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No odio

Semiótica de ciertas bajas pasiones. Campaña mundial para erradicar la cultura del odio en los medios de comunicación.

Entre las muchas emociones retrógradas, con que convivimos obligadamente, el odio despunta por su irracionalidad y estulticia. Para la especia humana es una emboscada inútil, es siempre contraproducente y degradante. Quien odia desciende drásticamente los niveles de humanización, acepta una condición de vida social mutilada y pacta, de modo tácito y explícito, una esclavitud perversa e intensa de la que suele no haber escapatoria. Algunos la disfrutan mucho.

Odiar es, principalmente, una herida moral que nos propina la lucha de clases cuando nos desorientamos y perdemos vista el lado al que pertenecemos, objetiva y subjetivamente. En el odio se expresa la pulsión de impotencia que empuja a destruirlo todo para simplificar las contiendas por la fuerza de la peor negación. Quien odia trueca el modo de la lucha por espejismos con soluciones mágicas. Siempre es más fácil embriagarse en odio -y obrar aturdido- aunque resulte más riesgoso y más costoso.

Bajo la presión de la lucha de clases se producen muchas distorsiones si se carece de método científico y consensuado. Una fragilidad teórica y práctica deriva fácilmente en odio porque se renuncia a la razón argumental y organizativa a cambio de catarsis negacionistas en extremo infectadas por violencia estúpida, silogismos “viscerales” y derrumbes éticos bañados en sangre. Pura inutilidad para la especie humana. Algunos “progresismos” reivindican un odio al que suponen con fuerza aglutinante y movilizante. Viven de un error teórico y práctico que no sólo no permite avanzar sino que es sospechoso porque desplaza de su eje la formación humanista que permite organizar fuerzas para superar los odios con las armas de la crítica.

Hay tantos tipos de odio como distorsiones en el método transformador. Tal variedad nace y se reproduce en los vacíos que deja la ignorancia y la falta de rigor para la praxis, en todos los niveles y en todos los frentes de la lucha. Sea de nuestro lado o del otro. Nadie está a salvo, aquel que se siente dueño de objetos, personas o conceptos (como botines de su “propiedad privada”) comete un error (a veces voluntario) que lo conducirá a odiar tarde o temprano. Es ingrediente del odio sentir que se ha sido despojado de alguna propiedad. Y hay tantas mezclas de despojo, combinadas con aprehensión propietaria, que ha ido multiplicándose y profundizándose la complejidad del repertorio de los odios. En el odio de la clase opresora se coagulan -y sinceran- todas las patologías del capitalismo. Es uno de sus espejos más nítidos. Es odio “refinado”, que se ha sofisticado, instrumentalizado y maquillado hasta parecer, incluso, “amor al prójimo” o filantropía para anestesiar insurrecciones populares. Mientras los odiadores ponen cara de “buenos”.

Por eso, odian más quienes más roban. Odian por lo creen que pierden, o por la simple sospecha de ser expropiados. Odian a sus expropiadores pero más odian la idea y la práctica que convierten lo expropiado en posesión colectiva. Existen odiadores expertos que han cultivado extensiones enormes de odio y las atienden con esmero como si se tratara de “nuevas propiedades”. Han hecho escuelas de odio muy refinadas. Cuentan con estructuras jurídico-políticas a granel. Tienen religiones, universidades y entretenimientos donde se perfecciona el odio de clase, se lo esparce como “sentido común” (y como identidad) y se le reconoce valor de uso y valor de cambio en el mercado del control social, del monopolio del poder político y del poder militar. Odio miserable pero, eso sí, muy rentable. En el relato de las burguesías el “odio” reviste récords de época muy convenientes para la apropiación del producto del trabajo ajeno. Con el beneplácito de algunos “expertos” y de sus jefes, convierten el odio en una corriente desenfrenada, cargada con “nuevas clasificaciones”, donde reina -sin tapujos- la idea de que odiar es condición de los seres humanos capaces, incluso, de odiarse a sí mismos con odio funcional y contra su propia clase… y por cuenta propia. Determinismo del odio que no tiene horarios. No permitas que los noticieros burgueses te convenzan de odiar a tu propio pueblo. No te tragues el odio oligarca como si fuese tuyo.

Odiar implica desaparecer al oponente, exterminarlo. Incluso con violencia ignota. Con odio se cancela el debate, los diferendo, el “agón” griego. Se suprime el trabajo de argumentar racionalmente para convencer con evidencias. Se suprime la contrastación de criterios o experiencias y se impone el individualismo aberrante de “la razón soy yo”, aunque para eso haya que usar palos y plomo, cárcel y persecución. El odio cancela la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a la autonomía del otro. Es impensable una sociedad igualitaria y digna mientras haya gente produciendo odio y vendiéndolo como uno de los más grandes negocios de la Historia. Propagar odio debería ser considerado Delito de Lesa Humanidad.

