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Brasil: Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil
Ser joven, negro, de favela y sobrevivir al gatillo fácil de la policía en Brasil
Las fuerzas de seguridad fueron responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Río de Janeiro es el epicentro de un fenómeno que alarma incluso a Naciones Unidas
Brasil vivió este domingo pendiente de sus adolescentes. Cinco millones hicieron la selectividad con la vista puesta en la universidad. Era sin duda un día trascendental para todos ellos pero, como casi siempre en este país tan desigual, para algunos era vital. Para los criados en las favelas preparar el examen —no digamos ya aprobarlo con nota— supone asomarse a oportunidades que otros dan por supuestas. Es comprar boletos para un futuro menos sombrío. “Todo negro de favela ha sentido el impacto de la violencia. Cuando llegas a cierta edad ya conoces más gente que ha muerto violentamente que gente que ha entrado en la universidad”, explica Arthur, de 22 años.
Jóvenes como él —varones, negros, adolescentes o veinteañeros, pobres— son el sospechoso habitual. Y la víctima tipo de la creciente violencia de la policía brasileña, la más letal del mundo tras Venezuela. Los agentes son responsables de 11 de cada 100 muertes violentas en 2018. Las víctimas en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad aumentan veloces. Se triplicaron entre 2015 y 2018, cuando sumaron 6.220 personas.
Los tipos como Arthur, trabajadores de la ONG Redes da Maré, se saben objetivo por su color, su género y por vivir en la favela de Maré. Son carne de la próxima operación policial, tanto él como sus compañeros que acuden a la sede de esta organización creada por los primeros universitarios del arrabal para contar sus vivencias al visitante. Lo mismo da que James, 24, bibliotecario, entrara en la universidad a los 17 a estudiar computación o que Wagner, 28, sea un artista plástico que da clases de cine. Las mayúsculas de la camiseta fucsia de Felipe, 21 años, ilustran lo que una parte de Brasil denomina el genocidio negro: “Joven, negro, VIVO”.
Aunque en cualquier rincón de Río de Janeiro se puede comprar marihuana o coca, la guerra contra las drogas se libra en las colinas, en favelas como esta. Los grupos criminales se reparten el negocio y el control de los barrios. Un caluroso martes de octubre, se ve a un tipo sentado en una cafetería con un fusil; un joven vestido solo con chanclas y un bañador del que asoma una pistola vende coca a 10 euros el gramo, y llama la atención la pulsera electrónica en el tobillo de otro joven de pantalón corto que se refresca bajo una ducha en la calle.
La altísima letalidad policial brasileña es anterior a que Jair Bolsonaro se convirtiera en presidente con un discurso belicista que proclama que la manera más eficaz de combatir el crimen es con violencia. Esa retórica caló entre una ciudadanía amedrentada por la delincuencia. Lo novedoso es que está en la cúspide del poder. Cada tanto, un episodio conmociona a Brasil. Un músico acribillado con 80 balazos por militares, un escolar alcanzado desde un helicóptero policial, seis jóvenes con tiros en la nuca, la niña Ágatha de ocho años alcanzada por una bala…

Mientras las muertes a manos de agentes del Estado aumentan, los asesinatos en general disminuyen. Ambos fenómenos no están vinculados, advierten los expertos. “En los Estados con más letalidad policial, la tasa de crímenes acaba siendo mayor”, recalca Daniel Cerqueiro, del Instituto público de Investigación Económica Aplicada. El impacto de la violencia es enorme. Él lo ha traducido a pérdidas económicas: “Brasil, con el 2% de la población mundial, tiene el 14% de los homicidios. Eso supone desperdiciar el 6% del PIB”.
La inseguridad es, junto a la economía, la gran preocupación de cualquier brasileño. Por eso el presidente Bolsonaro no pierde ocasión de subrayar que en el primer semestre de su mandato los homicidios han caído un 22%. Pero el académico es categórico: “El Gobierno federal no tiene absolutamente nada que ver con eso, viene de antes, es un proceso. El Gobierno va a contribuir, en todo caso, a revertirlo con su política enloquecida de liberalización de armas y endurecimiento de las penas con nuestro sistema penitenciario, que es un caos total”. Unas prisiones, explica, que han alumbrado a 79 organizaciones criminales y son la cantera perfecta de nuevos reclutas.
“Río de Janeiro es el paradigma de lo que funciona mal en la policía de Brasil, no refleja el país en general”, afirma David Marques, del Forum Brasileño de Seguridad Pública, una ONG creada por académicos, jueces y policías que desde que recaba y sistematiza los datos colocó la seguridad pública en la agenda nacional. En otros Estados “la retórica es de prevención y respeto a los derechos humanos”. Espírito Santo es ahora alumno aventajado.
