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Misael Núñez Acosta, las huellas del crimen

Por: Luis Hernández Navarro

Clemente Villegas Villegas se reunió con Rufino Vences Peña en el Burger Boy de Nezahualcóyotl. Le informó que prestaba sus servicios en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Y le ofreció un negocio: calmar unas personas que se encontraban agitando, realizando paros, mítines y marchas a Palacio Nacional. Le dio 60 mil pesos como adelanto de un pago de 300 mil, la media filiación del profesor Misael Núñez Acosta y la dirección donde debía hacerse el trabajo.

La chamba para la que lo contrató, por encargo de sus jefes del sindicato, consistía, lisa y llanamente, en asesinar a Misael Núñez Acosta el 30 de enero de 1981. Los agitadores a los que hizo referencia eran los dirigentes del Consejo Central de Lucha del Valle de México (CCLVM), entre los que se encontraban Ramón Couoh, Teodoro Palomino, Ger­mán Aguilar, Juan José Altamirano y José González Figueroa. Reclamaban democracia sindical y más salarios.

Clemente era secretario particular de Ramón Martínez Martín, el dirigente nacional del SNTE, fiel escudero del cacique sindical Carlos Jonguitud Barrios. Nacido en Calnali, Hidalgo, perteneció al grupo porril de Los Cuchilleros en la Normal Superior de la Ciudad de México. En la escuela no dudaba en sacar la pistola para amenazar a los alumnos disidentes.

Tras la plática con Clemente, Rufino fue a buscar a su tío Joel Vences Hernández y a su amigo Jorge Mejía Piña. Tío y sobrino habían sido agentes judiciales del estado de México. Les explicó el trabajo que había que hacer y les adelantó 15 mil pesos. Armados con una Colt .45, robaron un auto Chrysler LeBaron, recordando sus tiempos de policías.

El 30 de enero, los asesinos se fueron a Tulpetlac a cumplir el encargo. Ocuparon el tiempo fumando mariguana. Alrededor de las 7 de la tarde le vaciaron a Misael el cargador de la Colt. El profesor cayó muerto. También el obrero Isidro Duarte Omaña. El maestro Daniel Darío Ayala fue herido.

Las intimidaciones venían de atrás. En un desplegado publicado en el diario Unomásuno, los charros del SNTE acusaron a los profesores democráticos de ser guerrilleros. En un mitin efectuado el 13 de noviembre de 1980 en Tlalnepantla, Elba Esther Gordillo, entonces la cacique sindical local, amenazó belicosa a los disidentes: Los pararemos cueste lo que cueste, a costa de lo que sea.

La información sobre el homicidio corrió como reguero de pólvora. Esa tarde había una reunión del CCLVM en el auditorio Rafael Ramírez, de la Normal Superior. Alguien telefoneó para avisar. “Algo difícil está pasando –dijo lívido el maestro que recibió la noticia–. Asesinaron a Misael en Tulpetlac. Le dispararon y la última información es que está muerto.” Sus compañeros quedaron consternados.

Tras una breve reunión, una comisión de docentes se trasladó a la presidencia municipal. En lugar de poner el cuerpo de Misael en una plancha del Ministerio Público, las autoridades lo llevaron al panteón de Ecatepec y lo colocaron en una cripta. Allí le hicieron la autopsia.

Cuando los maestros democráticos llegaron a la presidencia municipal junto a la esposa de Misael, la maestra Yolanda Rodríguez, se toparon con la desagradable sorpresa de que allí estaban los dirigentes oficialistas de la sección 36. Indignados, los del CCLVM los increparon y corrieron, al tiempo que exigían los trámites legales. Finalmente, a eso de las 4 de la mañana, en una ambulancia, trasladaron el cuerpo de Misael a su casa. Al llegar, tres profesores lo vistieron.

A la mañana siguiente comenzó un largo peregrinar. El féretro de Misael fue llevado a la Normal Superior, donde se le rindió un sentido homenaje de cuerpo presente. De allí, partió un cortejo fúnebre con el ataúd al frente, que recorrió la calzada México-Tacuba hasta llegar a la cueva de los asesinos intelectuales del maestro en la calle de República de Venezuela: las oficinas del SNTE. Los restos del maestro retornaron a su hogar en Tulpetlac, para salir de allí en caravana al cementerio de Ixmiquilpan. La comitiva llegó al panteón al atardecer. En conmovedora ceremonia, doña Carlota Acosta, mamá de Misael, abrió la caja y celebró un culto de acuerdo con sus creencias. Cerca de las 8 o 9 de la noche, Misael fue sembrado.

