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Venezuela: Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR); “Solicitamos la excarcelación de todos los escolares menores de edad por protestas post-electoral desde el 29 de julio 2024″

#31Ago #Comunicado #Detenciones

Movimiento de Educadores Simón Rodríguez (MESR); “Solicitamos la excarcelación de todos los escolares menores de edad a quienes se les privó su libertad por ejercer el derecho a la participación política que les garantiza la Constitución y la LOPNA, luego del anuncio de los resultados electorales.

 

A estos escolares menores de edad se le están violando todas las garantías, el ejercicio y el disfrute pleno y efectivo de sus derechos a través de la protección integral que el Estado está en la obligación de proteger.

 

A estos jóvenes adolescentes se le han violado el derecho a la defensa y se han desconocido todos los principios contemplados en la Convención de los Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes y la LOPNA. No se ha respetado el Interés Superior del Niño, Niña y Adolescente, la igualdad y no discriminación, la prioridad absoluta de sus intereses, su integridad personal, física, síquica y moral, su libertad personal.

 

Cortesía  *Abre este enlace para unirte a mi grupo de WhatsApp* : https://chat.whatsapp.com/G8h3yMvIV3YHoEc5p5Q7kT

*C-cura PDVSA Carabobo*

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Costa Rica: Marea de manifestantes inunda las calles contra el desfinanciamiento en educación pública

Miles de personas marcharon este miércoles, desde las 8 a.m., hacia la Plaza de la Democracia con la defensa de la educación como consigna.

Miles de manifestantes tomaron las calles de San José este miércoles para defender la educación costarricense, que atraviesa momentos críticos en todos sus niveles, desde preescolar hasta la enseñanza superior.

 

La manifestación de protesta responde a posibles recortes en el presupuesto educativo cercanos a los ₡12.000 millones, según han anunciado autoridades gubernamentales, además de la ruptura de las negociaciones por el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), debido a la negativa del Gobierno de aumentar este fondo más que un 1%, considerado insuficiente por las universidades.

 

Más de 70 organizaciones hicieron el llamado a la movilización de este miércoles, además de otra convocatoria para este jueves, con concentraciones regionales en diferentes zonas del país.

 

“Hoy estamos marchando hacia un pacto nacional por la educación y por una agenda social; una agenda social donde tenemos que hablar de democracia, tenemos que hablar del Estado Social de Derecho, tenemos que hablar sobre las instituciones públicas, tenemos que hablar sobre el ambiente”, señaló el presidente del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Gustavo Gutiérrez.

 

La movilización inició con salidas simultáneas desde el Parque de la Merced, el Pretil de la UCR y la Sede Central de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en Sabanilla. Para las 11 a.m., millares de personas ya estaban concentradas en la Plaza de la Democracia, destino final del movimiento.

Al llegar, diferentes representantes de las organizaciones participantes fueron recibidos en la Asamblea Legislativa, que tendrá en sus manos la fijación del FEES después de la posición final del Ejecutivo.

 

“Nos motiva luchar por la educación pública, estamos en una crisis de la educación, necesitamos un mejor acceso, necesitamos que se cumpla la Constitución Política, ese 8% por la educación y necesitamos retomar la agenda social del país”, comentó Nohemi Quirós, representante de la Federación de Colegios Profesionales.

 

En la manifestación participaron también agrupaciones sindicales, federaciones estudiantiles y grupos del sector agropecuario.

 

“El reclamo es a falta de una política agropecuaria para Costa Rica que no solo sea una exposición a las fuerzas del mercado, un rechazo al abandono del Estado hacia la seguridad alimentaria, hacia la importancia de la salud, de la educación, de la seguridad ciudadana y el respeto por la institucionalidad”, señaló el secretario general de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costarricenses (UPA Nacional), Guido Vargas.

Marea de manifestantes inunda las calles contra el desfinanciamiento en educación pública

 

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Argentina: En las escuelas primarias, las mujeres ocupan 9 de cada 10 cargos directivos

En secundaria ellas son responsables de dos tercios de las escuelas. El promedio de edad de los directores ronda los 50 años, según una “radiografía” estadística presentada por Víctor Volman en el último encuentro del ciclo Somos Directores organizado por la Universidad Di Tella.

En las escuelas estatales, la mayoría de los directivos accede al cargo por puntaje o concurso (76%), mientras que en las privadas el acceso se realiza por otros mecanismos y criterios (80%).

El rol del director escolar es crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y determinante para el funcionamiento eficiente del sistema educativo. Sin embargo, en Argentina hay poca información pública sobre quienes ocupan estos cargos, dado que el último censo nacional docente se realizó en 2014 y el próximo se realizará en 2025.

