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Argentina: Desaparición forzada de personas: ¿en quién se puede confiar?

Argentina/anred/Estefanía Velo

La desaparición forzada de personas es un “crimen de crímenes” que persiste en el tiempo luego de la última dictadura cívico militar. Son más de 217 las personas desaparecidas desde 1983 hasta la actualidad, hecho que atravesó a todos los gobiernos, que poco avanzaron en el desmantelamiento de las estructuras represivas.

 

Facundo Astudillo Castro de 22 años, oriundo de Pedro Luro, un pueblito al sur de la provincia de Buenos Aires, ya lleva más de 100 días desaparecido. La última vez que lo vieron fue cuando lo subían a un móvil policial luego de frenarlo por no contar con el permiso especial para circular en este contexto de pandemia.

Otra vez, la maldita Policía Bonaerense involucrada en un caso de desaparición forzada. A pocos kilómetros de donde hoy buscan a Facundo, hace cinco años atrás Katherine Moscoso estuvo una semana desaparecida, y luego fue encontrada enterrada en un médano de Monte Hermoso. La familia junto a su abogado, Leandro Aparicio, también abogado de la familia de Facundo Castro y Daniel Solano (otro joven trabajador desaparecido en Río Negro), denunciaron penalmente a 23 funcionarios judiciales, policiales y políticos de la localidad balnearia por complicidad y encubrimiento en el crimen de Katy.

La desaparición forzada es un crimen de lesa humanidad, “un crimen de crímenes” dice Nora Cortiñas. A pesar de haber transcurrido 37 años de “gobiernos democráticos”, luego de sufrir la pérdida de toda una generación dejando un saldo de 30.000 desaparecidos, la práctica de retener, privar de la libertad y hacer desaparecer el cuerpo de personas –en su mayoría jóvenes pobres- se mantiene intacta. Desaparecer, callar y tapar todo con mucha “prudencia”.

La lista de más de 217 personas desaparecidas desde 1983, en su mayoría por las fuerzas de “seguridad” ya sean provinciales o federales, continúa: hoy falta Facundo. En La Plata falta López, falta Miguel Bru, la familia de Andrés Núñez sigue pidiendo justicia y castigo a todos los responsables de la desaparición forzada seguida de muerte cometida en 1990, por la cual se condenó sólo a tres de los nueve responsables, mientras que el policía Pablo Martín Gerez, el principal ejecutor del hecho está prófugo desde hace casi 30 años.

El entramado policial, judicial y político, sostenido en el tiempo más allá de los gobiernos de turno, permite que se cometa este delito internacional. En la mayoría de las desapariciones están involucradas las fuerzas represivas de Estado. La familia de Facundo Castro señaló desde el primer momento que la Policía Bonaerense estaba involucrada en la desaparición del joven, sin embargo, pasaron 69 días para que el fiscal Rodolfo De Lucia, titular de la UFIJ N° 20 del departamento judicial de Bahía Blanca, apartara de la investigación a la misma fuerza señalada de cometer un delito.

Mientras que el ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, intenta proteger a sus policías y desviar la investigación y la opinión pública –un visitador serial de los canales de TV, en la franja nocturna de mayor rating- asegurando que es “prematuro, desafortunado e irresponsable hacer acusaciones sin tener evidencias concretas”. Refiriéndose a los señalamientos de la mamá de Facundo, Cristina Castro y sus abogados Leandro Aparicio y Luciano Peretto sobre el involucramiento de la Policía Bonaerense en la desaparición del joven.

Foto archivo: Nicolás Braicovich (Pulso Noticias)

¿La policía te cuida?

“La policía está muy agresiva hoy, no nos respeta, nos mata, nos golpea. Tienen mucho abuso de autoridad, ya no hay confianza en la policía, en qué vamos a confiar si la misma policía nos está matando”, se pregunta Carmen Valerian, la hermana de Ariel, un trabajador detenido y golpeado por la policía de Jujuy el pasado 8 de junio, lo que le provocó su muerte el 7 de julio.

Desde el lanzamiento del decreto presidencial de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), las fuerzas de “seguridad” provinciales y federales han obtenido mayor poder de control, principalmente en las calles, vacías por las noches. Se dedican a patrullar la ciudad, portar sus armas de fuego y hasta, en algunas ocasiones, a matar jóvenes.

A poco menos de un mes del lanzamiento presidencial del ASPO, el 15 de mayo Luis Espinoza fue detenido en Tucumán por la Policía provincial “por incumplir la cuarentena”, estuvo una semana desaparecido y fue encontrado sin vida en la provincia de Catamarca. El primer caso en este 2020 de desaparición forzada seguida de muerte.

Luis Espinoza

La Coordinadora Contra la Represión Estatal e Institucional (CORREPI) registró “86 personas asesinadas por el Estado en pandemia”. De los cuales, 41 asesinatos se cometieron en lugares de encierro, bajo custodia institucional; mientras que 32 fueron bajo la modalidad de gatillo fácil. Entre ellos están los casos de Fernando LeguizamónAlan Maidana, Lucas Barrios, Facundo Scalzo, y así sigue la lista de las víctimas.

En tanto, la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic manifestó en el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados de la Nación -realizado el viernes 7- que recibieron 39 denuncias por “uso abusivo de la fuerza” por parte de los efectivos bajo su dependencia, con 96 agentes involucrados, de los cuales seis fueron pasados a disponibilidad. En esa misma reunión, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, afirmó que en la secretaría recibieron 531 denuncias por hechos represivos durante el ASPO.

