Cientos de personas marcharon el sábado en Barcelona para manifestarse en contra de las duras medidas de las autoridades tras una serie de protestas violentas por el encarcelamiento de Pablo Hasél, un artista detractor del sistema.
La marcha del sábado se llevó a cabo bajo fuerte presencia policial, serpenteando a través de varias avenidas de la capital regional catalana. Los manifestantes marcharon detrás de una pancarta que exigía la liberación de Hasél y algunos de sus seguidores.
Hasél cumple con una sentencia de nueve meses por incitar actos terroristas —ha elogiado a dos grupos armados, ahora extintos, responsables de matar a más de 900 personas en España— y por negarse a pagar una multa por insultar al rey emérito español.
Su arresto del 16 de febrero provocó protestas pacíficas y violentas que en ocasiones terminaron con el saqueo de tiendas en varias ciudades. El caso también ha avivado un debate sobre los límites de la libertad de expresión en España.
La coalición gobernante izquierdista ha prometido lanzar una reforma legal para eliminar sentencias en prisión por delitos que involucren la libertad de expresión. El socio menor de la coalición, el partido de la extrema izquierda Unidas Podemos, ha presentado una solicitud para otorgar el perdón a Hasél.
Ocho personas han sido encarceladas por formar parte de un grupo que protestó contra el encarcelamiento del rapero y prendió fuego a una camioneta policial, un incidente en que un agente apenas logró escapar de las llamas.
Enfrentan posibles cargos de intento de homicidio, agresión contra agentes del orden y formar parte de un grupo criminal.
Las mujeres fueron detenidas en noviembre luego de filmar la violenta represión policial de una manifestación en homenaje a un activista de oposición asesinado unos días antes.
Dos periodistas bielorrusas fueron condenadas este jueves (18.02.2021) a dos años de prisión, acusadas de haber incitado incidentes durante su cobertura del movimiento de protesta de 2020 en el país, una nueva muestra de la represión orquestada por el régimen.
Apoyado por Rusia, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, se ha esforzado por frenar este movimiento histórico, a pesar de las condenas y sanciones internacionales.
Daria Shultsova y Katerina Bakhvalova, corresponsales del canal de televisión opositor Belsat, con sede en Polonia, fueron detenidas por la policía antidisturbios el 15 de noviembre en un apartamento desde el que acababan de filmar la violenta dispersión de una manifestación en homenaje al activista de la oposición Roman Bodarenko, asesinado unos días antes.
Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio en Bielorrusia y miles de manifestantes han sido detenidos
«Mostré estos hechos y me meten en la cárcel por ello, inventando acusaciones», dijo Bakhvalova el miércoles en su última intervención antes de que el tribunal se retirara a deliberar.
La fiscalía acusaba a las dos periodistas de haber incitado a la población a manifestar de manera ilegal a través de su reportaje, lo que «atentó de manera grave contra el orden público». Las dos mujeres se declararon inocentes y se consideran víctimas de la represión del régimen bielorruso.
Lukashenko enfrentó protestas sin precedentes por meses, que fueron reprimidas y reducidas al silencio a fuerza de detenciones y violencia policial, con testimonios coincidentes de torturas.
Todas las figuras de la oposición están encarceladas o en el exilio y miles de manifestantes fueron detenidos.
Hay una máxima en derecho donde el desconocimiento de la ley no implica su incumplimiento. Aunque por otra parte, también debemos reconocer que el hecho de que exista la norma no es garantía de justicia y respeto por los derechos humanos, consagrados en la Declaración Universal de las Naciones Unidas[1].
La Santa Inquisición[2] juzgaba con la pena de muerte a los herejes acusados de brujería y homosexualidad, los códigos de esclavos durante la colonización española y francesa a América eran leyes que regulaban el comercio transatlántico de esclavos[3], el fascismo europeo y las dictaduras del siglo XX en América Latina como la de Pinochet[4] legislaron para regular lo que consideraban deberían ser los límites de los derechos humanos. El mismo hecho que la pena de muerte siga siendo contemplada por diversos países, muestra cómo aún parte de nuestro ordenamiento jurídico sigue anclado en la época medieval.
Que exista en las legislaciones nacionales la regulación de las libertades fundamentales de los ciudadanos, no exime a los Estados de su responsabilidad frente a los compromisos suscritos ante el sistema de las Naciones Unidas, que en el preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos invita “como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción”.
