Author: Diario la Tercera

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Chile:La política por sobre las políticas públicas

Diario la Tercera

Por: Diario la Tercera

Se ha discutido sobre la conveniencia de modificar el régimen de urgencias en el proceso legislativo, particularmente entre la primera y la segunda vuelta presidencial.  ¿Tiene sentido ponerle suma urgencia a un proyecto de ley incompleto y con falta de consenso “para sacar al pizarrón” al adversario político?

Lamentablemente, no se ha logrado llegar a un acuerdo respecto a este tema y, honestamente, es difícil lograrlo. ¿Quién podría dirimir cuál proyecto de ley tiene mérito público para su discusión y cuál responde a un oportunismo político?

En inglés hay una buena distinción entre politics (política) y policy (política pública). El primer término hace referencia al ejercicio del poder y al debate entre quienes lo ostentan o pretenden hacerlo. El segundo, a un curso de acción para la solución de un problema público, para lo cual se definen objetivos, metas, instituciones y mecanismos, entre otros.

Evidentemente, la política pública se formula en un contexto político donde hay ideología y temporalidades, pero idealmente también debe incorporar evidencia, coherencia, eficiencia y  capacidad de implementación.

El programa del actual gobierno, presentado en octubre de 2013, ya establecía una reforma a la educación superior: modernizando la institucionalidad pública, creando la Subsecretaría de Educación Superior, una Superintendencia de Educación Superior, una Agencia de Calidad de la Educación Superior,  la gratuidad universal (parcial al 70% más vulnerable de la población) y un nuevo sistema de acreditación. En julio de 2015 el Mineduc presentó un documento titulado “Bases para una Reforma de la Educación Superior”, el cual fue posteriormente desechado por la autoridad. En febrero y marzo de 2016 se presentó “Minutas sobre la reforma” que planteaba nuevas miradas sobre esta reforma. Posteriormente, en julio de 2016, el gobierno presentó un proyecto de ley de Educación Superior que tuvo una mala recepción y en la práctica perdió su respaldo político. En octubre de 2016, la autoridad difunde un “Protocolo de rediseño de la reforma” con nuevos elementos. Finalmente, en abril de 2017 el ejecutivo introduce una indicación sustitutiva que cambia completamente el proyecto ingresado nueve meses antes, que en la práctica tampoco implica modificaciones estructurales, pero sí elimina lo referido a Educación Superior Estatal, que se incorpora en un nuevo proyecto de ley que, por lo demás, no logró dejar contento a ninguno de los actores del sistema de educación superior.

En suma, a pesar de todo este proceso de definiciones e indefiniciones, idas y vueltas, desconocimiento, falta de consenso y recursos insuficientes, se llega a que, por tercera vez, una de las políticas icónicas de la administración se vuelve a implementar por la vía de la glosa presupuestaria de la partida del Ministerio de Educación en la Ley de Presupuestos.

¿Tiene sentido someter a votación un proyecto de ley que sabemos tiene incoherencias, es parcial, y muestra ser insustentable financieramente para las instituciones? Evidentemente que no lo es, a pesar de la relevancia política de este proyecto.

Lo descrito para el caso de la educación superior, también se aplica respecto de reformas constitucionales o a cualquier otro tema de trascendencia para el país y que sabemos de antemano, tendrá efectos que más allá del periodo presidencial.

De acuerdo a diversos organismos internacionales (OECD – BID), Chile ha sido líder en Latinoamérica en cuanto a la calidad de la formulación de sus políticas públicas. Esta relevante trayectoria no puede perderse por un oportunismo electoral. Dejemos que la política hable de visiones y sueños futuros, pero que la política pública hable de realidades que son factibles.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/la-politica-las-politicas-publicas/

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Chile: Mala educación

Diario la Tercera

Por: Álvaro Pezoa  / Dario la Tercera

El presupuesto de la nación para 2018 enviado al Congreso por el gobierno incluye una insólita sorpresa: no reajusta, como estaba comprometido, el aporte estipulado para los colegios particulares subvencionados que se hayan acogido a la posibilidad de convertirse en fundaciones. Con ello el Ejecutivo no solo desconoce de hecho una promesa, sino que daña abiertamente a los establecimientos educacionales afectados, dejándolos imprevistamente con menos recursos de los que contaban para su funcionamiento. ¿Ahorro presupuestario, ideologización, desprolijidad de gestión? Todo puede ser viniendo de donde proviene. En cualquier caso, con toda la gravedad que posee el asunto, llega a ser anecdótico comparado con el enorme despropósito que significa el conjunto de la reforma educacional impulsada por la actual administración.