Las denuncias por maltrato y torturas en las comisarías o en las detenciones arbitrarias son denunciadas constantemente por los organismos de Derechos Humanos y espacios antirrepresivos que acompañan a las familias.

“Le digo a las familias de estos pibes que vamos a seguir luchando, basta de seguir matando a los jóvenes. Ni que violen la cuarentena, no hay excusas para matar como están matando”, expresó Norita Cortiñas en uno de los tantos encuentros virtuales con familiares víctimas de la represión estatal.

Las situaciones que deben atravesar los familiares de las víctimas se repiten en cualquier punto del país: “Tu hijo es un ladrón, estaba robando”, “Se debe haber ido con un novio o una novia, ya va a aparecer”, o bien: “Lo estamos buscando”; cuando en realidad los crímenes son cometidos por la misma Policía que luego tiene que investigar el hecho. Entonces, ¿quién nos cuida?.

El poder judicial revictimiza a los familiares, los violenta negándoles información, prohibiéndoles sus derechos, algo básico como acceder al expediente judicial de sus causas, o bien los “vueltea” para cansarlos. En ese marco, diferentes organismos de Derechos Humanos han denunciado las complicidades judiciales, policiales y políticas en estos tipos de casos.

Santiago Maldonado fue detenido, desaparecido y asesinado el 1° de agosto de 2017, en Chubut. Foto archivo: María Paula Ávila (Pulso Noticias)

El abogado de la familia de Facundo Castro, Leandro Aparicio, aseguró en declaraciones radiales que “estamos trabajando solos. Más allá de los organismos de Derechos Humanos, no tenemos la compañía del Estado sino todo lo contrario, meten palos en la rueda, la Policía está instalando pistas falsas”.

Situaciones tan cercanas reviven el caso de Santiago Maldonado: pistas falsas, “Santiago está en Chile”, “Facundo está en Bahía Blanca”, persecución a los familiares, y hasta un silencio de tumba de los agentes policiales presentes en los últimos momentos que vieron a los jóvenes.

También está Luciano Arruga que no quiso robar para la Policía Bonaerense. Ello le costó su vida. El 31 de enero de 2009 al joven de Lomas del Mirador (La Matanza) lo detuvieron, lo torturaron y estuvo cinco años desaparecido hasta que hallaron su cuerpo en el cementerio Chacarita donde figuraba como NN. Amigos y familiares de Luciano siguen pidiendo justicia.

Entonces, ¿la policía te cuida?

Facundo Astudillo Castro fue visto por última vez el 30 de abril en la localidad bonaerense de Villarino

Desaparecedores

La desaparición forzada es un delito internacional, es una privación ilegal de la libertad cometida por agentes del Estado o civiles con aquiesencia del Estado y la posterior negación de esa privación de libertad.

En diálogo con Pulso NoticiasJulio Avinceto, integrante de HIJOS La Plata, explicó que este delito “compromete en principio a los ejecutores materiales por lo general fuerzas de seguridad -Policías, Prefectura, Gendarmería, etc., pero no sólo a los autores materiales sino también compromete al Estado argentino como entidad en sí, porque es un delito regulado a nivel internacional, el Estado es firmante y garante de pactos de derechos humanos que protegen especialmente a las personas frente a ese delito”.

“Algunos dicen que es una deuda de la democracia para nosotros es un delito estructural que ha sido en todos los gobiernos del ´83 para acá, son más de 215 casos, en todos los gobiernos ha habido desapariciones forzadas que se comete desde las fuerzas de seguridad porque el aparato represivo nunca se ha tocado y porque hay libertad de acción para cometer este tipo de delito”, remarcó Avinceto.

Delitos que pocas veces tienen justicia, o bien no tienen la caratula de “desaparición forzada”. El caso de Miguel Bru, el joven secuestrado, torturado hasta la muerte y desaparecido el 17 de agosto de 1993 en la Comisaría 9° de La Plata, marcó un antecedente a la hora de condenar a los responsables aún sin haber encontrado el cuerpo del joven. En 1999 se elevó a juicio y hubo condena por homicidio en un caso de desaparición.

A más de cien días de la desaparición de Facundo, la familia y los abogados trabajan día a día para aportar las pruebas necesarias ante un fiscal federal (Ulpiano Martínez) denunciado por complicidad con represores, y evita constantemente a Cristina y sus abogados. El poder judicial es parte de la maquinaria “desaparecedora” de nuestro país.

En declaraciones a la prensa, Cristina Castro luego de encontrar el amuleto de “Facu” en el calabozo abandonado de la comisaría de Teniente Origone subrayó: “los que se callan son tan desaparecedores como los que se llevaron”.

Este jueves 13, el abogado Leandro Aparicio se manifestó a través de sus redes sociales: “Digo con la mayor claridad posible y sencillez de palabras, que en este bendito país en democracia, para que haya desaparecidos como Facundo, Daniel Solano, Jorge Julio López, Luciano Arruga, Santiago Maldonado y tantos más, existe una estructura estatal que permite y facilita la impunidad judicial de esas ´desapariciones´, siendo su engranaje esencial, el principal ´desaparecedor´, la propia policía, y las otras ´piezas´ del mecanismo perverso son los fiscales, jueces, políticos, gobernantes y periodistas”.

Entonces, ¿en quién se puede confiar?

