Author: Luis Hernández Navarro

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Coronavirus y educación

Luis Hernández Navarro
Por: Luis Hernández Navarro.

Los tiempos del coronavirus han permitido tomar una radiografía del estado de salud de nuestro sistema de educación básica pública. Lo que la placa muestra es muy delicado: el sistema está infartado y la mayoría de los funcionarios que están al frente no tienen idea de cómo enfrentar la crisis. Su respuesta ha sido burocrática, insensible y desinformada.

La situación es inédita. Vivimos tiempos de incertidumbre, temor y desconfianza. Sin embargo, las autoridades educativas, en lugar de tomar medidas para atenuarlas, las exacerban. Encerrados en sus casas, niños, jóvenes y maestros que estudian en escuelas públicas deben seguir o impartir, por órdenes oficiales, como si fueran días normales, cursos en línea, preparar clases, hacer tareas, presentar exámenes y elaborar reportes.

Casi nada de lo que estudian, reportan y enseñan tiene que ver con la zozobra que viven, con los miedos que los acechan o con las dudas que los asaltan. Los contenidos educativos que deben memorizar y las pruebas que tienen que resolver pertenecen a un mundo aparte, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo.

Pequeños llenos de energía y muchachos desbordantes de testosterona pasan días y noches encerrados en cuatro paredes, muchos en viviendas precarias. Casi la mitad de los capitalinos viven hacinados. Y, en lugar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les proporcione estímulos o materiales para dejar de lado ansiedad y tedio, los carga de trabajo absurdo, los somete a evaluaciones sin sentido y anuncia fechas de regreso a clases (30 de abril) que nada tienen que ver con la realidad.

Las autoridades pretenden mantener el proceso de enseñanza a través de la educación a distancia. Pero eso no funciona. La iniciativa es viable solamente para una parte muy pequeña del sistema educativo. Según la Unesco, en México sólo 10 por ciento de los docentes de primaria y secundaria están calificados para enseñar a través de la tecnología (https://bit.ly/2XF3TA7).

Esto es así porque la inmensa mayoría de maestros del país se formaron como mentores frente a grupo en el aula, no para impartir clases digitales. Así han ejercido durante años. Aunque educación presencial y en línea parezcan similares, son muy diferentes. Requieren capacidades, destrezas, entrenamiento, materiales y soportes diferentes. Y la inmensa mayoría de docentes no ha recibido formación para trabajar en modelos de enseñanza virtual.

Muchos maestros no participan en redes sociales. No son pocos los que las rechazan. Si acaso, utilizan WhatsApp y, en menor medida, Facebook. Los que forman parte de ellas, tienden a ser más bien consumidores que generadores de contenido. No todos tienen equipo de cómputo personal o teléfonos inteligentes. Menos aún en zonas rurales. Con frecuencia, sus computadoras son viejas, sus celulares lentos y el servicio de Internet al que tienen acceso es de muy poca capacidad. Saben usar Word, PowerPoint y Excel, pero no mucho más.

Muchos de los programas para promover las habilidades digitales realizados en sexenios pasados, como Enciclomedia, fueron más una oportunidad de negocios para empresarios y funcionarios, que herramientas de formación efectivas. Aún sobrevive en algunas escuelas parte del equipo inservible de Enciclomedia, como si fueran restos fósiles de algún animal prehistórico.

La brecha comienza en las aulas. De acuerdo con el INEE, durante el ciclo escolar 2016-17, sólo 44.4 por ciento del total de escuelas primarias del país contaba con al menos un ordenador para uso educativo y de éstos sólo 68.7 por ciento tenía conexión a Internet (https://bit.ly/2JYYR9y).

La iniciativa de mantener las clases en línea excluye del proceso de enseñanza a la mitad de la población escolar. Muchos estudiantes de familias de escasos recursos carecen de equipos de cómputo y conectividad. Según el Inegi, en 2019 sólo 44.3 por ciento de los hogares contaba con ordenadores y 56.4 por ciento tenía acceso a Internet. Apenas 44.6 por ciento del total de usuarios de computadora la usan como apoyo en la escuela (https://bit.ly/2VhMlXW).

