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Apagones en Ecuador: Ministerio de Educación dispone tareas de corta duración y con recursos disponibles para estudiantes

La cartera de Estado señaló que las tareas estarán diseñadas como complementos a las lecciones impartidas en clase.

En el marco de los racionamientos de energía que se ejecutan a escala nacional, el Ministerio de Educación emitió lineamientos pedagógicos para que se promuevan tareas significativas de corta duración con recursos disponibles en casa y que no requieran energía eléctrica o conexión de internet.

La cartera de Estado detalló que estas tareas serán complemento a las lecciones impartidas en clase. Esto, teniendo en cuenta la planificación curricular y las necesidades específicas de cada estudiante. Los maestros serán quienes asignarán las actividades que puedan realizarse.

Estas tareas por realizarse, indicó el ministerio, se centrarán en actividades reflexivas y lúdicas que incluyen a padres y representantes de los estudiantes.

  • Diario reflexivo: Herramienta para registrar las reflexiones personales de los estudiantes con base en preguntas de metacognición.
  • Preguntas de metacognición: Preguntas que desarrollan en los estudiantes una reflexión estructurada sobre sus procesos de aprendizaje y formas de aprender.
  • Rutinas de pensamiento. Esquemas para pensar sobre las experiencias y aprendizajes adquiridos.

La cartera de Estado hizo un llamado a los padres y representantes para que acompañen a los estudiantes en este proceso, asegurándose de que realicen las actividades utilizando los recursos disponibles en casa.

Esta medida será aplicable a todos los niveles educativos del Sistema Nacional de Educación, es decir, de sostenimiento fiscal, particular, fiscomisional y municipal, con el fin de garantizar la continuidad educativa, según el ministerio. (I)

https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/apagones-en-ecuador-ministerio-de-educacion-dispone-tareas-de-corta-duracion-y-con-recursos-disponibles-para-estudiantes-nota/
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Educación sexual, la clave para frenar la crisis del embarazo adolescente en Venezuela

El embarazo adolescente se ha convertido en una de las crisis más acuciantes de Venezuela, con graves consecuencias para la salud de las jóvenes madres y sus hijos , así como para el desarrollo social del país. Según datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Venezuela presenta una de las tasas más altas de embarazo adolescente en América Latina, lo que ha generado una alerta mundial sobre la situación.

Ana María Figuera, experta en salud reproductiva del Fondo de Poblaciones de las Naciones Unidas (UNFPA), destacó que la educación integral en sexualidad es fundamental para prevenir embarazos no deseados en la adolescencia. «Es necesario romper con tabúes y proporcionar información clara y accesible a jóvenes y adolescentes sobre su cuerpo, sus derechos sexuales y reproductivos, y los métodos anticonceptivos», afirmó Figuera.

Por su parte, Ángel Alfonso, de la Asociación Civil Niña Madre, alertó sobre la estrecha relación entre el embarazo adolescente, la pobreza y la violencia sexual. «Muchas de estas jóvenes se convierten en madres a muy temprana edad como consecuencia de abusos y explotación», señaló Alfonso.

Un problema de salud pública

Denuncian que las consecuencias del embarazo adolescente son múltiples y devastadoras. Las jóvenes madres suelen abandonar sus estudios, lo que limita sus oportunidades laborales y perpetúa el ciclo de pobreza. Además, los bebés nacidos de madres adolescentes tienen mayor riesgo de bajo peso al nacer, prematurez y complicaciones durante el parto.

La alta tasa de mortalidad materna en Venezuela, especialmente entre las adolescentes, es un reflejo de la gravedad de esta problemática. Según Alfonso, la tasa de mortalidad materna en el país es una de las más altas de la región.

¿Qué se está haciendo?

Organizaciones como el UNFPA y la Asociación Civil Niña Madre trabajan para abordar esta problemática. A través de programas de educación sexual, distribución de métodos anticonceptivos y atención integral a las jóvenes madres, estas organizaciones buscan empoderar a las adolescentes y brindarles las herramientas necesarias para tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva.

Sin embargo, alertab que los desafíos son enormes. La crisis económica, la falta de acceso a servicios básicos y la desintegración del tejido social han agravado la situación, por lo que resaltan que es necesario un esfuerzo conjunto de gobierno, sociedad civil y organismos internacionales para hacer frente a esta problemática de manera integral y sostenible.