 

Fuente e imagen: https://www.anred.org/2020/08/16/desaparicion-forzada-de-personas-en-quien-se-puede-confiar/

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Argentina: Historias de trabajadores de la salud que murieron por covid

Argentina/pagina12

A modo de cenotafio, las redes sociales evidencian la tragedia, el dolor por los que no pudieron ser despedidos por sus familiares, la desazón ante la muerte. También entre el personal de la salud . En las redes están todos, dice Valeria Ureña. Están las fotos de Carlitos, que era anestesiólogo, apunta Amido. “Yo lo conocía por la guardia en la Suizo”, lo saluda en Facebook una colega. Y agrega: “Siempre andabas con una sonrisa, siempre comprometido”.

Otra manera de recordarlos es con los homenajes como el que ayer se hizo en memoria de Grover Licona en las puertas del Hospital Durand. Con menos de 50 años, Licona llegó a tener tres trabajos para sostener a su familia. “Era de clínica médica y se ha quedado varias veces solo, atendiendo pacientes con covid, solo es imposible. Y eso lo llevo a pescarse el covid”, cuenta su compañero Héctor Ortiz.

Noemí Gómez murió en la madrugada del 13 de agosto. Era enfermera del Hospital Sanguinetti. Había nacido en Corrientes y tenía 32 años. Estaba casada y era mamá de dos niños. Se dedicaba con vocación a ayudar a otros. Sus compañeras y compañeros realizaron una asamblea en las puertas del hospital y “lamentaron su repentino fallecimiento”. Fue uno los casos en que sorprendió la rápida evolución de los síntomas.

También la enfermera María Ester Ledesma, del Hospital Gandulfo, fue despedida con un acto. Tenía 50 años. Falleció el 5 de junio. Contagió a su madre, quien también falleció de coronavirus. Por padecer diabetes, una patología común en la profesión, María Ester había solicitado seis veces la licencia que se otorga a grupos de riesgo. Le fue negada y continuó trabajando. Se contagió y falleció. Sus compañeras y compañeros, los sindicatos, y las organizaciones solidarias se reunieron en la puerta del Gandulfo para despedirla y reclamar justicia.

Unos días después, los trabajadores de la salud nucleados en ATE hicieron pública una lista que amplía la cantidad de nombres. Con la leyenda: “Que el número se convierta en humanidad”, convocan a “valorar la vida y el trabajo en el marco de los derechos públicos”. El primero allí es Silvio Cufré, enfermero del Instituto Brandsen, de 47 años, que vivía en Alejandro Korn y falleció el 18 de abril.

Nadie le aviso a Silvio en su trabajo que tenía pacientes de covid en su sala. Llevó el virus a casa y sus seis hijos se contagiaron. Los mayores, cuando se recuperaron decidieron donar plasma. Y se sienten orgullosos: “Al llegar a casa pensé que le iba a contar lo que hicimos a mi padre… pero en verdad ya lo sabe porque él estuvo con nosotros cuando donamos, no en cuerpo, pero si en espíritu”, expresó Matías Cufré, de 18 años. “Donar fue una experiencia hermosa y pienso volver a hacerlo cuanto antes”. Su padre murió sin saber que tenía coronavirus. La familia todavía padece el hostigamiento de los vecinos, que amenazaron con prenderles fuego la casilla que habitan.

Héctor Bornes era médico clínico Hospital Marzetti, de San Vicente. Conocido como “Chino”, tenía 56 años, falleció el 23 de abril. Casado con la pediatra Silvia Marelli, tenía dos hijos: Sebastián y Manuel. Era amante del básquet, los animales y la buena comida, cuentan. Su esposa, también tuvo aislamiento en su casa por diagnóstico confirmado de covid. Elena Rojas era médica terapista en la clínica San Carlos de Escobar, tenía 62 años y dos hijos. Falleció el 28 de abril y su muerte conmovió a sus compañeros que la recuerdan por su enorme vocación de servicio. A pesar de estar jubilada continuó trabajando con adultos mayores. Había sido enfermera muchos años antes de estudiar medicina.

Miguel Duré, jefe de Terapia Intensiva del Hospital Perrando de Chaco, murió el 19 de junio, a los 53 años. “Con profundo dolor despedimos a un gran colega, un héroe sin capa”, anunció la Gremial Médica de Chaco en su cuenta oficial. “Que su muerte sirva para crear conciencia social, no subestimar, y entender que los héroes no existen, que aquellos de guardapolvos también son de carne y hueso, simples mortales, expuestos y no siempre reconocidos”, señaló José Bolaños, jefe de Medicina Interna del Perrando.

Cimar Terceros Castillo, cardiólogo del Hospital Larcade, era de nacionalidad boliviana, de 38 años, y residía en Marcos Paz. Su caso también fue de síntomas que evolucionaron rápidamente. Bernardo “Tato” Muñiz, enfermero del Penal de Choele Choel, Río Negro, 40 años. Falleció el 13 de abril. “Tato tenía grandes valores, siempre fue solidario. Si podía dar una mano, te la daba y siempre era el primero en anotarse para ayudar en el hospital. ¡Yo lo admiro, qué querés que te diga!”, decía una de las hermanas al conocerse la noticia.

Fuente e imagen:  https://www.pagina12.com.ar/285550-historias-de-trabajadores-de-la-salud-que-murieron-por-covid

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México: Comparten infografías de salud emocional en las comunidades indígenas durante la pandemia

México/La Minuta

La enfermedad Covid-19 no da tregua y sigue cobrando muchísimas vidas todos los días. La pandemia por COVID ha cambiado las dinámicas internas, festivas, organizativas de las comunidades, y en las personas esta generado muchos sentimientos de tristeza, miedo y desesperación.