Chile necesita imperiosamente contar con una educación de calidad al alcance de todos. Ese es el gran desafío. Y requiere transitar a ese objetivo respetando la libertad de sus habitantes, en este caso tanto la de enseñanza como la de elección de los padres. La reforma va justo en sentido contrario. El acento en la calidad ha desaparecido, para ser reemplazado por la gratuidad. La mal llamada “ley de inclusión” (no a la selección, no al copago y gratuidad) conduce más bien a la exclusión, al tiempo que coarta la libertad de enseñanza y la de los padres para elegir la educación de sus hijos. En síntesis, un franco retroceso. Simultáneamente se ha gastado tiempo, energía y recursos en hacer cambios en la educación universitaria, por la sencilla razón de que sus estudiantes protestan, alteran las calles y sufragan, descuidando comparativamente los tres ámbitos realmente cruciales para encaminar al país a una mayor equidad e igualdad de oportunidades: la educación preescolar, la escolar y la técnico-profesional. Existe sobrada evidencia de que las etapas iniciales del proceso educativo son las más determinantes para el desarrollo de las personas. Casi con seguridad quien no reciba una educación de calidad en los primeros años de su vida escolar no tendrá opción de entrar a la educación superior, por mucha gratuidad de que disponga.

Con todo, la desorientación de las radicales modificaciones en curso no queda solo ahí. De una parte, el énfasis se ha puesto en las estructuras jurídicas, administrativas y las fuentes de financiamiento, cuando la auténtica búsqueda de calidad obliga a focalizarse en el liderazgo de los directores de las escuelas y liceos, en la preparación y motivación de los profesores y en aquello que ocurre en el aula (metodologías innovadoras y atractivas que faciliten el aprendizaje e involucren a los educandos en ese proceso).

De otra, nada se ha avanzado en orden a preparar a la población para el impacto en el mundo del trabajo que comportará la automatización y la robótica, fenómeno que se prevé generará alto desempleo y demandará cualidades y conocimientos distintos que los actuales para posibilitar la inserción laboral y la productividad de amplios sectores de la nación. 

Resulta altamente preocupante que la sociedad chilena se encuentre transitando hacia tan mala educación. Será uno de los “legados” más onerosos que heredará Bachelet 2.0 a la patria.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/mala-educacion/

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Educación superior: expertos analizan nuevos instrumentos de admisión

Diario la Tercera

Por: La Tercera

Entrevistas, exámenes por carreras y participación en actividades extracurriculares son algunos cambios propuestos para sumar a la PSU, NEM y ranking de notas.

Para el proceso de admisión 2004 a las universidades de Chile se aplicó por primera vez la Prueba de Selección Universitaria (PSU). Este examen venía a reemplazar a la Prueba de Aptitud Académica (PAA), que fue el instrumento de medición para el ingreso a la educación superior durante 36 años.

Ahora, tras 14 años de existencia de la PSU, se han ido sumando críticas a esta medición que selecciona a los alumnos que quieren continuar sus estudios superiores. Los juicios se han ampliado al Sistema Único de Admisión (SUA), el que, además, cuenta con ponderaciones para las Notas de Enseñanza Media (NEM) y el ranking de notas.

“No estoy contento con nuestro sistema, porque se basa mucho en el contenido y eso hace que se mantengan las diferencias de oportunidades”, sostiene el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez.

La opinión de la máxima autoridad de la UC viene acompañada con la propuesta de incluir entrevistas personales, ya que, si bien reconoce que los cambios deben darse en tiempos prudentes, también dice que “hay que medir contenidos y habilidades a la vez”.

