Author: Luis Hernández Navarro

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Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Chilapa, narcoparamilitarismo y resistencia

Luis Hernández Navarro

Alta, morena, delgada, doña Escolástica Luna porta un fusil con cargador adaptado. Nahua, de 71 años, vive en la comunidad Rincón de Chautla, Chilapa. Es parte de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF).

Durante dos años y 10 meses, doña Es­colástica luchó por la liberación de sus hijos Bernardino y David Sánchez Luna, injustamente presos junto a otros seis indígenas, acusados de delitos que no cometieron. Fueron detenidos en ma­yo de 2006, por negarse a entrar al Programa de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares, pues abría las puertas a la privatización del ejido y provocaba la división del pueblo.

Con los hombres presos, doña Escolástica fue nombrada comisaria del pueblo. Comenzó entonces una labor para que sus hijos fueran liberados, mientras gestionaba mejoras para la comunidad y sus habitantes. Incansable, recorrió caminos y ciudades para abrir puertas de oficinas gubernamentales y en solidaridad con otras luchas campesinas. Más adelante, cuando arreció la represión, aprendió, junto a otras mujeres, a manejar armas y se incorporó a la CRAC-PF.

Doña Escolástica participa en la misma organización de autodefensa comunitaria de la que forman parte los 19 niños varones de Ayahualtempa, de entre seis y 15 años, que aparecieron en un video el pasado 22 de enero, portando uniformes de guardias comunitarios, armados y efectuando ejercicios militares.

¿Qué sucede en Chilapa que obliga a mujeres y niños a tomar las armas para defenderse? Hay una larga historia tras ello, pero la gota que derramó el vaso fue el asesinato, mutilación y calcinamiento de 10 músicos nahuas ligados a la CRAC-PF por el grupo narcoparamilitar Los Ardillos, el pasado 17 de enero. Los criminales mandaron así un mensaje macabro a quienes desafían su control territorial: ellos pueden matar y quemar cuerpos sin temor alguno.

La emboscada de Los Ardillos contra los músicos fue la última agresión de una serie de violentos ataques contra las 16 comunidades organizadas en la CRAC-PF. Su objetivo: conquistar a sangre y fuego el control de la ruta que va de la cabecera municipal de Chilapa a la comunidad Tula, en la parte alta de la Montaña. Como la resistencia y autonomía de Rincón de Chau­tla y los otros poblados les estorban para transportar droga hacia Acapulco, Chilpancingo o la Ciudad de México, les hacen la guerra para expulsarlos de sus territorios. En el último año, 26 miembros de la organización fueron asesinados y dos desaparecidos. Por eso hasta los niños deben ir armados.

Empotrados en un conflicto de tierras, Los Ardillos utilizan a las autoridades agrarias de Zolocotitlán, núcleo agrario al que el anexo Rincón de Chau­tla pertenece. Así, disfrazan su disputa por una ruta segura para su trasiego de drogas de conflicto agrario.

Han tejido una intrincada red de poder en la política estatal, que les permite actuar con absoluta impunidad. Observadores han señalado su cercanía con el ex gobernador Ángel Aguirre, mientras a sus rivales, Los Rojos, se les asocia con Rubén Figueroa. Pese a ser responsables de más de mil 500 asesinatos y 500 desapariciones en la región durante los últimos seis años, imponen su voluntad sin autoridad que lo impida. Su negocio criminal florece de la mano de la eliminación de líderes sociales, en el más puro estilo contrainsurgente.

El 17 de marzo pasado, el gobierno de Guerrero se comprometió a garantizar seguridad e investigar los crímenes en Rincón de Chautla. No lo hizo. Puso un retén del Ejército que no sirvió. Los homicidios no se esclarecieron y los asesinos están libres.

Chilapa es el segundo municipio más violento del país. Durante la gestión de la 4T han sido asesinadas allí más de 100 personas. Esa violencia, y las operaciones de la industria criminal que la provocan, se expande a pesar de la presencia del Ejército. Los grupos armados imponen la ley a punta de metralleta.

Chilapa es un municipio abiertamente racista. El presidente municipal, Jesús Parra García, perteneciente al PRI, relegido en dos ocasiones y señalado como amigo de Los Rojos, concentra los recursos en la cabecera municipal y deja en el abandono a las comunidades indígenas.

Integrante del Congreso Nacional Indígena (CNI), con larga trayectoria de lucha que data, al menos de 1992, la CRAC-PF fue fundada en la comunidad de El Potrerillo, municipio de Malinaltepec el 23 de febrero de 2014, en el marco de una profunda crisis de la CRAC-PC. Asistieron más de 23 autoridades agrarias y civiles, consejeros, policías y comandantes regionales. Establecieron 11 principios, entre ellos, el respeto a la voluntad del pueblo y no a la del gobierno; la asamblea como máxima autoridad de toma de decisiones; aplicación de la justicia a través de la reducación: trabajo comunitario, servicio al pueblo y consejo de los ancianos. De inmediato se convirtieron en un contrapeso de los grupos criminales.

