo prevenirse. Sin conocer los detalles, nos preguntamos cuáles de las características interseccionales de vulnerabilidad de Victoria habrían intervenido para que la policía, en ese momento, no temiera las consecuencias, no siguiera los protocolos del uso de la fuerza, ni para llamar a una ambulancia cuando ella ya no respondía. ¿Fue por que era mujer, por ser extranjera, por el color de su piel, por su edad, por parecer de bajos recursos económicos?

No sabemos, pero intuimos que más allá de los factores de discriminación, la impunidad se destaca como factor principal que hizo que siguieran con la rodilla sobre su cuello. El hecho de que alguien haya filmado el momento y que las organizaciones feministas se hayan movilizado en redes inmediatamente es lo que nos da la posibilidad de buscar justicia para Victoria. Esa es la repugnante e importante diferencia entre el caso de Victoria y los otros feminicidios, homicidios y actos violentos en contra de la población migrante por parte de las autoridades, que han ocurrido en los últimos años y que no han producido la misma reacción del Estado, ni las mismas investigaciones, ni cobertura mediática, ni reclamo de la sociedad.

Y, aun así, como sociedad, nos quedamos cortas. Las imágenes de los policías matando a Victoria con el uso excesivo de la fuerza, según se aprecia en diferentes vídeos, recordaban lo sucedido en mayo de 2020 en Estados Unidos con George Floyd. Sin embargo, a diferencia de ese hecho, no ocupó las primeras planas de todos los diarios nacionales, no hubo marchas tumultuarias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en razón de género, profundamente arraigadas en México. Incluso, algunos medios de comunicación hablaban de “muere mujer migrante”. Victoria no murió, a Victoria la mataron. La forma de describir los hechos, y la reacción de la sociedad son importantes para empezar a revertir la plaga de la impunidad, pero el sistema de justicia penal también tiene que cambiar para que no sea la sociedad quien, a través de videos de celular, recolecta la evidencia y hace la investigación.

El caso de Victoria no es aislado o la excepción, pero si es emblemático del uso excesivo de la fuerza de la policía y de lo que viven las personas migrantes y refugiadas y sus familias. En diciembre de 2018, una mujer es asesinada por policías de Veracruz mientras disparaban a un vehículo en la carretera La Venta – Agua Dulce. En marzo de 2020 circuló un vídeo en el que policías de Tijuana asfixian a un hombre y, hace pocos días, el 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas por accidente.

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales han documentado, desde hace décadas, la violencia que viven las mujeres migrantes, principalmente durante su detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en su tránsito por el país, y el incremento de la violencia por parte de la policía, el ejército y, recientemente, la Guardia Nacional al realizar labores de contención migratoria. Incluso, el 27 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 50/2020 por las agresiones contra personas migrantes en los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de inconstitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

Las imágenes y videos nos permitieron conocer el caso de Victoria, pero ¿cuántas mujeres migrantes o refugiadas han sido asesinadas por uso excesivo de la fuerza de la policía o de militares o de la Guardia Nacional o de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Es poco probable que lo sepamos ya que no existe un registro nacional que nos permita conocer los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

Hoy, a unos días del asesinato de Victoria aún hay muchas incógnitas que resolver, pero por sobre todas las cosas es necesario que el gobierno federal y local garanticen una investigación pronta y transparente como feminicidio, por uso excesivo de la fuerza, un proceso que garantiza la reparación del daño, y la no repetición. Medidas de no repetición, que tendrían que incluir reformas estructurales al sistema de seguridad pública de Quintana Roo, más allá de capacitaciones en el uso de la fuerza. Así como medidas para que las policías tuvieran sueldos y condiciones de trabajo dignos, que fuera respetado su trabajo y que tuvieran el cien por ciento de certeza que violar los protocolos tendrá consecuencias.

El sistema de justicia penal no puede regresar a Victoria, pero su vida tendrá continuación a través de sus dos hijas adolescentes que quedaron sin madre.  ¿Ahora dónde encontrarán seguridad si no pueden vivir en El Salvador, pero su país de refugio tampoco las puede proteger? Esta es una tarea profunda que nos toca resolver para lograr elementos de justicia en el caso.

