El pasado 20 de mayo, los hermanos Miguel y Agustín Vázquez, defensores del pueblo indígena Wixárrika, fueron asesinados por hombres armados, en un hospital, en Jalisco, México.
El 22 de mayo, en Chiapas, México, fue asesinado el defensor indígena, Guadalupe Huet, del pueblo indígena tzotzil, y consejero de la Organización Nacional del Poder Popular.
Según representante de la ONU en México, estos asesinatos están relacionados con la defensa de derechos que realizaban las víctimas.[1]
El pasado sábado 27 de mayo, Carlos Maaz Coc, indígena maya q’echí, del gremial de pescadores, fue asesinado en El Estor, Izabal, Guatemala, en el desalojo violento que realizó la Policía Nacional Civil de una protesta contra la empresa minera (CGN) que contamina el lago donde pescan. El gobierno nacional, no sólo respondió con represión a las demandas legítimas de los defensores del lago, sino que negó que existiese persona fallecida en el desalojo.
En Colombia, después de la firma de los Acuerdos de Paz, ya suman más de 30 defensores indígenas y campesinos asesinados violentamente. Todos por defender tierra y territorios. El último caso fue el asesinato del Gobernador del Cabildo Kite Kiwe, Gerson Acosta Salazar, en Timbío, Cauca, el pasado 19 de abril.[2]
Todos estos y otros asesinatos premeditados ocurren en pueblos indígenas que defienden sus territorios y medios de vida ante la violenta invasión de empresas hidromineras, sin licencia social.
¿Qué dicen los gobiernos neoliberales y organismo internacionales?
La honestidad intelectual y espiritual del entonces Canciller de Guatemala, Harold Caballero, en 2012, ante las denuncias públicas de la masacre de indígenas mayas en Totonicapán, por las fuerzas del orden, expresa el pensamiento compartido por los gobiernos neoliberales: El pastor evangélico y político que fungía como Canciller dijo:
“Tampoco vamos alarmarnos con ocho muertes. Aquí tenemos todos los días el doble de ocho asesinatos”.[3]
Si bien, organismos internacionales como la ONU emiten sus voces de “preocupación” al respecto. Otros, como la Relatoría de pueblos indígenas de la OEA son silentes cómplices.
Sin embargo, hay organismo financieros internacionales como el Banco Mundial (que financian proyectos hidromineros por todas partes) que son elocuentes en su valoración sobre el delicado tema.
En abril del 2016, en Nueva York, Jim Jong Kim, Presidente del Banco Mundial, al referirse al asesinato de la indígena lenca hondureña Berta Cáceres, justificó aquel acto delictivo en los siguientes términos:
“No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes.”[4]
Estas reacciones premeditadas de lo más “sublime” de la civilidad de las sociedades hegemónicas actuales evidencia lo medular de la filosofía occidental moderna respecto a los pueblos indígenas. En especial sobre defensores indígenas en resistencia ante avasallamiento de la mítica inversión privada en los territorios.
Para ellos, los derechos humanos son privilegios privativos para los nichos sociales que ellos representan. Al igual que la dignidad y la condición humana.
El o la indígena no tiene derechos. Sólo obligaciones. No es un ser humano, sino un complemento más de la tierra y de los bienes a saquear para generar divisas (para otros). El o la indígena tiene derechos sí, y sólo si es para defender la finca del patrón.
El o la indígena en resistencia es un patógeno a erradica de las fincas
Los “inversionistas” y gobiernos neoliberales protegen a los animales en extinción de la fauna silvestre, mientras aniquilan a mansalva a familias y pueblos indígenas enteros en busca del desarrollo criminal.
Promueven y premian a indígenas exóticos académicos y obedientes, pero castigan mortalmente a indígenas insumisos y en resistencia porque temen que la obediencia cristianamente instalada en las fincas (como máxima virtud) sea provocada por la insolencia de atrevidos defensores indígenas de derechos.
Estos neoliberales gobiernos democráticos y sus “inversionistas” del mal desarrollo, moral e intelectualmente, son más voraces que Colón, Cortés, Alvarado, Pizarro, Almagro, y otros, invasores de la primera generación. Éstos por lo menos no alardeaban discursos sobre derechos humanos universales, mucho menos presumían gobiernos democráticos, como sí lo hacen los actuales gobiernos de Guatemala, Honduras, México, Perú, Colombia,… países donde, acuerpados por organizaciones como la OEA, se masacran selectiva y silenciosamente a defensoras/es indígenas de manera impune, sistemático y permanente.
Notas:
[2] http://www.telesurtv.net/news/
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