En Chilapa, la magnitud y naturaleza de la violencia narcoparamilitar desborda cualquier discurso oficial de pacificación. Los ejemplos de doña Escolástica Luna y de los niños armados para defenderse son un dramático grito contra la impunidad y la justicia.

Twitter: @lhan55

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/01/28/opinion/013a2pol
Autor: Luis Hernández Navarro
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El alebrije de la reforma educativa

Luis Hernández Navarro
Por: Luis Hernández Navarro
“La reforma educativa es el mismo perro pero con otro collar”. El autor de la frase no es un maestro de la CNTE. Tampoco un opositor fifí, ni un académico contestatario. La opinión es del filósofo Enrique Dussel, uno de los intelectuales de habla hispana más reconocidos internacionalmente. Perseguido por los militares argentinos, se exilió en México y se naturalizó mexicano. Es, además, integrante destacado de Morena.

Su afirmación no es exagerada. La reforma educativa de la Cuarta Transformación (4T) es, en esencia, el mismo erizo neo­li­be­ral de Enrique Peña Nieto, al que se le han limado algunas de sus espinas más filosas.

En esta ocasión, como en 2012-13, se volvió a poner la carreta delante de los bueyes. En lugar de aterrizar en la Constitución un gran proyecto educativo nacional que exprese con claridad los grandes ejes para transformar la enseñanza en el país, se acabó aprobando un alebrije legal que tiene como motivación central confinar a los maestros en un régimen laboral de excepción.

Un alebrije es una fiera imaginaria fabricada por artesanos, llena de colores, con elementos de animales diversos. La artesanía puede tener, a un tiempo, cabeza de perro, melena de león, alas de pájaro, cola de reptil, pezuñas y púas de puercoespín.

La reforma educativa de la 4T es un ale­brije legal elaborada con conceptos neoliberales, tira de materias, deseos de justicia social y asuntos laborales que tendrían que estar en el artículo 123 pero que se coloca­ron en el 3°. Es el perro del que habla el doc­tor Dussel, pintado color vino tinto. Es un alebrije que conserva camuflados los aspectos medulares de la reforma educativa del Pacto por México de 2013.

La nueva reforma es un texto omiso, contradictorio, confuso, incoherente y tramposo. Reforma que, en los hechos, acabó sepultando y diluyendo lo que, en la iniciativa original del presidente López Obrador aparecía como eje central: la educación para el bienestar. La investigadora Elsie Rockwell encontró en su redacción ¡64 ejes!

El investigador Juan Carlos Miranda analizó los conceptos utilizados y las veces que se repiten en el texto. Sus hallazgos no dejan duda. Domina el lenguaje de los tecnócratas educativos. Agente (al referirse a los docentes) se repite 27 veces; mejora o mejorar, 216 menciones, y dentro de esta categoría, las expresiones: mejora continua, 83; calidad, 154; la palabra: excelencia, 51; evaluación, 265; diagnóstico(a), 26; aprendizaje, 104, y equidad, 76 (https://bit.ly/2Xyf7TE ).

Igual que con la reforma educativa del Pacto por México, la de la 4T pone la carreta delante de los bueyes. En lugar de arrancar con un proyecto educativo transformador y derivar de él una reforma educativa, se propuso legislar primero y elaborar después un proyecto pedagógico. Si lo hizo así es porque su diagnóstico y su marco de referencia para la definición de la política educativa tiene elementos esenciales con el de Peña Nieto. Se trata del mismo perro con otro collar, del que habla Enrique Dussel.

No en balde, las intervenciones de AMLO sobre el tema se han limitado a insistir en la necesidad de recentralizar la nómina ma­gisterial, evitar el tráfico y venta de plazas y otorgar becas. Obviamente, son problemas que hay que atender, pero en sí mismos no constituyen un cambio educativo de gran aliento.

Un gobierno que ganó los comicios con el lema primero los pobres debería destinar más recursos para la educación a quienes más lo necesitan. No sólo como política pública, sino como derecho. Esto no quedó contemplado en la nueva legislación, al no hacerse explícitas las obligaciones del Estado para cumplir con ese derecho. Una administración que ha insistido correctamente en la necesidad de revalorar a los docentes debería reconocerlos explícitamente como profesionales y no como agentes.