El Estado de Río de Janeiro es, en cambio, el epicentro de letalidad policial con una de cada cuatro muertes a manos de agentes en 2018. Un fenómeno que alarma incluso a la ONU y que surgió antes incluso de que el antiguo juez y antiguo marine Wilson Witzel tomara posesión como gobernador. Witzel pronunció una de esas frases difíciles de olvidar: “Lo correcto es matar al bandido que lleva un fusil. La policía hará lo correcto: va a apuntar a la cabecita… ¡y fuego! Para no cometer errores”.
El veinteañero Arthur destaca uno entre los conocidos a los que ha visto morir. Su primo Mateus, tres años menor. “Tenía 14 años cuando fue ejecutado” bajo custodia policial, cuenta. Había sido detenido acusado de robar unos collares y trasladado a comisaría. La favela de Maré, donde se crio y se formó como activista la concejala asesinada Marielle Franco, es uno de esos barrios de frecuentes tiroteos y operaciones policiales. Lugares en los que la policía no patrulla, solo entra con toda la fuerza en busca de traficantes de drogas. Poco importa que mueran vecinos en el fuego cruzado o el terror que causa a los escolares y al resto de los vecinos. Mientras dura la operación policial, todos enclaustrados.
La favela de Complexo do Alemão, también en el norte de Río, es aún más violenta. Tan lejos y tan cerca de las playas de postal. Algunos callejones están tan marcados a balazos que recuerdan a Oriente Próximo. “Aquí vemos las mismas armas que en Siria, con la diferencia de que aquí no entran tanques”, asegura Julio César Camilo, 44 años, presidente de una asociación vecinal. “No tenemos derecho a ir y venir. Nos prometieron que habría proyectos sociales además de policía pero solo colocaron al brazo armado del Estado… en cualquier momento hay un tiroteo”, explica junto al esqueleto de un descomunal teleférico que se construyó cuando el Mundial y los Juegos Olímpicos. Un día, las autoridades lo cerraron sin explicación. Hasta hoy. Es miércoles. La zona está tensa aunque revela que “desde la fatalidad de la niña Ágatha (muerta en septiembre por una bala perdida) está más tranquilo”.

Julio César posando en un callejón repleto de balazos.
Cuando estalla una balacera, Roberta, 39 años, se encierra en el baño con sus siete hijos. El lugar menos inseguro de su casa. Los disparos en la sala atestiguan que a veces la violencia se le instala dentro. Cuenta que los agentes arrasan con todo. “Se roban hasta lo que hay en el frigorífico”, dice.
Redes da Maré echó mano del ingenio —y la técnica jurídica— para reivindicar en los tribunales su derecho a la seguridad pública. Presentaron “artificio legal para que en la periferia se aplique una ley que se aplica en el resto de la ciudad”. Una juez ordenó aplicar lo que ya está en la ley: las operaciones policiales no pueden ser de noche, ni en el horario de entrada o salida de las escuelas, cada coche patrulla o blindado debe llevar GPS y debe haber ambulancia y un policía jefe que responda por los agentes. Las incursiones cayeron de 41 a 16 en un año. Eso fue antes de que Bolsonaro y el gobernador Witzel fueran elegidos.

Gabriela, de 16 años e hija de Roberta, en el salón de su casa en el barrio de Complexo do Alemão
Cuando los cuatro jóvenes salen de la favela al resto de la ciudad se sienten… “exóticos”, dice James. “Exactamente, esa es la palabra”, apunta Wagner. “Te miran todo el tiempo”, cuenta el artista. “La policía me ha bajado varias veces del autobús o me ha registrado. Me han abordado llegando al trabajo, preguntando que qué hago. O que mi casa fuera invadida mientras dormía y me pregunten que qué hago en mi casa a las ocho de la mañana”. Lo más doloroso para estos hombres es que de críos ellos también vieron a los traficantes como héroes, crecieron con los vecinos que hoy siguen sus pasos hacia el dinero fácil con la única diferencia de que en algún punto del camino algo pasó. Fuera el curso para la selectividad o alguna otra cosa, sus caminos se separaron.
Fuente de la Información: https://elpais.com/internacional/2019/11/04/actualidad/1572903643_516117.html#?ref=rss&format=simple&link=guid
Argentina: Denuncian crisis edilicia en establecimientos educativos de Cutral – Có
Denuncian crisis edilicia en establecimientos educativos de Cutral – Có
A tan sólo un día, de la caída de un camión y una máquina, en el terreno del CPEM N° 46, a escasos centímetros de un aula y en presencia de alumnos y docentes, Cutral- Có no fue la excepción. El 1 de noviembre en la EPET N° 1, cayó sobre la cabeza de una adolecente, una placa de durlock que la golpeó fuerte. Motivo por el cual, fue derivada al Hospital de Alta Complejidad N 6, para su correspondiente atención.