La SEP pretende ahora que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrece Google para Educación y YouTube. Para acceder a ellas habrá que crear cuentas y perfiles en plataformas. La medida, otro paso en la ruta de la privatización educativa, permite a G Suite tener acceso gratuito a los datos de los usuarios, entre otros, nombre, edad, centro de trabajo, cursos que imparte, ubicación geográfica y número de celular. No es asunto menor. La recopilación y venta de datos es el negocio que más crece en Estados Unidos.

En un momento de grandes incertidumbres como el de hoy, la SEP debería brindar a alumnos, padres de familia y maestros tranquilidad, y dejar a un lado su obsesión de poner el centro en controles y evaluaciones (como lo denunciaron los maestros de la Ciudad de México). Debería anunciar con claridad que las clases se reanudarán cuando las autoridades sanitarias consideren pertinente, retomando el plan de estudios donde se quedó el 20 de marzo (o en la fecha en la que cada entidad comenzó la cuarentena).

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/opinion/018a1pol

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Méjico: El tsunami de las mujeres llega a la UNAM

Luis Hernández Navarro

El tsunami de las mujeres llega a la UNAM

Luis Hernández Navarro

Cada día, la situación en la UNAM se complica más. La primera semana de clases en esa institución resultó agitada y enredada. Concluyó con nueve escuelas con labores suspendidas, cerca de 70 mil alumnos sin clases y dos amenazas de bomba. En el horizonte se vislumbra una huelga indefinida.

La fuerza que anima las protestas son jóvenes estudiantes universitarias. En el centro de su inconformidad se encuentran multitud de casos documentados de acoso y violencia de género (algunos hechos públicos en las redes), la inseguridad en los planteles y la negligencia de las autoridades. Acusan a los funcionarios universitarios de ser omisos a las necesidades de las alumnas y encubrir acosadores y violadores. Señalan que la UNAM no es un espacio seguro para las mujeres.

Están convencidas de que el protocolo universitario para atender los casos de hostigamiento y acoso las deja solas. Hacer la denuncia formal –aseguran– es un proceso ineficaz. La universidad no les brinda protección ni las acompaña a ponerla. Además, la denuncia formal no garantiza consecuencias legales.

Las autoridades universitarias parecen no enterarse de lo que tienen enfrente. Menos del rumbo que toma la confrontación. Lejos de solucionar el conflicto, los manotazos en la mesa del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, exigiendo a las paristas que entreguen las instalaciones, o la decisión de que en la Preparatoria número 9 se den en las clases extramuros, van a exacerbar los ánimos.

En lugar de escuchar los anuncios de la tormenta que se avecinaba, el equipo del rector Enrique Graue se concentró en sacar adelante su relección. Menospreció a las estudiantes e ignoró el calado de su inconformidad. En los hechos, hoy están rebasados. Y ni siquiera se dan cuenta de que lo están. Su operación política ha sido fatal.

Las señales del tsunami que se les venía encima estaban a la vista. Las movilizaciones con que la comunidad universitaria respondió a las salvajes agresiones de porros a una marcha estudiantil, el 3 de septiembre de 2018, anticiparon lo que se avecinaba.

En esas jornadas de lucha, afloraron denuncias de acoso sexual y comportamiento indebido contra maestros universitarios, y el hartazgo de las alumnas con la impunidad de los acosadores. Así quedó plasmado en el punto 4 de la minuta de la asamblea interuniversitaria del 7 de septiembre de ese año, titulado Violencia de género y contra la mujer. Entre sus demandas se incluyeron puntos como la resolución de los casos de violencia de género, agresiones, feminicidios y desapariciones de miembros de la comunidad universitaria.

Era evidente en ese momento, que los funcionarios universitarios habían respondido a esas violencias con dejadez e indolencia, como si no pudieran remediarlas. En cambio, los jóvenes las consideraban inadmisibles y exigían acciones eficaces (punto 5 del pliego petitorio). Para ellas, las autoridades eran omisas e insensibles con la problemática.

