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Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia

Noticias

Por: Isaac Enríquez Pérez

Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes (https://bit.ly/3h34gv7) despojados del espacio público que les brinda la escuela y de la educación como mecanismo de socialización y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (https://bit.ly/2Y6NymV). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (https://bit.ly/3g05zcW). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne. Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (https://bit.ly/3iQ73Z7).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de desigualdad extrema global y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con la gran reclusión, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela, sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo, y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el Internet Way of Life. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la junk food (comida basura o comida chatarra) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; https://bit.ly/2Y2J7te). La sociedad paradojal que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas, pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, accesar a la era de la información, pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, y capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no solo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4.3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios y energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85.6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (https://bit.ly/2PVjHtf). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2.5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (https://bit.ly/3avETiM). Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5.5 millones de estudiantes–, con la pandemia se vieron obligadas a cerrar 30% de las escuelas; al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico, y medio superior (https://bit.ly/311rHPL).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad; y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (https://bit.ly/2YajA1r), y que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad; cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (https://bit.ly/2PDKzxJ), son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no solo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23.4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65.5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología. A su vez, solo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuente con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee dicho servicio.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32.2 millones de hogares poseen el primer aparato; algo así como el 92.9% del total), y se presenta –mucho más que la Internet– como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni el ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.

b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y –bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierden el tiempo– de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que solo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.

c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos; y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo –por sí misma– un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.

d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.

e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.

f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22.5 millones de dólares); lo cual no solo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%; véase https://bit.ly/3126aGO), sino que les posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico–  como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional, y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (https://bit.ly/3g1k6oL) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes, y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país, sino que son los líderes de las campañas de desinformación y tergiversación semántica a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio (https://bit.ly/313KWIE), la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia, y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa. La escuela solo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad, y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación, es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

*Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/208498

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Colombia. La falacia de la alternancia

Noticias

Por: Vida Digna

Cuando hablamos de educación en tiempos de pandemia, lo primero que se nos viene a la mente es la educación virtual, pero qué lejos estamos en Colombia de que esto sea una realidad para la mayoría de los sectores populares. Según el DANE, para el 2018 solo el 53% de los hogares colombianos contaba con algún tipo de conectividad a Internet. De este porcentaje, más del 80% están ubicados en zonas urbanas. A estas cifras, se debe sumar la ausencia de dispositivos tecnológicos en los hogares. Es evidente, entonces, que los estudiantes no cuentan con las herramientas necesarias para acceder a los procesos de formación modelo virtual.

Por MAIS-Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- Risaralda*. Hace unos días, escuchábamos al exrector de la Universidad Nacional de Colombia, Moisés Wasserman, afirmar en varios medios de comunicación del país, la necesidad de retornar de inmediato a las aulas de clase. Estamos de acuerdo, Wasserman, necesitamos retornar a las aulas de clase: la educación primaria y secundaria bajo los términos actuales es una catástrofe. Lo que pasa, mi querido Moisés, es que los colegios en Colombia no están preparados para afrontar una educación bajo las condiciones del momento, debido, principalmente, a que la inversión necesaria para hacerlo no existe ni siquiera como proyecto del Gobierno Nacional, el cual ve a la educación básica como un gasto que, de ser posible, debe reducirse a su mínima expresión.

Ávila, uno de los directivos de la Federación Colombiana de Educadores -FECODE-, en el 2018, explicaba que la Ley 715 de 2001 y la Ley 1176 de 2007 constituyen ejemplos de cómo el Estado somete la financiación del sector educativo a tres reglas mercantiles: políticas de ajuste fiscal, presupuesto dependiente de las fluctuaciones de la demanda y aumento de las responsabilidades locales en el gasto público.

 

Movilización de la FECODE

Nos encontramos entonces ante un panorama muy complejo, dado que el llamado a la presencialidad bajo el modelo de alternancia coincide con el momento más agudo de la pandemia del Covid-19, en términos de contagios y muertes a nivel nacional[1]. Resulta un exabrupto que, precisamente, en el momento en que se retoman medidas para aumentar el distanciamiento social en Medellín, Cali, Bogotá y demás ciudades capitales, el gobierno nacional llame a retomar la presencialidad en los colegios públicos y privados.

El modelo de alternancia –propuesto desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) como una forma de educación semipresencial- representa para las instituciones educativas un sinnúmero de adecuaciones en su planta física (de por sí ya en precarias condiciones), aumento de personal de servicios generales y de salud (¿Cuántos colegios cuentan con enfermería?) y reformas organizativas de horarios, espacios y todas las contingencias que traiga consigo la denominada alternancia. Ante estas nuevas necesidades que aparecerían en caso de tener que volver a las instituciones, se nos plantea un interrogante interesante frente a los recursos económicos que se necesitan para hacer todo este tipo de adecuaciones, ya que hemos escuchado a varias secretarías de educación decir que están al tope en gastos, entonces ¿de dónde va a salir el dinero?

No son claros los motivos por los que el gobierno nacional llama a retornar a las aulas en medio de la pandemia y sin recursos económicos para garantizar la bioseguridad de la comunidad educativa que regresaría a las instituciones. Por eso, surge la hipótesis de que el gobierno sabe que no es viable, dado que ellos no van a poner los recursos para la alternancia, pero, que será el magisterio, conociendo la irresponsabilidad de este llamado, quien cargará la cruz de que los niños y las niñas de este país no retornen al aula de clases. FECODE ha denunciado públicamente el llamado a la alternancia al reconocer en él una insensatez y un atentado a la vida y a la salud de los estudiantes y sus familias. La Federación tiene claro que, en estos momentos, la prioridad es defender la vida y extremar precauciones y cuidados en cada uno de los hogares colombianos.

Al parecer, el gobierno nacional quiere lavarse las manos y culpar al magisterio por la crisis que vive la educación hoy en día. El planteamiento anterior tiene asidero en varias medidas tomadas por las secretarías de educación municipales y departamentales, las cuales -tras el llamado a la alternancia- no prepararon ninguna clase de protocolos ni se volcaron a hacer análisis rigurosos de la situación en cada una de las instituciones educativas. La negligencia estatal se evidencia en el intento de cubrir con una encuesta virtual a madres y padres de familia la consulta a las comunidades en torno al retorno de los estudiantes a las clases presenciales.

Claro está que, frente al llamado sensato de decirle no a la propuesta inviable de la alternancia, se mostrará al magisterio como el gran villano. Pero aquí los canallas son otros y no están en las aulas de clase, sino en los escritorios de los ministerios del gobierno nacional.

Cabe entonces preguntarnos alternativas que contribuyan de manera significativa a la actual crisis de la educación dada por la contingencia de la pandemia. Pero estas soluciones requieren de una inyección de recursos significativa, teniendo en cuenta las cifras que nos arroja Julián de Zubiria en su columna titulada “La educación en tiempos de cuarentena”, dado que “el 4% de los municipios tiene buena conectividad, el 63% de los bachilleres del 2018 no tenía acceso a Internet desde sus hogares y, en las zonas rurales, tan solo el 9% de los jóvenes disponen de computador.”[2] Ante este panorama, el llamado al gobierno debe ser a que garantice la conectividad plena de los casi 10 millones de estudiantes de básica primaria y bachillerato. La inyección de recursos debería ir orientada a la generación de unas condiciones dignas que permitan que los y las estudiantes del país tengan acceso a Internet y puedan integrarse a los procesos educativos sin arriesgar su vida ni la de sus familias.

