Por: Jeannette Aguilar
El rol de la educación formal en una sociedad trasciende la mera transmisión de saberes y competencias académicas. Espacios de socialización primaria como la escuela juega un papel central en la formación de la identidad personal y colectiva, y en la interiorización de normas, valores sociales y formas de conducta que permiten a los niños y niñas integrarse y reconocerse como parte de una sociedad. La escuela construye conocimientos y competencias en la infancia que moldean las formas de pensar, actuar e interpretar el mundo.
La educación es además el eje central sobre el que se articula el progreso económico de un país y un vehículo para promover la movilidad social, reducir las desigualdades y dotar a las juventudes de las capacidades para adaptarse a los nuevos desafíos del mercado.
En una sociedad democrática y moderna, la educación apuesta por la formación de ciudadanos con pensamiento crítico y valores democráticos, que defienden sus derechos y participan activamente en la esfera pública.
También, como es sabido, hay una estrecha relación entre la educación y la prevención de la violencia. La inversión pública en la educación sigue siendo una eficaz política de prevención, dado su importante rol como factor de protección ante la violencia. La evidencia empírica en diversos países ha mostrado que mayores niveles educativos y mejor calidad de la educación son predictores de la reducción de la violencia juvenil. Contrario a ello, problemas como la deserción escolar han mostrado ser un factor de riesgo para la participación de las personas jóvenes en actividades criminales; de allí que diversas intervenciones de prevención de la violencia se han enfocado en aumentar la asistencia escolar y el tiempo de permanencia de niños y adolescentes en la escuela.
El Salvador, con su largo historial de violencia está siguiendo un rumbo contrario. En contrasentido con su publicitada apuesta por la seguridad, los gobiernos de Bukele han profundizado la crisis educativa mediante un mayor abandono de las escuelas y un acelerado desmontaje del sistema educativo público. La cartera de educación ha sido una de las más afectadas por recortes presupuestarios en los últimos años e indicadores de cobertura y calidad educativa disponibles muestran un severo deterioro. A la precaria situación de muchos centros educativos en términos de infraestructura, materiales, acceso tecnológico y déficit docente, se ha sumado el cierre de docenas de escuelas y el despido de miles de docentes, la mayoría mediante procedimientos irregulares y mecanismos intimidatorios.
El brazo represivo del régimen de excepción también ha llegado también a las escuelas e institutos de educación media. Docentes han denunciado que desde 2022 las direcciones departamentales de educación han impuesto a los centros educativos públicos el uso de una “ficha de disciplina escolar” en la que consignan el comportamiento irregular de los estudiantes dentro y fuera de los centros educativos. El perfilamiento conductual de algunos jóvenes, aun cuando no está referido a delitos ha derivado en diversos casos en la intervención policial, captura y procesamiento penal de estudiantes. Se trata de un mecanismo de disciplinamiento represivo de aquellos estudiantes que no encajen en la norma, y su consecuente estigmatización y criminalización. Esta medida podría estar contribuyendo al abandono escolar de muchos niños y adolescentes dado el temor de ellos y sus familiares de que sean criminalizados y encarcelados.
Este escenario dibuja un progresivo desmontaje del sistema de educación pública que ha sido concomitante al grado de avance del régimen autoritario de Bukele. En este contexto, el nombramiento de una capitana del ejército como ministra de Educación, sin experiencia ni conocimientos sobre gestión educativa, no es del todo sorprendente. La intervención militar de las escuelas mediante el nombramiento de cuadros castrenses y reformas educativas que buscaban forjar ciudadanos sumisos y obedientes, fueron claves para el avance de los proyectos dictatoriales del siglo XX en El Salvador y otros países latinoamericanos. Mediante el control del sistema educativo, las dictaduras han pretendido suprimir el pensamiento crítico, imponer sus valores, ideologías, narrativas y un pensamiento único destinado a homogenizar a la población. Con ello, han buscado eliminar las disidencias y moldear una masa de ciudadanos obedientes, leales y sumisos que faciliten su perpetuación en el poder.
Si bien la conversación nacional parece haber orbitado en las últimas semanas alrededor de los cortes de pelo estilo militar que ha impuesto la nueva ministra en las escuelas, no cabe duda de que El Salvador se encamina a una nueva era de militarismo, marcada por el desmedido influjo de los militares en las instituciones sociales y políticas, que trasciende la militarización de los espacios civiles y apuesta por instaurar una hegemonía ideológica y cultural que les facilite a Bukele y al grupo gobernante su perpetuación en el poder.
El militarismo en la educación para el control ideológico y social
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