Aún si un primer paso fue la vinculación a proceso y medidas cautelares que ordenó un Juez de Control del Distrito de Tulum, Quintana Roo, quien resolvió vincular a proceso a los 4 policías por el delito de feminicidio en agravio de Victoria Salazar, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 3 de abril. En tanto, el cuerpo de Victoria será repatriado, en un vuelo privado, en compañía de su familia y sus hijas quienes irán a El Salvador a despedirse de su madre. Lo que sigue, es la protección de las niñas para que no tengan que vivir con la misma inseguridad que su mamá.

#JusticiaParVictoria seguirá siendo la consigna, por ella, por sus hijas, y por todas las mujeres migrantes y refugiadas que son asesinadas en este país.

*Gretchen Kuhher: Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI). Abogada, especialista en la participación de las mujeres en la migración desde una perspectiva de género.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/habitar-un-pais-que-no-reconoce-la-violencia-sistemica-contra-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/

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El feminicidio de Mariana que evidenció el racismo del sector salud

Autores Varios
Por: Brigada De Salud Comunitaria 43

La práctica médica solo es efectiva si responde al contexto en el cual se desenvuelve, con un entendimiento serio de los llamados “determinantes sociales de la salud” – la marginación económica, el racismo, el machismo y otras violencias sistémicas. La violencia de género provoca impactos graves en la calidad de vida de las mujeres, en México es una emergencia de salud pública que se debe atender de manera prioritaria en la salud institucionalizada y comunitaria. No podemos ser cuidadores sanitarios y esperar que otras y otros resuelvan las problemáticas sociales que en gran medida definen las enfermedades y la salud de quienes cuidamos.

Es fundamental señalar cómo varios profesionales de la salud han abordado el feminicidio de Mariana Sánchez Dávalos, joven médica pasante. El 29 de enero, “Federaciones, Asociaciones y Colegios Médicos de México”, emitieron un comunicado respecto al tema, pero en ningún momento exigen justicia y esclarecimiento del asesinato y omisiones cometidas en el caso, tampoco proponen acciones para atender la violencia de género. La exigencia recalcada en el documento es; “de manera inmediata, la cancelación de la rotación de médicos pasantes por las regiones donde el Gobierno del Estado de Chiapas no pueda garantizar la integridad y seguridad de los médicos pasantes” y hacer “extensiva esta misma exigencia para hacerla valer en todo el país”.

En paralelo con las declaraciones de los grupos médicos, en redes sociales y foros públicos se han circulado un número importante de publicaciones racistas y clasistas de profesionales de la salud en contra de la población rural, señalan: “En los pueblos que mantienen sus usos y costumbres, que se curen con sus usos y costumbres”, “Creen que a uno le encanta ir a sus pinches ranchos olvidados hasta por Dios”.

Las preguntas que no plantean son: ¿Quién mató a Mariana? ¿Quién ejerció la violencia sexual en su contra? ¿Fueron las autoridades escolares y sanitarias y la fiscalía quienes ignoraron su solicitud urgente de auxilio o fue “la población rural”?

El feminicidio y la violencia sexual no son problemas exclusivos de las comunidades rurales. Al contrario, en el 2018, la mayor prevalencia de delitos sexuales contra mujeres adultas fue en municipios de 100 mil habitantes o más1. Entre el 2011 y 2016, las tasas más elevadas de homicidios contra las mujeres se concentraron en 10 municipios de distintas latitudes del país2, todos pertenecientes a zonas urbanas.

Culpar a la “población rural” de las agresiones en contra de Mariana se vuelve intrigante considerando los detalles hasta ahora sabidos del caso. De acuerdo a una queja escrita por Mariana, más los testimonios de su madre y compañeros estudiantes, la persona responsable durante meses por el acoso en su contra fue el médico del centro de salud donde ella realizaba su servicio social. Mariana acudió a reportar lo que sufría con la directora de la clínica y con las autoridades universitarias, nadie tomó acción para asegurar la integridad física, mental y emocional de la médica.

No obstante, los medios de comunicación y un sinfín de profesionales de la salud aseguraron que las agresiones sexuales se cometieron por parte de “pobladores de la comunidad”. Esas aseveraciones erróneas sirvieron para desviar la exigencia de justicia por el abuso sexual y el feminicidio a un reclamo de destitución del servicio social a “zonas rurales”.

