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Buscar en vida: entre la realidad y la utopía

Desinformemonos
Por: Mitzi Elizabeth Robles Rodríguez / Colectivo Hasta Encontrarles CDMX – GIASF*

Las familias de personas desaparecidas en México nos han enseñado muchas cosas, entre todas hay dos que considero fundamentales: que a los seres queridos se les busca porque se les ama y que buscándoles nos encontramos. No hay simpleza en estas enseñanzas.

Por un lado, el amor como razón suficiente para buscar es la respuesta al estigma que culpabiliza a la víctima por su desaparición y demuestra que el derecho primordial a la vida entraña el derecho a no ser desaparecido/a. Por otro lado, la búsqueda de una persona se manifiesta con una potencia que resignifica nuestra vida vincular, es decir, nuestra vida en tejido social, arraigada a una comunidad en donde la solidaridad recíproca es fundamental para reconstruir los vínculos sociales. Por eso, buscar a una persona es parte de una demanda ética y política que trasciende la consanguinidad.

La historia de la desaparición de personas es la de decenas de miles de familias que todos los días hacen grietas a los paisajes del terror. La imagen de mujeres y hombres con absoluta disposición a descifrar los rastros del crimen de la desaparición es omnipresente: los extensos campos  de entierros clandestinos intervenidos cuidadosa y amorosamente por familias dedicadas a la búsqueda, son transformados en espacios de encuentro. Al desarticular el ocultamiento sistemático de los cuerpos, quienes buscan, desafían al silenciamiento social, la soledad, al olvido y la indiferencia.

Aunque el fenómeno de la desaparición de personas en México se ha dimensionado a partir de la cantidad de fosas clandestinas descubiertas y la exhumación masiva de restos humanos, la búsqueda de personas se ha diversificado. No sólo se busca en tierra, también se busca en agua. No sólo se busca en muerte, también se busca en vida.

La demanda generalizada de garantías para realizar búsquedas en vida implica una doble demostración: quienes buscan a un ser querido han hecho germinar una comprensión avanzada sobre las violencias que desde hace años azotan a nuestras comunidades en México. Al mismo tiempo, han puesto en evidencia que si una gran cantidad de personas desaparecidas han tenido como destino final la muerte, el ocultamiento y/o destrucción de su cuerpo, es en gran medida por el ejercicio burocrático, dilatorio e indolente de las instituciones encargadas de buscarlas.

La búsqueda en vida es irrenunciable. Los y las buscadoras saben que la desaparición es el extremo de una cadena de otros crímenes que, si se revelan con prontitud, amplían las posibilidades de encontrar a sus seres queridos con vida. La complejidad de la búsqueda en vida consiste en cierta forma en poder determinar el crimen o los crímenes ocultos tras la desaparición. Tal como lo advierten las familias: la desaparición no siempre es sinónimo de muerte.

El trabajo periodístico “El desafío de buscarles vivos” realizado por Paloma Robles y que forma parte de la serie Camino a encontrarles: Historias de Búsquedas de A dónde van los desaparecidos, recupera la experiencia del colectivo “Búsqueda Nacional en Vida”. Tal como se muestra en esta investigación, el trabajo desarrollado y los aprendizajes adquiridos de las familias que forman parte del mismo, no sólo desafían a las prácticas institucionales que perpetúan el crimen de la desaparición, también materializan espacios de futuros reencuentros.

Colectivo Hasta Encontrarles CDMX. Foto: Mitzi Robles

La búsqueda en vida es uno de los diversos métodos que familiares de víctimas han implementado para localizar a sus seres queridos, la lógica que entraña es la misma que ha encauzado la amplia organización de colectivos de familiares de personas desaparecidas a largo del país:, la de luchar y resistir contra las prácticas que convierten a las personas desaparecidas en una estadística de muerte. Es un proceso complejo que, además de tener como objetivo central la recuperación de personas en vida, aporta elementos importantes para comprender el fenómeno de la desaparición. Esta no es una cuestión menor: la comprensión de un problema nos da la posibilidad de buscar mecanismos para atender sus causas.