Más adelante este importante instrumento en su Artículo 19 nos expone: “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. De esta manera queda claro el concepto de libertad de expresión y el respeto que los Estados deben desarrollar en consecuencia dentro del marco del Estado de derecho de sus jurisdicciones.
El debate ha quedado actualmente sobre este asunto en los límites de la libertad de expresión, y ante ello la propia Unión Europea en las Directrices sobre derechos humanos relativas a la libertad de expresión en Internet y fuera de Internet[5], ha expuesto específicamente que: “Quedan protegidas todas las formas de opinión, como las de índole política, científica, histórica, moral o religiosa. Los Estados no pueden imponer ninguna excepción o restricción a la libertad de opinión ni calificar de delito la expresión de una opinión”. Parece que el panorama sobre estos temas llega a las dimensiones de la propia Unión Europea.
Amnistía Internacional ha emitido su opinión y ha considerado desproporcionada la respuesta del Estado en el caso del rapero Pablo Hasél[6], y ha cuestionado el ordenamiento jurídico español ante este tipo de delitos. Recordemos que el cantante ha sido condenado por incitación al odio, enaltecimiento del terrorismo e injurias a la corona[7].
Hace tan sólo unos días Pablo iglesias Vicepresidente segundo y Ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno Español, en una intervención en el Congreso[8], mostró los datos de la dirección de la opinión pública a través de los medios televisivos, escritos y digitales, denunciando la sobre-exposición de Venezuela por encima de los asuntos internos de España. Al parecer la nación Bolivariana se ha insertado en el ADN de la política española.
Mientras se juzga a Pablo Hasél por sus opiniones, un terrorista confeso proveniente de Venezuela; Lorent Saleh que a través de grabaciones de videos[9] suministradas por cuerpos de inteligencia venezolana disponibles en la web, habla sobre el uso de explosivos, armamento, llama a la rebelión e indica planes de asesinato, recibe la nacionalidad española en 2018[10], no si antes, por supuesto haber sido galardonado con el premio Sájarov de derechos humanos 2017 concedido por el Parlamento Europeo[11].
Sobre la base de los argumentos expuestos para juzgar al cantante, le vendría bien algo de esto a Álex Pina como creador de la Casa de Papel, por considerarla que incita a las masas a luchar contra el Sistema, usar armas de fuego, el robo y el secuestro como instrumentos contra el Gobierno. Esto no pasará igualmente porque sería tanto como atacar a Netflix y Attresmedia, y sobre ellos sí que no caben límites en la ahora tan regulada libertad de expresión.
Esto ocurre mientras movimientos de ultraderecha exaltan el franquismo[12], que generaron más de 150 mil muertes en España[13], lo que representa un número altamente más significativo que las víctimas causadas por ETA[14], demostrando realmente un concepto de terrorismo totalmente sesgado.
Mientras la Unión Europea guarda silencio en el caso Hasél, un conjunto de políticos venezolanos han sido sancionados por violación a los Derechos Humanos, sin pruebas, sin derecho a la defensa, pero además en esa soberbia histórica sin competencia territorial, desconociendo el Derecho Internacional y las instancias responsables para condenar este tipo de actos.
Queda en evidencia que el tema de Derechos Humanos está amañado a conveniencia, y en los asuntos referidos a la libertad de expresión nos queda mucho por hacer, lo vive Colombia con los intentos de censura contra la serie Matarife por parte del Ex-Presidente Álvaro Uribe Vélez[15], o las intenciones de un grupo de legisladores chilenos de dejar en el olvido las consecuencias de la dictadura[16] de Pinochet y con ello relegar a la historia a las víctimas que como Víctor Jara[17], cuya única arma era la música y la letra fuera torturado y asesinado, y con él la libertad de expresión. Lo que está ocurriendo parafraseando a Mao es que la Unión Europea con su doble moral está demostrando ser un tigre de papel en materia de derechos humanos.
Una movilización avanzó desde Callao hasta Puerta del Sol, en Madrid, para protestar contra la privatización de la Sanidad y la gestión sanitaria contra el Covid-19, a pesar de que la Delegación del Gobierno en Madrid prohibiera la manifestación.
