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Podcast sobre el Derecho Humano a la Comunicación

Realizado por Luz Palomino 

En esta oportunidad conversaremos sobre el derecho humano a la comunicación, la libertad de expresión, el marco normativo convencional y constitucional de este derecho, la comunicación digital y sobre algunas formas actuales de censura vinculado a la realidad nacional y regional. 

Comienzo señalando que el derecho a la libertad de expresión es esencial para el desarrollo y fortalecimiento de la democracia y para el ejercicio pleno de los derechos humanos. El pleno reconocimiento de la libertad de expresión es una garantía fundamental para asegurar el estado de derecho y de las instituciones democráticas. Así ha sido reconocido en numerosas ocasiones por distintos sectores de la sociedad civil, organizaciones internacionales y por la mayor parte de los Estados. Es preciso señalar que este derecho forma parte de la tradición de lucha de los pueblos, a disponer de información de manera oportuna, completa y verdadera, así como a las posibilidades reales de colocar en circulación opiniones.  Esta dinámica se expresa en derechos individuales y colectivos, incluso ambos en tensión.

Este proceso tiene expresiones muy concretas en los marcos constitucionales como el norteamericano que replantea las tensiones entre las sociedades, el Estado nacional y sus gobiernos. Como lo plantea Analia Eliades en su artículo Libertad de Expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación: apuntes actuales sobre sus bases constitucionales y pautas interpretativas. Esto se fundamenta en la interrogante “¿a quien o quienes le pertenece la información?”. La respuesta a esta interrogante varía según el paradigma institucional o liberal. La tradición jurídica de los Estados tiende a colocarle limitaciones al ejercicio de este derecho humano, mientras el liberal como lo reseña Owen Fiss en su artículo  Libertad de expresión y estructura social, donde coloca como lugar de enunciación del mismo a la ciudadanía, impulsando la noción de ampliación sistemática de sus formas, expresiones y de conceptualizaciones.

El caso Watergate marcó un hito en el desarrollo de la noción de derecho humano a la comunicación, pues colocó en tensión temas de seguridad ciudadana desde la perspectiva del Estado, versus acceso a la información gubernamental por parte de los ciudadanos, redimensionando el papel de la prensa en este tema. En la actualidad, mientras las normativas internacionales tienden a ampliar este derecho existe una percepción ciudadana sobre el ocultamiento sistemático de información. Reafirmamos que aún estamos muy lejos de aproximarnos a un punto ideal del derecho humano a la comunicación, entendida esta como dinámica bidireccional y de relación entre Estado y ciudadanos.

Entre sus normativas podemos destacar: La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13 en los siguientes términos:

  • Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa, artística o por cualquier otro procedimiento de su elección.

Por su parte La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener:

  • La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública. Es también para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente. Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

Estos acuerdos internacionales introducen definiciones y alcances en los marcos constitucionales, los códigos civiles, leyes orgánicas, leyes especiales, reglamentos y resoluciones gubernamentales. Pero no se trata de un fetichismo jurídico, se requiere educación ciudadana para su pleno ejercicio y marcos institucionales abiertos, transparentes y seguros para su ejercicio. 

En Venezuela las garantías para la libertad información, libertad de expresión, el derecho al acceso a la información pública, el derecho de honor y a la reputación, están consagrados en los artículos 51,57, 58, 60, 61 y 143 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Estas disposiciones se corresponden con los fundamentos en esta materia establecidas en los artículos 19 y 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

Pese a la progresividad de este marco normativo nacional, en los últimos 10 años las instituciones gubernamentales, legislativas y judiciales de Venezuela han diseñado y ejecutado de manera discrecional una serie de leyes y decretos que restringen estas garantías fundamentales, principalmente, el derecho al acceso a la información pública,  falta de transparencia en los datos oficiales y la información de primera línea en el plano gubernamental, las limitaciones para el acceso a insumos necesarios para el desarrollo de los medios de comunicación, la polarización política que impide crear las condiciones mínimas para la circulación de información y mecanismos explícitos de censura. En el país tiene un enorme desafío vinculado al derecho humano a la comunicación. 

En la actualidad las nuevas tecnologías ponen a prueba los límites cómodamente establecidos por la jurisprudencia para la libertad de expresión y sus continuas colisiones con otros derechos. Los límites y la imposibilidad jurídica de comprensión de estos fenómenos sociales, serán el punto de discusión en los próximos años. Si bien internet ha sido una herramienta liberadora en muchos sentidos, también es cierto que con ella las afectaciones y violaciones a los derechos humanos se replican e intensifican. La discriminación, los discursos de odio y el acoso son tan sólo algunos ejemplos de esto.

Esta nueva comunicación digital representa uno de los escenarios idóneos para el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión, es importante recordar que este derecho no es absoluto, y está sujeto a la responsabilidad por las opiniones expresadas cuando estas atenten contra los derechos de los demás, en particular la reputación, la protección de la seguridad nacional, el orden, la salud y la moral publica.

En el caso de Venezuela los medios y la información digital se ha venido desarrollando la práctica gubernamental de bloquear o limitar el acceso a páginas web críticas, mediante mecanismos tecnológicos en los servicios de internet que dependen del gobierno. Páginas web como aporre.org han visto disminuida hasta en un 75% las visitas a su sitio web, ante el impedimento ciudadano para acceder a la misma. La prohibición a los funcionarios gubernamentales a difundir estadísticas sin previa autorización (que casi nunca procede), del ministerio de planificación actúa como mecanismos de censura a la información pública. La polarización política actúa como mecanismo de censura, al referir de manera privilegiada la información que proviene de fuentes alineadas con la línea editorial de un medio, ya sea gubernamental u opositor. El desafío en Venezuela, es reconstruir el tejido jurídico, institucional y ciudadano que garantice el acceso efectivo y real al derecho humano a la comunicación.    

Sin duda, es posible generar una propuesta de regulación democrática y progresiva para llevar mayor calidad a las grandes plataformas de internet a través de instancias de diálogo participativo. Ha llegado el momento de unir esfuerzos para avanzar decididamente en este proceso y asegurar una protección eficaz de la libertad de expresión y un acceso a la información de calidad en la era digital.

Referentes bibliográficos: 

Eliades, A. Libertad de Expresión, derecho a la información y derecho a la comunicación: apuntes actuales sobre sus bases constitucionales y pautas interpretativas. https://perio.unlp.edu.ar/catedras/derechopd/wp-content/uploads/sites/103/2020/03/analia_eliades_-_libertad_de_expresion_informacion_y_comunicacion-1.pdf (Consultado el 20/08/2024)

Fiss, O. Libertad de expresión y estructura social. https://biblioteca.corteidh.or.cr/tablas/r29958.pdf (Consultado el 25/08/20249

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Universidades de EE. UU. ajustan normas ante protestas anti-Israel

El contexto sigue siendo crucial. En la Universidad de Columbia, la presidenta Minouche Shafik presentó su renuncia el miércoles tras enfrentar duras críticas por su manejo de las manifestaciones en el campus de Nueva York, lugar donde se originaron los campamentos propalestinos que se extendieron la primavera pasada.

A medida que los estudiantes retornan a las universidades en todo Estados Unidos, las autoridades académicas se preparan para un posible resurgimiento de protestas en contra de Israel debido a la guerra en la Franja de Gaza. Algunas instituciones han comenzado a implementar nuevas reglas con el objetivo de limitar las manifestaciones que dominaron los campus durante la pasada primavera.

Aunque las vacaciones de verano sirvieron como un periodo de pausa para las protestas estudiantiles contra la guerra entre Israel y Hamás, también permitieron tanto a los manifestantes como a los administradores universitarios reorganizarse y planificar estrategias para el semestre de otoño.

 

El contexto sigue siendo crucial. En la Universidad de Columbia, la presidenta Minouche Shafik presentó su renuncia el miércoles tras enfrentar duras críticas por su manejo de las manifestaciones en el campus de Nueva York, lugar donde se originaron los campamentos propalestinos que se extendieron la primavera pasada.

 

Entre las nuevas medidas adoptadas por varias universidades se incluyen la prohibición de campamentos, la restricción en la duración de las protestas, la autorización para manifestarse solo en áreas designadas y la limitación del acceso al campus exclusivamente a personas con identificación universitaria. Sin embargo, estas medidas han sido criticadas por algunos que consideran que limitan la libertad de expresión.

 

https://israelnoticias.com/antisemitismo/universidades-de-ee-uu-ajustan-normas-ante-protestas-anti-israel/

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Tejer la palabra y esquivar las balas: el (contra) periodismo indígena en el Cauca

En el suroccidente colombiano se forja otro tipo de periodismo, uno que se reconoce como ‘comunicación’ y que se fragua en una de las zonas más álgidas del conflicto armado en el país. Un (contra) periodismo que la comunidad indígena Nasa del norte del Cauca defiende y sostiene como el canal de protección de su identidad, de sus mandatos políticos y espirituales y de su proyecto de vida.

Esta historia es parte del especial periodístico “¡Seguiremos informando! Libertad de expresión y seguridad en América Latina” de FES Seguridad y FES Comunicación, en alianza con Distintas Latitudes.

Durante todo el desalojo, que duró unas dos horas y que terminó con su asesinato, Abelardo Liz no dejó de grabar con su cámara. Registró a la comunidad indígena que se preparaba para hacerle frente a la fuerza pública que llegaba al terreno, filmó cómo el cuerpo antimotines de la Policía lanzaba gases lacrimógenos y proyectiles, y siguió de cerca a los militares que, armados de fusiles, dispararon hacia quienes los habían cercado con machetes y que luego huían ante sus ráfagas de disparos. Abelardo Liz permanecía firme.

