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Sindicatos, indígenas y estudiantes de Ecuador protestan contra el Gobierno de Daniel Noboa

Sindicatos, indígenas, estudiantes y otros grupos sociales de Ecuador realizaron este viernes varias marchas de protesta contra el Gobierno del presidente Daniel Noboa, a quien acusaron por la crisis eléctrica, la recesión económica y la aguda crisis de inseguridad y violencia. Con el grito de ‘Fuera Noboa, fuera’, los manifestantes también recordaron los 102 años de la llamada ‘masacre de Guayaquil’, una matanza de trabajadores por parte de la fuerza pública ocurrida el 15 de noviembre de 1922, considerada como fecha insigne del sindicalismo ecuatoriano. IMÁGENES: JUAN CARLOS JÁTIVA. DECLARACIONES DE: – JOSÉ VILLAVICENCIO, PRESIDENTE DE LA UGT. – GARY ESPINOZA, PRESIDENTE FENOCIN. – LUCÍA BURBANO, ESTUDIANTE UNIVERSITARIA.

 

https://www.abc.es/internacional/sindicatos-indigenas-estudiantes-ecuador-protestan-gobierno-daniel-20241116051810-vi.html

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Se presentó el proyecto “Justicia Social: elemento clave para la transformación digital en la educación en México” de la OEI

Se presentó el proyecto “Justicia Social: elemento clave para la transformación digital en la educación en México” de la OEI

 

El proyecto fue expuesto durante el segundo día de actividades del evento “Virtualia Normalista 4.0”, el 13 de noviembre.

La Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), desde su oficina en México, presentó el proyecto “Justicia Social: elemento clave para la transformación digital en la educación en México”, dentro del evento Virtualia Normalista 4.0 “Una mirada desde lo humano hacia el uso de la tecnología en la educación.

 

En palabras de la Coordinadora de Educación y Cultura de la OEI en México, Chandel Dávila Gutiérrez, incide en problematizar y mirar el avance hacia modelos híbridos para ampliar la cobertura educativa en plena sociedad digital y no dejar a nadie atrás en Iberoamérica, enmarcado en el Programa Iberoamericano de transformación Digital en Educación de la OEI y en cumplimiento de la agenda 2030 y del ODS 4, “Educación de calidad”.

 

El proyecto, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), tiene por objetivo consolidar un proyecto educativo con enfoque en la justicia social como un elemento sustancial para la transformación digital en la educación, a través de tres campos de acción: conectividad, formación y fortalecimiento comunitario en el municipio del Mezquital en el Estado de Durango, México.

 

Dentro de las actividades a realizarse durante el proyecto, Chandel Dávila describió las 4 fases que conlleva: una de reconocimiento territorial para observar el contexto de las comunidades en el municipio del Mezquital y cómo se vive el proceso pedagógico y la vida misma; de elaboración de un diagnóstico de gabinete con el apoyo del CIIDE de Durango, así como presencial con agencias educativas donde se miraron las expectativas y los obstáculos de la educación digital en el estado, además de recopilar experiencias y aprendizajes que se han tenido con el tema de la capacitación y el fortalecimiento comunitario y los recursos educativos disponibles.

 

Actualmente, señaló que se desarrolla e implementa un proceso de formación pedagógica mediante la fase 2 del proyecto, que sitúa a la educación híbrida en contextos de emergencia, baja conectividad y representatividad de comunidades indígenas, mediante el diplomado “Educación híbrida, una alternativa para contextos de baja conectividad”.

 

Para la última fase, destacó que se desarrollará un espacio de Encuentro de Saberes Pedagógicos-Comunitarios para que las comunidades de El Mezquital compartan sus opiniones desde sus realidades.

 

El evento puede verse en YouTube.

 

 

https://oei.int/oficinas/mexico/noticias/se-presento-el-proyecto-justicia-social-elemento-clave-para-la-transformacion-digital-en-la-educacion-en-mexico-de-la-oei/

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Venezuela: Advierten que 75 % de trabajadores universitarios venezolanos han pensado en renunciar el último año

La asociación por la Libertad, Derechos y Desarrollo Social (Liddes) reiteró este sábado, la necesidad imperante de atender las exigencias de docentes y trabajadores universitarios en Venezuela que, afrontan, al igual que todo el sector público, una situación de extrema vulnerabilidad al percibir salarios que equivalen a 3,5 dólares mensuales, mientras que la inflación acecha y la canasta básica ronda los 530 dólares, de acuerdo a estimaciones de diversas firmas y organizaciones.

