Libertad de Expresión

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Capitalismo digital: desafío regulatorio

La Jornada

Las empresas de redes sociales y de búsquedas por Internet han alcanzado una omnipresencia que vuelve casi imposible concebir a las sociedades contemporáneas sin ellas. Su penetración en hogares, sitios de trabajo, escuelas y cualquier ámbito imaginable se traduce en un descomunal poder económico: Alphabet (Google y YouTube), Facebook (WhatsApp e Instagram), Twitter, Snapchat y LinkedIn tienen un valor de mercado conjunto de 2.5 billones de dólares, con lo cual concentran 13 de cada 100 dólares del valor total de la Bolsa de Nueva York. Esta cifra supone más del doble del producto interno bruto de México.

Si sus dimensiones ya eran colosales, la pandemia vino a potenciarlas con un salto de 10 por ciento en su base de usuarios, con lo que hoy alcanzan a 3 mil 960 millones de seres humanos; la mitad de la población mundial. Es innegable que este crecimiento se asocia con su papel de facilitadoras de un sinfín de actividades que resultarían costosas, complejas o de plano irrealizables sin su concurso en el contexto de distanciamiento físico y confinamiento impuesto por la emergencia sanitaria.

En contraparte, no puede soslayarse que el poderío de estas empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, proviene de la extracción indiscriminada de datos personales de sus usuarios, los cuales son puestos a disposición de otras compañías, así como de gobiernos y otras entidades, que gracias a ellos dirigen a un público concreto la oferta de sus productos, servicios o discursos. Estas operaciones se producen en un marco de casi total ausencia regulatoria, que ha sido terreno fértil para todo tipo de conductas opacas, arbitrarias o francamente abusivas entre un puñado de corporaciones que explotan sin pudor ni ética su inédita capacidad para moldear la opinión pública, decidir los límites de la libertad de expresión, manipular información, y mediar entre las instituciones y los individuos.

Para los ciudadanos, se trata de una constante tensión entre la conveniencia y el deseo de mantener el control sobre su privacidad. Como muestra, el descalabro sufrido el mes pasado por WhatsApp después de que el servicio de mensajería instantánea anunciara cambios en sus términos de uso que implicaban una mayor extracción de datos personales en las comunicaciones sostenidas con cuentas de empresas. Muchas personas todavía son sensibles a esas prácticas cuestionables, incluso cuando éstas se presentan como formas de facilitar sus gestiones diarias. Sin embargo, tales manifestaciones de descontento tienden a ser acotadas y efímeras, y al final los usuarios retornan a estas plataformas debido a que cada día es más complicado llevar la vida cotidiana al margen de ellas.

Por lo anterior, parece claro que los consumidores enfrentan severas limitaciones en su poder para modificar el comportamiento de las empresas de redes sociales, y que dicha tarea únicamente puede ser emprendida por los estados. Pero incluso éstos se encuentran con múltiples desafíos al abordar el ordenamiento de los gigantes digitales, desde el ineludible debate acerca de la libertad de expresión, hasta el uso de los virtualmente ilimitados recursos económicos de estas compañías para frenar cualquier legislación que atente contra sus intereses. Cabe esperar que el bien común y la protección de la privacidad se impongan sobre mezquinas consideraciones pecuniarias, así como sobre la voluntad de algunas de las empresas referidas para erigirse en poderes fácticos, pero para ello será necesario el involucramiento de los ciudadanos en el diseño de un marco legal que cierre el espacio a prácticas abusivas, al mismo tiempo que potencie los beneficios creados por el avance digital.

Fuente: https://www.jornada.com.mx/notas/2021/02/07/opinion/capitalismo-digital-desafio-regulatorio-20210207/

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En Zimbabue hay libertad de expresión, pero no libertad después de usarla

Noticias

Trabajar como periodista en Zimbabue sigue siendo particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece regularmente en los primeros puestos mundiales de corrupción.

Un chiste muy repetido desde hace muchos años en Zimbabue asegura que en el país hay libertad de expresión, pero no libertad después de expresarse.

Pero para los periodistas y activistas que se han visto obligados a soportar noches en las celdas de detención abarrotadas y sucias del país, esto no es motivo de risa, más ahora que los reclusos no tienen equipo de protección personal contra la covid.

Por ello, cuando el portavoz del gobierno, Nick Mangwana, advirtió el año pasado que nadie está por encima de la ley en este país del sureste de África, para muchos solo ratificó una amenaza permanente: que el gobierno y su partido, Zanu PF, no dudará en instrumentalizar la ley para silenciar a los críticos.