Aunado a lo anterior, otra de las problemáticas de la educación básica en Colombia es que las y los maestros fuimos enviados a la arena sin las herramientas necesarias para afrontar esta ardua tarea. No existe formación frente al uso de las diferentes herramientas tecnológicas para enfrentar las crisis, así, a muchos nos ha tocado echar mano de mil tutoriales de internet y de familiares y conocidos con conocimiento sobre estas plataformas. Si bien la autoformación es un compromiso personal, el Estado colombiano no se puede lavar las manos ni justifica la incompetencia y la total desidia que ha tenido con la capacitación docente para afrontar esta pandemia.

Quedan planteadas más preguntas que certezas frente a la forma como se debe afrontar la crisis, pero debemos tener en cuenta que la alternancia nunca fue una opción que el gobierno quisiera implementar de forma seria. Esta propuesta constituye una nueva cortina de humo que sirve de excusa para argumentar que es el magisterio quien no quiere volver a clases.

La educación debería ser una prioridad en la agenda nacional y, por lo tanto, el gobierno debería dejar de culpar al magisterio y dedicarse a cerrar la brecha tecnológica que desnudó la pandemia, a cumplir y ampliar el Programa de Alimentación Escolar -que hoy día se convirtió en la principal entrada de alimento de cientos de miles de familias- y a invertir en capacitación docente para garantizar los procesos académicos en el país. La solución de esta crisis educativa requiere de un compromiso real por parte del gobierno y de una presión constante de los docentes, estudiantes y sus familias, quienes deben aunar esfuerzos en la exigencia de educación digna que no ponga en riesgo sus vidas.

*Fuerza Nacional Magisterial -FUNAMA- es un espacio de confluencia de maestras y maestros donde, desde las prácticas pedagógicas ligadas a diversas dinámicas de construcción popular en el territorio nacional, se busca la garantía de la educación como derecho y la transformación del modelo actual de país.

[1] Más de 10 mil contagios diarios y 300 muertes al día (última semana del mes de julio)

[2] Tomado de: https://www.semana.com/opinion/articulo/la-educacion-en-tiempos-de-cuarentena-columna-de-julian-de-zubiria/661969

*Fuente: https://kaosenlared.net/colombia-la-falacia-de-la-alternancia/

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Recortes presupuestales en Uruguay comprometen Educación Superior

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América del sur/Uruguay/prensa-latina.cu

Drásticos recortes presupuestales que comprometen la Educación Superior en Uruguay acaparan hoy la atención de la comisión de Hacienda del Parlamento a espera de la comparecencia del ministro del ramo.

La senadora del Frente Amplio y exvicepresidenta, Lucía Topolansky objetó que se mantenga en el proyecto gubernamental para el ejercicio 2020-2021 un 15 por ciento de reducciones para la Universidad de la República (Udelar), la Universidad Tecnológica (UTEC) el Polo Científico de Pando y el Central de Imagenología Molecular.

Resaltó que ‘el conocimiento científico, la tecnología y la innovación son parte crucial de la soberanía nacional’, para argumentar que ‘no hemos escuchado una sola voz de la comunidad científica proclive al recorte presupuestal’.

La Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara de Diputados votó por unanimidad la convocatoria del ministro de Educación, Pablo da Silveira, para que informe en torno al recorte de fondos para ese rubro que se aplicaría en el próximo Presupuesto Quinquenal.

El legislador frenteamplista Sebastián Sabini criticó que el gobierno tome la ciencia como ‘un gasto más’ y que Udelar dejará de recibir el equivalente a 13 millones de dólares, lo que calificó de durísimo golpe a la institución uruguaya.

Por su parte, el diputado José Carlos Mahía escribió en su cuenta de Twitter que ‘en tiempos de pandemia valoramos mucho más la necesidad de seguir invirtiendo en investigación, ciencia y tecnología’.

Los trabajadores de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) expresaron a través de un comunicado que no hay ‘forma de recortar el 15 por ciento sin afectar el funcionamiento y sin poner en riesgo la totalidad de los programas a ejecutar en el segundo semestre’.

Entre las afectaciones inmediatas por dicho recorte figuran las becas de posgrado hoy en curso, así como el fondo para becas de inicio de carreras universitarias, cuyas solicitudes se duplicaron, señaló Mahía.

La UTEC también considera difícil cumplir con la meta de recorte del gasto del 15 por ciento ordenada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en virtud de que hay carreras en ejecución que aún no tienen presupuestados sus últimos años.

Fuente: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=388861&SEO=recortes-presupuestales-en-uruguay-comprometen-educacion-superior
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Con Internet y los Medios no es Suficiente

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Por: Gustavo Villamizar Durán

La fuerza comunicacional de los medios masivos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, es definitivamente innegable y debe tenerse en cuenta en cualquier circunstancia, sobre todo aquellas que corresponden a la educación. Sin embargo, los sistemas educativos  tienen propósitos, principios y procesos propios, los cuales no pueden obviarse en el mero encanto de los dispositivos tecnológicos. He aquí la razón del título de este escrito.

Los días de la pandemia abrieron espacio a rentabilísimos negocios en el campo educativo y ahora, cuando la humanidad se prepara para una normalización a mediano plazo en la dinámica vital del planeta y claro está, en la educación, han surgido desde múltiples ámbitos toda clase de señalamientos a las carencias de la escuela que tenemos. Al mismo tiempo,  aparecen en espacios amplios y desplegados en los medios o las opciones de la tecnología, buena cantidad de pedagogos, expertos, investigadores, influencers, tanques de pensamiento y otros, dedicados con intensidad a promover la educación on line, es decir, un sistema educativo centrado en las bondades “ilimitadas” de las tecnologías, el cual haría desaparecer, como por arte de magia, la escuela y el maestro. Inclusive, un diario de los más importantes  de Colombia, mantuvo durante varios días con titulares destacados en cintillo a color, un supuesto estudio cuya conclusión más importante era que durante la pandemia, los estudiantes que disponían de computadoras y conexión a internet aprendieron 60% más que aquellos sin posibilidades de su uso. El negocio de la educación abriéndose mercado.

No es suficiente, aun cuando se reconoce la necesidad de incorporar tales novedades a la educación no como recursos, como se ha hecho hasta ahora, sino con todo el poder de su educabilidad, para compartir principios, procesos y procedimientos con la institución escolar. La incorporación de los medios de comunicación y las tecnologías de la información al sistema educativo, debe ser fundamentalmente, un objetivo pedagógico que recorra íntegramente la escolaridad.

La propuesta de desterrar la escuela y el docente para sustituirlos por sofisticados aparatos y confinar en sus casas a los niños y jóvenes para aprender mediante la ayuda de softwears divertidos, no es definitivamente la mejor alternativa a sistemas y modelos educativos ciertamente obsoletos, colmados de carencias. Intentar la imposición de modelos centrados en la tecnología entregando la dirección de ellos  a la familia y las empresas,  la decisión de los contenidos a aprender y cómo aprenderlos, no es otra cosa que arrebatar  al estado su responsabilidad en la formación de los ciudadanos, entregándola a particulares, empresas voraces, religiones y a todo tipo de sectas de cualquier ralea.    Pretender imponer modelos educativos centrados en las bondades tecnológicas, sin pensar en el discente como elemento fundamental, descartando la importante labor de socialización y educación que sigue manteniendo la escuela y desatendiendo aspectos tan relevantes en la crianza y formación como los afectivos, emocionales y culturales ligados estrechamente al espacio que se habita, es sencillamente un proceso de homogeneización y robotización, a todas luces despreciativo de la condición humana. Aún más, los dispositivos tecnológicos con toda su magia, mantienen un proceso transmisivo en el cual la participación e interacción de los protagonistas de la práctica pedagógica es limitada y en ocasiones nula.

