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¿Quedarse en casa?

Por: Stavros Stavrides

“Quédese en casa, manténgase a salvo” ha sido un lema utilizado por muchos gobiernos para garantizar que las medidas tomadas para limitar la pandemia sean aceptadas por las poblaciones urbanas que quedan a merced del miedo y la desesperanza. Sin embargo, esto no fue solo una medida de control y protección. Lo que realmente ha surgido durante los días de la pandemia es una destrucción permanente de lo común, entendido como el ámbito de la corresponsabilidad y el compartir en y de la ciudad. Y este proceso de destrucción incluye dos partes complementarias: la redefinición del espacio público y la redefinición del espacio doméstico. Las políticas de bloqueo se han dirigido directamente a restringir los usos del espacio público en nombre de evitar el contacto con posibles portadores del virus. Los encuentros con otras personas se demonizaban si no se consideraban actos ilegales y signos de “comportamiento irresponsable”. Aunque la mayoría de las personas a menudo se ven obligadas a tocar a otras personas en autobuses y trenes subterráneos abarrotados, se anunció que cruzar caminos en público es una condición arriesgada y peligrosa. Se alienta que prevalezcan la sospecha y el miedo, supuestamente como una forma de promover la protección individual. En muchos casos se desarrolla una vigilancia exteriormente militarizada del espacio público, siendo el ejemplo más profundo la vigilancia de la población por parte del Estado chino. Según la actual mutación de la retórica neoliberal, la «mano invisible del mercado» (considerada como el mecanismo para asegurar el «desarrollo» y la prosperidad), es menos confiable que el «puño de hierro del Estado» (considerado como el mecanismo para asegurar la satisfacción de lo considerado como la necesidad más crucial, la seguridad). El espacio público, así, se convierte en el lienzo de la obediencia, más que en el escenario de la pluralidad.

Por otro lado, la casa se convierte en el único lugar en el que los habitantes de la ciudad deben desarrollar sus vivencias sociales y reproducir su existencia social, obligados como están a quedarse en casa. Como sabemos, en muchas sociedades el hogar es mucho más que el contenedor de la vida individualizada, de la privacidad individual. Las familias (nucleares o extensas), así como los diferentes grupos de convivencia, son a menudo en tales sociedades nodos de redes de ayuda y apoyo mutuo, aunque también pueden generar antagonismo. Obligar a las personas a quedarse en casa significa también convertir las potencialidades de colaboración que se hacen posibles a través de estas redes en amenazas inminentes de incomodidad y enfrentamiento. Sin la experiencia de la vida pública mediada por intercambios vecinales y encuentros urbanos, el hogar se convierte en prisión. Y aquellos que se ven obligados a tolerarse mutuamente en todos y cada uno de los momentos del día, reaccionan de maneras que promueven, hasta un grado paroxístico, asimetrías de poder y antagonismos.

No es casualidad que los casos de violencia intrafamiliar se hayan multiplicado en este contexto. Tener que trabajar en casa (teletrabajo), dar clases o estudiar en casa (teleeducación), entretenerse en casa (tele-cine, tele-ejercicio, etc.) e incluso consultar a médicos de la misma forma (tele (consejos, telepsicoanálisis, etc.), significa tener que hacer frente a prioridades contrastantes dentro de un espacio limitado y en el contexto de diversas necesidades relacionadas con la edad, el género, la educación, la salud, etc. se reduce así a la producción de micro-mundos completamente separados y listos para explotar.

Por supuesto, también hay quienes no tienen una casa donde quedarse. Los que viven en la calle y, a menudo, participan en redes extremadamente complejas de supervivencia cotidiana en y a través de las transacciones callejeras. Y en muchas partes del mundo son un gran porcentaje de la población. Para ellos, la campaña “quédese en casa” simplemente significa mantenerse fuera de la vista. Desaparecer. Abandonar la ciudad. «Realmente no nos importa si sobrevives», parecen decir las élites gobernantes a esas personas. Aparte de su evidente cinismo, este enfoque destruye una peculiaridad doméstica, una apropiación hogareña del espacio público que es una de las corrientes más cruciales de la vida en la ciudad.

Recuperar el espacio público frente a medidas injustas y altamente discriminatorias significa, en efecto, recuperar las plazas y calles como espacios en los que las personas pueden desarrollar las reglas de uso común e inclusivo. Sin embargo, «mantenerse a salvo» significa garantizar la protección higiénica para todos, así como la protección de las políticas que apuntan explícitamente a promover el poder y las ganancias de unos pocos al tiempo que limitan los derechos de la mayoría. Para recuperar la ciudad y el derecho a la ciudad necesitamos recuperar, al mismo tiempo, las potencialidades de la convivencia doméstica. Walter Benjamin, mientras observa la vida en mitad de la guerra en Nápoles, ha señalado: “… la casa es mucho menos el refugio al que se refugia la gente que el depósito inagotable de donde sale la inundación”. ¿No es esta quizás una forma de imaginar un espacio urbano común después de una pandemia? Una especie de espacio producido, desarrollado y soñado como ámbito y medio de una sociedad basada en el cuidado mutuo, la igualdad y la libertad.