En el último encuentro del ciclo Somos #Directores, organizado por el Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el responsable del Observatorio de Argentinos por la Educación, Víctor Volman, trazó un panorama estadístico sobre los directivos escolares en el país. Su exposición fue presentada por Mariano Narodowski, director del área de Educación de la UTDT, y se tituló “Radiografía del directivo escolar de la Argentina: quiénes somos y cómo somos”. Aunque los encuentros del ciclo son presenciales, esta vez la reunión fue virtual por razones climáticas.

«Hay mucha literatura que identifica a los directores como uno de los factores más importantes al momento de explicar por qué las escuelas funcionan ‘bien’ o ‘mal’. La gestión escolar y el liderazgo son temas que están en foco desde hace ya varios años; los estudios muestran que los directores tienen un rol fundamental en en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, explicó Volman, que es economista, doctor en Educación por la Universidad de San Andrés y profesor en la maestría en Política Educativa de la UTDT.

En primaria, 9 de cada 10 cargos directivos (87%) son ocupados por mujeres, una tendencia que se repite también entre los docentes. Debido a los requerimientos de antigüedad y experiencia para acceder a estas posiciones, tanto hombres como mujeres rondan los 50 años.

En cuanto a la formación, alrededor del 90% de los directivos –tanto en escuelas públicas como privadas– cursaron un profesorado, y luego lo complementaron con postítulos. La formación universitaria de grado es más frecuente en el sector privado (25,5%) que en el público (10,7%), según los datos presentados por Volman a partir de los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender y los informes realizados por el Observatorio. La formación de posgrado, en tanto, es minoritaria en ambos sectores.

En las escuelas estatales, la mayoría accede al cargo por puntaje o concurso (76%), mientras que en las privadas el acceso se realiza por otros mecanismos y criterios (80%).

 

 

En las escuelas primarias, las mujeres ocupan 9 de cada 10 cargos directivos

En secundaria ellas son responsables de dos tercios de las escuelas. El promedio de edad de los directores ronda los 50 años, según una “radiografía” estadística presentada por Víctor Volman en el último encuentro del ciclo Somos Directores organizado por la Universidad Di Tella

30 Ago, 2024 01:34 a.m. EST

En las escuelas estatales, la mayoría de los directivos accede al cargo por puntaje o concurso (76%), mientras que en las privadas el acceso se realiza por otros mecanismos y criterios (80%).

En las escuelas estatales, la mayoría de los directivos accede al cargo por puntaje o concurso (76%), mientras que en las privadas el acceso se realiza por otros mecanismos y criterios (80%).

El rol del director escolar es crucial en el proceso de enseñanza y aprendizaje y determinante para el funcionamiento eficiente del sistema educativo. Sin embargo, en Argentina hay poca información pública sobre quienes ocupan estos cargos, dado que el último censo nacional docente se realizó en 2014 y el próximo se realizará en 2025.

En el último encuentro del ciclo Somos #Directores, organizado por el Área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT), el responsable del Observatorio de Argentinos por la Educación, Víctor Volman, trazó un panorama estadístico sobre los directivos escolares en el país. Su exposición fue presentada por Mariano Narodowski, director del área de Educación de la UTDT, y se tituló “Radiografía del directivo escolar de la Argentina: quiénes somos y cómo somos”. Aunque los encuentros del ciclo son presenciales, esta vez la reunión fue virtual por razones climáticas.

“Hay mucha literatura que identifica a los directores como uno de los factores más importantes al momento de explicar por qué las escuelas funcionan ‘bien’ o ‘mal’. La gestión escolar y el liderazgo son temas que están en foco desde hace ya varios años; los estudios muestran que los directores tienen un rol fundamental en en el proceso de enseñanza y aprendizaje”, explicó Volman, que es economista, doctor en Educación por la Universidad de San Andrés y profesor en la maestría en Política Educativa de la UTDT.

 

En primaria, 9 de cada 10 cargos directivos (87%) son ocupados por mujeres, una tendencia que se repite también entre los docentes. Debido a los requerimientos de antigüedad y experiencia para acceder a estas posiciones, tanto hombres como mujeres rondan los 50 años.

En cuanto a la formación, alrededor del 90% de los directivos –tanto en escuelas públicas como privadas– cursaron un profesorado, y luego lo complementaron con postítulos. La formación universitaria de grado es más frecuente en el sector privado (25,5%) que en el público (10,7%), según los datos presentados por Volman a partir de los cuestionarios complementarios de las pruebas Aprender y los informes realizados por el Observatorio. La formación de posgrado, en tanto, es minoritaria en ambos sectores.