Hay víctimas del odio que no devuelven odio. Víctimas que han sabido dignificar su dolor sin permitir que se degrade en odio. Espíritus y luchas ejemplares que, por el contrario, han ascendido a la praxis de las batallas reivindicatorias, apasionadamente y a salvo de los odios. Es imprescindible entender la naturaleza del odio, sus raíces, causas y efectos… combatirlo en sus más diversas facetas e impacto en las visiones y conductas deformadas por las ideologías del odio y con odio (racistas, sexistas, integristas que la fomentan) Es una tarea central derrotarlo… en y con todo lo que tengamos a mano, incluyendo la literatura, las artes, el cine y los “mass media”. Hay que llamar a todos los frentes dignos, y en pie de lucha, a frenar la propagación del discurso del odio contra migrantes y contra todos los grupos llamados “minoritarios”. Desterrar el odio a los líderes sociales, a los movimientos emancipadores, a los mandatarios de las naciones progresistas o revolucionarias. Combatir el odio desatado y cultivado en las “redes sociales”.  Frenar el odio generalizado para amenazar a la voluntad democrática de los pueblos. Desterrar el odio creado para sofocar el disentimiento legítimo, la libre expresión popular, el derecho a vivir sin violencia…  y, además, exigir que cesen los caminos por donde transita el odio de clase y la violencia burguesa disfrazada, también, de “libertad de expresión”.

Fuente: https://rebelion.org/no-odio/

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América Latina: Las amenazas a las libertades civiles se intensifican por la Covid-19

Fuente: opendemocracy

Civicus, la organización que monitorea el estado de la sociedad civil a nivel global, alerta sobre las amenazas a las libertades civiles que ha traído la pandemia por la Covid-19. El escenario es preocupante en América Latina. Aquí, un breve recuento del reporte.

En el reporte, Civicus llegó a cuatro conclusiones:

  1. El activismo cívico continúa organizándose durante la pandemia de la Covid-19 y la gente ha seguido movilizándose para exigir sus derechos
  2. Se han documentado múltiples violaciones de los derechos de protesta: se detiene a manifestantes, las protestas están siendo interrumpidas violentamente por los estados, que están haciendo uso excesivo de la fuerza.
  3. Continúan las restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información.
  4. Los estados están aprobando leyes de emergencia demasiado amplias y leyes que limitan los derechos humanos.

Todas y cada una de estas conclusiones se aplican especialmente en América Latina.

En abril hubo protestas en Chile en contra de la brutalidad policial, pero los/las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos, y 60 personas terminaron detenidas. En junio las protestas en Brasil del grupo Vidas Negras Importam fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma.

La sociedad civil siguió movilizada en Brasil. El reporte destaca que, en junio de 2020 “grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis del COVID-19 en Brasil. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en homenaje a las víctimas del COVID-19 en el césped frente a edificios clave del gobierno, e interpelaron al presidente Jair Bolsonaro por su negación de la gravedad de la pandemia”.

En Colombia hubo protestas en septiembre, caracterizadas por el uso extremo de la fuerza por parte de la Policía; hubo civiles muertos y detenidos y, aunque también hubo violencia por parte de algunos grupos de provocadores, la mayoría de los abusos vino por parte de la fuerza pública del país.

En cuanto a la libertad de expresión, Civicus denuncia que en Nicaragua varios periodistas y medios de comunicación fueron amenazados por criticar la gestión del gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, reporta Civicus “durante una conferencia de prensa, un coronel del ejército acusó a un periodista de manipular información y amenazó con que «había que hacer algo al respecto». Funcionarios gubernamentales han acusado a periodistas y medios independientes de promover «pandemias de miedo» a través de «noticias falsas» durante la crisis”.

Pero en Honduras, mientras tanto, el gobierno aprobó un decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia que restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura, garantizado por la Constitución hondureña. “Las asociaciones de medios”, reporta Civicus, “instaron al gobierno a revocar esta restricción. (…) A raíz de esta presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión”.

La situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando

También en Bolivia el gobierno aprobó un decreto que sancionaba a los «desinforman o causan incertidumbre» a la población durante la pandemia. Según el reporte de Civicus, “la legislación fue ampliamente criticada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación, quienes afirmaron que podría usarse para silenciar a quienes critican las políticas gubernamentales sobre COVID-19. La ley también se amplió para incluir un decreto adicional sobre sanciones penales. Sin embargo, en una medida positiva, luego de las críticas de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, la presidenta interina Jenine Áñez revocó los dos decretos”.

Pero la situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando en algunos casos como en Honduras, donde la introducción de toques de queda y restricciones a la circulación han provocado un aumento de los riesgos de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores. Las mujeres indígenas también han sido objeto de un mayor hostigamiento por parte de los agentes del orden. De manera similar, sigue el reporte de Civicus, “en Colombia, las restricciones de movimiento durante la pandemia han intensificado los riesgos para los líderes sociales que, por motivos de seguridad, necesitan variar sus movimientos”.

Y en cuanto al abuso de la emergencia sanitaria para aprobar leyes de todo tipo, solo en Colombia se han aprobado más de 39 decretos en este periodo. Un número alarmante.

Por último, Civicus alerta sobre grupos que quedan especialmente vulnerables a las externalidades generadas por la Covid-19. En varios países de la región, se pasaron medidas de restricción de la movilidad basadas en género, lo que ponía en peligro a las comunidades tránsgero y no-conformes al género (gender non-conforming).

La situación que reporta Civicus es alarmante, y puede ir empeorando.

Estaremos a la espera del reporte anual, para reportar las conclusiones desde democraciaAbierta.

Fuente e imagen:  https://www.opendemocracy.net/es/amenazas-libertades-civiles-intensifican-covid-19/

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México: Eliminación de fideicomisos vulneraría a víctimas, personas defensoras y periodistas: Espacio OSC

Redacción de Desinformémonos

La aprobación del dictamen que desaparecería 109 fondos y fideicomisos públicos vulneraría «a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo, dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos», alertó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.


