El Salvador: Más de mil menores han estado encarcelados por régimen de excepción

El Salvador: Más de mil menores han estado encarcelados por régimen de excepción

Human Rights Watch pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos”.

Por Milton Rodríguez 

“Abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele hacia los detenidos bajo el régimen de excepción. Eso se evidencia en la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional Human Rights Watch.

Los registros analizados por tal organismo muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño. Esto en el marco del Estado de excepción que se impulsa que impulsa el gobierno salvadoreño desde el 27 de marzo del 2022 y que ha prorrogado en 10 ocasiones, a pesar de fuertes cuestionamientos nacionales e internacionales por abusos de poder y capturas de personas inocentes.

Se trata de una base de datos, atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública en la que se enumera los nombres de personas procesadas entre marzo y fines de agosto de 2022 bajo tal medida.

El documento indica que miles de personas, incluidos cientos de niños y niñas, han sido detenidos y procesados por delitos definidos de manera amplia que violan las garantías básicas del debido proceso y socavan las perspectivas de justicia para las víctimas de la violencia de las pandillas.

Uno de los datos más preocupantes es que a finales de agosto, 1,082 menores detenidos durante el régimen de excepción (918 niños y 164 niñas) habían sido enviados a detención provisional, incluidos 21 que tenían 12 o 13 años. Estos encarcelamientos fueron posibles debido a las reformas aprobadas por los diputados de Bukele en abril del 2022 y que disminuyó la edad de imputabilidad penal de 16 a 12 años para los niños y niñas acusados de delitos relacionados con pandillas.

“Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción”, expresó Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de Human Rights Watch.

Una dato alarmante que revela el informe publicado este viernes es que “las autoridades salvadoreñas han sometido a las personas detenidas, incluyendo a cientos de niños, a un hacinamiento extremo en centros de detención abarrotados, y que han hecho muy poco para garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de los graves abusos cometidos por pandillas”.

Serias preocupaciones

Tras contrastar la información, HRW plantea serias preocupaciones sobre la cantidad de vulneraciones a los derechos humanos de los salvadoreños.

Por otro lado, el informe indica que 32 personas murieron bajo custodia, en su mayoría en los penales de Izalco y Mariona (La Esperanza). En noviembre, las autoridades salvadoreñas informaron que 90 personas detenidas habían fallecido desde marzo sin dar detalles de las condiciones en que se encontraban.

HRW destaca que hasta el mes de agosto, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000 personas. Esto contrasta con los datos oficiales brindados en febrero de 2021 cuando se dijo que el sistema penitenciario de El Salvador tenía capacidad para 300,000 personas.

Cuatro veces más detenidos

Por otra parte, el informe dice que la mayoría de los detenidos fueron enviados al penal Mariona, donde la población penitenciaria aumentó de 7,600 a 33,000, y al penal de Izalco, donde este incremento pasó de 8,500 a 23,300. Según la base de datos, al mes de agosto, Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad.

Un dato importante que se detalla en el escrito es que más de 39,000 personas habían sido acusadas del delito de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”. Es decir, que al hacer una comparación se puede verificar que son menos las personas que habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).

Sobre este punto, HRW señala que “el uso de estos tipos penales imprecisos abre la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y hace poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.

Es decir, el informe divulgado este viernes respalda los hallazgos presentados anteriormente por Human Rights Watch y Cristosal respecto a la sobrepoblación severa en centros penales y la muerte de personas en prisión. Y es que desde que comenzó el estado de excepción, policías y soldados han detenido a más de 61,000 personas. Alrededor de 3,000 han sido liberadas de prisión, algunos con medidas sustitutivas.

3,102 casos de denuncias

Tras conocer estos datos alarmantes, el organismo internacional recalcó que los abusos cometidos durante el régimen de excepción han sido posibilitados gracias al desmantelamiento acelerado de las instituciones democráticas encabezado por el presidente Nayib Bukele desde que asumió el cargo en 2019, ya que actualmente ningún órgano gubernamental independiente puede servir como freno o contrapeso al poder ejecutivo o garantizar reparaciones y justicia para las víctimas de abusos.

Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.

Ante este parama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.

Agrupaciones ilícitas es “poco preciso” y da paso a capturas arbitrarias, advierte HRW

Así lo afirma Human Rights Watch. Ellos consideran que es una tipología penal imprecisa, pero que ha llevado a la captura de decenas de miles de salvadoreños.

Human Rights Watch (HRW) reveló, tras conocer una base de datos de detenidos en el régimen de excepción, que más de 39,000 personas habían sido acusadas de “agrupaciones ilícitas” y más de 8,000 por ser miembros de una “organización terrorista”.

Estos datos contienen información entre marzo y fines de agosto de 2022.

Al hacer una comparación con estos datos se puede verificar que muchas menos personas habían sido acusadas de delitos violentos, como homicidio (148 personas, es decir, menos del 0.3 % de los detenidos) o agresión sexual (303 personas, es decir, menos del 0.6 %).

Ante este panorama, Human Rights Watch destacó que el delito de “agrupaciones ilícitas” se define de una forma amplia e incompatible con estándares internacionales.

Además, advierten que los “tipos penales imprecisos” abren la puerta a detenciones arbitrarias de personas sin conexión relevante con las actividades de las pandillas y “hacen poco para garantizar la justicia por los abusos violentos de las pandillas, como asesinatos y violaciones sexuales”.