Fuente de la información e imagen: https://desinformemonos.org/

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¿Quién tiene derecho a defenderse: el verdugo o su víctima?

Por: María Landi

A quienes conocemos y apoyamos la causa palestina nos resulta casi tan intolerable como las vidas perdidas en cada nuevo ataque israelí la forma en que los medios hegemónicos ‘informan’ sobre lo que está pasando. El economista y político griego Yanis Varoufakis lo expresó así hoy: «Imaginen que los reportes sobre los disturbios en Soweto contra el Apartheid no mencionaran nunca el Apartheid, sino que se concentraran únicamente en la violencia de los jóvenes o en la pérdida de vidas y bienes causada por los militantes negros. Esto es lo que nos encontramos hoy en los informes de los medios de comunicación occidentales sobre Palestina. Cuando la verdad es sustituida por el silencio, dijo una vez un disidente, el silencio es una mentira. Y cuando esta mentira se refiere a la limpieza étnica de una población nativa y a la instalación de un estado de apartheid, quienes perpetúan la mentira a sabiendas son partícipes del crimen.»

Mientras leo las cifras crecientes de muertes en Gaza (más de 100, incluyendo 22 niñas/os), es imposible no recordar la brutal masacre cometida allí por Israel en julio-agosto de 2014: 2200 personas asesinadas en 20 días, 550 de ellas niñas y niños, decenas de miles heridas y mutiladas. Es imposible, también, olvidar que cuando hace tres años la población de Gaza decidió protestar pacíficamente contra el bloqueo en la llamada Gran Marcha del Retorno, fue también masacrada por francotiradores apostados en la valla que encierra a Gaza. El saldo de esas protestas semanales pacíficas fue igualmente sangriento: centenares perdieron la vida y decenas de miles recibieron heridas irreversibles; los soldados israelíes usaron balas especiales que pulverizan los huesos, y cientos de jóvenes fueron amputados.

Y sin embargo los medios continúan condenando la violencia de Hamas. En el mejor de los casos se habla de un “conflicto”, y la comunidad internacional llama a “ambas partes” a cesar las hostilidades. Como si se tratara de dos países vecinos que se disputan un territorio. No se dice que de un lado hay una potencia militar y nuclear (la cuarta del mundo) que recibe millones en ayuda estadounidense y del otro un pueblo oprimido que no tiene ejército ni tanques ni aviones de guerra, y que resiste como puede el robo cotidiano de su tierra y su agua, el asesinato y encarcelamiento de sus jóvenes y una vida entera carente de todos los derechos fundamentales.

Pero esa falsa asimetría desaparece del discurso cuando se afirma que “Israel tiene derecho a defenderse”. ¿Acaso el pueblo palestino no tiene derecho a defenderse? ¿Realmente el victimario tiene derecho a defenderse de su víctima? Digámoslo claramente: según el Derecho Internacional Humanitario que rige para Palestina, una potencia ocupante no tiene derecho a defenderse del pueblo que mantiene bajo ocupaciónPor el contrario: Israel como potencia ocupante tiene el deber de velar por la seguridad de la población y el territorio que ocupa.

El lenguaje del ‘conflicto’ y del ‘enfrentamiento’ que iguala al ocupante y al ocupado, al colonizador y al colonizado, oculta que el origen de la cuestión palestina-israelí es un proyecto colonial de asentamiento –el sionismo− surgido en Europa a fines del siglo XIX que se propuso conquistar la tierra de Palestina, expulsar a su población árabe nativa y sustituirla por personas judías provenientes de todo el mundo. Tras un proceso masivo de inmigración judía europea, facilitado por el Mandato Británico en las primeras décadas del siglo XX y acelerado por el nazismo, el Estado de Israel fue creado en 1948 sobre las ruinas de 500 localidades palestinas destruidas tras una violenta campaña de limpieza étnica (Nakba o ‘catástrofe’ en árabe) que asesinó a unas 30.000 personas, expulsó a otras 800.000 y las convirtió en refugiadas a las que hasta hoy no se les permite regresar (ni a sus descendientes) porque son una amenaza demográfica para el Estado judío.

El falso mito fundacional sionista que prometía “una tierra sin gente para un pueblo sin tierra”, ignorando y despreciando ─como todo proyecto colonial─ a la población nativa, significa en la práctica apoderarse del máximo de tierra con el mínimo de árabes. De esa población excedente hay que deshacerse, ya sea por métodos violentos (como ahora en Gaza) o perversamente sofisticados, como el complejo sistema de ocupación y colonización en Cisjordania y Jerusalén, o las más de 50 leyes que discriminan a la población árabe dentro de Israel. El objetivo es que todos se vayan. Porque más allá de la retórica para consumo occidental sobre “los dos Estados”, en el proyecto sionista no hubo nunca lugar para la población palestina.