Hoy compartimos unas infografías que retoman el manual “Covid-19: En nuestras comunidades: ¿cómo entender mis sentimientos?”. Las infografias, con ilustraciones elaboradas por David Guillén, están organizadas por los temas: ¿Cómo identificar nuestros sentimientos?, Ejercicios de respiración para combatir el estrés, ¿ Cómo hablar a las niñas y los niños del COVID-19? Y ¿Qué hacer con un paciente de COVID-19 en casa?

El manual completo fue elaborada en colaboración con SEDEC A.C, Fundar, Serapaz, Enlace, Aura y Educa, y está diseñado para ayudarnos a entender nuestros sentimientos y encontrar algunas maneras para manejarlos, para enfrentar mejor cualquier tipo de crisis, no sólo la provocada por la COVID-19.

Es muy importante aprender a escuchar a nuestro corazón, nos puede ayudar a identificar las situaciones en las que estamos, a comprenderlas, a identificar riesgos y a construir propuestas para ayudar a las personas que queremos.

Descargar las infografias (pdf, 4 pág.). Descargar Manual Covid-19: En nuestras comunidades: ¿cómo entender mis sentimientos?(pdf, 38 pág). Escuchar Cápsulas radiofónicas “En comunidad, todas y todos nos cuidamos ante la COVID-19” . Guía COVID-19:¿Qué hacer si hay un brote en nuestra comunidad?. Leer Informe sobre la situación de las comunidades indígenas ante la emergencia sanitaria por el coronavirus

Fuente e imagen: https://www.educaoaxaca.org/covid-19-en-nuestras-comunidades-como-manejar-nuestros-sentimientos-infografias/

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México: Organizaciones de derechos humanos inician campaña «43 días por los 43»

Ciudad de México | Desinformémonos

Están por cumplirse 6 años de la desaparición forzada de los jóvenes de Ayotzinapa, es por esto que a partir del 14 de  agosto y durante 43 días los nombraremos junto con el colectivo @letrasmarchando, para exigir justicia y verdad.

 

Como cada año, organizaciones defensoras de derechos humanos iniciaron el pasado viernes la campaña «43 días por los 43», esta vez con el lema «Ay6tzinapa: Hacia la verdad», en el marco del sexto aniversario de la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

Este año, la campaña eligió como símbolo una espiral en representación de un atecocolli o caracol marino, para referir «la integralidad de dos movimientos en ambas direcciones: hacia el centro profundo (conocer la verdad) y hacia el exterior (los efectos de saberla)». Al mismo tiempo, el símbolo figura un 6 por el aniversario de los hechos.

La campaña, que inició este 14 de agosto y concluirá el 26 de septiembre, se compondrá de videos animados, ilustraciones, artículos de opinión, podcasts y música, así como incluirá las demandas de otros colectivos de búsqueda de desaparecidos.

Desde el primer aniversario de la desaparición de los normalistas, el Centro Prodh, el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Fundar y Serapaz han impulsado la campaña para unirse a la exigencia de los familiares de los normalistas de dar con el paradero de los 43 y tener acceso a la verdad y la justicia.

Fuente:  https://desinformemonos.org/organizaciones-de-derechos-humanos-inician-campana-43-dias-por-los-43/

Foto: Notimex

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Centros de educación en EE.UU cierran nuevamente a causa del Covid-19

Por: https://evtvmiami.com

A poco tiempo de comenzar las clases en algunas escuelas de EE.UU  algunos recintos educacionales están cerrando de nuevo debido a brotes de COVID-19, el último desafío a medida que el país intenta reabrir cuando el nivel de nuevos casos diarios se mantiene alto en la mayoría de los estados.

Las escuelas en Estados Unidos deben reabrir para el inicio del año académico este mes o a inicios de septiembre. Algunas, particularmente en centros urbanos, han optado por una enseñanza en línea solamente, mientras que otras han optado por clases presenciales, o incluso un híbrido entre ambas.

Pero los brotes o la falta de personal han obligado ya a algunas recintos a detener la enseñanza presencial.

La Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, uno de los recintos educacionales más grandes que abrió con clases de manera presencial, dijo el lunes que cambiaría a instrucción sólo en línea para los estudiantes, después de que pruebas mostraron una rápida propagación del virus.

Actualmente, 177 estudiantes se encuentran aislados y 349 están en cuarentena, de un total de alrededor de 19.000.

En Georgia, una tercera escuela secundaria en el condado de Cherokee cerró para clases presenciales, dijo el distrito escolar del condado, citando un incremento en el número de casos positivos en la escuela secundaria Creekview a 25, con casi un tercio de los estudiantes en cuarentena.

“Como hemos dicho desde que anunciamos nuestra reapertura, no dudaremos en poner en cuarentena a los estudiantes y cerrar las aulas en un esfuerzo por continuar operando la escuela de manera presencial el mayor tiempo que sea posible”, dijo el distrito en un comunicado el domingo, posponiendo el plan para clases presenciales desde el lunes al 31 de agosto.

Las escuelas del condado de Cherokee aparecieron en medios de comunicación nacionales este mes después de que los estudiantes publicaran imágenes en redes sociales que mostraban a los alumnos agrupados en los pasillos, muchos de ellos sin utilizar mascarilla.