Ahora que salió a la luz la responsabilidad del médico, quien además tenía denuncias previas de acoso sexual, hasta el momento, no ha habido una rectificación de quienes rápidamente condenaron a la población rural. ¿Por qué no cuestionan el machismo en los espacios de la comunidad médica? ¿Por qué el silencio de parte de las federaciones, asociaciones y colegios médicos sobre la complicidad de autoridades educativas y sanitarias? Y, una pregunta todavía más importante, ¿Cuál es el compromiso real del sector salud con la erradicación de la violencia de género y con el bienestar de sus alumnas y alumnos?

Es sabido y documentado que la violencia en contra de las mujeres en el ámbito médico prevalece a lo largo de su formación y la ejercen hombres que tienen poder sobre ellas por las estructuras jerárquicas que predominan en esos ámbitos académicos y laborales. Aun cuando son reportados, los agresores en pocas ocasiones son sancionados. Ejemplo es el caso del médico que acosó a Mariana, fue reportado por otra víctima en el 2014 pero no fue destituido, y tras la queja de Mariana en el 2020, la única acción que se realizó fue cambiar al doctor de turno.

Limitar las actividades de las médicas a las “zonas urbanas” no reduce su exposición a la violencia, por lo contrario las revictimiza porque invisibiliza la responsabilidad de los agresores y se atribuye el motivo de la violencia que sufren a las actividades relacionadas a su formación profesional. Una preocupación real de la comunidad médica por el bienestar de las mujeres debería incluir acciones concretas para garantizar que todos sus espacios sean libres de violencia y que ellas puedan contar con mecanismos justos y eficientes en caso de ser violentadas. Ese compromiso, además, debe ir más allá de intereses gremiales, independientemente de quienes sean las mujeres violentadas y en dónde sufren esa violencia.

Las mujeres, independientemente de su lugar de residencia o profesión, sufren violencia física, sexual, emocional, y psicológica, una de cada cinco mujeres reporta haber sufrido violencia sexual en algún momento de su vida, en promedio se mata a diez mujeres al día. Es decir, hay miles de agresores en el país. ¿Quién cuestiona eso?

Demandar el fin del servicio social médico en regiones rurales a raíz de un feminicidio, solo habla de un clasismo existente en la comunidad médica, y su miopía sobre el tema de los feminicidios. Esa demanda representa otro atropello en contra del derecho a la salud de las comunidades más vulneradas del país en donde, como consecuencia del racismo del sistema sanitario desde el periodo colonial, sufren de un rezago enorme en materia de salud, evidenciado por los indicadores de morbilidad y mortalidad. Una política draconiana que limita aún más el acceso a servicios de salud en esas comunidades nos parece peligroso ya que esos indicadores afirman que el racismo del sector salud no solo lesiona, también mata.

La estructura y organización del servicio social médico y la provisión de servicios de salud en regiones rurales requiere de cambios importantes. Creemos fundamental empezar esa evaluación con preguntas serias que van a la raíz del problema. ¿Cómo llegaron a deteriorarse tanto las condiciones del servicio social médico? Más allá de una simple anulación, ¿Qué acciones mejorarían las condiciones de aprendizaje, trabajo y seguridad para las y los médicos en formación, así como la calidad y dignidad en los servicios de salud ofrecidos en comunidades rurales, sin aumentar aún más la distancia entre quienes se dedican al cuidado de la salud y quienes son violentados por la falta de acceso a ello? ¿Cómo evitar que las siguientes generaciones de médicos en México normalicen el racismo que hoy muchos expresan con tanta facilidad? ¿Cómo entender que los problemas como el feminicidio son consecuencia de la estructura machista, perpetuada por todos los sectores de la sociedad? ¿Cómo formar practicantes de la medicina que entiendan que la salud es un derecho fundamental y que lo defiendan como tal?

El llamado a la justicia para Mariana Sánchez debe ser coherente, claro y enfocado, se trata de un caso de agresión sexual y feminicidio en un contexto de impunidad.

Como grupo que se dedica a la salud comunitaria en México, nos sumamos a la denuncia enérgica del feminicidio de Mariana. Exigimos justicia, esclarecimiento total de los hechos y las sanciones correspondientes a todos los responsables, incluyendo a las autoridades educativas y sanitarias. Llamamos a poner fin al racismo y clasismo del sector salud en contra de las comunidades rurales, campesinas e Indígenas de este país.