Los y las buscadoras se han vuelto expertas, entre otras muchas cosas, en reconocer y distinguir los tipos específicos de violencias que afectan a las personas desaparecidas. Así lo señalan de muchas maneras las madres y hermanas del colectivo Búsqueda Nacional en Vida cuando sostienen que sus familiares pueden estar siendo víctimas de trata, trabajo forzado o imposibilitados por alguna razón para volver a casa.

La construcción de estos saberes dentro de los colectivos de búsqueda es el fundamento del desarrollo cada vez más especializado de prácticas de búsqueda innovadoras. Salir a las calles o ingresar a centros de detención, hospitales, psiquiátricos, albergues, etc., significa trazar una ruta de esperanza. Las familias saben que al preguntar en estos sitios pueden encontrar información o pistas sobre el paradero de sus seres queridos, pero también pueden encontrar en vida a los seres queridos de otras familias y propiciar reencuentros no previstos pero anhelados como si fueran los propios.

Buscar en vida posee una importancia que cada vez se hace más visible. Las historias de localizaciones y reencuentros están sucediendo y, a pesar de que todavía no forman parte de la narrativa imperante, van trazando nuevos espacios de solidaridad y esperanza.  Recientemente se publicó Caminos para la Búsqueda en vida, una guía que sistematiza experiencias y saberes de colectivos y familias que no han dejado de buscar a sus desaparecidos con vida -en cuyo equipo redactor participé-. Esos caminos que ahí se hilvanan son sinuosos; con muchos riesgos, pocos recursos económicos y muchas afectaciones físicas y psicológicas, los y las buscadoras con saberes y dolores acumulados, pero también con espontaneidad e ingenio, irrumpen en este país de fosas y defienden la vida.

Hay muchos ejemplos de esto: el pasado mes de febrero, en el estado de Veracruz, colectivos de familias de personas desaparecidas lanzaron la iniciativa de sembrar un árbol por cada persona desaparecida para mostrar que las desapariciones suceden todos los días y que es importante trabajar en su prevención y erradicación; en la Ciudad de México hay familias que salen a ofrecer comida a personas que se encuentran en situación de calle, el día que se cumple otro mes de la desaparición de sus seres queridos, así resignifican la ausencia y buscan en solidaridad con quienes lo necesitan.

Buscar también se ha convertido en un trabajo de sensibilización y concientización social. Por todo esto, considero necesario preguntarnos sobre lo que estamos haciendo, o no, para que quienes sobreviven a la desaparición encuentren entornos seguros y redes humanas de apoyo que colaboren en la restitución de sus derechos. En esto y en la búsqueda concreta de las personas que han sido desaparecidas, nuestra corresponsabilidad es impostergable.

*El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo (Ver más: www.giasf.org)

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

Publicado originalmente en A dónde van los desaparecidos.

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Violencia feminicida y ambiental

Desinformemonos

Por: Francesca Gargallo Celentani

Hablar de violencia en México es como hablar de la cuerda en casa del ahorcado. El tema se soslaya, seguramente no se saca a relucir en una plática familiar, menos en época de pandemia o frente a unas anheladas vacaciones. Pero está siempre ahí, es el oxígeno de un aire rarefacto que, cuando las y los familiares de personas desaparecidas y las madres y feministas contra el feminicidio sacan a relucir, indigna, asusta y revela que ha afectado a la casi totalidad de las personas que viven en México. 27 homicidios por cada 100.000 habitantes, un incremento del 1.7% anual de los feminicidios, una parte del territorio controlada por la delincuencia, secuestros, extorsiones, trata de personas, persecución en las comunidades indígenas, preocupa a quien la ve crecer por la impunidad que brinda la omisión en la procuración de justicia.

En el medio de una zona violenta que va del sur de Estados Unidos a Nicaragua, con una frontera enorme con el primer consumidor de drogas del mundo, un territorio que muchos desplazados en las últimas décadas dejaron despoblado y por tanto apto para la “cocina” de drogas y el escondite de personas tratadas, México es también un país que está en el ojo de los intereses estadounidenses y, por tanto, es constantemente monitoreado.