La escuela técnica, que comparte el edificio con el IFD n° 14, a principios del año fue protagonista de una serie de emergentes: tuvo filtraciones en la mampostería de la misma aula, problemas de calefacción y escape de gas. Esto evidencia el vaciamiento del presupuesto educativo, que lleva adelante el gobierno del MPN, en una provincia donde las petroleras se llevan $1000 millones por día.
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Durante el año 2019 fueron claros los ejemplos que pusieron en riesgo la integridad física de las distintas comunidades educativas en la provincia de Neuquén: caída de portón sobre una alumna, caída de techo sobre una maestra, de durlok sobre una estudiante; sin olvidar las circunstancias de la muerte de la compañera Silvia Rogetti. En efecto, las escuelas no dan abasto por falta de mantenimiento en la infraestructura y las pocas vacantes que existen para el ingreso de nuevos estudiantes año a año.
Sin embargo, la conducción gremial TEP (agrupación docente Kirchnerista) que le garantizó la paz social al gobierno del MPN durante todo el año, pese a nuestras exigencias como Agrupación Negra, no garantizó las asambleas para que nosotros, trabajadores de la educación organicemos un verdadero plan de lucha para defender la educación pública, para decidir cómo enfrentar el ajuste y los tarifazos de los gobiernos patronales que prefieren pagar millones al FMI poniendo en riesgo la educación pública, la vida de estudiantes y trabajadores.
No obstante, como si fuera poco, la comisión directiva provincial, recién el 4 de noviembre, convocó a delegados y delegadas de escuelas a exigir al gobierno provincial, la mesa técnica, firmada y comprometida por acta en el mes de febrero. Claramente hasta este tiempo sólo garantizó la política de vaciamiento del MPN, sin intencionalidad de mejorar las condiciones edilicias, sumado al presupuesto insuficiente para el refrigerio.
Fuente de la Información: http://laizquierdadiario.com/Denuncian-crisis-edilicia-en-establecimientos-educativos-de-Cutral-Co
Chile: Las demandas de l@s trabajador@s de la Educación y su rol en el actual estallido social
Por: kaosenlared.net
El sistema educativo chileno, desde los oscuros años de la dictadura militar hasta los gobiernos neoliberales de la Concertación, se ha posicionado como un caso extremo de la aplicación sistemática de políticas de mercado en la educación que tienden a la permanente privatización y a la instalación del enfoque por competencia.
Tras dos semanas de intensa protesta popular, a raíz del estallido social acontecido el pasado 18 de octubre, donde el pueblo y la clase trabajadora han sido protagonistas de primer orden, elevando cada vez más sus niveles de organización y de conciencia, son varios los sectores del pueblo que han comenzado a posicionar sus demandas. Entre estos sectores están las y los trabajadores de la educación, quienes han sido participantes frecuentes en las masivas manifestaciones que se han realizado en los distintos centros cívicos del país y también actores activos en las asambleas que se han levantado en los territorios, en relación a lo mismo, han visto en esta coyuntura una posibilidad de levantar sus históricas demandas contra el sistema educativo chileno y por el mejoramiento de sus condiciones laborales.
El sistema educativo chileno, desde los oscuros años de la dictadura militar hasta los gobiernos neoliberales de la Concertación, se ha posicionado como un caso extremo de la aplicación sistemática de políticas de mercado en la educación que tienden a la permanente privatización y a la instalación del enfoque por competencia. Es por ello que surge la necesidad de levantar una alternativa que barra con aquellos preceptos que fundamentan el quehacer pedagógico nacional, y que sea un aporte a las experiencias históricas de aquellos sectores que han combatido la bestialidad del capitalismo en la educación.
Lo que persigue este proyecto educativo -en sintonía y al ritmo de las políticas capitalistas a nivel mundial-, es la formación de estudiantes sin un carácter crítico, despolitizados/as, sin conocimiento histórico y de nula formación integral. Junto a esto, el sistema educativo se caracteriza por tener una alta participación del sector privado, el cual recibe un financiamiento estatal y privado, que le permite lucrar de diversas formas, además el currículum nacional se configura como un dispositivo de poder de la clase burguesa para mantener el control económico, político y social. En ese sentido, el sistema educativo chileno produce mano de obra barata, estudiantes endeudados/as que en un futuro serán trabajadores/as precarizados/as, carentes de derechos y oportunidades.
