¿Pueden los libros de texto adoctrinar?

Por: Ana Torres Menárguez.

La enseñanza en Cataluña sigue en el ojo del huracán. El crecimiento del independentismo, que en la última década ha pasado de contar con el respaldo del 15% de la población al 40%, ha abierto el debate sobre las posibles razones y la escuela ha sido uno de los principales focos señalados. Primero, el catalán: las voces más críticas consideran que el sistema de inmersión lingüística en las aulas es un nido de independentistas. También se ha puesto en el punto de mira a los docentes y el uso de símbolos —los últimos, los lazos amarillos en apoyo a los líderes independentistas encarcelados— y finalmente, el supuesto adoctrinamiento nacionalista en los colegios con los libros de texto.

 

La última polémica es un informe encargado por el exministro de Educación Íñigo Méndez de Vigo a la Alta Inspección del Estado —funcionarios de grupo A designados a dedo por el Gobierno en cada una de las 17 comunidades autónomas— que concluye que algunos libros de Ciencias Sociales e Historia en Cataluña “contravienen” principios de la Constitución e “incitan al separatismo”.

¿Pueden los libros de texto adoctrinar? Los expertos y docentes consultados rechazan en bloque este extremo. “La escuela no puede explicar el crecimiento del independentismo. Buscar en el sistema educativo la respuesta a la crisis catalana es confundir el debate”, explica Lluís Orriols, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y profesor de la Carlos III de Madrid. La educación, expone Orriols, genera cambios paulatinos a medida que van entrando las diferentes generaciones, y eso conlleva aumentos progresivos en décadas. “Aquí vemos un aumento concentrado en el tiempo: entre 2006 y 2012 el ritmo de crecimiento del independentismo entre los jóvenes educados en el sistema educativo de Jordi Pujol y entre los mayores de 50 años, que fueron a la escuela durante el franquismo, ha sido prácticamente idéntico”, precisa.

«La escuela desempeña un papel importante en la configuración ideológica en un momento histórico muy concreto: en el paso de una sociedad analfabeta a una escolarizada», apunta José Saturnino Martínez, profesor de Sociología de la Universidad de La Laguna. La primera generación escolarizada, explica el experto, se forma en unos valores que los padres desconocen, pero a partir de ahí, es la familia la que transmite una identidad a sus hijos. «El efecto de la escuela es muy limitado«, añade.

LAS QUEJAS AL SÍNDIC

Por su parte, el Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán) ha recibido desde la consulta independentista una treintena de quejas por supuesto adoctrinamiento en la escuela —pintadas en el patio, exhibición de símbolos partidistas o debates a favor de la independencia en las aulas, entre otros—. El Ministerio de Educación recogió otras 138 reclamaciones. Todas esas denuncias fueron analizadas por el Síndic, que solo pudo constatar irregularidades en 10 de ellas, como un centro que mandó un comunicado animando a participar en una de las huelgas convocadas en apoyo a la independencia o un colegio que organizó en el patio una simulación de una votación como una actividad voluntaria. Ninguna de ellas hacía referencia a los libros de texto. El Síndic insiste en que no se pueden extrapolar los casos de mala praxis detectados al conjunto del sistema educativo y recuerda que se trata de una decena de irregularidades en un contexto de 1,3 millones de alumnos matriculados en 4.800 centros públicos y privados.

“Podemos decir categóricamente que tenemos una escuela con pluralismo y sin adoctrinamiento”, aseveró el pasado julio el Síndic, Rafael Ribó, en la presentación de un informe sobre el supuesto adoctrinamiento en las aulas. Ribó cargó además contra el sindicato AMES y lo acusó de “catalogar como adoctrinadores contenidos que aparecen reflejados en el ordenamiento jurídico”. El Síndic expuso que al tratarse de niños de 11 años, los contenidos se pueden simplificar para hacerlos comprensibles “sin que haya necesariamente una voluntad real de transmitir una visión deformada de la realidad”. “La misma historiografía admite diferentes interpretaciones sobre hechos históricos”, añadió.

Miguel Ángel Puig-Samper, investigador del CSIC, considera que España debería crear un comité para revisar los libros de texto desde diferentes perspectivas para analizar si existen sesgos. Él y su equipo han detectado en libros académicos de los siglos XVIII y XIX visiones sesgadas de la historia de España y cree que esa realidad podría trasladarse a los libros de texto. Andalucía es ejemplo de ello: ha aprobado una normativa para que se revisen todos los libros de texto desde infantil a bachillerato para asegurar que no haya sesgos de género.