En su frontera sur, sin embargo, están tres de los países más violentos del mundo de donde la población huye por violencia política de Estado y empresas que actúan como instituciones, violencia económica y violencia colectiva y territorial de pandillas. Con estos comparte violencias identificables: las violencias feminicidas y transfeminicidas y la violencia contra defensoras y defensores de derechos humanos y de la naturaleza.  Las y los dirigentes comunitarios son particularmente vulnerables. Si bien la mitad de las 212 personas defensoras del agua y la tierra asesinadas en el último año lo fueron en Colombia y Filipinas, Honduras, Guatemala y México les siguen. Corrupción, impunidad y machismo tienen mucho que ver. Los intereses sobre la tierra y los recursos naturales responden a la demanda de los consumidores y cada vez son más pesados. Minería, agronegocios, represas, termoeléctricas o la explotación de madera buscan entrar cada vez a nuevos territorios, en los cuales las empresas, de acuerdo con políticos corruptos, usan todos los medios, entre ellos los de la delincuencia organizada, para imponer sus proyectos o castigar a los dirigentes que se lo impiden.

La violencia contra las mujeres no es menos brutal y se entrecruzan en toda la región. El 6 de abril se reabrirá el juicio contra David Castillo, mandatario del asesinato de la dirigente lenca, feminista comunitaria y defensora ambiental Berta Cáceres. Durante cinco años, los tribunales hondureños lo protegieron postergando la presentación de pruebas, que lo hunden. La pregunta que flota en el aire es ¿quién estaba detrás del mandante? ¿Acaso la poderosa familia Atala, dueña de la empresa que logró concesiones ilegales sobre el río Gualcarque que Berta Cáceres y el pueblo lenca defendieron? Los mandantes no siempre se mandan solos.

En las ciudades mexicanas es imposible no percibir la rabia que despierta la violencia regional entre cada vez más jóvenes que se organizan. En particular, la violencia policial y parapolicial contra las mujeres en México ha generado respuestas internacionales, no solo insospechados y tendenciosos apoyos de fuerzas políticas disímbolas que esperan, sosteniendo las protestas públicas de las feministas, golpear al gobierno. Pero es imposible recuperar el feminismo por la derecha. Frente al hecho que la policía de una ciudad como Aguascalientes, pequeña capital de un pequeño estado ganadero e industrial a 500 kilómetros al noroeste de la capital, el 8 de marzo persiguió montada en motocicleta, como moderno cuerpo de vaqueros, y armada de palo a 6.000 manifestantes que se defendieron con las cruces con los nombres de las 90 víctimas de feminicidio del Estado, parece caricaturesco frente a que cinco meses antes, el 10 de noviembre de 2020, la policía de Cancún, ciudad turística a 2.350 kilómetros al sureste de la capital, disolvió a tiros una manifestación espontánea contra dos feminicidios ocurridos durante el fin de semana.

Meses después, a pocos kilómetros de ahí, en la playa de Tulum asesinaron a Victoria Salazar, una refugiada salvadoreña a la que sometieron hasta asesinarla. La policía de Jalisco tortura a las mujeres presas según patrones de violencia sexual y de género que maximizan el daño, haciéndolo irreversible. El recuento de la violencia policíaca, negada hasta la evidencia, en ocasiones usando el pretexto de que las policías que se envían a las manifestaciones son “también” mujeres es enorme. Amenazas de violación, intimidación, tocamientos, insultos, golpes, intentos de desnudamientos acompañan casi siempre las persecuciones y detenciones de mujeres.

Las feministas lo saben. De hecho, el cambio en las formas de las manifestaciones urbanas en agosto de 2019 se debió a agresiones policiacas a mujeres en una patrulla y en un museo. Entonces estalló la rabia: Si te dañan, lo rompo todo. Me defienden mis amigas, no la policía. Violan mujeres, protegen monumentos. ¡Si fuera policía, yo lo abortaría! Estas consignas y muchas más son la directamente dirigidas a la policía. Las feministas saben también que, a pesar de ello, a la policía se le reclama un trabajo: la procuración de justicia, pues la violencia golpea en muchos más frentes: parejas y ex parejas, transeúntes, agentes del crimen organizado, compañeros y maestros de escuela…

Fuente: https://desinformemonos.org/violencia-feminicida-y-ambiental/

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Habitar un país que no reconoce la violencia sistémica contra las mujeres… migrantes y refugiadas

Desinformemonos
Mujeres Transnacionales/Instituto Para Las Mujeres En La Migración, AC (IMUMI)

El pasado 27 de marzo policías de Tulum, Quintana Roo, asesinaron a Victoria, una mujer salvadoreña que desde 2018 fue reconocida como refugiada en México. Ella, como casi todas las mujeres migrantes y refugiadas en el país, trabajaba en el sector servicios, en un hotel. Era madre de dos adolescentes. Victoria fue sometida por 4 policías, y de acuerdo con el dictamen de la necropsia tuvo una fractura en la parte superior de la columna producida por la ruptura de la primera y segunda vertebra, provocando su muerte.