Creemos que el principal problema que enfrenta el sector es la privatización y mercantilización de la educación. La educación no está centrada en las y los estudiantes, sino que está centrada en los resultados establecidos por parámetros estatales e internacionales y estaría mediada por la competencia. Para nosotros/as como trabajadores/as de la educación es necesario plantear una reconstrucción del sistema educativo a nivel general, donde los recursos del Estado tengan una distribución equitativa e integral, aportando a la implementación de nuevos estudios pedagógicos, cursos que desarrollen habilidades educativas, entre otros. Exigimos que todas las escuelas pasen al Estado y que la educación privada no exista. Es tarea de cada uno/a de los/as participantes de los centros educativos, aspirar a derribar aquellos fenómenos nefastos del sistema educativo hegemónico, apuntando a la horizontalidad de la práctica educativa y a la democratización en la toma de decisiones. En ese sentido, debemos ser críticos del cúmulo histórico de la docencia en nuestro país y de sus prácticas cotidianas, apuntando a una educación al servicio del pueblo y liberadora.
Para mantener la educación de mercado, los poderosos se han dotado de leyes represivas y que atentan contra la formación integral de las y los estudiantes del pueblo. Una de las políticas represivas más fuertes en contra de la educación pública, y en especial contra los/as estudiantes secundarios/as, ha sido la promulgación de la Ley de “Aula Segura” implementada por el gobierno empresarial de Sebastián Piñera, esta normativa brinda mayores facultades a los/as directores/as de los establecimientos educacionales para expulsar de manera expresa o realizar la cancelación de matrículas a estudiantes que se vean involucrados/as en hecho “graves” de violencia. De esta manera, este gobierno de derecha, que históricamente ha criminalizado la protesta popular, busca frenar las crecientes manifestaciones y acciones directas que involucran el uso de artefactos incendiarios por parte de estudiantes de liceos emblemáticos del centro de Santiago, y dar una muestra de la supuesta mano dura del presidente contra la delincuencia y de su falso compromiso con la educación pública chilena.
Otra medida tomada durante este gobierno y que causó gran rechazo en el sector, fue la decisión del Consejo Nacional de Educación (CNE) de eliminar la obligatoriedad de enseñar las asignaturas de Historia, Educación Física y Artes en los niveles de tercero y cuarto medio (salvo los servicios locales de la educación), lo que se concretaría a partir del año 2020, profundizando el carácter mecanicista, acrítico y ahistórico del currículum nacional, perpetuando el sistema de explotación capitalista a través de la formación de alumnos/as cada vez menos críticos/as y con menos conciencia social.
Por lo tanto, rechazamos de manera absoluta la promulgación de leyes que atentan contra las y los estudiantes como lo es la Ley de Aula Segura y el Cambio Curricular, y en consecuencia, exigimos su retiro de manera inmediata. Estas leyes no responderán jamás a las necesidades reales de los colegios de la periferia y otros establecimientos que no son “emblemáticos”, donde la violencia es cotidiana y las redes de narcotráfico operan a diario, donde las y los trabajadores de la educación sufren violencia y agresiones, y donde se espera mantener el control sobre el estudiantado, sometiéndolos a través de la ignorancia y apatía social, y en caso de que se rebelen, se aplica mano dura. Este tipo de leyes no es más que un voladero de luces para que el Estado siga abandonando la educación pública, olvidando su carácter pedagógico y formativo.
Por otro lado, el sistema educativo capitalista tiene dentro de sus pilares más relevantes el establecimiento de pruebas estandarizadas en los distintos niveles educativos. Lo que ha traído como consecuencia que la centralidad de los establecimientos educacionales sean los resultados de estas pruebas, transformándose en un eslabón primordial al momento de estructurar las lógicas enseñanza-aprendizaje y de producir y reproducir el currículum nacional. Es por ello que los centros educativos se han concentrado en enseñar solamente lo que se evalúa, fragmentando y reduciendo el quehacer curricular a la lógica mecánica y de resultados, imposibilitando con ello la formación de sujetos con una formación holística, que desarrollen habilidades de pensamiento social, reflexión y crítica. Esto se suma directamente con la presión que tienen los y las docentes a la hora de evaluar y ser evaluados, por lo que ven aumentada su carga de trabajo en el hogar para alcanzar las metas propuestas por el sistema.
Como trabajadores de la educación con perspectiva clasista, rechazamos rotundamente la formulación de pruebas estandarizadas como la PSU, SIMCE, PISA e INICIA. Se debe avanzar hacia una educación donde se evalué a partir de un currículum pertinente al contexto, a los intereses de clase de los sujetos populares. En ese sentido no pueden ser evaluaciones estandarizadas, sino apropiadas a cada contexto y currículum, donde las y los trabajadores de la educación deban ser actores de primer orden en la estructuración de dichas evaluaciones y su carácter.