 

La directora general de Liddes, Laura Linares enfatizó que los trabajadores universitarios se debaten a diario entre renunciar y seguir asistiendo a sus lugares de trabajo por estricta vocación o retirarse y dedicarse a otros oficios que le permitan tener ingresos para subsistir.

 

“Muchos trabajadores del sector universitario han dejado sus puestos de trabajo a favor de empleos mejor pagados, lo cual genera una crisis de personal en todo el sistema educativo del país. El 75 % de los trabajadores universitarios ha pensado en abandonar el trabajo en los últimos 12 meses”, precisó. “Lo que estamos viviendo ante la indiferencia del Estado es una catástrofe”, lamentó.

 

En medio de este escenario, el paupérrimo ingreso que perciben los trabajadores universitarios se convierte en el primer factor negativo que incide de forma directa en el acceso a una educación de calidad.

 

“Un sistema educativo fuerte depende en gran medida de la capacidad de atraer y retener a docentes altamente cualificados, y los salarios son un factor determinante. Los trabajadores universitarios venezolanos perciben en promedio 3,5 dólares al mes, esto ha impulsado la deserción del personal ATO, así como de profesores universitarios en el país, dejando fuertes desafíos para garantizar el acceso a la educación de los jóvenes venezolanos y la libertad académica”.

 

Laura Linares recalcó que estas presiones económicas, ponen en peligro los derechos económicos y sociales, generan desigualdades en la población; y retrasa el desarrollo de la sociedad, pues obstruye la investigación en áreas tan importantes hoy en día como la salud, la agricultura y, en general, la búsqueda de soluciones y políticas públicas eficientes y sostenibles”.

 

En esta misma línea, Fabiana Lujan miembro de Students for Liberty, subrayó que no dejarán de denunciar esta grave situación que no se puede normalizar. No es justo, lógico ni aceptable que el salario permanezca estancado desde hace casi tres años y que hoy el salario mínimo integral no cubra ni el 1 % de la canasta básica alimentaria.

 

“Seguir visibilizando la realidad que viven los trabajadores universitarios es vital para que la sociedad en general tome consciencia sobre la importancia de la exigencia de sus derechos. Resulta indispensable y urgente la inversión para garantizar la educación de calidad y garantizar el acceso a la educación superior de calidad a los venezolanos”, sentenció.

 

Asimismo, aseveró que reconocer el valor del trabajo universitario garantizando sueldos justos, no es solo un asunto de justicia social, sino que representa la retribución a todos los profesionales que se encargan de formar jóvenes que serán el futuro de la nación.

 

“Si la libertad académica se ve afectada, el desarrollo de los jóvenes y la sociedad en general también se afectará”, agregó Lujan.

 

El artículo 91 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, suscribe expresamente que el Estado deberá garantizar a los trabajadores del sector público y privado un salario mínimo vital que, será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica”.

 

Advierten que 75 % de trabajadores universitarios venezolanos han pensado en renunciar el último año

 

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La guerra está dejando «un impacto devastador» en los niños del Líbano, dice UNICEF

La guerra en el Líbano está dejando «un impacto devastador» en los niños del país, que sufrirán durante mucho tiempo por las heridas físicas, pero también por «las profundas cicatrices emocionales», señaló este jueves en un comunicado la directora ejecutiva de la Organización de la ONU para la infancia (UNICEF), Catherine Russell.

Desde que el 4 de octubre Israel comenzó la invasión del sur del país, un niño ha muerto cada día y diez han quedado heridos por los bombardeos continuados. Y desde octubre del año pasado, durante meses de ataques esporádicos, ha habido ya 166 niños muertos y más de 1.100 heridos.

La violencia y el caos que la guerra ha traído, con desplazamientos masivos y escuelas cerradas -es decir, sin espacios seguros-, están dejando en la infancia un paisaje de miedos y ansiedades que se traducen en agresiones, dificultades para dormir, pesadillas, pérdida de apetito o jaquecas, advierte la organización.

«Estos problemas sanitarios y psicológicos traerán consecuencias que pueden durar toda una vida», advierte el comunicado.