Durante la primavera magisterial de 1989, la exigencia de esclarecer el asesinato de Misael se puso de nuevo en el centro del movimiento. Alrededor del edificio de la Secretaría de Educación Pública en la calle de República de Brasil, donde se realizaban las negociaciones, incansablemente, miles de maestros le gritaban a Gordillo: ¡Asesina!

En un receso, en una pequeña sala entre el salón Simón Bolívar y la oficina del secretario de Educación (en aquel entonces Manuel Bartlett) la maestra Gordillo se cruzó con los profesores disidentes Germán Aguilar y Teodoro Palomino. “Estaba abatida en uno de los sillones –cuenta Teodoro–. Le pregunté qué le sucedía. Ella me mostró las manos y me dijo: ‘Tengo las manos manchadas de sangre’.”

Misael Núñez Acosta –dice el profesor Pedro Ramírez Vázquez– es un ejemplo a seguir. Su compromiso con alumnos y padres de familia, su involucramiento con las luchas populares en favor de las mejores causas, muestran la ruta que un maestro comprometido con la transformación social debe caminar. Verdad y justicia siguen siendo en este caso, materia pendiente (https://bit.ly/3cdZ2ga).

Twitter: @lhan55

Fuente e Imagen: https://www.jornada.com.mx/2021/01/26/opinion/017a1pol

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El muralismo normalista mutilado

Los muros de las 256 escuelas normales públicas del país son una galería viva. Grandes pintores como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Jorge González Camarena y José Hernández Delgadillo comparten allí paredes de auditorios, aulas, dormitorios y bardas con decenas de colectivos artísticos anónimos.

En las instituciones formadoras de maestros hay centenares de murales. A través de ellos, los alumnos conviven lo mismo con una visión de la historia del país y de la humanidad, que con el santoral laico de los héroes que habitan el imaginario magisterial. Gracias a las representaciones estampadas en esos edificios, los muchachos (y sus maestros) alimentan las señas de su identidad normalista.

Las paredes de las normales hablan. Sus narraciones cuentan los afanes emancipatorios asociados a la profesión docente. Testimonian la inclaudicable resistencia estudiantil. Rinden homenaje a los 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Alertan del peligro de que cualquier otro joven pueda convertirse en el 44.

Pero, también, como parte de dos proyectos culturales en pugna, hay muros que relatan otras historias. Pinturas que, más allá de su calidad estética, cortejan al poder, exaltan el más rancio nacionalismo y mistifican el pasado. Creaciones que diluyen el espíritu crítico de la educación alternativa y desaparecen la memoria militante del normalismo.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) acaba de editar un hermoso y necesario libro lleno de bellas imágenes, que busca recuperar el muralismo en las escuelas normales. Se titula Los Normurales. Un grito de resistencia y color por la memoria (https://bit.ly/38ehVxt). Desafortunadamente, la publicación dejó fuera una parte muy importante de lo que las paredes de estas escuelas gritan. Casi no aparecen allí ni la iconografía ni el ideario del normalismo militante; se omitió buena parte de la tradición pictográfica estudiantil.

Las paredes de muchas escuelas formadoras de maestros están llenas de imágenes de Ernesto Che Guevara, Lucio Cabañas, Genaro Vázquez, Arturo Gámiz, Carlos Marx, Vladimir I. Lenin, Misael Núñez Acosta y del movimiento zapatista. No son pocas las que reproducen escenas de represión contra el movimiento estudiantil. Sin embargo, Los Normurales prácticamente ocultó esas representaciones.

Es como si a la hora de publicar un libro sobre muralismo mexicano se despareciera a Marx, Bakunin, Proudhon, Flores Magón y Esteban Baca Calderón de la obra de Siqueiros en el Castillo de Chaputepec, titulada Del porfirismo a la Revolución. O como si se borrara a Lenin llamando a la cohesión del proletariado mundial unificado, acompañado de Marx, Engels, Bertram Wolfe y Trostky, del que Rivera pintó en 1934 en el Palacio de Bellas Artes, con el nombre de El hombre en la encrucijada…

Los Normurales tiene un directorio de 39 personas (sólo ocho de ellas mujeres), todos funcionarios públicos. Comienza con el presidente Andrés Manuel López Obrador y termina con el jefe de Departamento de Escuelas Normales de Zacatecas. Su prólogo está firmado por Mario Chávez Campos y Julio César Leyva Ruiz.

Aunque esto no se aclara en el libro, según el primer prologuista, se trata de una obra colectiva. “Cada escuela normal mandó sus fotografías y textos”, explicó en un tuit. Es decir, el resultado final es un amasijo casi sin editar, elaborado a partir de los criterios de los funcionarios públicos del sector educativo. Es decir, una versión de la historia y del normalismo que nada envidia a las elaboradas por el más rancio oficialismo priísta. Más de la mitad de las normales rurales (una incubadora formidable de murales) no fueron incluidas.

