Continúan suspendidas las clases en Ecuador a nivel nacional

De acuerdo con el comunicado, la suspensión de las clases aplica para las instituciones educativas fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales, durante las tres jornadas establecidas (matutina, vespertina y nocturna).

‘La decisión es acogida con el fin de precautelar la integridad de los estudiantes y docentes’, precisó el Ministerio, e instó a la población a mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Por su parte, la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informó que los conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos superiores del país se mantendrán cerrados hasta nuevo aviso.

El jueves y viernes de la semana pasada los planteles educativos no abrieron a nivel nacional, mientras que la víspera solo permanecieron cerrados los ubicados en la región Sierra, debido a las numerosas manifestaciones realizadas por movimientos indígenas, gremios de trabajadores y estudiantes universitarios.

La medida se tomó, además, para evitar afectaciones en la movilidad, debido al paro de transporte que llevaron a cabo taxistas, conductores de ómnibus públicos y escolares, así como de vehículos pesados, el jueves 3 de octubre, cuando entró en vigor el Decreto 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel.

Al cese de actividades de los transportistas, que duró hasta el siguiente día, se sumaron las protestas, vigentes hasta hoy, y convocadas de manera indefinida.

Las medidas económicas planteadas por el Gobierno nacional, y consideradas como un paquetazo por los manifestantes, incluyen la reducción en un 20 por ciento, de los pagos por contratos renovados, la disminución de 30 a 15 días, del período vacacional para los empleados públicos y el aporte, de ese mismo sector, del monto correspondiente a un día de salario al mes.

El Gobierno insiste en que las reformas son necesarias para blindar la economía nacional, sin embargo, los movilizados las tildan de neoliberales y contrarias a las necesidades de la población trabajadora.

Para muchos, son resultado de condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional al ejecutivo, a cambio de facilitarles un fondo de cuatro mil 200 millones de dólares, lo cual también es ampliamente rechazado por los ecuatorianos.