En las escuelas estatales, la mayoría accede al cargo por puntaje o concurso (76%), mientras que en las privadas el acceso se realiza por otros mecanismos y criterios (80%).

En el último encuentro del ciclo Somos Directores, organizado por el área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Víctor Volman presentó una «radiografía» de los directivos escolares a nivel nacional.

En el último encuentro del ciclo Somos Directores, organizado por el área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, Víctor Volman presentó una «radiografía» de los directivos escolares a nivel nacional.

Con respecto a la antigüedad, los directores de escuelas estatales tienden a tener menos años en su puesto en comparación con sus pares del sector privado. En las escuelas públicas, el 14,1% de los directivos son nóveles, frente a solo 5,4% en las privadas. Además, el 50% de los directores de escuelas públicas lleva cinco años o menos en el cargo, en tanto que en el sector privado esa cifra es del 38%. “Pareciera haber una mayor estabilidad en los cargos directivos en las escuelas privadas, y una mayor rotación en las estatales”, señaló Volman.

 

De acuerdo con la percepción de los directores, las problemáticas que afectan el aprendizaje y la enseñanza difieren entre los tipos de gestión. En las escuelas públicas, el ausentismo de estudiantes y docentes figura entre los problemas más mencionados por los directivos. En las escuelas privadas, en cambio, las principales preocupaciones son los problemas de convivencia entre estudiantes. Ambos sectores enfrentan dificultades en la relación entre docentes y estudiantes, y entre las familias y la escuela. En las escuelas públicas, los directores mencionan con mayor frecuencia la inadecuación de las instalaciones y la escasez de materiales para el dictado de clases.

 

En el nivel secundario, aunque sigue habiendo una mayor presencia femenina en cargos directivos, la proporción se equilibra un poco más, con dos tercios de los puestos ocupados por mujeres. La edad promedio de los directivos de ambos sexos ronda también los 50 años. En este nivel, la formación más común es de nivel superior no universitario, tanto en escuelas estatales (70%) como privadas (60%).

 

Como en primaria, los datos muestran que los directores de escuelas secundarias privadas tienden a tener mayor antigüedad que sus pares de escuelas estatales. Los problemas reportados por los directores también son similares a los encontrados en el nivel primario: predominan el ausentismo y la impuntualidad, junto con los problemas de convivencia, registrados con mayor frecuencia por los directivos de instituciones estatales.

 

Cómo sigue el ciclo Somos Directores

Los encuentros del ciclo Somos Directores, realizado con el apoyo de Infobae, son los últimos miércoles de cada mes, de 9 a 10.30 hs en el campus de la Universidad Torcuato Di Tella (Av. Figueroa Alcorta 7350, CABA). Comienzan con una conferencia o panel; luego sigue un espacio de preguntas, debate o conversación; y finalizan con un desayuno.

 

La participación es libre y gratuita, con inscripción previa. Al finalizar el ciclo, se entregarán certificados a quienes hayan asistido a 5 de los 6 encuentros previstos.

 

Este es el cronograma de los próximos encuentros:

 

18 de septiembre: Dirigir una escuela: ¿todo tiempo pasado fue mejor?, con Mariano Narodowski.

16 de octubre: ¿Tarjeta roja? Qué podemos aprender sobre la autoridad docente del arbitraje deportivo, con Thedy Adjemian.

20 de noviembre: Conferencia magistral de clausura y entrega de certificados.

 

https://www.infobae.com/educacion/2024/08/30/en-las-escuelas-primarias-las-mujeres-ocupan-9-de-cada-10-cargos-directivos/

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Costa Rica: Sindicatos de la educación participan en Gran Marcha por la Educación Pública

Las organizaciones costarricenses afiliadas a la Internacional de la Educación en América Latina (IEAL), el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC) y la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE) se movilizaron el 28 y 29 de agosto en defensa del 8% del PIB para la educación pública, según lo establece la constitución de este país.

 

A este movimiento que incluyó manifestaciones en distintas partes del país, se unieron más de 70 organizaciones de distintos sectores sociales que se oponen a los recortes en el presupuesto educativo que ha impulsado el actual gobierno.

 

Según Gilda Montero, presidenta de ANDE e integrante del Comité Ejecutivo Mundial de la IE “estos recortes han repercutido fuertemente en las juntas de educación, los nombramientos de nuevos maestros, programas de equidad, alimentación, becas, transporte, nombramiento de equipos interdisciplinarios en los centros educativos y también en el pago de algunos dineros que se adeudan a los educadores”.