1 Mujeres y hombres en México 2019. En: cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/MHM_2019.pdf

2 La violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias 1985-2016. En: violenciaFeminicidaMx_07dic_web.pdf (www.gob.mx)

Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/el-feminicidio-de-mariana-que-evidencio-el-racismo-del-sector-salud/

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Kurdistán: Guerrilleras de las YJA Star: “Somos la respuesta al patriarcado”

Noticias

Texto de:  Ruhal Yildiz / Zeryan Rewan

Las guerrilleras de las YJA Star luchan en todos los frentes en el Kurdistán contra el fascismo turco y sus esfuerzos de expansionismo neo-otomano. Al mismo tiempo, son un ejemplo de la autodefensa de las mujeres en la lucha armada e ideológica. En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, el pasado 25 de noviembre, las combatientes de las YJA Star hablaron sobre el movimiento y sus motivaciones con ANF.

YJA Star: “Un ejército de autodefensa para todas las mujeres en el mundo”

Dicle Amed es una de las cientos de guerrilleras de las YJA Star. Habló sobre la importancia de las YJA Star como una organización de autodefensa, y explicó: “Hemos creado nuestro propio ejército y, de esta manera, nuestra propia autodefensa. No se trata solo de un ejército de mujeres kurdas, sino de un ejército de autodefensa para todas las mujeres del mundo. No toleraremos ningún tipo de opresión”.

La guerrillera Amed dijo que la guerra está dirigida sistemáticamente contra las mujeres kurdas, y continuó: “Las mujeres tienen que tomar las calles y convertirlas en terreno de acción. No debe olvidarse que las mujeres son vida, nación, lenguaje, sociedad y cultura. Con los ataques contra las mujeres, se ataca a la sociedad y todos sus valores”.

‘Conoce al enemigo’

La guerrillera Evîn Efrîn dijo: “Nunca nos inclinaremos ante el sistema fascista. Necesitamos fortalecer nuestra lucha organizada. La lucha armada e ideológica que estamos librando en las montañas en este momento no es sólo para las mujeres kurdas, sino para todas las mujeres de Oriente Medio y del mundo. Las mujeres jóvenes en particular deben estar muy atentas a la guerra especial y desarrollar su autodefensa”.

‘La victoria se alcanza luchando’

La guerrillera Arzeba agregó: “Partimos como mujeres en las montañas de Kurdistán para encontrarnos con Rêber Apo [Abdullah Öcalan]. Nuestra participación en la lucha por la liberación de las mujeres es la mejor respuesta a la esclavitud de las mujeres. Sin autodefensa, las mujeres no pueden tener una verdadera lucha. Las mujeres necesitan entender su propia fuerza. Hago un llamamiento a todas las mujeres para que participen de una lucha organizada. Alcanzaremos la libertad y la victoria a través de la lucha”.

Fuente e imagen:  ANF

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¿Puede la educación emocional erradicar el cambio de código social y el síndrome del impostor?

Sofía García-Bullé

Por: Sofía García-Bullé

Las minorías navegan día a día en ambientes académicos y laborales cargados de violencia social sistémica.

La Dra. Kimberly Harden se considera a sí misma una impostora afortunada, pero su currículum real es impresionante. Se convirtió en la primera profesora afroamericana del departamento de comunicación en la Universidad de Seattle, incorporó justicia social al currículum escolar y estableció la beca Dream. Plan. Do.™ para estudiantes de color.

Sin embargo, hay algo que la sobresaliente profesora no ha podido lograr: un sentido de pertenencia en la comunidad académica. Este es un atributo que en ocasiones también les falta a miembros del grupo mayoritario, pero es necesario reconocer que su carencia afecta más frecuentemente a grupos socialmente vulnerables.

Además de las desventajas políticas y económicas que han sido ampliamente discutidas en otros artículos, existen otros elementos de carácter más singular que disminuye la capacidad de las personas de color y otras minorías de integrarse plenamente a una comunidad.

Las microagresiones y el síndrome del impostor afectan seriamente la experiencia educativa de los estudiantes, así como la vida laboral de los miembros de la academia.

¿Qué es el cambio de código social?