Bajo el lema «Nos están matando», los colectivos se movilizaron y anunciaron la creación de los Paseos Populares. «Paseamos con el derecho que nos concede nuestra ciudadanía y nos niega el Delegado del Gobierno en Madrid, el Sr. Franco; el mismo que autoriza el sábado 13 un aquelarre fascista por las calles de Madrid y desautoriza el domingo 14 a miles de familias, de trabajadoras, estudiantes, organizaciones y asociaciones barriales de ejercer el derecho a la rebeldía ante las injusticias», señalaron los colectivos.
Durante la protesta se lanzaron consignas como «Gobierne quien gobierne, la Sanidad se defiende», o «Libertad de expresión, delegado dimisión», así como se alzaron pancartas con los mensajes «Franco ha vuelto», «Stop recesión» o «Ley Mordaza, dictadura descarada».
Fuente e imagen: https://desinformemonos.org/pese-a-prohibicion-de-protesta-se-movilizan-en-madrid-contra-privatizacion-de-la-sanidad/
Las empresas de redes sociales y de búsquedas por Internet han alcanzado una omnipresencia que vuelve casi imposible concebir a las sociedades contemporáneas sin ellas. Su penetración en hogares, sitios de trabajo, escuelas y cualquier ámbito imaginable se traduce en un descomunal poder económico: Alphabet (Google y YouTube), Facebook (WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y LinkedIn tienen un valor de mercado conjunto de 2.5 billones de dólares, con lo cual concentran 13 de cada 100 dólares del valor total de la Bolsa de Nueva York. Esta cifra supone más del doble del producto interno bruto de México.
Si sus dimensiones ya eran colosales, la pandemia vino a potenciarlas con un salto de 10 por ciento en su base de usuarios, con lo que hoy alcanzan a 3 mil 960 millones de seres humanos; la mitad de la población mundial. Es innegable que este crecimiento se asocia con su papel de facilitadoras de un sinfín de actividades que resultarían costosas, complejas o de plano irrealizables sin su concurso en el contexto de distanciamiento físico y confinamiento impuesto por la emergencia sanitaria.
En contraparte, no puede soslayarse que el poderío de estas empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, proviene de la extracción indiscriminada de datos personales de sus usuarios, los cuales son puestos a disposición de otras compañías, así como de gobiernos y otras entidades, que gracias a ellos dirigen a un público concreto la oferta de sus productos, servicios o discursos. Estas operaciones se producen en un marco de casi total ausencia regulatoria, que ha sido terreno fértil para todo tipo de conductas opacas, arbitrarias o francamente abusivas entre un puñado de corporaciones que explotan sin pudor ni ética su inédita capacidad para moldear la opinión pública, decidir los límites de la libertad de expresión, manipular información, y mediar entre las instituciones y los individuos.
Para los ciudadanos, se trata de una constante tensión entre la conveniencia y el deseo de mantener el control sobre su privacidad. Como muestra, el descalabro sufrido el mes pasado por WhatsApp después de que el servicio de mensajería instantánea anunciara cambios en sus términos de uso que implicaban una mayor extracción de datos personales en las comunicaciones sostenidas con cuentas de empresas. Muchas personas todavía son sensibles a esas prácticas cuestionables, incluso cuando éstas se presentan como formas de facilitar sus gestiones diarias. Sin embargo, tales manifestaciones de descontento tienden a ser acotadas y efímeras, y al final los usuarios retornan a estas plataformas debido a que cada día es más complicado llevar la vida cotidiana al margen de ellas.
Por lo anterior, parece claro que los consumidores enfrentan severas limitaciones en su poder para modificar el comportamiento de las empresas de redes sociales, y que dicha tarea únicamente puede ser emprendida por los estados. Pero incluso éstos se encuentran con múltiples desafíos al abordar el ordenamiento de los gigantes digitales, desde el ineludible debate acerca de la libertad de expresión, hasta el uso de los virtualmente ilimitados recursos económicos de estas compañías para frenar cualquier legislación que atente contra sus intereses. Cabe esperar que el bien común y la protección de la privacidad se impongan sobre mezquinas consideraciones pecuniarias, así como sobre la voluntad de algunas de las empresas referidas para erigirse en poderes fácticos, pero para ello será necesario el involucramiento de los ciudadanos en el diseño de un marco legal que cierre el espacio a prácticas abusivas, al mismo tiempo que potencie los beneficios creados por el avance digital.
Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.
Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.
Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.
Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.
Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.
Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.
Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.
Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.
Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.
Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.
Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.
Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.
Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.
“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.
La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.
Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.
«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.
A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».
Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.
«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.
Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.
«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.
«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.
La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.
En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.
Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.
La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.
«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).
La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa, en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.
«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.
A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit, naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.
Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.
«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.
Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».
Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.
«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.
«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.
La radio comunitaria tiene 80 años de existencia en América Latina; su aparición ensancha las opciones del ecosistema mediático del continente y se expande a otros. En México, obtiene su reconocimiento legal, después de siete décadas de lucha, en un escenario desafiante como la era digital. La sobrevivencia ha sido su permanente derrotero: primero, salir de la ilegalidad; luego, batallar por los recursos tecnológicos, materiales y humanos para operar; y, ahora, repensarse para dar larga vida a los proyectos políticos de comunicación que le sostienen.
Aproximarse al impacto de las radios comunitarias en la sociedad ha sido difícil por la poca literatura sobre el tema. Lo escrito, en la segunda mitad del siglo pasado, fue resultado de iniciativas aisladas, discontinuas y pocas veces realizadas desde el rigor académico. Esto ha permitido la socialización de más mitos e ideas románticas que de análisis críticos lo cual, lejos de favorecer la reflexión del deber ser de las radios comunitarias, ha generado un velo que oculta prácticas y realidades internas poco saludables. En este contexto es bien recibida la decisión de Patricia Ortega Ramírez y Jerónimo Repoll, en la coordinación y autoría, así como de Juan Manuel Montaño Rico y Eduardo Villalba Gómez, también autores, de aventurarse a publicar #RadioComunitaria. Participación ciudadana sin límites y poner en la agenda del debate un tema que no está de moda, pero que no pierde vigencia por el poder de incidencia de estos medios alternativos en sus ámbitos de acción.
La presente reseña tiene por objeto compartir las razones por las cuales se recomienda la lectura del libro que, si bien tiene un corte académico, está nutrido de información asequible que puede tener múltiples usos para actores políticos diversos. Desde mi perspectiva, este texto está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores interesados en la temática; también, para quienes toman decisiones, producen y emprenden proyectos comunicativos comunitarios; incluso, para personas comunicadoras independientes y actores que diseñan, planifican y vigilan las políticas nacionales de la radiodifusión.
Ahora bien, las personas destinatarias, ¿con qué contenidos se van a encontrar? Los temas en el texto son múltiples y variados, pero sólo comentaré algunos que he elegido en función de mi experiencia profesional, intereses de investigación y los de interés general. A continuación, los enlisto.
1) Estamos ante investigaciones retrospectivas. Cada capítulo, quizá de forma general y sucinta, ofrece la sustancia histórica y referencial de lo que ha sido el desarrollo de la radio comunitaria no sólo de México sino también de otros países, particularmente de Argentina y de Colombia. Aunque cada texto persigue objetivos distintos, presente una estructura particular y una narrativa propia de quien escribe, en el libro se van a encontrar: dos estudios de caso debidamente planteados, herramientas de análisis, datos duros, la referencia de momentos y fechas relevantes, así como de acontecimientos y nombres de personas, organizaciones, instituciones, lugares y leyes que han hecho posible la existencia, el cambio y la supervivencia de las radios comunitarias.
Por ejemplo, en el capítulo “Visibilidad y libertad de expresión. Radios Comunitarias y Políticas Públicas en México”, escrito por Patricia Ortega, se expone de forma puntual los retos que han significado para México la legalización de las radios comunitarias y un aspecto relevante es la recuperación de algunas consecuencias que para estos medios han dejado, tras siete años de vigencia, la reforma Constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones de 2013 y la Ley secundaria de 2014. En tanto, Jerónimo Repoll en “La mediación social en juego. Redoblar la puesta por la Radio Comunitaria”, recupera las tensiones políticas generadas en Argentina a partir de la discusión y aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales 26.522, que también reconoce legalmente la figura de estos medios. Ambos capítulos permiten hacer un análisis comparativo de los avances que cada país tiene en la materia e identificar los desafíos que enfrentan con los actuales gobiernos.
2) Cada apartado presenta signos de identidad teórica. Los cuatro artículos realizan, desde distintos enfoques, puntuales análisis de contextos, de proyectos de comunicación y de la identidad e incidencia de las radios comunitarias. En este punto, pondré énfasis y mostraré las coincidencias que comparten la y los autores sobre los elementos que dan sentido a la identidad de las radios comunitarias y que son resultado de procesos históricos, sociales y científicos.
