Los acuerdos alcanzados por ministerios, socios de Gobierno y organizaciones LGTBI, no garantizan un debate armonioso de la norma en el Parlamento ni en las calles. Las organizaciones de defensa de las personas trans intentarán devolver contenido a la norma, mientras que parte del movimiento feminista presionará para eliminar conceptos.
Este martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar un anteproyecto de Ley que garantizará a nivel estatal los derechos de las personas trans y LGTBI. Un texto que llega tras casi un año de disputas políticas ente los socios del Gobierno de coalición; que ha precisado de largas y duras negociaciones entre Socialistas, Unidas Podemos, distintos ministerios, organizaciones LGTBI y ha levantado duras criticas por parte de un sector del feminismo. Ven en el articulado un peligro para los derechos de las mujeres y denuncian no haber sido siquiera escuchado en sus reivindicaciones.
Las distintas posiciones confían en que la ley pueda ser seriamente modificada a lo largo del trámite parlamentario, aunque en sentidos muy distintos. Las organizaciones LGTBI, el Ministerio de Igualdad y los grupos que sostienen al Gobierno intentarán devolverle al texto algunos de los artículos que se «cayeron» en la negociación en aras de un sutil consenso. Entre ellas, la capacidad de los menores a decidir su cambio de nombre y sexo desde los 12 años, tal como proponía el texto inicial presentado por el equipo de Irene Montero. Pero también a introducir de nuevo en el articulado la capacidad de las personas no binarias a poder marcar una tercera casilla en el DNI, entre otros.
Los partidos del bloque de la izquierda que sostienen al Gobierno (ERC, Más País/Equo, Compromís, Justs per Catalunya, BNG, CUP y Nueva Canarias) ) ya habían presentado en el Congreso una ley de derechos LGTBI muy similar a la anunciada en febrero pasado por el Ministerio de Igualdad y que no prosperó por la decisión del PSOE de abstenerse. Por lo que es previsible que vuelvan a intentar enmendar el texto para introducir aquellos aspectos que se han quedado descolgados de en el anteproyecto.
Por su parte, el Partido Socialista no sale bien parado de esta embestida. En febrero pasado, tras conocer el texto de la ley propuesta por Igualdad, el área de Igualdad del PSOE emitió un duro documento interno firmado por Carmen Calvo y José Luis Ávalos, en el que criticaba la autodeterminación de género y afirmaba estar «en contra de los posicionamiento que defienden que los sentimientos, expresiones y manifestaciones de la voluntad de la persona tienen automáticamente efectos jurídicos plenos». El denominado «derecho a la libre determinación de la identidad sexual» o «derecho a la autodeterminación sexual» carece de racionalidad jurídica.
Hace unos días, sin embargo, tras las negociaciones entre ministerios, otro argumentario interno del PSOE apuntaba en una dirección muy diferente. En él se explicaba a los cargos y portavoces del partido que «no modifica las leyes de igualdad entre mujeres y hombres y que no pone en el mismo plano a los colectivos LGTBI y a las mujeres, como hacían las versiones anteriores, que «mantiene intacta la legislación vigente en materia de Igualdad» y que «no confunde los conceptos de sexo y género».
Un cambio de postura que ha generado malestar entre muchas mujeres del partido y que ha creado un cisma con esa parte del feminismo radical que se ha enfrentado a diversos postulados de la norma y que afirman que darán la batalla en las instituciones. Este pasado sábado en una concentración en el centro de Madrid han pedido la dimisión de Irene Montero y han llamado a las representantes del PSOE en el Parlamento a romper la disciplina de voto.
Según la coalición Contra el borrado de las mujeres, formado por un centenar de organizaciones feministas, «como consecuencia de aceptar el ficcionado general del sexo legal, se diluyen las políticas públicas y las leyes a favor de la igualdad entre mujeres y hombres y contra la violencia hacia la mujeres, basadas todas ellas en el análisis feminista: nos matan, nos violen, nos pegan por haber nacido mujeres, no por sentirnos mujeres».
En relación a los menores, esta coalición afirma que el anteproyecto de ley «no preserva el interés superior del menor», sino que «promueve la terapia de conversión de los menores gays y lesbianas, al hacerles creer que su rechazo a los mandatos estereotipados de ´genero tienen su origen en haber nacido en un cuerpo equivocado».
Existe una división profunda en el movimiento feminista en relación a esta ley y a los derechos del colectivo LGTBI que se extenderá a lo largo de los varios meses, tal vez más de un año, que tarde el proyecto de ley en ver la luz tras su trámite parlamentario.
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