Uruguay: OCDE ve desgobierno, falta de dinero y baja calidad en la educación

Escasa valoración de la profesión docente, problemas en el gobierno de la educación –con roles poco definidos–, y poca autonomía de los centros educativos son tres de los principales problemas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) encontró en el sistema educativo uruguayo, tras cuatro años de investigación. En base a eso elaboró una serie de recomendaciones a las autoridades nacionales.

Las conclusiones a las que llega el informe –divulgado ayer por el Instituto de Evaluación y Estadística (Ineed)– vuelven a sacar a la luz los problemas estructurales que presenta el sistema educativo uruguayo. Más relevancia toman sus recomendaciones si se tiene en cuenta que son hechas por el organismo internacional que cada tres años organiza las pruebas PISA, en las cuales Uruguay se mide desde 2003.

El próximo 6 de diciembre, se darán a conocer los resultados de la edición 2015 de esa evaluación internacional.

«Ambigüedad»

En el informe «Revisión de políticas para mejorar la efectividad en el uso de los recursos educativos», la primera observación que realizó el organismo internacional fue la necesidad de definir con claridad cuál es la institución encargada de orientar la educación del país, dado que al estudiar el sistema se encontró con una «ambigüedad» de roles en la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) entre el Consejo Directivo Central (Codicen) y sus consejos desconcentrados (Primaria, Secundaria, UTU y Formación en Educación).

«Las líneas de responsabilidad no están claras, existe falta de liderazgo en el sistema educativo en su conjunto y competencia entre los consejos de educación por los recursos», detalló el informe.

El estudio señala la necesidad de que el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) defina mejor su papel con respecto a la enseñanza y «reforzar su rol de coordinación y consulta». La multiplicidad de organismos involucrados lleva a que exista una «duplicación innecesaria de esfuerzos», por lo que la recomendación de la OCDE fue que sea el Codicen el organismo que dirija el desarrollo de las políticas educativas y que los consejos desconcentrados funcionen en función de sus lineamientos.

Hoy el rol poco claro que desempeña el MEC lleva muchas veces a rozar con sus acciones la violación de la autonomía de la ANEP, que consagra la Constitución. Es un reclamo permanente de sindicatos y representantes docentes en los organismos de enseñanza.

Descentralización e inspecciones

Otra de las recomendaciones de la OCDE fue dotar de mayor descentralización a los centros educativos para que puedan tomar decisiones en función de sus necesidades.

Los directores de los locales de enseñanza «cuentan con limitada flexibilidad respecto al funcionamiento de los centros, tienen pocas oportunidades de construir su capacidad para guiar y dirigir el desarrollo del centro», expresó el estudio. Un ejemplo es que no pueden elegir el perfil de los docentes que quieren.

El programa Promejora, impulsado en el período pasado por el consejero de la oposición en el Codicen, Daniel Corbo, tenía este propósito. Sin embargo, en esta administración, el Codicen desarticuló el programa y solo se conservaron algunas herramientas.

El estudio también cuestiona el modo en el que se realizan las inspecciones, ya que, si bien reconoce que tienen un rol importante para conectar la realidad local con los organismos de toma de decisiones, el modelo de inspección «no fomenta el desarrollo educativo» debido a que realiza evaluaciones individuales a los docentes y a los directores, pero no transmite el desarrollo de la comunidad educativa. Para la OCDE, los procedimientos de evaluación que realizan los inspectores «carecen de claridad, transparencia y objetividad» y no se centran en el liderazgo pedagógico de los actores.

El gasto «insuficiente»

En cuanto al gasto en educación, el organismo reconoce el incremento de la inversión en los últimos diez años, aunque señala que sigue siendo insuficiente si se compara con los países miembros de la OCDE o incluso con la región. Actualmente en Uruguay se destina el 4,5% del Producto Bruto Interno (PIB) a la educación, mientras que en los países de la OCDE el promedio de inversión llega al 6,5%.

«El gasto público resulta ser particularmente bajo en los programas generales de segundo ciclo de enseñanza secundaria.», algo que se traduce en «un gasto insuficiente en los salarios de los docentes», advierte el estudio, y agrega que los bajos sueldos «tienen evidentes efectos negativos» en la motivación de los trabajadores, lo que hace que se limite la capacidad del sistema para atraer docentes de «alta calidad».

Otra de las debilidades que encontró la OCDE en el sistema educativo uruguayo fue un déficit en la oferta para niños menores de tres años así como también «jornadas escolares relativamente breves» que hacen que quienes pertenecen a entornos vulnerables «corran el riesgo de fracasar». La advertencia cae en momentos en que la ANEP trabaja para alcanzar la universalización para niños de tres años.

Calidad docente en duda

Otro cuestionamiento que se desprende del estudio es el hecho de que no haya una definición compartida sobre qué implica una docencia de buena calidad, de qué se espera de los educadores, ni referencias que sirvan de guía para su desarrollo profesional. Aún así, la OCDE advierte sobre «graves problemas» con respecto a la falta de titulación de los docentes, sobre todo en educación media. En 2014 el 42% de los profesores del primer ciclo no tenía título mientras que en el segundo ciclo la porción de docentes sin titularse era del 31%.

Por otro lado, si bien se reconoce que la formación docente ha tenido avances, como la unificación de los estudios curriculares en todo el país, el estudio remarca que las tasas de finalización de estudios son muy bajas. Además, advierte que «los docentes reciben poca preparación para atender las necesidades especiales en los centros educativos tradicionales», para «enseñar en grupos multigrado» y en la enseñanza que se ofrece en los locales educativos del medio rural.

Según la OCDE, a eso se suma la concepción limitada que existe sobre el trabajo de los docentes, que no reconoce en su salario las horas de labor que no están destinadas a dictar clases. Como consecuencia, los profesores se ven obligados a tomar una gran cantidad de horas o tener un segundo empleo.

«Existe una clara necesidad de que el desarrollo profesional se convierta en una práctica regular entre los docentes de Uruguay, con una habilitación de tiempo adecuada, mayor diversidad de actividades», recomienda el organismo internacional. A su vez, señala la necesidad de que los programas de formación docente en educación media deberían ser menos especializados y que los egresados tengan herramientas para enseñar «una gama más amplia» de disciplinas.

Falta de transparencia

Los centros educativos reciben un importe todos los meses para que puedan atender sus necesidades más urgentes, pero para la OCDE la distribución de esos recursos «carece de transparencia», dado que «no existe información disponible a nivel público sobre los recursos que se asignan a cada centro».

También resalta limitaciones en el monitoreo de los fondos públicos destinados a la educación. El documento pone como ejemplo el hecho de que no se divulgue información sobre el cómo se gastó el dinero destinado a cada centro.

Las claves