Ese sistema de dominación fue por fin calificado este año de apartheid por la principal organización internacional de derechos humanos, Human Rights Watch, y por la más importante de Israel, B’Tselem. Superando la falsa separación entre el Israel ‘democrático’ y los territorios que ocupa y coloniza, se afirma inequívocamente que «En toda la región entre el Mar Mediterráneo y el río Jordán, el régimen israelí implementa leyes, prácticas y violencia estatal con un diseño destinado a cimentar la supremacía de un grupo: el judío, sobre otro: el palestino

Pero de esto no hablan los medios occidentales. Para ellos la noticia empieza siempre con la primera víctima israelí o el primer cohete disparado desde Gaza, sin antecedentes ni contexto. Mientras no lanzan cohetes, los medios ignoran la lenta agonía que es la vida cotidiana para los dos millones de personas encerradas en esa gran cárcel israelí que es la Franja de Gaza, bloqueada por aire, tierra y mar desde hace 14 años. No es noticia que el agua esté contaminada, la energía eléctrica limitada a unas horas diarias, los hospitales desabastecidos, la economía destruida, el desempleo generalizado y las perspectivas de futuro reducidas a escombros igual que las viviendas con cada periódico bombardeo israelí. Como escribió un joven de Gaza: «Aquí estamos sangrando en silencio, todo el tiempo. Independientemente de esta o aquella guerra. (…) tenemos que elegir entre una muerte rápida en tiempos de guerra o una muerte silenciosa bajo el bloqueo».

Del mismo modo, los medios occidentales ignoraron la escalada de ataques y provocaciones de colonos y tropas israelíes que la población palestina de Jerusalén Este venía sufriendo desde el comienzo del Ramadán. Ignoraron las marchas de judíos extremistas por las calles de la Ciudad Vieja gritando consignas racistas como “muerte a los árabes” y prometiendo quemar sus casas y aldeas. Ignoraron las vallas colocadas por la policía israelí en la explanada de la Puerta de Damasco, la principal entrada a la Ciudad Vieja (y centro neurálgico de la vida social y económica palestina) para impedir las reuniones festivas que tienen lugar allí al caer el sol cuando se rompe el ayuno.

Ignoraron también la inminente expulsión de familias palestinas del barrio Sheikh Jarrah por parte de organizaciones de colonos judíos que pretenden quedarse con sus viviendas. No fue noticia que tras décadas defendiendo sus hogares en una lucha desigual, Sheikh Jarrah se convirtiera en símbolo de resistencia a la limpieza étnica y la judaización violenta que Israel lleva a cabo en Jerusalén. Ni fue noticia la brutal represión de la policía y los ataques de colonos armados contra la gente de Sheikh Jarrah y de muchas localidades palestinas de Israel (pues la de Cisjordania no tiene permitido entrar a Jerusalén) que llegó para solidarizarse.

Tampoco fue noticia la violencia arrogante con que las fuerzas israelíes armadas a guerra irrumpieron en la Explanada de las Mezquitas durante las oraciones del viernes y el sábado; ni siquiera cuando el lunes invadieron la mezquita de Al Aqsa (el lugar más sagrado para el pueblo palestino) armados a guerra, disparando, gaseando e hiriendo a más de 400 fieles y convirtiendo la mezquita en un campo de batalla. Quizás no hubo portadas ni titulares porque las víctimas eran musulmanas, los victimarios judíos y el templo destrozado no era una sinagoga ni una iglesia. Pero las imágenes del ataque dieron la vuelta al mundo en tiempo real y causaron indignación en las redes sociales. Y también llegaron a Gaza.

Los medios tampoco informaron que Hamas dio un ultimátum a Israel exigiéndole que antes de las 6 de la tarde retirara sus tropas de Al-Aqsa y de Sheikh Jarrah. El ultimátum fue ignorado, y los primeros cohetes fueron lanzados desde Gaza. Esta vez no buscaban llamar la atención sobre el bloqueo intolerable que sufren sus habitantes, sino decirle a Israel que no puede atacar Jerusalén durante semanas y esperar que la resistencia no responda.

Como expresaron Ibrahim y Afaf, jóvenes de Gaza: «No es sólo una conexión religiosa. El pueblo palestino ve a Jerusalén como una parte inseparable de su identidad nacional y de su historia. En los últimos días, cientos de palestinos de Gaza han salido a la calle a manifestar su rabia por lo que está ocurriendo en Jerusalén y en Sheikh Jarrah.» «Es un sentimiento. Y es que, al fin y al cabo, los palestinos estamos dispersos por todo el mundo. (…) Pero cuando se trata de Jerusalén, todos somos uno. En una realidad de total segregación entre las distintas comunidades palestinas, esta ciudad es el último fragmento de nuestra unidad. Eso es lo que alimentó la ira en Gaza hacia lo que está sucediendo en Sheikh Jarrah, la Puerta de Damasco y la Mezquita de Al-Aqsa

A lo largo de la Historia ningún pueblo oprimido dejó de resistir. La violencia continúa porque la Nakba −de la que se cumplen 73 años este mes− continúa todos los días sobre la tierra de Palestina. «Los viejos morirán y los jóvenes olvidarán» afirmó Ben Gurión. Pero ese pueblo tiene memoria y se niega a desaparecer; aun en el exilio o en los campos de refugiados, las familias conservan las llaves de las casas que les robaron y las pasan a las nuevas generaciones; y estas aprenden desde la cuna que Palestina es su patria y que “existir es resistir”.

Fuente: desinformemonos.