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Argentina: La comunidad educativa sigue organizando la resistencia al ajuste de Milei

El movimiento estudiantil puntano dió un enorme ejemplo de lucha: 18 días de toma de edificios en defensa de la Educación Pública. En el lapso de este tiempo se vivieron situaciones de diferente carácter político y social tanto en la sede capitalina, como en las de Villa Mercedes, y Merlo. Las medidas de fuerza se acompañan tanto desde del estudiantado como de los trabajadores docentes y no docentes, cosechando simpatías con diferentes sectores que llevaron su solidaridad en defensa de la lucha por la Educación Pública. Como consecuencia del profundo ajuste que lleva adelante el Ejecutivo Nacional el costo político se hace notar: Milei vetó el presupuesto, pero despertó al movimiento estudiantil. ¿Cómo podemos seguir organizando la lucha?

Lejos de dar fin al conflicto con el veto al financiamiento universitario el gobierno nacional dio pie a que el movimiento estudiantil se organizará con la medida de toma de facultades como acción principal de lucha. Pero también con clases públicas, movilizaciones y diferentes medidas de lucha que se desarrollan aún a lo largo y ancho del país, haciendo que este hecho se desarrolle en un momento bisagra en la historia reciente.

Otro factor importante que nos ayuda a comprender la realidad política son algunos datos de la vida cotidiana de la educación superior con la cual el gobierno parece no conectar:

El 48% de los estudiantes de universidades públicas son pobres. Esto se transcribe en el fenómeno de primera generación de estudiantes universitarios con familias trabajadoras. Un nuevo sujeto dentro del estudiantado, formado por estudiantes que trabajan o que provienen de familias trabajadoras, que tiene un lazo más directo con la clase obrera y sus organizaciones tradicionales es decir, con sus sindicatos, movimientos sociales, etc.

¡Viva la lucha de la comunidad educativa de la UNSL!

En la Universidad Nacional de San Luis sede de la Ciudad de San Luis, se mantuvo la toma de edificios por 18 días y extendiéndose a otras sedes de la misma, con asambleas de docentes, estudiantes y no docentes de hasta casi 300 personas.
Lo cierto, es que el estudiantado de la la UNSL fue una de las primeras instituciones en adoptar la toma como acción de lucha en defensa de la Educación Pública, que luego se masificó en todo el territorio nacional. Como así también, se convirtió en la toma más largas de este conflicto.
En este contexto, el rector y actual presidente del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), Victor Moriñigo, en más de una ocasión se manifestó en contra de la toma de edificios, y declaró que “… Lamentablemente este año los salarios no se van a poder recomponer”. Esta postura fue ampliamente repudiada por toda la comunidad educativa, en ese sentido, nos gustaría saber si el actual Presidente del CIN podría vivir con un salario de $250.000 mensuales como el de un auxiliar con una canasta básica que ronda los $950.000 para una familia tipo.

Otro sector que pareció no presentar mayor relevancia fueron los Centros de Estudiantes, en el caso puntual de la UNSL la conducción de San Luis Independiente, no participó de la toma de edificios en ninguna oportunidad. Se limitaron a alguna participación efímera en las asambleas interclaustros donde incluso propusieron que la toma debía desarrollarse con clases, lo cual lo convertiría en una acción “simbólica” a la toma del Rectorado en aquel momento.
En ese sentido, y a pesar de la constante presión de la asamblea que exigía un pronunciamiento por parte del centro que jamás concretaron, la medida se sostuvo gracias a la fuerza de lxs estudiantes, docentes, no docentes, y trabajadores en general que se solidarizaron con el enorme esfuerzo y ejemplo de lucha que se desarrolla puertas adentro de los edificios tomados.

En la Villa de Merlo, se tomó la facultad de Turismo y Urbanismo por un tiempo determinado del lapso de un día, pasado ese tiempo, la toma se levantó y se espera que el movimiento estudiantil vuelva a encontrarse en Asamblea Interclaustro para determinar nuevas medidas de lucha.