 

 

“Se trata de un retroceso de 20 años. Contamos con órdenes sanitarias que están cerrando centros educativos a lo largo y ancho del país, con problemas de operatividad complejos que están excluyendo a estudiantes que ya tienen una condición económica vulnerable y les dificulta la posibilidad de acceder a una educación a la vez que profundiza las desigualdades”, añadió Yorgina Alvarado, secretaria general del SEC y vicepresidenta del Comité Regional de la IEAL.

https://www.facebook.com/watch/?v=3649063035408196

 

Por mayor inversión estatal en la educación pública

Al igual que muchos países de la región, las organizaciones de Costa Rica se unen con su movimiento a la campaña de la IE “¡Por la Pública! Creamos Escuela” que busca generar presión en los gobiernos para que no limiten el financiamiento a los sistemas de educación pública.

 

“Tenemos claridad de que este tema de los recortes presupuestarios es una tónica mundial y por esto desde un inicio hemos apoyado la campaña ¡Por la educación pública! Este lema lo hemos ido incorporando en los discursos que damos, durante las marchas y en diferentes espacios. Hacemos un llamado a las organizaciones de América Latina porque no podemos quedarnos callados ante estos atropellos de los gobiernos.”, aseguró Gilda Montero de ANDE.

 

“Definitivamente Costa Rica no es un caso aislado. Estas iniciativas gubernamentales responden a políticas internacionales recortistas que ven la educación como un gasto y no como una inversión. El SEC a través de la afiliación en la IEAL ha logrado reconocer a tiempo este tipo de situaciones y unirse a la campaña mundial ¡Por la pública! que apunta al fortalecimiento de la educación pública”, analizó Yorgina Alvarado, dirigente del SEC.

 

Las organizaciones, que señalan que el país vive la crisis educativa más grande de los últimos 40 años y que para solventarla se requiere de un «Pacto Nacional por la Educación Pública, finalizaron la jornada de manifestaciones entregando un pliego de peticiones en la Asamblea Legislativa.

 

https://www.ei-ie-al.org/noticias/costa-rica-sindicatos-de-la-educacion-participan-en-gran-marcha-por-la-educacion-publica

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La universidad e Estados Unidos se vuelve menos diversa: cae la presencia de latinos y afroamericanos

Las matriculaciones de latinos en el MIT caen del 16% al 11% en un año por la decisión del Supremo de suprimir la discriminación positiva por raza. La de los afroamericanos bajan del 15% al 5%.

Un año después de que el Tribunal Supremo se pronunciara contra la discriminación positiva por raza en las Universidades de Estados Unidos, el resultado es el esperado: menos latinos y negros pueden acceder a ellas. El prestigioso MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts) acaba de presentar los datos de este año y solo un 11% de los nuevos matriculados son latinos, frente al 16% del año pasado. Más drásticamente, incluso, ha descendido el número de matrículas de afroamericanos, hasta el 5% para la generación de 2028, cuando el año pasado un 15% de los nuevos estudiantes se definía con esa raza.

“No tengo ninguna duda de que dejamos fuera a muchos solicitantes bien calificados de entornos que históricamente tienen baja representación que en el pasado habríamos admitido y que habrían sobresalido”, ha manifestado Stu Schmill, responsable de admisiones del MIT, en su blog.

 

En los últimos años, latinos, afroamericanos, americanos nativos y de las islas del Pacífico componían un 25% de los estudiantes del MIT. Este año solo suman un 16%.

 

El MIT ha sido el primero en publicar sus datos, pero no es un caso aislado. Según se van conociendo las matriculaciones de otros campus, el resultado es similar. En la Universidad Amherst el porcentaje de estudiantes afroamericanos se ha desplomado, pasando del 11% del año pasado a un 3% este año. En cuanto a los latinos, las matriculaciones han caído del 12% anterior a un 8%. Por el contrario, hay muchos más estudiantes blancos, hasta un 51% de las nuevas matrículas, cuando hace un año eran un 39%.

 

También el centro Tufts ha perdido diversidad entre sus alumnos. El responsable de admisiones, JT Duck, admitió que “el porcentaje de estudiantes de color ha caído de aproximadamente el 50% el año pasado al 44% este año. Si bien sigue siendo superior a nuestra cifra del 38% en 2019, representa una caída decepcionante”, según se recoge en la web de la universidad.

 

El Tribunal Supremo, con seis votos a favor y tres en contra, dictaminó en junio de 2023 que las universidades no pueden utilizar la raza para decidir quién entra, pues viola la constitución por no dar a todos los estudiantes un tratamiento igual. Era la resolución de un caso defendido por asociación de Estudiantes por Admisiones Justas contra la Universidad de Harvard y la Universidad de Carolina del Norte, instituciones en las que la raza de los estudiantes se tenía en cuenta para mejorar la diversidad de su alumnado.