Ilustraciones: Latuff

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Mujeres qom defienden su derecho a una vida digna en el norte de Argentina

Mujeres Qom del Impenetrable Chaqueño se organizan desde hace muchos años para defender su derecho a una vida digna y el respeto a las mujeres originarias. Están avanzando en la lucha, están organizadas y hacen un llamado a ser escuchadas, a que se reconozca su organización llamada Onoleq Laxariq Onoxanxaicpi.

Esta lucha surge de un proceso de largos años de caminata por la senda de reconocerse mujeres hacedoras de vida, sostenedoras de familias, quienes tienen derechos. Años de sometimiento fuera y dentro de la comunidad, peleando por que su voz sea escuchada y tomada en cuenta en las decisiones. Años peleando por igualdad de condiciones y que se cumpla lo decidió en asamblea, años que las llevaron a alejarse y construir algo que intenta ser nuevo para todas, basándose en el respeto, la horizontalidad y la asamblea.

Hace unos días salieron a la ruta para llevar adelante un reclamo que viene de hace años. Desarrollo Social de la provincia del Chaco les debe el pago de todo el 2020 de un Convenio con su Cooperativa de artesanía tradicional, y el Instituto de Vivienda de la provincia hace cuatro años que debía avanzar con las reformas y ampliaciones de viviendas a las que se había comprometido.

Las mujeres qom piden respeto y que se cumpla la palabra empeñada, así como ser escuchadas. Salen a luchar y llaman a que se difunda su palabra.

Comparten esta carta dirigida a la Vice Gobernadora de Chaco:

Fuente e imagen: desinformemonos.org

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Buscar en vida: entre la realidad y la utopía


Por: Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez / Colectivo Hasta Encontrarles CDMX – GIASF*

Las familias de personas desaparecidas en México nos han enseñado muchas cosas, entre todas hay dos que considero fundamentales: que a los seres queridos se les busca porque se les ama y que buscándoles nos encontramos. No hay simpleza en estas enseñanzas.

Por un lado, el amor como razón suficiente para buscar es la respuesta al estigma que culpabiliza a la víctima por su desaparición y demuestra que el derecho primordial a la vida entraña el derecho a no ser desaparecido/a. Por otro lado, la búsqueda de una persona se manifiesta con una potencia que resignifica nuestra vida vincular, es decir, nuestra vida en tejido social, arraigada a una comunidad en donde la solidaridad recíproca es fundamental para reconstruir los vínculos sociales. Por eso, buscar a una persona es parte de una demanda ética y política que trasciende la consanguinidad.

La historia de la desaparición de personas es la de decenas de miles de familias que todos los días hacen grietas a los paisajes del terror. La imagen de mujeres y hombres con absoluta disposición a descifrar los rastros del crimen de la desaparición es omnipresente: los extensos campos  de entierros clandestinos intervenidos cuidadosa y amorosamente por familias dedicadas a la búsqueda, son transformados en espacios de encuentro. Al desarticular el ocultamiento sistemático de los cuerpos, quienes buscan, desafían al silenciamiento social, la soledad, al olvido y la indiferencia.

Aunque el fenómeno de la desaparición de personas en México se ha dimensionado a partir de la cantidad de fosas clandestinas descubiertas y la exhumación masiva de restos humanos, la búsqueda de personas se ha diversificado. No sólo se busca en tierra, también se busca en agua. No sólo se busca en muerte, también se busca en vida.

La demanda generalizada de garantías para realizar búsquedas en vida implica una doble demostración: quienes buscan a un ser querido han hecho germinar una comprensión avanzada sobre las violencias que desde hace años azotan a nuestras comunidades en México. Al mismo tiempo, han puesto en evidencia que si una gran cantidad de personas desaparecidas han tenido como destino final la muerte, el ocultamiento y/o destrucción de su cuerpo, es en gran medida por el ejercicio burocrático, dilatorio e indolente de las instituciones encargadas de buscarlas.

La búsqueda en vida es irrenunciable. Los y las buscadoras saben que la desaparición es el extremo de una cadena de otros crímenes que, si se revelan con prontitud, amplían las posibilidades de encontrar a sus seres queridos con vida. La complejidad de la búsqueda en vida consiste en cierta forma en poder determinar el crimen o los crímenes ocultos tras la desaparición. Tal como lo advierten las familias: la desaparición no siempre es sinónimo de muerte.

El trabajo periodístico “El desafío de buscarles vivos” realizado por Paloma Robles y que forma parte de la serie Camino a encontrarles: Historias de Búsquedas de A dónde van los desaparecidos, recupera la experiencia del colectivo “Búsqueda Nacional en Vida”. Tal como se muestra en esta investigación, el trabajo desarrollado y los aprendizajes adquiridos de las familias que forman parte del mismo, no sólo desafían a las prácticas institucionales que perpetúan el crimen de la desaparición, también materializan espacios de futuros reencuentros.

