Bukele promete el 8% del PIB para educación en medio de críticas por la militarización y redadas policiales en las escuelas

El anuncio de 3.000 millones de dólares anuales en educación busca cautivar al electorado joven entre dudas sobre su viabilidad financiera y señalamientos de represión contra los estudiantes.

Nayib Bukele se dio un baño de masas frente a unos 30.000 estudiantes de secundaria en El Salvador para anunciar su nueva política en educación. El presidente prometió que su Gobierno repartirá 50.000 becas e invertirá 3.000 millones de dólares anuales en educación, una cifra equivalente al 8% del PIB y a casi un tercio del presupuesto del país centroamericano. La magnitud del anuncio, sin embargo, contrasta con las dudas sobre su viabilidad financiera y con el momento político en que ocurre, a seis meses de las elecciones generales. “Déjenme verlos bien, porque este es el día que cambia a El Salvador. Dentro de varias décadas verán este video y dirán: ‘Ahí fue cuando El Salvador empezó a salir adelante’”, exclamó Bukele.

El acto se da en medio de una campaña impulsada por el Ejecutivo para que los estudiantes a punto de cumplir la mayoría de edad se inscriban en el padrón electoral y participen en las elecciones generales de febrero de 2027, en las que Bukele busca asegurar un tercer mandato. La Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, aprobó hace un año la reforma constitucional que abrió la puerta a la reelección indefinida. En junio pasado, Nuevas Ideas, el partido de Bukele, oficializó la candidatura para un tercer período que le permitiría a Bukele sumar 14 años en el poder. La cruzada de empadronamiento, anunciada en marzo pasado por la ministra de Educación, Karla Trigueros, vence el próximo 31 de agosto. Por los críticos del mandatario, el ofrecimiento se parece más a un potente arranque de un plan electoral que a una respuesta estructural a la crisis de la enseñanza.

El sistema educativo salvadoreño atraviesa una profunda crisis. Un informe elaborado por el propio Gobierno en el marco de la búsqueda de financiamiento para las becas, muestra que en 2026, de cada 100 niños que comienzan la primaria solo 56 terminan el noveno grado. De ellos, apenas 43 finalizan el bachillerato, una cifra muy por debajo del promedio de América Latina y el Caribe (65%). De ese total, catorce ingresan a la universidad y solo doce consiguen graduarse.

Sin embargo, la falta de cobertura no es el único obstáculo. En las pruebas PISA de 2022, que miden el rendimiento de estudiantes de 15 años en 147 países y territorios en matemáticas, lectura y ciencias, El Salvador se ubicó entre los 20 peores desempeñados globalmente. El 89% de los alumnos salvadoreños registró un bajo rendimiento en matemáticas, una cifra que se elevó al 98% entre los estudiantes de menores ingresos. El diagnóstico reveló además que el 70% de los alumnos reportó ansiedad ante los problemas numéricos.

Las deficiencias en la infraestructura y la cobertura en el territorio completan el cuadro: según reportes de prensa, para 2025 había 143.378 niños fuera del sistema escolar; la deserción aumentó un 3%; un 10% de las 5.000 escuelas públicas del país se ubicaba en zonas de alto riesgo y el 30% carecía de internet o electricidad. Las becas promisorias, por tanto, solo atienden una fracción del problema.

“Las becas siempre son necesarias en un país con tanta necesidad. Pero se da el caso de que, desde principios de este año, a todos los maestros de bachillerato público se les ha pedido impulsar la inscripción de los jóvenes en el padrón electoral y generar listados para que les emitan el documento más rápido y así puedan votar en febrero del próximo año. Eso da la impresión de que este anuncio, hecho justo ahora, responde más a un fin electorero”, afirma Francisco Zelada, secretario general del Sindicato de Maestras y Maestros de la Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO).

El dirigente sindical sostiene además que el programa de modernización del Gobierno —que promete entregar una computadora con asistente de Inteligencia Artificial a cada estudiante desde primer grado— no está rindiendo los frutos proyectados por el Ejecutivo. “Algunos alumnos sí usan la tecnología para estudiar, pero en muchos casos se están volviendo adictos al uso de la computadora para jugar”, señala.

No obstante, Zelada reconoce avances en el programa ‘Dos escuelas por día’, orientado a la infraestructura. “Ahora tenemos escuelas bonitas, retocadas, con espacios mejor diseñados. Venimos de una situación donde la escuela pública parecía una granja para pollos. Lo único que nos afecta es que, por las obras de remodelación, los alumnos pasan meses en clases virtuales”, matiza.