Uno de los aspectos del alebrije legal que más escándalo, ilusiones y malentendidos ha causado es el transitorio decimosexto. Según el PAN y sus intelectuales, abre el camino a la venta de plazas. La afirmación es un absurdo. Fiel a los vientos recolonizadores que soplan en el país, el transitorio es un espejito que se da a los maestros a cambio del oro de la aceptación del proyecto. En los hechos, es una cortina de humo para mantenerlos en un régimen de excepción laboral.

Dicho transitorio apunta que los derechos laborales de los docentes se regirán por el apartado B del artículo 123. Sin embargo, dice que la admisión, promoción y reconocimiento dependen de un apartado especial: el Sistema para la Carrera de los Maestros y Maestras. O sea, una trampa. ¡Como si la admisión, promoción y reconocimiento no fueran una parte sustantiva de las relaciones laborales! Miles de maestros en el país, que no son conservadores ni fifís, rechazan el alebrije legislativo. No quieren la nueva correa para el mismo perro. Lo demostrarán a lo largo del sexenio.

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Educación y Cuarta Transformación

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha ido fijando los objetivos de la Cuarta Transformación (4T) poco a poco. No hay, hasta el momento, un documento oficial que dé cuenta de las principales características de su propuesta. El mandatario anunció su propósito en plena campaña electoral y ha ido precisando algunas de sus peculiaridades sobre la marcha.

Entre otros elementos que la componen, se encuentra el de concebirse como la siguiente etapa de las tres grandes transformaciones políticas y sociales anteriores: la Revolución de Independencia, la Reforma y la Revolución de 1910-17. Sin embargo, a diferencia de ellas, este nuevo trayecto histórico será pacífico y gradual.

Los componentes esenciales de este cambio son la lucha contra la corrupción, la separación del poder económico del político y la redistribución del ingreso por la vía de apoyos directos a los más necesitados. Adicionalmente, decretó el fin del neoliberalismo y apuesta por la soberanía energética, sin modificar el actual marco legal.

Si es difícil precisar en qué consiste la 4T en lo general, más lo es en el terreno educativo. AMLO ha hecho declaraciones sobre este tema en sus conferencias mañaneras, envió al Congreso una propuesta de reforma educativa y elaboró un memorando dirigido a sus secretarios de Educación, Gobernación y Hacienda, girando instrucciones sobre este asunto. Pero no ha presentado un proyecto educativo acabado.

Por su parte, el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, ha adelantado algunas ideas generales. Se entiende que lo ha hecho con el aval de su jefe. Pero algunas de esas propuestas, como el de la nueva escuela mexicana, son iniciativas sin contenido preciso.

A pesar de ello, puede inferirse que sus preocupaciones para la educación responden a los lineamientos generales de la 4T. Es el caso de la corrupción. Su propuesta para enfrentar la lacra en el sector consiste en la recentralización de la nómina magisterial y del fin de la venta de plazas. “La SEP –escribió en el memorando– administrará las plazas sindicales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas.”

La recentralización de la nómina magisterial es el reconocimiento oficial del fracaso de la descentralización educativa pactada en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica de 1992.

No es algo nuevo. La nómina magisterial comenzó a recentralizarse en 2015, en plena reforma educativa del Pacto por México. Con la creación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y el Gasto Operativo (FONE), la SEP pasó a hacerse responsable del pago a 950 mil trabajadores de la educación. Sin embargo, el pago de decenas de miles de mentores más siguió siendo responsabilidad de los estados. De manera que miles de maestros que no cuentan con plazas presupuestales avaladas por la Secretaría de Hacienda laboran en las entidades. Eso no significa que esos profesores hayan comprado sus plazas, o las hayan obtenido por medio de prácticas corruptas.

AMLO pudo acercarse a lo que significa esta bomba de tiempo, a raíz del paro magisterial y el bloqueo de las vías de ferrocarril en Michoacán de comienzos de este año. El FONE dejó allí fuera de sus listas a 18 mil 500 maestros. Lo mismo sucede en muchos otros estados.

Adicionalmente, existen diferencias salariales importantes entre maestros de distintos estados e incluso de la misma entidad. Los días de aguinaldo y distintos tipos de compensaciones varían en todo el país. ¿Qué va a hacer la autoridad con estas diferencias salariales al recentralizar la nómina? ¿Dejarlas como están? ¿Homogeneizarlas? Y si lo hacen ¿será a partir de lo que obtienen los que ganan más o los que ganan menos?

La recentralización puede ser una medida en la dirección correcta para ordenar el sector, siempre y cuando reconozca la antigüedad y el trabajo de esos miles de docentes no considerados en el FONE actual, y no implique que los maestros pierdan conquistas que ya tienen.

