Italia: Criminalizar la protesta. Dossier

Por: Eleonora Martini, Andrea Fabozzi

La Ley de Seguridad italiana “roza el ridículo”, según los expertos.

Eleonora Martini

Hicieron trizas el proyecto de Ley de Seguridad. El martes por la tarde, la primera de las audiencias maratonianas sobre el proyecto de ley contó con no menos de doce expertos, entre juristas constitucionales, magistrados, abogados y expertos en justicia penal, que testificaron ante los senadores de las comisiones conjuntas de Justicia y Asuntos Constitucionales. El mensaje abrumador fue un rechazo generalizado del proyecto de ley nº 1236. En palabras del ex fiscal de Turín Armando Spataro, uno de los que testificaron, el proyecto de ley no contiene “nada nuevo y sí muchas cosas sin sentido”.

En los veinte minutos de los que dispuso cada uno de ellos, los expertos no tuvieron tiempo de exponer un análisis exhaustivo del texto de “fregadero de cocina”, como lo calificó el profesor de Derecho Constitucional Alfonso Celotto. Cada uno de ellos se comprometió a enviar un informe escrito más detallado más adelante, para ajustarse a las prisas del calendario –que no incluirá por encima de unas treinta comparecencias en total– forzado por los partidos gobernantes, que intentan sacar adelante cuanto antes su última medida propagandística. Como dijo el profesor Celotto (que enseña en la Universidad Roma Tre), este proyecto de ley es producto de una concepción “panpenal” y presenta “muchas piezas pequeñas sin mostrar ninguna visión de conjunto”.

Esta apreciación contrasta fuertemente con las fanfarronadas del ministro de Justicia, Carlo Nordio, en el noticiario Sky TG24 el martes, donde afirmó que “el proyecto de ley de Seguridad pretendía colmar lagunas reglamentarias y de protección sobre cuestiones que habían suscitado alarma en la sociedad”. Casi al unísono, los expertos escuchados e interrogados por los senadores de las comisiones subrayaron que el proyecto de ley es completamente inútil para aumentar la seguridad en la sociedad.

Así, por ejemplo, Mauro Palma, ex Garante Nacional de Presos, señaló que “existe el riesgo de que la criminalización se esté utilizando como una muestra simbólica de refuerzo de la seguridad, algo que muy a menudo no resiste un examen minucioso, ni siquiera en términos de eficacia”. Añadió que “estamos asistiendo a una multiplicación de delitos y circunstancias agravantes, que son en parte resultado de lo destacado de uno u otro acontecimiento particular en los medios de comunicación, y de una reacción popular que tal vez se haya visto amplificada por los mismos medios”.

Por poner sólo un ejemplo, según el antiguo fiscal –que está a favor de la disposición de exhibir el número de placa en los uniformes de las fuerzas del orden– “la disposición por la que pretenden modificar las ‘obligaciones de identificación de los usuarios de servicios de telefonía móvil y sanciones conexas’, es decir, prohibir la venta de tarjetas SIM a extranjeros sin permiso de residencia, roza el ridículo. Otro golpe a su humanidad. Y ya ni siquiera hay cabinas telefónicas. Me choca”, añadió el magistrado con bastante ironía, “que, en virtud del mismo principio, no se prevean sanciones penales para quien preste su tarjeta SIM a un inmigrante sin permiso de residencia”. Y concluyó: “Tenemos que alejarnos de cualquier tipo de populismo”.

Sus advertencias fueron definitivamente desaprovechadas por quienes han adoptado claramente como programa el dicho “cuanto menor es el Estado del Bienestar, mayor es el Estado penal” (algo que recordó el profesor de Derecho Constitucional Marco Ruotolo). El día en que se registró en la cárcel de Vigevano el suicidio nº 74 de un recluso desde principios de año, Ruotolo citó una larga lista de sentencias de jurisprudencia constitucional “que justificarían un debate parlamentario en profundidad” sobre el proyecto de ley, y se pregunta si alguien hizo alguna vez un estudio sobre el impacto que las medidas del proyecto tendrían en las cárceles. No contestó nadie, pero todos conocemos la respuesta a esa pregunta.

“La única medida capaz de aumentar la seguridad” en el proyecto de ley “es la provisión de cámaras corporales”, afirmó el profesor de Derecho Penal Gian Luigi Gatta en una evaluación de corte. Según él, todo lo demás “se centra en fenómenos en los que se criminaliza como autores a personas que viven en contextos socialmente marginados», y «al mismo tiempo prevé una serie de disposiciones favorables a la policía”. Como el delito de ocupación de inmuebles, que prevé “una pena de 2 a 7 años de prisión, que es la misma que para los homicidios laborales. Claramente desproporcionado”. El proyecto de ley es un cajón de sastre de “nuevos delitos que corren el riesgo de ralentizar el sistema de justicia penal justo cuando necesitamos alcanzar los objetivos del PNR [Plan Nacional de Recuperación] para 2026”.