Los defensores de la discriminación positiva la justifican porque entienden que no es justo medir con la misma vara a estudiantes que, por su situación socioeconómica, no tienen las mismas oportunidades y llegan menos preparados a la universidad. Según datos oficiales, en las escuelas públicas donde el 75% o más de los estudiantes son negros o hispanos, casi dos tercios no ofrecen cálculo, más de la mitad no imparte clases de informática y casi la mitad no dispone de clase de física. Todas ellas son asignaturas básicas en una Universidad como el MIT.

 

Antes de la decisión del Supremo “pudimos utilizar la raza como un factor entre muchos para identificar a los estudiantes bien preparados que surgieron del entorno educativo desigual en K-12. Pudimos ver que estos estudiantes cumplían con nuestros altos estándares académicos de excelencia, se adaptaban bien a nuestra educación y prosperarían en el MIT”, ha manifestado Schmill. Este año, sin embargo, “no podemos utilizar la raza de la misma manera, y ese cambio se refleja en el resultado de la Promoción de 2028″, admite.

 

El interés de las universidades de élite por admitir estudiantes latinos y afroamericanos, sin embargo, no convence a todos. Evan Mandery, profesor de la Universidad de Justicia Criminal John Jay y autor del libro Veneno Ivy: Cómo las universidades de élite nos dividen, denuncia la hipocresía de estos centros por no eliminar otras prácticas que favorecen a los estudiantes privilegiados blancos. Un ejemplo es la política de admisión que prioriza a los estudiantes hijos de antiguos alumnos o de donantes de la institución. “Estas escuelas no lo eliminan porque lo que realmente les interesa es perpetuar el estatus de centros prestigiosos y elitistas”, afirma en declaraciones a EL PAÍS.

 

Mandery pensó que cuando al eliminarse la discriminación positiva por raza, estas universidades suprimirían esa práctica de admisión por “legado”, muy impopular en el país, “porque parecería más inmoral que antes”, pero no ha sido así. En su opinión, para hacer más justo el acceso a los estudios superiores, en lugar de la raza, debería utilizarse un criterio socioeconómico “dando ventaja a los estudiantes que crecieron en desventaja”. Además, podrían aumentar el tamaño de las clases, y tener en cuenta otros factores de admisión, por ejemplo, aceptando a los mejores estudiantes de secundaria, lo cual aportaría diversidad.

 

Según Mandery fue un error que las universidades defendieran su caso ante el Tribunal Supremo diciendo que el factor de la raza les permitía tener un ambiente diverso que beneficiaba a los estudiantes. “Deberían haber defendido la discriminación positiva como un programa para compensar la historia de esclavitud y racismo del pasado, que sí sería constitucional”, sostiene.

 

Otro de los criterios utilizados para seleccionar a sus futuros alumnos es el examen del SAT, que algunas universidades, como es el caso de Duke, ha recuperado. Sin embargo, la diferencia de oportunidades de los estudiantes para prepararlo pone en entredicho su eficiencia como un método de corte justo. Familias pudientes, generalmente blancas con altos ingresos, gastan miles de dólares para contratar preparadores que entrenan a sus hijos para la prueba. “Es poco probable que el SAT sirva como mecanismo para aumentar la diversidad. Se sabe desde hace mucho tiempo que el desempeño en el SAT está relacionado con la riqueza. A los estudiantes ricos les va mejor”, explica Mandery.

 

encuentro virtual.

 

Los latinos son el grupo demográfico que más ha crecido en Estados Unidos, convirtiéndose, con 64 millones de personas, en la minoría más numerosa, por delante de los afroamericanos. Datos recogidos por Pew Research antes de que el Tribunal Supremo cambiara la política de admisiones mostraron que también es el grupo que más ha avanzado en estudios superiores. En 2021 casi dos millones y medio de latinos tenían títulos de postgrado, un incremento notable desde los 710.000 del año 2000. No obstante, esa cifra sólo equivale al 8% del total de títulos de postgrado del país, cuando los latinos ya son más del 19% de la población.

https://elpais.com/us/2024-08-31/la-universidad-pierde-diversidad-cae-la-presencia-de-latinos-y-afroamericanos-por-la-eliminacion-de-las-cuotas.html

 

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Prohibición del uso de celulares en escuelas y colegios de Ecuador: ¿es la solución para mejorar la atención y la seguridad de los estudiantes?

Expertos analizan los pros y los contras que causan el uso de dispositivos tecnológicos en los estudiantes.