Es correcto terminar con la venta y el tráfico de plazas. Así lo ha demandado la CNTE una y otra vez. Quienes dicen lo contrario, mienten. Pero el control de las plazas por parte de la SEP, sin otros mecanismos adicionales, no garantiza el fin de la corrupción en el sector. En 2010, la SEP, a través de la UPN, encargó la encuesta Disposición de los docentes al desarrollo profesional y actitudes hacia la reforma educativa. El sondeo concluyó que 28.1 por ciento de los docentes obtuvieron su plaza por intermediación de la SEP o la autoridad educativa (https://bit.ly/2Xyf7TE). Un porcentaje mayor al que lo hizo a través del SNTE.

En el memoramdo, AMLO establece que la educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. Todos estos ejes son claves, excepto el de calidad. Aunque es una palabra bonita, calidad fue el concepto articulador de la reforma educativa de Peña Nieto. Lo fue, por una razón: es un término proveniente del mundo de los negocios, que, en el terreno educativo, sirve a la política neoliberal, y a las mediciones estandarizadas en el propósito de la educación.

Otra historia es el dictamen de reforma educativa aprobado en la Cámara de Diputados. El documento no tiene nada que ver con una transformación pedagógica progresista de largo aliento. Es, en lo esencial, la misma gata del Pacto por México, sólo que revolcada.

Fuente del artículo:

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Reforma educativa y Cuarta Transformación

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro.

 

No habrá en Méxicotransformación social profunda al margen del magisterio. Menos aún en contra suya. No habrá Cuarta Transformación (4T) ni una nueva escuela mexicana si se pretende enjaular a los maestros en un régimen laboral de excepción. Tampoco si se pretende mantener el proyecto educativo neoliberal, así sea maquillado.

Con la reforma educativa de Enrique Peña Nieto, el Estado rompió, unilateralmente, el pacto que desde hacía décadas tenía con los trabajadores de la educación. La reforma transformó sustancialmente la naturaleza del trabajo docente. Trasladó a los maestros, de la noche a la mañana, al reino de la inseguridad y la precariedad laboral. El magisterio dejó de ser una profesión de Estado para convertirse en una profesión semiliberal, cuyo desempeño está sujeto al arbitrio de la autoridad. De paso, decretó la práctica extinción del normalismo.

La nueva reforma educativa retoma aspectos esenciales de la reforma del Pacto por México. Así lo han reconocido el PRI, el PAN y especialistas educativos del mundo empresarial. Tan es así que votaron entusiasmados en favor del dictamen de la reforma en la sesión conjunta de las comisiones de Puntos Constitucionales y Educación en la Cámara de Diputados.

Como escribió Pablo Hiriat, nada sospechoso de simpatizar con el obradorismo: La reforma educativa aprobada ayer en comisiones en la Cámara de Diputados es prácticamente igual a la que promulgó en febrero de 2013 el presidente Peña Nieto, luego del Pacto por México entre todos los partidos.

Es falso que el rechazo de los maestros democráticos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) al dictamen de los diputados sea por el control de las plazas. La coordinadora ha señalado una y otra vez, en cuanto foro y negociación ha participado, que no quiere que el sindicato controle las plazas. Pese a ello, políticos y expertos educativos ligados al mundo empresarial reiteran la calumnia.

De hecho, como recuerda el investigador Aldo Muñoz, ni antes ni después de la federalización de 1992 se entregaban al Comité Nacional del SNTE 50 por ciento de las plazas más bajas que se estipula en el artículo 62 de la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado.

Lo que el magisterio democrático de­manda es no ser confinado a un régimen laboral de excepción, que trata las garantías laborales del magisterio como derechos de segunda. Juzga inadmisible que el ingreso, promoción y reconocimiento sean temas administrativos bajo el control gubernamental, al margen de cualquier bilateralidad. Ni en el artículo tercero, ni en algún transitorio. Tampoco admite que, aunque se reconozca en un transitorio que, salvo el ingreso, la promoción y el reconocimiento, las relaciones laborales se regulen por el apartado B del 123 constitucional. Por una razón elemental: para efectos de ley superior, un transitorio no está por encima de la ley madre.

Formalmente, la reforma educativa de la 4T declara que busca robustecer al normalismo. No lo hace. El texto dice: El Estado fortalecerá a las instituciones públicas de formación docente, de manera especial a las escuelas normales, en los términos que disponga la ley. Los diputados mocharon la propuesta presidencial original que establecía el dar atención prioritaria a estas ­instituciones.

Fortalecer realmente el normalismo implica varias cosas, no contempladas en el dictamen: dar plazas a los egresados de las normales públicas al terminar sus estudios; que los egresados de estas instituciones tengan primacía para ocupar una plaza de trabajo sobre los que vienen de otros centros educativos; libertad académica y autonomía real.