El comunicador indígena dejó evidencia de los hechos que aún hoy el Ejército niega: que ese 13 de agosto de 2020, en un terreno a pocos kilómetros de Corinto —un municipio al norte del departamento de Cauca, en el suroccidente de Colombia— los soldados apuntaron y dispararon hacia la comunidad, y que en medio de las ráfagas una bala alcanzó a Liz, quien murió poco después y que también registró en video el momento en el que es herido de muerte. Ese día, además, fue asesinado José Ernesto Rivera, una de las personas que se enfrentó a la fuerza pública, y fue herido de bala en una pierna el líder indígena Julio César Tumbo.

Desde Manuel Quintín Lame, gran cacique de todos los indios, líder indígena que a principios de siglo pasado empezó a movilizar a los Nasa por la defensa de la tierra en el Cauca, la escena se repite de forma similar: terrenos verdes sobre los que las comunidades del pueblo Nasa y la fuerza pública se disputan la propiedad de la tierra. Los pueblos indígenas lo llaman “Liberación de la Madre Tierra”, un proceso que toma ese nombre en 2014, pero cuyos inicios se pueden rastrear a eventos de 2005 y hasta de finales del siglo XIX, y que usa las vías de hecho para reclamar terrenos que el pueblo Nasa reivindica como históricamente suyos y que aseguran han sido arrebatados por la clase política, los terratenientes y las multinacionales. La Policía y el Ejército, por otra parte, ven su intervención como la legítima defensa de la propiedad privada: terrenos que en el papel pertenecen a los hacendados y a las empresas que ven en los indígenas que los ocupan a invasores y “robatierras”. En esa historia el Estado ha sido aliado de las empresas, pero ha tenido que reconocer sus omisiones y afectaciones a los derechos de las comunidades indígenas, como ante la condena que le impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos por participar en la Masacre del Nilo, cuando 21 indígenas que ocupaban un terreno en Caloto, un municipio a 27 kilómetros de Corinto, fueron asesinados por la Policía y grupos paramilitares.

Las cuentas de cuántas víctimas indígenas ha dejado el conflicto por la tierra en el Cauca —en el que también participan grupos armados ilegales— solo las llevan las mismas comunidades: más de 38.000 entre 1985 y 2016, según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), organización que agrupa a más del 90 % de las comunidades en el departamento. Y a 2015, el CRIC contaba en 57 los que habían sido asesinados por la fuerza pública.

“La policía siempre dijo que ellos no agredían. Y como los medios de comunicación, Caracol, RCN [los dos medios televisivos con más audiencia en Colombia] estaban a favor de la Policía y los dueños de las tierras, entonces nos hacían ver como los malos que vienen a quitar la tierra, mientras la Policía se mostraba como unos angelitos que no agredían a la gente”, cuenta Harold Secue, comunicador indígena hace más de 20 años y actual coordinador de comunicaciones del CRIC.

Cauca - periodismo y seguridad La Liga Contra el Silencio

En 2005, Harold Secue, que tenía unos 22 años y un gusto por lo audiovisual, fue una de dos personas a las que la comunidad le asignó la labor de registrar lo que pasaba en uno de esos encuentros con la fuerza pública en Japio, cerca a Santander de Quilichao, otro municipio del norte del Cauca. “Yo y otro compañero, que llegó de la Universidad del Cauca a hacer una pasantía, hicimos un equipito para ir a grabar lo que pasaba allí. Necesitábamos tener memoria para las denuncias frente a la agresión de la Policía”. El resultado fue “Pa’ poder que nos den tierra”, un documental corto y descarnado de lo que fueron las intervenciones de la Policía ese noviembre de 2005: un hombre indígena, Belisario Camayo, asesinado de un tiro en la cabeza, testimonios de hombres que recibieron disparos a quemarropa de las armas potencialmente letales de la Policía y que como resultado tuvieron quemaduras en la piel y perdieron la vista, y hasta el testimonio de un indígena Nasa que asegura fue retenido y torturado por la Policía que lo acusaba de guerrillero y le amputaron dos dedos de una mano. El documental cierra con una breve nota de Noticias Caracol, en la que el entonces comandante de la Policía del Cauca asegura que el hombre herido en el enfrentamiento se había caído, que por eso estaba golpeado y que los oficiales lo recogieron y lo llevaron al hospital.

“Pa’ poder que nos den tierra” fue uno de los primeros ejercicios de comunicación audiovisual en el Cauca que se inscribe en el esfuerzo de la comunidad indígena por hacerle contrapeso a la forma en que los medios tradicionales informaban lo que pasaba en su territorio, un ejercicio de contrainformación. Ese esfuerzo, del que Abelardo Liz y los comunicadores indígenas del Cauca han hecho parte desde inicios del siglo XXI, hoy se expande en tejidos de comunicación —como la comunidad llama a sus medios de comunicación propios— compuestos de emisoras, páginas de internet y estrategias de comunicación que buscan contar la realidad del territorio en sus propios términos, una especie de (contra)periodismo indígena que ellos llaman comunicación.

UNA TIERRA CODICIADA Y DE RESISTENCIAS LOCALES

El Cauca, unos 30.000 kilómetros cuadrados de extensión, es uno de los departamentos donde se ubica el Macizo colombiano, el nudo geográfico de donde se desprenden las tres cordilleras que atraviesan el país y nacen cinco de los ríos que llegan hasta los bordes de la tierra nacional: el Patía que va al Pacífico, el Cauca y el Magdalena que desembocan en el Mar Caribe y el Putumayo y el Caquetá que se riegan en la cuenca Amazónica. Es una tierra rica y estratégica que ha sido codiciada y disputada por actores legales e ilegales que ven en los recursos, en la conexión con la costa Pacífica y en lo fértil de su territorio una fuente de recursos para el crecimiento de sus empresas y economías.

Además, es el segundo departamento de Colombia —después de La Guajira— con mayor población indígena, que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) representa el 25 % de la población de la región. Los indígenas son el segundo grupo más grande después de la mayoría de población mestiza o que no se identifica con ningún grupo étnico. Quienes se identifican como negros, mulatos, afrodescendientes o afrocolombianos suman el 20 %, de acuerdo con el DANE.

La mayoría de la población indígena en el Cauca la componen el pueblo Nasa y el pueblo Misak, que se articulan junto a otras comunidades en el CRIC, una de las organizaciones indígenas con más fuerza y visibilidad en el país y una de las primeras en estructurarse en Colombia, en 1971. De hecho, el CRIC fue uno de los principales fundadores de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que hoy es el principal cuerpo en el que se articulan y representan los pueblos indígenas del país. Hoy en Colombia hay entre 87 y 102 pueblos indígenas, depende de quien esté llevando la cuenta y de qué reconoce como ‘pueblo indígena’.

Desde sus orígenes, el CRIC se fundó con la misión de recuperar y proteger la tierra para los resguardos indígenas del departamento, y con los objetivos de conservar las tradiciones y culturas propias, y exigir su respeto y protección. En la actualidad el CRIC es la organización indígena que en Colombia tiene una de las estructuras y luchas políticas más sólidas, lo que le ha permitido nutrir, por años, movilizaciones masivas que han paralizado no solo al Cauca sino incluso a la capital del país, hasta donde se han trasladado en varias ocasiones impulsados por sus necesidades y demandas. El CRIC es la organización indígena que más se hace sentir hoy en Colombia.

RECUENTO DE UN (CONTRA) PERIODISMO PENSADO DESDE EL TERRITORIO

Ese proceso de solidez y resistencia indígena ha estado acompañado por un interés constante de fortalecer sus propias estrategias de comunicación. El resultado en el norte del Cauca es una red de tejidos de comunicación compuesto por cuatro emisoras —que alcanzan unos ocho municipios de ese departamento y algunas zonas del Valle del Cauca—, con sus páginas web y redes sociales; los sitios web del CRIC y de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN, Çxhab Wala Kiwe en lengua nasa); las revistas y periódicos producidos por el CRIC; y otras publicaciones análogas que informan de los procesos locales de las comunidades. Toda esta red, a su vez, está articulada con otra estrategia más grande, la Asociación de Medios de Comunicación Indígena de Colombia (AMCIC).

No es fortuito que los llamen tejidos. La cultura Nasa ve en la figura del tejido no solo una técnica sino un reflejo de su cosmogonía, una forma de escritura en la que plasman su historia. De hecho, la forma en que entienden sus proyectos de comunicación y la comunicación misma como elemento anclado a una trama más amplia es un símil exacto de las partes de un tejido: los hilos son los medios de comunicación propios; los nudos, que se dividen en internos (alianzas con personas claves dentro de la misma comunidad) y en externos (relaciones con actores estratégicos fuera del territorio); y los huecos del tejido, que son los asuntos que demandan atención y sobre los que se sueltan o se aprietan los nudos.

Esa visión de la comunicación se ha consolidado y reproducido más o menos desde 1999, cuando nació la primera de varias escuelas que formaron a jóvenes Nasa y a personas interesadas de la comunidad en la técnica y la política de la comunicación indígena. “Estudiábamos dos días de inducción política y tres días de inducción técnica, y cada dos meses íbamos llevando tareas. Así inicia mi proceso de comunicación”, cuenta Harold Secue, que entonces tenía 16 años y ya hacía parte de una emisora en su colegio donde producían contenidos que mandaban en casetes los jueves en chiva (un bus sin ventanas de trompa ancha, de colores y de otra época) hasta la emisora de Jambaló —municipio del norte del Cauca—, una de las dos primeras emisoras indígenas en el Norte del Cauca, junto con la de Toribío, y de donde surgió la iniciativa de esa primera escuela de comunicación. “Casi todos los resguardos del norte del Cauca tenían espacio para formarse allá, porque en ese momento también estaba apenas cogiendo fuerza la ACIN”.