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX. Foto: Mitzi Robles

La búsqueda en vida es uno de los diversos métodos que familiares de víctimas han implementado para localizar a sus seres queridos, la lógica que entraña es la misma que ha encauzado la amplia organización de colectivos de familiares de personas desaparecidas a largo del país:, la de luchar y resistir contra las prácticas que convierten a las personas desaparecidas en una estadística de muerte. Es un proceso complejo que, además de tener como objetivo central la recuperación de personas en vida, aporta elementos importantes para comprender el fenómeno de la desaparición. Esta no es una cuestión menor: la comprensión de un problema nos da la posibilidad de buscar mecanismos para atender sus causas.

Los y las buscadoras se han vuelto expertas, entre otras muchas cosas, en reconocer y distinguir los tipos específicos de violencias que afectan a las personas desaparecidas. Así lo señalan de muchas maneras las madres y hermanas del colectivo Búsqueda Nacional en Vida cuando sostienen que sus familiares pueden estar siendo víctimas de trata, trabajo forzado o imposibilitados por alguna razón para volver a casa.

La construcción de estos saberes dentro de los colectivos de búsqueda es el fundamento del desarrollo cada vez más especializado de prácticas de búsqueda innovadoras. Salir a las calles o ingresar a centros de detención, hospitales, psiquiátricos, albergues, etc., significa trazar una ruta de esperanza. Las familias saben que al preguntar en estos sitios pueden encontrar información o pistas sobre el paradero de sus seres queridos, pero también pueden encontrar en vida a los seres queridos de otras familias y propiciar reencuentros no previstos pero anhelados como si fueran los propios.

Buscar en vida posee una importancia que cada vez se hace más visible. Las historias de localizaciones y reencuentros están sucediendo y, a pesar de que todavía no forman parte de la narrativa imperante, van trazando nuevos espacios de solidaridad y esperanza.  Recientemente se publicó Caminos para la Búsqueda en vida, una guía que sistematiza experiencias y saberes de colectivos y familias que no han dejado de buscar a sus desaparecidos con vida -en cuyo equipo redactor participé-. Esos caminos que ahí se hilvanan son sinuosos; con muchos riesgos, pocos recursos económicos y muchas afectaciones físicas y psicológicas, los y las buscadoras con saberes y dolores acumulados, pero también con espontaneidad e ingenio, irrumpen en este país de fosas y defienden la vida.

Hay muchos ejemplos de esto: el pasado mes de febrero, en el estado de Veracruz, colectivos de familias de personas desaparecidas lanzaron la iniciativa de sembrar un árbol por cada persona desaparecida para mostrar que las desapariciones suceden todos los días y que es importante trabajar en su prevención y erradicación; en la Ciudad de México hay familias que salen a ofrecer comida a personas que se encuentran en situación de calle, el día que se cumple otro mes de la desaparición de sus seres queridos, así resignifican la ausencia y buscan en solidaridad con quienes lo necesitan.

Buscar también se ha convertido en un trabajo de sensibilización y concientización social. Por todo esto, considero necesario preguntarnos sobre lo que estamos haciendo, o no, para que quienes sobreviven a la desaparición encuentren entornos seguros y redes humanas de apoyo que colaboren en la restitución de sus derechos. En esto y en la búsqueda concreta de las personas que han sido desaparecidas, nuestra corresponsabilidad es impostergable.


*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos.

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Violencia feminicida y ambiental


Por: Francesca Gargallo Celentani


Hablar de violencia en México es como hablar de la cuerda en casa del ahorcado. El tema se soslaya, seguramente no se saca a relucir en una plática familiar, menos en época de pandemia o frente a unas anheladas vacaciones. Pero está siempre ahí, es el oxígeno de un aire rarefacto que, cuando las y los familiares de personas desaparecidas y las madres y feministas contra el feminicidio sacan a relucir, indigna, asusta y revela que ha afectado a la casi totalidad de las personas que viven en México. 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, un incremento del 1.7% anual de los feminicidios, una parte del territorio controlada por la delincuencia, secuestros, extorsiones, trata de personas, persecución en las comunidades indígenas, preocupa a quien la ve crecer por la impunidad que brinda la omisión en la procuración de justicia.

En el medio de una zona violenta que va del sur de Estados Unidos a Nicaragua, con una frontera enorme con el primer consumidor de drogas del mundo, un territorio que muchos desplazados en las últimas décadas dejaron despoblado y por tanto apto para la “cocina” de drogas y el escondite de personas tratadas, México es también un país que está en el ojo de los intereses estadounidenses y, por tanto, es constantemente monitoreado.

En su frontera sur, sin embargo, están tres de los países más violentos del mundo de donde la población huye por violencia política de Estado y empresas que actúan como instituciones, violencia económica y violencia colectiva y territorial de pandillas. Con estos comparte violencias identificables: las violencias feminicidas y transfeminicidas y la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.  Las y los dirigentes comunitarios son particularmente vulnerables. Si bien la mitad de las 212 personas defensoras del agua y la tierra asesinadas en el último año lo fueron en Colombia y Filipinas, Honduras, Guatemala y México les siguen. Corrupción, impunidad y machismo tienen mucho que ver. Los intereses sobre la tierra y los recursos naturales responden a la demanda de los consumidores y cada vez son más pesados. Minería, agronegocios, represas, termoeléctricas o la explotación de madera buscan entrar cada vez a nuevos territorios, en los cuales las empresas, de acuerdo con políticos corruptos, usan todos los medios, entre ellos los de la delincuencia organizada, para imponer sus proyectos o castigar a los dirigentes que se lo impiden.