Y aunque UNICEF ha asistido a 9.600 niños o cuidadores con ayuda sicológica de emergencia en el terreno y ha propiciado también apoyo comunitario para otros tantos, «la verdadera curación solo puede empezar cuando termine la violencia (porque) lo que los niños libaneses necesitan es un alto el fuego inmediato y duradero para empezar a recuperarse del trauma de la guerra», concluye la organización.

La guerra está dejando «un impacto devastador» en los niños del Líbano, dice UNICEF

 

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Grecia: Cientos de personas refugiadas, incluidas menores, duermen al raso en la isla griega de Rodas

Por: Pepa Suárez

Organizaciones humanitarias denuncian que unas 350 personas refugiadas, algunas de ellas procedentes de Líbano, están durmiendo a la intemperie sin comida, sin agua, sin baños y sufriendo la violencia de las fuerzas de seguridad en Rodas.

“Llegamos al paseo principal donde los turistas paseaban entre tiendas de helados y souvenirs, mientras la otra cara de la moneda nos mostraba un parque lleno de basura, sábanas tiradas en el suelo, gente tumbada en cartones y un hiriente olor a orina y desconsuelo”. Elena Martínez, una voluntaria de la ONG española SOS Refugiados Europa, narraba de esta manera en un informe, la situación que había visto con sus propios ojos en la isla griega de Rodas.

Según esta organización, entre trescientas y trescientas cincuenta personas refugiadas, entre ellas muchas familias con menores, incluidos bebés, malviven en unas condiciones dramáticas desde que llegaron a la isla hace más de dos meses. Se trata de personas que han estado esperando en Turquía la oportunidad de subirse a un bote para llegar a suelo europeo.

La gran mayoría procede de Siria, Yemen, Sudán, Egipto, Iraq, Kuwait y, en menor medida, de Palestina. Muchos de esos países están envueltos en largos conflictos bélicos, sin embargo, algunas personas poseen estatus de refugiadas en Líbano. La profunda crisis económica de este país y el reciente conflicto con Israel les han obligado, a quienes ya habían encontrado refugio, a buscar lugares más seguros.

En pleno corazón de la ciudad de Rodas, junto a la ciudad medieval, situado al norte de la isla, duermen al raso sobre cartones, sin apenas mantas, hambrientos, sedientos y sin baños disponibles. El flujo de llegadas es constante. Entre veinte y cuarenta personas llegan casi a diario a la isla desde la ciudad turca de Fethiye. Un parque, situado junto al paseo marítimo, se ha transformado en un campamento improvisado donde duermen, protegidos por la arboleda, familias con sus hijos e hijas y hombres que viajan solos. Los refugiados denuncian que las autoridades locales les han prohibido, incluso, acercarse a los baños públicos gratuitos de la zona.

La falta de higiene y las pésimas condiciones de vida han provocado infecciones cutáneas generalizadas en los menores. El grupo de refugiados incluye personas que sufren heridas provocadas en la ruta en bote, diabetes, cáncer y discapacidades físicas, lo que agrava, aún más, su estado de vulnerabilidad. Así lo cuenta Ruhi Akhtar, médica y coordinadora de la organización humanitaria inglesa Refugee Biryani and Bananas

Apenas sin recursos, porque declaran haber gastado todo lo que tenían en la ruta migratoria, solo cuentan con la ayuda de una ONG local que proporciona comida cada dos días. En ese estado de desesperación, solo desean ser trasladadas a un centro de la península griega y esperar allí su documentación para continuar el viaje hacia otros países europeos en busca de refugio, según Martínez. “Solo queremos salir de aquí, eso es todo”, escriben en sus móviles traducido del árabe. Después de visitar Rodas y conocer la situación de primera mano, SOS Refugiados Europa ha puesto en marcha una campaña para la compra de 350 sacos de dormir.

Las autoridades griegas realizan traslados, de forma aleatoria, desde Rodas a los campos de refugiados de las islas de Leros y Kos, así como al campo de Diavata en Tesalónica, ciudad situada a unos 500 kilómetros al norte de Atenas. Pero la elección se lleva a cabo de una manera arbitraria, señalando al azar a las personas elegidas, sin registro y sin criterios, generando desesperación entre quienes esperan salir de ese callejón sin salida. La policía lleva a cabo la elección, en la puerta de la comisaría de 9 a 10 de la mañana, donde, previamente, se agolpan los refugiados con los pasaportes en mano y gritando para llamar la atención. Esta situación produce tumultos y enfrentamientos entre los mismos refugiados que la policía trata de sofocar a base de golpes, empujones y gritos. La desesperanza mina la moral de quienes ya arrastran dolorosos traumas y, por eso, hay gente que ni siquiera se acerca a la comisaria porque ha perdido toda esperanza, según cuentan las organizaciones humanitarias.