Sin lugar a dudas, una de las principales demandas que han agitado los y las profesoras en las últimas décadas es el pago de la “deuda histórica” originada en el año 1981 a raíz del proceso de municipalización impuesta por la dictadura militar, donde se desconoció por parte de los municipios el reajuste al sueldo base al sector público que establecía una asignación especial no imponible para el personal docente que dependía del Ministerio de Educación. Esta asignación no fue alcanzada en un 100% por los profesores/as. Exigimos el pago inmediato de la deuda histórica para estos profesores/as, en su mayoría jubilados, que se encuentran viviendo con pensiones de miseria luego de una vida dedicada a la enseñanza.
También se ha posicionado durante el último tiempo la demanda por el pago de menciones, que ha sido levantada por las y los educadores diferenciales y de párvulos. Esto hace referencia a la modificación de la ley 20.158 para incorporar las especialidades de su área para el respectivo pago de mención que reciben las y los docentes. El gobierno a través de la displicente Ministra Marcela Cubillos ignoró esta demanda durante el extenso paro de profesores de este año y no hizo nada en relación al reconocimiento de las menciones de las educadoras de párvulo y con respecto a las educadoras diferenciales solo se comprometió a entregar una “asignación especial” que es un bono trimestral que se asocia a la especialización en inclusión educativa mediante cursos impartidos por el ministerio. Exigimos el pago de las menciones a las y los educadores diferenciales y de párvulos.
Otra de las demandas hace referencia a la falsa “desmunicpalización” que se inició durante el gobierno de la nueva mayoría, ya que este ha traído consigo una serie de conflictos para las y los trabajadores de la educación de las comunas donde se ha implementado, ya que a pesar de que la Ley señalaba que no se producirían los traspasos a los Servicios Locales de Educación (SLE) si las municipalidades no saldaban las deudas previsionales y salariales que arrastraban por años con sus trabajadores/as, esto no ha ocurrido, como en el caso de la comuna de Cerro Navia. Además de las deudas, se presenta otro conflicto, ya que los trabajadores del área de administración educacional de los municipios (regidos por el Código del Trabajo) no serían traspasados al SLE, sino que serían despedidos e indemnizados, absorbidos por los municipios en otros cargos o funciones o sometidos a Concurso Público para mantener sus cargos o postular a otros. Además, aquel sector de funcionarios que está regido por el Estatuto Municipal, también sería absorbido por los municipios. Este proceso dejaría fuera del sistema unos cuatro mil trabajadores y trabajadoras. Rechazamos completamente esta ley ya que viene a reacomodar el modelo de mercado e instala una lógica gerencial de administración, mantiene la lógica de competencia entre colegios, con el aporte monetario que se entrega por alumno/a, manteniendo el sistema Voucher además de perpetuar el hecho de que los sostenedores y alcaldes tengan injerencia sobre los fondos y la administración de la educación, exigimos una verdadera desmunicipalización que acabe con la competencia entre colegios, donde todos los colegios pasen al Estado.
Las educadoras y técnicas en atención de párvulos han centrado su lucha en contra de la ley de sala cuna universal, que en términos concretos, mantiene la lógica de privatización de la educación, por lo que restará recursos a una parte considerable de los trabajadores/as, generará un ahorro evidente a los empleadores, otorgará recursos fiscales al sector privado de la educación preescolar y desligará aún más al Estado de su responsabilidad como garante de derechos.
Hacemos un llamado a los cientos de miles de trabajadores y trabajadoras de la educación repartidos en los diversos y recónditos lugares del país, a que se sumen activamente a las movilizaciones y protestas que se levantan día tras día. Debemos partícipes activos en las asambleas autoconvocadas en nuestros territorios, poniendo a disposición las sedes sindicales para la organización popular. Además, debemos sostener una actitud de defensa absoluta a los ataques del gobierno y los empresarios, especialmente hacia estudiantes y profesores que hayan participado en las protestas, en ese sentido repudiamos la detención del profesor Roberto Campos, rechazamos categóricamente los abusos cometidos contra estudiantes por parte de carabineros y militares y condenamos la persecución política a dirigentes estudiantiles y sindicales por parte de los aparatos represivos del Estado. Solo estando junto al pueblo, en sus luchas concretas, es como la perspectiva de una educación liberadora, se dota de sentido y se vuelve una posibilidad real.
Por una Educación al servicio del pueblo
Fin a la educación de mercado
Libertad inmediata al Profesor Roberto Campos Weiss
Por un Sindicalismo Clasista y Combativo
Asociación Intersindical de Trabajadoras y Trabajadores clasistas AIT
Fuente de la Información: https://kaosenlared.net/chile-las-demandas-de-ls-trabajadors-de-la-educacion-y-su-rol-en-el-actual-estallido-social/
Bahamas: Education report: Nearly 3,000 students displaced by Dorian
Education report: Nearly 3,000 students displaced by Dorian
Data shows only 41.5 percent of students from Abaco processed
NASSAU, BAHAMAS — Hundreds of students remain unaccounted nearly two months after Hurricane Dorian because there was no strategy to process displaced youth in the immediate aftermath of the monster storm, according to School Registration Coordinator Zane Lightbourne.