Glitter y rabia. Señales adicionales del clima que afloraba se mostraron con el surgimiento del #MeToo mexicano en marzo de 2018: las marchas de mujeres del 12 y 16 de agosto, 19 de septiembre y 25 de noviembre de 2019, en que se grafitearon monumentos históricos, se rompió mobiliario urbano, y se le prendió fuego a la puerta de la Cámara de Comercio y a una estación de policía; y el performance masivo de El violador eres tú en el Zócalo de la Ciudad de México y en multitud de plazas públicas. Evidencia adicional fue la masiva participación en los dos encuentros internacionales de mujeres que luchan, convocados por el EZLN en Chiapas.

En el país (y en toda América Latina), hay un movimiento feminista emergente, que va más allá de la UNAM pero, por lo pronto, se ha concentrado en ese espacio. Se alimenta de una nueva sensibilidad social (especialmente entre las mujeres más jóvenes) y nuevos baremos. Sus reivindicaciones son di­fíciles de atender. La radicalidad de sus acciones no está acordada por los colectivos escolares. Sus participantes las justifican en nombre de los agravios que han padecido y la legitimidad de sus demandas.

Sin ser el núcleo del conflicto, genera turbulencias adicionales el que la 4T quiera controlar el presupuesto de las universidades. Como ha quedado claro en el caso de varias instituciones públicas de educación superior, no le gusta la autonomía realmente existente de éstas, y busca controlar los recursos que hoy administra la nomenclatura universitaria. En ese marco, aprovechará los conflictos internos para debilitarla, o negociar con ella cuando esté contra la pared. No le interesa defender a ningún rector.

En un país como México, en el que cada día se asesina a 10 mujeres, la protesta de las jóvenes universitarias de la UNAM es una severa llamada de atención de que esa violencia ha llegado a un punto límite. Todo parece indicar, que va en ascenso. Si las autoridades de la UNAM mantienen su ceguera ante lo que están viviendo y se empecinan en tratar de deslegitimarlo o doblegarlo, el conflicto entrará a un nivel de complejidad de muy difícil solución.

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/02/04/politica/014a2pol

Autor: Luis Hernández Navarro

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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El alebrije de la reforma educativa

Luis Hernández Navarro
Por: Luis Hernández Navarro
“La reforma educativa es el mismo perro pero con otro collar”. El autor de la frase no es un maestro de la CNTE. Tampoco un opositor fifí, ni un académico contestatario. La opinión es del filósofo Enrique Dussel, uno de los intelectuales de habla hispana más reconocidos internacionalmente. Perseguido por los militares argentinos, se exilió en México y se naturalizó mexicano. Es, además, integrante destacado de Morena.

Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neo­li­be­ral de Enrique Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas.

En esta ocasión, como en 2012-13, se volvió a poner la carreta delante de los bueyes. En lugar de aterrizar en la Constitución un gran proyecto educativo nacional que exprese con claridad los grandes ejes para transformar la enseñanza en el país, se acabó aprobando un alebrije legal que tiene como motivación central confinar a los maestros en un régimen laboral de excepción.

Un alebrije es una fiera imaginaria fabricada por artesanos, llena de colores, con elementos de animales diversos. La artesanía puede tener, a un tiempo, cabeza de perro, melena de león, alas de pájaro, cola de reptil, pezuñas y púas de puercoespín.

La reforma educativa de la 4T es un ale­brije legal elaborada con conceptos neoliberales, tira de materias, deseos de justicia social y asuntos laborales que tendrían que estar en el artículo 123 pero que se coloca­ron en el 3°. Es el perro del que habla el doc­tor Dussel, pintado color vino tinto. Es un alebrije que conserva camuflados los aspectos medulares de la reforma educativa del Pacto por México de 2013.

La nueva reforma es un texto omiso, contradictorio, confuso, incoherente y tramposo. Reforma que, en los hechos, acabó sepultando y diluyendo lo que, en la iniciativa original del presidente López Obrador aparecía como eje central: la educación para el bienestar. La investigadora Elsie Rockwell encontró en su redacción ¡64 ejes!

