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Centro América/Puerto Rico/30 Abril 2020

Las diferentes organizaciones sindicales que han venido celebrando una intensa y efectiva Jornada Virtual en saludo al 1ro de mayo rechazaron enérgicamente las amenazantes expresiones que ha hecho la Policía de Puerto Rico en torno a su unilateral decisión de reprimir las manifestaciones públicas que puedan desarrollarse en el día de mañana.

“Independientemente de las consideraciones que lleven a cada organización y a cada ciudadano a celebrar el 1ro de Mayo en la forma que considere apropiada, el deber de la Policía de Puerto Rico es garantizar su derecho de expresión en forma pacífica y ordenada. Hablar de que dichas manifestaciones “están prohibidas” constituye una extensión irrazonable del contenido de la Orden Ejecutiva donde se advierte sobre la concentración de numerosas personas en un determinado lugar», señaló Antonio Cabán, presidente de la FCT -481/UFCW.

“El tono y el contenido de los mensajes del comandante de área de la Policía de San Juan, José Juan García, así como las anunciadas medidas de remover vehículos mediante el uso de grúas y cerrar accesos a lugares como La Fortaleza y el Capitolio, son más propias de un jefe militar en un país regido por una dictadura, que las de un cuerpo civil cuya misión es la protección de la vida, la propiedad y los derechos de los ciudadanos en nuestra realidad democrática”—-expresó por su parte Karen De León, vicepresidenta del Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores (SPT).

Los líderes sindicales, que consistentemente han respaldado las medidas implantadas por el Gobierno para la protección de la ciudadanía y para evitar la propagación del coronavirus, hicieron un llamado colectivo al respeto de los derechos que cobijan al pueblo trabajador.

“La Policía no puede abrogarse facultades que en ley no tiene. Los trabajadores tenemos la capacidad y el ingenio para desarrollar nuestras actividades en múltiples vertientes y llevar nuestro mensaje de forma creativa sin violentar las normas establecidas para la protección de los participantes y de la comunidad o el lugar donde se desarrollen las mismas”— precisó Mayra Rivera, Secretaria de Organización de la Unión General de Trabajadores.

“Repudiamos enérgicamente el arresto de Giovanni Roberto, portavoz de Comedores Sociales, realizada el día de hoy, mientras participaba de la Caravana por la Vida, exigiendo el gobierno cumpla con su deber de alimentar a miles de trabajadores, desempleados, niños, pensionados y ciudadanos que, ante las políticas de despidos, reducción de jornada, se han visto sin el acceso a la alimentación”, añadió Liza M. Fournier, presidenta de la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (UNETE).

“Las acciones que utiliza la uniformada, mediante su superintendente, Henry Escalera, intentan intimidar a la clase trabajadora y no logran su efecto. Todo lo contrario, incrementan nuestra indignación y nos motiva a continuar manifestando el repudio a las políticas incoadas por el gobierno en detrimento de la salud y seguridad del pueblo”, expresó Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER.                        
                              
“Le recordamos a la policía de Puerto Rico que la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico garantiza en su sección 4 la libertad de palabra y de prensa; reunión pacífica y la petición para reparar agravios.  Que mayor agravio que el que se niegue a estas alturas de proveer pruebas masivas para saber la estadística real del contagio.  ¿Cuál mayor crimen que el tratar de robarse millones de dólares de pruebas para la ciudadanía, a compañías sin expertise en ese campo?  Esos son los arrestos que queremos se realicen ya, los de las y los responsables de jugar con la salud de nuestro pueblo, NO, la de la gente que lucha por condiciones de vida digna” indicó Mercedes Martínez Padilla, presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR).

Finalmente, el grupo hizo un llamado a la Policía exhortando a limitar su labor a lo que constitucionalmente está establecido, haciéndolos responsables de cualquier incidente en que pretendan imponer su errada interpretación de la Orden Ejecutiva y violentar el derecho del pueblo a expresarse.

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