Los comentarios de Mangwana se produjeron después del arresto del periodista Hopewell Chin’ono, acusado de utilizar las redes sociales para fomentar la violencia pública. Chin’ono volvió a estar tras las rejas el 8 de enero, bajo la acusación esta vez de publicar noticias falsas en Twitter.

Poco después del arresto de Chi’ono, también fueron detenidos por difundir la misma información la portavoz del opositor Movimiento para el Cambio Democrático (MDC-A), Fadzayi Mahere, y Job Sikhala, un legislador y vicepresidente de la misma organización.

Los tres se hicieron eco de una historia muy viral en las redes sociales, en que se aseguraba que un oficial de policía que intentaba hacer cumplir las restricciones de distancia social por la covid había apuntado con su bastón a una mujer que llevaba un niño de nueve meses en brazos, y que aparentemente por error habría golpeado fatalmente al niño.

Según informaciones difundidas en medios digitales y en las redes, el bebe habría muerto en el acto.

Sin embargo, la policía negó el incidente, aseguró que el niño estaba vivo, y lo calificó de una noticia falsa y tendenciosa, en contraste con las imágenes en un video grabado por testigos en que la madre lamentaba en la misma escena de que el oficial había matado a su hijo.

Las detenciones fueron condenadas de inmediato por defensores de derechos humanos, incluida Amnistía Internacional, que exigieron su liberación.

Las nuevas detenciones son parte de una creciente represión contra líderes de la oposición, defensores de los derechos humanos, activistas, periodistas y otras voces críticas, dijo Muleya Mwananyanda, subdirectora de Amnistía Internacional para África Meridional, en un comunicado el 13 de enero.

Las autoridades de Zimbabwe, el nombre en inglés por el que también se conoce al país, deben poner en libertad de forma inmediata e incondicional y retirar los cargos maliciosos en su contra, dijo Mwananyanda.

Se trata del tercer arresto de Chin’ono en seis meses, un hecho que ha vuelto a poner el foco en la frágil libertad de expresión y prensa de Zimbabue, donde los críticos resaltan que el periodismo ha sido durante años una ocupación de alto riesgo para un país que no se encuentra en una zona de guerra.

Ha sido particularmente peligroso para los periodistas de investigación en un país que aparece con regularidad en los rankings más importantes del mundo en materia de corrupción.

“Fui encarcelado después de exponer la corrupción”, escribió Chin’ono el año pasado tras su primer arresto.

La detención ocurrió después que las autoridades criticaran informaciones que consideraron falsas sobre el involucramiento de la familia del presidente, Emmerson Mnangagwa, en oscuros acuerdos sobre la adquisición de equipos para atender la covid, que habrían ocasionado millonarias pérdidas para el país.

Las denuncias de Chin’ono estuvieron detrás de la destitución posterior del ministro de Salud de entonces, mientras que para el periodista de investigación supuso el comienzo de una lupa especial sobre su trabajo por autoridades gubernamentales y policiales, ante sus investigaciones sobre la corrupción en las altas esferas del poder.

«La arremetida contra los periodistas de investigación es parte de la campaña hostil del gobierno contra los defensores de derechos humanos», dijo a IPS la también periodista de investigación Tawanda Majoni, coordinadora nacional de Información para un Desarrollo Confiable, una alianza de medios locales.

A su juicio, «los activistas por la libertad de los medios han hecho un trabajo enérgico, pero lo que puedan lograr siempre estará severamente limitado en un régimen represivo».

Según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2019, Zimbabue ocupó el puesto 158 de 180 países, lo que lo convierte en uno de los más corruptos del mundo.

«En el sur de África, los periodistas y otras personas que trabajan para exponer la corrupción enfrentan un nivel de riesgo inaceptable», dijo Transparencia Internacional en un comunicado el año pasado.

Por su parte, Reporteros sin Fronteras, la organización internacional que promueve y monitorea la libertad en el ejercicio del periodismo, clasificó a Zimbabue en el puesto 126 de 180 países en el Índice Mundial de Libertad de Prensa 2020, lo que convierte al país en uno de los peores lugares para trabajar como periodista.

«Los graves abusos de Zimbabue a la libertad de prensa, la libertad de expresión y los derechos de los críticos del gobierno están empeorando a medida que comienza el año», dijo Dewa Mavhinga, directora de Human Rights Watch para África meridional.