Requerimos el cambio de una escuela  agotada, carente y fatigante tanto para alumnos como educadores, una escuela sumida en la primacía del adulto docente y la rutina transmisiva, por  una escuela acorde a los paradigmas del tiempo que transcurre, al aprendizaje cooperativo y creativo, centrada en la interrogación y la investigación, colmada de vida y afectos, generadora del pensamiento libre y crítico, abierta al pensamiento universal y el respeto a la disensión. Simón Rodríguez planteó como base de la “educación de los pueblos: educación, trabajo y virtudes”.

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Brasil en Pandemia: Como educar as 4,8 milhões de crianças brasileiras sem internet?

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A solução encontrada por muitos educadores e escolas tem sido o uso do bom e velho WhatsApp.

Quando a pandemia de Covid-19 tomou conta do Brasil e as aulas presenciais tiveram que ser interrompidas, Lúcia Cristina Cortez se deparou com um enorme desafio no ensino à distância. A diretora da Escola Municipal Professor Waldir Garcia, em Manaus, percebeu que boa parte dos seus alunos não tinham acesso à internet .

Se a educação brasileira já é palco de desigualdades há muitos anos, a necessidade do ensino remoto evidenciou ainda mais a situação. “É uma desigualdade muito grande. Tudo isso [falta de acesso à internet] já existia, mas estava invisível, e hoje a gente tem essa visibilidade. Todo o brasil foi pego de calças curtas, ninguém estava preparado. Nenhum prefeito, nenhum governador, ninguém tinha se antenado de quanto é importante todos estarem na era digital, conectados», opina Lúcia.

No caso de Manaus, a Secretaria de Educação começou a divulgar aulas através da TV aberta, o que ajuda os alunos que não possuem acesso à internet. Na escola Professor Waldir, porém, as dificuldades continuavam, já quem nem televisores existiam em muitos dos lares dos estudantes.

A desigualdade era presente dentro da própria escola. Dos 227 alunos, 50 são estrangeiros. E, dos estrangeiros, a maior parte viu os pais ficarem desempregados durante a pandemia, tendo até que se mudarem para abrigos. Televisão e celular nesses casos, conta Lúcia, é luxo.

“Isso em Manaus, ali na área urbana. Eu estive conversando com alguns colegas da área rural, ribeirinha, e não tem internet”, lembra Lúcia. A equipe pedagógica da escola, então, se uniu para realizar uma vaquinha online para conseguir doações de celulares , televisores e chips com internet para os alunos.

Depois de uma campanha de sucesso, a escola conseguiu prover celular e tem pago internet para todos os estudantes. Além disso, uma parceria permite que as famílias mais vulneráveis recebam cestas básicas em meio ao difícil cenário atual. “Não adianta dar internet, celular e TV se o principal é a fome”, garante a diretora.

WhatsApp se torna aliado

Diante desse contexto, o WhatsApp acabou se tornando um forte aliado de todos os professores da escola Professor Waldir. Por funcionar bem em qualquer smartphone simples e ser coberto pela maior parte dos pacotes de dados, o aplicativo de mensagens é uma solução mais acessível a todos os alunos.

Os professores têm gravado áudios e vídeos e enviado aos alunos. Contente, Lúcia comemora que muitas crianças estão sendo inclusive alfabetizadas à distância, já que o corpo docente se dedica a realizar ligações individuais com os alunos. “Na aula de literatura, as professoras têm gravado podcast com as histórias infantis”, exemplifica.

A escola, reconhecida nacionalmente pelo bom diálogo com a comunidade, tenta ainda continuar com o contato com as famílias, que são peça fundamental para o aprendizado das crianças, sobretudo neste momento. Para isso, os pais foram ensinados a usarem a plataforma de videoconferência Google Meet , e a escola criou e-mails para que cada um deles pudesse participar.

Para o ensino, porém, o WhatsApp ainda é o principal canal. E isso, mais uma vez, não é exclusividade da escola Professor Waldir. Um  robô criado para funcionar no mensageiro tem feito sucesso no país todo, ajudando cerca de 125 mil alunos de todos os DDDs a estudarem através do celular – 94% deles são de escolas públicas.

“A gente criou justamente por ser um canal acessível e com a hipótese de que a maioria dos alunos não teriam acesso a plataformas mais tradicionais de ensino à distância”, conta Débora Nunes, analista de produtos e soluções da Fundação 1Bi, uma das criadoras do AprendiZap .

Depois de cinco meses em funcionamento, a ferramenta de reforço escolar descobriu que 45% dos alunos que a utilizam estudam, atualmente, apenas pelo WhatsApp. “Esse dado é bom porque a gente está chegando no impacto que a gente quer, mas mostra esse problema que a gente tem no Brasil, que os alunos não estão conseguindo acessar outras plataformas”, traduz Débora.

Criado com o objetivo de ser um reforço, o AprendiZap acabou se tornando a principal plataforma de muitos estudantes e, por isso, algumas mudanças estão a caminho. Os criadores do robô investem, agora, no desenvolvimento de um canal voltado a professores, para que eles consigam direcionar melhor os conteúdos e ajudar seus alunos com mais clareza – tudo através do WhatsApp .

O legado da pandemia

Se a falta de acesso à internet evidenciou ainda mais as desigualdades presentes no sistema educacional brasileiro, pelo menos todo esse período serviu de aprendizado. Lúcia conta que, na sua escola, o corpo docente tinha muito resistência ao uso de tecnologias em sala de aula no cenário pré-pandemia.

Quando as aulas presenciais regressarem, Lúcia acredita que a tecnologia vai continuar a ter um papel fundamental na vida dos alunos e professores. “Com certeza isso a pandemia nos ensinou: o quanto é rica a ferramenta da tecnologia, como ela pode ser nossa aliada na educação. As crianças aprendem, se envolvem e gostam. Foi bom dar essa sacudida para a gente acordar”, confessa.

Fuente: https://tecnologia.ig.com.br/2020-08-08/pandemia-como-educar-as-48-milhoes-de-criancas-brasileiras-sem-internet.html

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Colombia: Niños indígenas en riesgo de desnutrición y muerte

Noticias

Por: hrw.org

Se debe mejorar el acceso de los wayuu a alimentación, agua y atención en salud durante la pandemia.

La pandemia de Covid-19 y las medidas de aislamiento dispuestas para contenerla están provocando que les resulte aún más difícil sobrevivir a los wayuu, un pueblo indígena que habita en Colombia y Venezuela, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins en un informe conjunto y una publicación multimedia que se dieron a conocer hoy.

A causa de la pandemia y el aislamiento, a los miembros del pueblo wayuu en el departamento de La Guajira, Colombia, les resulta sumamente difícil acceder a alimentos, agua y atención médica en un momento en que estos servicios son más necesarios que nunca. El gobierno colombiano debería adoptar medidas urgentes para proteger los derechos de los niños y las niñas wayuu.