Los nuevos casos de Georgia han bajado ligeramente desde su punto álgido, pero el estado informó más de 20.000 nuevas infecciones la semana pasada y una tasa de positividad del 12%, lo que sugiere que hay más casos en la comunidad que aún no se han descubierto.

Un distrito escolar de Arizona tuvo que cancelar sus clases después de que personal dijo que no era seguro regresar y se reportó enfermo. Mientras, un distrito escolar de Nebraska dijo el sábado que había cancelado clases después de que tres miembros del personal dieron positivo y 24 más estaban en cuarentena por exposición.

A nivel nacional, los nuevos casos de COVID-19 cayeron por cuarta semana seguida, pero las infecciones se mantienen en niveles altos en la mayoría de los estados y las muertes siguen estando en un promedio de 1.000 personas por día. Según un recuento de Reuters, en total ha habido más de 170.000 muertes en Estados Unidos a causa de la enfermedad.

*Fuente: https://evtvmiami.com/centros-de-educacion-en-ee-uu-cierran-nuevamente-a-causa-del-covid-19/

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Perú: Las más explotadas de la pandemia

Por: Lucía Alvites/Alainet

La pandemia ha puesto en evidencia los vacíos y brechas estructurales del país, lo más evidente y doloroso, sin duda, es la salud pública con un sistema y una infraestructura débil y precaria que ha sido incapaz de atender en tiempos de “normalidad” la demanda de la ciudadanía y que ahora, en la actual crisis, está absolutamente colapsada.

Sin embargo, hay otros problemas que se agudizan y que, si bien no están hoy en el centro del debate, son varias las voces desde la academia y la política que los señalan con preocupación y alerta. El trabajo de cuidado de los niños/as o personas dependientes y el trabajo doméstico es uno de ellos. La cadena de cuidados se ha roto con la cuarentena, exponiendo de manera tajante una labor que recae principal y mayoritariamente en las mujeres, y dejando ver que su tratamiento desde la política pública y los valores que nos articulan como sociedad es de un desdén que llega a ser desprecio.

Un retrato fulminante de esta realidad es el artículo que hace poco se publicó en un diario de circulación nacional, donde la autora llama “hdp” (hija de puta, en abreviatura) a la mujer que trabajaba en su casa por haber usado su día de franco y no haber regresado, tras el anuncio del Estado de Emergencia. El hecho habla del lugar social que se les ha asignado a las mujeres que desarrollan este trabajo, que es reafirmado por una precariedad laboral violatoria del derecho a un trabajo digno.

El trabajo doméstico y de cuidados, no solo es invisible, sino que no califica como digno y valorado. Nadie dice con orgullo hoy cociné, lavé los platos y cuide a dos niños todo el día, por supuesto, tampoco hay nadie al otro lado que lo aplauda.

Hoy, con los colegios cerrados y la imposibilidad de traslado de las mujeres que se dedican al cuidado de otros, sean ellas parte de redes familiares de apoyo o trabajadoras que reciben una remuneración por esta labor, ha quedado un vacío en los hogares que representa un trabajo ineludible que alguien tiene que cumplir.

De acuerdo, a datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) recogidos en la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo del 2010 y tomados del Informe de brechas de género 2018 (INEI 2019), las mujeres dedican 39 horas con 28 minutos a la semana al trabajo doméstico no remunerado, mientras que los hombres lo hacen 15 horas con 54 minutos. Es decir, nosotras dedicamos un promedio de 23 horas y media más, a la semana, a las labores de la casa que ellos, sin recibir nada a cambio.

Somos las mujeres las que cuidamos y realizamos las actividades que sostienen y son la base de otras actividades de la sociedad. Sin alguien que cocine, lave la ropa o cuide a los hijos es imposible pensar en otras actividades laborales, paradójicamente, estas tareas básicas nunca han sido entendidas por nuestras políticas de Estado como trabajo de primer orden que debe ser parte de la cosa pública, al igual que la educación o la salud.

Cada familia ha solucionado de acuerdo a sus posibilidades estas labores, con redes familiares de apoyo o, quienes tienen más recursos, contratando a otras mujeres que puedan hacer este trabajo. Con la caída de estas cadenas de cuidado, hoy tenemos mujeres que trabajan cuádruple jornada: teletrabajan, realizan las tareas de la casa, cuidan a los hijos y son, a la vez, las nuevas tutoras que acompañan la escuela virtual.

Esta realidad de cuádruple jornada laboral que afrontan miles de mujeres, es de hecho, una inédita hiper explotación. Que no solo puede traer como consecuencias afectaciones de salud física o mental, sino que, también, significa un impedimento a su desarrollo personal, profesional o político. El “techo de cristal”, ese límite invisible al que nos enfrentamos las mujeres para ascender laboralmente por los roles tradicionales de cuidado o el mandato obligatorio a la maternidad que tiene exigencias sociales que no posee la paternidad, está ahora mismo descendiendo abruptamente con la cuádruple jornada.

Son urgentes políticas que incentiven – de verdad, materialmente, no solo con el puro “llamado” – la co responsabilidad en la tarea de cuidados y el trabajo doméstico, que pasen por medidas que reconozcan remunerativamente este trabajo desde el Estado, porque constituye una actividad base para que la sociedad funcione.

El día de ayer el presidente Vizcarra anunciaba un bono al personal de la Policía, las Fuerzas Armadas y del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) por la labor fundamental que están realizando, lo mismo debería promoverse para las cuidadoras y cuidadores, muchas de ellas conducen ese 35% de hogares donde las mujeres son jefas de familia.