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Fue para 2001 que surgió la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, la casa de Radio Pa’yumat (expresión en lengua Nasa, usada al llegar de visita para decir algo como “vengo a visitarte”), la emisora con más cobertura en el territorio, y a la vez la sombrilla de las otras emisoras del norte del Cauca que se fueron nutriendo de quienes iban formándose en las escuelas de comunicación. La radio es el medio que predomina en el norte del Cauca, donde no se puede depender ni confiar de la conexión a internet.

“La escuela de comunicación aquí en mi territorio de Corinto inició en 2014 como iniciativa de la asamblea comunitaria. Las comunidades de las 42 veredas que cobija el municipio de Corinto se reúnen y crean ese mandato de tener un medio de comunicación propio que sea alternativo, indígena”, recuerda Natalia Salazar. En ese entonces, Natalia tenía 15 años y era la más joven de los 30 comuneros indígenas que respondieron a la convocatoria y que luego integrarían, tejidos de comunicaciones como el de Corinto, del que hizo parte Abelardo Liz que se había formado antes en la escuela de comunicación de 2010.

También en 2014 surgió el programa de Comunicación propia intercultural de la Universidad Autónoma Indígena Intercultural (Uaiin), un programa que, como las otras escuelas de comunicación indígena, enseña una comunicación atravesada por los principios políticos de la comunidad nasa. “Al inicio para nosotros fue bastante complejo de entender, estamos en una universidad y todos emocionados de que vamos a aprender cómo se maneja una cámara, cómo se habla en radio, cómo se toma una fotografía. Y resulta que quienes daban las clases eran los exconsejeros y exautoridades contándonos cómo surgió la Uaiin y el CRIC, cómo se habían dado esas luchas para lo que hoy teníamos”, recuerda Mabel Quinto, comunicadora indígena de Toribío que desde junio de 2023 coordina el tejido de comunicación de la Acin-Cxhab Wala Kiwe.

El eco de esa formación se siente en los contenidos de los tejidos de comunicación: franjas informativas, entrevistas a proyectos comunitarios y líderes, transmisión de los mandatos de las autoridades y de sus comunicados, secciones de música tradicional y programas en lengua nasa que buscan fortalecer el idioma —también llamado Nasa Yuwe, Kwesx Yuwe y Jugthëwësx pthüusenxy—.

Como a Mabel en la Uaiin, le pasó en la escuela de comunicación en Corinto a Natalia Salazar, quien ahora está vinculada al tejido de comunicación de la ACIN. Natalia recuerda el deseo con el que ella y sus compañeros entraron a la escuela buscando los equipos y las técnicas, y se encontraron en su lugar una inmersión en la historia y las tradiciones de su propia comunidad. “Empezamos primero a conocer nuestra organización, nuestro plan de vida, a conocer el territorio, a caminarlo, a dialogar con la gente, a conversar con nuestros mayores, a conocer nuestro origen, el por qué la comunicación indígena es tan importante y cómo visibilizar lo que en realidad es un pueblo originario. Y a medida que vamos recorriendo y fortaleciendo nuestra cultura, ahí sí llegan el manejo de TICs: cómo grabar, cómo entrevistar, cómo hablar en una radio”, cuenta Natalia. Un hilo en un tejido más grande.

Defender lo propio es el eje de la labor de las y los comunicadores indígenas, se siente cuando explican la comunicación como una vía para preservar sus mandatos espirituales, que también son políticos. También se siente en la convicción con la que hablan de la importancia de su labor y la contundencia con que la defienden, que no es un asunto menor en medio del contexto sitiado de agresiones y hostilidades que habitan.

EL SOFOCO DE LA VIOLENCIA

La historia del Cauca ha estado marcada por el conflicto por la propiedad de la tierra durante los últimos cinco siglos, y las comunidades indígenas, campesinas y afro del departamento han llevado la peor parte. Así desde que la colonia española llegó atraída por los yacimientos de oro, hasta hoy que quedan los pedazos de un conflicto armado que, tras el acuerdo de paz entre la guerrilla de las FARC y el Estado colombiano, se atomizó y complejizó. Esos conflictos cobraron la vida de quienes se opusieron al terraje —la práctica de hacendados que permitían la ocupación de tierras por las comunidades a cambio de trabajo gratuito—, de personas de las comunidades que se han enfrentado a los grupos ilegales que imponen con bala y amenazas el control del narcotráfico en la región —una de las zonas con mayores niveles de hectáreas de coca en el país—, y la de los indígenas que recurren a las vías de hecho reclamando lo que reconocen como propio y que a cambio encuentran una ofensiva de proyectiles mortal.

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En las últimas décadas del siglo XX, y hasta los acuerdos de paz de 2016, el ritmo del conflicto lo marcó la presencia de las guerrillas de las FARC y en menor medida del ELN, y sus enfrentamientos con grupos paramilitares que buscaban mantener el control territorial de los hacendados apoyados por las fuerzas del Estado. Y en la mitad los indígenas y sus estrategias de resistencia, también los desplazamientos, las agresiones y los reclutamientos forzados.

“Yo recuerdo que había una cuña radial hace años en Radio Pa’yumat donde invitábamos a la juventud a vincularse a la guardia indígena (un grupo de protección colectiva) para que no vayan a los actores armados”, cuenta Harold Secue sobre un hostigamiento alrededor de 2008, una de las épocas que recuerda como más hostil. “Nos dijeron, esa cuña no se puede pasar. Y ha habido así como llamados de atención, amenazas de parte de ellos. De hecho Radio Pa’yumat en ese tiempo sufrió un sabotaje por parte de actores que nos dañaban las antenas, se nos llevaban las cosas y se debía a todo ese trabajo que nosotros realizábamos. Eso ha sido una dificultad a la hora de comunicar”.

Tras la firma del acuerdo de paz con las FARC, el país sintió aires de tranquilidad durante poco más de un año, pero la llegada de un nuevo gobierno que no se interesó por implementar lo acordado, y más bien le apostó a su debilitamiento institucional, sumió rápidamente a zonas como el norte del Cauca en nuevos ciclos de violencia. Cuando en 2022 terminaron los cuatro años de gobierno de Iván Duque, grupos paramilitares, el ELN y grupos disidentes de las FARC hacían nuevos despliegues de fuerza con paros armados, combates reciclados y agresiones orientadas sobre todo a quienes defendían los derechos de las comunidades y de los ecosistemas.

Entre 2016 y 2023 fueron asesinados 1.450 líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia, según un informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz. El Cauca fue el departamento con más líderes asesinados en el país en esos siete años con 314, de los cuales 141 fueron asesinados en cinco municipios del norte: Caloto, Corinto, Santander de Quilichao, Toribío y Buenos Aires, cinco de los 10 municipios colombianos que registraron el mayor número de asesinatos en ese periodo. Desde 2010 el CRIC ha contado cinco comunicadores indígenas asesinados en el departamento. Y mientras los nombres de los actores del conflicto se han transformado, las agresiones a las comunidades indígenas y a sus comunicadores se han mantenido prácticamente iguales. En 2012 y 2020 también hubo ataques a las infraestructuras y antenas de las emisoras del norte del Cauca. “Esa vez nos tocó sacar la voluntad de donde no la teníamos para ir a hablar con este grupo armado, mencionar el por qué ellos estaban atentando con la infraestructura de las comunidades, y ellos lo que nos mencionan es que hay una información de que nosotros instalamos esa torre ahí para darle información al Ejército Nacional”, cuenta Natalia Salazar sobre la vez que en 2020 grupos disidentes de las FARC dañaron las redes eléctricas de la antena que usaba Nación Nasa, la emisora de Corinto.

Natalia recuerda que ella, otros tres comunicadores de Corinto y una autoridad indígena fueron al lugar a interpelar al grupo armado. Llegaron con el respaldo de la comunidad, con la orientación de los sabedores espirituales y con el chaleco azul y el Kambuwesx (el bastón de mando indígena) que identifica a la guardia indígena; del otro lado, fueron recibidos con los camuflados, las armas largas y el talante hostil de tres integrantes del grupo armado que llegaron al lugar en una camioneta. “Ese día entablamos una comunicación cara a cara y la verdad sí fue bastante tenso. Y no se genera un buen diálogo con esos grupos que prácticamente querían como mandar en la comunidad, porque nos dijeron que nosotros a quién le habíamos pedido permiso, que a ellos no les habían dicho. Y si el territorio es de las comunidades, ¿por qué tenemos que andarle pidiendo permiso a personas que ni siquiera son del territorio?”.

Esos han sido los términos de las confrontaciones entre grupos armados y comunidades en el Cauca: una autoridad sobre el territorio que unos imponen con armas y que otros reclaman como el derecho histórico de haber habitado esa tierra durante siglos.

Mientras Harold Secue, oriundo de Jambaló, recuerda que la seguridad en el Cauca era más crítica hace unos 15 años, para Natalia, habitante de Corinto y oriunda de Miranda, la situación actual de inseguridad en la zona que habita es inédita. Explica que los toques de queda en Miranda y los frecuentes asesinatos de jóvenes son un panorama nuevo en ese municipio que, a pesar de ubicarse a unos 10 kilómetros de Corinto y de su histórica situación de inseguridad, hasta hace poco era un lugar tranquilo y ajeno a las escenas vecinas de conflicto. Pero eso cambió más o menos al mes de iniciar el gobierno de Gustavo Petro en 2022, cuenta Natalia, el primer gobierno abiertamente de izquierda en alcanzar la presidencia de Colombia y que llegó con el plan de adelantar acuerdos de paz con todos los grupos armados del país después de la disolución de la guerrilla de las FARC. Lo que han visto expertos, organizaciones defensoras de derechos humanos y habitantes de las zonas en conflicto en Colombia es que desde que el gobierno nacional empezó a hablar del plan de “paz total” —como se llamó el proyecto— los actores ilegales han aumentado su despliegue violento, una forma de mostrarse fuertes en los territorios y llegar con más poder de negociación a las mesas con el gobierno.

