Halconazo en Guadalajara

Francisco, su novia Camila, sus amigos Eloy, Braulio y Regina transitaban el pasado 5 de junio a las 6 pm por la avenida Ocho de Julio, en Guadalajara, cuando elementos de la fiscalía del estado, sin identificarse, los detuvieron y subieron a bordo de un vehículo. Los golpearon y les quitaron sus mochilas y celulares. ¡Súbanse, cabrones, cabezas agachadas!, les gritaron y se los llevaron a la fiscalía.

Nadie sabe que están aquí. Los vamos a desaparecer, los amenazaron. Separaron a los hombres de las mujeres y los subieron a una camioneta. “Los vamos a entregar al cártel”, les advirtieron. Después de un recorrido de unos 20 minutos, en Los Olivos los hicieron descender del vehículo. ¡Bájense, hijos de su puta madre! ¡Tienen 10 segundos para correr por su vida, putos! ¡Quien voltee hacia atrás lo matamos!, les gritaron (https://bit.ly/3dRzPWQ).

Lo que Francisco Jiménez y sus compañeros vivieron, al ser detenidos al margen de cualquier protocolo legal por querer participar en una movilización pacífica para exigir justicia para Giovanni López, lo sufrieron también al menos 60 jóvenes más en Guadalajara. La Comisión de Derechos Humanos de la entidad calificó sus arrestos de desapariciones forzadas.

Giovanni fue un albañil de 30 años detenido el 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara, por no llevar mascarilla. Los patrulleros lo ejecutaron extrajudicialmente. Su crimen precipitó en la capital de Jalisco una ola de inconformidad entre la juventud que trató de ser sofocada mediante la fuerza bruta por el gobernador Enrique Alfaro.

Debido a la importancia y el peso económico de su estado, Alfaro desempeña un papel clave en la promoción y el liderazgo de una coalición de ocho gobernadores opositores a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, podría perfilarse como candidato presidencial de una hipotética alianza partidaria de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en los comicios de 2024.

Por lo pronto, el mandatario estatal arrancó 2020 chocando con el gobierno federal en torno a temas claves: el conteo de desaparecidos, la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

Enrique Alfaro ha navegado en las aguas de la política a bordo de distintos barcos. En 1994 se incorporó a las juventudes del PRI, donde militó hasta 2005. De allí saltó al PRD, controlado por el ex rector de la UdeG Raúl Padilla, con quien más adelante rompería. En 2012 se incorporó a Movimiento Ciudadano, partido que ganaría 24 presidencias municipales, 14 diputados locales y 10 federales.

Estridente, dotado de vocación y talante autoritarios, con un discurso de cero tolerancia en un estado que es cuna de uno de los grupos criminales más poderosos en el país (el CJNG), ante la crisis del coronavirus, Alfaro recurrió a la mano dura para obligar a la población a quedarse en casa y usar cubrebocas en la calle. Desde el pasado 20 de abril, cuando la medida entró en vigor, la policía se dedicó a arrestar a quienes no lo portaban. Decenas de ciudadanos fueron encarcelados. Giovanni López fue ejecutado extrajudicialmente en ese contexto.

Esta violencia policial no es inusual en Jalisco. Los niveles de tortura por parte de policías y ministeriales en la entidad están, como ha explicado Daniela Rea, por arriba de la media nacional (lo que ya es mucho decir). Entre 1997 y 2019, mil 530 víctimas de tortura presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sólo 4.7 logró recomendación (https://bit.ly/30gklbe).

Los días 4, 5 y 6 de junio, Guadalajara vivió días aterradores. Especialmente el 5, sufrió un tipo de represión desconocida hasta ese entonces, emparentada con el halconazo del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Y eso que hay una larga lista de violencia policiaca en contra de movimientos en la entidad. Dos ejemplos. La ejercida durante las protestas altermundistas en el marco de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe- Unión Europea del 28 de mayo de 2004. Y la perpetrada el 1º de diciembre de 2012, durante las movilizaciones de rechazo a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto convocadas por #YoSoy132, en la que los uniformados golpearon a muchas personas que pasaban por allí.

En esta ocasión la violencia policial, absolutamente irregular, fuera de cualquier protocolo y causa legal –utilizando vehículos particulares con placas ocultas, con agentes vestidos de civil realizando detenciones–, deja en el aire la pregunta: ¿quién dio la orden de actuar así? ¿Quién diseñó el operativo?

La ofensiva gubernamental fue acompañada de una campaña en redes, que apeló al racismo local, diciendo que los manifestantes no podían ser de allí porque eran muy morenos y no hay gente de piel tan oscura en Jalisco.

Aunque quiera zafarse del asunto, el halconazo tapatío es responsabilidad directa de Enrique Alfaro. Por más que quiera desvirtuar la inconformidad juvenil presentándola como producto de los pleitos del poder de arriba, en realidad es resultado legítimo del hartazgo ante su despotismo.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/opinion/015a1pol