El normalismo es una profesión de Estado, surgida de la obligación de éste de impartir educación. Es la vía de formación de los profesionales que se requieren para cumplir con el ordenamiento constitucional en la materia. Los normalistas son evaluados por las autoridades educativas al ingresar a la normal, mientras están en ella y para recibirse, obtener su título y su cédula profesional. Los planes de estudios que cursan son fijados por el Estado.

Es absurdo que, en lugar de seguir la ruta que durante muchos años se siguió exitosamente, no obtengan su plaza y comiencen inmediatamente a trabajar al recibir su cédula profesional. Y que deban concursar por un trabajo compitiendo con profesionistas que no poseen los estudios para enseñar a niños y jóvenes. Es como si los cadetes del Heroico Colegio Militar, al terminar sus estudios, en lugar de ingresar directamente al servicio con un grado, tuvieran que presentar un nuevo examen, junto a profesionistas que no cursaron la carrera de las armas.

Las plazas de los normalistas de nuevo ingreso del sistema público no son administradas por el sindicato. No es el SNTE el que se las da. Es la autoridad educativa quien las asigna directamente a los egresados. Porque se necesitan sus servicios y porque demostraron, a lo largo de toda la carrera, que están capacitados para ser maestros.

Con la nueva reforma es imposible que se establezca pacto alguno entre los maestros y el Estado. O que se haga realidad una nueva escuela mexicana. Por el contrario, tal y como sucedió en el sexenio pasado, en el que los legisladores del PRI asumían que todo estaba bajo control y se enfrentaron a oleadas intermitentes de descontento magisterial, lo que veremos es un desencuentro permanente entre los trabajadores de la educación y la 4T.

Fuente del artículo: https://jornada.com.mx/2019/04/02/opinion/015a1pol

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Réquiem por la reforma educativa

Luis Hernández Navarro

Por Luis Hernández Navarro

Suenan ya los primeros acordes del réquiem para pedir por el alma de la reforma educativa. Inconsolables, acompañando al coro, los viudos y huérfanos de la ley lanzan anatemas a los sepultureros en el Poder Legislativo que se aprestan a echar las primeras paletadas de tierra sobre el ataúd y maldiciones a los cientos de miles de maestros que resistieron su aplicación.

Los primeros escarceos para abrogar la reforma educativa en el Legislativo comenzaron en la Cámara de Diputados el 11 de septiembre, con un exhorto al secretario de Educación y al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación ( INEE) para suspender la evaluación al desempeño docente programada del 3 al 25 de noviembre próximos. Tomando la tribuna al grito de “¡Va a caer, va a caer… la reforma educativa va a caer!”, la nueva mayoría mandó un mensaje inequívoco sobre el futuro de la norma.

Dos días después, el Senado aprobó un punto de acuerdo en la misma dirección. El pleno demandó la suspensión mientras no se replantee una reforma en la que se incluya a todos los sectores involucrados y se culmine una propuesta alternativa que se trabaja con expertos y padres de familia.

Con la insensibilidad que caracteriza a las autoridades educativas en turno, la Secretaría de Educación Pública (SEP) informó en un comunicado que todos los procesos de evaluación previstos para el resto de 2018 serán realizados conforme al calendario establecido. El INEE rechazó también el exhorto, con el argumento de que está sujeto a un mandato constitucional y legal.

Ciertamente, un exhorto legislativo es como una llamada a misa. No obliga a nadie a acatarlo. También es verdad que entre parte de los nuevos legisladores hay una disputa por ver quién capitaliza políticamente la lucha contra la reforma educativa, y que eso provoca protagonismos y desplantes innecesarios y hasta contraproducentes. Sin embargo, más allá de estas consideraciones, el exhorto buscaba desactivar un conflicto real. Miles de maestros que han sido convocados a evaluarse en noviembre no van a permitir que se les examine. Más aún: es probable que saboteen activamente el examen. No es una baladronada. Si no asistieron a evaluaciones pasadas a pesar de la represión y los despidos de que fueron objeto, menos van a ir ahora que el gobierno de Enrique Peña Nieto va de salida. La negativa de la SEP y del INEE a aceptar la sugerencia legislativa es un indicador de su intención de provocar problemas.

El mismo 13 de septiembre, el senador Martí Batres Guadarrama presentó un proyecto de reforma para modificar la fracción tercera del artículo tercero constitucional y desvincular la evaluación a la permanencia en el servicio profesional docente. No obstante haber anunciado que también impulsaría la derogación de la fracción novena del tercero constitucional (desapareciendo el INEE), finalmente bajó la propuesta.