Refugee Biriyani and Bananas dio visibilidad al maltrato que sufren las personas refugiadas cada día ante la puerta de la comisaría, a través de un video publicado en su perfil de instagram y lo describe de esta manera : “La policía empuja de una manera brutal a todos hacia atrás, los niños sienten miedo y lloran. No hay datos de las personas que llegan, ni cuándo. No hay organización. La gente se inquieta cada vez más. Un padre grita: “Family, help, help”. Todos gritan: “Please, help, please”. Ellos eligieron a 15 personas para registrar su petición de asilo y al resto las dejó tiradas en la calle”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la Embajada de Grecia en España, vía telefónica y correo, para conocer la visión oficial de estos hechos, pero hasta el momento de la publicación de este reportaje no hemos obtenido respuesta.

Según los refugiados, las llegadas a Rodas desde Turquía supone una nueva ruta abierta por los traficantes como alternativa a Lesbos, Chios o Samos, islas a las que suelen llegar la mayoría de refugiados por su cercanía a las costas turcas.

Grecia se ha enfrentado a una creciente ola de denuncias por el uso de la violencia contra personas refugiadas. Amnistía Internacional (AI) documentó en 2023 cómo los supervivientes del naufragio del barco Adriana, frente a las costas griegas, acusaron a las autoridades griegas de provocar el incidente, donde perdieron la vida más de 600 personas. En el mismo informe, AI señalaba la persecución y criminalización de las defensoras y defensores de los derechos humanos por su trabajo con personas refugiadas y migrantes. Investigaciones de la BBC demostraron el abandono de 12 personas en un bote tras ser transportadas en un barco guardacostas griego, a pesar de que Mitsotakis aseguró en el Parlamento y en algunas entrevistas a los medios que “las devoluciones en caliente son ilegales y, por tanto, no existen”. Este gobierno conservador acumula un largo historial de violaciones de los derechos humanos, incluyendo violencia policial, maltratos, devoluciones en caliente y casos como el de Baris Büyüsku, kurdo de 30 años de edad, quien presuntamente murió bajo custodia griega.

Tanto las organizaciones humanitarias como las propias personas refugiadas han relatado a los medios en multitud de ocasiones la insalubridad de los contenedores de los campos de refugiados, así como la mala calidad de los alimentos que reciben. “La comida está congelada, es muy mala, no puedo dar a mis hijos esa comida”, aseguraba a este periódico, el pasado mes de mayo, una refugiada iraquí con cuatro hijos en el campo de refugiados de Malakasa.

La ruta que va de Turquía a Grecia es una de las más transitadas del mundo. Más de un millón de personas procedentes de Afganistán, Siria, Egipto, Eritrea, Palestina, Yemen y Sudán entre otros, han cruzado esta ruta en frágiles embarcaciones, huyendo de la violencia, la guerra y las persecuciones, para alcanzar suelo europeo. Según ACNUR, más de 850.000 personas hicieron esta travesía en la llamada “crisis de los refugiados” en 2015, debido a los conflictos en Siria, Afganistán y Yemen.

El acuerdo entre la UE y Turquía de 2016, denunciado por las organizaciones humanitarias por el coste humano que supone, frenó en seco las llegadas a suelo europeo. Mediante este acuerdo, toda persona que llegara de manera irregular a suelo griego sería devuelta a Turquía. A cambio, Turquía ha recibido, hasta la fecha más de 11.500 millones de euros para atender las necesidades de los refugiados, pero los testimonios describen las continuas redadas de la policía turca, los encarcelamientos, el maltrato y las torturas. Algunas personas migrantes entrevistadas recientemente en Rodas por SOS Refugiados, aseguran haber pasado por estas cárceles y enseñan las cicatrices de las palizas recibidas.

