«Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios»

Por Diario de la Educación

Carme Fernández se ha convertido en una de las puntas de lanza en la lucha por la inclusión educativa en España. Desde la Fundació Gerard, que dirige, ha hecho de la escolarización en centros ordinarios para todos los niños su bandera. Junto al abogado Juan Rodríguez Zapatero forma un tándem que se ha convertido en el terror de las administraciones educativas y soporte de familias con hijos con necesidades educativas especiales que sienten que han sido abandonados o maltratados por el sistema. Cada pocos meses, este dueto arranca alguna sentencia que obliga a una Administración educativa a escolarizar a un pequeño en uno de los centros llamados ordinarios. Y, avisa, no van a parar. Fernández, psicóloga de formación que aterrizó en este mundo a raíz del nacimiento de su sobrino, con autismo, no tiene pelos en la lengua. Denuncia que España no cumple ni las convenciones internacionales a las que se ha adherido ni sus propias leyes en materia de inclusión. Su discurso es claro: todo el mundo debe estar junto en los mismos colegios. Y no, las aulas específicas en centros ordinarios no son inclusión, también segregan.

¿Se practica la inclusión en España?

No. Muy poco. El informe del comité de la ONU, fruto de una investigación realizada en España, que ha concluido que se vulnera el derecho a la educación inclusiva y que exhorta a España a eliminar los enfoques que segregan: los centros específicos y las aulas en centros ordinarios. Es lo que venimos diciendo nosotros desde hace tiempo, pero esto nos refuerza. La respuesta que ha dado España fue vergonzante, aunque la dio el Gobierno anterior, no el actual, está por ver cómo reacciona este. En esa respuesta se vino a decir que España lo hace todo muy bien y que no se vulnera el derecho a la educación inclusiva. Nos gustaría que el nuevo Gobierno rectificara esa respuesta como primer paso. El segundo paso sería que pusiera de una vez un plan de acción encima de la mesa. Esa solicitud que hace el Comité de actuar sin demora significa que hay que empezar ya. Evidentemente no puede hacerse de hoy para mañana, hay mucho que hacer, pero si no empezamos no lo haremos nunca. Mientras tanto, se siguen abriendo aulas específicas y las familias tienen que acudir a la justicia. Tiene que haber una hoja de ruta clara, con plazos, y que en equis años (tres-cuatro) se deje de matricular a niños en aulas especiales, que se empiece a trasladar los niños a centros ordinarios, dotar de recursos, etc. para trasformar este sistema que tenemos en uno unitario con una sola escuela.

Usted entonces es partidaria de la desaparición de los centros y aulas en todos los casos.

Lo digo yo, lo dice el comité de la ONU… Hablamos de un derecho humano fundamental y hay que defenderlo para todos, no hay casos excepcionales en los que no se tenga que cumplir este derecho. Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios, pero todos juntos. Tienen que desaparecer estos centros, España se comprometió a ello al ratificar la convención.

Se siguen construyendo centros de educación especial. No parece que estemos en ese camino.

Se está caminando en la dirección contraria. Es cierto que no se abren tantos centros especiales como hace años, pero las aulas específicas sí van in crescendo. Es preocupante. Estamos esperando a ver qué postura toma el nuevo gobierno y qué medidas toma. Si no hace nada, actuaremos. Mientras, seguimos en la vía judicial, que creemos que puede abrir otras vías. A raíz de la visita del comité, se han creado plataformas formadas por familias y centros especiales que están desarrollando una resistencia en contra de que desaparezcan estos centros de segregación. Es preocupante que están entrando en estas plataformas asociaciones importantes de España, incluso sindicatos. Su lema es “educación inclusiva sí, especial también”. Esta resistencia lo que dice es que se respete la elección de centro de los padres y que quien quiera vaya a ordinaria y quien quiera a especial. Pero no es una cuestión de elección de centro. Este derecho decae cuando está en juego un derecho fundamental como es la educación inclusiva. El derecho es a elegir entre centros ordinarios, no entre centro ordinario o específico. Están lanzando una campaña desprestigiando al comité, me parece preocupante y peligroso.