El diagnóstico de Sánchez es compartido por su par de la U. de Playa Ancha y también integrante del SUA, Patricio Sanhueza, quien sostiene que el cuestionamiento va más allá de la PSU, sino que en poder tener instrumentos que materialicen un sistema “más justo”.

“El SUA ha estado permanentemente en la búsqueda de otras fórmulas, lo que va más allá de mejorar la PSU; esto no quiere decir que la prueba sea mala ni deje de medir lo que el postulante sabe, sino que al sistema le falta equidad”, añade el rector Sanhueza.

Respecto de la idea de realizar entrevistas, en la U. Finis Terrae van más allá y proponen que se distinga el área de conocimiento que seguirán los alumnos, y así establecer exámenes fijos por especialidad, lo que permitiría conocer el vínculo con la futura carrera.

“No soy tan partidario de hacer cambios a la PSU misma, sino que se deberían añadir otro tipo de exámenes según la especificidad de las carreras, ya que la PSU sirve para algunas cosas muy bien, pero para otras es necesario considerar exámenes sicológicos y pruebas que distingan aptitudes”, indicó Christian Nazer, rector de la U. Finis Terrae.

Las sugerencias de los rectores son consideradas por el director del Centro para la Transformación Educativa UC (Centre UC), Ernesto Treviño, experto en educación, quien explica que el actual sistema de admisión contribuye a replicar las desigualdades originadas en el sistema escolar.

“Es importante analizar la justicia y equidad de los instrumentos utilizados, porque se sabe que la PSU ayuda a reproducir las desigualdades. Podríamos seguir ejemplos de países como EE.UU. y tomar en consideración la participación de los estudiantes en distintas actividades extraprogramáticas en la educación básica y media, como grupos artísticos, deportivos, de ayuda o de liderazgo”, comenta Treviño.

La idea del director de Centre UC se sustenta en que las universidades, eventualmente, podrían analizar el interés y la iniciativa de los alumnos desde pequeños a fin de enfocar sus capacidades en carreras afines.

Desde otro punto de vista, uno de los creadores de la PSU y director de Mide UC, Jorge Manzi, sostiene que el sistema actual logra ser un buen predictor del desempeño futuro en las universidades, y que si se quieren agregar otros medidores, como lo planteado por Treviño, se debe “tener cuidado”, para no afectar lo actual.

“Conceptualmente, todos estamos de acuerdo con que ampliar el foco sería muy bueno respecto de lo que se mide en un sistema de admisión, pero hay que hacerlo de manera que eso no afecte la validez de la medición actual”, destaca.

Junto con Manzi, otro defensor de la PSU es el rector de la U. Adolfo Ibáñez, Andrés Benítez, quien pone sus fichas en el examen y no comparte las ideas de cambios, al menos en lo inmediato:

“Hay que tener mucho cuidado con todas estas ideas de inclusión que van más allá del conocimiento. Hay evidencia de que muchas veces esos instrumentos son más discriminatorios que la PSU”.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/educacion-superior-expertos-analizan-nuevos-instrumentos-admision/

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Chile:Gobierno busca acelerar tramitación de reforma a la educación superior

Diario la Tercera

Chile / www.latercera.com / 7 de Junio de 2017

Estuvo 10 meses estancado en la Comisión de Educación y ahora la discusión del proyecto de reforma a la educación superior avanza lento en su discusión y votación. Hace tres semanas que se inició el proceso, y aunque la iniciativa está con suma urgencia -lo que significa que debe ser despachada por la Cámara en 15 días-, solo se ha alcanzado el artículo 11, y aún no se votan el primero ni el segundo.

Por esto, el gobierno quiere acelerar el paso, por lo que se estaría evaluando poner a la medida discusión inmediata, lo que daría un plazo de seis días para ser resuelta.
La subsecretaria de Educación, Valentina Quiroga, señaló que para el gobierno “este proyecto y desmunicipalización son prioritarios, por lo que estamos haciendo todo el trabajo para que se aceleren las votaciones”. En esa línea, sostuvo que “se está evaluando poner la discusión inmediata”.

Para algunos diputados oficialistas, la opción que busca el Ejecutivo no es la más adecuada. Alberto Robles (PR) dijo que “sería incomprensible ponerle discusión inmediata a superior y no a desmunicipalización”.