El uso de teléfonos celulares en las escuelas y colegios de Ecuador se ha convertido en un tema central de debate a raíz de las declaraciones de la ministra de Educación, Alegría Crespo, quien anunció que se está evaluando la posibilidad de prohibir estos dispositivos durante la jornada escolar.

 

La discusión, que ha desatado reacciones en redes sociales, pone en la balanza los beneficios y riesgos asociados con el uso de los celulares en el contexto educativo.

 

Las declaraciones de la ministra Crespo se dieron el 28 de agosto, a pocos días del inicio del nuevo año escolar en el régimen Sierra-Amazonía, durante una entrevista radial con el medio Nueva RCN.

 

La ministra señaló que la prohibición del uso de celulares en los establecimientos educativos es una política en discusión, inspirada en medidas similares adoptadas en países del primer mundo.

 

Crespo mencionó que la medida podría ser necesaria para combatir la inseguridad que, según ella, “también entra por los celulares”. Además, argumentó que existe una preocupación creciente sobre el impacto negativo de la tecnología en la concentración y el desarrollo neurológico de los estudiantes.

 

“Cada vez se vuelve más evidente el posible daño que causa el uso prolongado de la tecnología y, posiblemente, este supere a las bondades que se pueden encontrar en estos dispositivos”, afirmó.

Mariana Rivera, directora de la Escuela de Educación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), enfatizó que el uso de celulares en el ámbito escolar es un tema complejo que requiere un análisis profundo.

 

Para Rivera, el celular puede ser una herramienta poderosa si se utiliza con objetivos claros y bajo la guía adecuada de los docentes.

 

Rivera destacó seis beneficios clave del uso de celulares en las escuelas:

1. Acceso a información y recursos educativos: los celulares permiten a los estudiantes acceder rápidamente a información, materiales de estudio y recursos en línea, como tutoriales y aplicaciones educativas, que pueden complementar el aprendizaje en clase.

2. Desarrollo de habilidades digitales: el uso de la tecnología en el aula ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades esenciales para el siglo XXI, como la búsqueda de información y la familiaridad con herramientas de productividad.

3. Facilitación de la comunicación y colaboración: los celulares permiten la interacción entre estudiantes y profesores a través de plataformas educativas y redes sociales, lo que promueve la colaboración y el aprendizaje activo.

 

4. Personalización del aprendizaje: los dispositivos móviles permiten a los estudiantes aprender a su propio ritmo, ya que se utilizan aplicaciones y plataformas que se adaptan a sus necesidades individuales.

5. Organización y gestión del tiempo: aplicaciones como calendarios y recordatorios ayudan a los estudiantes a organizarse mejor y gestionar sus responsabilidades académicas.

6. Incorporación de realidad aumentada y ludificación: los celulares pueden ser una puerta de entrada a experiencias educativas más dinámicas, como la realidad aumentada y los juegos educativos, que pueden hacer el aprendizaje más atractivo.

 

No obstante, Rivera advirtió que estos beneficios solo se pueden alcanzar si existe un acompañamiento adecuado por parte de los docentes y si se establecen objetivos claros para el uso de estas herramientas en el aula.

 

A pesar de los beneficios, Rivera también mencionó varios riesgos asociados con el uso de celulares en el entorno educativo:

 

1. Distracción y bajo rendimiento académico: los celulares pueden ser una fuente constante de distracción, especialmente si los docentes no integran adecuadamente la tecnología en sus clases.

 

2. Ciberseguridad y privacidad: el uso de celulares en la escuela puede exponer a los estudiantes a riesgos de ciberseguridad, como el acceso a contenido inapropiado o el ciberacoso.

 

3. Dependencia tecnológica: el uso excesivo de celulares puede llevar a una dependencia tecnológica, lo que afecta a las habilidades sociales y la capacidad de interactuar cara a cara.

 

4. Desigualdad en el acceso: no todos los estudiantes tienen acceso a dispositivos de la misma calidad, lo que puede acentuar las desigualdades en el aula.

 

5. Impacto en la salud física y mental: el uso prolongado de dispositivos móviles puede causar problemas de visión, postura inadecuada y aumento del estrés o ansiedad.

 

6. Dificultad para regular el uso de la tecnología: establecer y hacer cumplir normas claras sobre el uso de celulares en el aula puede ser un desafío para los docentes.

 

7. Usos no éticos de la tecnología: el mal uso de los celulares en el aula, como el acoso o la difusión de contenido inapropiado, también es un riesgo a considerar.

 

Rivera concluyó que, aunque los celulares y otras herramientas tecnológicas tienen el potencial de enriquecer el aprendizaje, también conllevan riesgos que deben ser gestionados adecuadamente.

