El equipo multidisciplinario de la delegación argentina en Bolivia denunció, con base en pruebas y testimonios recogidos los últimos días, que el gobierno de facto está cometiendo “delitos de lesa humanidad” desde la asunción de Jeanine Áñez.
Las amenazas del gobierno de facto en Bolivia y de sus grupos de choque impidió que la misión argentina ahondara más en la actual violación de derechos humanos, sociales y políticos en este país.
En particular, el grupo de profesionales y dirigentes sociales señaló a Arturo Murillo, ministro de Gobierno de la autoproclamada presidenta Jeanine Áñez, como autor de amenazas explícitas contra su búsqueda de información.
En su estancia en Bolivia, los integrantes de la delegación vivieron una persecución constante por el gobierno de facto para que no se muestren los casos de violaciones de derechos humanos, como la tortura, detenciones ilegales, heridos, violaciones sexuales, entre otros casos
El grupo independiente fue a la ciudad de Santa Cruz para hacer una escala y luego siguieron hacia La Paz con el objetivo de estudiar los abusos cometidos contra la población.
En este grupo de activistas está Leonardo Pérez Esquivel, hijo del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
En el aeropuerto de Santa Cruz fueron demorados e interrogados por la Policía, y también insultados y agredidos por un grupo de manifestantes de ultraderecha que siguen a Luis Fernando Camacho.
«Lógicamente, que estamos frente a un golpe de Estado cívico-militar. Pero aquí hay una gran responsabilidad de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA, presidida por Luis Almagro», comentó en días pasado al servicio ruso de noticias RT el reconocido activista argentino.
No obstante, el equipo presentó las conclusiones preliminares de una investigación que incluyó entrevistas con víctimas de la represión policial y del Ejército, vecinos de la ciudad de El Alto, líderes sociales, campesinos y originarios.
La delegación habló de “violaciones sistemáticas a los derechos humanos” tras haber corroborado delitos tales como la “desaparición forzosa de personas”, “situaciones de tortura en espacios públicos”, “violaciones y delitos sexuales” y “falta de garantías procesales para los detenidos”, entre otros crímenes que dan cuenta de “la situación de terror” con la que se encontraron allí.
La misión argentina manifestó contar con material probatorio del “apoyo explícito” de países extranjeros en el Golpe de Estado que derrocó a Evo Morales.
“Tenemos testimonios sobre múltiples contactos de funcionarios extranjeros con actores claves del golpe, particularmente con Fernando Camacho”, subrayaron al detallar en qué contexto particular se desencadenaron las violaciones a los derechos humanos.
«Los actores promotores del golpe coordinaron acciones a fin de provocar una situación de terror en la sociedad y para desestabilizar al gobierno con mandato constitucional hasta el 22 de enero», señala el informe.
El proceso se profundizó con las elecciones del pasado 20 de octubre, a partir de un comunicado preliminar de la Organización de Estados Americanos (OEA), que radicalizó las posiciones golpistas y estimuló la confrontación social.
Para estos observadores quedó claro que el Estado Plurinacional de Bolivia sufrió un golpe de estado pergeñado por grupos denominados cívicos, sectores empresariales, personal policial y altos mandos de las Fuerzas Armadas.
Fuente e Imagen: https://www.telesurtv.net/news/bolivia-delegacion-argentina-gobierno-facto-represion-informe-20191201-0005.html
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