«Parece que hay algunos dentro del gobierno que desean socavar los esfuerzos de restablecimiento de la participación de Zimbabue mediante sus imprudentes abusos que afianzan la imagen de que este es un Estado paria», dijo Dewa a IPS.

La delegación de la Unión Europea en Zimbabue también se sumó a la condena del arresto de Chin’ono, Sikhala y Mahere, en un tuit el 13 de enero.

En su comunicación en Twitter aseguró que «las actuales detenciones previas a un juicio, las demoras en el procedimiento sin cargos graves son cuestionables”.

Además, la embajada de Holanda en Harare recordó al ministro de Relaciones Exteriores, Sibusiso Moyo, los compromisos que el país asumió el 9 de diciembre en la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, destinada a aumentar la seguridad de los periodistas.

La represión contra los periodistas continúa casi seis años después de la desaparición del periodista y activista Itai Dzamara, cuyo paradero se desconoce y que se teme que haya muerto.

«Tenemos un gobierno dominado por la paranoia y que no quiere rendir cuentas», dijo a IPS el especialista Nqaba Matshazi, del capítulo en Zimbabue del Instituto de Medios para África Meridional (Misa, en inglés).

La policía asegura que Chin’ono se enfrenta a una pena de hasta 20 años de prisión, pero sus abogados cuestionan la constitucionalidad de los cargos y el periodista insiste en que seguirá su labor investigativa,  en un país donde los activistas en el sector mediático dicen que los periodistas evitan dedicarse a la investigación por temor a ser arrestados.

«La habitual persecución de los periodistas de investigación y otros periodistas tiene varios efectos regresivos, entre ellos el miedo, la autocensura y el apresamiento”, dijo Majoni.

A juicio de la periodista, “cuando un profesional de la comunicación ve que un periodista es llevado a la corte con grilletes por publicar un tuit,  naturalmente se pregunta si vale la pena sufrir esa suerte por su próxima información”.

Los abogados de derechos humanos aseguran que es particularmente frustrante defender a los periodistas.

«Los periodistas están siendo arrestados por hacer su trabajo y nuestro mayor desafío es que los arrestos muestran un aumento en el monitoreo de la actividad de los periodistas en las redes sociales», dijo a IPS la abogada Roselyn Hanzi, directora ejecutiva de Abogados por los Derechos Humanos de Zibabue.

Hanzi, que representa a Chin’ono y otros periodistas y ciudadanos detenidos por cargos cuestionables, aseguró que «lo que se requiere son reformas en la Administración que eliminen las manzanas podridas del sistema y también capacitación en derechos humanos para instituciones que se han vuelto muy partidistas».

Entre los activistas de derechos humanos y los gremios periodísticos hay preocupación porque no haya voces críticas en los organismos del continente africano a las actuaciones represivas del gobierno de Harare, lo que lo alentaría a seguir violando los derechos humanos.

«El silencio y la indiferencia de los vecinos de Zimbabue, como Sudáfrica, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral y la Unión Africana han envalentonado a los elementos del régimen zimbabuense”, dijo Mavhinga, de Human Rights Watch.

«Pero la tiranía tiene testigos y un día habrá justicia y rendición de cuentas por todos los abusos», aseguró.

Fuente: https://rebelion.org/en-zimbabue-hay-libertad-de-expresion-pero-no-libertad-despues-de-usarla/

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Libro: La radio comunitaria, un espacio de lucha por el derecho a la comunicación

Reseñas

Reseña: Ma. Magdalena López Rocha

La radio comunitaria tiene 80 años de existencia en América Latina; su aparición ensancha las opciones del ecosistema mediático del continente y se expande a otros. En México, obtiene su reconocimiento legal, después de siete décadas de lucha, en un escenario desafiante como la era digital. La sobrevivencia ha sido su permanente derrotero: primero, salir de la ilegalidad; luego, batallar por los recursos tecnológicos, materiales y humanos para operar; y, ahora, repensarse para dar larga vida a los proyectos políticos de comunicación que le sostienen.

Aproximarse al impacto de las radios comunitarias en la sociedad ha sido difícil por la poca literatura sobre el tema. Lo escrito, en la segunda mitad del siglo pasado, fue resultado de iniciativas aisladas, discontinuas y pocas veces realizadas desde el rigor académico. Esto ha permitido la socialización de más mitos e ideas románticas que de análisis críticos lo cual, lejos de favorecer la reflexión del deber ser de las radios comunitarias, ha generado un velo que oculta prácticas y realidades internas poco saludables. En este contexto es bien recibida la decisión de Patricia Ortega Ramírez y Jerónimo Repoll, en la coordinación y autoría, así como de Juan Manuel Montaño Rico y Eduardo Villalba Gómez, también autores, de aventurarse a publicar #RadioComunitaria. Participación ciudadana sin límites y poner en la agenda del debate un tema que no está de moda, pero que no pierde vigencia por el poder de incidencia de estos medios alternativos en sus ámbitos de acción.