A report prepared by the Department of Education indicates 2,835 students were displaced by Hurricane Dorian; however, only 1,500 of them have been recorded as enrolled in schools in New Providence and other Family Islands.
Lightbourne said: “We discovered that a large number of students never came into Nassau. Some in Grand Bahama went to the U.S. but in Grand Bahama and Abaco in particular, a number of them went to other islands.
“Some of those islands, we’re still getting in numbers trying to get them to send every island that took students from Abaco to send us that information because they did not come through our process to get placed in schools.
He continued: “There was never a process to be very honest with you to really address students and placing them after a storm, and so even our program, it addressed students that would have come into Nassau on about [September] 12.”
The report, dated November 4, notes that based on school database records there were 2,583 students displaced from Abaco and 252 from Grand Bahama.
Of those figures, 1,073 students from Abaco (41.5 percent) were enrolled in schools in New Providence and the Family Islands and 241 students from Grand Bahama (95.6 percent) were enrolled.
However, the same report indicates that a total 1,539 displaced students were processed — 170 requiring placements to date and 1,369 placed in schools.
This leaves nearly 1,300 students who were in Abaco’s school database unaccounted for by education officials.

School Registration Coordinator Zane Lightbourne
The storm leveled communities in Abaco and Grand Bahamas on September 1-3.
A
“When people were being taken out of Abaco a lot of them did not go in shelters, but when they came to Nassau they stayed with family members — a large sum of them — in communities and they disappeared,” he said.
“No one knows who they were…until they started to show up to schools and some of them did that very soon: as soon as they were evacuated, they stayed with family, went into schools and the schools took them.”
He said there was a call for all schools who accommodated displaced students around that time to send them to the stadium to be medically screened.
“This was an oversight because there was no process like I said that was in place before,” Lightbourne said.
He said the same should have been done for displaced students who travelled to the Family Islands.
According to the Hurricane Dorian Displaced Students School Assignments (Public and Private) document obtained by Eyewitness News Online, 1,367 displaced students were enrolled in New Providence public schools while another 57 were placed in “other” schools, which included private and special needs schools.
C.V. Bethel Senior High School topped the list at the senior level, with 62 displaced students enrolled— 25 students in Grade 10; 19 students in Grade 11 and 18 students in Grade 12.
In total, seven named senior high schools enrolled 290 displaced students.
At the junior level, S.C. McPherson Junior High School topped the list taking, placing 85 displaced students — 40 boys and 45 girls.
The breakdown of students enrolled by grade shows 32 students were admitted to grade seven, 26 in grade eight and 27 in grade nine.
A total of 24 primary schools participating in the displacement enrollment program took on a combined 724 primary school students and eight preschool students.
Twenty-seven students were transferred to schools in the Family Islands, including schools in Andros, Exuma, Eleuthera, Spanish Wells, Cat Island, Harbour Island and San Salvador.
Thirty students were enrolled in private schools in New Providence.
These included, Achiever’s Christian Academy, Akhepran International Academy, Aquinas College, Bahamas Academy, Charles W. Saunders Baptist High, First Step Academy, Hillcrest Academy, Jordan Prince William High, Kingsway Academy, St. John’s College and Temple Christian.
Fuente de la Información: https://ewnews.com/education-report-nearly-3000-students-displaced-by-dorian
Madrid: El 72% de los alumnos con necesidades especiales están desatendidos
Faltan especialistas para niños con discapacidad en más de la mitad de los colegios públicos, según Comisiones Obreras
El número de alumnos con necesidades especiales crece y los profesionales no. Así lo recoge un informe de Comisiones Obreras (CCOO) presentado este lunes en el que analiza 924 centros públicos de la Comunidad, una muestra que representa el 84% del total de colegios. Según el sindicato, el 72% de los estudiantes con trastornos están desatendidos por el sobre ratio que sufren los maestros de pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).
Las necesidades educativas de niños con autismo, síndrome de Down, parálisis cerebral o sordera no están satisfechas y el efecto de estos recortes sobre su futuro académico puede ser determinante. También sobre las familias, donde recae la responsabilidad y el gasto del especialista privado al que tienen que recurrir por los recortes de la Administración.
Las funciones de los profesiones de PT y AL que recoge la normativa no se están cumpliendo. La Comunidad los intercambia en varios centros y acaban tratando a alumnos con diferentes trastornos, sin atender a las necesidades específicas de cada uno. Por esta razón, el informe de CCOO concluye que estos profesionales están atendiendo a muchos más niños de los que marca la normativa actual -de 1990-, que establece ratios máximos de 12 alumnos para maestros PT y de 25 para AL.