El cuidado es un trabajo que en tiempos de pandemia se ha incrementado exponencialmente, lo que puede ayudar a abrir una discusión en el Perú sobre la necesidad de un sistema público integral que reconozca este trabajo con una renta a las cuidadores y cuidadores. Esto que parece lejano sucede en otros países, con distintos matices pero que se enfocan en esta problemática, como es la asignación universal por hijo en Argentina o el bono por hijo en Chile.

En el Perú, crecientes voces llaman a seguir el ejemplo de varios países y establecer un bono universal mensual o renta básica para todas las personas que lo requieran, sin excepción. Perfectamente posible, como lo han demostrado muchos especialistas, y absolutamente necesario y urgente, como lo muestra el colapso galopante del país. Que haría, por fin, justicia a las millones de mujeres cuidadoras de sus familias y hogares que también sostienen, de manera decisiva, el país.

La crisis actual ha expuesto los graves problemas del modelo económico que por décadas hizo lucrativo los derechos a la vida digna de las personas y que, además, concilia con las dinámicas patriarcales que ha sometido a las mujeres a una sobreexplotación. Ahora que vemos más claramente todas esas grietas podemos tener la oportunidad de cerrarlas.

https://www.alainet.org/es/articulo/206281
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Educación, niños y jóvenes como náufragos de la pandemia

Por: Isaac Enríquez Pérez

Entre los principales náufragos de la pandemia destacan los niños y jóvenes (https://bit.ly/3h34gv7) despojados del espacio público que les brinda la escuela y de la educación como mecanismo de socialización y construcción de ciudadanía.

Con el confinamiento global, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) calcula que más de 1600 millones de estudiantes fueron afectados por la parálisis y cierre temporal de las escuelas en más de 160 países (https://bit.ly/2Y6NymV). 40 millones de niños en edad preescolar son privados, con la pandemia, de cursar su primer año en ese nivel educativo (https://bit.ly/3g05zcW). En tanto que, se calcula, como mínimo, alrededor de 24 millones de niños y jóvenes que podrían abandonar definitivamente su enseñanza a raíz de los impactos de la crisis económica que se cierne. Ante esta situación, António Guterres, Secretario General de este organismo internacional, acusa que con ello se perfila “una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas” (https://bit.ly/3iQ73Z7).

A ello se suma el rezago –previo a la pandemia– de 250 millones de niños en edad escolar que vivían excluidos de la alfabetización y de la escolarización. Lo cual, en sí, es una crisis social de grandes magnitudes que se relaciona con los procesos de desigualdad extrema global y con los múltiples mecanismos de exclusión social que se territorializan de manera diferenciada entre las naciones.

Con la gran reclusión, los niños y jóvenes no solo son privados de un espacio físico como la escuela, sino del andamiaje institucional y simbólico que les permite participar en el proceso de enseñanza/aprendizaje y en la construcción de imaginarios y significaciones para representar el mundo y la realidad que les circunda. Es la educación –tras la familia– el principal mecanismo de socialización y de cultivo de las relaciones cara a cara de infantes y adolescentes que hoy día son relegados, sin alternativa, al ámbito de la privacidad y el anonimato. Imponiéndose con ello la atomización, la resignación, el social-conformismo, y la postración de la imaginación.

Ante el riesgo pandémico, desde el mes de marzo ganó terreno el proceso de formación en el Internet Way of Life. Pero este sistema de educación a distancia obvia las necesidades materiales y emocionales específicas de niños y jóvenes. A la ansiedad, estrés y angustia que, por sí mismo, supone el inducido encierro de los últimos meses, se suma la soledad y desconcierto de este grupo etario de cara al proceso de enseñanza/aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación. A ello se agrega también la mayor exposición de estos niños y jóvenes a la televisión y a sus oleadas publicitarias y propagandísticas que inundan con noticias falsas carentes de contenido didáctico y que enfatizan en un entorno negativo y en la entronización de un estilo de vida que estimula evasiones y adicciones como la junk food (comida basura o comida chatarra) y que los expone al debilitamiento del sistema inmunitario y a morbilidades como la obesidad y la diabetes.

Es en las sociedades subdesarrolladas donde se expresan de manera más radical los impactos de la pandemia y del confinamiento global. Particularmente, la brecha digital exacerba los tradicionales mecanismos de exclusión que prevalecen en los sistemas educativos nacionales, en lo que viene a conformar una era de la desconexión con 346 millones de niños y jóvenes (29% del total) sin acceso a las tecnologías de la información y la comunicación (dato proporcionado por una UNICEF para el año 2017; https://bit.ly/2Y2J7te). La sociedad paradojal que vivimos es inédita por la vorágine de innovaciones tecnológicas, pero también por la creciente exclusión en torno al uso y disfrute de las mismas. Y ello marcha a la par de la propia ignorancia tecnologizada que supone, para aquellos ciudadanos que tienen las posibilidades materiales, accesar a la era de la información, pero no usar sus dispositivos para cultivar el proceso de enseñanza/aprendizaje y la formación de la cultura ciudadana.