La presente reseña tiene por objeto compartir las razones por las cuales se recomienda la lectura del libro que, si bien tiene un corte académico, está nutrido de información asequible que puede tener múltiples usos para actores políticos diversos. Desde mi perspectiva, este texto está dirigido a estudiantes, docentes e investigadores interesados en la temática; también, para quienes toman decisiones, producen y emprenden proyectos comunicativos comunitarios; incluso, para personas comunicadoras independientes y actores que diseñan, planifican y vigilan las políticas nacionales de la radiodifusión.

Ahora bien, las personas destinatarias, ¿con qué contenidos se van a encontrar? Los temas en el texto son múltiples y variados, pero sólo comentaré algunos que he elegido en función de mi experiencia profesional, intereses de investigación y los de interés general. A continuación, los enlisto.

1) Estamos ante investigaciones retrospectivas. Cada capítulo, quizá de forma general y sucinta, ofrece la sustancia histórica y referencial de lo que ha sido el desarrollo de la radio comunitaria no sólo de México sino también de otros países, particularmente de Argentina y de Colombia. Aunque cada texto persigue objetivos distintos, presente una estructura particular y una narrativa propia de quien escribe, en el libro se van a encontrar: dos estudios de caso debidamente planteados, herramientas de análisis, datos duros, la referencia de momentos y fechas relevantes, así como de acontecimientos y nombres de personas, organizaciones, instituciones, lugares y leyes que han hecho posible la existencia, el cambio y la supervivencia de las radios comunitarias.

Por ejemplo, en el capítulo “Visibilidad y libertad de expresión. Radios Comunitarias y Políticas Públicas en México”, escrito por Patricia Ortega, se expone de forma puntual los retos que han significado para México la legalización de las radios comunitarias y un aspecto relevante es la recuperación de algunas consecuencias que para estos medios han dejado, tras siete años de vigencia, la reforma Constitucional en radiodifusión y telecomunicaciones de 2013 y la Ley secundaria de 2014. En tanto, Jerónimo Repoll en “La mediación social en juego. Redoblar la puesta por la Radio Comunitaria”, recupera las tensiones políticas generadas en Argentina a partir de la discusión y aprobación de la Ley de Servicios Audiovisuales 26.522, que también reconoce legalmente la figura de estos medios. Ambos capítulos permiten hacer un análisis comparativo de los avances que cada país tiene en la materia e identificar los desafíos que enfrentan con los actuales gobiernos.

2) Cada apartado presenta signos de identidad teórica. Los cuatro artículos realizan, desde distintos enfoques, puntuales análisis de contextos, de proyectos de comunicación y de la identidad e incidencia de las radios comunitarias. En este punto, pondré énfasis y mostraré las coincidencias que comparten la y los autores sobre los elementos que dan sentido a la identidad de las radios comunitarias y que son resultado de procesos históricos, sociales y científicos.

En esta línea, la autora y los autores identifican un conjunto de elementos que forman parte, pero no son la esencia, de lo que define a las radios comunitarias: la cobertura que se dice es limitada, sus características técnicas que no se distinguen por la actualización, la insuficiencia de sus recursos tecnológicos, su estatus legal, el modo de producción y, dejo al último, la territorialidad o la idea de lo local. Generalmente, y tiene sentido, cuando se refiere a lo comunitario, habitualmente se piensa en el territorio vinculado a lo rural; pero no al conjunto de personas que hacen un pueblo, una región o una nación y que tienen vínculos comunes. Si se entiende así, todas las personas tienen una vida comunitaria o forman parte de una comunidad. Por eso es entendible que haya medios comunitarios en zonas urbanas y otros que tienen como eje de acción temas globales como los ambientales y feministas.