Este exceso de alumnos determina que hacen falta más profesionales. En concreto, 626 maestros más: 381 de perfil PT y 241 de AL. Esto se correspondería con un aumento en un 33% del número de pedagogos terapéuticos y en un 43% los maestros de audición y lenguaje. La etapa donde más especialistas se necesitan es en primaria, cuando los equipos de orientadores de la Comunidad de Madrid identifican las necesidades especiales de los alumnos y elaboran los informes educativos para determinar los apoyos extra que necesitan estos alumnos.
Para CCOO la consecuencia más inmediata de la falta de profesionales y, por tanto, del ratio excesivo es que el alumnado no recibe atención individual, sino que es atendido en grupos de tres o cuatro alumnos. Esta atención, tal y como expone el informe, abre una brecha de desigualdades y desequilibrios en el alumnado y en sus familias. Las que pueden permitírselo deben recurrir a gabinetes externos y desembolsar entre 300 y 600 euros para obtener la atención que no les ofrece la Administración.
La Consejería de Educación niega los recortes. En su opinión se ha dado respuesta al aumento de niños diagnosticados con necesidades especiales. Lo que si admiten es que los recursos son limitados y no son fijos. «Movemos a los profesionales a principios de curso, en función de las necesidades se planifica y se redistribuye. No se recorta, se colocan en otros sitios», ha explicado un portavoz de la Consejería. Además, destaca que este curso 2019-2020 ha abierto 93 aulas nuevas en Madrid.
Maria, una profesora de audición y lenguaje que trabaja en dos institutos de Vallecas desmiente a Educación. «Yo estoy sufriendo los recortes: hago las veces de profesora de AL y de PT porque la Administración le dio a elegir a las directoras de los colegios a principio de curso. O una cosa o la otra, le dijeron», indica la que es también miembro de AMMAL, la Asociación Madrileña de Maestros de Audición y Lenguaje. Se queja de que alumnos que necesitarían clases especiales cada día, están recibiendo entre dos y tres horas a la semana. «Estos niños son minoría en los colegios, se ven poquito y las familias agradecen mucho y se mueven poco», afirma. Ante el aumento de la demanda, «la Administración ve números y no se da cuenta de que cada trastorno necesita de su especialista».
Fuente de la Información: https://elpais.com/ccaa/2019/11/04/madrid/1572868111_594790.html#?ref=rss&format=simple&link=guid
ONU: El impacto de una violación tiene efectos devastadores en varias generaciones
ONUNoticias
La violación, la violencia sexual y el maltrato son fenómenos que afectan a mujeres y niñas de manera generalizada; una de cada tres la ha sufrido en algún momento de su vida. En el día dedicado a promover la eliminación de ese flagelo, el Secretario General llama a los Gobiernos y a todos los sectores de la sociedad a rechazar la misoginia.
Ocurren todos los días en todo el mundo y en todas partes: desde las instalaciones universitarias hasta los conflictos armados, las agresiones sexuales contra las mujeres y las niñas son tantas y tan cotidianas que no se pueden ignorar o silenciar. Según los datos de la ONU, una de cada tres mujeres ha sufrido violencia física o sexual en algún momento de su vida.
Para alertar sobre ese flagelo y combatirlo, la Asamblea General aprobó en febrero de 2000 una resolución en la que declaró el 25 de noviembre de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Desde entonces, cada año los Gobiernos, las organizaciones internacionales y las ONG coordinan actividades en esa jornada con el objetivo de elevar la conciencia pública y buscar soluciones políticas al grave problema.
Dominación masculina
En su mensaje para la ocasión, el Secretario General António Guterres reiteró el compromiso de la ONU con poner fin a todas las formas de violencia contra mujeres y niñas, afirmando que esos abusos son una de las transgresiones más atroces, persistentes y generalizadas de los derechos humanos.
Guterres dijo que esa violencia tiene sus raíces en siglos de dominación masculina.
“No olvidemos que las desigualdades de género que alimentan la cultura de la violación son esencialmente una cuestión de desequilibrio de poder. El estigma, los errores conceptuales, la falta de denuncia y la aplicación deficiente de las leyes no hacen sino perpetuar la impunidad”, apuntó.
También recordó que la violación se usa como arma de guerra y llamó los Gobiernos y a todos los sectores de la sociedad a adoptar una postura firme de rechazo a la violencia sexual y la misoginia.
El Secretario General pidió acabar con el estigma, a mostrar mayor solidaridad con las víctimas y con quienes las defienden y a respetar las garantías de las mujeres.
Generación Igualdad
Por su parte, ONU Mujeres consideró que es hora de alzar la voz para desterrar la cultura de la violación, cuestionar los desequilibrios de poder históricos y poner fin a la violencia sexual.
