Europa/España/03 Diciembre 2016/Fuente: noticiasdenavarra/Autor:EFE
El representante de la Asociación de Profesores de Secundaria, Alberto Royo, ha remarcado hoy la «necesidad inexcusable» de «cuidar la figura» de los docentes mediante la aprobación de una Ley de Protección del Profesorado.
«Hay una doble necesidad de aprobar una ley de protección -ha señalado en sesión de trabajo en el Parlamento-. La necesidad inexcusable de apoyar, cuidar, amparar y prestigiar la figura y la tarea del maestro, y la obligación moral de inculcar el sentido de la responsabilidad».
Royo ha asegurado que «cuesta comprender que no haya absoluta unanimidad a la hora de aprobar» dicha ley.
El portavoz de los profesores ha matizado que no se trata de una cuestión de «autoritarismo» sino de «autoridad», y que la ley «aspira a mejorar las condiciones de trabajo de los profesores», por lo que «no puede ser conservadora».
«Se ha dicho que reforzar la autoridad no es solución si no va acompañada de otras medidas», ha recordado el portavoz, que ha reconocido que «no es la solución definitiva» pero que «no es un razonamiento sólido para rechazarla».
Así, ha remarcado que la ley «no excluye otras medidas». «Si los profesores lo venimos demandando, no entiendo la cerrazón», ha trasladado.
«No es la solución, pero vamos a probar si esto mejora la situación», ha reivindicado Royo, que ha subrayado que podría tener «un efecto disuasorio».
Además, ha argumentado que «deducir que se apuesta por una respuesta solo represiva no tiene mucho sentido».
El portavoz de este colectivo ha indicado: «Hablar de respuesta represiva podría hacer pensar que queremos someter o humillar a nuestros alumnos, cuando lo único que pedimos es moderar aquellas actitudes que nos impiden enseñar y a ellos mismos aprender».
Asimismo, ha lamentado que sea «difícil enseñar si los referentes sociales van en dirección contraria a las actitudes que favorecen el aprendizaje», y ha aclarado que la aplicación de la ley no estaría reñida con el «respeto a los alumnos».
«No tengo ninguna esperanza de que salga adelante, porque la gran mayoría entiende que no lo soluciona o bien que se quiere reprimir», ha lamentado en su turno de réplica, en el que ha advertido que se marchaba «más preocupado de lo que venía».
La popular Ana Beltrán ha considerado necesario «dar otra vuelta» a la posibilidad de que se desarrolle una ley «de todos, no solo del PP». «Defender al docente por el bien de toda la comunidad, por ellos mismos y por poner en valor la labor que realizan» deben ser, ha agregado, las metas de la nueva norma legal.
El regionalista Alberto Catalán ha lamentado que ya «hay una referencia estatal» y que, a pesar de ello, el problema «todavía sigue sin solventarse». «Si está ya recogida esta figura de la autoridad del profesorado en la LOMCE, aplíquese», ha reivindicado, tras destacar que es una «cuestión de actitudes por parte de todos», también de los padres.
Por su parte, la parlamentaria de Geroa Bai Isabel Aramburu ha subrayado que «la respuesta no puede ser represiva».
«Los tiempos del autoritarismo ya pasaron a mejor vida», ha añadido Aramburu, que ha afirmado que es mejor «facilitar los recursos que permitan atajar el problema» que «acudir a la vía judicial».
En la misma línea se ha mostrado la parlamentaria de EH Bildu Esther Korres, que ha apostado por «utilizar todos los métodos» disponibles «sin tener que recurrir a ninguna ley para educar». De esta forma, ha rechazado «criminalizar al alumnado» y ha defendido la «prevención y la educación».
También ha parlamentaria de Podemos-Ahal Dugu Tere Saéz ha asegurado que «judicializar la escuela no es propio de la educación».
El socialista Carlos Gimeno se ha mostrado «en contra de una ley de autoridad, pero a favor de la protección», mientras que la parlamentaria de IE Marisa de Simón ha puntualizado que la situación «no se arregla con una ley, sea de protección o sea de autoridad».
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