La violencia contra las mujeres no es menos brutal y se entrecruzan en toda la región. El 6 de abril se reabrirá el juicio contra David Castillo, mandatario del asesinato de la dirigente lenca, feminista comunitaria y defensora ambiental Berta Cáceres. Durante cinco años, los tribunales hondureños lo protegieron postergando la presentación de pruebas, que lo hunden. La pregunta que flota en el aire es ¿quién estaba detrás del mandante? ¿Acaso la poderosa familia Atala, dueña de la empresa que logró concesiones ilegales sobre el río Gualcarque que Berta Cáceres y el pueblo lenca defendieron? Los mandantes no siempre se mandan solos.

En las ciudades mexicanas es imposible no percibir la rabia que despierta la violencia regional entre cada vez más jóvenes que se organizan. En particular, la violencia policial y parapolicial contra las mujeres en México ha generado respuestas internacionales, no solo insospechados y tendenciosos apoyos de fuerzas políticas disímbolas que esperan, sosteniendo las protestas públicas de las feministas, golpear al gobierno. Pero es imposible recuperar el feminismo por la derecha. Frente al hecho que la policía de una ciudad como Aguascalientes, pequeña capital de un pequeño estado ganadero e industrial a 500 kilómetros al noroeste de la capital, el 8 de marzo persiguió montada en motocicleta, como moderno cuerpo de vaqueros, y armada de palo a 6.000 manifestantes que se defendieron con las cruces con los nombres de las 90 víctimas de feminicidio del Estado, parece caricaturesco frente a que cinco meses antes, el 10 de noviembre de 2020, la policía de Cancún, ciudad turística a 2.350 kilómetros al sureste de la capital, disolvió a tiros una manifestación espontánea contra dos feminicidios ocurridos durante el fin de semana.

Meses después, a pocos kilómetros de ahí, en la playa de Tulum asesinaron a Victoria Salazar, una refugiada salvadoreña a la que sometieron hasta asesinarla. La policía de Jalisco tortura a las mujeres presas según patrones de violencia sexual y de género que maximizan el daño, haciéndolo irreversible. El recuento de la violencia policíaca, negada hasta la evidencia, en ocasiones usando el pretexto de que las policías que se envían a las manifestaciones son “también” mujeres es enorme. Amenazas de violación, intimidación, tocamientos, insultos, golpes, intentos de desnudamientos acompañan casi siempre las persecuciones y detenciones de mujeres.

Las feministas lo saben. De hecho, el cambio en las formas de las manifestaciones urbanas en agosto de 2019 se debió a agresiones policiacas a mujeres en una patrulla y en un museo. Entonces estalló la rabia: Si te dañan, lo rompo todo. Me defienden mis amigas, no la policía. Violan mujeres, protegen monumentos. ¡Si fuera policía, yo lo abortaría! Estas consignas y muchas más son la directamente dirigidas a la policía. Las feministas saben también que, a pesar de ello, a la policía se le reclama un trabajo: la procuración de justicia, pues la violencia golpea en muchos más frentes: parejas y ex parejas, transeúntes, agentes del crimen organizado, compañeros y maestros de escuela…

Fuente: https://desinformemonos.org/violencia-feminicida-y-ambiental/

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Habitar un país que no reconoce la violencia sistémica contra las mujeres… migrantes y refugiadas

Mujeres Transnacionales/Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)

El pasado 27 de marzo policías de Tulum, Quintana Roo, asesinaron a Victoria, una mujer salvadoreña que desde 2018 fue reconocida como refugiada en México. Ella, como casi todas las mujeres migrantes y refugiadas en el país, trabajaba en el sector servicios, en un hotel. Era madre de dos adolescentes. Victoria fue sometida por 4 policías, y de acuerdo con el dictamen de la necropsia tuvo una fractura en la parte superior de la columna producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra, provocando su muerte.

Desde las organizaciones que apoyamos día con día a las mujeres migrantes y sus familias, nos quedamos horrorizadas al ver como quienes están encargados de proteger a la sociedad podrían matar a una mujer con ese nivel de brutalidad, pudiendo prevenirse. Sin conocer los detalles, nos preguntamos cuáles de las características interseccionales de vulnerabilidad de Victoria habrían intervenido para que la policía, en ese momento, no temiera las consecuencias, no siguiera los protocolos del uso de la fuerza, ni para llamar a una ambulancia cuando ella ya no respondía. ¿Fue por que era mujer, por ser extranjera, por el color de su piel, por su edad, por parecer de bajos recursos económicos?

No sabemos, pero intuimos que más allá de los factores de discriminación, la impunidad se destaca como factor principal que hizo que siguieran con la rodilla sobre su cuello. El hecho de que alguien haya filmado el momento y que las organizaciones feministas se hayan movilizado en redes inmediatamente es lo que nos da la posibilidad de buscar justicia para Victoria. Esa es la repugnante e importante diferencia entre el caso de Victoria y los otros feminicidios, homicidios y actos violentos en contra de la población migrante por parte de las autoridades, que han ocurrido en los últimos años y que no han producido la misma reacción del Estado, ni las mismas investigaciones, ni cobertura mediática, ni reclamo de la sociedad.