El acuerdo UE – Turquía y la posterior pandemia de Covid en 2020, frenaron en seco la llegada de personas a suelo europeo para repuntar en 2023 con más de 40.00 personas frente a las 12.000 de 2022. En el primer semestre de este año, las entradas se han disparado al doble comparado con el mismo periodo del año anterior. La guerra de Sudán, la llegada de los talibanes al Gobierno de Afganistán y la guerra siria que no cesa provocan un éxodo continuo de quienes buscan refugio en lugares seguros.

La precariedad de los primeros campamentos de refugiados en las islas griegas, como el de Moria en Lesbos, o Idomeni situado al norte de la península griega, denunciados por sus condiciones de hacinamiento e insalubridad, dio paso a los nuevos campos llamados Centros de Acceso Controlados para Solicitantes de Asilo construidos con presupuesto de la UE. En la actualidad existen cinco campos distribuidos en las islas de Samos, Lesbos, Cos, Quíos y Leros, además de otros 24 campamentos distribuidos por el territorio griego. Organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) han criticado duramente estos centros por su situación aislada y el largo confinamiento al que someten a las personas mientras esperan una resolución de asilo que puede tardar muchos meses.

Fuente de la información e imagen:  https://www.elsaltodiario.com

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España: Intentan desahuciar a una familia con un menor en plena alerta meteorológica en Barcelona

Por: Ana R. Santana

 

Los sindicatos de vivienda han resistido en la puerta hasta la suspensión del lanzamiento, al que han acudido una decena de furgones policiales.

“Somos la misma clase trabajadora que en Valencia recorre kilómetros para llevar comida y quitar barro”. Es la voz de uno de los militantes de los sindicatos de vivienda que se han concentrado desde las 8h en la puerta de Chaymae, en calle Rec, 32, situada en pleno Casc Antic de Barcelona. La joven vive con su hijo de cuatro años, junto al que ha enfrentado este 4 de noviembre, en plena alerta roja meteorológica, un segundo intento de desalojo.

Decenas de integrantes de los sindicatos de vivienda del Raval y del Casc Antic, parte del Sindicat Socialista de Catalunya, aguardaban desde primera hora en la puerta de su compañera. A las 10h ha comenzado a llover cada vez con más intensidad y en el desahucio, además de los gritos de los allí presentes, resonaban las alarmas de protección civil, avisando de “lluvias continuadas y torrenciales”, tanto en el Garraf como en la zona metropolitana de Barcelona.

En ese momento, se encontraban en el lugar alrededor de una decena de furgones de Mossos d’Esquadra, además de la comitiva judicial. La propiedad, que hasta el último año había pertenecido a Solvia —filial del fondo de inversión Cerberus— y posteriormente a Intrum, ha sido recientemente adquirida por el bufete de B.J. Díaz Tarragó Advocats i Associats, también presente en el desalojo.

“La policía y la comitiva dudaban, pero la propiedad ha insistido en ejecutar desde el principio. Incluso en lo peor de la tormenta ha estado insistiendo para que la fecha de aplazamiento fuera lo más cercana posible”, cuentan desde el Sindicat del Casc Antic. Las militantes y vecinas del casco antiguo de Barcelona han improvisado una barrera con contenedores y vallas del Ajuntament para intentar cortar el acceso a la policía a la puerta del inmueble.

“El desahucio no se ha parado gracias a ninguna institución ni a ningún político. Ha sido por la organización de la clase trabajadora, la misma que está dando la cara ante lo sucedido en Valencia”
Alrededor de las 11h, la comitiva judicial decidió suspender el desalojo por causas climáticas, tal y como confirma a El Salto la portavocía de Mossos d’Esquadra. El desahucio ha quedado aplazado hasta el 2 de diciembre de 2024. “Nosotros cuando vamos a un desahucio es por requerimiento judicial. Es la comitiva quien toma las decisiones”, señalan. En la mañana ha quedado suspendido tanto el desalojo de la calle Rec, 32 en el Casc Antic, como el segundo lanzamiento previsto en la calle Carretes, 38, en el barrio del Raval.

“El desahucio no se ha parado gracias a ninguna institución ni a ningún político. Ha sido por la organización de la clase trabajadora, la misma que está dando la cara ante lo sucedido en Valencia. Todo lo que está pasando es la prueba más clara de que solo nos tenemos a nosotros mismos”, señalan a El Salto desde el Sindicat de el Raval.