“Las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo para lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. “Esta situación ha contribuido a que durante años los wayuu hayan sufrido uno de los niveles más altos de desnutrición infantil en Colombia, y resulta sumamente preocupante en el contexto actual del Covid-19”.

La publicación multimedia, “Un pueblo resiliente: El pueblo indígena wayuu de Colombia enfrenta una crisis de desnutrición en medio de la pandemia”, deja al descubierto las dificultades que enfrentan las familias wayuu en una región marcada por la inseguridad alimentaria e hídrica y un acceso limitado a la atención en salud. La mala administración y la corrupción gubernamental generalizada, la crisis humanitaria en Venezuela y los efectos del cambio climático han agudizado los problemas de inseguridad alimentaria y desnutrición. La Corte Constitucional de Colombia ha concluido que las actividades mineras en la región también han degradado la calidad del agua y el acceso a esta para algunas comunidades wayuu.

En enero de 2020, investigadores de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins, basado en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, entrevistaron a más de 150 personas en La Guajira y en Bogotá, incluyendo miembros y autoridades del pueblo wayuu, exiliados venezolanos, funcionarios de Naciones Unidas y del gobierno colombiano, representantes de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, funcionarios de organismos humanitarios, personal de atención de la salud, docentes y científicos ambientales. Entre enero y junio, investigadores de Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria llevaron a

cabo otras 42 entrevistas telefónicas. También analizaron información y datos proporcionados por numerosos organismos gubernamentales, hospitales y organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, así como varios documentos judiciales y de la Fiscalía General de la Nación sobre investigaciones en materia de corrupción.

Con una población de al menos 270.000 personas, los wayuu son el grupo indígena más numeroso de Colombia. La gran mayoría vive en el departamento de La Guajira, que tiene un territorio parcialmente desértico. Casi todos viven en áreas rurales o poblados pequeños; sus fuentes de alimentos y de ingresos tradicionalmente han sido la agricultura de subsistencia, la búsqueda estacional de alimentos, la cría de cabras o la pesca. Muchos otros trabajan en el sector de turismo o en la minería de sal o carbón, elaboran artesanías y las venden, o dependen del comercio con Venezuela. Según un censo llevado a cabo por el gobierno en 2018, el 90 % de las personas en La Guajira trabajan en el sector informal, incluyendo los sectores de turismo, hotelería y comercio transfronterizo.

Si bien Colombia ha reducido la tasa nacional de mortalidad de menores de cinco años en los últimos cinco años, la tasa en La Guajira ha incrementado en ese periodo. En 2019, la tasa oficial de muertes por desnutrición entre niños menores de 5 años en La Guajira fue casi seis veces la tasa nacional. Es posible que la tasa real sea aún más alta, según señalaron médicos, enfermeros, funcionarios gubernamentales y trabajadores de organizaciones humanitarias. El gobierno no registra todas las muertes, en parte porque muchos niños y niñas mueren en sus hogares. Si bien la tasa de mortalidad infantil por desnutrición en Colombia ha disminuido notablemente en los últimos años, este índice tampoco ha mejorado en el departamento de La Guajira, que actualmente registra el mayor número de muertes infantiles por desnutrición en el país.

Este alto número de muertes responde en gran parte a la inseguridad alimentaria e hídrica y los obstáculos para el acceso a la atención de la salud. Estadísticas oficiales indican que solo el 4 % de los wayuu que viven en zonas rurales de La Guajira tienen acceso a agua limpia y los que residen en zonas urbanas reciben un servicio irregular. La última encuesta gubernamental sobre nutrición, realizada en 2015, concluyó que el 77 % de las familias indígenas de La Guajira están afectadas por la inseguridad alimentaria; es decir, que no cuentan con un acceso seguro y permanente a alimentos de calidad en cantidades suficientes para una vida saludable y activa.

Los centros médicos en La Guajira suelen estar a gran distancia de las comunidades indígenas y acceder a ellos resulta costoso para muchos wayuu, que en algunos casos deben viajar varias horas para recibir atención médica. Muchos niños y niñas enfermos no sobreviven el viaje o experimentan una recaída después de abandonar el centro de atención.

Solamente 3 de los 16 hospitales de La Guajira ofrecen atención en salud especializada para manejar casos complejos de desnutrición aguda. La Alta Guajira, una región del norte del departamento donde vive la mayor cantidad de población wayuu, tiene solamente un hospital que ofrece atención básica. Los niños que requieren atención más especializada deben ser transportados a Riohacha, la capital de La Guajira, lo cual suele requerir un viaje de varias horas desde las comunidades, siempre y cuando las condiciones de la carretera permitan la circulación.

En los últimos años, las autoridades gubernamentales han implementado una amplia gama de programas y políticas para abordar la crisis de desnutrición, incluyendo intentos de ampliar el acceso al agua. No obstante, Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins concluyeron que estos programas han presentado graves deficiencias y generado resultados limitados.

La corrupción gubernamental generalizada en La Guajira, especialmente en los contratos públicos y su ejecución, también está menoscabando los proyectos hídricos, los programas de alimentación escolar y los servicios de salud en el departamento. A través de 14 auditorías oficiales de programas de alimentación escolar en La Guajira, se determinó que se perdieron 30.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 10 millones) como consecuencia de la corrupción o una administración deficiente de los recursos. A pesar de los esfuerzos significativos de algunos funcionarios, en general las autoridades han logrado muy pocos avances para que los funcionarios corruptos de La Guajira rindan cuentas por sus delitos, lo cual prácticamente garantiza que continúe la corrupción, señaló Human Rights Watch. Un obstáculo importante es la cantidad limitada de fiscales, jueces e investigadores con que cuenta el departamento para perseguir la corrupción.

El Covid-19 introduce un nuevo desafío para los wayuu y para los limitados programas y servicios públicos en el departamento. Al 10 de agosto, las autoridades colombianas habían confirmado más de 2.700 casos de Covid-19 en La Guajira, incluidos 65 casos entre indígenas wayuu. En el contexto de acceso limitado a alimentos y agua, los efectos económicos y sanitarios de la pandemia de Covid-19 podrían ser devastadores para los wayuu si el virus alcanza una mayor expansión en la región, señalaron Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins. Las autoridades habían confirmado más de 397.000 casos de Covid-19 y 13.000 muertes en todo el país por esta enfermedad hasta el 10 de agosto de 2020.

El Covid-19 podría ser transmitido fácilmente dentro de las comunidades wayuu, muchas de las cuales carecen de acceso a un suministro continuo y suficiente de agua que les permita seguir las pautas básicas de higiene para prevenir la propagación del virus. Si se contagian, muchos wayuu no tendrán acceso seguro a un hospital.

A su vez, profesionales médicos, funcionarios y residentes locales afirman que las medidas de aislamiento en Colombia, que comenzaron en marzo y continúan al menos hasta el 30 de agosto, así como otras restricciones a la movilidad, limitan gravemente el acceso de los wayuu a alimentos.

De conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, el gobierno de Colombia tiene la obligación de asegurar, sin discriminación alguna, que todas las personas en el país gocen de un estándar de vida adecuado. Esto incluye como mínimo un suministro suficiente —físicamente accesible y asequible— y seguro de agua, acceso a alimentos nutritivos y a otros bienes esenciales que permiten una vida digna. Las normas internacionales de derechos humanos también protegen el derecho al disfrute del nivel más alto de salud posible y obligan a Colombia a asegurar que la atención médica sea accesible y asequible. Estos servicios deberían brindarse de modo que resulten culturalmente apropiados y tomen en cuenta las costumbres y tradiciones de los pueblos indígenas.