Desde las organizaciones que apoyamos día con día a las mujeres migrantes y sus familias, nos quedamos horrorizadas al ver como quienes están encargados de proteger a la sociedad podrían matar a una mujer con ese nivel de brutalidad, pudiendo prevenirse. Sin conocer los detalles, nos preguntamos cuáles de las características interseccionales de vulnerabilidad de Victoria habrían intervenido para que la policía, en ese momento, no temiera las consecuencias, no siguiera los protocolos del uso de la fuerza, ni para llamar a una ambulancia cuando ella ya no respondía. ¿Fue por que era mujer, por ser extranjera, por el color de su piel, por su edad, por parecer de bajos recursos económicos?

No sabemos, pero intuimos que más allá de los factores de discriminación, la impunidad se destaca como factor principal que hizo que siguieran con la rodilla sobre su cuello. El hecho de que alguien haya filmado el momento y que las organizaciones feministas se hayan movilizado en redes inmediatamente es lo que nos da la posibilidad de buscar justicia para Victoria. Esa es la repugnante e importante diferencia entre el caso de Victoria y los otros feminicidios, homicidios y actos violentos en contra de la población migrante por parte de las autoridades, que han ocurrido en los últimos años y que no han producido la misma reacción del Estado, ni las mismas investigaciones, ni cobertura mediática, ni reclamo de la sociedad.

Y, aun así, como sociedad, nos quedamos cortas. Las imágenes de los policías matando a Victoria con el uso excesivo de la fuerza, según se aprecia en diferentes vídeos, recordaban lo sucedido en mayo de 2020 en Estados Unidos con George Floyd. Sin embargo, a diferencia de ese hecho, no ocupó las primeras planas de todos los diarios nacionales, no hubo marchas tumultuarias contra el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía, contra el racismo, la xenofobia y la discriminación en razón de género, profundamente arraigadas en México. Incluso, algunos medios de comunicación hablaban de “muere mujer migrante”. Victoria no murió, a Victoria la mataron. La forma de describir los hechos, y la reacción de la sociedad son importantes para empezar a revertir la plaga de la impunidad, pero el sistema de justicia penal también tiene que cambiar para que no sea la sociedad quien, a través de videos de celular, recolecta la evidencia y hace la investigación.

El caso de Victoria no es aislado o la excepción, pero si es emblemático del uso excesivo de la fuerza de la policía y de lo que viven las personas migrantes y refugiadas y sus familias. En diciembre de 2018, una mujer es asesinada por policías de Veracruz mientras disparaban a un vehículo en la carretera La Venta – Agua Dulce. En marzo de 2020 circuló un vídeo en el que policías de Tijuana asfixian a un hombre y, hace pocos días, el 30 de marzo de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional admite que un militar mató a un migrante guatemalteco en Chiapas por accidente.

Organizaciones de la sociedad civil mexicana y organismos internacionales han documentado, desde hace décadas, la violencia que viven las mujeres migrantes, principalmente durante su detención migratoria por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), en su tránsito por el país, y el incremento de la violencia por parte de la policía, el ejército y, recientemente, la Guardia Nacional al realizar labores de contención migratoria. Incluso, el 27 de octubre de 2020 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite la Recomendación 50/2020 por las agresiones contra personas migrantes en los municipios de Suchiate y Frontera Hidalgo, Chiapas, por parte de elementos del INM y de la Guardia Nacional. Actualmente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene en sus manos la revisión de inconstitucionalidad de la participación de la Guardia Nacional en labores de control migratorio.

Las imágenes y videos nos permitieron conocer el caso de Victoria, pero ¿cuántas mujeres migrantes o refugiadas han sido asesinadas por uso excesivo de la fuerza de la policía o de militares o de la Guardia Nacional o de los agentes del Instituto Nacional de Migración? Es poco probable que lo sepamos ya que no existe un registro nacional que nos permita conocer los tipos y modalidades de violencia de la que son objeto. Entre 2014 y 2016, del total de delitos cometidos contra la población migrante, el 99 por ciento de los casos quedo impune.