Hacinamiento carcelario

Por otra parte, el informe detalla que hasta agosto pasado, más de 50,000 personas habían sido enviadas a detención provisional, elevando la población penitenciaria a más de 86,000. Esto supone un salto sustancial con respecto a cifras oficiales de febrero del 2021 en las que se estableció que el sistema penitenciario salvadoreño tenía capacidad para 30,000 personas.

Asimismo, el documento revela que más de 7,900 mujeres habían sido enviadas a detención provisional, lo cual duplica la cantidad total de mujeres que se encontraban detenidas en el país en febrero 2021.

Siempre sobre el hacinamiento, HRW indicó que la mayoría de los detenidos bajo el régimen fueron enviados al penal de Mariona, donde la población aumentó de 7,600 a 33,000; y a Izalco, donde pasó de 8,500 a 23,300.

Según los datos, se evidencia que hasta agosto 2022 “Mariona tenía cuatro veces más detenidos de los que podía albergar, y la cifra en Izalco triplicaba su capacidad”. Ante esto, Human Rights Watch considera que en el país hay un “hacinamiento extremo”.

HRW también expone que otros centros de detención, como el penal para mujeres de Ilopango y el de hombres de San Miguel, “tenían una población carcelaria seis veces superior a su capacidad”. Al respecto, el director general de Centros Penales, Osiris Luna Meza, expresó en octubre del año pasado que las mujeres detenidas en Ilopango habían sido trasladadas a otra cárcel.

¿Qué dicen los expertos?

Para Oswaldo Feusier, penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), “la filtración de datos confirma lo que ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces, sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos: que se trata de una política criminal fundamentada en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”.

Por su parte, el representante de la organización “Los siempre sospechosos de todo” dijo que el régimen de excepción más que convertirse en un elemento jurídico para combatir la delincuencia se ha convertido más en un instrumento de tipo político que está siendo utilizado “para mantener la popularidad del gobierno como caballito de batalla”.

“El problema es que al estar siendo utilizado más con un fin político se olvida de que como instrumento jurídico debe garantizar los derechos humanos de todas las personas detenidas y de toda la población en general”, opinó.

Luego recordó que ya se ha demostrado a través de medios nacionales e internacionales que “ha existido detenciones de tipo ilegales” sin elementos de prueba suficientes para garantizar que la persona que se encuentra detenida se está beneficiando del vinculo que pudiera tener con una pandilla o con un miembro de pandilla o que este pertenezca en sí a la pandilla y que ayude a cometer delitos.

“Eso es una clara violación al derecho internacional de derechos humanos”, enfatizó. Por tanto, el experto dijo que “no es extraño que ahorita dentro de los centros penitenciarios se estén violentando derechos humanos de todos los privados de libertad, aun de gente inconsciente que ya lleva detenida casi el año de detención”.

Celia Medrano, especialista en derechos humanos, señaló la negación de información que existe aun en casos personas detenidas y que se bloquean por decisión estatal para que no se conozca la situación real de personas privadas de libertad.

En ese sentido advirtió que “el número de homicidios ocurridos en prisiones durante la vigencia de medidas permanentes de suspensión de garantías al debido proceso puede llegar a cientos”.

“No es exagerar que muchos de estos casos demorará años esclarecerlos puesto que las autoridades no notifican a familiares que sus parientes han sido asesinados en las prisiones y los entierran como personas no identificadas”, concluyó Medrano.

Informe de HRW confirma que régimen de excepción es “una política criminal”

Oswaldo Feusier dijo que la filtración de información confirma lo que “ya es un secreto a voces en los tribunales del país y han gritado las organizaciones de derechos humanos”.

El informe de Human Rights Watch confirma que el régimen de excepción, impulsado por el gobierno de Nayib Bukele, desde marzo del 2022, es “una política criminal” que sirve para ejecutar violaciones sistemáticas, graves y generalizadas a los derechos humanos de personas inocentes.

“Abusos a gran escala”

Así lo consideró en declaraciones a este medio, Oswaldo Feusier, abogado penalista y docente de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), al analizar la filtración de una base de datos a la que ha tenido acceso la organización internacional, Human Rights Watch, en la que se revelan “abusos a gran escala” de parte de autoridades del gobierno de Nayib Bukele, hacia los detenidos bajo el régimen de excepción.

Los registros analizados por HRW, correspondientes a una base de datos atribuida a una fuente de confianza al Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, muestran violaciones masivas del debido proceso, hacinamiento extremo en centros penales y muerte de personas bajo custodia del Estado salvadoreño.

El docente de la UCA consideró que la filtración confirma lo que “ya es un secreto a voces en los tribunales del país y lo que no es un secreto a voces sino que han gritado las organizaciones de derechos humanos”. “Se trata de una política criminal fundamentalmente para poder desarrollarse en la violación sistemática, grave y generalizada de derechos humanos para personas inocentes”, dijo Oswaldo Feusier en referencia al Estado de excepción.

3,102 casos

Hasta el 9 de enero del 2023, Cristosal registró 3,102 casos de denuncias de violaciones a derechos humanos bajo la medida excepcional.

Ante este panorama, HRW pide al gobierno de Bukele “reemplazar el régimen de excepción con una estrategia sostenible y respetuosa de los derechos humanos para abordar la violencia de pandillas y proteger a la población de los abusos que estas cometen”.

Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/el-salvador-mas-de-mil-menores-han-estado-encarcelados-por-regimen-de-excepcion/

 

 

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