El cambio de código social es la dinámica en la que una persona perteneciente a una minoría social tiene que alternar entre códigos o lenguajes culturales; usar diferentes tonos de interacción, o realizar un cambio dialéctico para encajar con el grupo dominante de su círculo y facilitar su integración.

En la superficie parece una estrategia efectiva para conectar con la mayoría, pero Harden sostiene que en vez de facilitar la comunicación, provoca la invisibilización de los grupos diversos, forzando una conducta pública “unitalla” que perpetúa los rasgos culturales del grupo dominante.

Este patrón se vuelve más evidente con el uso de discursos como “Sé auténtico en el trabajo”.De acuerdo a Harden, esta instrucción social se les da con mucho más frecuencia a las personas cuyo conducta cultural se sale de la norma.

“La gente realmente no quiere que sea auténtica en el trabajo”.

Para la profesora de la Universidad de Seattle, el discurso que llama a las minorías a ser auténticas en los espacios académicos es solo una manera amable de hacer notar los aspectos personales que no encajan con la cultura dominante, y el racismo innato en las comunidades laborales que le da una lectura negativa a acciones que parecerían inocuas si vinieran de un miembro de la mayoría social.

“Cuando no me detenía a hablar con mis colegas porque solo tenía cinco minutos para correr a dar clase, me consideraban grosera o antisocial; cuando me veían interactuando con maestros y personal de color pensaban que era una radical del movimiento pro-negros, si me reía o expresaba alegría me catalogaban de ruidosa o ghetto”, señala Harden.

Esta interacción cargada hacia desmenuzar e interpretar negativamente la conducta de las minorías sociales conforma la base de la violencia sistémica que enfrentan diariamente en los espacios académicos y otros rubros laborales. Una forma sutil de lo que se conoce como gatekeeping, una práctica mal usada y reasignada en varias instancias para mantener los mecanismos de poder de la mayoría social y la exclusión de las minorías.

¿Cómo funciona la relación entre el gatekeeping y el síndrome del impostor?

Los Gatekeepers son miembros necesarios de cualquier comunidad basada en la obtención y validación del conocimiento; idealmente son personas que dominan determinado campo epistemológico, tienen gran aprecio de la comunidad y usan su experiencia para validar nuevos desarrollos, ideas e interacciones dentro de la comunidad que estudia ese rubro de conocimiento.

Pero, ¿qué pasa cuando confundimos la experiencia por autoconfianza y la seguridad que nos proyecta? Cuando estos validadores, ya sean falsos o auténticos, usan sus facultades para rechazar ideas, perspectivas o personas nuevas, en realidad, ¿no estarían ahogando voces que su campo de conocimiento necesita para diversificarse y crecer?

“A través de los años, he oído a colegas referirse a otros compañeros o candidatos que entrevistan como idiotas que no podrían programar su camino fuera de una bolsa de papel, he visto ojos en blanco de fastidio cuando los ingenieros novatos hacen preguntas, he escuchado comentarios negativos sobre graduados de bootcamps y programadores autodidactas”.

El aprendizaje y práctica de la programación es un rubro muy competitivo. Nick Scialli, ingeniero programador y colaborador frecuente de la revista Hackernoon, expone el núcleo de la toxicidad de la práctica del gatekeeping, cuando se usa no para salvaguardar los estándares de un campo de conocimiento o trabajo, sino para socavar a los que quieren desarrollarse en este.

Scialli sostiene que las prácticas que promueven la negatividad y la exclusión con base a qué tanto sabe la persona del tema, o el juicio sobre su habilidad de acuerdo a su edad, experiencia, género o algún otro atributo social, hacen imposible no comenzar a dudar de nosotros mismos y la pertenencia al espacio académico o profesional en el que nos desempeñamos. Esta es la raíz del síndrome del impostor.

¿Que es el síndrome del impostor y cómo afecta a las personas?

El síndrome del impostor se define como un patrón psicológico en el que el individuo duda de sus logros y sufre de un miedo internalizado constante de ser expuesto como fraude. Las causas por las que este cuadro se presenta son variadas y pueden ser internas, pero el problema se agrava con las prácticas sociales que facilitan la exclusión de personas que acaban de entrar a un campo de conocimiento o que pertenecen a una minoría social.

En el caso de aprendices y novatos, la combinación de ambos patrones puede provocar su salida del campo de trabajo o conocimiento que quieren dominar.