 

Fuente de la información e imagen:  https://www.elsaltodiario.com/

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Sudán: hambre extrema y desplazamientos forzados en más de un año de guerra

Por: Bianca Pessoa

Desde abril de 2023, Sudán vive una violenta guerra civil en una disputa por el poder y territorios entre las fuerzas armadas sudanesas y el grupo paramilitar conocido como Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF, por sus siglas en inglés). Desde el comienzo de esta nueva fase del conflicto, más de 10 millones de personas han sido desplazadas y cerca del 70% de la población pasa hambre.

Las guerras civiles en Sudán no son recientes. Desde las luchas por la independencia, Sudán ha vivido una serie de conflictos internos, alimentados por disputas e injerencias externas. La primera guerra civil, entre 1955 y 1972, marcó las diferencias entre el sur y el norte del país, ya que los sureños exigían más autonomía regional. Otro conflicto estalló en 2003 y sigue hasta hoy en la región de Darfur, en el oeste de Sudán, una región que posee muchos recursos naturales, como el oro. La guerra actual estalló debido a desavenencias sobre el periodo de integración de las RSF en las Fuerzas Armadas del país, como parte de las reivindicaciones no resueltas de la Revolución Popular Sudanesa de 2018.

Este artículo recoge los análisis presentados durante las actividades «La guerra en Sudán: perspectivas desde la izquierda», organizada por la Asamblea Internacional de los Pueblos (AIP), PeoplesDispatch y la revista Madaar en julio de 2024, y «Trazando la ruta de los olvidados conflictos africanos», organizada por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Sudáfrica en septiembre de este año.

Disputas por territorios y riquezas naturales

Para Niamat Kuku, integrante del Comité Central del Partido Comunista de Sudán y militante por los derechos humanos, el contexto anterior a la guerra actual y durante el periodo de transición se caracterizó por una intensa lucha de clases. “Los que se oponían a la revolución estaban en contra de todas las mujeres, los campesinos y todos los demás segmentos sociales, excepto los políticos islamistas”, describe. Esa oposición antipopular contaba con un fuerte apoyo de fuerzas externas: “Nos enfrentábamos a amenazas de fuerzas extranjeras, a la injerencia y la intervención en Sudán, incluso la de Egipto y los Emiratos Árabes Unidos, países que tienen un gran interés en nuestros recursos».

La injerencia internacional se intensificó mientras se producía la revolución sudanesa, ya que parte de la lucha se centraba en la soberanía nacional sobre los recursos del país. «Sudán tiene una posición geográfica que permite el tránsito hacia el Mediterráneo o el Océano Atlántico. Tenemos una gran reserva de agua dulce, tierra fértil para la agricultura, minerales, uranio, oro, plata, e incluso nuestra arena es de gran calidad. Tenemos una población diversa y un gran patrimonio humanitario y de civilizaciones. Son elementos que hacen que Sudán sea objeto de interés para muchas fuerzas regionales e internacionales», explica Randa Mohammed, integrante de la Unión de Mujeres Sudanesas [Sudanese Women’s Union].

Las organizaciones y fuerzas revolucionarias denuncian el golpe en curso desde finales de 2021. Las características de la guerra se hicieron más evidentes a medida que se introducían más y más armas desde el exterior. «No se trata solo de una guerra económica entre dos generales, ni de un conflicto entre un general nacional y potencias externas, sino de un conflicto encabezado por agendas externas que están manipulando el entorno social. Estamos rodeados de países y gobiernos que están totalmente en contra de un nuevo gobierno democrático en Sudán», concluye.

Ataques a instituciones de salud, consecuencias para el pueblo

La Dra. Ihisan Fagiri, que también forma parte de la Unión de Mujeres Sudanesas, afirma que la violenta guerra que vive el país en la actualidad afecta esencialmente al pueblo sudanés que luchó en la revolución de diciembre de 2018. Desde entonces, ambos bandos cometieron crímenes contra la humanidad, con numerosas consecuencias, especialmente para el ya frágil sistema de salud del país. “Nuestro sector de salud está muy debilitado como consecuencia de la intervención del Fondo Monetario Internacional, lo que provocó una escasez de recursos en los hospitales y el cierre y la privatización de todos los servicios de salud”, dice.