El médico y novelista Mario Chávez Campos, quien defendió los contenidos de la publicación en redes sociales ante el alud de críticas que se hicieron, es titular de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación. Curiosamente, tenía ese mismo cargo cuando Aurelio Nuño era secretario de Educación y emprendió su furiosa ofensiva contra el normalismo. Es un misterio cómo el encargado de operar el desmantelamiento de las normales públicas del país durante el gobierno de Peña Nieto continúa hoy en el mismo cargo, con una administración que afirma defender lo contrario.

Los textos incluidos en Los Normurales son muy desiguales. Al lado de unos pocos buenos ensayos sobre artistas, abundan otros que parecen reportes sacados de una solicitud de empleo. De un pintor clave en el muralismo normalista como José Hernández Delgadillo (del que existe un libro extraordinario, compilado por su hijo Francisco Hernández Zamora) se incluyeron apenas unas 100 palabras, que ignoran su abierto compromiso con las luchas populares, su negativa a conectar su arte “con el cordón umblical del capital”, su participación en el grupo Arte Colectivo en Acción o su militancia maoista. En cambio, se resalta que fue precandidato a la Presidencia de la República por el PMS.

Ahogado el niño, se quiere tapar el pozo. En Twitter, Mario Chávez anunció que la idea “es reconstruir el libro digital”, incorporando nuevas imágenes. Si los editores hubieran tenido una intención democrática respecto a la obra, lo habrían planeado así desde un inicio. No lo hicieron. Salvo para tratar de atenuar las críticas, parchar el libro con nuevas imágenes u otros textos no resuelve nada. El problema es de fondo. La obra mutila el muralismo normalista, borra elementos básicos de su memoria histórica, mella su filo subversivo. Ningún remiendo de último minuto soluciona su sesgo.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/01/05/politica/el-muralismo-normalista-mutilado-20210105/

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Aprende en casa II: Entre el agravio y el entretenimiento

Por: Luis Hernández Navarro
“¡Fuera Televisa! ¡Fuera Televisa!”, gritan enardecidos centenares de maestros en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, mientras las camionetas de la televisora ponen pies en polvorosa.

Apenas unas horas antes de ese 2 de octubre de 2013, Manuel Velasco, gobernador del estado, había dado el claquetazo para iniciar las grabaciones de la telenovela Quiero amarte en la antigua Ciudad Real. La indignada reacción de los docentes contra el monopolio televisivo fue su respuesta espontánea a la campaña de lodo y calumnias orquestada por la televisora en su contra.

Días antes, el 3 de agosto, en la Ciudad de México, los profesores organizaron vallas humanas en los alrededores de las instalaciones de Televisa para impedir el acceso al personal de la empresa, en protesta por el linchamiento en su contra montado por la televisora. Simultáneamente, otro contingente de docentes se trasladó hasta las oficinas de Tv Azteca y bloqueó la lateral de Periférico Sur para reclamar en contra de la oleada de infundios que la compañía de Ricardo Salinas Pliego desató en contra de los trabajadores de la educación.

Estas dos muestras de descontento magisterial contra las televisoras son apenas pequeñas evidencias de la enorme rabia docente contra los monopolios mediáticos presente en prácticamente todo el país. Nunca cesaron a lo largo de los seis años del sexenio de Enrique Peña Nieto. Siguen vivas y a flor de piel ahora. Fueron (son) la airada respuesta de los profesores de banquillo a una inclemente agresión de la telecracia para ofenderlos a ellos y demeritar a la educación pública.

Cada día, durante todo el sexenio de Peña Nieto, en telediarios, shows de variedades, barras de opinión y mesas redondas sobre la coyuntura se lanzaron toneladas de basura en contra de los mentores que rechazaban la reforma educativa. Uno tras otro, se divulgaron a través de la televisión montajes periodísticos, reportajes llenos de mentiras, noticias falsas y calumnias contra los dirigentes del movimiento. Casi nunca se les dio a los acusados el derecho de réplica.

Energúmenos comentaristas televisivos emprendieron una cruzada moral contra los maestros democráticos y, señalándolos con índice de fuego, les imputaron las peores felonías. Los acusaron de secuestrar a la niñez y la educación, de mantener en la ignorancia al pueblo de México. Los acusaron de ser vagos irresponsables, culpables del abatimiento de los niveles educativos.

De todo se valió la telecracia y sus fundaciones en esta guerra sucia. En plena ofensiva contra el magisterio, en un partido de la liguilla de futbol, los jugadores del equipo Monarcas de Morelia, saltaron al campo de juego con playeras blancas con la imagen de una mano mostrando una tarjeta roja que los árbitros usan para expulsar a los deportistas que cometen graves infracciones, y la leyenda A los malos maestros. Ricardo Salinas Pliego, dueño de Tv Azteca era el propietario del club.