También el 13 de septiembre, Mario Delgado, el itamita coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, disparó contra la norma. Se va a echar abajo la reforma educativa y no va a quedar ni una coma, anunció. Curiosamente, como senador del PRD, a finales de 2012 y principios de 2013, Delgado fue uno de los principales apoyadores de la reforma educativa. Tanto así que promovió la inclusión del concepto de calidad en el texto del tercero constitucional con una redacción que es un verdadero galimatías (https://bit.ly/2Oz2Ny4). Según el empresario Claudio X. González, el 12 de diciembre de 2012 el senador lo llamó jubiloso para contarle que la reforma se había aprobado con su voto en favor.

Todas estas declaraciones y fuegos de artificio sobre el inminente fin de la reforma educativa han alebrestado al graderío antimagisterial. Los dolientes de la reforma difunta han vuelto a repetir sin pudor alguno las calumnias que fabricaron contra los profesores y sus organizaciones gremiales para justificar su aprobación.

La reforma educativa ha fracasado estrepitosamente en mejorar la educación del país. Por el contrario, es responsable de su deterioro. Eso sí, sirvió para otros fines: sacar del servicio de manera anticipada sin necesidad de liquidación a cerca de 200 mil maestros, apalear el normalismo, facilitar el avance de los intereses empresariales sobre la enseñanza pública, vilipendiar y desprofesionalizar a los profesores.

La reforma educativa quiso ser impuesta, literalmente, a sangre y fuego. Maestros y padres de familia fueron asesinados y golpeados por la fuerza pública, ante el silencio cómplice de los consejeros del INEE. Decenas de trabajadores de la educación fueron injustamente encarcelados. Más de 500 docentes fueron despedidos. A pesar de ello, fue descarrilada.

Por más réquiems que se le dediquen, la reforma educativa no va a tener ni paz perpetua ni eterno descanso. Sus promotores y defensores son culpables de multitud de agravios en contra de los maestros, los padres de familia y la educación pública. La reforma está ya muerta. Más le vale al país que se le dé pronto cristiana sepultura.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2018/09/18/politica/016a2pol?partner=rss

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Los maestros y las elecciones

Luis Hernández Navarro

Luis Hernández Navarro

n la Arena México, la capitalde la lucha libre azteca, se libró el pasado sábado 26 de mayo un sensacional combate por el voto magisterial. Enfundado en el traje de técnico, el abanderado de la coalición Todos por México, José Antonio Meade, preguntó a los 15 mil maestros presentes en el espectáculo: ¿Dónde están los que no le tienen miedo a los rudos que tenemos por delante? ¿Dónde están los técnicos que van a salir a ganar?

Seguramente el aspirante presidencial tuvo que morderse la lengua. Sus anfitriones no son conocidos en el mundo electoral por la limpieza con la que aplican a sus rivales la quebradora, la Wilson o la Nelson. Son famosos por usar máscara debajo de la máscara, por hacer de la democracia un ejercicio de acrobacia y por propinar codazos en los ojos a sus rivales con la complicidad del réferi. Más que fama de técnicos, Juan Díaz de la Torre, el presidente del SNTE que se encumbró en el puesto traicionando a Elba Esther Gordillo, y Luis Castro, el antiguo agente del Cisen en Europa y actual dirigente del Panal, tienen la bien ganada reputación de ser rudos entre los rudos.

Muchos maestros que asistieron a la Arena México fueron obligados a hacerlo. En Puebla, por ejemplo, la instrucción fue: necesitamos que se llenen dos camiones por región para estar llegando a México el sábado. Donde los profesores se negaron a ir, obligaron a quienes sí fueron a llevar a sus familias. El viernes anterior, las clases fueron suspendidas teóricamente para realizar consejos técnicos escolares, pero éstos fueron cancelados en su mayoría

Recordando las viejas glorias gremiales, se lanzó la consigna: El que no apoya a Nueva Alianza no apoya al SNTE. Frente a Meade, Juan Díaz de la Torre puso a su disposición una estructura de 322 mil maestros encargados de llevar votos y cuidar casillas. El corporativismo en su más pura esencia. La demostración de que la afirmación de Aurelio Nuño de que la reforma educativa terminó con la relación clientelar entre el SNTE y el PRI es demagogia.

El acto fue el revire priísta a la concentración magisterial convocada por AMLO en Guelatao, Oaxaca, el pasado 12 de mayo, acto en que el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia dio a conocer sus 10 compromisos para mejorar la educación en México. Entre ellos, la cancelación de la mal llamada reforma educativa, el uso de las facultades del Ejecutivo para detener las afectaciones laborales y administrativas al magisterio nacionaly el respeto a la independencia y autonomía del magisterio.

