La decisión fue tomada por el magistrado Máximo Matos Féliz, presidente del tribunal al considerar que los profesores violan los artículos 56, 62, 63, 65 y 74 de la Constitución; el 25.1, de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 65 y siguientes de la Ley 137-11 y 401 al 417, de la 16-92.
Matos respondió así a un recurso presentado por los abogados Wagner Piñeyro Mateo y Juan Ramón Martínez Mateo, que actuaron en representación de dos estudiantes menores de edad y de los miembros de la Asociación de Padres, Madres y Amigos de la Escuela, a favor del estudiantado del distrito escolar 01-03 de Barahona.
La sentencia ordena, además, al Comité Ejecutivo de la seccional de la ADP en esa ciudad, levantar el paro de docencia en los centros educativos públicos de la provincia y convocar a clases pues su actitud afecta a 33 mil 358 estudiantes de los niveles inicial, primario, secundario y adulto, diseminados en 97 centros educativos.
El comité de la ADP en esa ciudad cuestionó el acuerdo alcanzado el 15 de marzo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), relativo a un aumento general del salario de los docentes de un 10 por ciento efectivo a partir del mes de agosto de este año.
El convenio fue rubricado por el ministro de Educación, Andrés Navarro; y el presidente de ADP, Eduardo Hidalgo, y contempla otras medidas a favor del magisterio, como la Evaluación del Desempeño a los docentes que incluirá el pago de incentivos, la aplicación de un viático mensual en los centros educativos rurales, y el pago de las licencias pre y postnatal y por enfermedad de manera puntual.
Asimismo establece el compromiso de las autoridades de mejorar las condiciones laborales de los profesores y las atenciones a los estudiantes, incluyendo la entrega de desayuno y almuerzo escolar, así como la distribución de útiles escolares y uniformes desde el inicio mismo del curso.
Sin embargo, el convenio que los firmantes consideraron beneficioso a toda la comunidad educativa, comenzando por los estudiantes y los docentes, no fue aceptado por las seccionales de la ADP de las provincias de Azua, San Juan, Elías Piña y Barahona.
El obispo José Dolores Grullón dijo que el año escolar está en peligro en esas provincias y ejemplificó que sólo en Barahona no se ha impartido ni siquiera el 33 por ciento del calendario escolar.
El presidente de la comisión de Cultura del Senado, Eddy Mateo Vásquez, declaró a la prensa que es insólito que el gremio haga un acuerdo nacional y los dirigentes de esas provincias lo desconozcan con lo que ponen en peligro el derecho de los niños a la educación.
En ese escenario, los miembros de la Asociación de Padres llevaron el caso a los tribunales y el fallo del magistrado Matos aparece como la primera medida jurídica represiva contra los docentes reacios a aceptar el pacto magisterial con Educación.
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