Una promesa sin respaldo presupuestario

Respecto al compromiso de invertir 3.000 millones de dólares anuales, Zelada considera que cumplirlo requerirá un “milagro económico”. “Eso equivaldría a duplicar los 1.641 millones asignados a la cartera de Educación en 2026, sin que el Gobierno haya reportado nuevos ingresos que lo sustenten”, advierte.

El Presupuesto General de la Nación para 2026 ascendió a 10.555 millones de dólares, de los cuales un 28.4% se destina a Educación (un 4.1% del PIB). Pese a ello, la asfixia financiera ahoga a la educación superior pública. La Universidad de El Salvador (UES) ha denunciado de forma reiterada la falta de fondos para cubrir servicios básicos como agua, luz e internet. Para 2026, la institución solicitó 367 millones de dólares, pero solo le fueron asignados 116.5 millones.

“Vamos a pasar a una inversión de más de 3.000 millones de dólares al año, el triple de lo que invertían gobiernos anteriores, el equivalente a más del 8% del PIB: el país que más invierte en educación de Latinoamérica”, prometió Bukele durante el acto escolar. Costa Rica, sin embargo, tiene en sus leyes una inversión similar. El mandatario aseguró esa misma tarde que su Gobierno publicaría el desglose detallado del presupuesto. “Y esto lo va a poder medir cualquier opositor, cualquier periodista, cualquier curioso”, aseveró. Cinco días después, ninguna institución ha hecho pública la información. Este periódico solicitó el desglose a la Presidencia, al Ministerio de Educación y a la Dirección de Integración —entidad encargada de administrar los subsidios—, sin obtener respuesta.

El único ingreso adicional reportado por el Ejecutivo para este rubro es un préstamo de 100 millones de dólares aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a inicios de año para apalancar el programa de becas. No obstante, el contrato del crédito fija un plazo de pago de 23 años y contempla el financiamiento de 60.000 becas distribuidas en cinco años. “Estas 50.000 becas son para este año, pero el otro vienen más y más, hasta que todos los jóvenes salvadoreños tengan la oportunidad de estudiar”, prometió el presidente.

Una fuente interna de la Dirección de Integración, que solicitó el anonimato, aclara que las primeras 50.000 becas se comenzarán a entregar en 2027. Según la fuente, la meta se alcanzará sumando tres vías: 14.000 becarios que ya forman parte de programas estatales, 26.000 financiados con el crédito del BID y otros 10.000 gestionados por la Cancillería. El proyecto del BID, sin embargo, solo prevé 12.000 becas para su primer año de ejecución y estima que la medida elevaría la tasa de graduación universitaria apenas del 14% al 16%.

Militarización y redadas en las escuelas

Mientras promete las puertas abiertas de la universidad, el Gobierno ha trasladado a los centros escolares la política de mano dura que caracteriza su gestión: militarización y control policial. En el último año, Bukele nombró al frente del Ministerio de Educación a Karla Trigueros, una militar de carrera, eliminó los contenidos de equidad de género, impuso un régimen disciplinario de corte castrense y avaló incursiones policiales en institutos que han derivado en la detención de decenas de estudiantes.

Entre sus primeras medidas, la ministra Trigueros estableció normas de disciplina militar: cabello corto, uniforme impecable y la obligatoriedad de modales estrictos. “También se impuso un sistema de faltas: si un joven acumula 15 faltas en un año, reprueba de inmediato, independientemente de sus calificaciones”, explica Zelada.

Aunque la desarticulación de las pandillas ha reducido los niveles de violencia en el entorno escolar, el régimen de excepción vigente ha llevado la persecución penal dentro de las aulas. En los últimos cuatro años, las autoridades han capturado a más de 90 alumnos bajo acusaciones de agrupaciones ilícitas o desórdenes públicos.

En junio de 2025, la Fiscalía y la Policía realizaron redadas simultáneas en cuatro institutos de bachillerato y arrestaron a 48 estudiantes (34 adultos y 14 menores), señalados de intentar conformar una nueva estructura criminal llamada “La Raza”. Como evidencia, el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, difundió en redes sociales fotografías de cuadernos escolares con dibujos alusivos a maras.

El sindicato SIMEDUCO advierte que las facultades otorgadas a policías y soldados dentro de las escuelas han derivado en excesos. “A principios de año, agentes policiales ingresaron a un centro escolar y, al ver a unos estudiantes con los cordones de los tenis desamarrados, les dijeron que esa era una estética pandillera, se los quitaron y los dejaron descalzos”, denuncia Zelada. “Ahora la Policía puede entrar a cualquier aula a revisar mochilas, teléfonos o inspeccionar el corte de cabello”, afirma el sindicalista. Y agrega: “El estudiante va a clases con temor, y el miedo termina afectando directamente la calidad del aprendizaje”.

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