En tanto, la diputada Cristina Girardi (PPD) explicó que ya existen plazos para que a finales de junio se termine de ver la reforma, “por lo que es absurdo ponerle discusión inmediata. En la Comisión de Educación del Senado aún están viendo desmunicipalización y la creación del Ministerio de Cultura, sería una locura que nos matáramos viendo la reforma a la educación superior para que el Senado vea este proyecto recién en agosto. También, esto podría ser un retroceso, como no hay tiempo de discutir, podría votarse en contra cosas que efectivamente queremos que salgan”, remarcó Girardi.

Con todo, el Ejecutivo está dispuesto a hacer un calendario para lograr despachar los proyectos a tiempo. De acuerdo a Girardi, la ministra de Educación, Adriana Delpiano, tomó un acuerdo con los parlamentarios ayer en la tarde para hacer la planificación el próximo lunes: “Tomamos un acuerdo con ella, aunque no sé si a pesar de eso igual ingresarán la discusión inmediata”.
Gratuidad

Durante la cuenta pública, la Presidenta Bachelet señaló que para el próximo año la gratuidad alcanzará el sexto decil. A pesar de esto, el candidato y ex Presidente Sebastián Piñera señaló al programa En Buen Chileno, de Canal 13, que mantendrá el beneficio para los alumnos de los cinco primeros deciles y que la propuesta de la Mandataria, de subir al sexto decil, es irresponsable. Respecto del resto de los estudiantes, Piñera indicó que se hará un sistema de financiamiento combinando de becas y préstamos más favorable.
Con todo, algunos parlamentarios de Chile Vamos, como Jaime Bellolio (UDI), sostuvieron que aún no se discute con profundidad, al interior de la coalición, cómo se actuará al respecto.

Agregó que “todo depende de lo que haga el Ejecutivo. Si el gobierno sube al sexto decil en las condiciones actuales, no se puede, porque perjudica la calidad de los planteles. Por eso, estoy abierto a llegar al 60%, en la medida en que no sea con la fórmula actual”.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gobierno-busca-acelerar-tramitacion-reforma-la-educacion-superior/

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Gratuidad en América Latina: deserción y financiamiento marcan los desafíos

Diario la Tercera

Por: Flor Guzmán y Myriam Bustos

En 2016 estudiaron gratis 139 mil alumnos en la educación superior chilena. Para este año, se proyecta llegar a los 240 mil, ampliando la gratuidad a los estudiantes del sistema técnico. Pero nuestro país no es el único que ha implementado esta política de financiamiento. En México, cerca de 2,4 millones de estudiantes cursan sus estudios universitarios sin costo, mientras que en Argentina hay cerca de 1,5 millón y en Ecuador son alrededor de 500 mil. Todos los casos son emblemáticos: en el país transandino y en el mexicano, la educación sin costo es un emblema desde hace décadas, mientras que en Ecuador el referéndum constitucional instauró en 2008 la gratuidad como un derecho.

Pero, ¿cómo es el acceso gratuito en América Latina? En Argentina se puede estudiar sin costo desde 1983 y para ingresar a la universidad basta con el certificado de cuarto medio. Así, la gratuidad allí se concentra solo en las universidades del Estado, y en las privadas no existe ninguna otra ayuda estudiantil. Con ello, 1.470.000 alumnos cursan su formación sin costo en universidades estatales, por lo que el 74% de los universitarios no paga por sus estudios. “Actualmente la gratuidad es absoluta, independiente del nivel socioeconómico del alumno en todas las universidades públicas del país”, explica Marcelo Rabossi, académico de la Universidad Torcuato di Tella, de Argentina.

Según el experto, en las instituciones con gratuidad argentinas el índice de abandono de estudios supera el de las privadas; y, además, comparativamente, es mucho más alto que en Chile. “La deserción en las universidades con gratuidad es de alrededor del 73%. En las de no gratuidad, de alrededor del 60%. La variación es grande dentro de cada sector. Hay universidades nacionales con tasas de deserción cercanas al 80% y 90%”, explicó Rabossi.