¿Por qué las aulas específicas son segregadoras?

Porque separan a los alumnos por su diversidad. Es igual que un centro de educación especial, pero en un centro ordinario, funcionan exactamente igual.

En los últimos años se están dando bastantes sentencias contra las administraciones por discriminar a niños. ¿Está cambiando la mentalidad o es una cuestión particular de algunos jueces?

Está cambiando. Los jueces cuando dictan las sentencias miran otras, y de alguna forma están adquiriendo unos conocimientos y una visión que no tenían. Cuantas más sentencias haya, mejor, porque unas empujan a las otras. Ahora estamos pendientes de unas cuantas por salir, tenemos mucha esperanza de que salgan bien.

En tres-cuatro años se debería dejar de matricular a niños en aulas especiales y empezar a trasladarlos a centros ordinarios

¿Van en la misma línea que las otras?

Hay algunas que pueden ser importantes porque son sobre aulas específicas en centros ordinarios, no sobre centros especiales. Es más complicado, porque las aulas se venden como inclusivas. Es más complejo de defender, si sale una sentencia favorable va a ser muy importante porque abrir aulas de este tipo es la tendencia actual.

“Está cambiando la mentalidad”, pero parece que no tanto

No choca porque hay una parte de la población que va a ser resistente al cambio. La resistencia, que la llamo yo, es muy diversa. Hay familias, escuelas, profesionales y entidades. Creo que las familias son las víctimas de este tema porque están desinformadas sobre la cuestión en su mayoría. Incluso desconocen la convención. La Administración ha hecho bien su trabajo, no ha difundido la convención, cuando está obligada a hacerlo. Creo que las familias son víctimas, se les ha infundido miedo a que sus hijos no tengan recursos en el centro ordinario y se ha creado un relato sobre los centros especiales como única y mejor opción. Mi opinión es que están utilizando a las familias como escudos en estas manifestaciones. Hay muchos intereses detrás de esto. Las escuelas especiales en su mayoría son privadas o concertadas, hay mucho interés en mantener el sistema segregador. También hay muchas aulas específicas concertadas

¿Dentro de centros públicos?

Sí, porque las ponen en marcha las asociaciones. En un centro específico o un aula, hay un porcentaje de alumnos cuyas familias están conformes con esa modalidad por el motivo que sea. Pero hay otras tantas que están ahí obligadas por informes de escolarización o negación de recursos en los centros públicos. Vamos a suponer que ese tanto por ciento de alumnos que están obligados se pasaran a centros ordinarios. Es inviable, porque en el momento en el que los sacas de los especiales, estos dejan de ser viables económicamente. Esto quiere decir que el centro de educación especial sobrevive gracias a que se obliga a muchas familias a llevar a sus hijos ahí. El centro de educación especial necesita los dictámenes de escolarización que obligan a las familias. Ahí está la clave para mí. Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios. Solo cabe una solución: el trasvase de alumnos de la especial, junto con todos los recursos, a las escuelas ordinarias. Evidentemente que con un plan de acción y una hoja de ruta bien planificada.

¿No suena a un poco utópica esta petición?

Es igual de realista que cuando las escuelas para negros, las black schools, desaparecieron. Parecía una utopía, pero muchos activistas pelearon para que esto sucediera. En EEUU llegaron al punto de que sí, los negros tenían los mismos derechos, pero tenían que estar separados. Al final, la Corte Suprema de los EEUU decidió que la educación pública segregada no era igual y que esa segregación en las escuelas públicas era ilegal. Si eso se consiguió con las escuelas de negros tenemos que conseguirlo igual con las de diversidad funcional. Hablamos de un derecho humano fundamental y eso es lo que la gente se tiene que meter en la cabeza. A nadie se le ocurriría separar a negros y blancos hoy en día, pero sí se defiende que se separe a los alumnos con diversidad funcional.

Parece que el problema es de concienciación, entonces.