Participaron unos 4 mil 500 profesores de tres fuerzas político-sindicales y pobladores de la Sierra Juárez. Las Redes Sociales Progresistas (RSP), representantes de 20 estados del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE y maestros de la sección 22 de Oaxaca, que asistieron a título individual o de su corriente.

En esta ocasión, a diferencia de lo sucedido el 10 de febrero en Zacatecas, López Obrador no firmó acuerdo alguno. Incluso, cuando un grupo de maestros acercó una mesita para subirla al estrado con el objetivo de que el candidato signara el documento, no pudo hacerlo. En lugar de eso, AMLO se tomó fotos, abrazó niños, puso una ofrenda floral a Benito Juárez y firmó el libro de visitantes distinguidos diciendo: La próxima vez lo haré como presidente.

En el mitin, además de los líderes partidarios de la coalición estuvo el controvertido futuro secretario de Educación Esteban Moctezuma (repudiado por la CNTE) y dos ex dirigentes de la sección 22 candidatos a diputados por Morena, que están impugnados por otras corrientes magisteriales locales: Azael Santiago Chepi e Irán Santiago Manuel.

La ausencia de la coordinadora en el acto (ese mismo día a esa misma hora la sección 22 sesionó en la ciudad de Oaxaca) no fue casualidad. Le resulta indigerible la alianza de AMLO con Elba Esther Gordillo, por medio de las RSP encabezadas por el ex secretario general del SNTE Rafael Ochoa, hoy candidato a senador de Juntos Haremos Historia, y de los movimientos magisteriales de base, promovidos por Tomás Vázquez Vigil, mentor de Juan Díaz de la Torre en Jalisco.

Esa alianza ha sido duramente descalificada por la CNTE. El 14 de febrero, la explicó como parte de un pleito entre las mafias del sindicato por ver quién conduce el proceso electoral entre los profesores. Los charros y Obrador –dijeron– van por el voto del magisterio. A Díaz de la Torre, o en este caso al PRI, le llegarán los votos corporativos. A Obrador los votos contra la reforma educativa.

Pero la decisión de no pactar con AMLO es parte, también, de consideraciones políticas e ideológicas. La coordinadora sostiene que en lugar de abrogar la reforma educativa, López Obrador plantea transferir al Congreso la decisión de modificar una de las leyes secundarias.

En la declaración política de su cuarto congreso nacional extraordinario, la CNTE condena y repudia a los partidos políticos que aprobaron las reformas estructurales y que firmaron el Pacto por México. Ratifica su independencia ideológica, política y económica de todos los partidos que hoy participan en la contienda electoral, del gobierno y del charrismo sindical. Y reconoce la validez de todas las formas de lucha, siempre y cuando eleven la conciencia de clase, respetando la libre militancia de sus integrantes.

En su manifiesto a la nación del 9 de abril, advierte que en la actual contienda por la Presidencia de la República no existe el proyecto de izquierda; no hay una propuesta de nueva nación; lo que hay es más de lo mismo. Hay alianzas de candidatos con empresarios y delincuentes; una migración de políticos de un partido a otro sin respetar sus propias características ideológicas.

Y, para que no quede duda de que su movimiento camina por un rumbo distinto a la lógica electoral, acordó estallar este 4 de junio un paro nacional indefinido, arribar a Ciudad de México en caravanas motorizadas y exigir al gobierno federal la instalación de una mesa nacional de negociación para reinstalar a los maestros cesados y derogar de la reforma educativa.

Fuente del Artículo:

https://www.jornada.com.mx/2018/05/29/opinion/017a2pol

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Trump: la disputa por el relato

Luis Hernández Navarro

Por: Luis Hernández Navarro

Como candidato, Donald Trump derrotó por nocaut a los grandes medios de comunicación estadunidenses. Ahora se propone hacer lo mismo como presidente de Estados Unidos. En el centro del pleito se encuentra la definición de quién elabora la narrativa sobre el nuevo gobierno: si el magnate o la prensa.

Los ataques de Trump contra los medios han sido duros, a la cabeza y continuos. Sea a través de tuits o en conferencias con periodistas, el mandatario no da tregua. Un día dice que los medios se han convertido en gran parte del problema, parte del sistema corrupto, y otro afirma que el público ya no les cree. La prensa está fuera de control, el nivel de deshonestidad está fuera de control.

El presidente dispara indistintamente contra los medios electrónicos y los escritos. “Los medios con noticias falsas (los perdedores The New York Times, NBC, ABC, CBS, CNN) no son mi enemigo, son el enemigo del pueblo estadounidense”, escribió en un tuit. Ufano, asegura que «muchos de los medios en Washington, junto con los de Nueva York y Los Ángeles en especial, no hablan para la gente, lo hacen para intereses especiales. La gente ya no les cree. Quizás yo tenga algo que ver en ello. No lo sé. Pero ya no les creen».

