Apoyo a la Comunidad Educativa

Redacción: Kaos en la Red

Nada ni nadie detiene a la Marea amarilla en su Acto XXVI. Nada ni nadie puede con la determinación de los Chalecos Amarillos, que por vigésima sexta semana consecutiva han desfilado, una vez más, por las calles de toda Francia. Ni la brutal represión emanada desde el Régimen de Macron; ni la ley antidisturbios que cercena el derecho a manifestarse; ni las desacreditaciones a un Movimiento legal; ni los medios corporativos; ni las detenciones; ni los bastones policiales, o los gases lacrimógenos o carros hidrantes los frenan. Emmanuel Macron pensaba que con su “gran debate nacional” iba a lograr calmar la cólera de los ciudadanos, pero la realidad es otra, pues los Chalecos Amarillos cumplirán seis meses de manifestaciones y el instituto Elabe muestra que el 66 % de los franceses no se cree ya las promesas gubernamentales. Un Régimen que sábado tras sábado muestra sin inmutarse, sus garras de furia.

En París, se han manifestado por el poder adquisitivo y la justicia social, pero también lo hicieron en apoyo a la comunidad educativa.

Como contrapartida a la brutal represión, a la criminalización de las protestas, a la estigmatización de un movimiento, los Chalecos Amarillos han recibido el apoyo a sus reivindicaciones de 1400 artistas que han firmado una tribuna pública en la que denuncian a un poder que busca el borramiento de la legitimidad. Escritores, actores y cineastas acusan al Gobierno francés de reprimir con violencia y amenazas.

Pero, aunque el Gobierno sigue buscando acabar con los Chalecos Amarillos, las ciudades de Nantes, Toulouse, Burdeos, Lyon, Estrasburgo o Montpellier, también han salido masivamente a la calle.

Ha sido en Nantes y Lyon donde el brazo armado del Régimen ha reprimido y donde la policía ha lanzado gases lacrimógenos, balas de goma y utilizado cañones de agua para acallar la marea reivindicativa y contestataria.

Los Chalecos Amarillos han advertido al Gobierno que antes que nada son ciudadanos y que no se puede gobernar contra su pueblo cuando faltan dos semanas para las elecciones europeas.

Furia y cacería gubernamental

Los Chalecos Amarillos, el 17 de mayo cumplirán seis meses de movilizaciones semanales con el mayor saldo represivo de la reciente historia de Francia: 13 muertos, 4.000 heridos y más de 10.000 detenidos.

El movimiento, que nació el 17 de noviembre en las carreteras, se trasladó rapidamente de las periferias a los centros de las ciudades, y ha sido entonces que la policía ha cambiado su política, pasando a la represión abierta. En total, 11 muertes están asociadas a la represión policial, incluyendo el de Zineb Redouane, una abuela de 80 años golpeada por una lata de gas lacrimógeno disparada por la policía en Marsella contra la ventana de su casa.

Las manifestaciones se han convertido en un delito por el que 12.000 personas han sido detenidas, con 1.800 juicios rápidos, según cifras del Ministerio de Justicia.

Los jueces han dictado más de 400 órdenes de detención y han encarcelado a otros tantos manifestantes. Además, han emitido casi 2.000 citaciones a los acusados para someterlos a juicio.

El 3 de abril la ministra de Justicia, Nicole Belloubet, informó al Senado de que se habían dictado casi 2.000 condenas de prisión contra diversos manifestantes.

Según el Ministerio del Interior, a principios de marzo había 2.200 manifestantes heridos pero las cifras reales superan los 10.000.

Durante la represión, cada vez más frecuente de la policía de Macron a los manifestantes, la brutalidad se instaló cada vez más, hasta el punto de que se han abierto unas 240 investigaciones por parte de la inspección de la propia policía, según la cadena de televisión BFM. Alrededor de 160 de ellas se refieren a agresiones que tuvieron lugar en París. Además, los manifestantes han presentado 290 denunciascontra miembros de la policía.

Los intelectuales franceses denuncian la violencia de Estado contra los chalecos amarillos

Bajo el lema “Nosotros acusamos” 323 académicos e intelectuales franceses firman un manifiesto en el que denuncian la violencia de Estado ejercida contra los chalecos amarillos.

Este manifiesto se suma al que ya habían firmado más de 1400 personalidades del mundo de la cultura en apoyo a los chalecos amarillos.

“Nosotros acusamos”

8 de Mayo de 2019

Desde el 17 de noviembre de 2018, cientos de miles de personas expresan su inquietud ante un poder que hace oídos sordos a sus reivindicaciones. Tienen la fuerza y el valor de tomar la palabra diciendo alto y claro que están hartos y que no seguirán soportando los efectos de las políticas nefastas que, desde hace décadas, se aprovechan impunemente de su trabajo y saquean los recursos públicos.

Las voces de los chalecos amarillos han permitido poner al descubierto las mentiras y las pseudojustificaciones “científicas” dadas por el poder y su jauría de cortesanos con el fin de ocultar el alcance y la magnitud de este robo a mano armada. Su levantamiento ha puesto de manifiesto el verdadero sentido de una política que ha organizado a conciencia la transferencia de unos recursos producidos con el esfuerzo del 95% de la población hacia el 5% de los estratos más privilegiados. Su fuerza ha logrado que se tome conciencia de la hipocresía de un poder que se atreve a celebrar que ha multiplicado por cuatro las enormes riquezas acumuladas por una minoría minúscula. De la mano de la gran mayoría de los franceses y las francesas, nos reconocemos en la toma de conciencia de los chalecos amarillos. Cada uno de nosotros ha podido constatar que, en todos los sectores de la sociedad, estábamos sufriendo los efectos de las mismas políticas encaminadas a aumentar continuamente las desigualdades sociales.