Hoy, a unos días del asesinato de Victoria aún hay muchas incógnitas que resolver, pero por sobre todas las cosas es necesario que el gobierno federal y local garanticen una investigación pronta y transparente como feminicidio, por uso excesivo de la fuerza, un proceso que garantiza la reparación del daño, y la no repetición. Medidas de no repetición, que tendrían que incluir reformas estructurales al sistema de seguridad pública de Quintana Roo, más allá de capacitaciones en el uso de la fuerza. Así como medidas para que las policías tuvieran sueldos y condiciones de trabajo dignos, que fuera respetado su trabajo y que tuvieran el cien por ciento de certeza que violar los protocolos tendrá consecuencias.

El sistema de justicia penal no puede regresar a Victoria, pero su vida tendrá continuación a través de sus dos hijas adolescentes que quedaron sin madre.  ¿Ahora dónde encontrarán seguridad si no pueden vivir en El Salvador, pero su país de refugio tampoco las puede proteger? Esta es una tarea profunda que nos toca resolver para lograr elementos de justicia en el caso.

Aún si un primer paso fue la vinculación a proceso y medidas cautelares que ordenó un Juez de Control del Distrito de Tulum, Quintana Roo, quien resolvió vincular a proceso a los 4 policías por el delito de feminicidio en agravio de Victoria Salazar, en la audiencia que se llevó a cabo el pasado 3 de abril. En tanto, el cuerpo de Victoria será repatriado, en un vuelo privado, en compañía de su familia y sus hijas quienes irán a El Salvador a despedirse de su madre. Lo que sigue, es la protección de las niñas para que no tengan que vivir con la misma inseguridad que su mamá.

#JusticiaParVictoria seguirá siendo la consigna, por ella, por sus hijas, y por todas las mujeres migrantes y refugiadas que son asesinadas en este país.

*Gretchen Kuhher: Directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI). Abogada, especialista en la participación de las mujeres en la migración desde una perspectiva de género.

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/habitar-un-pais-que-no-reconoce-la-violencia-sistemica-contra-las-mujeres-migrantes-y-refugiadas/

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Quién pone el planeta al límite

Desinformemonos

Por: Verónica Villa Arias

El Centro de Resiliencia de Estocolmo desarrolló en 2009 el marco llamado “límites planetarios”, o la capacidad de la biósfera para recuperarse de perturbaciones ocasionadas principalmente por actividades humanas. Los límites planetarios son los “espacios operativos seguros” o umbrales más allá de los cuales el futuro de la humanidad y del resto de los seres vivos se pone en peligro.

Los límites planetarios son1 (1) cambio climático, (2) integridad de la biosfera, (3) acidificación de los océanos, (4) uso de agua dulce, (5) cambio en el uso de suelo, (6) ciclo del fósforo y el nitrógeno, (7) el agotamiento de la capa de ozono, (8) la carga de aerosoles atmosféricos y, (9) entidades nuevas: pesticidas, organismos transgénicos, nanomateriales y plásticos.

En 2015, una revisión mostró que cuatro de los nueve límites se han traspasado: cambio climático, integridad de la biosfera, uso del suelo, y alteración del ciclo del fósforo y el nitrógeno.

La producción agropecuaria y la deforestación ocasionan al menos 50% de los gases con efecto de invernadero que son la causa principal del cambio climático. La inmensa mayoría de estas emisiones proviene de los sistemas alimentarios industriales y comerciales.

Hemos perdido 680 especies de vertebrados y desde 1970 se redujeron en 40% las especies terrestres, 84% de especies de agua dulce y 35% de especies marinas.

La deforestación está desbordada. En 2009 el estudio de los límites planetarios indicó que deberían conservarse al menos 75 por ciento de los bosques existentes para asegurar el futuro de la humanidad, y actualmente hay menos del 62 por ciento, lo que impacta dramáticamente el clima, la seguridad alimentaria y el acceso al agua dulce. La mitad de los bosques que una vez cubrieron el planeta ya desaparecieron.