Al profesor Rubén Núñez Ginez, en esos años dirigente del magisterio oaxaqueño, hijo de ejidatarios, con una maestría en desarrollo educativo y más de 30 años de servicio, lo acusaron de poseer un fabuloso guardarropa, integrado por camisas de manta bordada, típicas de Oaxaca, compradas en los mercados populares. También de poseer una impresionante flotilla de vehículos, que, en la realidad, se reducía a una estaquita Nissan. A pesar de estar gravemente enfermo y ser inocente, lo metieron a un penal de alta seguridad. El 23 de marzo de 2019 falleció, en parte por las secuelas de su encarcelamiento.

Para imponer a sangre y fuego la reforma educativa, además de la estigmatización en su contra, de la persecución policiaca y del encarcelamiento de decenas de profesores, tres maestros democráticos fueron asesinados por las fuerzas del orden en el contexto de los ataques combinados de la telecracia y el gobierno de Enrique Peña Nieto. Al maestro jubilado Claudio Castillo, con secuela de poliomelitis, lo mataron a palos policías federales en Acapulco. Al chiapaneco David Gemayel Ruiz, de 21 años, lo arrolló un camión de la policía mientras los uniformados dispersaban con gases lacrimógenos. A Antonio Vivar Díaz, la Policía Federal lo ejecutó extrajudicialmente dentro de una iglesia en Tlapa, Guerrero.

Como si ninguno de estos agravios hubiera sucedido, el gobierno federal anunció que los responsables de injuriar, calumniar, deshonrar y linchar a los maestros mexicanos (y a la educación pública) durante seis años serán los encargados de transmitir los contenidos educativos. Los mismos que vilipendiaron al magisterio se convertirán ahora en los encargados de sustituirlos en la enseñanza de niños y jóvenes. Ni una disculpa ofrecieron.

Peor aún, como si se tratara de una broma de mal gusto, Esteban Moctezuma, secretario de Educación, durante 13 años responsable de la Fundación Azteca, le anunció a Adela Micha (no en la conferencia de prensa diaria de Educación y Bienestar) que conductores de televisión acompañaran a maestros para dar clases en pantallas. “Son –se vio obligado a precisar un día después– personas que saben conducir.

Obsesionada desde hace años por encontrar un nicho de mercado en el mundo de la enseñanza, la industria del entretenimiento se acaba de sacar la lotería con Aprende en casa II. La 4T ha hecho realidad plena lo que Carlos Monsiváis sugería como una tendencia: convertir a la televisión en la verdadera Secretaría de Educación Pública.

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Halconazo en Guadalajara

Por: Luis Hernández Navarro.

El día de ayer –escribió Francisco Jiménez– fue uno de los más terroríficos de mi vida. La rabia, el coraje, la incertidumbre, la impotencia y el miedo fueron el común denominador de decenas de jóvenes.

Francisco, su novia Camila, sus amigos Eloy, Braulio y Regina transitaban el pasado 5 de junio a las 6 pm por la avenida Ocho de Julio, en Guadalajara, cuando elementos de la fiscalía del estado, sin identificarse, los detuvieron y subieron a bordo de un vehículo. Los golpearon y les quitaron sus mochilas y celulares. ¡Súbanse, cabrones, cabezas agachadas!, les gritaron y se los llevaron a la fiscalía.

Nadie sabe que están aquí. Los vamos a desaparecer, los amenazaron. Separaron a los hombres de las mujeres y los subieron a una camioneta. “Los vamos a entregar al cártel”, les advirtieron. Después de un recorrido de unos 20 minutos, en Los Olivos los hicieron descender del vehículo. ¡Bájense, hijos de su puta madre! ¡Tienen 10 segundos para correr por su vida, putos! ¡Quien voltee hacia atrás lo matamos!, les gritaron (https://bit.ly/3dRzPWQ).

Lo que Francisco Jiménez y sus compañeros vivieron, al ser detenidos al margen de cualquier protocolo legal por querer participar en una movilización pacífica para exigir justicia para Giovanni López, lo sufrieron también al menos 60 jóvenes más en Guadalajara. La Comisión de Derechos Humanos de la entidad calificó sus arrestos de desapariciones forzadas.

Giovanni fue un albañil de 30 años detenido el 4 de mayo en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, en el área metropolitana de Guadalajara, por no llevar mascarilla. Los patrulleros lo ejecutaron extrajudicialmente. Su crimen precipitó en la capital de Jalisco una ola de inconformidad entre la juventud que trató de ser sofocada mediante la fuerza bruta por el gobernador Enrique Alfaro.