Explicaron que dentro del paquete de fondos a desaparecer se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. «Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México», añadieron.

Las organizaciones y activistas firmaron un pronunciamiento en el que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a desistir en la eliminación de los fideicomisos y a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones.

A continuación el comunicado completo:

El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.

Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de  violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que hoy, 1 de octubre se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara. Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. La eliminación implicaría:

  • Incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.
  • Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo.
  • Eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.
  • Vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas.

Además, es necesario señalar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin.

Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen

Rechazamos que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Personas víctimas, defensoras derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil firmantes

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil: 

Alberto Athié.
Amnistía Internacional México.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).
Borde Político.
Casa del Migrante Saltillo.
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Feminismos Descoloniales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Chinampa Voces del Mundo.
CIESAS.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia en el Estado de Guanajuato
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Data Cívica.
Desaparecidos Justos A.C. Queretaro
Documenta desde Abajo.
Elementa DDHH.
Familiares en Búsqueda María Herrera.
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
Frontera con Justocia A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Grupo de Investigaciones en Antropologia Social y Forense.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Impunidad Cero.
Inclusión Ciudadana A.C.
Instituto de Ecología A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Melel Xojobal A.C.
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C
Nancy Camacho Díaz.
Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Observatorio Designaciones Públicas.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM).
Red de Enlaces Nacionales.
Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Red en Defensa de la Democracia .
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México.
Revista Espejo.
Ruta Cívica.

Fuente: https://desinformemonos.org/eliminacion-de-fideicomisos-vulneraria-a-victimas-personas-defensoras-y-periodistas-espacio-osc/

Imagen: Yuri Cortez/Agence France-Presse — Getty Images

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Argentina: #No A Esta Ley De Educación: Cientos de organizaciones y referentes en solidaridad

Los/las abajo firmantes, integrantes de organizaciones sindicales, sociales, de género, ambientales, de derechos humanos, de equipos de cátedras, partidos políticos, corrientes políticas y pedagógicas nacionales e internacionales, entre otras, exigimos que en Mendoza no se trate ningún proyecto de Ley Provincial de Educación mientras dure la emergencia económica y sanitaria.


Exigimos que se abran paritarias salariales y no salariales, para discutir los problemas acuciantes y urgentes del sistema educativo mendocino ahora: sobrecarga de tareas, salario pulverizado con el que se paga la propia conectividad, exposición de compañeros/as en las escuelas, la obra social (OSEP) colapsada y una desigualdad educativa que crece día a día.

Asimismo, vemos con preocupación el intento de avance del gobierno dirigido por el Frente «Cambia Mendoza», con una Ley que no cuenta con un debate real en la comunidad educativa; avanza en la precarización de las condiciones laborales y de conocimiento; incluye mecanismos de control y disciplinamiento (ciberpatrullaje); atenta contra la libertad de expresión y carece de un enfoque integral de derechos

#NoAEstaLey

#ParitariasYa

Sindicatos:

-SUTE (Mendoza)

-SADOP (Mendoza)

– FADIUNC (Mendoza).

-SIDUNCU (Mendoza)

-UPJCM (Mendoza)

-SiPreMza (Mendoza)

– CTAA Regional Sur (Mendoza)

-SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina)

-ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz).

– Ademys (CABA)

– Comisión Directiva UnTer Cipolletti.

– AMSAFE Rosario.

-SUTEBA Bahía Blanca.

– Gremio de los Docentes Autoconvocados de Formosa.

-CTA Bahía Blanca.

– MULTISECTORIAL 21F

Equipos de cátedra/Centros de Investigación/Asociaciones de Profesionales: 

– Equipo de Cátedra «Sociología de la Educación». Facultad de Educación. UNCuyo.

– Equipo de Cátedra «Práctica Profesional e Investigación Educativa I».  Facultad de Educación. UNCuyo.

-Equipo de Cátedra “Construcción de la Subjetividad”. Facultad de Educación. UNCuyo.

– Equipo de Investigación sobre Educación y Género del IES T-004. Tunuyán.

-Equipo de Cátedra, investigación y extensión en Movimientos sociales y Educación Popular. UNJU (Jujuy)

-Cátedra Educación Popular San Pedro- UNJU

-Cátedra Sociología de la Educación- UNJU

– Cátedra Sociología de la Educación. Universidad Nacional del Comahue.

– Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (Luz Palomino) y del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes OIREPOD (Luis Bonilla-Molina).

-Escuela Superior de Psicología Social Mendoza. “Dr. Enrique Pichon-Riviere”. PT 150.

-ACCP (Asociación Civil Corriente Pichoniana) Mendoza.

– AdeTPS (Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza)

-Grupo de Estudios de Género y Teoría Crítica- INCIHUSA CONICET.

-Escritorxs por la IVE.

-Colectivo de Psicología Comunitaria de Mendoza.

-Equipo de Investigación “Feminismo, observación mediática y violencia de género”. IES 9-015. Valle de Uco, Mendoza.

– Colectivo de Trabajadores/as ESI.

Referentes y organizaciones de DDHH

-HIJOS Mendoza

-Fernando Rule Castro- Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza.

-Eugenio Paris- Asociación Ex – Presas y Ex – Presos Políticos Mendoza.

-Familiares de Detenidos/as y Desaparecidos/as por razones Políticas-Mendoza.

-Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza.

– Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional Mendoza (APDH)

-Red por los DDHH Mendoza

-Comisión por la memoria de los pueblos. Liberpueblo. Mendoza.

– Comité por la libertad de Milagro Salas y contra la persecución política de Nélida Rojas. Justicia Legítima.

-CORREPI

-CELPI

-Colectivo Pibes del Pueblo.

Organizaciones feministas/Juveniles/estudiantiles/Culturales/Cooperativas:

-Ni Una Menos Mendoza

– Corriente La Colectiva

-Campaña contra las Violencias- Mendoza

– Red PAR Mendoza (Periodistas de Argentina en Red para una comunicación no sexista).

-Intersindical de Mujeres Mendoza

-Aquelarre. Agrupación Feminista.

-Agrupación Pan y Rosas.

– Vikingas

– Soy Nosotras

– La Duarte

-Las encuentras.

-Frente Estudiantil Construcción Colectiva IES 9002.

-Colectivo de Estudiantes y Egresades de Educación Social de Mendoza.

– Cooperativa Fernanda Toledo

-Feria Americano

-Asociación Centro Padre Carlos Mugica de Godoy Cruz, Mendoza.

-Asociación Ecuménica de Cuyo.

-Comité de Solidaridad Latinoamericana. Mendoza.

-Foro Pensar Horizontes.

-Casa por la Memoria y la Cultura Popular.

-Transeúntes fotografía urbana y callejera.

-Estudiantes y docentes IES 9-002 “Tomás Godoy Cruz”.

– La Corriente Alterna

– La Soriano Conducción CEFFyL- UNCuyo.

–  IdentidAD – Facultad de Artes y Diseño – UNCuyo.

Organizaciones sociales:

-CCC (Mendoza)

-FOL (Mendoza)

-MP La Dignidad.

– Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional – Movimiento de los Pueblos.

– Polo Obrero

-Agrupaciones Docentes/Trabajadorxs de la Educación/Culturales:

-Trabajadoras de la Educación jubiladas: » Resistencia y Memoria» en el SUTE

-Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Mendoza)

-Agrupación “4 de Abril” en el SUTE.

-Agrupación 9 de Abril/lista BORDÓ del SUTE.

-Tribuna Docente-Lista Rosa del SUTE

-Agrupación «Ulises Pirola»

-Colectivo Docente Otilia Lescano (Córdoba).

-Corriente Sindical Docente Marina Vilte. Jujuy

-Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti (CABA)

– Agrupación Simón Rodríguez (CABA)

– Trabajadorxs Docentes Organizadxs, Lista Granate de SUTEBA Mar del Plata.

-Maíz (Agrupación Margen Izquierda en Amsafe).

– Docentes por la Liberación – Río Negro

-Frente Nacional Marina Vilte.

– Corriente Nacional Docente Conti-Santoro de Razón y Revolución.

-DTL -Docentes Tucumanxs en Lucha (Tucumán)

-El Bondi, Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Independientes y el programa radial La Peluca de Sarmiento.  El Bondi. 2da Minoría en SUTEBA La Plata. Lista Multicolor.

-Agrupación Docente María Saleme (FUDoC). Pluricolor-Uepc-Córdoba.

– Agrupación Verde de Alte Brown

– Agrupación Granate de Bahía Blanca

– Agrupación Fuentealba de Lomas de Zamora

– Encuentro Colectivo Docente de Prov. de Buenos Aires

Medios comunitarios:

– Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera.

-Radio La Mosquitera 88.1

-Asociación Cuyum de Comunicación Popular.

-Radio Comunitaria CUYUM 89.3.

-Programa Radial “Sala de Maestr@s”.

-Giramundo TV.

–  Silbando Bembas, colectivo de Cine militante.

Organizaciones y asambleas ambientales:

-Asamblea de Les Pibes por el Agua de Tunuyán.

-Las Pibas del Agua.

-Asamblea por el Agua de Godoy Cruz.

-Arte por el Agua.

– Asamblea de Las Heras por el Agua Pura.

– Asamblea Maipucina por el Agua

– Asamblea del Árbol

-Asamblea del Agua de San Rafael.

– Asamblea de San Carlos

– Les pibes San Carlos

– Asamblea Tupungato por Agua Pura

-Asamblea del Pueblo de Alvear

-Asamblea Socioambiental zona Este Mendoza

– Autoconvocadxs por el Agua Tunuyán

– Coordinadora por el agua y el Ambiente de Malargüe.

– Asamblea de Las Heras Por el Agua Pura

– Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén

-Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

-Foro Socio Ambiental Mendoza

-Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

– Asamblea de Potrerillos por el Agua.

 

Agrupaciones/ Corrientes obrero-sindicales:

-Agrupación Violeta de FOETRA.

-Agrupación El Despegue Aeronáuticos

-Agrupación Granate del Neumático.

-Agrupación de Salud del MAC.

-Agrupación Marrón 9 de Abril de Docentes. Agrupación 9 de abril/La Marrón.

-Agrupación Bordó Sojo (Jaboneros).

– Coordinadora Sindical Clasista.

-Tribuna Estatal

-Naranja Judicial

– Movimiento de Unidad Sindical (MUS)

Personalidades:

– Pedro Cormack-Secretario General ADOSAC.

– Ana María L. Rodríguez.  Secretaria General SUTEBA Marcos Paz (Bs. As.)