El investigador Juan Carlos Miranda analizó los conceptos utilizados y las veces que se repiten en el texto. Sus hallazgos no dejan duda. Domina el lenguaje de los tecnócratas educativos. Agente (al referirse a los docentes) se repite 27 veces; mejora o mejorar, 216 menciones, y dentro de esta categoría, las expresiones: mejora continua, 83; calidad, 154; la palabra: excelencia, 51; evaluación, 265; diagnóstico(a), 26; aprendizaje, 104, y equidad, 76 (https://bit.ly/2Xyf7TE ).

Igual que con la reforma educativa del Pacto por México, la de la 4T pone la carreta delante de los bueyes. En lugar de arrancar con un proyecto educativo transformador y derivar de él una reforma educativa, se propuso legislar primero y elaborar después un proyecto pedagógico. Si lo hizo así es porque su diagnóstico y su marco de referencia para la definición de la política educativa tiene elementos esenciales con el de Peña Nieto. Se trata del mismo perro con otro collar, del que habla Enrique Dussel.

No en balde, las intervenciones de AMLO sobre el tema se han limitado a insistir en la necesidad de recentralizar la nómina ma­gisterial, evitar el tráfico y venta de plazas y otorgar becas. Obviamente, son problemas que hay que atender, pero en sí mismos no constituyen un cambio educativo de gran aliento.

Un gobierno que ganó los comicios con el lema primero los pobres debería destinar más recursos para la educación a quienes más lo necesitan. No sólo como política pública, sino como derecho. Esto no quedó contemplado en la nueva legislación, al no hacerse explícitas las obligaciones del Estado para cumplir con ese derecho. Una administración que ha insistido correctamente en la necesidad de revalorar a los docentes debería reconocerlos explícitamente como profesionales y no como agentes.

Uno de los aspectos del alebrije legal que más escándalo, ilusiones y malentendidos ha causado es el transitorio decimosexto. Según el PAN y sus intelectuales, abre el camino a la venta de plazas. La afirmación es un absurdo. Fiel a los vientos recolonizadores que soplan en el país, el transitorio es un espejito que se da a los maestros a cambio del oro de la aceptación del proyecto. En los hechos, es una cortina de humo para mantenerlos en un régimen de excepción laboral.

Dicho transitorio apunta que los derechos laborales de los docentes se regirán por el apartado B del artículo 123. Sin embargo, dice que la admisión, promoción y reconocimiento dependen de un apartado especial: el Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras. O sea, una trampa. ¡Como si la admisión, promoción y reconocimiento no fueran una parte sustantiva de las relaciones laborales! Miles de maestros en el país, que no son conservadores ni fifís, rechazan el alebrije legislativo. No quieren la nueva correa para el mismo perro. Lo demostrarán a lo largo del sexenio.

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Educación y Cuarta Transformación

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ido fijando los objetivos de la Cuarta Transformación (4T) poco a poco. No hay, hasta el momento, un documento oficial que dé cuenta de las principales características de su propuesta. El mandatario anunció su propósito en plena campaña electoral y ha ido precisando algunas de sus peculiaridades sobre la marcha.

Entre otros elementos que la componen, se encuentra el de concebirse como la siguiente etapa de las tres grandes transformaciones políticas y sociales anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910-17. Sin embargo, a diferencia de ellas, este nuevo trayecto histórico será pacífico y gradual.

Los componentes esenciales de este cambio son la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a los más necesitados. Adicionalmente, decretó el fin del neoliberalismo y apuesta por la soberanía energética, sin modificar el actual marco legal.

Si es difícil precisar en qué consiste la 4T en lo general, más lo es en el terreno educativo. AMLO ha hecho declaraciones sobre este tema en sus conferencias mañaneras, envió al Congreso una propuesta de reforma educativa y elaboró un memorando dirigido a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, girando instrucciones sobre este asunto. Pero no ha presentado un proyecto educativo acabado.

Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha adelantado algunas ideas generales. Se entiende que lo ha hecho con el aval de su jefe. Pero algunas de esas propuestas, como el de la nueva escuela mexicana, son iniciativas sin contenido preciso.