 

Subrayó la importancia de la formación continua de los docentes en ciudadanía digital y la implementación de políticas claras que promuevan un uso responsable y seguro de la tecnología.

 

Diego Paz, docente universitario y consultor internacional, se mostró en desacuerdo con la posible prohibición. Para él, prohibir el uso de celulares es una medida simplista y populista que no aborda las raíces del problema.

 

Paz argumentó que, en lugar de prohibir, se deberían enfocar en la educación y el uso responsable de la tecnología.

 

Por su parte, Aranzazu Cisneros, docente investigadora del Departamento de Psicología de la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), señaló que, según estudios realizados en países europeos, particularmente en los nórdicos, el uso de dispositivos móviles durante los procesos de aprendizaje puede derivar en dificultades de atención.

 

Limitar el acceso a los celulares en las aulas, sugirió, podría mejorar la concentración y los procesos de memoria y aprendizaje, especialmente en niños y adolescentes que aún están en etapas cruciales de desarrollo cognitivo.

 

Cisneros añadió que el problema no se soluciona únicamente con una prohibición, sino que se debe complementar con métodos pedagógicos efectivos y una formación adecuada de los docentes en el manejo de grupos y en estrategias psicopedagógicas.

 

Es crucial, dijo, que los docentes sepan cómo utilizar las herramientas tecnológicas de manera que complementen y no obstaculicen el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

La discusión sobre la prohibición del uso de celulares en las escuelas y colegios de Ecuador es un reflejo de un debate más amplio sobre el papel de la tecnología en la educación. Mientras que algunos expertos destacan los beneficios potenciales de integrar los celulares en el aula, otros advierten sobre los riesgos asociados con su uso inadecuado.

 

El Ministerio de Educación, a través de la ministra, respondió que continúa evaluando la mejor manera de abordar este desafío y toma en cuenta tanto las preocupaciones de seguridad como las necesidades pedagógicas.

 

Mientras tanto, el debate seguirá en curso con la participación de educadores, expertos y la sociedad en general, en busca de una solución que equilibre los beneficios de la tecnología con la protección y el bienestar de los estudiantes. (I)

Fuente: https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/ministerio-educacion-analiza-prohibir-uso-celulares-escuelas-colegios-ecuador-nota-2/

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Argentina: Derechos docentes y educación pública dinamitados

El presidente Javier Milei, en su política de dinamitar el Estado Nacional, ataca a la educación pública y sus gestores fundamentales que son los y las docentes.

El objetivo avanza, con el proyecto de ley presentado por el exministro de Educación del gobierno de Mauricio Macri, actual Diputado Nacional Alejandro Finocchiaro, en el cual se determina, entre otras cosas, que “la educación obligatoria es un servicio estratégico esencial” y se condiciona gravemente el ejercicio del derecho de huelga del cuerpo docente, buscando minimizar sus efectos.

El proyecto tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, en la sesión del 14 de agosto y ha pasado para su tratamiento al Senado Nacional.

Propuesta hipócrita

La propuesta formulada por el partido del gobierno es hipócrita, contradictoria y esconde otros intereses, que atacan al derecho a la educación propiamente dicho, que se dice defender.

La sobreactuación que se realiza respecto de la importancia de educar y de la necesidad de no interrumpir los días de clase, no se compadece, por ejemplo, con la propuesta del hijo del mentor ideológico del presidente Milei, el diputado nacional de La Libertad Avanza Alberto Benegas Lynch, que afirmó, en abril de este año, “que no cree en la obligatoriedad de la educación… no te puedes dar el lujo de mandar a tu hijo al colegio porque lo necesitas en el taller junto al padre trabajando”. O sea, considera para el menor más importante que trabaje y que no es esencial que vaya a la escuela.

Incluso, cabe recordar que María Eugenia Vidal, la ex gobernadora bonaerense del PRO, en el año 2018, sostuvo, cruelmente, que no era equitativo gastar dinero en universidades, dado que “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”.

A su vez, el gobierno propició, en el primer proyecto de la ley “Bases”, que no se aprobó, conocido como proyecto de “Ley Ómnibus”, que los menores desde los nueve años podrían optar por evitar ir a la escuela presencialmente, en contra de lo que determina la Ley de Educación 26.206, (art. 127 inc. f). De esa manera, se buscaba que niños, niñas y adolescentes, estudien en sus casas, en lugar de asistir a las instituciones educativas. Esta perspectiva individualista de autorizar la no escolaridad presencial, denigra el lugar donde se practica la convivencia social. La escuela es el primer ámbito de ejercicio del pluralismo democrático y donde se reafirma la identidad nacional.