-Claudia Yarza. Profesora Titular cátedra Ética Profesional y Social. Carrera de Trabajo Social. FCPyS. UNCuyo.

-Mario Alexis Barraza Flores. Abogado Laboralista.

-Laura García Tuñón. María Esther Basualdo. Marusa Bolaña. ENDYEP.

– Alejandra Roovers, docente jubilada Cátedra Sociología de la Educación- Universidad del Centro, sede Tandil.

-Miguel Ángel Hernández Vázquez, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SITRAIEMS-CDMX).

-Guido Peña (Coordinador CCC-Mendoza)

– José Castellano -Secretario General San Rafael Línea Micheli.

-Teresita Castrillejo. CCDTyE Club Atlético y Liberpueblo.

-Soledad Sosa, Partido Obrero-FIT

-Víctor da Vila, Partido Obrero-FIT

-Jorge Chirino-Marcelo Firmapaz- Sergio Ruiz- Gabriel García- Alejandro Setticassi-Juan Cantos- Edgardo Videla. Comisión interna de Cuyo Placas.

– Nicolas Del Caño, Diputado Nacional.

-Lautaro Jiménez, Senador Provincial

-Mailé Rodríguez Abalo, Diputada Provincial

-Ulises Jiménez, Concejal Las Heras – Mendoza

-Micaela Blanco Minoli, Concejala Lavalle – Mendoza

-Carlos Espeche, Concejal Guaymallén – Mendoza

-Jesica Bustos, concejala Maipú – Mendoza.

 -Claudio Delecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSYP, Diputado Pcia Bs As FITU.

-Andrés Blanco, Sec. Adjunto de SOECN de Neuquén, Diputado provincial FIT U.

-Luana Simioni, Secretaria General Junta Interna ATE IOMA La Plata.

-Lorena Timko, Secretaria General Junta Interna ATE Desarrollo de la Comunidad La Plata.

-Carlos Artacho y Guillermo Schmal, miembros de comisión directiva de FOETRA Bs As.

-Martín Brat, Delegado General de la Comisión interna GPS delegados de los tercerizados (850 trabajadorxs) de Aerolíneas Argentinas. Aeroparque.

-Eduardo Saab, miembro del Cuerpo de Delegados de APA (aeronáuticos) de LAN Argentina.

-Fabián Ponce Comisión Interna Securitas Tercerizada de LAN Argentina (Ezeiza)

-Raúl Godoy, Obrero de Zanón, Diputado FIT mandato cumplido.

-Alejandro Vilca, recolector de basura y Diputado Provincial de Jujuy por el FIT-U

– Andrea López, miembro por la minoría del Consejo Directivo Provincial de CICOP

– Víctor Ottobonii, Sec. de Prensa SUTNA Nacional

– Enzo Pozzi, Vocal SUTNA Nacional.

-Nathalia González Seligra, Secretaria de Organización de SUTEBA La Matanza. Dirigente nacional de la agrupación docente 9 de abril/La Marrón.

-Natalia Hernández, Secretaria de Mujer y Géneros de SUTEBA La Matanza. Agrupación 9 de abril/La Marrón.

-Laura Champeau, Secretaria de Organización SUTEBA Ensenada.

-Claudia Añazco San Martín, Secretaria de Género SUTEBA Ensenada.

-Cecilia Muñoz, Secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad SUTEBA Tigre

-Lorena Maidana, 1er Vocal SUTEBA Tigre

-Astrid Gómez, María de los Ángeles García, Raúl Venica; Vocales SUTEBA Tigre

-Gabriela Serrano, Fátima Zelaya, Comisión Revisora de Cuentas SUTEBA Tigre

– Pablo Peralta, revisor de cuentas AGTSyP

-Juan Contrisciani, delegado PARITARIO y del sector Cobrería- ATE Astillero Río Santiago.

-Ignacio Serrano, obrero de Metalsa. Referente de la Lista Azul de la UOM.

-Juan Porto, delegado a FeSProsa y miembro de la Comisión Directiva seccional Hospital San Martín, CICOP.

-Horacio Lasalle, Vicepresidente Seccional Hospital Cestino de Ensenada, CICOP

-José Raquier miembro de la Comisión Directiva Seccional Hospital Rossi, CICOP

-Hugo Dearte y Erica Sechi -Comisión Directiva Seccional Hospital El Dique de Ensenada, CICOP.

-Pamela Gallina, Comisión Directiva Seccional Hospital Sbarra, CICOP

– Natalia Páez, Comisión Directiva Seccional Hospital San Martín, CICOP

-Laura Cano, Comisión Directiva Seccional Hospital Romero – Ingenieros, CICOP.

-M. Gabriela Puebla. Trabajadora Social. Secretaria General. Cicop, Seccional Cordero. Hospital Petrona Villegas.

-Lorena Gentile, Gabriel Fernández y Poke Hermosilla, Agrupación Bordó de la Alimentación.

-Jorge Medina, Eduardo Ayala, Madygraf (ex Gráfica Donneley recuperada por sus trabajadores)

-José Montes- Astillero Río Santiago

-Eduardo Toro, delegado Textil Elemento CABA

-Luis Giordano, Congresal lista Bordó Sojo (Jaboneros)

– Ariel Moreno y Luciano Morrone, Delegados –Secco-

– Tomas Rodríguez delegado metalúrgica Weg

-Laura Magnaghi, Comisión Directiva de Ate Sur, Hospital Alende

-Augusto Huerta, Secretario Gremial JI ATE- Lotería

-Marcelo Gómez, Secretario General Junta Interna-ATE DG Música de CABA

-Lorena Itabel delegada gremial ate Ministerio de Economía.

