En declaraciones a los periodistas tras una reunión con representantes de universidades públicas y privadas, Sambo dijo que la intención es poner fin a las prácticas que afectan la formación de los angoleños.
Aclaró que el objetivo no es cerrar las instituciones, pues los principales afectados serían los estudiantes y sus familias que se esforzaron para darles estudios.
Para resolver el asunto la titular dijo que los centros tienen hasta finales de año para regularizar su situación.
Entretanto, el viceministro de Educación Superior Eusebio Silva dijo en una entrevista anoche a la televisión que en esa situación se encuentran 14 centros en el país, aunque no refirió el número de cursos en situación ilegal ni el de estudiantes involucrados.
Se trata de instituciones que abrieron en 2017 (10) y otras en años recientes, comentó.
Interrogado acerca de las dificultades para la legalización de los cursos ante el Ministerio, Silva dijo que más bien se trata de responsables que no quieren esperar por la aprobación del curso y por la práctica nefasta en el país de irrespetar al Estado.
La ley dice, argumentó, que la gestión para un nuevo proceso de formación se realiza en el primer trimestre para que esté lista al comienzo del siguiente año académico (con inicio en marzo).
Silva dijo que la oferta formativa de las instituciones debe ser legal y por ello aconsejó a los jóvenes y sus familiares exigir que soliciten el decreto presidencial que crea el centro y el decreto ejecutivo (del Ministerio) que autoriza el curso que pretende matricular.
En Angola funcionan 72 universidades, 24 de ellas públicas, con una matrícula de 138 mil estudiantes.
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