Al menos en este punto, Trump es consistente en sus convicciones. En 1981, acusaba: «La prensa es mentirosa, está ahí para manipular a la gente y a eso se dedica».

Stephen K. Bannon, el hombre más influyente en el equipo presidencial, confirmó esta «doctrina» en una entrevista a The New York Times: «Los medios de comunicación deberían estar avergonzados, sentirse humillados y mantener la boca cerrada. Deberían empezar a escuchar. Quiero que tome esta cita textual: los medios de comunicación son el partido de la oposición. Ellos no entienden este país. Todavía no entienden por qué Donald Trump es el presidente de Estados Unidos» (http://goo.gl/mu4F2D).

Los golpes del presidente y su asesor contra los medios de comunicación llueven sobre mojado. Una encuesta de Gallup, difundida el 14 de septiembre de 2016, encontró que sólo 32 por ciento de los estadunidenses tienen mucha confianza en los medios de comunicación «para reportar la noticia de manera completa, precisa y justa». Se trata del nivel más bajo en la historia de estos sondeos. Una caída de ocho puntos porcentuales con respecto al año pasado (https://goo.gl/e3ywhU).

Esta desconfianza hacia la prensa es aún mayor entre las personas de 18 a 49 años de edad. Sólo 26 por ciento se fían de la verosimilitud de lo que los medios informan.

La cobertura que muchos de estos medios han hecho sobre los gobiernos progresistas en América Latina muestra que no faltan razones para esta incredulidad. No pocos periódicos y cadenas televisivas se han comportado allí –tal como advierte Steve Bannon– como partidos de oposición alternos, y no han comprendido lo que sucede en la región. Su aparente «objetividad» está condicionada por su proclividad a favorecer la visión de los grupos empresariales afectados por las reformas y por los intereses estadunidenses en el área.

Claramente, existe una diferencia sustantiva en cómo la gente ve a los medios y cómo se ven ellos a sí mismos. Mientras éstos se asumen como un cuarto poder real, como un mensajero entre los que piensa y sienta la ciudadanía y el poder, los hombres y mujeres de a pie los consideran cada vez más como parte del establishment. Para muchos ciudadanos, no hay diferencias sustanciales entre los medios y la clase política.

Trump y su equipo se han apoyado en esta diferencia de percepción para imponer la narrativa sobre su gobierno. No importa si lo que el mandatario dice es falso o verdadero. Le valen gorro los valores clásicos del periodismo. Lo que le importa es que su relato sobre lo que él es y hace se imponga sin cortapisas. Y a sus seguidores les tiene sin cuidado si lo que dice es cierto o es mentira. Lo que quieren son palabras que les permitan reafirmar sus convicciones previas.

Durante su campaña electoral, el magnate se presentó como un no político e hizo de la comunicación directa, sin agentes mediáticos (pero contra ellos), el centro de su estrategia con los votantes. Tenía una reputación previa como empresario de éxito forjada en las páginas de tabloides y de shows de entretenimiento. Con una organización territorial eficaz, el uso de redes sociales y el dominio de las reglas del juego del mundo del espectáculo le dio la vuelta a la industria de la información y el entretenimiento. Hoy parece tenerla contra las cuerdas.

A pesar de que nunca lo tomaron con seriedad, los medios de comunicación fueron claves en el triunfo electoral de Trump. No porque hablaran bien de él, sino por la enorme cobertura gratuita que le brindaron. Lo hicieron por una razón muy sencilla: porque era negocio. Durante la campaña, CNN ganó 100 millones de dólares extras por informar y opinar ampliamente sobre Trump.

Según un informe de MediaQuant, en las elecciones primarias del Partido Republicano Trump contó con mil 898 millones de dólares en publicidad no pagada en distintas plataformas.

Sobre advertencia no hay engaño. Aunque el influyente Steve Bannon realmente no es leninista, se presentó en una entrevista con el historiador Ronald Radosh como un seguidor del revolucionario soviético. “Lenin –le dijo– quería destruir el Estado, y ese es también mi objetivo. Quiero que todo se venga abajo, destruir todo el sistema actual.” Obviamente, la prensa es parte de ese sistema.

A tuitazos, el beligerante Donald Trump avanza en la destrucción del viejo orden. Los grandes medios de comunicación tradicionales están en su mira. Ellos han reaccionado disparando ya sus más potentes descargas. Sin embargo, apenas parecen haberle hecho daño. Por lo pronto, el pleito sigue.

Fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=223217&titular=trump:-la-disputa-por-el-relato-

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