– Marina Cattilao, dirigente de las obreras textiles de la Textil Neuquén bajo Gestión Obrera.

-Franco Vergara, dirigente de MAM, Neuquén

-Graciela Monje, Secretaria de salud de SUTEBA Quilmes

-Ivana Otero Secretaria de Cultura de Ademys

-Marilina Arias miembro vocal del Consejo Directivo de Ademys

Partidos Políticos:

-Venceremos-Partido de Trabajadorxs

-PO

-PTS/ FIT U

-PTP/ JCR/ PCR

-Montoneros Mendoza

Fuente e imagen:  https://www.sute.com.ar/noaestaleydeeducacion-cientos-de-organizaciones-y-referentes-en-solidaridad/
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Afganistán: Deben oírse las voces de las víctimas en las conversaciones de paz

Amnistía Internacional ha señalado la necesidad de que las víctimas del conflicto de Afganistán tengan voz en las conversaciones de paz entre el gobierno afgano y los talibanes, y de que se atiendan sus reivindicaciones de justicia.

En referencia a las mencionadas conversaciones, que se celebrarán en Doha (Qatar), la organización de derechos humanos ha pedido tanto a los equipos negociadores como al país anfitrión que incluyan las voces de las víctimas y que garanticen una verdadera participación de las mujeres en ellas, para que sus derechos sean respetados en el acuerdo resultante.

Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos.
David Griffiths, director de la Oficina del Secretario General de Amnistía Internacional

“Nadie desea más la paz que la ciudadanía afgana, que ha sufrido tanto y durante tanto tiempo a causa del conflicto. Pero para que las conversaciones de paz sean dignas de tal nombre, deben comprometerse a impartir justicia a las víctimas y a garantizar la rendición de cuentas frente a las violaciones graves de derechos humanos. La participación de las víctimas es una salvaguardia esencial para garantizar que sus voces sean oídas», ha declarado David Griffiths, director de la oficina de la Secretaria General de Amnistía Internacional.

“La paz no puede ser sólo el cese de hostilidades. Para que la población afgana rompa con su doloroso pasado y las heridas cicatricen, las víctimas deben tener acceso a la justicia, y los responsables de delitos tienen que rendir cuentas. Si no se abordan las graves violaciones de derechos humanos cometidas por ambas partes, no sólo se traicionará a las víctimas, sino que persistirá la amenaza de un nuevo conflicto.”

Asimismo, Amnistía Internacional ha pedido tanto a los equipos negociadores como a las partes en el conflicto —y, en particular, al gobierno de Afganistán—, que impidan cualquier retroceso en relación con las conquistas de derechos humanos alcanzadas durante los últimos 20 años, y que los posibles acuerdos formalizados tengan como eje los derechos de la población afgana y, en especial, de las mujeres. Con respecto a los derechos las mujeres, el objetivo debe ser consolidar y fortalecer su capacidad para ejercer plenamente sus derechos humanos.

Crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad

Las conversaciones empiezan pocos días después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, haya sancionado a la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, porque su oficina está investigando los crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por todas las partes en el conflicto.

Desde que Afganistán se convirtió en Estado Parte en el Estatuo de Roma, en 2003, Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos han venido documentando violaciones graves de derechos humanos contra la población civil afgana, incluidos torturas, desapariciones, homicidios selectivos y ataques deliberados contra civiles en crímenes de guerra. Como las autoridades afganas no investigaban seriamente esos delitos, la Corte Penal Internacional ha intervenido como “tribunal de última instancia”.

Las sanciones referidas llegan poco después de la polémica liberación, por parte del gobierno afgano, de presos talibanes acusados —con fundamento— de violaciones graves de derechos humanos, incluidos crímenes de guerra. La ausencia de rendición de cuentas por violaciones graves de derechos humanos —y, en particular, crímenes de guerra y de lesa humanidad—, reduce aún más las perspectivas de justicia para las víctimas.

“Al imponer esas inadmisibles sanciones a la fiscal de la CPI, el gobierno de Trump intenta de nuevo castigar a quienes buscan justicia por los delitos de derecho internacional cometidos en Afganistán. Con su actuación, Estados Unidos ha decidido proteger a los responsables de delitos frente a la rendición de cuentas y abandonar a las víctimas”, ha declarado David Griffiths.

“Los equipos negociadores del gobierno afgano y de los talibanes deben dejar de amparar a los perpetradores, apoyar la investigación de la CPI y comprometerse a garantizar justicia, dentro del país, a todas las víctimas de decenios de atrocidades. Si realmente quieren llevar la paz a Afganistán, deben demostrar que no tienen miedo de impartir justicia.”

Preservar las conquistas de derechos humanos

Las conversaciones de paz deben comprometerse también a preservar y fortalecer los avances que ha experimentado Afganistán durante los últimos 20 años en materia de derechos humanos.

En particular, el acuerdo de paz deberá ajustarse a las obligaciones internacionales de Afganistán y, por tanto, defender la celebración de juicios justos y los derechos de las mujeres y las niñas, de los menores de edad, de las minorías religiosas y étnicas, de los periodistas y de los defensores y defensoras de derechos humanos.