“La corrupción gubernamental en La Guajira, que en general queda impune, ha sido un factor clave en los problemas de acceso a agua, alimentos y servicios de salud que son esenciales para la supervivencia de muchos wayuu”, señaló Vivanco. “Las autoridades colombianas deben llevar ante la justicia a los responsables de la corrupción, así como asegurarse de manera urgente que la asistencia gubernamental llegue a los wayuu, especialmente durante la pandemia”.

A continuación, se presentan recomendaciones y un análisis de las medidas gubernamentales para abordar la crisis en La Guajira y combatir la corrupción.

Avances limitados en las acciones para garantizar el acceso a alimentos, agua y servicios de salud

En toda América Latina, la pobreza extrema, la degradación ambiental y la pérdida de tierras, territorios y acceso a alimentos tradicionales han contribuido a que las tasas de desnutrición entre los niños y las niñas indígenas dupliquen las de la población general. Durante años, informes sobre La Guajira han sugerido que el impacto desproporcionado de la desnutrición para los wayuu es incluso más agudo.

En La Guajira vive alrededor del 7 % de la población de Colombia, pero el departamento registra más del 20 % de las muertes por desnutrición en niños y niñas menores de 5 años. Según datos del gobierno, más del 75 % de las muertes por desnutrición en La Guajira corresponden a niños y niñas indígenas, aunque la población indígena representa el 42 % de la población del departamento.

La llegada masiva de ciudadanos venezolanos desde 2015 ha agravado la situación de los muy limitados sistemas de salud, agua y alimentos en el departamento, conforme lo señalaron médicos, docentes y funcionarios gubernamentales. La Guajira alberga al menos a 161.000 de los 1,8 millones de venezolanos que han migrado a Colombia, escapando de la crisis humanitaria y de derechos humanos en su país. Cientos de miles de exiliados venezolanos en Colombia atraviesan situaciones de inseguridad alimentaria. El gobierno colombiano y organizaciones humanitarias han adoptado medidas para brindarles apoyo en La Guajira, entre otras cosas, creando un albergue del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y otorgando algunos permisos de residencia temporal, pero estas medidas resultan insuficientes ante los enormes desafíos en el departamento.

En 2015, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al gobierno colombiano a adoptar medidas urgentes para garantizar al pueblo wayuu el derecho a acceder a alimentos, agua y atención de la salud en varios municipios de La Guajira. En sentencias de 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia ordenó al gobierno que abordara la crisis. En la sentencia de 2017, la corte determinó que, en parte por la inacción gubernamental, los wayuu habían experimentado una “vulneración generalizada, desproporcionada e injustificada de los derechos al agua, a la alimentación y a la salud”, y ordenó al gobierno que tomara medidas “urgentes y prioritarias” para asegurar que los niños y niñas wayuu tengan disponibilidad de alimentos, agua y servicios de atención de la salud accesibles y de calidad.

En febrero de 2017, el gobierno nacional intervino las entidades departamentales responsables del suministro de agua y de los servicios de salud y educación en La Guajira y nombró autoridades temporales del gobierno nacional para que se hicieran cargo de su administración y brindaran “orientación técnica”. El 2 de julio de 2020, el gobierno nacional restituyó la supervisión en materia de salud a las autoridades departamentales, pero los servicios de educación, alimentación y agua continúan bajo “intervención” hasta 2022.

El gobierno ha realizado esfuerzos para mejorar el acceso a alimentos, agua y servicios sanitarios para los wayuu en el marco de la llegada masiva de exiliados venezolanos a La Guajira, pero ha tenido resultados limitados.

En los últimos cuatro años —salvo por una breve mejora en 2017— las estadísticas sobre niños y niñas de La Guajira que sufren desnutrición aguda no han registrado mejoras significativas. Según datos del gobierno, hubo 1.607 casos de desnutrición grave en La Guajira en 2019; 1.647 en 2018; 993 en 2017 y 1.661 en 2016. En 2019, se registraron 64 muertes relacionadas con la desnutrición, mientras que en 2018 hubo 105; en 2017, 50; en 2016, 85 y en 2015, 48. La tasa de desnutrición y de muertes por desnutrición en comparación con los nacimientos en el departamento tampoco ha mejorado significativamente desde 2016.

Las muertes de niños y niñas de menos de 5 años a causa de diarrea —a menudo vinculadas con acceso a agua contaminada o insuficiente para una buena higiene— han aumentado en los últimos años, según datos del gobierno. En 2019, 46 niños y niñas de menos de 5 años fallecieron por diarrea en el departamento; en 2018, 33; en 2017, 13; en 2016, 23 y en 2015, 6. Las muertes a causa de diarrea, al igual que las muertes por desnutrición, son en gran medida prevenibles. La desproporcionada tasa de muertes por desnutrición en La Guajira, que es cinco veces más alta que el promedio nacional, resalta el pobre acceso a agua y a saneamiento en el departamento.

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins identificaron graves deficiencias en numerosos programas y políticas gubernamentales para abordar la desnutrición en La Guajira.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) ha establecido dos centros de recuperación en La Guajira para niños y niñas con desnutrición aguda. Además, ha creado unidades móviles para evaluar a los niños y niñas, en cada una de las cuales trabajan un profesional médico, un profesional de enfermería, un trabajador social y un promotor de atención de la salud. Entre 2015 y 2018, el gobierno amplió la cantidad de unidades de 4 a 10. Según cifras aportadas por el gobierno, en estas unidades se evaluaron 27.000 niños en 2018.

No obstante, una autoridad de salud local entrevistada en enero señaló que aproximadamente la mitad de los niños y las niñas con diagnóstico de desnutrición en el departamento no reciben asistencia en el marco de los programas de alimentos o tratamientos de ese organismo. A su vez, las unidades móviles del ICBF solamente funcionaron durante tres meses de 2019, y no han operado al menos entre enero y julio de 2020 debido a la falta de presupuesto, según señalaron funcionarios del organismo a Human Rights Watch.

La falta de familiaridad con los centros de salud y de conocimiento del idioma, así como antecedentes de discriminación y desatención, son otros factores que obstaculizan y limitan el acceso de los wayuu a los servicios de salud. Muchos wayuu hablan únicamente wayuunaiki y no dominan el español, no todos los trabajadores de atención de la salud hablan wayuunaiki y no siempre hay intérpretes disponibles.

El tratamiento por desnutrición puede requerir hospitalizaciones prolongadas, en particular para los niños que tienen tanto desnutrición aguda como otras enfermedades. Es posible que los padres y madres no estén habituados a permanecer en hospitales o en ciudades, o no estén a gusto con la idea de dejar a sus hijas e hijos enfermos con personal médico en el cual no confían, según señalaron autoridades de salud y residentes. Asimismo, residentes y personal médico destacaron que el costo que deben afrontar las familias para permanecer cerca de los hospitales mientras sus hijos se encuentran hospitalizados suele ser prohibitivo.

Las brechas en la cobertura de atención médica también provienen de las dificultades logísticas para llegar a comunidades remotas. Las opciones virtuales como los servicios de telesalud son difíciles de implementar debido a las limitaciones en el acceso a internet en el departamento.