CUANDO CONTAR ES PONERSE EN RIESGO

Los ataques a las antenas es apenas una de las formas de la violencia a la que se enfrentan quienes se dedican a la comunicación en el norte del Cauca. Los actores armados ilegales también han amenazado y censurado a quienes reportan la situación de seguridad en la zona. “Cuando estuve en el tejido de comunicación nos lo dijeron: ‘Si van a denunciar, denuncien de manera general, no digan nuestros nombres, no sean directos, porque cuando hacen eso nos ponen en alto riesgo como fuerzas revolucionarias’. Entonces, se ha convertido en que si quiero comunicar y estar en el territorio, tengo que tener cierto sesgo o cuidarlos en cierto momento a la hora de comunicar”, cuenta Harold Secue.

Lo mismo relatan Natalia Salazar y Mabel Quinto, quienes al hablar de la manera en que informan del conflicto armado en la región se notan reacias y casi en igual medida cautelosas. “Muchas veces cuestionar el accionar de X o Y grupo, sea legal o ilegal, también nos pone de alguna manera en riesgo, se nos identifica porque saben que somos del territorio, saben nuestro recorrido”, dice Mabel, quien agrega que además de esas censuras, los actores armados ilegales también han restringido la movilidad de los comunicadores que, viajando entre territorios, han sido retenidos por hombres armados que les exigen demostrar su rol con carnés de prensa. Ante eso, las autoridades indígenas empezaron a expedir los carnés.

Mabel habla de actores legales e ilegales porque la violencia que los comunicadores indígenas padecen ha venido también de parte de la Policía y el Ejército presentes en el departamento: también ellos, dicen Mabel, Harold y Natalia, han estigmatizado y agredido a comunicadores indígenas y obstaculizado su labor. “Hay unas agresiones que vienen de la fuerza pública, que pueden ser no violentas, pero que también restringen la labor de la prensa y que generan un ambiente de hostilidad no favorable para que los periodistas realicen su trabajo. Son obstrucciones al ejercicio informativo como que no los dejan entrar o no les permiten hacer cubrimiento”, asegura Viviana Yanguama, coordinadora del área de protección de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), desde donde se monitorean los casos de agresiones a periodistas en Colombia.

El Cauca ha estado desde hace años en la lista de los departamentos donde se registran más agresiones a periodistas en el país, pero este año, dice Viviana, “ha sido un poco raro”. En el último informe de la FLIP sobre agresiones a periodistas por grupos armados ilegales, el Cauca no tuvo los números altos que sí se registraron en departamentos como Arauca y Norte de Santander. “Y digo que es raro porque nosotros sabemos que en el Cauca sí hay una injerencia de grupos armados”, asegura. La razón a la que Viviana atribuye el fenómeno es una probable “autocensura” de parte de comunicadores y periodistas para no mencionar algunos temas o no denunciar hechos que ya ven como parte de su contexto. “Nosotros charlamos con un periodista en el Cauca hace unas semanas que nos decía que los grupos armados sí los están vigilando, y que no hay acciones directas en contra de la prensa, pero que como todo el contexto es tan hostil y tan difícil, no es necesario que haya algo directo contra ‘X’ periodista, sino que se entiende que hay que seguir unas reglas y que eso implica no hablar mal de esos grupos o no visibilizar algunas situaciones que están haciendo”, cuenta la experta.

La normalización de la violencia en el ejercicio periodístico y de comunicación en el Cauca la reconoce Andrés Córdoba, periodista caucano del municipio de La Sierra y profesor de periodismo en la Universidad del Cauca en Popayán, la capital del departamento. La presencia histórica de los grupos armados ilegales, asegura, ya ha acostumbrado a periodistas y comunicadores a saber que antes de ir a un territorio en busca de una historia hay que pedir permisos, ir acompañado, tomar precauciones ante la inevitable y ya acostumbrada sombra del conflicto armado.

“Para ir a hacer así sea un tema de medioambiente, o de turismo, algo muy distinto quizás a lo que [los grupos armados] trabajan, siempre hay unos riesgos, porque uno no sabe qué va a pasar con ellos, en qué momento les da por salir en el camino y hacer algo, o si uno puede quedar en medio de alguna confrontación. Quizás uno acá lo normaliza, no lo habla y no lo piensa hasta que preguntan. Yo creo que lo normalizamos mucho”, cuenta Andrés justo antes de relatar un par de incidentes en los que haciendo reportería en el Cauca tuvo encuentros tensos o supo que se había salvado por poco de encontrarse con actores armados.

El panorama es mucho más difícil para las y los comunicadores indígenas que describen su vida y labor en los territorios bajo un constante miedo, uno que además les llega por varios frentes del conflicto: mientras los grupos ilegales les acusan de ser colaboradores de la fuerza pública, ésta a su vez les ha acusado de ser colaboradores e incluso integrantes de las guerrillas. “Cuando vamos a abordar la Liberación [de la Madre Tierra] los comunicadores que están cubriendo la noticia son fotografiados y luego aparecen como que deben ser judicializados”, afirma Mabel sobre documentos oficiales de la fuerza pública en los que los comunicadores han sido identificados como sujetos buscados por la justicia.

La Liberación de la Madre Tierra ha sido precisamente uno de los escenarios de alto riesgo para los comunicadores indígenas en el Cauca. Dos de los cinco comunicadores que han sido asesinados en el departamento en los últimos 13 años, según los reportes del CRIC, fueron asesinados por disparos de la fuerza pública en medio de estas movilizaciones: María Efigenia Vásquez, comunicadora de 31 años de la emisora Renacer Kokonuko del municipio de Puracé, asesinada el 8 de octubre de 2017 por una munición disparada por el cuerpo antidisturbios de la Policía que le impactó en el pecho cuando registraba una ocupación en el predio de Aguatibia; y Abelardo Liz, comunicador de Corinto de 34 años que murió el 13 de agosto de 2020 tras ser impactado por una bala de fusil que fue presuntamente disparada por el Ejército en medio del desalojo de las comunidades del predio Quebradaseca cerca a Corinto.

En ninguno de los dos casos la fuerza pública ha asumido responsabilidad sobre los hechos. En el caso de Efigenia Vásquez aseguraron que probablemente se había tratado de una munición artesanal manipulada por los indígenas. En el caso de Abelardo, el Ejército ha evitado referirse a los posibles responsables de su asesinato, pero ha insistido en su versión de que los soldados no dispararon a la comunidad y que solo abrieron fuego al recibir disparos de las disidencias de las FARC que aseguran estaban infiltradas entre la comunidad indígena.

Sobre los responsables de otros dos asesinatos a comunicadores indígenas en el Cauca no hay tanta claridad.

Uno es el de Rodolfo Maya, comunicador de Radio Pa’yumat que denunció la presencia de los grupos armados y el reclutamiento forzado a jóvenes indígenas. Rodolfo fue asesinado el 14 de octubre de 2010 en Caloto, dos semanas después de haber sido amenazado y acusado de ser cabecilla de la guerrilla en unos rayones sobre un muro del municipio en el que además se ofrecía una recompensa de 20 millones por él. A Rodolfo, de 34 años, lo abordaron dos sujetos en una moto que le dispararon en su casa frente a su esposa e hija de siete años.

Y el otro caso es el de Beatriz Elena Cano, el asesinato que Natalia, Harold y Mabel recuerdan con un dolor vivo por tratarse del más reciente. Beatriz Cano fue una mujer paisa que vivió siete de sus 35 años en la zona rural de Santander de Quilichao, donde se dedicó a denunciar las violencias que sufría la comunidad indígena en Radio Pa’yumat, cuyo sitio web está encabezado por su retrato. Su asesinato ocurrió el 4 de junio de 2021, cuando el vehículo en el que se transportaba fue detenido en un retén de la Policía contra el que un grupo armado abrió fuego. En los hechos también perdieron la vida dos autoridades indígenas, dos oficiales de la Policía y fue herido César Galarza, otro comunicador de la ACIN.

Hasta hoy, solo uno de los cinco asesinatos a comunicadores en el Cauca ha encontrado justicia, el de Eider Arley Campo, miembro de la guardia indígena y comunicador de 21 años vinculado a la Emisora Piayó —del municipio del mismo nombre—. Su asesinato ocurrió el 5 de marzo de 2018, cuando atendió el llamado comunitario para rodear y recapturar a un hombre acusado de actividades con grupos armados ilegales que se había fugado de la casa del cabildo con la ayuda de otros dos hombres armados. Eider murió tras ser impactado en medio de una ráfaga de disparos. Los tres hombres fueron atrapados horas después por la guardia indígena de Pioyá, Pitayó, Jambaló y Quichaya, según el CRIC, y fueron condenados por la justicia indígena con penas de entre 20 y 40 años de prisión en la Cárcel de San Isidro de Popayán.