Tras el estallido de la guerra, el 15 de abril de 2023, se agravaron los impactos sobre las instituciones de salud, ya que la mayoría de los hospitales fue ocupada por las milicias o destruida por el ejército. Según un informe preliminar del Comité de Sindicatos de Médicos del país, mencionado por Ihisan durante la actividad de la Marcha Mundial de las Mujeres, durante las dos primeras semanas de la guerra, más del 70% de los hospitales de la capital, Jartum, se encontraban fuera de servicio o habían sido destruidos. “El primer hospital ocupado por la milicia fue la maternidad de Omdurman. Esto nos da una pista de su mentalidad hacia las mujeres y su salud, y de cómo las mujeres pagan el precio de esta guerra”, denuncia.

Otros factores contribuyen al deterioro de la salud en Sudán, como la escasez de agua potable, la falta de saneamiento adecuado e higiene básica. Además, la situación ha empeorado durante las catástrofes amplificadas por la crisis climática, como las lluvias e inundaciones, que causaron la destrucción de viviendas y dejaron a muchas personas desamparadas en las calles, aumentando la propagación de enfermedades como la diarrea, malaria, disentería y fiebre tifoidea. La población del país también sufre cortes de electricidad y el manejo inadecuado de los cadáveres de las víctimas del conflicto.

Omayma Elmardi, de la MMM de Sudán, habló sobre las consecuencias de la guerra para los distintos grupos étnicos, las mujeres y las niñas de Sudán. “La guerra ha provocado desplazamientos masivos, asesinatos entre los civiles refugiados, destrucción de instituciones públicas, mercados, hospitales y propiedades. Las mujeres y las niñas temen por su seguridad personal en las zonas de conflicto y están sometidas a todo tipo de violencia, falta de servicios de salud, comida, seguridad y protección”.

Desplazamiento forzado

Las mujeres y sus familias se vieron obligadas a abandonar sus hogares para huir de la violencia. Contaron con cierto apoyo de los comités de resistencia, que están formados por varias entidades y se encargan, por ejemplo, de la distribución de alimentos. “Pero la ayuda humanitaria es muy escasa e insuficiente. Las Naciones Unidas dicen que están ofreciendo ayuda humanitaria a cinco millones de personas, pero al menos 15 millones siguen necesitando ayuda humanitaria y ahora 25 millones, de los 47 millones que constituyen la población total de Sudán, están en riesgo de inanición y sufren desnutrición. En el campo de Zamzam dos niños mueren cada hora”, denuncia Randa Mohammed.

El desplazamiento interno de millones de personas debido a la violencia ha dado lugar a una oleada de refugiados, y las pocas instituciones de salud que aún funcionan en algunas regiones se ven desbordadas, sin recursos suficientes y sin capacidad para atender a la gran demanda demográfica.

Los campos de refugiados traspasan las fronteras del país, ya que los sudaneses buscan asilo en los países vecinos. En Egipto, que ya acoge a cientos de personas en el exilio, el gobierno está impidiendo que los abogados ayuden a los solicitantes de asilo. En Etiopía, el aumento de la migración sudanesa ha agudizado la crisis migratoria ya presente en el país, que también acoge a migrantes procedentes de otros conflictos en la región.

La vida de las mujeres que se enfrentan a guerras o dictaduras en otras partes del mundo fue tema de reflexión durante ambas actividades. Las compañeras sudanesas expresaron su solidaridad total con las mujeres que resisten a los conflictos y guerras que tienen lugar actualmente en Palestina y en la República Democrática del Congo. Como recordó Ihisan, “en general, durante cualquier conflicto, se apunta con las espadas a las mujeres, que pagan el precio de la guerra en forma de asesinatos, desplazamientos y violaciones. Frente a esto, el feminismo debe posicionarse con fuerza en la lucha contra las guerras, los genocidios y los conflictos armados impulsados por la codicia imperialista y que destruyen vidas y comunidades. Ihisan añade: «Necesitamos detener esta guerra y garantizar vías de paso y rutas seguras para el suministro de medicinas y alimentos. La Unión de Mujeres Sudanesas defiende la participación de las mujeres en todos los procesos de restablecimiento de la paz. Este es el paso más importante para poner fin a la guerra”.

Edición y revisión del artículo original por Helena Zelic y Tica Moreno
Traducido del portugués por Luiza Mançano

Fuente de la información e imagen:  Capire

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