Para aumentar la seguridad alimentaria para los niños y niñas en riesgo, el gobierno también ha invertido millones de dólares en programas de alimentación escolar desde 2014, incluyendo aproximadamente USD 18 millones en 2019. Pero los alimentos proporcionados a veces han sido demasiado escasos o no han estado en buenas condiciones, según señalaron autoridades de la comunidad wayuu, fiscales locales y trabajadores de asistencia regionales. En algunas oportunidades, los contratistas a cargo de alimentos no han tenido en cuenta a los cientos de niños y niñas provenientes de Venezuela y los docentes han tenido que fraccionar las comidas para cubrir las necesidades de esos niños.

Las iniciativas gubernamentales para llevar agua a las comunidades indígenas de La Guajira se están llevando a cabo a un ritmo lento, a pesar de que el agua se está volviendo progresivamente más escasa y su acceso es cada más importante. Las autoridades gubernamentales han creado pozos, puntos provisorios de suministro público de agua y acueductos para mejorar el acceso al agua de las comunidades. Como parte de un programa en el que participan múltiples organismos, la Alianza por el Agua y la Vida en la Guajira, que comenzó en 2015, el gobierno informó que había construido o reparado 249 “soluciones de agua” hasta fines de 2019, incluidos pozos que funcionan con energía solar y eólica, instalaciones para el almacenamiento de agua y algunos pozos entubados profundos.

Sin embargo, los residentes manifestaron que muchas “soluciones de agua” se han contaminado o dejado de funcionar debido a falta de mantenimiento y que algunas solo funcionan de modo intermitente, puesto que el funcionamiento de sus bombas depende de que haya viento. Indígenas wayuu, funcionarios gubernamentales y funcionarios de organismos humanitarios señalaron que el agua de estos pozos a veces está sucia, tiene color amarronado o verdoso, o un sabor salado. Human Rights Watch visitó varios pozos y jagüeyes—reservorios indígenas de agua a cielo abierto— en diversas comunidades y encontró que, si bien algunos funcionaban y eran accesibles, el agua era turbia en ciertos casos y había presencia de animales como cabras o perros, lo cual representa un riesgo de contaminación.

El Ministerio de Vivienda ha comenzado a instalar pilas públicas —puntos provisorios de suministro público de agua— como parte del proyecto Guajira Azul, que comenzó en 2018. Aunque estas pilas pueden brindar acceso al agua en este contexto de urgencia, no son soluciones permanentes. En lugar de establecer medidas provisorias, se deberían construir y mantener fuentes de agua potable seguras y sostenibles.

Las soluciones provisorias también están siendo implementadas a un ritmo lento: al mes de marzo, el Ministerio de Vivienda había finalizado solo uno de los 19 puntos provisorios de suministro de agua que planeaba construir con financiamiento de la cooperación internacional antes de 2022. También había obtenido financiamiento para otros cuatro, según informó un funcionario gubernamental de alto rango de La Guajira. Un funcionario local informó que el plan se encuentra interrumpido en la actualidad a causa de la pandemia.

Otra medida temporal que beneficia a algunas comunidades es la entrega de tanques de agua suministrados por el gobierno. No obstante, la entrega plantea dificultades porque las comunidades wayuu tienden a encontrarse dispersas en zonas rurales. Residentes y autoridades locales explicaron que las entregas a veces son infrecuentes y que en ocasiones deben caminar varias horas para obtener agua. Este sistema no puede garantizar la calidad del agua ni la ausencia de contaminación en los puntos de recolección o de uso, dada la falta de presupuesto suficiente para realizar un monitoreo y tratamiento del agua.

Las autoridades colombianas —incluyendo la Procuraduría, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo— también han señalado graves falencias en la respuesta del gobierno ante la crisis. Un funcionario de la Procuraduría, un órgano independiente responsable de proteger los derechos humanos y supervisar las decisiones de los funcionarios gubernamentales, manifestó que “existe incumplimiento por parte de la mayoría de las entidades” para adoptar “medidas adecuadas y necesarias” para abordar la situación de La Guajira. De manera similar, la Defensoría del Pueblo concluyó en un informe de diciembre de 2019, al cual tuvo acceso Human Rights Watch, que “[n]o se evidencian avances significativos en las medidas de largo plazo” que se necesitan para enfrentar la crisis.

Obstáculos al juzgamiento de hechos de corrupción

En 2016 y 2017, la Corte Constitucional de Colombia concluyó que la corrupción fue uno de los principales factores que afectaron el acceso de los niños y las niñas al agua, a los programas de alimentación escolar y a los servicios de salud en La Guajira. La corte determinó que la contratación de estos servicios fue realizada con poca transparencia y señaló que la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría debían priorizar las medidas para sancionar la corrupción en el departamento.

En los casos sobre programas de salud y de alimentación que se encuentran actualmente bajo investigación, la Fiscalía estima que se han perdido más de 13.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 5 millones) desde el año 2014 a causa de la corrupción en el departamento. A través de 14 auditorías realizadas a programas de alimentación escolar en La Guajira, la Contraloría determinó que se habían perdido cerca de 30.000 millones de pesos (casi USD 10 millones) por razones de corrupción o mala administración. En la mayoría de estos casos, la corrupción se produjo en la ejecución de contratos de prestación de servicios de alimentación y atención de la salud. Dado que estas cifras solo reflejan investigaciones de un grupo limitado de casos, es probable el valor total de los fondos perdidos a causa de la corrupción en La Guajira sea mucho más alto.

En abril de 2020, la Fiscalía, que lleva adelante investigaciones penales, informó a Human Rights Watch que estaba adelantando al menos 28 investigaciones en La Guajira por apropiación indebida de fondos públicos que estaban destinados a servicios de alimentación y salud. Estas incluyen tres contra exgobernadores y cuatro contra exalcaldes. Al mes de marzo, 21 personas habían sido imputadas en casos de corrupción y al menos 13 —incluyendo un exgobernador y cinco contratistas privados— habían sido condenadas, según manifestó la Fiscalía.

Por ejemplo, en dos investigaciones relacionadas con programas del ICBF llevadas a cabo en 2015 y 2016, los investigadores determinaron que funcionarios de gobierno y empleados de un proveedor de salud privado se apropiaron indebidamente de aproximadamente 3.712 millones de pesos (cerca de USD 1,2 millones) destinados a planes para proporcionar alimentos y atención médica integral a más de 28.000 niños y niñas menores de 5 años y mujeres embarazadas o lactantes en 2015. Los fiscales comprobaron que se habían utilizado facturas falsas, inventado nombres falsos y realizado pagos de alquileres por el doble del valor real. Al mes de marzo, la Fiscalía había acusado a 17 personas, incluyendo funcionarios de alto rango del ICBF, algunos de los cuales actualmente están a la espera de un juicio.

En 2017, el entonces alcalde de Riohacha, un municipio de La Guajira, y su entonces secretaria de educación fueron imputados en otro caso por la apropiación indebida en 2016 de más de 1.000 millones de pesos colombianos (USD 385.000) de un plan para alimentar a más de 16.000 niños y niñas de escuelas en comunidades rurales e indígenas de Riohacha. La Fiscalía comprobó que se les había pagado dos veces a algunos contratistas y que había sobrecostos en el  transporte. Algunos alimentos no habían sido entregados y otros no eran “aptos para el consumo humano” o eran de “mala calidad”, según los fiscales a cargo del caso. La Fiscalía informó a Human Rights Watch que el exalcalde y la exsecretaria fueron imputados y enviados a prisión preventiva en febrero de 2017. Otras personas todavía están siendo investigadas como parte del caso.