Y, aun así, como sociedad, nos quedamos cortas. Las imágenes de los policías matando a Victoria con el uso excesivo de la fuerza, según se aprecia en diferentes vídeos, recordaban lo sucedido en mayo de 2020 en Estados Unidos con George Floyd. Sin embargo, a diferencia de ese hecho, no ocupó las primeras planas de todos los diarios nacionales, no hubo marchas tumultuarias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en razón de género, profundamente arraigadas en México. Incluso, algunos medios de comunicación hablaban de “muere mujer migrante”. Victoria no murió, a Victoria la mataron. La forma de describir los hechos, y la reacción de la sociedad son importantes para empezar a revertir la plaga de la impunidad, pero el sistema de justicia penal también tiene que cambiar para que no sea la sociedad quien, a través de videos de celular, recolecta la evidencia y hace la investigación.

El caso de Victoria no es aislado o la excepción, pero si es emblemático del uso excesivo de la fuerza de la policía y de lo que viven las personas migrantes y refugiadas y sus familias. En diciembre de 2018, una mujer es asesinada por policías de Veracruz mientras disparaban a un vehículo en la carretera La Venta – Agua Dulce. En marzo de 2020 circuló un vídeo en el que policías de Tijuana asfixian a un hombre y, hace pocos días, el 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas por accidente.

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales han documentado, desde hace décadas, la violencia que viven las mujeres migrantes, principalmente durante su detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en su tránsito por el país, y el incremento de la violencia por parte de la policía, el ejército y, recientemente, la Guardia Nacional al realizar labores de contención migratoria. Incluso, el 27 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 50/2020 por las agresiones contra personas migrantes en los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de inconstitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

Las imágenes y videos nos permitieron conocer el caso de Victoria, pero ¿cuántas mujeres migrantes o refugiadas han sido asesinadas por uso excesivo de la fuerza de la policía o de militares o de la Guardia Nacional o de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Es poco probable que lo sepamos ya que no existe un registro nacional que nos permita conocer los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

Hoy, a unos días del asesinato de Victoria aún hay muchas incógnitas que resolver, pero por sobre todas las cosas es necesario que el gobierno federal y local garanticen una investigación pronta y transparente como feminicidio, por uso excesivo de la fuerza, un proceso que garantiza la reparación del daño, y la no repetición. Medidas de no repetición, que tendrían que incluir reformas estructurales al sistema de seguridad pública de Quintana Roo, más allá de capacitaciones en el uso de la fuerza. Así como medidas para que las policías tuvieran sueldos y condiciones de trabajo dignos, que fuera respetado su trabajo y que tuvieran el cien por ciento de certeza que violar los protocolos tendrá consecuencias.

El sistema de justicia penal no puede regresar a Victoria, pero su vida tendrá continuación a través de sus dos hijas adolescentes que quedaron sin madre.  ¿Ahora dónde encontrarán seguridad si no pueden vivir en El Salvador, pero su país de refugio tampoco las puede proteger? Esta es una tarea profunda que nos toca resolver para lograr elementos de justicia en el caso.

Aún si un primer paso fue la vinculación a proceso y medidas cautelares que ordenó un Juez de Control del Distrito de Tulum, Quintana Roo, quien resolvió vincular a proceso a los 4 policías por el delito de feminicidio en agravio de Victoria Salazar, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 3 de abril. En tanto, el cuerpo de Victoria será repatriado, en un vuelo privado, en compañía de su familia y sus hijas quienes irán a El Salvador a despedirse de su madre. Lo que sigue, es la protección de las niñas para que no tengan que vivir con la misma inseguridad que su mamá.

#JusticiaParVictoria seguirá siendo la consigna, por ella, por sus hijas, y por todas las mujeres migrantes y refugiadas que son asesinadas en este país.


*Gretchen Kuhher: Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI). Abogada, especialista en la participación de las mujeres en la migración desde una perspectiva de género.


Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/habitar-un-pais-que-no-reconoce-la-violencia-sistemica-contra-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/

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Quién pone el planeta al límite

Por: Verónica Villa Arias

El Centro de Resiliencia de Estocolmo desarrolló en 2009 el marco llamado “límites planetarios”, o la capacidad de la biósfera para recuperarse de perturbaciones ocasionadas principalmente por actividades humanas. Los límites planetarios son los “espacios operativos seguros” o umbrales más allá de los cuales el futuro de la humanidad y del resto de los seres vivos se pone en peligro.

Los límites planetarios son1 (1) cambio climático, (2) integridad de la biosfera, (3) acidificación de los océanos, (4) uso de agua dulce, (5) cambio en el uso de suelo, (6) ciclo del fósforo y el nitrógeno, (7) el agotamiento de la capa de ozono, (8) la carga de aerosoles atmosféricos y, (9) entidades nuevas: pesticidas, organismos transgénicos, nanomateriales y plásticos.