Debido a la importancia y el peso económico de su estado, Alfaro desempeña un papel clave en la promoción y el liderazgo de una coalición de ocho gobernadores opositores a Andrés Manuel López Obrador. De hecho, podría perfilarse como candidato presidencial de una hipotética alianza partidaria de PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en los comicios de 2024.

Por lo pronto, el mandatario estatal arrancó 2020 chocando con el gobierno federal en torno a temas claves: el conteo de desaparecidos, la sustitución del Seguro Popular por el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) y el manejo de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19.

Enrique Alfaro ha navegado en las aguas de la política a bordo de distintos barcos. En 1994 se incorporó a las juventudes del PRI, donde militó hasta 2005. De allí saltó al PRD, controlado por el ex rector de la UdeG Raúl Padilla, con quien más adelante rompería. En 2012 se incorporó a Movimiento Ciudadano, partido que ganaría 24 presidencias municipales, 14 diputados locales y 10 federales.

Estridente, dotado de vocación y talante autoritarios, con un discurso de cero tolerancia en un estado que es cuna de uno de los grupos criminales más poderosos en el país (el CJNG), ante la crisis del coronavirus, Alfaro recurrió a la mano dura para obligar a la población a quedarse en casa y usar cubrebocas en la calle. Desde el pasado 20 de abril, cuando la medida entró en vigor, la policía se dedicó a arrestar a quienes no lo portaban. Decenas de ciudadanos fueron encarcelados. Giovanni López fue ejecutado extrajudicialmente en ese contexto.

Esta violencia policial no es inusual en Jalisco. Los niveles de tortura por parte de policías y ministeriales en la entidad están, como ha explicado Daniela Rea, por arriba de la media nacional (lo que ya es mucho decir). Entre 1997 y 2019, mil 530 víctimas de tortura presentaron quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero sólo 4.7 logró recomendación (https://bit.ly/30gklbe).

Los días 4, 5 y 6 de junio, Guadalajara vivió días aterradores. Especialmente el 5, sufrió un tipo de represión desconocida hasta ese entonces, emparentada con el halconazo del 10 de junio de 1971 en la Ciudad de México. Y eso que hay una larga lista de violencia policiaca en contra de movimientos en la entidad. Dos ejemplos. La ejercida durante las protestas altermundistas en el marco de la Tercera Cumbre América Latina y el Caribe- Unión Europea del 28 de mayo de 2004. Y la perpetrada el 1º de diciembre de 2012, durante las movilizaciones de rechazo a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto convocadas por #YoSoy132, en la que los uniformados golpearon a muchas personas que pasaban por allí.

En esta ocasión la violencia policial, absolutamente irregular, fuera de cualquier protocolo y causa legal –utilizando vehículos particulares con placas ocultas, con agentes vestidos de civil realizando detenciones–, deja en el aire la pregunta: ¿quién dio la orden de actuar así? ¿Quién diseñó el operativo?

La ofensiva gubernamental fue acompañada de una campaña en redes, que apeló al racismo local, diciendo que los manifestantes no podían ser de allí porque eran muy morenos y no hay gente de piel tan oscura en Jalisco.

Aunque quiera zafarse del asunto, el halconazo tapatío es responsabilidad directa de Enrique Alfaro. Por más que quiera desvirtuar la inconformidad juvenil presentándola como producto de los pleitos del poder de arriba, en realidad es resultado legítimo del hartazgo ante su despotismo.

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2020/06/09/opinion/015a1pol

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Coronavirus y educación

Luis Hernández Navarro

Los tiempos del coronavirus han permitido tomar una radiografía del estado de salud de nuestro sistema de educación básica pública. Lo que la placa muestra es muy delicado: el sistema está infartado y la mayoría de los funcionarios que están al frente no tienen idea de cómo enfrentar la crisis. Su respuesta ha sido burocrática, insensible y desinformada.

La situación es inédita. Vivimos tiempos de incertidumbre, temor y desconfianza. Sin embargo, las autoridades educativas, en lugar de tomar medidas para atenuarlas, las exacerban. Encerrados en sus casas, niños, jóvenes y maestros que estudian en escuelas públicas deben seguir o impartir, por órdenes oficiales, como si fueran días normales, cursos en línea, preparar clases, hacer tareas, presentar exámenes y elaborar reportes.

Casi nada de lo que estudian, reportan y enseñan tiene que ver con la zozobra que viven, con los miedos que los acechan o con las dudas que los asaltan. Los contenidos educativos que deben memorizar y las pruebas que tienen que resolver pertenecen a un mundo aparte, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo.