También se han producido casos de corrupción relacionados con los servicios de agua en La Guajira. Por ejemplo, en noviembre de 2016 la Fiscalía logró la imputación de 11 personas, incluido un exalcalde de Riohacha, por corrupción en la construcción de un acueducto entre 2012 y 2014. El acueducto nunca funcionó y los fiscales estiman que se perdieron más de 12.000 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 3,9 millones) a causa de la corrupción.

Si bien los fiscales han iniciado y llevado a cabo muchas investigaciones sobre corrupción en La Guajira, estas y futuras investigaciones sobre corrupción en el departamento enfrentan grandes obstáculos.

Un obstáculo fundamental es la cantidad limitada de fiscales que se ocupan de la investigación y el procesamiento de casos de corrupción en La Guajira y el número excesivo de casos que tienen a su cargo, según manifestaron los fiscales a Human Rights Watch. De los 47 fiscales que actualmente trabajan en La Guajira, solamente dos se encargan de casos de corrupción de funcionarios públicos, ambos de ellos en Riohacha. Cada uno tiene más de 400 casos a su cargo, según señaló la Fiscalía.

La cantidad de investigadores que apoyan a los fiscales en su trabajo también es insuficiente. El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), el área de la Fiscalía que se encarga de brindar apoyo investigativo y forense a los fiscales en procesos penales, cuenta con aproximadamente 60 investigadores en La Guajira. Pero solamente tres de ellos trabajan en los más de 900 casos de corrupción que se encuentran en investigación en este momento. Solamente uno de los tres ha recibido alguna capacitación para llevar adelante investigaciones sobre corrupción. Ninguno tiene formación en contabilidad ni análisis financiero, habilidades que, según señalaron los fiscales, son necesarias para adelantar estas investigaciones.

Los riesgos de seguridad que enfrentan los fiscales e investigadores también han menoscabado su capacidad de investigar delitos. Varios fiscales manifestaron a Human Rights Watch que han recibido amenazas por llevar a cabo investigaciones en la región. En 2016, al menos seis fiscales y cuatro investigadores que manejaban casos de corrupción en La Guajira fueron transferidos a Bogotá porque su seguridad estaba en riesgo, según señalaron los fiscales.

Numerosas investigaciones se llevan a cabo en Bogotá, donde hay muchos más fiscales e investigadores, algunos de los cuales se especializan en investigar la corrupción. De hecho, muchos de los casos en que la Fiscalía de la Nación ha logrado avances sustanciales contra la corrupción en La Guajira han sido investigados por la Unidad Nacional Anticorrupción basada en Bogotá. No obstante, como regla general el derecho colombiano obliga a los fiscales en Bogotá a presentar estos casos ante los tribunales de La Guajira, que también son escasos y enfrentan importantes demoras y problemas por la carga de trabajo atrasado.

El Consejo Superior de la Judicatura, que tiene la responsabilidad de supervisar el trabajo de los jueces en todo el país, señaló que solo hay seis juzgados en La Guajira que se pueden ocupar de casos de corrupción. Al mes de junio, los juzgados manejaban un promedio de 1.000 casos y tenían solamente entre tres y cinco funcionarios cada uno. El departamento tiene un tribunal con dos salas penales, cada una con dos funcionarios, incluyendo al juez. Debido a la abrumadora cantidad de casos, las audiencias de casos de corrupción son programadas aproximadamente cada siete meses, lo cual causa demoras significativas, según señalaron fiscales, autoridades de la Fiscalía y un funcionario de la Procuraduría a Human Rights Watch.

Otros tipos de investigaciones sobre corrupción en La Guajira también han producido avances muy limitados.

La Procuraduría, que está a cargo de llevar adelante investigaciones disciplinarias en contra de funcionarios públicos, ha logrado avances muy limitados —si es que alguno— en la investigación de hechos de corrupción en La Guajira. La Procuraduría informó a Human Rights Watch que ha iniciado 92 casos de corrupción en La Guajira desde 2016. Dos funcionarios gubernamentales han sido acusados, pero ninguno ha sido sancionado en procedimientos disciplinarios hasta el momento. Una razón clave que explica las demoras es la falta de personal suficiente. Un funcionario de la Procuraduría manifestó en marzo a Human Rights Watch que solo había un procurador a cargo de los casos de corrupción. Al mes de marzo, tenía aproximadamente 1.000 casos bajo su cargo, así como varias otras tareas.

La Contraloría, que puede sancionar a los funcionarios gubernamentales o a particulares que realicen una mala administración de los recursos públicos, también ha logrado resultados muy limitados. La Contraloría señaló en abril que había iniciado 28 investigaciones sobre corrupción en La Guajira desde 2016, incluyendo 21 que estaban relacionadas con programas de alimentación. En marzo, de esas 28 investigaciones, 23 seguían en curso y 3 se habían archivado.

En otros tres casos, la Contraloría archivó las investigaciones porque las personas investigadas devolvieron parte del dinero presuntamente robado o mal administrado. Entre las personas que están siendo investigadas hay 7 funcionarios gubernamentales, incluyendo dos exalcaldes, y al menos 21 contratistas, incluyendo varios de comunidades indígenas. En relación con casos de presuntas irregularidades en contratos de alimentación y atención en salud ocurridos 2016, la Contraloría había recuperado, hasta marzo de 2020, solamente 8 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2.719) de los casi 6.400 millones de pesos colombianos (aproximadamente USD 2,1 millones) que esta entidad estima que se han perdido a causa de desmanejos y corrupción.

Recomendaciones

Human Rights Watch y el Centro de Salud Humanitaria de Johns Hopkins instan al gobierno del presidente Iván Duque a adoptar medidas concretas para garantizar los derechos de los niños y niñas indígenas wayuu de La Guajira a tener acceso a alimentos, agua y atención de la salud, liderando iniciativas orientadas a lo siguiente:

