Por: Luis Hernández Navarro
Distintos conflictos sociales y gremiales sacudieron la geografía nacional durante los últimos seis meses de 2025. Maestros democráticos, estudiantes y profesores de instituciones de educación superior, funcionarios universitarios, agricultores, transportistas, defensores del territorio el agua, opositores a megaproyectos y madres buscadoras de desaparecidos protestaron tomando calles, plazas públicas y carreteras. Muchos de esos movimientos siguen vivos y se desplegarán a lo largo de los primeros meses del próximo año.
No está en el centro de su lucha enfrentar a la Presidenta o a la 4T, aunque en sus movilizaciones choquen con la mandataria y con su proyecto. Mucho menos una dinámica desestabilizadora de corte derechista. No buscan incidir en procesos electorales o disputas partidarias. Salen a las calles para que sus demandas se resuelvan. Lo digan o no explícitamente, no están dispuestos a sumarse a una dinámica de “unidad a toda costa” ni ser incorporados a un “pacto de clases”.
No se ciñen a una interpretación de nuestra historia como resultado del enfrentamiento entre liberales y conservadores. Tampoco están de acuerdo en que la 4T sea la síntesis de todas las causas emancipadoras. Objetan la consigna de “los radicales de los dos lados se juntan”. Reivindican su autonomía y la necesidad de resolver sus demandas, independientemente de quien gobierne.
A pesar de que distintas fuerzas al interior de estos movimientos buscan su convergencia, no se ha producido. Ni siquiera en grupos afines a su problemática, como lo son los universitarios o los colectivos de buscadoras, hay unidad de acción. La naturaleza de sus liderazgos, la diversidad de sus demandas, sus distintas formas de lucha, sus tiempos y ritmos de movilización diferenciados hacen difícil ese encuentro. Pero eso no quiere decir que no vayan a procurar en el futuro ciertas formas de coordinación. Por lo pronto, hemos visto en los últimos tres meses una inédita alianza entre agricultores y una organización de transportistas.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) exige la derogación de la Ley del Issste de 2007, abrogar una reforma educativa que los mantiene en una legislación laboral de excepción, y democratizar su sindicato. El senador por Morena Alfonso Cepeda, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), está al frente de la gremial de manera ilegal. Terminó su interinato en febrero de 2024. Solicitó al consejo nacional una extensión de su mandato hasta noviembre de ese año. La fecha ya pasó y, desde entonces, funge de secretario general irregularmente.
En la segunda quincena de enero, el magisterio democrático comenzará una jornada de brigadeo nacional impulsada, fundamentalmente, por Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Zacatecas. La Coordinadora realizará su asamblea nacional en Yucatán, en donde hay un vigoroso movimiento en ascenso. Probablemente, estalle un paro de 72 horas hacia mediados de marzo. Mientras tanto, mantendrán una diversidad de acciones de protesta.
Según el colectivo Insurgencia Magisterial, este ha sido un otoño caliente en universidades, normales y tecnológicos de prácticamente todo el país. Entre agosto y septiembre, más de 70 protestas llegaron al paro y toma de instalaciones. Multitud de escuelas y facultades de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Instituto Politécnico Nacional (IPN) y Universidad de Guadalajara suspendieron labores. Sus peticiones van del cuestionamiento de la inseguridad escolar a las denuncias de hostigamiento sexual por parte de maestros; de comedores para estudiantes a exigencias de remoción de funcionarios.
Muchos de estos conflictos no se han resuelto, por ejemplo, en la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. La situación financiera de muchas universidades es grave y las críticas a la opacidad y la ausencia de rendición de cuentas de sus cuerpos directivos es una constante.
Las protestas de agricultores no cesan. A cada anuncio gubernamental de que el problema está resuelto, los campesinos responden con nuevas movilizaciones. Según la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco), los bloqueos provocaron pérdidas económicas de hasta 6 mil millones de pesos. Ramas industriales –como la automotriz– sufrieron duros golpes.
No obstante algunas negociaciones locales, como la que se efectuó con los maiceros del Bajío, la inconformidad brota por todos lados. A pesar de los intentos oficiales de excluir de las negociaciones a los dirigentes del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM), esta organización desempeñó un papel fundamental en los diálogos para modificar la Ley de Aguas y lo sigue teniendo en acuerdos como el esquema de pignoración que posibilitará que los productores obtengan del gobierno un anticipo a sus cosechas de básicos, utilizando éstas como garantía.
Las expresiones de inconformidad de familiares de desaparecidos brotan prácticamente todos los días. Denuncian casos concretos de nuevas víctimas de este delito y critican la indolencia gubernamental. Organizados en un verdadero archipiélago de colectivos o de grupos familiares, realizan búsquedas y se han dado a la tarea de que se conozca la verdad y haya justicia para más de 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que contabiliza las desapariciones desde 1950. Su protagonismo y radicalidad van en aumento, especialmente en Jalisco.
Este malestar social, evidente con la mera lectura de la prensa diaria, no necesariamente queda registrado en las encuestas publicadas, que buscan medir otros tipo de indicadores (como la aceptación o rechazo de funcionarios públicos y políticos). Pero eso no quiere decir que no exista. Y, menos aún, que no vaya a seguir aflorando el año próximo.
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