Pequeños llenos de energía y muchachos desbordantes de testosterona pasan días y noches encerrados en cuatro paredes, muchos en viviendas precarias. Casi la mitad de los capitalinos viven hacinados. Y, en lugar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les proporcione estímulos o materiales para dejar de lado ansiedad y tedio, los carga de trabajo absurdo, los somete a evaluaciones sin sentido y anuncia fechas de regreso a clases (30 de abril) que nada tienen que ver con la realidad.

Las autoridades pretenden mantener el proceso de enseñanza a través de la educación a distancia. Pero eso no funciona. La iniciativa es viable solamente para una parte muy pequeña del sistema educativo. Según la Unesco, en México sólo 10 por ciento de los docentes de primaria y secundaria están calificados para enseñar a través de la tecnología (https://bit.ly/2XF3TA7).

Esto es así porque la inmensa mayoría de maestros del país se formaron como mentores frente a grupo en el aula, no para impartir clases digitales. Así han ejercido durante años. Aunque educación presencial y en línea parezcan similares, son muy diferentes. Requieren capacidades, destrezas, entrenamiento, materiales y soportes diferentes. Y la inmensa mayoría de docentes no ha recibido formación para trabajar en modelos de enseñanza virtual.

Muchos maestros no participan en redes sociales. No son pocos los que las rechazan. Si acaso, utilizan WhatsApp y, en menor medida, Facebook. Los que forman parte de ellas, tienden a ser más bien consumidores que generadores de contenido. No todos tienen equipo de cómputo personal o teléfonos inteligentes. Menos aún en zonas rurales. Con frecuencia, sus computadoras son viejas, sus celulares lentos y el servicio de Internet al que tienen acceso es de muy poca capacidad. Saben usar Word, PowerPoint y Excel, pero no mucho más.

Muchos de los programas para promover las habilidades digitales realizados en sexenios pasados, como Enciclomedia, fueron más una oportunidad de negocios para empresarios y funcionarios, que herramientas de formación efectivas. Aún sobrevive en algunas escuelas parte del equipo inservible de Enciclomedia, como si fueran restos fósiles de algún animal prehistórico.

La brecha comienza en las aulas. De acuerdo con el INEE, durante el ciclo escolar 2016-17, sólo 44.4 por ciento del total de escuelas primarias del país contaba con al menos un ordenador para uso educativo y de éstos sólo 68.7 por ciento tenía conexión a Internet (https://bit.ly/2JYYR9y).

La iniciativa de mantener las clases en línea excluye del proceso de enseñanza a la mitad de la población escolar. Muchos estudiantes de familias de escasos recursos carecen de equipos de cómputo y conectividad. Según el Inegi, en 2019 sólo 44.3 por ciento de los hogares contaba con ordenadores y 56.4 por ciento tenía acceso a Internet. Apenas 44.6 por ciento del total de usuarios de computadora la usan como apoyo en la escuela (https://bit.ly/2VhMlXW).

La SEP pretende ahora que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrece Google para Educación y YouTube. Para acceder a ellas habrá que crear cuentas y perfiles en plataformas. La medida, otro paso en la ruta de la privatización educativa, permite a G Suite tener acceso gratuito a los datos de los usuarios, entre otros, nombre, edad, centro de trabajo, cursos que imparte, ubicación geográfica y número de celular. No es asunto menor. La recopilación y venta de datos es el negocio que más crece en Estados Unidos.

En un momento de grandes incertidumbres como el de hoy, la SEP debería brindar a alumnos, padres de familia y maestros tranquilidad, y dejar a un lado su obsesión de poner el centro en controles y evaluaciones (como lo denunciaron los maestros de la Ciudad de México). Debería anunciar con claridad que las clases se reanudarán cuando las autoridades sanitarias consideren pertinente, retomando el plan de estudios donde se quedó el 20 de marzo (o en la fecha en la que cada entidad comenzó la cuarentena).

@lhan55

Fuente: https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/opinion/018a1pol

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Coronavirus y educación

Por: Luis Hernández Navarro.

Los tiempos del coronavirus han permitido tomar una radiografía del estado de salud de nuestro sistema de educación básica pública. Lo que la placa muestra es muy delicado: el sistema está infartado y la mayoría de los funcionarios que están al frente no tienen idea de cómo enfrentar la crisis. Su respuesta ha sido burocrática, insensible y desinformada.

La situación es inédita. Vivimos tiempos de incertidumbre, temor y desconfianza. Sin embargo, las autoridades educativas, en lugar de tomar medidas para atenuarlas, las exacerban. Encerrados en sus casas, niños, jóvenes y maestros que estudian en escuelas públicas deben seguir o impartir, por órdenes oficiales, como si fueran días normales, cursos en línea, preparar clases, hacer tareas, presentar exámenes y elaborar reportes.

