Abuso a los Derechos Humanos

América del Sur/Perú/29-09-2019/Autor(a) y Fuente: aporrea.org

El 62% de los ciudadanos venezolanos entrevistados en cinco ciudades del Perú (Cusco, Lima, Arequipa, Tumbes y Tacna) se han sentido discriminados, principalmente por su nacionalidad. Así lo revela el último informe de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). reseñó el diario peruano El Comercio

Esta percepción sobre la comunidad venezolana también podría verse influenciada por las ordenanzas aprobadas el último año por algunas municipalidades del país, así como otras medidas que tendrían un trasfondo discriminatorio.

El pasado 27 de marzo, el alcalde de Huancayo (Junín), Henry Fernando López Cantorín, anunció que presentaría una ordenanza “frente a la creciente y descontrolada presencia de extranjeros”. Según un comunicado, el municipio expresó que esta situación “conlleva al crecimiento de la informalidad laboral, el comercio ambulatorio y actos vandálicos”.

La Municipalidad Provincial de Huancayo señaló que “se está trabajando una ordenanza municipal, que tiene como sustento legal la ordenanza regional N°108-2011-GRJ/CR, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de marzo de 2011, que en su artículo quinto establece «que las empresas privadas y sus respectivas concesionarias, que desarrollen sus actividades económicas de la región Junín, fomente el empleo regional en un porcentaje superior al 60% de la totalidad de su personal”. Sin embargo, la ordenanza buscará que se llegue a un porcentaje superior al 80%.

Ante este anuncio, el Ministerio Público abrió una investigación de oficio en contra de López Cantorín por el presunto delito de discriminación e incitación a la discriminación. El fiscal provincial Herik Henry Gonzáles Rivera, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancayo, es quien se encuentra a cargo del caso.

El proyecto y las declaraciones del alcalde fueron rechazados por la Defensoría del Pueblo. “Sobre la propuesta de alcalde provincial de Huancayo, recordamos que debe respetar principios constitucionales de igualdad y no discriminación”, publicó la en su cuenta de Twitter.

En Cusco, el 21 de julio pasado, el gobierno regional publicó en el diario oficial El Peruano una ordenanza para sancionar a las empresas que despidan a ciudadanos cusqueños para contratar a extranjeros “en informalidad y subempleo». Esta medida declara de necesidad pública la priorización de la mano de obra regional en la convocatoria de nuevos puestos de trabajo.

Vale precisar que ningún gobierno regional o municipalidad puede dictar competencias sobre trabajadores inmigrantes, pues estas le corresponden al Ministerio de Trabajo. Esta cartera consideró la medida como inconstitucional.

El municipio provincial de Pisco informó que desde el próximo 7 de octubre los ciudadanos venezolanos que residen en su jurisdicción deberían tramitar un “carnet de identificación y permanencia”. Así lo hizo saber mediante su cuenta de Facebook.

El municipio enfatiza que el empadronamiento es de “condición obligatoria para permanecer en Pisco y sus distritos». Asimismo, señala que los venezolanos residentes deberán presentar sus documentos personales, permiso temporal de trabajo y precisar su lugar de residencia.

“Hacemos extensiva esta comunicación a todas las personas de nacionalidad venezolana a acercarse desde el 07 de octubre del 2019 al Pool de Maquinarias (Esquina de Ramón Aspíllaga y López de Alarcón) de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. portando sus documentos personales con el fin de obtener un carnet de identificación y permanencia”, indica el comunicado en la cuenta de Facebook.

Al respecto, la Superintendencia Nacional de Migraciones, entidad encargada de ejecutar la política migratoria interna, indicó a este Diario que dicha actividad no tienen valor migratorio y no participará. Fuente de esta superintendencia indicó que se trata de una iniciativa municipal. Del mismo modo, el Ministerio de Salud, cuyo logo aparece en la publicación, descartó alguna intervención en este evento.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha rechazado esta medida, precisando se encuentra fuera de la ley. “La medida está absolutamente fuera del marco legal que permite trabajar a las municipalidades. Es una medida ilegal y que por sus tintes tiene carácter discriminatorio y puede traer graves consecuencias para los venezolanos”, dijo Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos del referido organismo.

Fuente e Imagen: https://www.aporrea.org/ddhh/n347246.html