Desde 1970, la agricultura industrial es causa principal de deforestación en 46 países cercanos a los trópicos, la mayoría, de bajos ingresos. Sólo en América Latina, 42 millones de hectáreas cambiaron de bosque a tierra agrícola por la ganadería industrial, un área equivalente a la cuarta parte de México. 17 por ciento de la selva amazónica se ha perdido, y los científicos dicen que si llega al 25 por ciento, podría colapsarse irreversiblemente el pulmón terrestre más importante del mundo.

El fósforo y el nitrógeno se han sacado de lo profundo de la tierra para fabricar fertilizantes sintéticos para la producción industrial de alimentos. La presencia de estos minerales en la superficie terrestre aumentó más del doble de lo que serían sus ciclos naturales. Hay exceso de fósforo y nitrógeno en prácticamente todos los cuerpos de agua del mundo, y el daño que causan a la pesca y al clima es particularmente dramático en las costas de India, el Mar de China Meridional y el Golfo de México, que recibe escurrimientos contaminantes desde Estados Unidos.

Un tercio de los acuíferos más grandes del mundo están dañados. 17 países que son hogar de la cuarta parte de todos los habitantes del mundo sufren escasez de agua. Según las tendencias actuales, 5 mil 700 millones de personas no tendrán agua para 2050.

La producción industrial de alimentos es uno de los principales motores que empujan los límites planetarios, e irónicamente, también sufrirá las consecuencias. Pronto podría haber enormes amenazas a la productividad en muchos de los graneros del mundo. La degradación del suelo por el cultivo abusivo de tierras deforestadas, y el uso excesivo de fertilizantes y pesticidas ya afecta la nutrición de 3 mil 700 millones de personas. Las variedades comerciales de plantas y razas de animales, criadas intensivamente para obtener rendimiento, uniformidad y estabilidad, son vulnerables a todas las formas de ataque ambiental. La caída drástica en la producción de alimentos se considera la mayor amenaza que presenta el cambio climático.

33% de las poblaciones de peces están sobreexplotadas. 30 millones de personas empleadas en la pesca comercial y 800 millones más que practican pesca artesanal están en peligro de perder su sustento. Los ecosistemas de arrecifes, que proporcionan alimentos, medios de vida y defensas contra tormentas para 500 millones de personas en las zonas costeras tropicales, son particularmente vulnerables. Casi un tercio de los arrecifes están amenazados y todos los corales tropicales pueden perderse si aumenta la temperatura global promedio 2oC en los próximos años.

Las pérdidas de hielo de Groenlandia se multiplicaron por ocho los últimos 30 años. En 2050, 150 millones de personas vivirán bajo la marea alta.

Es crucial enfatizar que la industria, el comercio de recursos naturales y la producción de alimentos ultra-procesados están en el centro de la destrucción. Cuando nos hablan estos desastres, muchas veces quieren hacernos sentir partícipes a todos, pero son los gobiernos irresponsables, de la mano de las corporaciones, quienes toman decisiones sobre los bosques, el agua, las plantas y animales de toda la humanidad. Es el capitalismo sometiendo todos los ciclos naturales y sociales, desafiando los límites de destrucción que permiten la habitalibidad del planeta, según el ejercicio científico del Centro de Resiliencia de Estocolmo.

Necesitamos la información, aunque desnude las contradicciones en las que estamos atrapados. Consumimos electrónicos, comida procesada, automóviles. ¿De dónde viene esta imposición? ¿en qué medida? ¿cómo explicar a las generaciones que siguen el grado de destrucción que este sistema económico está dejando? Saber los límites planetarios es uno de los puntos de partida para tener futuro, para poder imaginarlo más allá del monopolio industrial del pensamiento, que nos promueve que ya no hay otra forma de existir.

* Este texto se basa en información de las investigadoras Louise Vandelac y Marie-Hélène Bacon, 2020: Planetary Boundaries and the Global Agrifood System: The Looming Environmental, Human and Social Crises, CREPPA, Université du Québec à Montréal, de próxima aparición.

1 Diagrama (en inglés) de los límites planetarios en el sitio web del Centro de Resiliencia de Estocolmo: https://stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html

Fuente: https://desinformemonos.org/quien-pone-el-planeta-al-limite/

imagen: J. Lokrantz, Centro de Resiliencia de Estocolmo

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