Casi nada de lo que estudian, reportan y enseñan tiene que ver con la zozobra que viven, con los miedos que los acechan o con las dudas que los asaltan. Los contenidos educativos que deben memorizar y las pruebas que tienen que resolver pertenecen a un mundo aparte, que no tiene nada que ver con lo que sucede en el mundo.

Pequeños llenos de energía y muchachos desbordantes de testosterona pasan días y noches encerrados en cuatro paredes, muchos en viviendas precarias. Casi la mitad de los capitalinos viven hacinados. Y, en lugar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) les proporcione estímulos o materiales para dejar de lado ansiedad y tedio, los carga de trabajo absurdo, los somete a evaluaciones sin sentido y anuncia fechas de regreso a clases (30 de abril) que nada tienen que ver con la realidad.

Las autoridades pretenden mantener el proceso de enseñanza a través de la educación a distancia. Pero eso no funciona. La iniciativa es viable solamente para una parte muy pequeña del sistema educativo. Según la Unesco, en México sólo 10 por ciento de los docentes de primaria y secundaria están calificados para enseñar a través de la tecnología (https://bit.ly/2XF3TA7).

Esto es así porque la inmensa mayoría de maestros del país se formaron como mentores frente a grupo en el aula, no para impartir clases digitales. Así han ejercido durante años. Aunque educación presencial y en línea parezcan similares, son muy diferentes. Requieren capacidades, destrezas, entrenamiento, materiales y soportes diferentes. Y la inmensa mayoría de docentes no ha recibido formación para trabajar en modelos de enseñanza virtual.

Muchos maestros no participan en redes sociales. No son pocos los que las rechazan. Si acaso, utilizan WhatsApp y, en menor medida, Facebook. Los que forman parte de ellas, tienden a ser más bien consumidores que generadores de contenido. No todos tienen equipo de cómputo personal o teléfonos inteligentes. Menos aún en zonas rurales. Con frecuencia, sus computadoras son viejas, sus celulares lentos y el servicio de Internet al que tienen acceso es de muy poca capacidad. Saben usar Word, PowerPoint y Excel, pero no mucho más.

Muchos de los programas para promover las habilidades digitales realizados en sexenios pasados, como Enciclomedia, fueron más una oportunidad de negocios para empresarios y funcionarios, que herramientas de formación efectivas. Aún sobrevive en algunas escuelas parte del equipo inservible de Enciclomedia, como si fueran restos fósiles de algún animal prehistórico.

La brecha comienza en las aulas. De acuerdo con el INEE, durante el ciclo escolar 2016-17, sólo 44.4 por ciento del total de escuelas primarias del país contaba con al menos un ordenador para uso educativo y de éstos sólo 68.7 por ciento tenía conexión a Internet (https://bit.ly/2JYYR9y).

La iniciativa de mantener las clases en línea excluye del proceso de enseñanza a la mitad de la población escolar. Muchos estudiantes de familias de escasos recursos carecen de equipos de cómputo y conectividad. Según el Inegi, en 2019 sólo 44.3 por ciento de los hogares contaba con ordenadores y 56.4 por ciento tenía acceso a Internet. Apenas 44.6 por ciento del total de usuarios de computadora la usan como apoyo en la escuela (https://bit.ly/2VhMlXW).

La SEP pretende ahora que la educación a distancia se realice a través de las herramientas que ofrece Google para Educación y YouTube. Para acceder a ellas habrá que crear cuentas y perfiles en plataformas. La medida, otro paso en la ruta de la privatización educativa, permite a G Suite tener acceso gratuito a los datos de los usuarios, entre otros, nombre, edad, centro de trabajo, cursos que imparte, ubicación geográfica y número de celular. No es asunto menor. La recopilación y venta de datos es el negocio que más crece en Estados Unidos.

En un momento de grandes incertidumbres como el de hoy, la SEP debería brindar a alumnos, padres de familia y maestros tranquilidad, y dejar a un lado su obsesión de poner el centro en controles y evaluaciones (como lo denunciaron los maestros de la Ciudad de México). Debería anunciar con claridad que las clases se reanudarán cuando las autoridades sanitarias consideren pertinente, retomando el plan de estudios donde se quedó el 20 de marzo (o en la fecha en la que cada entidad comenzó la cuarentena).

Fuente del artículo: https://www.jornada.com.mx/2020/04/14/opinion/018a1pol

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Méjico: El tsunami de las mujeres llega a la UNAM

El tsunami de las mujeres llega a la UNAM

Luis Hernández Navarro

Cada día, la situación en la UNAM se complica más. La primera semana de clases en esa institución resultó agitada y enredada. Concluyó con nueve escuelas con labores suspendidas, cerca de 70 mil alumnos sin clases y dos amenazas de bomba. En el horizonte se vislumbra una huelga indefinida.