LOS OTROS CUATRO CRÍMENES SIGUEN IMPUNES

Tras cada uno de esos asesinatos queda una estela de dolor e injusticia sobre los familiares de las víctimas, también comunidades consternadas y tejidos de comunicación amedrentados. Natalia Salazar era colega de Abelardo Liz cuando fue asesinado y recuerda que tras su muerte los comunicadores del tejido de comunicaciones de Corinto fueron enfáticos en denunciar su asesinato, una decisión que ella dice nació del dolor y la rabia, pero que estuvo cubierta de miedo. “Denunciamos directamente a los grupos armados que ese día hicieron parte de ese desalojo, a toda la fuerza pública y también a los grupos ilegales. Había comentarios, como cuentos de pasillos que no sabíamos si eran verdad, de que teníamos que estar en alerta, de que se iban a tomar el tejido de comunicación y que iban a sacar todos los materiales probatorios para eliminar evidencia. La guardia indígena estuvo muy pendiente, estábamos como protegidos por la guardia si algún evento llegase a pasar. También sacamos todo el material probatorio de ahí, lo llevamos a otra parte, lo guardamos en cuanta memoria haya para poder tener esa evidencia”, cuenta Natalia. La evidencia, que incluye el registro audiovisual que hizo el mismo Abelardo, hoy es una de las pruebas decisivas para demostrar la probable responsabilidad del Ejército en su asesinato, que aún es investigado en la Fiscalía General de la Nación donde ya se maneja la hipótesis de que el disparo vino de la zona donde estaba el Ejército. Esa entidad, por su parte, archivó su propia investigación al no encontrar, aseguran, ninguna prueba de mala conducta por parte de los soldados.

UN RIESGO QUE AUMENTA ANTE LA DIFERENCIA

Las profundas raíces del conflicto armado en el Cauca y la complejidad de su entramado son lo que ha marcado las violencias que sufren las comunicadoras y comunicadores indígenas. Pero las estigmatizaciones y agresiones que han recibido en su ejercicio vienen también de una visión occidentalizada de lo que se entiende por periodismo y que, entonces, se legitima y respeta. Bajo esa mirada, nutrida del desconocimiento de las diferencias y de no poca discriminación y racismo, lo que alcanza a reconocerse en el oficio de los periodistas mestizos de ciudad, se les niega a los comunicadores indígenas en lo rural.

“Nosotros que nos reconocemos como comunicadores comunitarios indígenas, y que muchas veces lo que hemos aprendido lo hemos aprendido empíricamente, pues no se da como ese reconocimiento que sí tiene un periodista cuando va a cubrir una noticia. A ellos se les reconoce como que no se les puede tocar, la libre expresión, pueden estar por cualquier espacio haciendo el cubrimiento”, dice Mabel.

En el ejercicio de los comunicadores indígenas se vuelven además porosos los límites que el periodismo se ha impuesto frente a eso que llama ‘objetividad’ e ‘imparcialidad’, conceptos que resultan cada vez más vacuos frente a un escenario de medios de comunicación cooptados por la institucionalidad y la corporatividad, y que mantienen el statu quo. En el ejercicio de comunicación indígena del norte del Cauca, el periodismo y el activismo —que en sus términos son más bien la comunicación y el liderazgo— se entrecruzan de una manera que podría alarmar a los más puristas de la tradición periodística, pero que bajo su cosmovisión no podría ser de otra manera. En el norte del Cauca, los comunicadores indígenas participan de lo que informan, meten las manos y hacen parte de las historias que cuentan, se espera de ellos que sean además guías activos de la comunidad y que ayuden a liderar los procesos que nacen de los mandatos de las autoridades indígenas.

Cauca - periodismo y seguridad La Liga Contra el Silencio

En palabras de Mabel: “No somos los comunicadores que vamos a extraer la información. Si hay que cubrir una minga, pues trabajamos con la comunidad y ahí vamos recogiendo el material. Si hay que estar hasta la noche o pasar dos días de seguido, ahí estamos acompañando la comunidad (…) La comunidad hoy nos reconoce y nos pide que acompañemos las actividades que hacen, no solo visibilizar el tema del conflicto armado y denunciar, que sí es importante, pero también esas iniciativas de paz que caminan las comunidades en los territorios”. En esa compenetración con la comunidad, los actores armados desconocen a los comunicadores indígenas de la forma en que probablemente reconocen a otros periodistas que ejercen en otros contextos culturales.

No es la única diferencia que los ha hecho blanco de agresiones por parte de los grupos armados. La fuerte red de tejidos de comunicación en el norte del Cauca también le ha garantizado a los pueblos indígenas poder informar a sus comunidades sobre las inseguridades en el territorio y poder, a su vez, organizarse, blindarse y hacerle frente a esas “desarmonías”, como se refieren a los actos que perturban la tranquilidad. Así han visibilizado y denunciado lo que periodistas de los centros urbanos del Cauca no se han atrevido y se han convertido, en el camino, en objetivos también diferenciales de los grupos armados.

“El periodismo local ha hecho una apuesta muy cómoda y es pegarse al oficialismo”, asegura Andrés Córdoba sobre el tipo de periodismo que predomina en las zonas urbanas del Cauca y que es un fenómeno extendido en el periodismo regional en Colombia. “Creo que todos conocemos esa práctica en la que los medios locales van y le dicen al gobierno de turno: ‘Tengo esto, deme la pauta y todo bien”. Y acceden”, afirma Andrés, que a la vez reconoce los desafíos económicos y de seguridad en la región que ha llevado al periodismo a encontrar en el oficialismo una protección ante esas circunstancias. “Los que tratan de retratar la realidad y de narrar lo que pasa en las regiones, los colegas de la ACIN y de las emisoras comunitarias que quizás tienen una mirada más crítica por la defensa y la lucha del territorio, se ven más expuestos y tienen un riesgo un poco mayor”, asegura el periodista.

Conscientes de ese riesgo, los tejidos de comunicación indígenas del Cauca han creado sus propias estrategias de protección. Mabel cuenta que, por ejemplo, entre los comunicadores indígenas no hay afán de reconocimiento individual y las notas las firman como colectivo, una forma de distribuir la atención de los actores armados y no personalizar sus persecuciones. Pero para ella, al igual que para Harold y Natalia, la mayor protección es la que encuentran en sus tradiciones espirituales. Los rituales que hacen los mayores, dicen, son su mayor guía de defensa y cuidado frente a la hostilidad en la que navegan, una cosmovisión que tiene todo que ver, de hecho, con su forma de entender la comunicación misma.

“La comunicación propia para nosotros como pueblos indígenas no son los medios tecnológicos, aunque son herramientas muy importante para visibilizar”, dice Natalia, “la comunicación para nosotros parte desde la madre naturaleza, de lo que nos comunica el canto de las aves, lo que nos comunica el viento, la lluvia, lo que comunica el trueno. Todo esto es una forma de comunicación”.

Fuente de la información:  https://mutante.org

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El conflicto en Gaza aviva el debate sobre la libertad de expresión en las universidades de EEUU

En Estados Unidos, la libertad de expresión siempre ha sido uno de los pilares de los derechos constitucionales en el país. En la actualidad, el alcance de este derecho es parte de un debate sobre las regulaciones al discurso en campus universitarios que ha provocado hasta la renuncia de dos presidentas de sendas prestigiosas instituciones.

 

El conflicto entre Israel y Hamás ha sido clave en la discusión sobre libertad de expresión en las universidades, donde sus líderes han luchado por definir la línea donde el discurso político cruza el acoso y la discriminación, y los estudiantes judíos y árabes expresan su preocupación de que sus universidades están haciendo muy poco para protegerlos.

 

La cuestión ocupó un lugar central en diciembre cuando las entonces presidentas de la Universidad de Harvard, Claudine Gay, y de la Universidad de Pensilvania, Liz Magill, testificaron en una audiencia en el Congreso sobre el antisemitismo en la universidad.

 

Durante la audiencia, la congresista republicana Elise Stefanik cuestionó a Gay si “¿el llamar al genocidio de judíos viola las reglas de Harvard sobre bullying y acoso?”, a lo que la académica respondió: “Puede ser, pero depende del contexto”.

 

Sus expresiones generaron una ola de críticas y peticiones de renuncia, lideradas por la misma congresista Stefanik, y terminaron en la dimisión de Gay. El caso se repitió con Magill, quien renunció a su cargo.

 

Ahora, los republicanos en la Cámara de Representantes consideran investigar a más universidad por temas que van más allá del antisemitismo. Esto, según los analistas, haría más difícil hablar abiertamente en las universidades sobre temas como el aborto, la raza y la diversidad.

 

“Muchos administradores y grupos de estudiantes, especialmente en ciertas escuelas, tienden a inclinarse hacia la izquierda, y cuando los estudiantes expresan puntos de vista diferentes, especialmente en lo que respecta a las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión, vemos que son silenciados”, dijo a la Voz de América Alex Morey del grupo no partidista Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión.

 

El Departamento de Educación de EEUU ha advertido repetidamente a las universidades que deben luchar contra el antisemitismo y la islamofobia en sus campus o correrían el riesgo de perder fondos federales.

 

El secretario de Educación, Miguel Cardona, dijo que la agencia ha abierto más de 40 investigaciones en colegios y universidades en respuesta a denuncias de antisemitismo e islamofobia desde los ataques del 7 de octubre en Israel, incluidos Harvard, Stanford y MIT.

 

“Algunos profesores están siendo forzados a salir, despedidos, o encuentran el ambiente para la investigación y la enseñanza tan opresivo que muchos de ellos renuncian”, dijo David Jeating del Instituto para la Libertad de Expresión.

 

Sin embargo, ante ciertos intentos conservadores de reformar más ampliamente la educación superior, la organización PEN America advierte que cualquier mejora para proteger la libertad de expresión debe surgir de las propias instituciones.