Con este propósito, presentó el paquete de acciones de la campaña Generación Igualdad, que condena la violación y advierte que es un atropello cuyos afectos devastadores duran varias generaciones, que destruye cuerpos y mentes y pone en peligro la paz.
La iniciativa aboga por no trivializar o permitir que la violación quede impune porque eso da pie a que la violencia sexual se normalice y a que se siga infravalorando a las mujeres y las niñas, dejando fracturados a comunidades y países enteros.
ONU Mujeres acusa la falta de denuncia o cuestionamiento de la cultura de la violación imperante en el mundo.
“Con palabras, acciones e inacciones; con leyes discriminatorias o tolerancia hacia los agresores; con los medios de comunicación que consumimos, los chistes de los que nos reímos y las actitudes que no discutimos, nos convertimos en parte de una cultura que permite que la violación y la cultura de la violación continúen”, alerta.
“No es no”
“No dijo que no”, “habíamos bebido mucho”, “lo provocó por vestirse así” o “hay que ser más tajante al rechazar” son frases que se usan para desdibujar los límites del consentimiento sexual y justificar las agresiones sexuales.
De esta manera se culpa a las víctimas y se exime de responsabilidad a los agresores, pese a que hayan cometido un delito flagrante.
Es por esta razón que el primer punto del paquete de acciones de la iniciativa Generación Igualdad sostiene que cuando se trata de consentimiento no hay límites difusos: “no es no”, enfatiza.
ONU Mujeres destaca que la mayoría de las agresiones sexuales no las cometen personas extrañas en callejones oscuros, sino que es frecuente que el verdugo sea alguien a quien la víctima conoce o, incluso, que sea una pareja sentimental.
Erradicar la violencia contra las mujeres implica obtener el consentimiento en todas las situaciones, incluso en el ámbito del matrimonio y las relaciones de largo plazo, puntualiza la agencia de las Naciones Unidas.
Paquete de acciones
La campaña Generación Igualdad lista 16 medidas concretas para contribuir a la lucha contra la cultura de la violación:
- Crear una cultura del consentimiento convencido
- Denunciar las causas profundas
- Redefinir la masculinidad
- Dejar de culpar a las víctimas
- Mostrar tolerancia cero
- Profundizar en lo que significa la cultura de la violación
- Adoptar un enfoque intersectorial
- Conocer la historia de la cultura de la violación
- Invertir en las mujeres
- Escuchar a las sobrevivientes
- No reírse de la violación
- Implicarse
- Poner fin a la impunidad
- Ser un testigo activo
- Educar a la próxima generación
- Iniciar la conversación o unirse a ella
Dieciséis días de activismo color naranja
Para promover estas medidas, Generación igualdad dio inicio este lunes a 16 días de activismo global contra la violencia por motivos de género, que usa el color naranja como símbolo de esperanza de un futuro brillante y libre de ese lastre.
La movilización “Pinta el mundo de naranja: Generación Igualdad condena la violación” incluirá eventos múltiples en todo el mundo: marchas, exhibiciones y concursos de arte, maratones y carreras ciclistas, entre otras actividades coordinadas por el Sistema de la ONU con la participación de los Gobiernos y grupos del a sociedad civil.
La directora ejecutiva de ONU Mujeres, Phumzile Mlambo-Ngcuka, recordó que la violación no es un acto aislado y breve.
“Puede tener efectos que cambian la vida, efectos que no se eligen: un embarazo o una enfermedad transmitida sexualmente, un trauma enorme y un injusto sentimiento de vergüenza. Tanto en los conflictos como en escenarios de paz suele influir la decisión de las mujeres de dejar sus comunidades por temor a ataques o estigmatización. Si se me concediera un deseo, ese sería el fin para siempre de las violaciones”, apuntó Mlambo-Ngcuka.
Millones de víctimas
Aunque es muy difícil determinar el número exacto de las violaciones y asaltos sexuales, en parte porque las víctimas tienen miedo a reportarlos, se estima que 15 millones de adolescentes entre 15 y 19 años han tenido alguna relación sexual forzada en algún momento.
Peor aún, unos 3.000 millones de mujeres y niñas viven en países donde la violación dentro del matrimonio no se penaliza explícitamente.
Además, la violencia sexual y las violaciones son armas de guerra y llegan a cometerse de una manera deliberada como parte de una estrategia tal como sucedió en Bosnia y Herzegovina y Rwanda.
En Myanmar, por otra parte, esas atrocidades se han utilizado como parte de las tácticas para desplazar a la población rohingyá, mientras que en Siria se han utilizado para obligar a las mujeres a revelar información y para forzar a sus familiares hombres a rendirse.
Fuente: https://news.un.org/es/story/2019/11/1465761







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