La fuerza que anima las protestas son jóvenes estudiantes universitarias. En el centro de su inconformidad se encuentran multitud de casos documentados de acoso y violencia de género (algunos hechos públicos en las redes), la inseguridad en los planteles y la negligencia de las autoridades. Acusan a los funcionarios universitarios de ser omisos a las necesidades de las alumnas y encubrir acosadores y violadores. Señalan que la UNAM no es un espacio seguro para las mujeres.

Están convencidas de que el protocolo universitario para atender los casos de hostigamiento y acoso las deja solas. Hacer la denuncia formal –aseguran– es un proceso ineficaz. La universidad no les brinda protección ni las acompaña a ponerla. Además, la denuncia formal no garantiza consecuencias legales.

Las autoridades universitarias parecen no enterarse de lo que tienen enfrente. Menos del rumbo que toma la confrontación. Lejos de solucionar el conflicto, los manotazos en la mesa del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, exigiendo a las paristas que entreguen las instalaciones, o la decisión de que en la Preparatoria número 9 se den en las clases extramuros, van a exacerbar los ánimos.

En lugar de escuchar los anuncios de la tormenta que se avecinaba, el equipo del rector Enrique Graue se concentró en sacar adelante su relección. Menospreció a las estudiantes e ignoró el calado de su inconformidad. En los hechos, hoy están rebasados. Y ni siquiera se dan cuenta de que lo están. Su operación política ha sido fatal.

Las señales del tsunami que se les venía encima estaban a la vista. Las movilizaciones con que la comunidad universitaria respondió a las salvajes agresiones de porros a una marcha estudiantil, el 3 de septiembre de 2018, anticiparon lo que se avecinaba.

En esas jornadas de lucha, afloraron denuncias de acoso sexual y comportamiento indebido contra maestros universitarios, y el hartazgo de las alumnas con la impunidad de los acosadores. Así quedó plasmado en el punto 4 de la minuta de la asamblea interuniversitaria del 7 de septiembre de ese año, titulado Violencia de género y contra la mujer. Entre sus demandas se incluyeron puntos como la resolución de los casos de violencia de género, agresiones, feminicidios y desapariciones de miembros de la comunidad universitaria.

Era evidente en ese momento, que los funcionarios universitarios habían respondido a esas violencias con dejadez e indolencia, como si no pudieran remediarlas. En cambio, los jóvenes las consideraban inadmisibles y exigían acciones eficaces (punto 5 del pliego petitorio). Para ellas, las autoridades eran omisas e insensibles con la problemática.

Glitter y rabia. Señales adicionales del clima que afloraba se mostraron con el surgimiento del #MeToo mexicano en marzo de 2018: las marchas de mujeres del 12 y 16 de agosto, 19 de septiembre y 25 de noviembre de 2019, en que se grafitearon monumentos históricos, se rompió mobiliario urbano, y se le prendió fuego a la puerta de la Cámara de Comercio y a una estación de policía; y el performance masivo de El violador eres tú en el Zócalo de la Ciudad de México y en multitud de plazas públicas. Evidencia adicional fue la masiva participación en los dos encuentros internacionales de mujeres que luchan, convocados por el EZLN en Chiapas.

En el país (y en toda América Latina), hay un movimiento feminista emergente, que va más allá de la UNAM pero, por lo pronto, se ha concentrado en ese espacio. Se alimenta de una nueva sensibilidad social (especialmente entre las mujeres más jóvenes) y nuevos baremos. Sus reivindicaciones son di­fíciles de atender. La radicalidad de sus acciones no está acordada por los colectivos escolares. Sus participantes las justifican en nombre de los agravios que han padecido y la legitimidad de sus demandas.

Sin ser el núcleo del conflicto, genera turbulencias adicionales el que la 4T quiera controlar el presupuesto de las universidades. Como ha quedado claro en el caso de varias instituciones públicas de educación superior, no le gusta la autonomía realmente existente de éstas, y busca controlar los recursos que hoy administra la nomenclatura universitaria. En ese marco, aprovechará los conflictos internos para debilitarla, o negociar con ella cuando esté contra la pared. No le interesa defender a ningún rector.

En un país como México, en el que cada día se asesina a 10 mujeres, la protesta de las jóvenes universitarias de la UNAM es una severa llamada de atención de que esa violencia ha llegado a un punto límite. Todo parece indicar, que va en ascenso. Si las autoridades de la UNAM mantienen su ceguera ante lo que están viviendo y se empecinan en tratar de deslegitimarlo o doblegarlo, el conflicto entrará a un nivel de complejidad de muy difícil solución.

Fuente de la Información: https://www.jornada.com.mx/2020/02/04/politica/014a2pol

Autor: Luis Hernández Navarro

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