La sombra de adoctrinamiento que arrastra la escuela catalana desde hace años se recrudeció el pasado otoño tras la consulta del 1 de octubre, una jornada donde los colegios desempeñaron un papel capital como centros de votación. A partir de ese momento, muchas familias catalanas denunciaron que la crispación de la calle y la división del procés se habían colado en las aulas. En el último año, el Servicio de Inspección catalán ha recibido un total de 4.254 quejas sobre el funcionamiento de los centros educativos, de las cuales 30 están relacionadas con un supuesto adoctrinamiento y, de estas, cuatro con los libros de texto, según ha confirmado el Departamento de Enseñanza de la Generalitat a EL PAÍS.

El Gremio de Editores de Cataluña, que representa a algunas de las editoriales que menciona la Alta Inspección en su informe, como Teide, Vicens Vives, Barcanova (del grupo Anaya) o La Galera, niega que los libros de texto incluyan contenidos que instrumentalicen sobre nacionalismo. “Hacemos esfuerzos para no herir sensibilidades. Se puede cometer algún error, histórico o de apreciación. Si sucede, algún padre o docente lo denuncia a la inspección, esta llama la atención a la editorial y la editorial subsana el problema. Esto ha pasado siempre”, cuenta Antonio Garrido, portavoz del gremio y director general de la editorial Edebé, que no aparece en el mencionado informe.

Garrido explica que los libros de texto los elaboran profesores expertos en la materia, pero admite que “no existe una fórmula infalible para analizar la veracidad de un libro de texto”. “El problema en las Ciencias Sociales es que dan más libertad a la interpretación. Por ejemplo, a la hora de explicar la Guerra Civil, el sesgo hacia un lado u otro difícilmente tendrá una explicación que sea incontestable”. El editor considera que la muestra analizada no es representativa, ya que en España hay 60.000 libros de texto (10.000 en Cataluña) y la Alta Inspección ha analizado 127 de toda España. “El libro de texto no es un dogma de fe. Es una herramienta más al servicio de la comunidad educativa. El docente es el que dirige, tutoriza y diseña los objetivos curriculares”, zanja.

Sobre el terreno, los docentes también coinciden con los editores. “El libro es una herramienta de apoyo, no una biblia”, señala Núria García, directora del instituto público Montserrat de Barcelona, situado en la zona alta de la capital catalana con 800 alumnos y 75 profesores. “Cada departamento elige si quiere o no libro de texto y qué editorial. Yo no me meto en los materiales que usan”, añade García. La libertad de cátedra, recogida en la Constitución, establece la libertad de los docentes «de enseñar y debatir» sin verse limitados por doctrinas. Cada profesor puede seguir el método de enseñanza que considera oportuno.

La autonomía del centro a la hora de escoger los materiales es sagrada. Los profesores de un mismo departamento consensúan qué libros, de qué editorial, o qué herramientas utilizarán durante el curso. Los profesores son los encargados de revisar el contenido de los libros y seleccionar el que consideren más adecuado a su proyecto educativo. Todos los libros de texto tienen que cumplir los criterios curriculares que marca el ministerio, así como los aprobados por las Administraciones autonómicas.

La comunidad docente rechaza que los libros de texto sirvan como un elemento adoctrinador o que eliminen la capacidad crítica del alumno. En cualquier caso, limitan la polémica a los libros de Historia. “Las Ciencias Sociales no son objetivas. Pero aquí hay unos programas y currículos que tienes que seguir. No puedes ir a clase y hacer lo que te dé la gana”, apunta Montserrat Bolós, profesora de Física y Química en secundaria y bachillerato en el Montserrat. Su compañero, Rafael Bocanegra, especialista en Geografía e Historia y también profesor del centro, admite que hay libros de historia “más tendenciosos que otros; unos que hablan más de España y otros más de Cataluña”, pero insiste en el papel de filtro del docente. “Nosotros estamos para detectar estas cosas. Lo que intentamos hacer siempre es decirles a los alumnos: hay esto y esto otro y vosotros decidís”, agrega.

Los profesores insisten en que la renovación pedagógica ha revolucionado las aulas y la imagen que se mantiene en el imaginario colectivo del profesor leyendo el libro en la clase ha desaparecido. “Si vas leyendo el libro en clase, ningún niño te prestará atención. Los niños de ahora son distintos a los de antes y, por supervivencia, el profesor tiene que autoinventarse. Con o sin libro”, sostiene García.