De momento, los talibanes no se han comprometido de manera explícita y creíble con los derechos humanos consagrados en la Constitución de Afganistán ni con el derecho internacional de los derechos humanos, lo que incluye los derechos al trabajo, a la educación, a la libertad de circulación, a la libertad de religión o credo y a la libertad de expresión.

“No se puede soslayar el hecho de que las autoridades afganas han incumplido sus propios compromisos de derechos humanos, pero tampoco se puede negar que se han dado grandes e importantes pasos durante los últimos 20 años en lo que se refiere a las libertades de las mujeres y las niñas, las minorías religiosas y étnicas, los periodistas y los defensores y defensoras de los derechos humanos, de igual forma que se ha avanzado en lo relativo al derecho a la educación. Pese a las graves amenazas a su seguridad, la población afgana ha ejercido sus derechos civiles y políticos. Es preciso consolidar estos logros, y no comerciar con ellos”, ha afirmado David Griffiths.

Fuente: https://www.amnesty.org/es/latest/news/2020/09/afghanistan-victims-must-be-heard-in-peace-talks/

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Las universidades deben abordar la autocensura en China, aconseja profesor

Las universidades deberían elaborar rápidamente una estrategia para proteger la capacidad de los investigadores de discutir abiertamente temas considerados sensibles por Beijing y decir no a las demandas de China que violan sus valores, ha dicho un experto en China.

El consejo fue dado en un ensayo titulado “China y la autocensura” por Kerry Brown, profesor de estudios chinos y director del Instituto Lau China en el King’s College de Londres.

En su ensayo, parte de una colección publicada el 9 de julio, Brown discutió la manera en que la influencia del Partido Comunista Chino (PCCh) puede afectar el resultado de la investigación de las universidades del Reino Unido sobre temas relacionados con China, citando la autocensura como una respuesta a las presiones del régimen chino, tanto reales como percibidas.

“Si bien a veces se pueden encontrar pruebas tangibles en forma de conversaciones, correos electrónicos, cartas u otros medios, de que se ha ejercido presión, con mucha autocensura el acto en sí es invisible: ocurre en la cabeza de las personas, antes y mientras escriben y es muy privado”, escribió.

Especialmente a la luz del impacto de la pandemia del virus del PCCh, Brown dijo que había una clara y apremiante necesidad de proteger un punto intermedio en el que los académicos chinos puedan expresar libremente sus ideas para entender realmente lo que está sucediendo en China.

“Este espacio para la neutralidad se ha reducido y comprometido casi hasta el punto de volverse inhabitable”, escribió, señalando el entorno cada vez más polarizado que rodea a cuestiones complejas como las protestas de Hong Kong.

“La necesidad de voces creíbles, no manchadas por afirmaciones de que son partidistas o que están haciendo autocensura, nunca ha sido mayor”.

Presión para censurar

Si bien la presión sobre los investigadores que trabajan en China para que sigan la línea del Partido está bien documentada, fuera de China, en el pasado solo algunos artículos o libros de alto perfil sobre temas delicados como el Tíbet, Hong Kong, Taiwán o los Uigures, atrajeron la atención del régimen chino.

Sin embargo, a medida que el PCCh se ha vuelto más asertivo en sus mensajes a nivel mundial, más académicos chinos se enfrentan a la presión de autocensurarse para evitar ofender a los financiadores o socios de investigación, dijo Brown.

“En Estados Unidos, las instituciones que tienen centros de investigación en China o que acogen Institutos Confucio parcialmente financiados por el gobierno chino también han sido acusadas de evitar cuestiones polémicas o difíciles que podrían irritar al gobierno chino”, escribió.

Brown dijo que este tipo de presión podría afectar particularmente a los estudiantes de doctorado y a los investigadores al principio de sus carreras, ya que podrían verse impedidos de visitar China para completar su investigación si se les considera críticos con el régimen.

La presión para la autocensura, dijo, puede venir en diferentes formas.

“A veces adopta la forma de ataques a las redes sociales, cuando las publicaciones son subidas por comentaristas o escritores críticos de China por parte del ejército de activistas wumao—a los que a veces paga el Gobierno chino para que pongan contenido en las secciones de comentarios que atacan a los críticos y defienden a China”.

Brown describió a los académicos como cada vez más temerosos y ansiosos por las posibles consecuencias para ellos mismos como individuos, así como para sus instituciones, al escribir o incluso al pensar en escribir, sobre cuestiones que pueden ofender al PCCh.

“Ofender a China nunca fue difícil”, escribió Brown. En los últimos tiempos “se ha vuelto extremadamente fácil y el gobierno chino no ha sido tímido en expresarlo para todos los que quieran escucharlo”.

Protección de la libertad de expresión

Las universidades europeas y estadounidenses que ya contaban con protecciones formales para la libertad de expresión deben asegurarse de que se apliquen rigurosamente, dijo Brown. Recomendó que todas las universidades elaboren y adopten rápidamente una estrategia de gestión de riesgos para cualquier interacción con China.

“Esto debería cubrir todas las áreas de investigación intelectual. Debería explicar claramente y sin ingenuidad los riesgos y las oportunidades de trabajar con China y en China”, dijo.

El Dr. Liu, profesor de ingeniería de una universidad del Reino Unido, dijo que los temas planteados por Brown habían estado en el sistema de educación superior del Reino Unido durante años.