Aún más, Milei pretende pronto manejar la enseñanza, centralmente, por la llamada “inteligencia artificial”, con criterios de un discurso único. De esa manera colonizar mentes y abaratar costos. Todo lo que es propiciado también por empresas productoras internacionales de programas educativos virtuales.

El gobierno actual desvaloriza el “acto humano de educar”, desprestigia socialmente a los y las docentes y les responsabiliza de la falta de escolaridad de los menores, si llegaran a ejercer el legítimo derecho de huelga, sin tener presente, que la educación es un derecho y no un servicio.

La ley de Educación Nacional 26.206 dispone, que “se debe garantizar el derecho a enseñar y aprender” y son los y las docentes quienes tienen el papel de enseñar, (art. 1) y en función de ello, deben tener ingresos apropiados para llevar una vida digna, poder formarse adecuadamente y defender la calidad de enseñanza, buscando asegurar el derecho de los educandos a lograr aprender debidamente, reclamando lo que fuere necesario para su preparación y enseñanza y de no darse otro camino, usar el instrumento constitucional de la huelga.

El gobierno no dice nada respecto de los días sin clases cuando sucede que las paredes de las aulas se electrifican o los baños están clausurados o no hay luz, gas y/o agua o tantas otras causales edilicias que, por responsabilidad del estado, también llevan a suspender las clases.

Además, en defensa de las niñeces y adolescencias, hay que rescatar la lucha de docentes como la maestra Ana Zabaloy, fundadora de la Red Federal de Docentes por la Vida que, en todo momento, se esforzó por exigir que se terminara con las fumigaciones de agrotóxicos, realizadas cercanas a las escuelas rurales, en las que los alumnos estudian con glifosato en el aire. Ella murió afectada de cáncer, por haber respirado los tóxicos.

Responsabilidad del Estado

Con actitud hipócrita e irresponsable, el gobierno se desentiende del tema de fondo de la cuestión, que lleva a reclamos que motivan legítimamente la huelga y culpa a las víctimas, sosteniendo que el problema de la falta de clases es solo una cuestión entre alumnado, docentes y su gremio.

En este aspecto, el Estado tiene que hacerse cargo que la educación es una inversión y no un gasto tenido como improductivo. Para que exista calidad educativa es necesario que se den condiciones pedagógicas, garantizar infraestructura adecuada, en todos los niveles educativos y reconocimiento de la tarea docente con salarios dignos que, en la mayoría del país, en este momento, se encuentran por debajo de la línea de pobreza.

De lo contrario, no se respeta el “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, de jerarquía constitucional, (art. 75 inc. 22 de la C.N.), que determina, que se debe garantizar “continuamente las condiciones materiales del cuerpo docente”, (art. 13, apartado 2, inc. “e”); ilegalmente. El presidente tampoco quiere pagar el Fondo de Incentivo Docente (FONID), confiscando de esa forma parte del salario docente y además, ha desfinanciado a las universidades públicas, entre otros ataques directos a la educación.

Milei busca desarmar, particularmente, el valioso escalón de permeabilidad social ascendente, que es la escuela pública, gratuita y de calidad.

Derecho de huelga

La declaración de servicio estratégico esencial dispuesta en Diputados pretende acallar los legítimos planteos docentes y condicionar su derecho a huelga.

Patricia Bullrich, como Ministra de trabajo del gobierno de Fernando De La Rúa, dictó las Resoluciones 480 y 632 de 2001, por las que encuadró a la educación como “servicio esencial” e impedían el ejercicio del derecho de huelga, por parte de las trabajadoras y los trabajadores docentes de todo el país. Lo dispuesto se recurrió al Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el que estableció, que “el derecho de huelga puede limitarse o prohibirse:… en los servicios esenciales en el sentido estricto del término (es decir, `aquellos servicios cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de las personas, en toda o parte de la población’… ‘no constituyen servicios esenciales en el sentido estricto del término… el sector de la educación’”, (Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical, 1996, párrafo 545).

Las resoluciones del Comité deben ser respetadas, de lo contrario, se atenta contra el derecho de huelga, garantizado en el artículo 14 bis de la Const. Nac. y la legislación internacional que rigen en Argentina, en materia de convenios y recomendaciones de la OIT, como los tratados que tienen jerarquía constitucional, incluido el Convenio 87 de OIT, por expreso reconocimiento del “Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”, (art. 22 inc. 3) y del “Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”, (art. 8 inc. 3).

En base a lo afirmado, el Senado de la Nación debe rechazar lo aprobado por la Cámara de Diputados en este tema.

(*) Doctor en derecho, abogado constitucionalista y columnista de opinión.

Fuente de la información e imagen:  https://www.pressenza.com

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