 

“Tenemos una gran preocupación cuando vemos a políticos que intentan hacer esas reformas, y en la forma en que las hemos visto en legislaciones, como órdenes de silencio educativo, que definen qué se puede y no se puede enseñar en los campus”, apuntó Kristen Shahverdian, líder del equipo de libre expresión y educación de PEN America, en declaraciones a la VOA.

 

Más allá de cómo se desarrollen las guerras políticas, las universidades pueden tomar medidas para fomentar una cultura de libertad de expresión, según el profesor de la Primera Enmienda Eugene Volokh.

 

«Creo que las universidades deberían tener más paneles o debates sobre temas como el aborto, la raza, la acción afirmativa basada en la raza, los derechos de los transexuales, la inmigración tanto legal como irregular”, agregó Volokh.

 

Esto, aseguró, ayudaría a que a que los estudiantes entiendan la importancia de escuchar puntos de vista con los que no necesariamente coinciden.

 

Mientras tanto, el miércoles pasado varios estudiantes judíos presentaron una demanda contra Harvard acusándola de convertirse en «un bastión de odio y acoso desenfrenado contra los judíos».

Fuente: https://americanomedia.com/el-conflicto-en-gaza-aviva-el-debate-sobre-la-libertad-de-expresion-en-las-universidades-de-eeuu/

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‘Generación Porno’: La consecuencia de abandonar la educación

Por: Loola Pérez

¿Qué efectos tiene el consumo de pornografía en la adolescencia? ¿Debería limitarse o prohibirse? Según la sexóloga y educadora sexual Loola Pérez, la ficción no es un problema, lo que es un problema es que no exista una alternativa educativa dirigida a los jóvenes.

Bajo la apariencia de un periodismo ‘comprometido’ o un activismo ‘atrevido’ se está proyectando una radiografía trivial, estereotipada y sesgada sobre la juventud y su relación con el porno. Revitalizar algunos pánicos morales en relación a este grupo social no es nuevo. Stanley Cohen señaló en los años 70, en su obra Folk devils and Moral Panics, que en determinados momentos las sociedades definen una condición, episodio, persona o grupo como una amenaza para los valores e intereses sociales. En la actualidad, el discurso de combate contra la pornografía ha servido para responsabilizar a la industria para adultos de la existencia de una supuesta ‘Generación porno’. La lucha contra el porno, que busca establecer un orden social y sexual a favor de la ciudadanía, fracasa por un motivo muy concreto: se realiza en términos ideológicos y moralistas, ignorando la racionalidad, los hábitos de consumo y la cultura sexual de toda una generación, la cual trasciende el contenido pornográfico.

Es cierto que una parte considerable de las y los jóvenes consumen pornografía y que el contacto con este contenido se inicia cada vez en edades más tempranas. El informe #DesinformaciónSexual. Análisis sobre el consumo de porno en adolescentes y el impacto en sus relaciones y desarrollo de Save the Children ya adelantaba en el año 2020 que casi 7 de cada 10 adolescentes consumen pornografía, a la que acceden por primera vez alrededor de los 12 años. Internet y las redes sociales facilitan el acceso a un material sexualmente explícito, de carácter gratuito y que, a menudo, reproduce los tradicionales estereotipos de género. Algunos acceden a ese contenido con la misma inquietud que un adulto: esto es, para masturbarse y obtener placer.

El deseo sexual no implosiona cuando una persona cumple la mayoría de edad. Si superamos determinados moralismos, podemos afirmar que el porno puede ser un recurso muy útil para explorar fantasías o preferencias sexuales de forma segura, sin necesidad o intención de que se conviertan en una vivencia real; disfrutar de nuestra sexualidad sin exponernos a determinados riesgos o a un posible rechazo (ya sea porque no tenemos mucha experiencia, nos interesan prácticas no normativas y con mayor dificultad para compartir, o porque sentimos que nuestro cuerpo no es deseable).

Para mirar (e incluso comprender) el porno tiene que existir una mirada crítica, la cual permita separar el sexo real de la representación ficticia del mismo

Otros lo hacen por curiosidad y para aprender. Quieren saber cómo es el sexo (el que se hace) y conocer cómo pueden satisfacer a una pareja. Es decir, lo utilizan como escuela, como una mala pedagogía. Como hemos insistido en otras ocasiones, aquí reside gran parte del problema: para mirar (e incluso comprender) el porno tiene que existir una mirada crítica, la cual permita separar el sexo real de la representación ficticia (y lícita) del mismo. La ficción no es un problema, lo que es un problema es que no exista una alternativa educativa dirigida a los jóvenes, que les capacite en el conocimiento de la sexualidad, que reconozca sus derechos y su capacidad de agencia.

Desde mi experiencia como sexóloga y educadora sexual, me atrevería a decir que la mayoría de las y los jóvenes son capaces de distinguir la ficción de la realidad. Si bien, al igual que ocurre con series como Élite o La que se avecina, el porno contribuye a que los jóvenes interioricen muchos estereotipos y complejos, ya sea con respecto a la apariencia de su cuerpo, su desempeño sexual, las relaciones o sus actitudes eróticas. Asimismo, el porno empobrece en muchas ocasiones la propia biografía erótica, pues los gustos sexuales vienen condicionados por lo que «se ve» y no por lo que «»se experimenta».

En el caso de algunos jóvenes, hay quien lo consume para alardear y creerse un «machote». Mientras que la iniciativa sexual continúa levantando sospechas en las mujeres y utilizándose para cuestionar su moralidad o reputación, en el caso de los varones sigue siendo una forma de reforzar su rol y estatus social. Por supuesto, hay menores que son expuestos a estos contenidos sin ni siquiera estar interesados en ellos. Los banners sobre pornografía mientras se usa un juego online, los stickers sexuales en un chat de Whatsapp o una inocente búsqueda en Google son buenos ejemplos de cómo se puede estar involuntariamente expuesto a esos contenidos. Esa exposición, más allá de incentivar la curiosidad, puede desatar otro tipo de reacciones como el asco, la culpa o el rechazo. Es una responsabilidad social educar también contemplando esas cuestiones y no solamente creyendo que la necesidad de la educación sexual debe estar motivada por el pánico.

Sin un acompañamiento de la sexualidad durante la adolescencia y la juventud, la pornografía puede generar expectativas sobre el placer, el sexo seguro, el consentimiento o lo que se tiene que esperar de mí como hombre o de mí como mujer en la intimidad. Es obvio que el porno puede reproducir relaciones de poder, pero son las mismas relaciones de poder que ocurren día tras día en nuestra cotidianeidad: sexismo, racismo, capacitismo, relaciones sexuales no consentidas, violencia estética, etc. La demonización de la pornografía no permite erradicar ninguna de las relaciones de poder ni opresiones estructurales que existen en nuestra sociedad. Al igual que ocurre con las drogas, inocular emociones como el miedo o la angustia no parece tampoco una buena estrategia para decir «no al porno».

Además, las propuestas de restricción de la pornografía tampoco van acompañadas de mejorar los programas e iniciativas en educación sexual. El prohibicionismo del porno tiene efectos perversos en cuanto a la libertad de expresión y nunca resuelve o evita los principales problemas y riesgos con respecto a la sexualidad: la mala (o nula) educación sexual, el aumento de las infecciones de transmisión sexual o la violencia sexual. El prohibicionismo se articula a través del control de la demanda y la oferta, pero no contempla ninguna acción que mejore la libertad sexual y la vida de las personas. En definitiva, la reducción de riesgos ante el consumo de pornografía no parece ni eficaz ni ética ni verosímil promoviendo su censura.

La educación es la única forma de frenar la influencia del porno en la vida sexual de los jóvenes

La educación es la única forma de frenar la influencia del porno en la vida sexual de los jóvenes. Paralelamente, también facilita una mirada pragmática y exenta de carga moral a la hora de reconocer que hay jóvenes que recurren al porno como curiosidad, referencia o para disfrutar de su sexualidad. Lo peyorativo ante el consumo solo contribuye a preocupar y estigmatizar a los aludidos (y conmovidos por el moralismo), pero rara vez supone un rechazo frontal al porno (o sus malestares). En relación a la responsabilidad de los adultos, es evidente que estamos fallando en abordar la educación sexual al margen del tabú y nuestras ansiedades sociales. No solo es que los jóvenes tengan derecho a recibir educación sexual científica, continuada y de calidad, también tienen derecho a conocer su cuerpo, gozar y desarrollar su sexualidad con bienestar, al margen de las presiones de género y sin temer al deseo o la expresión del mismo.

https://ethic.es/2023/12/generacion-porno-la-consecuencia-de-abandonar-la-educacion/
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Libertad de expresión en tiempos de la esclavitud

Por: Jorge Majfud 

El primero de enero de 1831 apareció en Massachusetts The Liberator, el primer periódico abolicionista del país y, más tarde, defensor del sufragio femenino. Por entonces, los esclavistas de Georgia ofrecieron una recompensa de 5.000 dólares (más de 160.000 dólares al valor de 2023) por la captura de su fundador, William Lloyd Garrison. Naturalmente, así es como reacciona el poder a la libertad y la lucha por los derechos ajenos, pero este intento de censura violenta no era por entonces la norma legal. La libertad de expresión establecida por la Primera Enmienda se aplicaba a los hombres blancos y nadie quería violar la ley a plena luz del día. Para corregir esos errores siempre estuvo la mafia, el paramilitarismo y, más tarde, las agencias secretas que están más allá de la ley―cuando no el acoso legal bajo otras excusas.