En tanto, en México la educación superior pública es gratuita desde la década de los 70 y se aplica a las universidades e institutos estatales y federales. Y para poder ingresar al sistema “se debe realizar un examen de ingreso, por medio del cual se evalúan conocimientos de acuerdo con las áreas de conocimiento de la carrera seleccionada, así como aspectos de comprensión lectora y pensamiento matemático”, señaló Mario Rueda, director del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Al menos un 70% de los alumnos termina su carrera, dijo Rueda.

En Chile, si bien aún no hay cifras oficiales respecto de la deserción de los alumnos con gratuidad, según estadísticas del Servicio de Información de Educación Superior, del Mineduc, un promedio de 28,7% de los estudiantes de universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales abandona sus estudios. Sólo en universidades, la deserción es 22,8%.

Respecto de los requisitos socioeconómicos, en Chile el estudiante debe estar dentro de los cinco primeros deciles de ingreso. Desde 2018 eso se extenderá al 60% más vulnerable de la población. Además, sólo se puede optar a la gratuidad en 32 universidades y 12 instituciones técnicas. En México, Ecuador y Argentina, la gratuidad es universal en las instituciones públicas y no depende del nivel de ingreso del alumno.

Para Rabossi, uno de los puntos complicados de la gratuidad en Argentina es que “los alumnos demoran su graduación, ya que permanecer como tales no les implica ningún costo monetario. Alrededor del 40% de los alumnos en las universidades públicas termina el año con uno o ningún curso completado. Así, se demora su graduación y la probabilidad de no terminar y/o abandonar es muy alta. No hay ninguna penalidad que genere en los alumnos alguna motivación para esforzarse”.

En Ecuador se encontraron en el mismo problema y, por ello, explicitaron la responsabilidad académica de los beneficiados. En 2010 se promulgó la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que reconoce como un derecho de los estudiantes “acceder, movilizarse, permanecer, egresar y titularse sin discriminación conforme a sus méritos académicos”. En dicha normativa, según explica el libro “Gratuidad de la Educación Superior del Ecuador” -escrito por Lorena Araujo, subsecretaria de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología de dicho país (Senescyt)-, se definen los deberes académicos de los subsidiados. “La gratuidad será para los estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el 60% de todas las materias o créditos que permite su malla en cada período”, consigna dicha publicación, la que agrega que además deben titularse en el período ordinario establecido y que pierden la ayuda si reprueban el 30% de los ramos.

En Argentina, ninguna condición similar existe, mientras que en Chile solo se pide que el beneficiario esté dentro de la duración formal de su carrera, a diferencia de las becas, las que sí requieren aprobación del 50% de los ramos.

Financiamiento

En Argentina, según explicó Rabossi, “aproximadamente el 90% del ingreso total que obtienen las universidades nacionales proviene de transferencias directas desde el Estado Nacional. Las instituciones privadas no reciben fondos públicos directos, como sí ocurre en Chile con las del Consejo de Rectores, o indirectos, a través de becas o préstamos”.

Además, en la nación vecina, el mecanismo de financiamiento es de “modelo incremental”, es decir, se toma como base el presupuesto anterior y luego el Estado aumenta esa cantidad para el año siguiente, según la disponibilidad de fondos que tenga. “En general se busca como mínimo cubrir la inflación, la que en la Argentina ronda el 25% y 28% desde hace al menos 10 años”, enfatizó Rabossi.

En cambio, en Ecuador se hace un estudio de costos de carreras, el cual arroja los montos que se transferirán. Y, de hecho, reconocen que “uno de los aspectos cruciales en el futuro próximo, que además tendrá permanencia en el tiempo, es el de la sostenibilidad financiera del modelo”, consigna.

Y ¿cómo se financia la educación pública en México? Según Rueda, “el Estado asigna un porcentaje del presupuesto para la educación pública, que considera el gasto realizado en licenciatura, posgrado, y ciencia y tecnología”.

Uno de los planteles que recibe este aporte es la Universidad Nacional Autónoma de México, donde cada año ingresan cerca de 40 mil alumnos. De acuerdo con su rector, Enrique Luis Graue, el presupuesto para este año fue de US$ 2.100 millones, y aunque “quisiéramos que fuera más, el Estado se preocupa de sus escuelas. Es quien tiene que financiar la educación para que todos tengan acceso”.