A pesar de ello, puede inferirse que sus preocupaciones para la educación responden a los lineamientos generales de la 4T. Es el caso de la corrupción. Su propuesta para enfrentar la lacra en el sector consiste en la recentralización de la nómina magisterial y del fin de la venta de plazas. “La SEP –escribió en el memorando– administrará las plazas sindicales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.”

La recentralización de la nómina magisterial es el reconocimiento oficial del fracaso de la descentralización educativa pactada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992.

No es algo nuevo. La nómina magisterial comenzó a recentralizarse en 2015, en plena reforma educativa del Pacto por México. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), la SEP pasó a hacerse responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el pago de decenas de miles de mentores más siguió siendo responsabilidad de los estados. De manera que miles de maestros que no cuentan con plazas presupuestales avaladas por la Secretaría de Hacienda laboran en las entidades. Eso no significa que esos profesores hayan comprado sus plazas, o las hayan obtenido por medio de prácticas corruptas.

AMLO pudo acercarse a lo que significa esta bomba de tiempo, a raíz del paro magisterial y el bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán de comienzos de este año. El FONE dejó allí fuera de sus listas a 18 mil 500 maestros. Lo mismo sucede en muchos otros estados.

Adicionalmente, existen diferencias salariales importantes entre maestros de distintos estados e incluso de la misma entidad. Los días de aguinaldo y distintos tipos de compensaciones varían en todo el país. ¿Qué va a hacer la autoridad con estas diferencias salariales al recentralizar la nómina? ¿Dejarlas como están? ¿Homogeneizarlas? Y si lo hacen ¿será a partir de lo que obtienen los que ganan más o los que ganan menos?

La recentralización puede ser una medida en la dirección correcta para ordenar el sector, siempre y cuando reconozca la antigüedad y el trabajo de esos miles de docentes no considerados en el FONE actual, y no implique que los maestros pierdan conquistas que ya tienen.

Es correcto terminar con la venta y el tráfico de plazas. Así lo ha demandado la CNTE una y otra vez. Quienes dicen lo contrario, mienten. Pero el control de las plazas por parte de la SEP, sin otros mecanismos adicionales, no garantiza el fin de la corrupción en el sector. En 2010, la SEP, a través de la UPN, encargó la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa. El sondeo concluyó que 28.1 por ciento de los docentes obtuvieron su plaza por intermediación de la SEP o la autoridad educativa (https://bit.ly/2Xyf7TE). Un porcentaje mayor al que lo hizo a través del SNTE.

En el memoramdo, AMLO establece que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Todos estos ejes son claves, excepto el de calidad. Aunque es una palabra bonita, calidad fue el concepto articulador de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo fue, por una razón: es un término proveniente del mundo de los negocios, que, en el terreno educativo, sirve a la política neoliberal, y a las mediciones estandarizadas en el propósito de la educación.

Otra historia es el dictamen de reforma educativa aprobado en la Cámara de Diputados. El documento no tiene nada que ver con una transformación pedagógica progresista de largo aliento. Es, en lo esencial, la misma gata del Pacto por México, sólo que revolcada.

Fuente del artículo:

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Reforma educativa y Cuarta Transformación

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro.

 

No habrá en Méxicotransformación social profunda al margen del magisterio. Menos aún en contra suya. No habrá Cuarta Transformación (4T) ni una nueva escuela mexicana si se pretende enjaular a los maestros en un régimen laboral de excepción. Tampoco si se pretende mantener el proyecto educativo neoliberal, así sea maquillado.

Con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hacía décadas tenía con los trabajadores de la educación. La reforma transformó sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad y la precariedad laboral. El magisterio dejó de ser una profesión de Estado para convertirse en una profesión semiliberal, cuyo desempeño está sujeto al arbitrio de la autoridad. De paso, decretó la práctica extinción del normalismo.