Por su parte, en la Ciudad de Villa Mercedes, la toma del edificio de Facultad de Ingeniería y Ciencias Agropecuarias, y la Facultad de Ciencias Economicas Juridicas y Sociales se vió afectada por un ataque de corte patoteril por parte de un sector «anti-toma», con el aval y participación de Franja Morada y sectores afines al espacio político de La Libertad Avanza. Dicho ataque que incluyó piedrazos, empujones y amedrentamiento, donde se destaca la participación de Matias Funes quien fue recientemente apartado de su cargo como Subsecretario de Asuntos Estudiantiles y Bienestar luego de la viralización de imágenes con su presencia en dicho ataque.

Mientras tanto la libertad no avanza (atrasa)…

Como era de esperarse, la derecha salió a despotricar contra el movimiento estudiantil respecto del conflicto universitario. Este fue el caso del Diputado Nacional por la Provincia de San Luis de La Libertad Avanza, Carlos D’Alessandro, que en una publicación en redes sociales motivó a estudiantes a que denunciaran a docentes que según su propio criterio “Impusieran Ideología zurda” o formulen críticas al gobierno nacional. Fomentando de esta manera, la creación de “listas negras” que recuerdan a las épocas más oscuras de nuestra historia reciente.
Tomando a Kohan, que hace un tiempo atrás refutó duramente contra la idea de adoctrinamiento en las universidades, mencionando: “Para que funcione, hacen falta dos elementos: uno, la palabra autoritaria del docente. De ninguna manera justifica una caracterización general del estado de cosas de la educación argentina presuponer que todos los docentes son autoritarios. Lo segundo es que la cabeza del estudiante esté lo suficientemente hueca como para recepcionar pasivamente lo que dice el docente. Ninguna de esas dos cosas ocurre”.
En pedagogía, suponer que existe un sujeto a “adoctrinar” y otro sujeto que “adoctrina” no es una postura neutral. Es una concepción de la educación en la que los sujetos no son tales, en que se aprende lo que nos dan sin proceso, sin historia. Entonces, ¿Quién intenta adoctrinar y disciplinar a quien con el agravante de realizarlo directamente desde el Estado?

Tenemos que derrotar todo el plan de ajuste de Milei y el FMI

En este momento somos testigos de una nueva oleada de lucha del movimiento estudiantil que se levanta, se organiza y desarrolla toda su fuerza en asambleas, en coordinación con otras facultades, y en las calles. Es imprescindible en ese sentido para llevar la lucha política hasta el final unificar todas las luchas para dar una respuesta contundente al ajuste de conjunto que sufre la clase trabajadora.
En ese sentido, la comunidad educativa propone organizar una nueva Marcha Federal Universitaria para el día 12 de noviembre, y seguir profundizando la organización asamblearia buscando que otras instituciones, incluidos secundarios puedan organizarse y sumarse a este enorme movimiento de lucha que nació desde abajo.
El próximo 30 de octubre el movimiento estudiantil sale a las calles nuevamente a exigirle a las centrales sindicales PARO NACIONAL y un verdadero plan de lucha en unidad con otros sectores de la clase trabajadora que también sufre las consecuencias del ajuste que imponen desde arriba.

https://www.laizquierdadiario.com/Asamblea-Interclaustro-La-comunidad-educativa-sigue-organizando-la-resistencia-al-ajuste-de-Milei

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La educación en México carece de una política inclusiva hacia los indígenas y personas con discapacidad, advierte Coneval

La dependencia también consideró necesarias la calidad de los materiales, habilidades docentes, planes de estudio, pertinencia cultural y lingüística.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) advirtió que la cobertura educativa en México, en prácticamente todos los niveles, sufre de falta de inclusión que impide a personas indígenas y con discapacidad a mejorar sus condiciones a través del estudio.

A través del Estudio Diagnóstico del Derecho a la Educación 2024 y la Evaluación integral de la política social vinculada al derecho a la educación 2023-2024, el Coneval resaltó se buscaron «los principales retos para la garantía del derecho, así como la identificación de los grupos de población que deben ser atendidos de manera prioritaria».

«Los resultados en el aprendizaje se relacionan con los elementos que determinan el ejercicio del derecho a la educación, como la existencia de escuelas con infraestructura adecuada, la accesibilidad económica y física a la educación», señaló el Coneval en un comunicado publicado en su cuenta de X.