No hay conciencia en gran parte de la población y va a haber que hacer un camino en el que hay aportar mucha información. Seguir en la vía judicial creo que es importante e intentar presionar a los gobiernos y que esto se vaya modificando. Tenemos la fuerza de la Convención y de la resolución del Comité. Esto no es opinable, es un derecho fundamental. Que las escuelas especiales sean legales (aunque deberían haberse adaptado a la Convención) no significa que vayan de la mano del respeto de los derechos humanos. Quizá haya que llegar por la vía judicial hasta ahí.

¿Está el profesorado preparado para atender a la diversidad en las clases?

Ni están formados ni tienen los recursos. Esto es algo que se consigue formándolos y poniendo los recursos, no son imposibles. La supuesta especialización que existe en los centros especiales no es tal tampoco. Un PT (pedagogo terapeuta) es exactamente el mismo en un centro especial que ordinario. Todos tienen la misma formación y la misma titulación. En los centros ordinarios también hay PT y AL (audición y lenguaje), pero les faltan recursos.

Dice un estudio que la mitad de los profesores se muestra “indiferente” respecto a la atención a la diversidad y que uno de cada seis (un 16%) está en desacuerdo. Con esto mimbres parece complicado practicar la inclusión…

Es complicado, pero esto hay que cambiarlo también. Hay que reflexionar por qué es así. Y es así porque durante muchos años se ha consentido. Detrás de esto hay una clara actuación por parte de los gobiernos. No ha interesado formar a los profesionales de las escuelas o a la comunidad educativa. Todo lo contrario, se les han puesto muchos obstáculos para que acaben mostrando esa indiferencia o desacuerdo. Obstáculos en forma de falta de recursos, de no formar, de ofrecer la posibilidad de llevar a los chicos al centro especial. Mientras exista esa realidad paralela y falta de recursos, tenemos ese colectivo que va a dar guerra llegado el momento. Habrá que actuar sobre ello también cuando toque. La diana es muy grande y en este plan de actuación que comento hay que actuar en varios contextos o sistemas: profesionales, familias… No es sencillo, pero que no lo sea no quiere decir que no haya que empezar ya. El objetivo ha de ser la inclusión plena y no puede estar a años vista en el sentido de lustros.

Mientras existan los centros especiales va a ser imposible que los alumnos acudan a centros ordinarios

Aparte de las aulas específicas en centros ordinarios, ¿qué tipo de prácticas nos venden como inclusión pero no lo son?

Dentro de una misma aula ordinaria también se pueden dar prácticas que segreguen al alumnado. Si este tiene un apoyo en su aula ordinaria, pero es ponerle en una esquina a trabajar solo, con un currículum que no comparte en absoluto con sus compañeros, no tiene un plan educativo para relacionarse con sus compañeros, etc. es una práctica segregadora. Los currículos paralelos son segregadores. Tienen que hacer el mismo. Que tenga una distancia equis con sus compañeros no quiere decir que no pueda compartir contenidos, tendrán que estar adaptados a sus necesidades, pero han de ser los mismos. Solo en esa conexión se establecen relaciones, se promueve la ayuda mutua, a cooperar entre ellos… Pero si no comparten lo que están haciendo es muy difícil que eso pase en el aula.

¿Es la inclusión plena el final del camino o aspiramos a algo más?

Sería un final y un comienzo a la vez. Hay mucho que hacer. En la inclusión hay unos parámetros básicos necesarios: uno es la presencia del alumno en el entorno educativo, luego está la participación y el éxito. Estos dos últimos dicen que la presencia ha de ser activa, no solo presencia. Nunca vamos a llegar a una inclusión plena porque esos parámetros siempre son mejorables. Es como decir que la educación es mejorable. Siempre lo va a ser, pero hay que partir de unos mínimos y ahora mismo no estamos en ellos, estamos bajo mínimos. Muchos alumnos no tienen garantizada su presencia en el entorno ordinario. Lo primero es garantizarla. Es un camino sin final, evidentemente.

¿Está la sociedad preparada para la inclusión?