“No me sorprendería que al menos un ingeniero en potencia perdiera el entusiasmo por el rubro por una mala experiencia mientras solo trataba de buscar ayuda”.

Como explica Scialli, hay una diferencia entre aleccionar a los aspirantes y descorazonarlos. De la misma forma también la hay en implementar medidas para incluir a minorías y crear una falsa ilusión de integración al pensar que su conducta cultural debería ser similar a la nuestra.

La autenticidad así como la diversidad, son palabras populares de las cuales no todos entendemos completamente su concepto y no hemos podido incorporar a la tendencia social, como explica la Dra. Harden. Ser tú mismo en espacios académicos y laborales puede activar patrones de gatekeeping que provocarían una batalla social cuesta arriba, en el mejor de los casos, o el surgimiento o agravamiento del síndrome del impostor, en el peor.

“La batalla contra la fatiga racial es real, sé de primera mano que mostrar demasiada autenticidad puede dejar a la gente de color sin trabajo”.

La doctora Harder agrega que esta fatiga racial consecuente de la convocatoria de ser auténtica en el trabajo y el choque cultural posterior fue la razón por la que renunció a su trabajo. El cambio de código y la constante necesidad de defender sus conductas culturales para mantener a otros cómodos era un ejercicio de opresión que resultó extenuante para la profesora. Es aquí como la vigilancia y la validación de las ideas, conductas y personas en un campo de conocimiento deja de ser un recurso de control de calidad y se convierte en un mecanismo tanto de exclusión como de opresión social. ¿Cómo podemos comenzar a detectar y desmantelar el gatekeeping negativo, además de tratar la epidemia del síndrome del impostor? A través de la inteligencia emocional.

Una propuesta individual para un problema colectivo

A grandes rasgos, el gatekeeping es retroalimentación negativa externa y el síndrome del impostor es retroalimentación negativa interna. Para mitigar sus efectos y eventualmente eliminar estos patrones, necesitamos hacer uso de la inteligencia emocional.

La inteligencia emocional es la habilidad de identificar y manejar las emociones propias y las de otros a través de la autoconciencia, autocontrol, motivación, empatía y comunicación social. ¿Cómo estas habilidades nos pueden ayudar a mantenernos constantes en nuestros objetivos académicos o laborales así como navegar el desbalance social sin perder el entusiasmo por nuestro campo de estudio o trabajo?

Ciertamente no ayudarían a desaparecer las actitudes de las personas que excluyen o demeritan arbitrariamente, ni elimina mágicamente las problemáticas individuales que alimentan un sentido de inseguridad y ansiedad; pero sí son una herramienta útil para interpretar, analizar y entender tanto el origen como las particularidades de las retroalimentaciones negativas que recibimos, en vez de solo lidiar con el impacto psicológico de las mismas.

La inteligencia emocional nos ayuda a descifrar una diferencia crucial con respecto a nuestro diálogo con nosotros mismos y la interacción con otros. La crítica constructiva y el autoanálisis no son lo mismo que la desacreditación y la autodepreciación; las dos primeras son recursos útiles para el crecimiento, las segundas son modos de exclusión e invisibilización.

Una persona emocionalmente inteligente es capaz de discernir cuando la retroalimentación que recibe de sí misma, o de otros, es útil y está enfocada a su crecimiento. Así es como es posible escuchar los mensajes que son útiles y mantener una distancia emocional saludable de los que no lo son.

Habiendo establecido su valor como recurso individual no podemos decir que la inteligencia emocional es la solución final para problemas sistémicos y engravados en los hilos de la tela social, como lo serían el sexismo, el racismo o el mal uso del gatekeeping.

Sin embargo, es un recurso invaluable para asimilar su origen y navegar ambientes en los que estas prácticas están presentes, de la misma forma, cuando las universidades y las empresas hacen un esfuerzo por hacerla parte de su cultura académica y de trabajo las incidencias de exclusión e invisibilización se reducen.

Conocerse a sí mismo, conocer a otros y saber comunicarse desde una perspectiva de apertura, flexibilidad y empatía, es el ejercicio más básico para integrar grupos diversos sin generar patrones nocivos como el cambio de código, el gatekeeping y el síndrome del impostor.

Fuente: https://observatorio.tec.mx/edu-news/codigo-social

Imagen: Vitabello en Pixabay

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