Rueda señaló que la gratuidad ha tenido efectos positivos, ya que “estudiantes pobres tienen la oportunidad de acceder a la educación superior y tener la posibilidad de movilidad social”. Sin embargo, el experto agregó que se presentan problemas en las instituciones “por la insuficiencia de recursos para resolver las problemáticas que se generan en las universidades, lo que deriva en que no sea posible cubrir completamente la demanda de ingreso al nivel superior”.

Fuente: http://www.latercera.com/noticia/gratuidad-america-latina-desercion-financiamiento-marcan-los-desafios/

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Chile: Educación superior

Diario la Tercera

Por: Hugo Lavados

EL PROYECTO de ley sobre Reforma a la Educación Superior evidentemente no resuelve en forma importante las deficiencias ya constatadas en nuestro sector. Es claro que existe la necesidad de legislar para generar un nuevo sistema de educación superior, considerando que el funcionamiento de las instituciones es muy distinto a lo que supone la ley imperante.

Es probable que en la base de las deficiencias esté una visión sesgada sobre lo que ha ocurrido en el sistema, junto con el intento por evitar conflictos con estudiantes y autoridades de instituciones que han sido privilegiadas en todo este proceso.

Existe acuerdo en que es necesario contar con un sistema de aseguramiento de calidad no voluntario, el cual debería permitir la diversidad de proyectos educativos y diferentes niveles de complejidad institucional. Que se plantee como apoyo al sistema interno, que se base en algunos criterios, pero lejos de un “check list” al que tienden los mecanismos demasiado estructurados con muchos estándares.

Debe crearse una superintendencia que fiscalice y vele por el cumplimiento de las normativas legales, pero el proyecto le entrega demasiadas facultades, que permiten arbitrariedades y discriminaciones. La Subsecretaría se mantiene, luego que circuló una minuta que la eliminaba, perdurando una gran confianza en una planificación precisa, lo que no es razonable en una época de tantos cambios culturales, sociales, políticos, económicos y tecnológicos.

Es loable el intento por no tener una ley muy reglamentista, pero se extrema la posible discrecionalidad del regulador para definir normas, especialmente las que dicen relación con la acreditación.

Continuamos observando una incomprensible desconexión de la Educación Superior con la ciencia, tecnología e innovación, que se refleja en la nula referencia al proyecto que crearía el Ministerio de Ciencia y Tecnología. En Chile las universidades hacen una muy alta proporción de la actividad científica; de hecho, el propio proyecto considera a la investigación para definir la acreditación y el financiamiento. Ahora bien, según como sea el apoyo estatal a las universidades, se va a tender a rigidizar el progreso de las instituciones con menor desarrollo relativo de la investigación, lo que resulta más claro al analizar la fórmula para financiar la gratuidad.

Vemos temas que no están adecuadamente interconectados entre sí, porque no se sustentan en una mirada global, coherente con el desarrollo del país, con objetivos de desarrollo del sector y de las instituciones existentes. Robustecer el sistema implica contar con normas claras y comunes para todos los actores, que den soporte a un régimen mixto de educación superior con instituciones orientadas por la calidad de la formación, y que se adecuen con flexibilidad a los nuevos tiempos. Es necesario que las normativas respondan a una mirada de futuro y generen estabilidad a las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Debemos considerar que ya el próximo año una buena proporción de los jóvenes que ingresan a la Educación Superior habrán nacido en el siglo 21.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/educacion-superior-3/

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Chile:Argumentos Ocde y campaña presidencial

Diario la Tercera

Por: Edardo Angel / Doctor en Econimia

Nunca es fácil proponer una rebaja tributaria, menos en plena campaña presidencial y en un país con una distribución de la riqueza y los ingresos que sigue siendo desigual. Pero eso fue lo que hizo el candidato Piñera esta semana, cuando anunció una reducción de las tasas que pagan las empresas en caso de ser elegido.

Más allá de las justificaciones y omisiones tradicionales de la derecha en todo el mundo cuando quiere reducir impuestos -que favorece el crecimiento y, por favor, no me pregunte sobre el impacto distributivo-, la novedad estuvo en que el candidato de Chile Vamos enarboló el “argumento Ocde” para legitimar su iniciativa.