En su primer artículo, Garrison ya revela el tono de una disputa que se anuncia como algo de larga data: “Soy consciente de que muchos se oponen a la dureza de mi lenguaje; pero ¿no hay motivo, acaso? Seré tan duro como la verdad y tan intransigente como la justicia. Sobre este tema, no quiero pensar, ni hablar, ni escribir con moderación. ¡No! Dígale a un hombre cuya casa está en llamas que dé una alarma moderada, que rescate moderadamente a su esposa de las manos del violador, que rescate gradualmente a su hijo del fuego…[i]

The Liberator, ejerciendo su derecho a la libertad de prensa, comenzó a enviar ejemplares a los estados del sur. La respuesta de los gobiernos sureños y de los esclavistas no fue prohibir la publicación, ya que iba contra la ley―una ley que fue hecha para que unos hombres blancos y ricos se protegieran de otros hombres blancos y ricos que nunca se imaginaron que esta libertad podía amenazar de alguna forma la existencia del poder político de todos los hombres blancos y ricos.

En lugar de violar la ley se recurrió a un viejo método. No es necesario romper las reglas cuando se pueden cambiarlas. Es así como funciona una democracia. Claro que no todos tenían, ni tienen, las mismas posibilidades de operar semejante milagro democrático. Quienes no pueden cambiar las leyes suelen romperlas y por eso son criminales. Quienes pueden cambiarlas son los primeros interesados en que se cumplan. Excepto cuando la urgencia de sus propios intereses no admite demora burocrática o, por alguna razón, se ha establecido una mayoría inconveniente, a la que aquellos en el poder acusan de irresponsable, infantil o peligrosa.

En principio, como no se podía abolir directamente la Primera enmienda, se limitó las pérdidas. Carolina del Norte aprobó leyes prohibiendo la alfabetización de los esclavos.[1] Las prohibiciones continuaron y se extendieron por los años 1830s a otros estados esclavistas, casi siempre justificándose en los desórdenes, protestas y hasta disturbios violentos que habían inoculado los abolicionistas entre los negros con literatura subversiva.

La propaganda esclavista no se hizo esperar y se distribuyeron posters y panfletos advirtiendo de elementos subversivos entre la gente decente del Sur y de los peligros de las pocas conferencias sobre el tema tabú. El acoso a la libertad de expresión, sin llegar a su prohibición, también se daba en las mayores ciudades del Norte. Uno de los panfletos proesclavistas fechado el 27 de febrero de 1837 (un año después de que Texas fuese arrancada a México para reestablecer la esclavitud) invitaba a la población a reunirse frente a una iglesia de la calle Cannon en Nueva York, donde un abolicionista iba a dar una charla a las siete de la noche. El anuncio llamaba a “silenciar este instrumento diabólico y fanático; defendamos el derecho de los estados y la constitución del país”.[ii]

Las publicaciones y las conferencias abolicionistas no se detuvieron. Por un tiempo, la forma de contrarrestarlas no fue la prohibición de la libertad de expresión sino el incremento de la propaganda esclavista y la demonización de los antiesclavistas como peligrosos subversivos. Más tarde, cuando el recurso de la propaganda no fue suficiente, todos los estados del Sur comenzaron a adoptar leyes que limitaban la libertad de expresión de ideas revisionistas. Solo cuando la libertad de expresión (libertad de los blancos disidentes) se salió de control, recurrieron a leyes más agresivas, esta vez limitando la libertad de expresión con prohibiciones selectivas o con impuestos a los abolicionistas. Por ejemplo, en 1837, Missouri prohibió las publicaciones que iban contra el discurso dominante, es decir, contra la esclavitud. Rara vez se llegó al oprobio de encarcelar a los disidentes. Se los desacreditaba, se los censuraba o se los linchaba bajo alguna buena razón como la defensa propia o la defensa de Dios, la civilización y la libertad.

Luego de estallar la Guerra Civil, el Sur esclavista escribió su propia constitución. Como lo hicieran los tejanos anglosajones apenas separados de México y por las mismas razones, la constitución de la Confederación estableció la protección de la “Institución peculiar” (la esclavitud) al mismo tiempo que incluyó una cláusula en favor de la libertad de expresión. Esta cláusula no impidió leyes que la limitaban para un lado ni que el paramilitarismo de las milicias esclavistas (origen de la policía sureña) actuaran a su antojo. Como en el “We the people” de la Constitución de 1789, como originalmente la Primera enmienda de 1791, esta “libertad de expresión” no incluía a gente que ni era “the people” ni eran humanos completos y responsables. Se refería a la raza libre. De hecho, la constitución del nuevo país esclavista establecía, en su inciso 12, casi como una copia de la enmienda original de 1791: “El Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de una religión, o que prohíba el libre ejercicio de la misma; o coartando la libertad de expresión, o de prensa; o el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y solicitar al Gobierno la reparación de agravios”.[iii] Más justo, equitativo y democrático, imposible… El secreto estaba en que, otra vez, como casi un siglo antes, eso de “el pueblo” no incluía a la mayoría de la población. Si alguien lo hubiese observado entonces, sería acusado de loco, de antipatriota o de peligroso subversivo. Es decir, algo que, en su raíz, no ha cambiado mucho en el siglo XXI.[2]

Para cuando el sistema esclavista fue legalmente ilegalizado en 1865, gracias a las circunstancias de una guerra que estuvo a punto de perderse, The Liberator ya había publicado 1820 números. Aparte de apoyar la causa abolicionista, también apoyó el movimiento por los derechos iguales de las mujeres. La primera candidata mujer a la presidencia (aunque no reconocida por ley), Victoria Woodhull, fue arrestada días antes de las elecciones de 1872 bajo el cargo de haber publicado un artículo calificado como obsceno―opiniones contra las buenas costumbres, como el derecho de las mujeres a decidir sobre su sexualidad. Como ha sido por siglos la norma en el Mundo libre, Woodhull no fue arrestada por ejercer su libertad de expresión en un país libre, sino bajo excusas de infringir otras leyes.

Con todo, esta no es una característica exclusiva del Sur esclavista ni de Estados Unidos en su totalidad. El Imperio británico procedió siempre de igual forma, no muy diferente a la “democracia ateniense”, veinticinco siglos atrás: “somos civilizados porque toleramos las opiniones diferentes y protegemos la diversidad y la libertad de expresión”. Claro, siempre y cuando no crucen determinados límites. Siempre y cuando no se conviertan en un verdadero peligro para nuestro poder incontestable.

En este sentido, recordemos sólo un ejemplo para no hacer de este libro una experiencia voluminosamente imposible e impublicable. En 1902, el economista John Atkinson Hobson publicó su ya clásico Imperialism: A Study donde explicó la naturaleza vampiresca de Gran Bretaña sobre sus colonias. Hobson fue marginado por la crítica, desacreditado por la academia y la gran prensa de la época. No fue detenido ni encarcelado. Mientras el imperio que él mismo denunciaba continuaba matando a millones de seres humanos en Asia y en África, ni el gobierno ni la corona británica se tomaban la molestia de censurar directamente al economista. No pocos, como ocurre hoy en día, lo señalaban como ejemplo de las virtudes de la democracia británica. Algo similar a lo que ocurre hoy en día con aquellos críticos del imperialismo estadunidense, más si viven en Estados Unidos: “miren, critica al país en el que vive; si viviese en Cuba no podría criticar al gobierno”. En otras palabras, si alguien señala los crímenes de lesa humanidad en las múltiples guerras imperiales y lo hace en el país que permite la libertad de expresión, eso es una prueba de las bondades democráticas del país que masacra a millones de personas y tolera que alguien se atreva a mencionarlo.

¿Cómo se explica todas esas aparentes contradicciones? No es tan complicado. Un poder imperial, dominante, sin respuesta, sin temor a la pérdida real de sus privilegios, no necesita la censura directa. Es más, la aceptación de la crítica marginal probaría sus bondades. Se la tolera, siempre y cuando no crucen el límite del verdadero cuestionamiento. Siempre y cuando el dominio hegemónico no esté decadencia y en peligro de ser reemplazado por otra cosa.

Ahora veamos esos contraejemplos del poder hegemónico y de sus mayordomos. ¿Por qué no te cas a Cuba donde la gente no tiene libertad de expresión, donde no existe la pluralidad de partidos políticos?

Para comenzar, sería necesario que señalar que todos los sistemas políticos son excluyentes. En Cuba no permiten a partidos liberales participar de sus elecciones, las cuales son tachadas de farsa por las democracias liberales. En los países con sistemas de democracia liberal, como Estados Unidos, las elecciones básicamente son elecciones de un partido único llamado Demócrata-Republicano. No existe ninguna posibilidad de que un tercer partido pueda desafiar seriamente a Partido Único porque éste es el partido de las corporaciones, que son la elite que tiene el poder real del país. Por otro lado, si, por ejemplo, en un país como chile gana las elecciones un marxista como el actual presidente Gabriel Boric, a nadie se le ocurre siquiera imaginar que ese presidente va a salirse del marco constitucional, el cual prohíbe la instauración de un sistema comunista en el país. Lo mismo ocurre en Cuba, pero hay que decir que no es lo mismo.

Ahora, volvamos a la lógica de la libertad de expresión en distintos sistemas de poder global. Para resumirlo, creo que es necesario decir que la libertad de expresión es un lujo que, históricamente, no se han podido dar aquellas colonias o repúblicas que luchaban por independizarse de la libertad de los imperios. Bastaría con recordar el ejemplo de la democracia guatemalteca, destruida por la Gran Democracia de Estados Unidos en 1954 porque su gobierno, democráticamente electo decidió aplicar las leyes soberanas de su propio país, las que no convenían a la megacorporación United Fruit Company. La Gran Democracia no dudó en instalar otra dictadura, la que dejó cientos de miles de muertos a lo largo de décadas.