La nueva reforma educativa retoma aspectos esenciales de la reforma del Pacto por México. Así lo han reconocido el PRI, el PAN y especialistas educativos del mundo empresarial. Tan es así que votaron entusiasmados en favor del dictamen de la reforma en la sesión conjunta de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación en la Cámara de Diputados.

Como escribió Pablo Hiriat, nada sospechoso de simpatizar con el obradorismo: La reforma educativa aprobada ayer en comisiones en la Cámara de Diputados es prácticamente igual a la que promulgó en febrero de 2013 el presidente Peña Nieto, luego del Pacto por México entre todos los partidos.

Es falso que el rechazo de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al dictamen de los diputados sea por el control de las plazas. La coordinadora ha señalado una y otra vez, en cuanto foro y negociación ha participado, que no quiere que el sindicato controle las plazas. Pese a ello, políticos y expertos educativos ligados al mundo empresarial reiteran la calumnia.

De hecho, como recuerda el investigador Aldo Muñoz, ni antes ni después de la federalización de 1992 se entregaban al Comité Nacional del SNTE 50 por ciento de las plazas más bajas que se estipula en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Lo que el magisterio democrático de­manda es no ser confinado a un régimen laboral de excepción, que trata las garantías laborales del magisterio como derechos de segunda. Juzga inadmisible que el ingreso, promoción y reconocimiento sean temas administrativos bajo el control gubernamental, al margen de cualquier bilateralidad. Ni en el artículo tercero, ni en algún transitorio. Tampoco admite que, aunque se reconozca en un transitorio que, salvo el ingreso, la promoción y el reconocimiento, las relaciones laborales se regulen por el apartado B del 123 constitucional. Por una razón elemental: para efectos de ley superior, un transitorio no está por encima de la ley madre.

Formalmente, la reforma educativa de la 4T declara que busca robustecer al normalismo. No lo hace. El texto dice: El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los diputados mocharon la propuesta presidencial original que establecía el dar atención prioritaria a estas ­instituciones.

Fortalecer realmente el normalismo implica varias cosas, no contempladas en el dictamen: dar plazas a los egresados de las normales públicas al terminar sus estudios; que los egresados de estas instituciones tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre los que vienen de otros centros educativos; libertad académica y autonomía real.

El normalismo es una profesión de Estado, surgida de la obligación de éste de impartir educación. Es la vía de formación de los profesionales que se requieren para cumplir con el ordenamiento constitucional en la materia. Los normalistas son evaluados por las autoridades educativas al ingresar a la normal, mientras están en ella y para recibirse, obtener su título y su cédula profesional. Los planes de estudios que cursan son fijados por el Estado.

Es absurdo que, en lugar de seguir la ruta que durante muchos años se siguió exitosamente, no obtengan su plaza y comiencen inmediatamente a trabajar al recibir su cédula profesional. Y que deban concursar por un trabajo compitiendo con profesionistas que no poseen los estudios para enseñar a niños y jóvenes. Es como si los cadetes del Heroico Colegio Militar, al terminar sus estudios, en lugar de ingresar directamente al servicio con un grado, tuvieran que presentar un nuevo examen, junto a profesionistas que no cursaron la carrera de las armas.

Las plazas de los normalistas de nuevo ingreso del sistema público no son administradas por el sindicato. No es el SNTE el que se las da. Es la autoridad educativa quien las asigna directamente a los egresados. Porque se necesitan sus servicios y porque demostraron, a lo largo de toda la carrera, que están capacitados para ser maestros.

Con la nueva reforma es imposible que se establezca pacto alguno entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva escuela mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en el que los legisladores del PRI asumían que todo estaba bajo control y se enfrentaron a oleadas intermitentes de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores de la educación y la 4T.

Fuente del artículo: https://jornada.com.mx/2019/04/02/opinion/015a1pol

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Réquiem por la reforma educativa

Luis Hernández Navarro

Por Luis Hernández Navarro

Suenan ya los primeros acordes del réquiem para pedir por el alma de la reforma educativa. Inconsolables, acompañando al coro, los viudos y huérfanos de la ley lanzan anatemas a los sepultureros en el Poder Legislativo que se aprestan a echar las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd y maldiciones a los cientos de miles de maestros que resistieron su aplicación.