Las demandas y las expectativas de cambio surgidas a raíz de este levantamiento popular se han expandido con rotundidad y han chocado inmediatamente contra un poder que no ha dejado de ignorar su contenido para aplacar su efecto desestabilizador. En primer lugar, con el silencio ensordecedor de un presidente y de su corte, encerrados todos tras los muros de sus palacios. A continuación, tratando de engañar a la gente con falsas promesas y limosnas concedidas a costa del esfuerzo de los más necesitados y el deterioro de los servicios públicos. Con la realización de un simulacro de consulta de la que se suprimió muy hábilmente toda posibilidad de interacción y de debate. Y, sobre todo, con la decisión clara y meditada de impedir por todos los medios la expresión pública de las demandas y las reivindicaciones.

El objetivo de todas estas medidas ha sido silenciar la voz de los manifestantes. Desde las primeras acciones, el poder ha optado por la violencia al exigir a las fuerzas del orden despejar los peajes de autopistas y las rotondas, bloquear el acceso a los puntos de convergencia de las manifestaciones y, sobre todo, intervenir con “firmeza”. Todos y todas hemos visto cómo se han trasladado estas órdenes sobre el terreno: hemos podido comprobar de primera mano cómo las filtraciones y los arrestos arbitrarios en las entradas de las ciudades han impedido el desarrollo de las manifestaciones y han acallado las voces. Hemos visto las cabañas de las rotondas destruidas y, una y otra vez, valerosamente reconstruidas. Las técnicas de intervención policial elegidas a propósito (cercos policiales, lanzamiento de gases lacrimógenos desde el principio de las manifestaciones, disparos de balas de goma sin previo aviso) han sido las causantes de los escasos actos violentos, centradas de forma deliberada en generar la confrontación con los manifestantes.

De manera cada vez más intensa, se han ido aplicando semana tras semana estas técnicas mortíferas y liberticidas. Protegidos por el poder y encubiertos por la omertà de una gran parte de los medios de comunicación, escuadrones de policías extenuados por el trabajo se dedican a realizar deleznables atropellos. Cientos de hombres y de mujeres que se estaban manifestando pacíficamente han sido atacados sin razón alguna y, con frecuencia, con un ensañamiento descabellado. Desde diciembre pasado, el número de heridos graves aumenta sin cesar: se cuentan por cientos las personas que han sufrido serios traumatismos. Ni el presidente de la República ni su Gobierno se han pronunciado respecto a las víctimas, ni siquiera sobre Zineb Redouane, asesinada por el impacto de una granada cuando estaba cerrando la ventana de su casa. Parece que ya nada puede detener esta escalada dramática y nos avergonzamos de tener que asistir a la puesta en escena de la autocomplacencia del poder, supuestamente llamado a contener a una “masa llena de odio”.

La elección de la represión violenta contra todas aquellas personas que tienen el valor de levantarse para tomar la palabra frente a estas artimañas no es nada nuevo –ya se había empleado principalmente en los barrios populares y contra grupos vulnerables como los emigrantes y los gitanos, e incluso contra representantes de los movimientos sociales–, pero desde noviembre de 2018 se ha traspasado una frontera. Esta estrategia de la represión violenta llegó a su punto álgido durante la manifestación del Primero de Mayo de 2019: no solo asistimos al despliegue de todo el arsenal represivo del Estado, sino que se ha demostrado que el Gobierno, una vez más, mintió al armar un enorme escándalo sobre un supuesto “ataque” al hospital de la Pitié Salpêtrière por parte de manifestantes que intentaron refugiarse allí. Esta mentira de Estado es la gota que colma el vaso. Refleja el estado de nerviosismo y pánico de un poder en apuros.

¡Esta violencia de Estado debe cesar!

Nosotros acusamos al Ministerio del Interior de provocar deliberadamente las reacciones de violencia en nuestras ciudades, en las rotondas y los lugares de debate público, a fin de criminalizar a toda persona que se oponga a sus leyes y a sus políticas funestas.

Nosotros acusamos al Gobierno de emplear contra civiles armas de guerra prohibidas en el conjunto de los países occidentales, y de ignorar las repetidas advertencias de numerosos organismos internacionales.

Nosotros acusamos a la jerarquía de la magistratura de haber aceptado tapar esta política nefasta aplicando ciega y servilmente las órdenes emitidas por el poder ejecutivo.

Nosotros acusamos a la Inspección General de la Policía Nacional de haber realizado investigaciones fingidas que, hasta donde tenemos conocimiento, no han conducido a la interpelación de ningún miembro de las fuerzas “del orden”.

Nosotros acusamos a todas las personas vinculadas a la prensa y los canales televisivos que han aceptado convertirse en portavoces del Ministerio del Interior y de la Prefectura sin llevar a cabo ningún control sobre sus fuentes.

Hacemos un llamamiento al conjunto de los ciudadanos a unirse al movimiento social para denunciar la deriva autoritaria del Gobierno, y exigimos la dimisión del Sr. Castaner [ministro del Interior], así como la apertura de una comisión de investigación independiente para arrojar luz sobre los desatinos de los verdaderos responsables y que estos sean procesados.

Fuente: https://kaosenlared.net/chalecos-amarillos-en-francia-seis-meses-de-furia-gubernamental-y-represion-abierta/