En esta línea, la autora y los autores identifican un conjunto de elementos que forman parte, pero no son la esencia, de lo que define a las radios comunitarias: la cobertura que se dice es limitada, sus características técnicas que no se distinguen por la actualización, la insuficiencia de sus recursos tecnológicos, su estatus legal, el modo de producción y, dejo al último, la territorialidad o la idea de lo local. Generalmente, y tiene sentido, cuando se refiere a lo comunitario, habitualmente se piensa en el territorio vinculado a lo rural; pero no al conjunto de personas que hacen un pueblo, una región o una nación y que tienen vínculos comunes. Si se entiende así, todas las personas tienen una vida comunitaria o forman parte de una comunidad. Por eso es entendible que haya medios comunitarios en zonas urbanas y otros que tienen como eje de acción temas globales como los ambientales y feministas.
La y los autores destacan otros elementos y subrayan que éstos dan profundidad y proyección a la identidad de las radios comunitarias. Es conveniente decir que no todos están presentes en el medio. Estos rasgos tienen que ver con los objetivos sociales por los que han luchado y por los que siguen luchando: se trata de medios sin fines de lucro, independientes, heterogéneos y particulares; son un modelo de comunicación social caracterizados por su gestión colectiva y horizontal; son proyectos con objetivos políticos, sociales y culturales que forman ciudadanía, impulsan agendas emergentes; además, son promotores de los derechos humanos. Para mirar cómo se han expresado estos elementos, se recomienda revisar los estudios de caso: “Política y Rock´n´Roll Radio”, en México; y “Radio Sutatenza”, en Colombia.
La historia de los elementos que dan cuerpo al concepto de las radios comunitarias pone en perspectiva no sólo a un objeto de estudio colectivo, plural y complejo, sino también a las luchas ciudadanas de quienes han hecho posible la aparición y la sobrevivencia de estos proyectos de comunicación alternativa que han enriquecido los modos de vida de sus audiencias. Aquí vale recuperar parte del título del libro, “Participación ciudadana sin límites”, porque es un digno reconocimiento al trabajo, creatividad y valor de quienes han hecho posible la existencia de estos medios. Como un ejemplo de interacción medios-sociedad, léanse las cartas de la audiencia a Radio Sutatenza.
En esta misma línea de lo teórico, resulta interesante la lectura que se hace de las radios comunitarias a la luz del derecho a la comunicación como un derecho humano, el cual es una lente que permite hacer una lectura relevante de aspectos poco advertidos por otras herramientas conceptuales. Sobre su importancia habría que recuperar el análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco) al concepto del cual han emanado programas que ponen énfasis en la alfabetización mediática.
El derecho a la comunicación hace visible a personas, grupos y colectivos sociales; permite escuchar su voz, su lengua, sus problemáticas y sus opiniones; alienta la participación ciudadana, el pensamiento crítico, estimula la libertad de expresión; todo ello, permite cubrir necesidades que dignifican a la persona en el momento mismo de dotarle de existencia; de lo anterior da muestra el estudio “Derecho a la Comunicación y Radio Comunitaria en México: política y Rock`n Roll Radio” en el que Juan Daniel Montaño Rico, mediante el análisis de caso, permite comprender el nivel de incidencia que tienen las radios comunitarias para involucrar y hacer visible a la ciudadanía en el espacio público, hacer notar sus necesidades y ponerlas en la tribuna pública.
Por eso, las radios comunitarias, apuntan la y los autores del libro, han surgido para diversificar las opciones mediáticas y como una posibilidad muy significativa para que diversos grupos sociales, culturales y étnicos se visibilicen, se expresen y se involucren en los asuntos públicos de modo que su voz sea escuchada con respeto. Sobre el tema también abona Carlos Eduardo Villalba Gómez en “Cuando el receptor deviene emisor. Las apropiaciones campesinas de Radio Sutatenza”. Este trabajo describe el proceso de apropiación y los usos sociales de la radio por parte de las y los campesinos colombianos.
3) Estos trabajos académicos refieren viejas problemáticas y desafíos actuales en medios de comunicación.Destacan los siguientes aspectos:
I. Se insiste en la persistencia de la concentración de la propiedad mediática. Aun cuando reconocen que está menos acentuada en la radio, su preocupación sobre dicho fenómeno es que pone en riesgo el pluralismo político y la diversidad cultural, afecta el debate y propone visiones parciales que polarizan, segmentan y desfiguran la realidad.