Los primeros escarceos para abrogar la reforma educativa en el Legislativo comenzaron en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre, con un exhorto al secretario de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) para suspender la evaluación al desempeño docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Tomando la tribuna al grito de “¡Va a caer, va a caer… la reforma educativa va a caer!”, la nueva mayoría mandó un mensaje inequívoco sobre el futuro de la norma.

Dos días después, el Senado aprobó un punto de acuerdo en la misma dirección. El pleno demandó la suspensión mientras no se replantee una reforma en la que se incluya a todos los sectores involucrados y se culmine una propuesta alternativa que se trabaja con expertos y padres de familia.

Con la insensibilidad que caracteriza a las autoridades educativas en turno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido. El INEE rechazó también el exhorto, con el argumento de que está sujeto a un mandato constitucional y legal.

Ciertamente, un exhorto legislativo es como una llamada a misa. No obliga a nadie a acatarlo. También es verdad que entre parte de los nuevos legisladores hay una disputa por ver quién capitaliza políticamente la lucha contra la reforma educativa, y que eso provoca protagonismos y desplantes innecesarios y hasta contraproducentes. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el exhorto buscaba desactivar un conflicto real. Miles de maestros que han sido convocados a evaluarse en noviembre no van a permitir que se les examine. Más aún: es probable que saboteen activamente el examen. No es una baladronada. Si no asistieron a evaluaciones pasadas a pesar de la represión y los despidos de que fueron objeto, menos van a ir ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto va de salida. La negativa de la SEP y del INEE a aceptar la sugerencia legislativa es un indicador de su intención de provocar problemas.

El mismo 13 de septiembre, el senador Martí Batres Guadarrama presentó un proyecto de reforma para modificar la fracción tercera del artículo tercero constitucional y desvincular la evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente. No obstante haber anunciado que también impulsaría la derogación de la fracción novena del tercero constitucional (desapareciendo el INEE), finalmente bajó la propuesta.

También el 13 de septiembre, Mario Delgado, el itamita coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, disparó contra la norma. Se va a echar abajo la reforma educativa y no va a quedar ni una coma, anunció. Curiosamente, como senador del PRD, a finales de 2012 y principios de 2013, Delgado fue uno de los principales apoyadores de la reforma educativa. Tanto así que promovió la inclusión del concepto de calidad en el texto del tercero constitucional con una redacción que es un verdadero galimatías (https://bit.ly/2Oz2Ny4). Según el empresario Claudio X. González, el 12 de diciembre de 2012 el senador lo llamó jubiloso para contarle que la reforma se había aprobado con su voto en favor.

Todas estas declaraciones y fuegos de artificio sobre el inminente fin de la reforma educativa han alebrestado al graderío antimagisterial. Los dolientes de la reforma difunta han vuelto a repetir sin pudor alguno las calumnias que fabricaron contra los profesores y sus organizaciones gremiales para justificar su aprobación.

La reforma educativa ha fracasado estrepitosamente en mejorar la educación del país. Por el contrario, es responsable de su deterioro. Eso sí, sirvió para otros fines: sacar del servicio de manera anticipada sin necesidad de liquidación a cerca de 200 mil maestros, apalear el normalismo, facilitar el avance de los intereses empresariales sobre la enseñanza pública, vilipendiar y desprofesionalizar a los profesores.

La reforma educativa quiso ser impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Maestros y padres de familia fueron asesinados y golpeados por la fuerza pública, ante el silencio cómplice de los consejeros del INEE. Decenas de trabajadores de la educación fueron injustamente encarcelados. Más de 500 docentes fueron despedidos. A pesar de ello, fue descarrilada.

Por más réquiems que se le dediquen, la reforma educativa no va a tener ni paz perpetua ni eterno descanso. Sus promotores y defensores son culpables de multitud de agravios en contra de los maestros, los padres de familia y la educación pública. La reforma está ya muerta. Más le vale al país que se le dé pronto cristiana sepultura.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2018/09/18/politica/016a2pol?partner=rss

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