En 2015, una revisión mostró que cuatro de los nueve límites se han traspasado: cambio climático, integridad de la biosfera, uso del suelo, y alteración del ciclo del fósforo y el nitrógeno.

La producción agropecuaria y la deforestación ocasionan al menos 50% de los gases con efecto de invernadero que son la causa principal del cambio climático. La inmensa mayoría de estas emisiones proviene de los sistemas alimentarios industriales y comerciales.

Hemos perdido 680 especies de vertebrados y desde 1970 se redujeron en 40% las especies terrestres, 84% de especies de agua dulce y 35% de especies marinas.

La deforestación está desbordada. En 2009 el estudio de los límites planetarios indicó que deberían conservarse al menos 75 por ciento de los bosques existentes para asegurar el futuro de la humanidad, y actualmente hay menos del 62 por ciento, lo que impacta dramáticamente el clima, la seguridad alimentaria y el acceso al agua dulce. La mitad de los bosques que una vez cubrieron el planeta ya desaparecieron.

Desde 1970, la agricultura industrial es causa principal de deforestación en 46 países cercanos a los trópicos, la mayoría, de bajos ingresos. Sólo en América Latina, 42 millones de hectáreas cambiaron de bosque a tierra agrícola por la ganadería industrial, un área equivalente a la cuarta parte de México. 17 por ciento de la selva amazónica se ha perdido, y los científicos dicen que si llega al 25 por ciento, podría colapsarse irreversiblemente el pulmón terrestre más importante del mundo.

El fósforo y el nitrógeno se han sacado de lo profundo de la tierra para fabricar fertilizantes sintéticos para la producción industrial de alimentos. La presencia de estos minerales en la superficie terrestre aumentó más del doble de lo que serían sus ciclos naturales. Hay exceso de fósforo y nitrógeno en prácticamente todos los cuerpos de agua del mundo, y el daño que causan a la pesca y al clima es particularmente dramático en las costas de India, el Mar de China Meridional y el Golfo de México, que recibe escurrimientos contaminantes desde Estados Unidos.

Un tercio de los acuíferos más grandes del mundo están dañados. 17 países que son hogar de la cuarta parte de todos los habitantes del mundo sufren escasez de agua. Según las tendencias actuales, 5 mil 700 millones de personas no tendrán agua para 2050.

La producción industrial de alimentos es uno de los principales motores que empujan los límites planetarios, e irónicamente, también sufrirá las consecuencias. Pronto podría haber enormes amenazas a la productividad en muchos de los graneros del mundo. La degradación del suelo por el cultivo abusivo de tierras deforestadas, y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas ya afecta la nutrición de 3 mil 700 millones de personas. Las variedades comerciales de plantas y razas de animales, criadas intensivamente para obtener rendimiento, uniformidad y estabilidad, son vulnerables a todas las formas de ataque ambiental. La caída drástica en la producción de alimentos se considera la mayor amenaza que presenta el cambio climático.

33% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. 30 millones de personas empleadas en la pesca comercial y 800 millones más que practican pesca artesanal están en peligro de perder su sustento. Los ecosistemas de arrecifes, que proporcionan alimentos, medios de vida y defensas contra tormentas para 500 millones de personas en las zonas costeras tropicales, son particularmente vulnerables. Casi un tercio de los arrecifes están amenazados y todos los corales tropicales pueden perderse si aumenta la temperatura global promedio 2oC en los próximos años.

Las pérdidas de hielo de Groenlandia se multiplicaron por ocho los últimos 30 años. En 2050, 150 millones de personas vivirán bajo la marea alta.

Es crucial enfatizar que la industria, el comercio de recursos naturales y la producción de alimentos ultra-procesados están en el centro de la destrucción. Cuando nos hablan estos desastres, muchas veces quieren hacernos sentir partícipes a todos, pero son los gobiernos irresponsables, de la mano de las corporaciones, quienes toman decisiones sobre los bosques, el agua, las plantas y animales de toda la humanidad. Es el capitalismo sometiendo todos los ciclos naturales y sociales, desafiando los límites de destrucción que permiten la habitalibidad del planeta, según el ejercicio científico del Centro de Resiliencia de Estocolmo.

Necesitamos la información, aunque desnude las contradicciones en las que estamos atrapados. Consumimos electrónicos, comida procesada, automóviles. ¿De dónde viene esta imposición? ¿en qué medida? ¿cómo explicar a las generaciones que siguen el grado de destrucción que este sistema económico está dejando? Saber los límites planetarios es uno de los puntos de partida para tener futuro, para poder imaginarlo más allá del monopolio industrial del pensamiento, que nos promueve que ya no hay otra forma de existir.

* Este texto se basa en información de las investigadoras Louise Vandelac y Marie-Hélène Bacon, 2020: Planetary Boundaries and the Global Agrifood System: The Looming Environmental, Human and Social Crises, CREPPA, Université du Québec à Montréal, de próxima aparición.

1 Diagrama (en inglés) de los límites planetarios en el sitio web del Centro de Resiliencia de Estocolmo: https://stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Fuente: https://desinformemonos.org/quien-pone-el-planeta-al-limite/

imagen: J. Lokrantz, Centro de Resiliencia de Estocolmo

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