Asimismo, la dependencia señala que, entre otras cosas, la educación también requiere de calidad de los materiales, habilidades docentes, planes de estudio, pertinencia cultural y lingüística, así como con relevancia para responder a las necesidades de toda la población.

«Por ello, la mejora del logro educativo puede constituir un objetivo fundamental, prioritario y rector para el diseño y articulación de la
política educativa», señalan.

En ese sentido, el Coneval afirma, con todos los elementos previos, que » la primera limitante para la garantía del derecho a la educación en México es la baja cobertura de los servicios educativos en niñas y niños en edad de educación inicial, jóvenes en edad de educación superior, población hablante de lengua indígena y personas con discapacidad».

«Esta problemática se manifiesta principalmente en el bajo porcentaje de niñas y niños de cero a dos años que asistieron a la educación inicial en el ciclo 2021-2022 (4.8%); mientras que, por otro lado, en 2022, el 23.9% de los menores de a 3 a 5 años no fueron inscritos a ningún servicio educativo», detalla el comunicado.

En cuanto a la educación superior, la población indígena fue el 9.4% del total que asistió a esta educación en 2022, en comparación con el 35.9% de los jóvenes no hablantes de lengua indígena que sí lo hicieron.

https://latinus.us/mexico/2024/10/29/la-educacion-en-mexico-carece-de-una-politica-inclusiva-hacia-los-indigenas-personas-con-discapacidad-advierte-coneval-127078.html

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La educación en Madrid, llamada hoy a la huelga por el horario lectivo y la bajada de ratios

La Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ha cifrado este martes en un 18 % el seguimiento de la huelga convocada por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT para reivindicar, entre otras cuestiones, mejoras para el profesorado madrileño, como reducción del horario lectivo o mejoras salariales, entre otras cuestiones.

Sin embargo, los sindicatos han elevado el porcentaje de seguimiento de la huelga en la educación pública madrileña a más del 70 %, con mayor incidencia en Secundaria aunque en esta jornada, según los representantes sindicales, destacan el “aumento significativo” en los centros de Infantil y Primaria.

Viciana destaca el desarrollo “con normalidad” de la huelga

La Consejería de Educación ha cifrado en un 18 % el seguimiento de la huelga que, según fuentes del departamento del consejero Emilio Viciana, es inferior a las anteriores: el 8 de mayo fue del 24,5 % y del 21 de mayo del 23,4 %.

En declaraciones a los medios este martes tras participar en un acto, el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, ha asegurado que la jornada de huelga “se está desarrollando con total normalidad, no ha habido ningún problema”, con los servicios mínimos “habituales” decretados por la Consejería “en este tipo de circunstancias”.

Servicios mínimos

Los servicios mínimos fijados por la Consejería de Educación establecen que todos los centros educativos deberán contar con el director y el jefe de estudios o el secretario, un maestro por cada 50 alumnos en los centros de Infantil y Primaria, un profesor por cada 90 alumnos en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o ciclos formativos de grado básico y un maestro o profesor por cada 25 alumnos en los centros que atienden a alumnos con necesidades educativas especiales.

La educación de Madrid está llamada a celebrar durante este martes una jornada de huelga convocada por los sindicatos con representación en la mesa sectorial para exigir la reducción del horario lectivo, la libertad de elección de jornada en los centros o la equiparación salarial, entre otras reivindicaciones.

En concreto, piden reducir el horario lectivo a 18 horas en Educación Secundaria, Formación Profesional y Régimen Especial y 23 horas en Infantil y Primaria; a la vez que demandan una reducción de ratios (número de alumnos por aula), los cupos necesarios para la atención a la diversidad y un plan de choque contra la burocracia.

Reunión con el consejero

Tras esta jornada de huelga, este jueves los sindicatos se reunirán con el consejero, quien ha asegurado que se hará “una propuesta” que la Comunidad de Madrid espera “que sea de la satisfacción” de los representantes sindicales.

Esa reunión estaba prevista hace un mes, pero “surgieron unos problemas de agenda” que, según Viciana “impidieron volver a convocarla de manera inmediata”.

Y ha insistido en que se ha estado trabajando en la propuesta, algo que “implica mucho trabajo interno, no solamente de la Consejería de Educación, sino con todo el Gobierno, con las demás consejerías implicadas, sobre todo a la hora de diseñar desde el punto de vista económico, una propuesta que sea responsable, adecuada a las necesidades”.

Viciana no ha adelantado si se atenderá a las reivindicaciones de los sindicatos para reducir las horas lectivas del profesorado madrileño, ya que ha considerado que son los representantes sindicales quienes deben conocer primero la propuesta, al tiempo que ha asegurado que la Consejería tiene “voluntad” de negociar y de ponerse “del lado de los de los profesores”.

Sin embargo, los sindicatos han elevado el porcentaje de seguimiento de la huelga en la educación pública madrileña a más del 70 %, con mayor incidencia en Secundaria aunque en esta jornada, según los representantes sindicales, destacan el “aumento significativo” en los centros de Infantil y Primaria.

Sindicatos celebran el “alto seguimiento” de la huelga, que cifran en un 70 %

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial (CCOO, ANPE, CSIF y UGT) han cifrado en más del 70 % el seguimiento de la huelga, con mayor incidencia en Secundaria en esta jornada, si bien han destacado el “aumento significativo” en los centros de Infantil y Primaria.
Además, han subrayado “el alto seguimiento en algunas zonas como Madrid capital, especialmente en los distritos del Sur-Este”, y han resaltado el aumento del seguimiento en el distrito Centro con respecto a las huelgas anteriores.
También han destacado la incidencia de la huelga en la zona Sur, sobre todo en Fuenlabrada y en algunas localidades de la zona Este como Rivas.

Vista de la concentración frente a la consejería de Educación este martes en Madrid. EFE/ Fernando Villar

Concentración frente a la Consejería

Cientos de profesores madrileños se han concentrado este martes frente a la Consejería de Educación durante la jornada de huelga convocada por los sindicatos CCOO, ANPE, CSIF y UGT por las reivindicaciones que consideran “urgentes” para la educación pública madrileña, como bajadas “reales” de ratios o las mejoras retributivas para los docentes.

Según datos de los convocantes, más de mil profesores se han acercado hasta la calle Alcalá en esta jornada de lluvia a “mojarse” por sus reivindicaciones ante la sede de la Consejería, entre pitos y proclamas por la “educación pública”.

Los sindicatos con representación en la mesa sectorial han llamado a la huelga este martes para exigir la reducción de ratios que sea “real” y del horario lectivo de los docentes, la libertad de elección de jornada en los centros y mejoras salariales, entre otras cuestiones.

En paralelo a esta protesta frente a la Consejería de Educación en la calle Alcalá, se han producido varias concentraciones esta mañana en “todas las localidades grandes de la Comunidad de Madrid”, según ha relatado en declaraciones a los medios la secretaria de Enseñanza de CCOO Madrid, Isabel Galvín, que ha recordado que esta jornada de huelga culminará con una manifestación esta tarde en las calles del centro de Madrid.

La educación en Madrid, llamada hoy a la huelga por el horario lectivo y la bajada de ratios

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Ciencia y Tecnología: Hacia una IA responsable: la declaración de São Luís y su impacto en el G20

Hacia una IA responsable: la declaración de São Luís y su impacto en el G20

Mediante el reconocimiento de los beneficios y riesgos que presenta el rápido avance de la IA frente a los complejos desafíos globales, los grupos Civil 20 (C20), Labor 20 (L20), Think 20 (T20) y Women 20 (W20) se unieron para reforzar la importancia de las prácticas responsables relacionadas con la IA.

La «Declaración de São Luis» presenta una visión compartida y recomendaciones estratégicas para el futuro de la IA en el marco del G20. El documento lleva el nombre de la ciudad donde tuvo lugar la tercera reunión del Grupo de Trabajo de Economía Digital del G20 en junio. São Luís también fue sede de la «Cumbre de IA: Bridging Boundaries», un evento T20 organizado por Data Privacy Brazil, CEWEB.br, CEBRI y Fundación Heinrich Böll, donde se estableció la base para la declaración.

Esta declaración representa un hito importante en la dinámica del G20 y en la construcción plural y multisectorial de políticas sobre un tema tan transversal. Los grupos de compromiso, cuyo objetivo es llevar recomendaciones de políticas al Canal de Sherpas del G20, buscaron alinear sus demandas y expectativas a través de un proceso genuinamente colectivo y colaborativo, construido durante más de seis meses.

El consenso alcanzado entre grupos con diferentes intereses sobre los puntos abordados en la Declaración fortalece la legitimidad del documento, que se entregó al Grupo de Trabajo de Economía Digital durante su reunión final en Maceió, con la expectativa de que las recomendaciones influyan en la declaración final de líderes y actividades en la Cumbre del G20 en noviembre.

Al reconocer la necesidad de mejorar la cooperación internacional sobre el tema, la Declaración de São Luís también se refiere a las iniciativas de gobernanza de la IA que se han desarrollado en foros globales como el G20, el G7 y las Naciones Unidas (ONU)

En cuanto a la agenda de la ONU, el documento dialoga especialmente con el trabajo del Órgano Asesor de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial y el Pacto Digital Global (GDC, por sus siglas en inglés). El GDC, así como el informe final integral del Órgano Asesor, ambos publicados en septiembre de 2024, expresan la necesidad de mejorar el monitoreo global de los riesgos de IA y la participación de los países en desarrollo en su gobernanza. Los documentos proponen la creación de un Panel Científico sobre el tema, una propuesta respaldada en la Declaración, que destaca la importancia de que este panel se establezca en un país del Sur Global.

Los puntos clave de la declaración incluyen el trabajo decente, la inclusión significativa y la justicia climática y social, especialmente teniendo en cuenta las características específicas de las diferentes jurisdicciones y grupos hipervulnerables a través de un enfoque interseccional. Además, la declaración respalda la conciliación del enfoque basado en el riesgo y aquel basado en los derechos y pide a los desarrolladores e implementadores de modelos de IA que informen públicamente sobre las capacidades y limitaciones de los modelos y sistemas avanzados de IA.

Las recomendaciones se basaron en el enfoque de justicia de datos, que tiene como objetivo combatir activamente la discriminación y reconocer las asimetrías de poder a nivel mundial, mediante la orientación del desarrollo de mecanismos de gobernanza de IA que distribuyan equitativamente sus beneficios y riesgos. Además, la declaración señala el enfoque interseccional como el horizonte teórico-metodológico para abordar el desarrollo y la implementación de sistemas de IA, de modo que se garantice la protección de los grupos vulnerables, especialmente las niñas y las mujeres que son cada vez más víctimas de la violencia de género facilitada por las tecnologías.

La Declaración de São Luís también se refiere a las iniciativas de gobernanza de la IA que se han desarrollado en foros globales como el G20, el G7 y las Naciones Unidas

Además, los grupos reconocen la necesidad de una posición colaborativa sobre la gobernanza de datos y los conjuntos de datos representativos y enfatizan la necesidad de implementar políticas de uso de datos abiertos que promuevan la diversidad cultural y lingüística, y empoderen a los trabajadores de hoy para que se adapten a estas transformaciones sin comprometer el valor de su trabajo, lo que permite la ampliación de las inversiones en iniciativas educativas integradas en el trabajo, como los programas de desarrollo de capacidades.

La declaración establece una conexión importante entre la gobernanza global y las demandas locales, en particular trayendo una agenda desde el Sur Global. Por lo tanto, los cuatro grupos de compromiso responsables de las recomendaciones (C20, L20, T20 y W20) esperan que los representantes gubernamentales del G20 las consideren, especialmente dada la próxima presidencia sudafricana, que presenta otra oportunidad para que el Sur Global influya en la agenda de IA.

 

Fuente de la Información: https://reporteasia.com/tecnologia/2024/10/21/grupos-compromiso-g20-inteligencia-artificial-etica/

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Italia: Criminalizar la protesta. Dossier

La Ley de Seguridad italiana “roza el ridículo”, según los expertos.

Eleonora Martini

Hicieron trizas el proyecto de Ley de Seguridad. El martes por la tarde, la primera de las audiencias maratonianas sobre el proyecto de ley contó con no menos de doce expertos, entre juristas constitucionales, magistrados, abogados y expertos en justicia penal, que testificaron ante los senadores de las comisiones conjuntas de Justicia y Asuntos Constitucionales. El mensaje abrumador fue un rechazo generalizado del proyecto de ley nº 1236. En palabras del ex fiscal de Turín Armando Spataro, uno de los que testificaron, el proyecto de ley no contiene “nada nuevo y sí muchas cosas sin sentido”.

En los veinte minutos de los que dispuso cada uno de ellos, los expertos no tuvieron tiempo de exponer un análisis exhaustivo del texto de “fregadero de cocina”, como lo calificó el profesor de Derecho Constitucional Alfonso Celotto. Cada uno de ellos se comprometió a enviar un informe escrito más detallado más adelante, para ajustarse a las prisas del calendario –que no incluirá por encima de unas treinta comparecencias en total– forzado por los partidos gobernantes, que intentan sacar adelante cuanto antes su última medida propagandística. Como dijo el profesor Celotto (que enseña en la Universidad Roma Tre), este proyecto de ley es producto de una concepción “panpenal” y presenta “muchas piezas pequeñas sin mostrar ninguna visión de conjunto”.

Esta apreciación contrasta fuertemente con las fanfarronadas del ministro de Justicia, Carlo Nordio, en el noticiario Sky TG24 el martes, donde afirmó que “el proyecto de ley de Seguridad pretendía colmar lagunas reglamentarias y de protección sobre cuestiones que habían suscitado alarma en la sociedad”. Casi al unísono, los expertos escuchados e interrogados por los senadores de las comisiones subrayaron que el proyecto de ley es completamente inútil para aumentar la seguridad en la sociedad.

Así, por ejemplo, Mauro Palma, ex Garante Nacional de Presos, señaló que “existe el riesgo de que la criminalización se esté utilizando como una muestra simbólica de refuerzo de la seguridad, algo que muy a menudo no resiste un examen minucioso, ni siquiera en términos de eficacia”. Añadió que “estamos asistiendo a una multiplicación de delitos y circunstancias agravantes, que son en parte resultado de lo destacado de uno u otro acontecimiento particular en los medios de comunicación, y de una reacción popular que tal vez se haya visto amplificada por los mismos medios”.

Por poner sólo un ejemplo, según el antiguo fiscal –que está a favor de la disposición de exhibir el número de placa en los uniformes de las fuerzas del orden– “la disposición por la que pretenden modificar las ‘obligaciones de identificación de los usuarios de servicios de telefonía móvil y sanciones conexas’, es decir, prohibir la venta de tarjetas SIM a extranjeros sin permiso de residencia, roza el ridículo. Otro golpe a su humanidad. Y ya ni siquiera hay cabinas telefónicas. Me choca”, añadió el magistrado con bastante ironía, “que, en virtud del mismo principio, no se prevean sanciones penales para quien preste su tarjeta SIM a un inmigrante sin permiso de residencia”. Y concluyó: “Tenemos que alejarnos de cualquier tipo de populismo”.

Sus advertencias fueron definitivamente desaprovechadas por quienes han adoptado claramente como programa el dicho “cuanto menor es el Estado del Bienestar, mayor es el Estado penal” (algo que recordó el profesor de Derecho Constitucional Marco Ruotolo). El día en que se registró en la cárcel de Vigevano el suicidio nº 74 de un recluso desde principios de año, Ruotolo citó una larga lista de sentencias de jurisprudencia constitucional “que justificarían un debate parlamentario en profundidad” sobre el proyecto de ley, y se pregunta si alguien hizo alguna vez un estudio sobre el impacto que las medidas del proyecto tendrían en las cárceles. No contestó nadie, pero todos conocemos la respuesta a esa pregunta.

“La única medida capaz de aumentar la seguridad” en el proyecto de ley “es la provisión de cámaras corporales”, afirmó el profesor de Derecho Penal Gian Luigi Gatta en una evaluación de corte. Según él, todo lo demás “se centra en fenómenos en los que se criminaliza como autores a personas que viven en contextos socialmente marginados», y «al mismo tiempo prevé una serie de disposiciones favorables a la policía”. Como el delito de ocupación de inmuebles, que prevé “una pena de 2 a 7 años de prisión, que es la misma que para los homicidios laborales. Claramente desproporcionado”. El proyecto de ley es un cajón de sastre de “nuevos delitos que corren el riesgo de ralentizar el sistema de justicia penal justo cuando necesitamos alcanzar los objetivos del PNR [Plan Nacional de Recuperación] para 2026”.

Los catorce delitos nuevos y las nueve circunstancias agravantes nuevas, que penalizan la desobediencia y la okupación, la resistencia pasiva y las manifestaciones contra la construcción de obras públicas, “probablemente sean rechazadas por el Tribunal Supremo”, advirtió el profesor Gatta. Alessandra Algostin, profesora de Derecho Constitucional en Turín, explicó por qué es así. En pocas palabras, porque sigue “la lógica identitaria de la dicotomía amigo/enemigo”, en la que el enemigo es “el malestar social, el disenso y los inmigrantes”, “las disposiciones del proyecto de ley no tienen el carácter de generalidad y abstracción que debe tener una ley”, explicó.

Además, hay artículos, como el relativo a las ocupaciones de inmuebles, “redactados de tal forma que, sinceramente, no los entiendo”, afirma Giovanni Salvi, magistrado y ex fiscal general del Tribunal Supremo, señalando los “elementos de imprecisión” que “pronto darán lugar a una disputa judicial que desprestigiará aún más al poder judicial. Porque esta ley será de imposible aplicación”, concluyó.

Fuente: il manifesto global, 10 de octubre de 2024

Prohibir una manifestación siempre es una mala idea 

Andrea Fabozzi

Antes de tomar la decisión de prohibir una manifestación, el ministro Piantedosi -el que envió las instrucciones a la jefatura de policía de Roma, que tomó la decisión formal-, en exceso impulsivo, debería pararse a contar hasta 100. Y tomar luego la decisión de no prohibirla.

Por un lado, si quiere recopilar un catálogo de protestas y actos con los que no esté de acuerdo, se dará cuenta de que ya se ha saltado demasiados. La reunión nazi-rock del martes por la noche en la región del Véneto, donde se glorificó a Hitler y a las SS, podría haber inducido algunas vagas sospechas de antisemitismo en la mente del concienzudo ministro. Y este año hubo de nuevo una marcha que cruzó Roma enarbolando saludos a la romana, hasta Acca Larentia: Piantedosi podría haber enviado a la policía y haber detenido a todo el mundo, sólo que podría haberse llevado la sorpresa de encontrarse allí a algunos de sus aliados en el gobierno.

No intervenir fue la decisión correcta. Prohibir una manifestación es siempre una mala idea (cuando no se trata ni siquiera de autorizarla), por respeto a los derechos fundamentales y al sentido común, aunque las consignas sean erróneas, como es erróneo (por decirlo suavemente) ensalzar el 7 de octubre como un acontecimiento «revolucionario» y una operación de resistencia palestina (es una barbaridad y una idiotez, por decirlo francamente). Una de las razones es que no son lo mismo las manifestaciones en sí que las declaraciones de (algunos de) quienes quieren convocarlas. Y las manifestaciones en solidaridad con Palestina que hemos presenciado y en las que hemos participado este año han sido protestas por la paz. No ha habido problemas de orden público.

La masacre de Gaza, la guerra que Israel está extendiendo impunemente, el encubrimiento por parte de Occidente de los crímenes de guerra… todo ello encenderá la ira y palabras fogosas. Nadie puede sorprenderse por ello, y menos aún quienes tienen su parte de responsabilidad en esta indiferencia criminal. A menos que la prohibición de la manifestación sea el primer paso de un plan para reprimirla con toda la fuerza de las autoridades. Pero si nos están tendiendo una trampa, sólo podemos responder con una participación plenamente pacífica. No más consignas idiotas ni declaraciones históricamente escandalosas que hacen el juego a la represión.

Fuente: il manifesto global

  • Eleonora Martini  es periodista del diario italiano “il manifesto”, donde se ocupa de asuntos jurídicos y penitenciarios.
  • Andrea Fabozzi estudió Economía y Comercio, y se ha desempeñado como periodista en diarios como “Liberazione” y semanarios como “Rinascita” y “Avvenimenti”. Desde 2023 es director del diario “il manifesto”, en el que ha dirigido la sección política, ha sido jefe de redacción y cronista parlamentario. Es también profesor de periodismo en la Universidad Suor Orsola Benincasa (Unisob) de Nápoles.

Imagen:  https://www.sinpermiso.info/

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