México no está al margen de esos comportamientos y tendencias mundiales. Con un sistema educativo preñado de variados rezagos, centralista y culturalmente homogéneo por antonomasia, y capturado por múltiples intereses creados que subordinan la formación a lo faccioso, no solo enfrenta la insuficiencia de inversión pública (se destina 4.3% del PIB nacional y el 17% del presupuesto federal) en varios rubros como la infraestructura (escuelas rurales sin sanitarios y energía eléctrica; escuelas radicadas en regiones calurosas sin aire acondicionado; escuelas urbanas y rurales aún dañadas por los efectos de sismos de años pasados), el material educativo y la capacitación de los docentes de niveles básicos, sino que persisten en él limitaciones pedagógicas y didácticas que posicionan al país en los peldaños más bajos de las evaluaciones entre países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Hacia el año 2018, según estudios del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), alrededor del 85.6% del gasto público destinado a educación es absorbido por el pago de nóminas; pero, agregamos, ello desprotege la inversión en la llamada formación inicial del docente y en el uso efectivo de tecnologías de la información y la comunicación.

Cabe apuntar que con la pandemia y los confinamientos, en el país azteca se suscitó un fenómeno de deserción escolar masiva por diferentes causas, tras la experiencia del programa oficial “Aprende en casa”, con el cual se intentó finalizar –desde el mes de marzo– el ciclo escolar 2019-2020. Funcionarios del gobierno federal indican que alrededor de 800 mil adolescentes entre los 15 y los 17 años y que cursaban el tercer grado de su formación secundaria, no podrán continuar su formación de bachillerato (https://bit.ly/2PVjHtf). En ello incide el desinterés en su propia formación, pero también la necesidad impuesta por la crisis económica de contribuir al ingreso familiar a través de su trabajo. En el nivel de educación superior (licenciatura y posgrado) se calcula una deserción de 593 mil jóvenes (de un total de 4 millones 538 mil matriculados). Para el nivel básico (pre-escolar y primaria) y medio básico (secundaria), se calcula que 2.5 millones de niños y jóvenes (el 10% del total inscritos) abandonarán la escuela definitivamente en medio de la pandemia (https://bit.ly/3avETiM). Cabe mencionar también que en el ámbito de la educación privada –que atendía a 5.5 millones de estudiantes–, con la pandemia se vieron obligadas a cerrar 30% de las escuelas; al tiempo que se proyecta una reducción del 35% en sus matriculas dentro de los niveles básico, medio básico, y medio superior (https://bit.ly/311rHPL).

Esta deserción escolar tendrá impactos en la desigualdad de género y en problemas de salud pública como la nutrición y los embarazos no deseados. En este último rubro, el Consejo Nacional de Población proyecta que con la pandemia existirán alrededor de 171 mil embarazos no deseados más entre mujeres de 15 y 34 años de edad; y de ese total, 35 mil 813 embarazos corresponden a adolescentes en el rango de edad de los 15 a los 19 años (https://bit.ly/2YajA1r), y que se suman a los 390 mil 89 mujeres entre 9 y 19 años que fueron madres en años previos. Es muy probable que exista una correlación entre este fenómeno y la deserción escolar de los últimos meses.

Ante estos antecedentes mínimos, el pasado 3 de agosto la Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció el inicio del ciclo escolar en los niveles básico, medio básico y medio superior para el día 24 del mismo mes. Oficialmente, se apela a las posibilidades que abre la difusión de contenidos educativos a través de la televisión y la radio.

Al 15 de agosto se registraron en México 511 269 casos de contagio por Covid-19 y 55 908 muertes a causa de esta enfermedad; cifras aceleradas por la presencia de co-morbilidades como la diabetes, la hipertensión y la obesidad. Y con una proyección, hacia noviembre y diciembre, de entre 140 mil y 153 mil 189 muertes –respectivamente– por el nuevo coronavirus, en caso de relajarse las medidas preventivas (https://bit.ly/2PDKzxJ), son –en realidad– pocas las opciones reales con que cuenta el país para continuar con el despliegue del proceso de enseñanza/aprendizaje entre los grupos etarios en cuestión.

Aunado ello a la brecha digital ahondada con la pandemia, pensar en una comunicación sincrónica a través de la Internet entre el sistema educativo, los docentes y los estudiantes, resultaría una opción inviable y hasta imposible. Quienes padecen la pobreza extrema, sea en el medio rural o en las urbes, no solo son víctimas de este flagelo social, sino que están al margen del teletrabajo, la educación a distancia, el comercio electrónico y del entretenimiento en línea. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2019, levantada por el INEGI, indica que solo 23.4% de los hogares rurales cuenta con acceso al Internet; en tanto que en el medio urbano es el 65.5% de los hogares los que cuenta con conexión a esta tecnología. A su vez, solo el 45% de la población que ocupa el estrato económico bajo es usuaria de internet (en contraste con el 92% en los estratos económicos altos). Y aun cuando la población pobre cuente con algún ordenador en sus hogares, no accesan al Internet por carencia de ingresos y porque en su localidad no se provee dicho servicio.