“Propuesta tributaria de Piñera: idea es llevar la tasa que pagan las compañías al promedio que tributan en los países de la Ocde, que hoy bordea el 25%”, tituló un medio en portada. “Sistema simplificado con tasas de impuestos corporativos que convergen a los niveles promedio de la Ocde” anunció otro. Mencionar la Ocde antes, durante y después de hablar de la rebaja de impuestos parece haber sido la orden del día.

El argumento Ocde debe ser uno de los argumentos más usados y abusados para justificar propuestas de política pública. Decir que lo que se está proponiendo es lo que hacen los países Ocde les da un aura de seriedad a propuestas que no siempre lo son. No es necesario entrar en detalles complicados ni responder preguntas incómodas, el argumento Ocde es el escudo perfecto y, además, se expresa en menos de 140 caracteres.

Así como el candidato de Chile Vamos usó un argumento Ocde para proponer una reducción de impuestos, también se puede utilizar estos argumentos para subirlos. Por ejemplo, si consideramos la carga tributaria, es decir, la fracción de los ingresos de un país que representan todos los impuestos que pagan sus ciudadanos y empresas, Chile ocupa el lugar 34 entre los 35 países que conforman la Ocde, con un 20,7%. El promedio Ocde es 34,3%. De esta manera, un titular informando sobre una propuesta basada en este dato podría ser: “Candidata propone subir impuestos de modo de converger a niveles promedio de la Ocde que bordean el 34%”.

Veamos ahora qué sucede si nos tomamos en serio los dos argumentos Ocde anteriores. La comparación de tasas a las empresas que hace Piñera no es correcta, pues está comparando peras con manzanas. En casi todos los países Ocde los impuestos que pagan las empresas no se cuentan como crédito al momento en que los dueños retiran las utilidades, es decir, se trata de sistemas tributarios desintegrados. Lo que propone el candidato de la derecha, en cambio, es volver a un sistema integrado donde los impuestos que pagan las empresas se contabilizan como crédito al momento de retirar utilidades. Los impuestos a las empresas en sistemas integrados y desintegrados no son comparables, de hecho, en un sistema integrado, donde además se permite postergar indefinidamente el retiro de utilidades, como pareciera ser para la propuesta de Piñera, las tasas que pagan las empresas terminan siendo muy cercanas a aquellas que pagan las personas, de modo que ni siquiera es posible distinguir entre ambas tasas, a diferencia de países con sistemas desintegrados, donde la diferencia es clara.

Comparar la carga tributaria entre países Ocde sin corregir por los distintos niveles de ingreso per cápita tampoco es correcto. A medida que los países se desarrollan, su carga tributaria va creciendo. Con 20 mil dólares per cápita, se paga uno de cada cinco pesos en impuestos; con 30 mil, uno de cada cuatro; con 40 mil, uno de cada tres, por ponerlo de manera simple (y aproximada). Lo que sucede es que los bienes y servicios que provee el Estado se vuelven más importantes (y también relativamente más caros) a medida que los países van creciendo. Se conoce como la Ley de Wagner.

Lo importante en materia de impuestos, entonces, no son las comparaciones Ocde de las tasas que pagan las empresas o de la carga tributaria de los países. En el primer caso estamos comparando peras con manzanas; en el segundo caso, las comparaciones sirven poco, pues Chile debiera tener una carga tributaria inferior al promedio Ocde, ya que tenemos ingresos inferiores al promedio de los países de ese grupo.

Lo relevante en la campaña presidencial que comienza, a mi juicio, son dos preguntas que debiera responder todo candidato que proponga cambios al sistema tributario. La primera es si su propuesta mantiene, aumenta o disminuye la carga tributaria. La segunda es cuál será el impacto distributivo de su propuesta, en particular, cómo afectará la carga tributaria de los sectores de altos ingresos (el 1%). Ya tenemos las respuestas del candidato Piñera a estas preguntas, en las próximas semanas conoceremos lo que proponen los restantes candidatos.

Fuente: http://www.latercera.com/voces/argumentos-ocde-campana-presidencial/

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