  • Aumentar y orientar, de manera urgente, los esfuerzos para brindar alimentos, agua potable segura y elementos de higiene suficientes a las familias de La Guajira que están expuestas al mayor riesgo de desnutrición, particularmente mientras las escuelas estén cerradas debido a la pandemia o por otros motivos.
  • Asegurar que, en coordinación con autoridades indígenas, las comunidades wayuu reciban la ayuda financiera nacional y local prometida por el gobierno como parte del paquete de estímulo fiscal por el Covid-19 para Colombia. Los requisitos para la solicitud de asistencia deben ser comunicados de manera clara, en idioma wayuunaiki y en español, y deben ser diseñados de manera apropiada para evitar las barreras técnicas o burocráticas.
  • Brindar pruebas de Covid-19 y atención médica que sean accesibles y asequibles para todas las personas de La Guajira.
  • Garantizar a las comunidades wayuu el acceso inmediato a servicios de salud, lo cual incluye aumentar los fondos para reactivar las unidades móviles del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para detectar y tratar la desnutrición; ofrecer asistencia, incluyendo subsidios al transporte de ida y vuelta a los hospitales; y brindar apoyo económico para que las personas accedan a servicios de salud y compren los medicamentos necesarios.
  • Integrar las creencias, las costumbres y los métodos tradicionales de las comunidades wayuu en las prácticas médicas y los centros de atención de la salud. Esto incluye trabajar junto con sanadores tradicionales, asegurar la disponibilidad de intérpretes de wayuunaiki y emplear servicios culturalmente apropiados en los centros médicos; por ejemplo, utilizar hamacas, en las cuales muchos wayuu están habituados a dormir, cuando resulte posible.
  • Priorizar planes para crear establecimientos de atención de la salud permanentes en comunidades wayuu o cerca de ellas, especialmente en la Alta Guajira.
  • Priorizar planes para fortalecer la conectividad del servicio de internet en zonas rurales a fin de implementar servicios de telesalud y mejorar el acceso a información y la consulta de servicios de salud, en coordinación con sanadores locales en quienes la comunidad confía y de conformidad con las normas culturales de los wayuu.
  • Ampliar las iniciativas relacionadas con medios de subsistencia en las comunidades wayuu, así como el apoyo para la extensión de actividades agrícolas, brigadas de salud animal y apoyo para cooperativas agropecuarias o establecimientos agrícolas comunitarios a corto plazo, y tomar medidas para monitorear y mitigar los efectos del cambio climático en La Guajira a largo plazo.
  • Agilizar el proyecto “Guajira Azul” del Ministerio de Vivienda para construir pilas públicas como una medida temporal en todo el territorio de La Guajira, orientando los esfuerzos particularmente a las comunidades expuestas a un mayor riesgo, y realizar mantenimiento de estas pilas de forma periódica.
  • Agilizar y dar prioridad a los planes para establecer y mantener sistemas permanentes de agua en las comunidades wayuu.
  • Ampliar la capacidad para registrar y brindar asistencia a los migrantes venezolanos que procuran obtener documentos de identidad y permisos.
  • Llevar a cabo un censo integral y una encuesta nutricional de las comunidades wayuu de la región para determinar la cantidad de casos de mortalidad infantil y desnutrición, así como el alcance de la migración venezolana, a fin de que esta información sea utilizada para definir políticas públicas orientadas a garantizar sus derechos.
  • Aumentar la cantidad de fiscales, jueces e investigadores que manejen las investigaciones penales, disciplinarias y administrativas sobre corrupción en La Guajira, y brindarles protección y capacitación adecuada a estos funcionarios para investigar hechos de corrupción.
  • Intensificar los esfuerzos para prevenir la corrupción en La Guajira, incluyendo a través de presupuestos participativos y una supervisión comunitaria genuina, y garantizar procesos de contratación competitivos y transparentes.

La investigación y redacción de este informe fueron llevadas a cabo por personal de Human Rights Watch y del Centro de Salud Humanitaria Johns Hopkins. Los autores que forman parte de Human Rights Watch son  Hilary Rosenthal, la Leonard H. Sandler Fellow; Nathalye Cotrino, asistente de investigación; Juan Pappier, investigador de las Américas; y Tamara Taraciuk Broner, subdirectora de las Américas. Shannon Doocy, profesora asociada de Salud Internacional en la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, y la Dra. Alia Sunderji, médica de emergencia pediátrica y MPH de Johns Hopkins, también son autoras de este informe.

Fuente: https://www.hrw.org/es/news/2020/08/13/colombia-ninos-indigenas-en-riesgo-de-desnutricion-y-muerte

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Somalia: Indignación ante la redacción de la ley por el Parlamento somalí que permite los matrimonios forzados e infantiles

Noticias

Por: AllAfrica

Las Naciones Unidas dicen que la ley, que permitiría que las niñas se casen tan pronto como lleguen a la pubertad, tiene «fallas profundas»

El parlamento de Somalia ha provocado indignación al reemplazar la legislación largamente esperada para proteger a las mujeres y las niñas de la violencia por un nuevo proyecto de ley que permite el matrimonio infantil y forzado.

La nación del este de África tiene altas tasas de matrimonio infantil y violencia contra las mujeres, incluida la violación y la mutilación genital femenina (MGF). Las Naciones Unidas dicen que el 45% de las mujeres se casan antes de los 18 años, mientras que el 98% se ha sometido a la mutilación genital femenina.

En 2018, el gabinete de Somalia aprobó el histórico proyecto de ley de delitos sexuales destinado a criminalizar una amplia gama de formas de violencia de género, incluidas la violación, el matrimonio infantil y la trata sexual.

El proyecto de ley establece obligaciones claras para la policía, los investigadores y los fiscales y proporciona protecciones específicas para grupos vulnerables como los niños, las personas con discapacidad y los desplazados internos.

Había estado pendiente ante la cámara baja del parlamento durante más de dos años hasta el sábado, cuando se presentó ante los legisladores un nuevo proyecto de ley, el de Relaciones Sexuales, que permite que las niñas que llegan a la pubertad se casen.

«Este proyecto de ley se trata de discusión. Cada diputado tiene su propio dicho. Queremos que se apruebe después de discusión», dijo Abdiwali Sheikh Ibrahim, vicepresidente de la cámara baja del parlamento, a la Fundación Thomson Reuters.

Ibrahim no comentó por qué se redactó el nuevo proyecto de ley, pero dijo que fue una medida tomada por los ministerios de justicia, mujer y desarrollo humano en consulta con académicos islámicos.

Ari Gaitanis, portavoz de la misión de la ONU en Somalia (UNSOM), dijo que sería un «paso atrás» para los derechos de las mujeres y niñas en Somalia. La UNSOM ha expresado su preocupación al presidente del parlamento, dijo.

«Este nuevo proyecto de ley propuesto, la Ley de Delitos Relacionados con las Relaciones Sexuales, es profundamente defectuoso y viola seriamente los estándares internacionales», dijo Gaitanis en un comunicado enviado por correo electrónico a la Fundación Thomson Reuters.

«El proyecto de ley original sobre delitos sexuales, que la ONU y muchos otros piden que se vuelva a presentar, es un proyecto de ley integral que se ajusta más a las normas aceptadas internacionalmente».

Los donantes internacionales a Somalia también expresaron su preocupación. Ben Fender, embajador de Gran Bretaña en Somalia, tuiteó que este fue «un gran momento para que los parlamentarios decidan los valores futuros de Somalia».

«El gobierno presentó un proyecto de ley de delitos sexuales moderno después de consultar con imanes y académicos. Nunca se debatió. El nuevo borrador permite el matrimonio en la pubertad + dice que un matrimonio forzado es aquel en el que la familia (no el individuo) no da su consentimiento».

Más de 16.000 personas han firmado una petición en línea pidiendo al parlamento somalí que deseche el proyecto de ley sobre relaciones sexuales y apruebe el proyecto de ley sobre delitos sexuales.

«Estamos profundamente preocupados con el proyecto de ley de delitos sexuales enmendado, ya que sienta un precedente peligroso en un país que ya se ha visto afectado por la violencia sexual de género», dijo el peticionario Jabril Mohamed.

«Este proyecto de ley enmendado es de naturaleza dañina para todos los somalíes, pero especialmente para las mujeres, niñas y niños, ya que no protege del matrimonio infantil, el matrimonio forzado, la violación y otras formas de abuso sexual».

(Informe de Nita Bhalla @nitabhalla y Mohammed Omer, edición de Claire Cozens. La Fundación Thomson Reuters es el brazo caritativo de Thomson Reuters y cubre la vida de personas de todo el mundo que luchan por vivir de forma libre o justa. Visite http: // news.trust.org)

Fuente: https://allafrica.com/stories/202008120009.html

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