La televisión y la radio cuentan con una cobertura e impacto masivos en el país (32.2 millones de hogares poseen el primer aparato; algo así como el 92.9% del total), y se presenta –mucho más que la Internet– como una opción viable para hacer llegar contenidos educativos a los estudiantes de primaria y secundaria. Sin embargo, surgen varios inconvenientes, a saber:

a) La televisión y la radio no son sustitutos del proceso de enseñanza/aprendizaje que precisa de la relación cara a cara y de todo el proceso de socialización que le circunda. No sustituyen al docente ni el ejercicio y adopción de metodologías pedagógicas y didácticas porque, en esencia, se trata de una comunicación unidireccional donde el estudiante es un simple receptor pasivo de contenidos.

b) Si no existe un encauzamiento dado por el docente y los padres de familia, se corre el riesgo de que estos medios masivos cumplan más una función de entretenimiento y –bajo el supuesto de que los niños y jóvenes no pierden el tiempo– de falso confort, que de fuente de aprendizaje real y de asimilación de nuevos conocimientos. Entonces se abriría la posibilidad de que solo sean asumidos los contenidos como una opción para “tener ocupados a los niños y jóvenes” mientras los padres de familia se descargan de su responsabilidad en el proceso educativo.

c) A primera vista, parece ser que no será aprovechado el potencial del magisterio y la experiencia adquirida por este gremio entre marzo y julio del presente año durante las distintas fases del programa “Aprende en casa”. Entonces, será la televisión la que llevará la voz cantante en la transmisión de contenidos educativos; y aunque ello garantiza un alcance y cobertura masivos, no asegura en lo más mínimo –por sí misma– un aprendizaje sustancioso, corriéndose el riesgo de nulificarse sus efectos. Entonces, se diluye toda posibilidad de mediación pedagógica entre los conocimientos emitidos y el sujeto que aprende, pero que es reducido a receptor pasivo de contenidos unidireccionales.

d) Se le otorga centralidad a la televisión en el proceso de enseñanza/aprendizaje cuando su papel sería el de erigirse en un instrumento o herramienta de cobertura masiva, en un vehículo que acerque a conocimientos generales, pero que no reemplaza la relación humana que supone la formación escolar, ni atiende las especificidades y necesidades de las comunidades locales.

e) Como no existirá proceso de enseñanza/aprendizaje en estos meses de educación a través de las pantallas de televisión, el pensamiento crítico será lapidado y desterrado de toda acción orientada a la formación escolar. Lo que se presentará será un ejercicio de difusión unilateral de información que no incentiva el ejercicio del razonamiento y de juicio fundamentado.

f) Para adoptar este programa de educación a distancia y de transmisión de contenidos escolares a través de la televisión, ese mismo día del anuncio se firmó un Acuerdo Nacional por la Educación entre el gobierno federal y cuatro emporios privados de la comunicación masiva (Televisa, Tv Azteca, Imagen y Grupo Multimedios). Un acuerdo que les reportará –en un proceso de transferencia de riqueza pública a manos privadas– 450 millones de pesos (alrededor de 22.5 millones de dólares); lo cual no solo incrementa el precio de sus acciones en los mercados de valores (Televisa tuvo, tras la firma del Acuerdo, un incremento bursátil del 15% y Tv Azteca del 18%; véase https://bit.ly/3126aGO), sino que les posiciona –a través del ejercicio de su capitalismo filantrópico–  como entidades protagónicas en la agenda educativa nacional, y les brinda respiración artificial ante la retracción y agonía –durante los últimos años– de este negocio privado (https://bit.ly/3g1k6oL) y la emergencia de otras opciones de entretenimiento para la población. Con más de 30 millones de estudiantes, un millón y medio de docentes, y varios millones de padres de familia atentos al televisor, estos consorcios conformarán una nueva audiencia cautiva para sus contenidos.

En ello, los riesgos son evidentes: los propietarios de las concesiones de estos medios no solo son los hombres más ricos del país, sino que son los líderes de las campañas de desinformación y tergiversación semántica a que está sometida diariamente la población. Entonces, la comunicación será directamente entre estos mass media privados y los estudiantes reducidos a receptores pasivos, en el marco de prácticas verticales y unidireccionales sin mínima mediación pedagógica y didáctica. En suma, evidencia la claudicación del Estado en el esfuerzo de transmitir contenidos educativos desde las concesiones públicas y los tiempos públicos oficiales, así como la entronización de la racionalidad tecnocrática en la gestión de la educación como bien público.

Como lo analizamos en otro espacio (https://bit.ly/313KWIE), la universidad enfrenta serios desafíos con la pandemia, y ello se extiende a los procesos de enseñanza/aprendizaje suscitados en los niveles básicos de la formación escolar. Justo en la educación primaria y secundaria se precisa del retorno a lo local para evitar reproducir esquemas unilaterales, unidireccionales y centralizados de gestión educativa. La escuela solo será rescatada desde esa escala territorial y desde la participación activa de autoridades educativas, docentes, padres de familia y estudiantes, si existe una oposición a modelos pedagógicos verticales, uniformes y homogéneos creados desde el escritorio y sin referencia a las necesidades específicas de los niños, jóvenes y comunidades. México es un país culturalmente megadiverso en sus regiones y sitiado por problemas públicos multifactoriales y de distinta índole. Ello exige el despliegue de la imaginación creadora por parte de los docentes, más que su papel de simples apéndices de la televisión y de vigilantes de las instrucciones recibidas por los estudiantes a través de la pantalla.

Se trata de ir a contracorriente de la verticalidad y unilateralidad, y apostar a crear espacios y experiencias de comunidad a través de distintos medios y dispositivos para restablecer el vínculo pedagógico. En ello jugarían un papel central los consejos escolares y demás órganos colegiados para que, desde cada escuela, colonia o pueblo, se elijan los contenidos y didácticas acordes a las necesidades de los niños y jóvenes. En suma, restarle protagonismo a la televisión en el proceso de formación, es un asunto de imaginación y metodología, pero –sobre todo– de voluntad política de todos y cada uno de los implicados en el sistema educativo nacional.

*Fuente: https://www.alainet.org/es/articulo/208498

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