Si yo hiciera una fotografía a día de hoy me inclino más a decir que no está preparada, pero creo que puede prepararse. La veo capaz de prepararse. Es como cuando hablamos de los alumnos y decimos: tiene equis capacidad o esto no lo puede hacer. A mí me da igual la foto de hoy, me importa la capacidad. Y creo que somos una sociedad que nos podemos preparar para ello.

¿Alguna comunidad está trabajando bien el tema?

Hay actuaciones concretas en algunas comunidades, pero actuaciones globales, lamento decir que no hay ninguna. Hay cosas que pueden ser el inicio de algo (en Cataluña hay un decreto, por ejemplo, pero no se acaba de cumplir).

The post «Todos los alumnos deben estar en centros ordinarios, con los recursos necesarios» appeared first on El Diario de la Educación.

Comparte este contenido:

Empoderar a las niñas

Por: David Meléndez Torme

Las mujeres nacidas en países pobres son el grupo demográfico más vulnerable.

Además de pobres, tienen peores condiciones de salud, menor acceso a la educación y mayor probabilidad de ser víctimas de violencia.

En la lotería de la vida, nacer mujer en un país pobre te sitúa en una doble desventaja. Las mujeres de estos países tienen la mayor incidencia mundial de pobreza de entre todos los grupos demográficos, además de las peores condiciones de salud, el menor acceso a la educación y la mayor probabilidad de ser víctimas de violencia.

La desigualdad de género (a través de la exclusión laboral y los menores salarios) cuesta al mundo un alarmante 15,5% del PIB. Negar oportunidades a las mujeres para desarrollar su potencial impide que las sociedades aprovechen su contribución. Sin embargo, la frustrante realidad es que las soluciones eficaces para abordar la desigualdad de género pueden resultar difíciles de identificar.

Los 30 millones de niñas en riesgo de mutilación genital femenina (MGF) durante la próxima década se sitúan en el extremo de la escala de desempoderamiento. Se trata de un procedimiento casi universal en Somalia, Guinea, Yibuti, Egipto, Eritrea, Malí, Sierra Leona y Sudán. La Organización Mundial de la Salud alerta de que las afectadas sufren problemas de salud en el largo plazo y mayores tasas de muerte perinatal.

Pero el problema es más fácil de identificar que de resolver. Las reformas legales han tenido poco impacto. Incluso en el Reino Unido, donde la MGF fue prohibida hace 30 años, ninguna persona ha sido enjuiciada exitosamente. Las primeras cifras registradas se comunicaron en julio y revelaron que hubo 5.702 nuevos casos en Inglaterra entre abril de 2015 y marzo de 2016. Al menos 18 mujeres jóvenes y niñas fueron sometidas a la MGF en el Reino Unido, mientras la mayoría recibió el procedimiento en África.

En las últimas tres décadas ha habido una disminución general en la prevalencia de la MGF, pero no todos los países han efectuado progresos. De hecho, las actuales tendencias señalan que el número de niñas y mujeres sometidas a la MGF aumentará significativamente en los próximos 15 años.

Esto no quiere decir que las entidades benéficas y los gobiernos que trabajan en esta área no estén haciendo un trabajo excelente. Pero necesitamos más estudios de alta calidad sobre cómo identificar y ampliar programas que ya sean eficaces.

El matrimonio infantil es otra costumbre inaceptable que arrebata oportunidades a las niñas. Entre 2011 y 2020, más de 140 millones de niñas de todo el mundo se convertirán en niñas casadas (definidas por las Naciones Unidas como las que contraen matrimonio antes de los 18 años). UNICEF estima que las tasas de matrimonio infantil superan el 50% en nueve países: Níger, República Centroafricana, Chad, Bangladesh, Malí, Guinea, Sudán del Sur, Burkina Faso y Malawi.

Las consecuencias para las niñas casadas son de amplio alcance: menores niveles de educación y menores ingresos de por vida, mayores tasas de violencia doméstica, mayor riesgo de morir durante el embarazo o el parto y mayores tasas de mortalidad para sus hijos.