En Cataluña el 33% de los profesores ya no usa libro de texto en el aula, frente al 25% del resto de España, según datos del Gremio de Editores. La red de escuelas innovadoras Escola Nova 21, que aglutina a 480 colegios públicos y concertados de Cataluña unidos para darle la vuelta al aula tradicional, promueve el uso de nuevos materiales didácticos. Eduard Vallory, director del Centro para la Unesco de Cataluña y fundador de la plataforma, considera que la personalización del aprendizaje es clave, y que el libro como única fuente de conocimiento es un modelo educativo a superar. “No podemos transmitir conocimientos definitivos para siempre, sino la idea de la permanente construcción”, dice en relación al primer informe de la Unesco sobre educación del año 1972. “Ahí ya se hablaba del aprendizaje para toda la vida; en Cataluña esa visión ya está superada”.

“Nos podemos pasar la vida convirtiendo cada página de un libro en un campo de batalla, o podemos dejar que la editorial haga su trabajo”, agrega Ismael Palacín, director de la Fundación Jaume Bofill, una organización dedicada a la investigación sobre educación. El investigador insiste en que la polémica del adoctrinamiento es “artificial”, que “no responde a un problema real de la educación”. Y avisa: “El que pretenda que la escuela no sea neutra, lo que quiere es callarle la boca a la educación. Hay que dejar a la escuela educar en valores. Una escuela aséptica es propia de quien quiere que los alumnos no piensen”.

CELAÁ: «LOS LIBROS SON SOLO UNA PARTE MÁS DEL MATERIAL ESCOLAR»

«Los libros de texto no son más que una parte del material escolar que se utiliza en los centros educativos. En las aulas se utilizan las redes, revistas, periódicos y libros de texto». Con estas palabras respondió la ministra de Educación, Isabel Celaá, a las preguntas de los periodistas sobre el informe de adoctrinamiento en los libros de texto elaborado por la Alta Inspección. «El adoctrinamiento en las aulas requiere trabajar en muchos frentes y desde muchos ámbitos», recalcó la ministra, para quien «no hay una receta mágica».

La polémica del supuesto adoctrinamiento con los libros de texto en Cataluña se remonta a mayo de 2017, cuando una diputada de Ciudadanos llevó al Congreso un informe del sindicato de profesores catalán AMES —una agrupación minoritaria y sin representación sindical en la escuela catalana— en el que tras analizar 19 libros de texto de 5º y 6º de primaria (14 ediciones catalanas y cinco madrileñas), concluye que hay “contenidos ideológicos partidistas” en 12 de los libros editados en Cataluña. En ese mismo documento, AMES reclama que la Administración central supervise los libros de texto antes de su distribución, una práctica heredada del régimen franquista que se suprimió en el año 1998 para dar mayor autonomía a los centros educativos.

Ese documento nunca vio la luz. El equipo de la nueva ministra de Educación asegura que lo encontraron en un cajón de la sede de Alcalá 34 hace un mes. La ministra calificó el documento de falto de rigor y anunció que no lo publicará por “responsabilidad”. En total se analizaron 127 libros de primaria, secundaria y bachillerato utilizados en las diferentes comunidades autónomas en el que, según el ministerio, aparecen análisis contradictorios de un mismo libro, lo que imposibilita “llegar a conclusiones rigurosas”. Critica, además, que no se especifica la metodología seguida por los altos inspectores y que aparecen datos inexactos, erratas, errores conceptuales, lecturas parciales y valoraciones subjetivas, que “le quitan cualquier rigor científico”. Cataluña, además, no dispone de un registro de los libros que utiliza cada centro educativo, por lo que no se puede valorar el impacto y el nivel de difusión de los libros analizados.

La lluvia de críticas al informe de la Alta Inspección también llega por parte de los inspectores de carrera. “La palabra alta inspección confunde a la población: no es un cuerpo técnico especializado en educación, sino funcionarios de grupo A. No han pasado una oposición específica que asegure que conocen la evaluación educativa o los sistemas de supervisión de contenidos”, apunta Xavier Chavarria, inspector jefe de Barcelona, con 42 inspectores a su cargo.

Carmen Martínez, actual directora de la Alta Inspección en Aragón, recientemente nombrada por el Gobierno de Pedro Sánchez, cree que no se trata de tener o no el conocimiento para analizar un libro de texto, sino que es una cuestión de recursos. “Nuestra labor es puramente administrativa; somos unos cinco o seis por comunidad y nos encargamos de las homologaciones de títulos o convalidaciones. Realizar un informe de ese tipo requiere unos recursos de los que no disponemos”, detalla. Cree que para realizar un análisis riguroso, habría que analizar un número significativo de libros de texto. De los 60.000 libros de texto que, según estimaciones del Gremio de Editores de Cataluña circulan cada curso en España, la Alta Inspección solo analizó

Fuente del artículo: https://elpais.com/sociedad/2018/10/02/actualidad/1538474416_878765.html