¿Cuál fue el problema principal de la democracia de Guatemala en los 50s? Fue su libertad de prensa, su libertad de expresión. Por ésta, el imperio del Norte y la UFCo lograron manipular la opinión pública de ese país través de una campaña de propaganda deliberadamente planeada y reconocida por sus propios perpetuadores―no por sus mayordomos criollos, está de más decir.

Cuando esto ocurre, el joven médico argentino, Ernesto Guevara, se encontraba en Guatemala y debió huir al exilio en México, donde se encontró con otros exiliados, los cubanos Fidel y Raúl Castro. Cuando la Revolución cubana triunfa, Ernesto Guevara, para entonces El Che, lo resumió notablemente: “Cuba no será otra Guatemala” ¿Qué quería decir con esto? Cuba no se dejará inocular como Guatemala a través de la “prensa libre”. La historia le dio la razón: Cuando en 1961 Washington invade Cuba en base al plan de la CIA que aseguraba que “Cuba será otra Guatemala”, fracasa estrepitosamente. ¿Por qué? Porque su población no se sumó a la “invasión libertadora”, ya que no pudo ser inoculada por la propaganda masiva que permite la “prensa libre”. Kennedy lo supo y se lo reprochó a la CIA, la cual amenazó con disolver y terminó disuelto.

La libertad de expresión es propia de aquellos sistemas que no pueden ser amenazados por la libertad de expresión, sino todo lo contrario: cuando la opinión popular ha sido cristalizada, por una tradición o por la propaganda masiva, la opinión de la mayoría es la mejor forma de legitimación. Razón por la cual esos sistemas, siempre dominante, siempre imperiales, no le permiten a sus colonias el mismo derecho que les otorgan a sus ciudadanos.

Cuando Estados Unidos se encontraba en su infancia y luchando por su sobrevivencia, su gobierno no dudó en aprobar una ley que prohibía cualquier critica al gobierno bajo la excusa de propagar ideas e información falsa―siete años después de aprobar la famosa Primera Enmienda, que no surgió de la tradición religiosa sino de la ilustración antirreligiosa europea. Naturalmente, esa ley de 1798 se llamó Sedition Act.

Estos recursos del campeón de la libertad de expresión se repitió otras veces a lo largo de su historia, siempre cuando las decisiones y los intereses de un gobierno dominado por las corporaciones de turno sintió sus intereses amenazados seriamente. Fue el caso de otra ley también llamada Sedition Act, la de 1918, cuando hubo una resistencia popular contra la propaganda organizada por maestros como Edward Bernays en favor de intervenir en la Primera Guerra Mundial―y así asegurarse el cobro de las deudas europeas. Hasta pocos años antes, las duras críticas antimperialistas de escritores y activistas como Mark Twain fueron demonizadas, pero no hubo necesidad de manchar la reputación de sociedad libre poniendo en la cárcel a un reconocido intelectual, como en 1846 habían hecho con David Thoreau por su crítica a la agresión y despojo de México para expandir la esclavitud, bajo la perfecta excusa de no pagar impuestos. Ni Twain ni la mayoría de los críticos públicos lograron cambiar ninguna política ni revertir ninguna agresión imperialista en Occidente, ya que eran leídos por una minoría fuera del poder económico y financiero. En ese aspecto, la propaganda moderna no tenía competencia, por lo tanto la censura directa a esos críticos hubiese entorpecido sus esfuerzos de vender agresiones en nombre de la libertad y la democracia. Por el contrario, los críticos servían para apoyar esa idea, por la cual los mayores y más brutales imperios de la Era Moderna fueron orgullosas democracias, no desprestigiadas dictaduras.

Sólo cuando la opinión pública estuvo dudando demasiado, como durante la Guerra fría, surgió el macartismo con sus persecuciones directas y más tarde el asesinato (indirecto) de líderes por los derechos civiles y la represión violenta con presos y muertos en universidades cuando la crítica contra la Guerra de Vietnam amenazó con traducirse en un efectivo cambio político―de hecho, el congreso de los 70s fue el más progresista de la historia, haciendo posible la investigación de la comisión Pike-Church contra el régimen de asesinatos y propaganda de la CIA. Cuando dos décadas más tarde se produce la invasión de Afganistán e Irak, la crítica y las manifestaciones públicas se habían convertido en intrascendentes y autocomplacientes, pero la nueva magnitud de la agresión imperial a partir de 2001 hacían necesario tomar nuevas medidas legales, como en 1798.

La historia rimó de nuevo en 2003, sólo que en lugar de Sedition Act se llamó Patriot Act, y no sólo estableció una censura directa sino otra mucho peor: la censura indirecta y frecuentemente invisible de la autocensura. Más recientemente, cuando la crítica al racismo, a la historia patriótica y a los demasiados derechos a las minorías sexuales comenzaron a expandirse más allá de lo controlable, se volvió al recurso de la prohibición por ley. Caso de las últimas leyes de Florida, promovidas por el gobernador Ron DeSantis directamente prohibiendo libros revisionistas y regulando el lenguaje en las escuelas y universidades públicas―como para empezar. La creación de un demonio llamado woke para sustituir la pérdida del demonio anterior llamado musulmanes.

Mientras tanto, los mayordomos, sobre todo los cipayos de las colonias, continúan repitiendo clichés creados generaciones antes: “cómo es que vives en Estados Unidos y críticas a ese país, deberías mudarte a Cuba, que es donde no se respeta la libertad de expresión”. Luego de sus clichés se sienten tan felices y tan patriotas que da pena incomodarlos con la realidad.

El 5 de mayo de 2023, se realizó la ceremonia de coronación del rey Carlos III de Inglaterra. El periodista Julián Assange, prisionero por más de una década por el delito de haber publicado una parte menor de las atrocidades cometidas por Washington en Irak, le escribió una carta al nuevo rey invitándolo a visitar la deprimente prisión de Belmarsh, en Londres, donde agonizan cientos de presos, algunos de los cuales fueron reconocidos disidentes. A Assange se le permitió el sagrado derecho de la libertad de expresión generosamente otorgado por el Mundo libre. Su carta fue publicada por distintos medios occidentales, lo que prueba las bondades de Occidente y las infantiles contradicciones de quienes critican al Mundo libre desde el Mundo libre. Pero Assange sigue funcionando como ejemplo de linchamiento. También durante la esclavitud se linchaban a unos pocos negros en público. La idea era mostrar un ejemplo de lo que le puede pasar a una sociedad verdaderamente libre, no destruir el mismo orden opresor eliminando a todos los esclavos.

Notas:


[1] Las leyes no prohibieron explícitamente que los esclavos aprendieran a leer y escribir. Prohibieron que quienes sabían hacerlo les enseñaran a leer y escribir a los esclavos. De la misma forma, hoy en día no hay leyes que prohíban la educación de nadie, sino todo lo contrario. Pero diversas políticas hacen que la educación sea inaccesible para quienes, por ejemplo, no pueden pagarla, al mismo tiempo que se estimula el comercio del entretenimiento, de la distracción, es decir, del ejercicio opuesto a la educación.

[2] Esta interpretación quedaba grabada a fuego por la misma constitución de 1861 que, al mismo tiempo que consolidaba el derecho a la esclavitud, trataba de erradicar el mal ejemplo de “negros libertos” que podían ser introducidos desde el norte y a los cuales, en gran medida, se los exportó a Haití y a África, donde fundaron Liberia. La sección 9 establecía: “Queda prohibida la importación de negros de raza africana de cualquier país extranjero que no sean los Estados o Territorios esclavistas de los Estados Unidos de América; el Congreso está obligado a aprobar leyes que impidan efectivamente esta posibilidad”.

[i] William Lloyd Garrison’s The Liberator. 11 de setiembre de 2015. http://www.accessible-archives.com/collections/the-liberator/

[ii] Abolitionists and Free Speech. (2021). Mtsu.edu. http://www.mtsu.edu/first-amendment/article/2/abolitionists-and-free-speech

[iii] Avalon Project. Constitution of the Confederate States; March 11, 1861. Yale University. avalon.law.yale.edu/19th_century/csa_csa.asp

Capítulo abreviado del libro de próxima publicación Moscas en la telaraña (2023) https://www.youtube.com/watch?v=4iuUou3H5Gs

Ver: https://youtu.be/4iuUou3H5Gs

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CIDH: Año más letal para la prensa en Latinoamérica en dos décadas ha sido 2022

A lo largo del presente año han sido asesinados 38 periodistas en la región siendo el año más letal para la prensa en Latinoamérica en las últimas dos décadas, según la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“La escalada de la violencia hacia los periodistas es uno de los temas más urgentes para atender a nivel regional”, dijo Paula Roko, coordinadora de la Relatoria, quien se encarga de monitorear los ataques contra la libertad de prensa en los países latinoamericanos.

Además de señalar a los medios, los Ejecutivos de la región no investigan de manera adecuada los asesinatos a periodistas: un 95 % de los crímenes cometidos este año siguen impunes, explicó Fabián Cardozo, presidente de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (Fepalc).

Añadió que, requieren acciones, pidiendo a la Organización de Estados Americanos (OEA) que reclame a las naciones que investiguen los crímenes y que enjuicien a los responsables.

Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, condenó los ataques a la prensa y rechazó “cualquier forma directa o indirecta de restricción” contra la libertad de expresión.

“El periodismo no mata, articula palabras, expone ideas y denuncia hechos”, dijo Almagro en su intervención ante la reunión, organizada por el Centro de Estudios para el desarrollo de las Telecomunicaciones y el Acceso a la Sociedad de la Información de América Latina (Certal).

https://caracol.com.co/2022/12/05/el-ano-mas-letal-para-la-prensa-en-latinoamerica-en-dos-decadas-ha-sido-2022/

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