Al igual que en la MGF, las leyes por sí solas no son suficientes para abordar el problema. Un ejemplo es Bangladesh, donde el 52% de las niñas están casadas cuando alcanzan la mayoría de edad de 18 años. Varias leyes que prohíben el matrimonio y las dotes infantiles han tenido escaso efecto: el 18% de las niñas se casan antes de cumplir los 15 años (la tasa más alta del mundo). Los programas comunitarios para dar a las adolescentes capacitación y destrezas de vida han tenido un impacto limitado.

Un estudio realizado en Bangladesh por economistas de la Universidad de Duke y el Abdul Latif Jameel Poverty Action Lab del MIT plantea que la estrategia más eficaz podría ser proporcionar incentivos económicos para retrasar el matrimonio. Las niñas situadas en el 20% más pobre de la población mundial tienen más del doble de probabilidades de casarse jóvenes que las del 20% más rico.

En el sur de Bangladesh se llevó a cabo un esperanzador programa que proporcionaba aceite de cocina a los padres de las niñas solteras. Los participantes recibían cuatro litros de aceite cada cuatro meses, con la condición de que un monitor confirmara que las niñas permanecían sin casarse.

El modesto incentivo funcionó: las hijas de los destinatarios se casaron, en promedio, hasta un 30% menos antes de los 16 años, obteniéndose así una rentabilidad cuatro veces superior a los costes. El programa también mejoró el nivel educativo de las niñas, que tendieron a permanecer en la escuela hasta un 22% más.

Lo anterior tiene importancia porque una de las metas clave de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que concluyeron en 2015, fue eliminar la disparidad de género en la educación primaria y secundaria. Se logró un buen avance en la primaria, pero el acceso a la educación secundaria y universitaria sigue siendo altamente desigual. Las diferencias en cuanto a matriculación en educación primaria han disminuido en todas las regiones, pero quedan rezagadas África subsahariana, Oriente Próximo y el norte de África.

Reducir la brecha de género en la escolarización también tendría beneficios para la siguiente generación. Más educación para las niñas significa mejor salud y nutrición para sus hijos.

La manera de lograr esto variará según el lugar. Por ejemplo, proporcionar uniformes escolares gratis ayuda solo en algunos sitios. La actuación para reducir el matrimonio infantil en Bangladesh tuvo beneficios adicionales de fomento a la educación secundaria. Nuevos estudios indican que, a nivel mundial, el dinero que se destina a reducir la disparidad de género en educación genera beneficios alrededor de cinco veces superiores a los costes.

Muchas ideas bien intencionadas para reducir la desigualdad de género, e incluso indudablemente buenas, son más difíciles de analizar y cuantificar. Asegurar a las mujeres derechos igualitarios de heredar propiedades, firmar contratos, registrar empresas o abrir cuentas bancarias tendría un bajo costo y podría conllevar beneficios de gran alcance. Pese a las deficiencias de información, un panel de Premios Nobel convocado por el Consenso de Copenhague identificó tales medidas como una de las 19 mejores metas de desarrollo: cada dólar rendiría beneficios por más de quince veces su valor.

Sabemos cómo enfrentar un problema y tenemos abundante información sobre costes y beneficios. Unos 225 millones de mujeres que quieren evitar el embarazo no están utilizando métodos seguros y eficaces de planificación familiar. Las razones van desde la falta de acceso a la información o los servicios hasta la falta de apoyo de sus parejas o comunidades.

Garantizar el acceso universal a los anticonceptivos costaría 3.600 millones de dólares al año, pero significaría reducir en 150.000 los casos de mortalidad materna y en 600.000 los de orfandad. Además, el beneficio demográfico de tener menos personas dependientes y más en la fuerza laboral aceleraría el crecimiento económico. Los beneficios totales resultan impresionantes: 120 veces el valor de los costes.

No hay soluciones rápidas para la desigualdad de género, pero una cosa está clara: no todos los esfuerzos resultan igualmente apropiados ni se basan en datos fiables. Por consideraciones morales y económicas, los responsables políticos deberían adoptar aquellas medidas que más contribuyan a empoderar a las niñas y mujeres.

Fuente: http://www.eldiario.es/tribunaabierta/Empoderar-ninas_6_688791133.html

Comparte este contenido: