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EL NACIONAL

Por: Roberto Patiño

A lo largo de todos estos años de trabajo en Alimenta la Solidaridad y Caracas mi Convive, hemos confirmado que un teléfono nunca será un sustituto del encuentro personal, de la conversación cercana con nuestros líderes, del cara a cara en la calle.

Los proyectos se concretan con la gente, en la proximidad del contacto, desde la conversación franca y directa, pero también es cierto que, las nuevas tecnologías y, sobre todo, los medios de comunicación, ayudan en este esfuerzo de construcción de nuevos liderazgos y contribuyen en el avance del cambio que todos queremos, para lograr una sociedad inspirada en los valores de la solidaridad, la democracia y el emprendimiento.

Las posibilidades que dan las tecnologías, las redes sociales y los medios, han convertido algo tan cercano como un celular en una herramienta de trabajo e información que nos conecta con las experiencias de otras personas. Hemos tenido la suerte de vivir en un tiempo donde comunicarnos, informarnos y coordinar es más fácil y seguimos aprendiendo sobre estas dinámicas que nos permiten estar en contacto en tiempo real con una sociedad civil febril, que se organiza, trabaja y se comunica, para hacer frente a sus problemas.

Imbuidos como estamos en esta “sociedad de la información”, el periodismo profesional, de calidad, con una metodología solvente y respetuosa de los lectores es hoy, más que nunca, necesario para fijar las coordenadas de los hechos que ocurren en el país y en el mundo, una guía personal y profesional que nos protege de la mentira y la manipulación.

Sin embargo, en Venezuela todas estas posibilidades que nos ofrecen los medios, las plataformas comunicacionales y las redes sociales, están bajo amenaza.

Solo en el año 2020, según el informe de la ONG Espacio Público, se denunciaron formalmente 965 casos de violaciones de la libertad de expresión que incluyen el bloqueo al acceso de fuentes oficiales, el cierre de 18 emisoras de radio, 4 medios impresos y 2 medios digitales. El acoso, señala el informe, incluyó la detención arbitraria de ciudadanos que usaron sus redes sociales para advertir sobre posibles casos de coronavirus.

El bloqueo selectivo y temporal de portales web en Venezuela ha obligado a muchos venezolanos a recurrir a sistemas como el VPN, un recurso que no está al alcance de todos y que limita mucho más el acceso de la información, como ha advertido el Colegio Nacional de Periodistas durante la conmemoración, el pasado 3 de mayo, del Día Mundial de la Libertad de Prensa.

La persecución y acoso constante a los profesionales de la comunicación y a los medios ha obligado a muchos venezolanos a recurrir a las redes sociales, lo que no siempre es una garantía de información confiable y nos expone a la desinformación.

Conocemos de primera mano la vocación represiva del régimen y lo que es una política de acoso y persecución a periodistas y medios se seguirán extendiendo a las redes sociales hasta llegar a las comunicaciones personales.

A lo largo de todos estos años, desde el trabajo de Alimenta la Solidaridad y Caracas Mi Convive hemos apoyado en el esfuerzo de las comunidades por organizarse, hemos compartido y difundido, el trabajo de nuestros líderes y los logros alcanzados por un verdadero poder popular organizado al que hemos acompañado, hemos visto cómo se retroalimenta e imbrica el trabajo en los sectores populares con la labor de los medios de comunicación. En esta tarea destaco el apoyo de El Nacional, un periódico que es historia, referente y modelo del periodismo profesional y comprometido que necesita Venezuela, una cabecera que nos ha dado un espacio para compartir las experiencias de este pueblo que se organiza y empodera.

A nuestros amigos de El Nacional les expresamos nuestra solidaridad y compromiso por la libertad de expresión.

www.robertopatino.com

Fuente e Imagen: https://www.elnacional.com/opinion/el-nacional-3/
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Nuevas protestas en España por encarcelamiento de rapero

Cientos de personas marcharon el sábado en Barcelona para manifestarse en contra de las duras medidas de las autoridades tras una serie de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, un artista detractor del sistema.

La marcha del sábado se llevó a cabo bajo fuerte presencia policial, serpenteando a través de varias avenidas de la capital regional catalana. Los manifestantes marcharon detrás de una pancarta que exigía la liberación de Hasél y algunos de sus seguidores.

Hasél cumple con una sentencia de nueve meses por incitar actos terroristas —ha elogiado a dos grupos armados, ahora extintos, responsables de matar a más de 900 personas en España— y por negarse a pagar una multa por insultar al rey emérito español.

Su arresto del 16 de febrero provocó protestas pacíficas y violentas que en ocasiones terminaron con el saqueo de tiendas en varias ciudades. El caso también ha avivado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.

La coalición gobernante izquierdista ha prometido lanzar una reforma legal para eliminar sentencias en prisión por delitos que involucren la libertad de expresión. El socio menor de la coalición, el partido de la extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado una solicitud para otorgar el perdón a Hasél.

Ocho personas han sido encarceladas por formar parte de un grupo que protestó contra el encarcelamiento del rapero y prendió fuego a una camioneta policial, un incidente en que un agente apenas logró escapar de las llamas.

Enfrentan posibles cargos de intento de homicidio, agresión contra agentes del orden y formar parte de un grupo criminal.

Fuente: https://www.sandiegouniontribune.com/en-espanol/noticias/story/2021-03-06/nuevas-protestas-en-espana-por-encarcelamiento-de-rapero

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Condenan a dos mujeres periodistas en Bielorrusia por cobertura de protestas contra Lukashenko

Las mujeres fueron detenidas en noviembre luego de filmar la violenta represión policial de una manifestación en homenaje a un activista de oposición asesinado unos días antes.

Dos periodistas bielorrusas fueron condenadas este jueves (18.02.2021) a dos años de prisión, acusadas de haber incitado incidentes durante su cobertura del movimiento de protesta de 2020 en el país, una nueva muestra de la represión orquestada por el régimen.

Apoyado por Rusia, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se ha esforzado por frenar este movimiento histórico, a pesar de las condenas y sanciones internacionales.

Daria Shultsova y Katerina Bakhvalova, corresponsales del canal de televisión opositor Belsat, con sede en Polonia, fueron detenidas por la policía antidisturbios el 15 de noviembre en un apartamento desde el que acababan de filmar la violenta dispersión de una manifestación en homenaje al activista de la oposición Roman Bodarenko, asesinado unos días antes.

Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidosTodas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidos

«Mostré estos hechos y me meten en la cárcel por ello, inventando acusaciones», dijo Bakhvalova el miércoles en su última intervención antes de que el tribunal se retirara a deliberar.

La fiscalía acusaba a las dos periodistas de haber incitado a la población a manifestar de manera ilegal a través de su reportaje, lo que «atentó de manera grave contra el orden público». Las dos mujeres se declararon inocentes y se consideran víctimas de la represión del régimen bielorruso.

Lukashenko enfrentó protestas sin precedentes por meses, que fueron reprimidas y reducidas al silencio a fuerza de detenciones y violencia policial, con testimonios coincidentes de torturas.

Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio y miles de manifestantes fueron detenidos.

Fuente: https://www.dw.com/es/condenan-a-dos-mujeres-periodistas-en-bielorrusia-por-cobertura-de-protestas-contra-lukashenko/a-56612351

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Pablo Hasél y la inmoralidad Europea

Por: Nelson Ortega Bonilla

            Hay una máxima en derecho donde el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. Aunque por otra parte, también debemos reconocer que el hecho de que exista la norma no es garantía de justicia y respeto por los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas[1].

            La Santa Inquisición[2] juzgaba con la pena de muerte a los herejes acusados de brujería y homosexualidad, los códigos de esclavos durante la colonización española y francesa a América eran leyes que regulaban el comercio transatlántico de esclavos[3], el fascismo europeo y las dictaduras del siglo XX en América Latina como la de Pinochet[4] legislaron para regular lo que consideraban deberían ser los límites de los derechos humanos. El mismo hecho que la pena de muerte siga siendo contemplada por diversos países, muestra cómo aún parte de nuestro ordenamiento jurídico sigue anclado en la época medieval.

            Que exista en las legislaciones nacionales la regulación de las libertades fundamentales de los ciudadanos, no exime a los Estados de su responsabilidad frente a los compromisos suscritos ante el sistema de las Naciones Unidas, que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos invita “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.

            Más adelante este importante instrumento en su Artículo 19 nos expone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De esta manera queda claro el concepto de libertad de expresión y el respeto que los Estados deben desarrollar en consecuencia dentro del marco del Estado de derecho de sus jurisdicciones.

            El debate ha quedado actualmente sobre este asunto en los límites de la libertad de expresión, y ante ello la propia Unión Europea en las Directrices sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet[5], ha expuesto específicamente que:  “Quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. Los Estados no pueden imponer ninguna excepción o restricción a la libertad de opinión ni calificar de delito la expresión de una opinión”. Parece que el panorama sobre estos temas llega a las dimensiones de la propia Unión Europea.

            Amnistía Internacional ha emitido su opinión y ha considerado desproporcionada la respuesta del Estado en el caso del rapero Pablo Hasél[6], y ha cuestionado el ordenamiento jurídico español ante este tipo de delitos. Recordemos que el cantante ha sido condenado por incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona[7].

            Hace tan sólo unos días Pablo iglesias Vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno Español, en una intervención en el Congreso[8], mostró los datos de la dirección de la opinión pública a través de los medios televisivos, escritos y digitales, denunciando la sobre-exposición de Venezuela por encima de los asuntos internos de España. Al parecer la nación Bolivariana se ha insertado en el ADN de la política española.

            Mientras se juzga a Pablo Hasél por sus opiniones, un terrorista confeso proveniente de Venezuela; Lorent Saleh que a través de grabaciones de videos[9] suministradas por cuerpos de inteligencia venezolana disponibles en la web, habla sobre el uso de explosivos, armamento, llama a la rebelión e indica planes de asesinato, recibe la nacionalidad española en 2018[10], no si antes, por supuesto haber sido galardonado con el premio Sájarov de derechos humanos 2017 concedido por el Parlamento Europeo[11].

            Sobre la base de los argumentos expuestos para juzgar al cantante, le vendría bien algo de esto a Álex Pina como creador de la Casa de Papel, por considerarla que incita a las masas a luchar contra el Sistema, usar armas de fuego, el robo y el secuestro como instrumentos contra el Gobierno. Esto no pasará igualmente porque sería tanto como atacar a Netflix y Attresmedia, y sobre ellos sí que no caben límites en la ahora tan regulada libertad de expresión.

            Esto ocurre mientras movimientos de ultraderecha exaltan el franquismo[12], que generaron más de 150 mil muertes en España[13], lo que representa un número altamente más significativo que las víctimas causadas por ETA[14], demostrando realmente un concepto de terrorismo totalmente sesgado.

            Mientras la Unión Europea guarda silencio en el caso Hasél, un conjunto de políticos venezolanos han sido sancionados por violación a los Derechos Humanos, sin pruebas, sin derecho a la defensa, pero además en esa soberbia histórica sin competencia territorial, desconociendo el Derecho Internacional y las instancias responsables para condenar este tipo de actos.

            Queda en evidencia que el tema de Derechos Humanos está amañado a conveniencia, y en los asuntos referidos a la libertad de expresión nos queda mucho por hacer, lo vive Colombia con los intentos de censura contra la serie Matarife por parte del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez[15], o las intenciones de un grupo de legisladores chilenos de dejar en el olvido las consecuencias de la dictadura[16] de Pinochet y con ello relegar a la historia a las víctimas que como Víctor Jara[17], cuya única arma era la música y la letra fuera torturado y asesinado, y con él la libertad de expresión. Lo que está ocurriendo parafraseando a Mao es que la Unión Europea con su doble moral está demostrando ser un tigre de papel en materia de derechos humanos.

 

[1] https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/

[2] http://www.congreso.gob.pe/participacion/museo/inquisicion/historia-en-el-mundo/

[3] https://core.ac.uk/download/pdf/71612464.pdf

[4] https://www.abc.es/internacional/abci-pinochet-dicto-leyes-secretas-durante-mandato-201002160300-1133805616401_noticia.html

[5] https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9647-2014-INIT/es/pdf

[6] https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/noticias/noticia/articulo/amnistia-internacional-es-injusto-y-desproporcionado-que-pablo-hasel-entre-en-la-carcel/

[7] https://www.dw.com/es/el-rapero-pablo-hasél-y-la-libertad-de-expresión-en-españa/a-56620935

[8] https://youtu.be/yDwOcVxxPek

[9] https://www.youtube.com/watch?v=Nz_e6qQZPJo

https://www.youtube.com/watch?v=bMHtX8zlykY

[10]https://www.france24.com/es/20200720-españa-concede-la-nacionalidad-al-activista-venezolano-lorent-saleh

[11] http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/SalaDePrensa/Comunicados/Paginas/2018_COMUNICADOS/20181013_COMU136.aspx

[12] https://www.elplural.com/politica/vox-prefiere-ministro-franco-ministrillas-zapatero_248868102

https://elpais.com/espana/2020-06-06/la-querencia-paramilitar-del-ultranacionalismo-espanol.html

[13] https://elpais.com/diario/2002/10/21/cultura/1035151203_850215.html

[14] http://www.interior.gob.es/fallecidos-por-terrorismo

[15] https://www.telesurtv.net/news/colombia-redes-sociales-rechazo-posible-censura-matarife-20200725-0013.html

[16] https://www.elpais.com.uy/mundo/ley-negacion-crimenes-pinochet-desata-polemica-dias-historico-plebiscito.html

[17] https://elpais.com/cultura/2009/12/05/actualidad/1259967604_850215.html

Fuente: El autor escribe para OVE

Imagen: https://www.larazon.es/espana/20210216/kbymgh6nwjethnyvuuwjlzmwh4.html

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España: Pese a prohibición de protesta, se movilizan en Madrid contra privatización de la Sanidad

Una movilización avanzó desde Callao hasta Puerta del Sol, en Madrid, para protestar contra la privatización de la Sanidad y la gestión sanitaria contra el Covid-19, a pesar de que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera la manifestación.

Bajo el lema «Nos están matando», los colectivos se movilizaron y anunciaron la creación de los Paseos Populares. «Paseamos con el derecho que nos concede nuestra ciudadanía y nos niega el Delegado del Gobierno en Madrid, el Sr. Franco; el mismo que autoriza el sábado 13 un aquelarre fascista por las calles de Madrid y desautoriza el domingo 14 a miles de familias, de trabajadoras, estudiantes, organizaciones y asociaciones barriales de ejercer el derecho a la rebeldía ante las injusticias», señalaron los colectivos.

Durante la protesta se lanzaron consignas como «Gobierne quien gobierne, la Sanidad se defiende», o «Libertad de expresión, delegado dimisión», así como se alzaron pancartas con los mensajes «Franco ha vuelto», «Stop recesión» o «Ley Mordaza, dictadura descarada».

Fuente e imagen:  https://desinformemonos.org/pese-a-prohibicion-de-protesta-se-movilizan-en-madrid-contra-privatizacion-de-la-sanidad/

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Capitalismo digital: desafío regulatorio

Las empresas de redes sociales y de búsquedas por Internet han alcanzado una omnipresencia que vuelve casi imposible concebir a las sociedades contemporáneas sin ellas. Su penetración en hogares, sitios de trabajo, escuelas y cualquier ámbito imaginable se traduce en un descomunal poder económico: Alphabet (Google y YouTube), Facebook (WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y LinkedIn tienen un valor de mercado conjunto de 2.5 billones de dólares, con lo cual concentran 13 de cada 100 dólares del valor total de la Bolsa de Nueva York. Esta cifra supone más del doble del producto interno bruto de México.

Si sus dimensiones ya eran colosales, la pandemia vino a potenciarlas con un salto de 10 por ciento en su base de usuarios, con lo que hoy alcanzan a 3 mil 960 millones de seres humanos; la mitad de la población mundial. Es innegable que este crecimiento se asocia con su papel de facilitadoras de un sinfín de actividades que resultarían costosas, complejas o de plano irrealizables sin su concurso en el contexto de distanciamiento físico y confinamiento impuesto por la emergencia sanitaria.

En contraparte, no puede soslayarse que el poderío de estas empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, proviene de la extracción indiscriminada de datos personales de sus usuarios, los cuales son puestos a disposición de otras compañías, así como de gobiernos y otras entidades, que gracias a ellos dirigen a un público concreto la oferta de sus productos, servicios o discursos. Estas operaciones se producen en un marco de casi total ausencia regulatoria, que ha sido terreno fértil para todo tipo de conductas opacas, arbitrarias o francamente abusivas entre un puñado de corporaciones que explotan sin pudor ni ética su inédita capacidad para moldear la opinión pública, decidir los límites de la libertad de expresión, manipular información, y mediar entre las instituciones y los individuos.

Para los ciudadanos, se trata de una constante tensión entre la conveniencia y el deseo de mantener el control sobre su privacidad. Como muestra, el descalabro sufrido el mes pasado por WhatsApp después de que el servicio de mensajería instantánea anunciara cambios en sus términos de uso que implicaban una mayor extracción de datos personales en las comunicaciones sostenidas con cuentas de empresas. Muchas personas todavía son sensibles a esas prácticas cuestionables, incluso cuando éstas se presentan como formas de facilitar sus gestiones diarias. Sin embargo, tales manifestaciones de descontento tienden a ser acotadas y efímeras, y al final los usuarios retornan a estas plataformas debido a que cada día es más complicado llevar la vida cotidiana al margen de ellas.

Por lo anterior, parece claro que los consumidores enfrentan severas limitaciones en su poder para modificar el comportamiento de las empresas de redes sociales, y que dicha tarea únicamente puede ser emprendida por los estados. Pero incluso éstos se encuentran con múltiples desafíos al abordar el ordenamiento de los gigantes digitales, desde el ineludible debate acerca de la libertad de expresión, hasta el uso de los virtualmente ilimitados recursos económicos de estas compañías para frenar cualquier legislación que atente contra sus intereses. Cabe esperar que el bien común y la protección de la privacidad se impongan sobre mezquinas consideraciones pecuniarias, así como sobre la voluntad de algunas de las empresas referidas para erigirse en poderes fácticos, pero para ello será necesario el involucramiento de los ciudadanos en el diseño de un marco legal que cierre el espacio a prácticas abusivas, al mismo tiempo que potencie los beneficios creados por el avance digital.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/07/opinion/capitalismo-digital-desafio-regulatorio-20210207/

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En Zimbabue hay libertad de expresión, pero no libertad después de usarla

Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.

Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.

Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.

Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.

Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.

Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.

Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.

Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.

Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.

Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.

Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.

Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.

Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.

Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.

“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.

La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.

Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.

«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.

A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.

«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.

«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.

«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.

La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.

En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.

Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.

La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.

«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).

La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa,  en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.

«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.

A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit,  naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.

Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.

«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.

Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».

Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.

«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.

«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.

Fuente: https://rebelion.org/en-zimbabue-hay-libertad-de-expresion-pero-no-libertad-despues-de-usarla/

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