Los catorce delitos nuevos y las nueve circunstancias agravantes nuevas, que penalizan la desobediencia y la okupación, la resistencia pasiva y las manifestaciones contra la construcción de obras públicas, “probablemente sean rechazadas por el Tribunal Supremo”, advirtió el profesor Gatta. Alessandra Algostin, profesora de Derecho Constitucional en Turín, explicó por qué es así. En pocas palabras, porque sigue “la lógica identitaria de la dicotomía amigo/enemigo”, en la que el enemigo es “el malestar social, el disenso y los inmigrantes”, “las disposiciones del proyecto de ley no tienen el carácter de generalidad y abstracción que debe tener una ley”, explicó.

Además, hay artículos, como el relativo a las ocupaciones de inmuebles, “redactados de tal forma que, sinceramente, no los entiendo”, afirma Giovanni Salvi, magistrado y ex fiscal general del Tribunal Supremo, señalando los “elementos de imprecisión” que “pronto darán lugar a una disputa judicial que desprestigiará aún más al poder judicial. Porque esta ley será de imposible aplicación”, concluyó.

Fuente: il manifesto global, 10 de octubre de 2024

Prohibir una manifestación siempre es una mala idea 

Andrea Fabozzi

Antes de tomar la decisión de prohibir una manifestación, el ministro Piantedosi -el que envió las instrucciones a la jefatura de policía de Roma, que tomó la decisión formal-, en exceso impulsivo, debería pararse a contar hasta 100. Y tomar luego la decisión de no prohibirla.

Por un lado, si quiere recopilar un catálogo de protestas y actos con los que no esté de acuerdo, se dará cuenta de que ya se ha saltado demasiados. La reunión nazi-rock del martes por la noche en la región del Véneto, donde se glorificó a Hitler y a las SS, podría haber inducido algunas vagas sospechas de antisemitismo en la mente del concienzudo ministro. Y este año hubo de nuevo una marcha que cruzó Roma enarbolando saludos a la romana, hasta Acca Larentia: Piantedosi podría haber enviado a la policía y haber detenido a todo el mundo, sólo que podría haberse llevado la sorpresa de encontrarse allí a algunos de sus aliados en el gobierno.

No intervenir fue la decisión correcta. Prohibir una manifestación es siempre una mala idea (cuando no se trata ni siquiera de autorizarla), por respeto a los derechos fundamentales y al sentido común, aunque las consignas sean erróneas, como es erróneo (por decirlo suavemente) ensalzar el 7 de octubre como un acontecimiento «revolucionario» y una operación de resistencia palestina (es una barbaridad y una idiotez, por decirlo francamente). Una de las razones es que no son lo mismo las manifestaciones en sí que las declaraciones de (algunos de) quienes quieren convocarlas. Y las manifestaciones en solidaridad con Palestina que hemos presenciado y en las que hemos participado este año han sido protestas por la paz. No ha habido problemas de orden público.

La masacre de Gaza, la guerra que Israel está extendiendo impunemente, el encubrimiento por parte de Occidente de los crímenes de guerra… todo ello encenderá la ira y palabras fogosas. Nadie puede sorprenderse por ello, y menos aún quienes tienen su parte de responsabilidad en esta indiferencia criminal. A menos que la prohibición de la manifestación sea el primer paso de un plan para reprimirla con toda la fuerza de las autoridades. Pero si nos están tendiendo una trampa, sólo podemos responder con una participación plenamente pacífica. No más consignas idiotas ni declaraciones históricamente escandalosas que hacen el juego a la represión.

Fuente: il manifesto global

• Eleonora Martini  es periodista del diario italiano “il manifesto”, donde se ocupa de asuntos jurídicos y penitenciarios.
• Andrea Fabozzi estudió Economía y Comercio, y se ha desempeñado como periodista en diarios como “Liberazione” y semanarios como “Rinascita” y “Avvenimenti”. Desde 2023 es director del diario “il manifesto”, en el que ha dirigido la sección política, ha sido jefe de redacción y cronista parlamentario. Es también profesor de periodismo en la Universidad Suor Orsola Benincasa (Unisob) de Nápoles.

Imagen:  https://www.sinpermiso.info/