II. Se observa una preocupación por el predominio del modelo de radiodifusión comercial. Un modelo que no respeta a las audiencias, a las leyes ni le interesa la vida democrática. Un modelo que promueve formas de discriminación y de violencia que representan graves violaciones a los derechos humanos que se perpetran al amparo de las autoridades competentes sin consecuencia alguna aunque éstas tengan herramientas jurídicas para sancionarlas.
III. En los textos es posible identificar los derroteros de las radios comunitarias. Están pendientes las siguientes cuestiones: aprovechar los cambios jurídicos para sobreponerse a viejas problemáticas de acceso a frecuencias, financiamiento y tecnología; promover ejercicios críticos de autorreflexión para ajustarse cada vez más a lo que se define como radios comunitarias y estar a la altura de las exigencias actuales en transparencia, pluralidad y calidad; evitar y denunciar concentraciones indebidas en el sector social, es decir, que algunos grupos o personas se apoderen o sean privilegiadas para obtener concesiones sociales porque podría significar el posicionamiento de unas agendas o discursos y la exclusión de otros; promover ejercicios de evaluación de las políticas públicas sobre radiodifusión social para que la ley no se limite a ser un manual de prácticas administrativas.
IV. Los artículos aluden a los cambios más profundos que se dieron este milenio en las legislaciones de diversos países latinoamericanos en materia de radiodifusión, entre ellos México y Argentina, de los cuales destacan: el reconocimiento legal de las radios comunitarias por el que se establecen mecanismos para su financiamiento, se les otorga el derecho a recibir asistencia técnica y donaciones de equipos, se les determina una reserva del espacio radioeléctrico y se permite a la ciudadanía su acceso a las concesiones de uso social. Cambios y avances que al parecer siguen siendo insuficientes para fortalecer y multiplicar estos proyectos de comunicación. Por ello, apremia realizar esfuerzos de análisis críticos y sistemáticos del desempeño de los órganos reguladores en este tema.
V. En la lucha de las radios comunitarias por la sobrevivencia, la autora y los autores tienen una visión optimista. Ante los nuevos contextos, distinguidos por la digitalización, vislumbran un mejor escenario y futuro para estas radios porque piensan que el soporte digital abarata los procesos de producción, amplifica el alcance y afianza la interacción de los medios con la comunidad. Consideran que los medios sociales, como los públicos, encuentran su fortaleza, su lugar y persistencia en audiencias específicas a las cuales atienden en su carácter de ciudadanía y satisfacen necesidades informativas marginadas en otros medios.
Aun cuando los consumos mediáticos están en constante transformación, comparto la visión esperanzadora de la y los autores con respecto a la larga vida de las radios comunitarias porque, además, se sostienen en proyectos de comunicación colectivos (globales o locales) de mayor significado para las audiencias y que en contextos particulares satisfacen necesidades informativas que no tienen cabida o están al margen en los contenidos digitales.
Ahora, con la llegada de la pandemia, las radios comunitarias se han proyectado como escenarios de participación ciudadana que emiten información de instituciones del sector salud y educativo para difundir medidas de prevención a fin de contener la pandemia en las comunidades y para apoyar la educación de niñas y niños. Como un reconocimiento a su incidencia y capacidad de acercamiento con la población en desventaja, la Unicef promueve, a través de ellas, en diferentes lenguas indígenas, campañas de comportamiento para prevenir el Covid-19.
Este libro afortunadamente provoca un manojo de interrogantes que de estudiarse podrían seguir dando luces para saber qué más hay detrás y en el fondo de los proyectos de radiodifusión comunitaria como proyectos disruptivos. Este libro y los resultados de sus investigaciones recuerdan la frase de Rebecca Solnit que dice: “Cuando no sabes cuánto han cambiado las cosas no ves que están cambiando”.
OtrasVocesenEducacion.org existe gracias al esfuerzo voluntario e independiente de un pequeño grupo de docentes que decidimos soñar con un espacio abierto de intercambio y debate.
¡Ayúdanos a mantener abiertas las puertas de esta aula!
Users Today : 33
Total Users : 35404511
Views Today : 37
Total views : 3334077