“Esta autocensura ha sido inconscientemente una forma de la llamada corrección política: las universidades a menudo afirman, ‘Queremos mantener la neutralidad y no tenemos ninguna actitud hacia ninguna cuestión política’. Sin embargo, la llamada corrección política o ‘autocensura’ ha perjudicado significativamente la libertad académica y la libertad de expresión dentro de los campus”, dijo en un correo electrónico.

“Las universidades deben establecer estrategias coordinadas para eliminar gradualmente la autocensura del sistema y proteger nuestros valores fundamentales en la educación superior”.

El ensayo de Brown es uno de una colección de ocho en un informe del Instituto de Políticas de Educación Superior (HEPI) sobre el compromiso con China titulado “Las universidades del Reino Unido y China”. Llega en un momento de gran preocupación por la influencia de China en y dentro de las instituciones del Reino Unido.

Otros ensayos de la colección HEPI cubren temas que van desde el futuro de los estudiantes chinos en Australia hasta los desafíos éticos de acoger a estudiantes chinos internacionales.

Fuente: https://es.theepochtimes.com/las-universidades-deben-abordar-la-autocensura-en-china-aconseja-profesor_694257.html

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Los talibanes continúan oprimiendo a las mujeres en Afganistán, según HRW

Redacción: La Vanguardia

Los talibanes continúan aplicando sus severas medidas en contra de las mujeres y cercenando las libertades sociales en Afganistán, según un indica Human Rights Watch (HRW) en un informe publicado hoy y que contradice las recientes declaraciones del grupo radical sobre una flexibilización de algunos de su postulados rigoristas y la abolición de sus duras regulaciones.

El informe está basado en 138 entrevistas, hechas entre enero de 2019 y abril de 2020 a maestros, ancianos, estudiantes, miembros de la comunidad y talibanes en las provincias de Kunduz, Wardak y Helmand.

LA EDUCACION DE LAS NIÑAS

Aunque los talibanes aseguran que «ya no se oponen» a la educación de las niñas, en el terreno «muy pocos (de ellos) realmente permiten que asistan a la escuela después de la pubertad», mientras que «otros no permiten» que lo hagan «en absoluto», indicó el informe.

Aunque en los distritos de Kunduz los talibanes han permitido que funcionen las escuelas para niñas, en las áreas que controlan en el sur de Helmand no hay escuelas para niñas, y han implementado el pago de «impuestos» a quienes enseñen en las de regiones vecinas.

SIN JUSTICIA NI LIBERTAD

De acuerdo con HRW, en los tribunales dirigidos por los talibanes, las mujeres y niñas que son víctimas de violencia doméstica no reciben «ni siquiera la posibilidad limitada de justicia» que existe en los tribunales estatales.

Con respecto a la libertad de expresión, el informe denuncia que los medios de comunicación solo pueden ingresar en las áreas controladas por los talibanes siempre que consigan su permiso explícito.

Además, «los comandantes talibanes han amenazado y atacado a periodistas por informes críticos», sostuvo.

El informe aseguró además que los talibanes prohíben en algunos distritos el uso de la televisión y de teléfonos inteligentes y los residentes que pueden hacer uso de ellos lo hacen de manera clandestina.

VICIO Y VIRTUD

En los distritos bajo control talibán siguen actuando los controles de «moralidad» impuestos a partir de 1996, cuando el grupo radical tomó el poder en Afganistán y estableció una «policía contra el vicio y por la virtud».

Según HRW, los talibanes vigilan la adhesión de los residentes a sus normas sobre vestimenta, longitud de la barba, o asistencia de los hombres a las oraciones de los viernes.

En las comunidades bajo el control talibán está prohibido cualquier contacto con el Gobierno afgano, y quienes lo hacen son acusados de ser espías, según la investigación.

Las acusaciones de la organización internacional denuncian una brecha entre las declaraciones oficiales de los talibanes sobre los derechos y las posiciones restrictivas adoptadas por estos sobre el terreno.

Según HRW los talibanes están lejos de un consenso interno sobre sus propias políticas, de manera que «alcanzar un acuerdo sobre las disposiciones de derechos humanos en un acuerdo de paz (con el Gobierno afgano) no necesariamente dará como resultado su implementación a nivel local».

EL RECHAZO DE LOS TALIBANES

“Esto está completamente equivocado y rechazamos este informe. Human Rights Watch prepara dichos informes solo para propaganda y trata de difamar al Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes)», dijo a Efe el portavoz talibán Zabihullah Mujahid.

Refiriéndose a las acusaciones sobre el derecho a la educación, el portavoz aseguró que aunque están en guerra, han hecho «todo lo posible» para mantener las escuelas abiertas.

«En absoluto, no prohibimos las escuelas de niñas», aseveró el portavoz, que negó además todas las acusaciones relacionadas con la libertad de expresión o comunicación y aseguró que que «nunca» se han prohibido.

Se espera que en las próximas semanas representantes del Gobierno afgano y los talibanes celebren en Doha su primera reunión directa con la intención de comenzar un proceso de paz.

Entre otros temas, las partes tratarán sobre los derechos de las mujeres, la libertad de expresión y otros valores sociales y democráticos que los afganos ganaron desde 2002 cuando los talibanes fueron expulsados del poder.

Fuente: https://www.lavanguardia.com/politica/20200630/482038725908/los-talibanes-continuan-oprimiendo-a-las-mujeres-en-afganistan-segun-hrw.html

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