Human Rights Watch (HRW) reveló, tras conocer una base de datos de detenidos en el régimen de excepción, que más de 39,000 personas habían sido acusadas de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

Estos datos contienen información entre marzo y fines de agosto de 2022.

Al hacer una comparación con estos datos se puede verificar que muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).

Ante este panorama, Human Rights Watch destacó que el delito de “agrupaciones ilícitas” se define de una forma amplia e incompatible con estándares internacionales.

Además, advierten que los “tipos penales imprecisos” abren la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y “hacen poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.

Hacinamiento carcelario

Por otra parte, el informe detalla que hasta agosto pasado, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000. Esto supone un salto sustancial con respecto a cifras oficiales de febrero del 2021 en las que se estableció que el sistema penitenciario salvadoreño tenía capacidad para 30,000 personas.

Asimismo, el documento revela que más de 7,900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, lo cual duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en el país en febrero 2021.

Siempre sobre el hacinamiento, HRW indicó que la mayoría de los detenidos bajo el régimen fueron enviados al penal de Mariona, donde la población aumentó de 7,600 a 33,000; y a Izalco, donde pasó de 8,500 a 23,300.

Según los datos, se evidencia que hasta agosto 2022 “Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad”. Ante esto, Human Rights Watch considera que en el país hay un “hacinamiento extremo”.

HRW también expone que otros centros de detención, como el penal para mujeres de Ilopango y el de hombres de San Miguel, “tenían una población carcelaria seis veces superior a su capacidad”. Al respecto, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expresó en octubre del año pasado que las mujeres detenidas en Ilopango habían sido trasladadas a otra cárcel.

¿Qué dicen los expertos?

Para Oswaldo Feusier, penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “la filtración de datos confirma lo que ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces, sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos: que se trata de una política criminal fundamentada en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”.

Por su parte, el representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo” dijo que el régimen de excepción más que convertirse en un elemento jurídico para combatir la delincuencia se ha convertido más en un instrumento de tipo político que está siendo utilizado “para mantener la popularidad del gobierno como caballito de batalla”.

“El problema es que al estar siendo utilizado más con un fin político se olvida de que como instrumento jurídico debe garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas y de toda la población en general”, opinó.

Luego recordó que ya se ha demostrado a través de medios nacionales e internacionales que “ha existido detenciones de tipo ilegales” sin elementos de prueba suficientes para garantizar que la persona que se encuentra detenida se está beneficiando del vinculo que pudiera tener con una pandilla o con un miembro de pandilla o que este pertenezca en sí a la pandilla y que ayude a cometer delitos.

“Eso es una clara violación al derecho internacional de derechos humanos”, enfatizó. Por tanto, el experto dijo que “no es extraño que ahorita dentro de los centros penitenciarios se estén violentando derechos humanos de todos los privados de libertad, aun de gente inconsciente que ya lleva detenida casi el año de detención”.

Celia Medrano, especialista en derechos humanos, señaló la negación de información que existe aun en casos personas detenidas y que se bloquean por decisión estatal para que no se conozca la situación real de personas privadas de libertad.

En ese sentido advirtió que “el número de homicidios ocurridos en prisiones durante la vigencia de medidas permanentes de suspensión de garantías al debido proceso puede llegar a cientos”.

“No es exagerar que muchos de estos casos demorará años esclarecerlos puesto que las autoridades no notifican a familiares que sus parientes han sido asesinados en las prisiones y los entierran como personas no identificadas”, concluyó Medrano.

“Abusos a gran escala”

Así lo consideró en declaraciones a este medio, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al analizar la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional, Human Rights Watch, en la que se revelan “abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele, hacia los detenidos bajo el régimen de excepción.

Los registros analizados por HRW, correspondientes a una base de datos atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño.

El docente de la UCA consideró que la filtración confirma lo que “ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos”. “Se trata de una política criminal fundamentalmente para poder desarrollarse en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”, dijo Oswaldo Feusier en referencia al Estado de excepción.

3,102 casos

Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.

Ante este panorama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.