La y los autores destacan otros elementos y subrayan que éstos dan profundidad y proyección a la identidad de las radios comunitarias. Es conveniente decir que no todos están presentes en el medio. Estos rasgos tienen que ver con los objetivos sociales por los que han luchado y por los que siguen luchando: se trata de medios sin fines de lucro, independientes, heterogéneos y particulares; son un modelo de comunicación social caracterizados por su gestión colectiva y horizontal; son proyectos con objetivos políticos, sociales y culturales que forman ciudadanía, impulsan agendas emergentes; además, son promotores de los derechos humanos. Para mirar cómo se han expresado estos elementos, se recomienda revisar los estudios de caso: “Política y Rock´n´Roll Radio”, en México; y “Radio Sutatenza”, en Colombia.

La historia de los elementos que dan cuerpo al concepto de las radios comunitarias pone en perspectiva no sólo a un objeto de estudio colectivo, plural y complejo, sino también a las luchas ciudadanas de quienes han hecho posible la aparición y la sobrevivencia de estos proyectos de comunicación alternativa que han enriquecido los modos de vida de sus audiencias. Aquí vale recuperar parte del título del libro, “Participación ciudadana sin límites”, porque es un digno reconocimiento al trabajo, creatividad y valor de quienes han hecho posible la existencia de estos medios. Como un ejemplo de interacción medios-sociedad, léanse las cartas de la audiencia a Radio Sutatenza.

En esta misma línea de lo teórico, resulta interesante la lectura que se hace de las radios comunitarias a la luz del derecho a la comunicación como un derecho humano, el cual es una lente que permite hacer una lectura relevante de aspectos poco advertidos por otras herramientas conceptuales. Sobre su importancia habría que recuperar el análisis de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencias y la Cultura (Unesco) al concepto del cual han emanado programas que ponen énfasis en la alfabetización mediática.

El derecho a la comunicación hace visible a personas, grupos y colectivos sociales; permite escuchar su voz, su lengua, sus problemáticas y sus opiniones; alienta la participación ciudadana, el pensamiento crítico, estimula la libertad de expresión; todo ello, permite cubrir necesidades que dignifican a la persona en el momento mismo de dotarle de existencia; de lo anterior da muestra el estudio “Derecho a la Comunicación y Radio Comunitaria en México: política y Rock`n Roll Radio” en el que Juan Daniel Montaño Rico, mediante el análisis de caso, permite comprender el nivel de incidencia que tienen las radios comunitarias para involucrar y hacer visible a la ciudadanía en el espacio público, hacer notar sus necesidades y ponerlas en la tribuna pública.

Por eso, las radios comunitarias, apuntan la y los autores del libro, han surgido para diversificar las opciones mediáticas y como una posibilidad muy significativa para que diversos grupos sociales, culturales y étnicos se visibilicen, se expresen y se involucren en los asuntos públicos de modo que su voz sea escuchada con respeto. Sobre el tema también abona Carlos Eduardo Villalba Gómez en “Cuando el receptor deviene emisor. Las apropiaciones campesinas de Radio Sutatenza”. Este trabajo describe el proceso de apropiación y los usos sociales de la radio por parte de las y los campesinos colombianos.

3) Estos trabajos académicos refieren viejas problemáticas y desafíos actuales en medios de comunicación.Destacan los siguientes aspectos:

I. Se insiste en la persistencia de la concentración de la propiedad mediática. Aun cuando reconocen que está menos acentuada en la radio, su preocupación sobre dicho fenómeno es que pone en riesgo el pluralismo político y la diversidad cultural, afecta el debate y propone visiones parciales que polarizan, segmentan y desfiguran la realidad.

II. Se observa una preocupación por el predominio del modelo de radiodifusión comercial. Un modelo que no respeta a las audiencias, a las leyes ni le interesa la vida democrática. Un modelo que promueve formas de discriminación y de violencia que representan graves violaciones a los derechos humanos que se perpetran al amparo de las autoridades competentes sin consecuencia alguna aunque éstas tengan herramientas jurídicas para sancionarlas.

III. En los textos es posible identificar los derroteros de las radios comunitarias. Están pendientes las siguientes cuestiones: aprovechar los cambios jurídicos para sobreponerse a viejas problemáticas de acceso a frecuencias, financiamiento y tecnología; promover ejercicios críticos de autorreflexión para ajustarse cada vez más a lo que se define como radios comunitarias y estar a la altura de las exigencias actuales en transparencia, pluralidad y calidad; evitar y denunciar concentraciones indebidas en el sector social, es decir, que algunos grupos o personas se apoderen o sean privilegiadas para obtener concesiones sociales porque podría significar el posicionamiento de unas agendas o discursos y la exclusión de otros; promover ejercicios de evaluación de las políticas públicas sobre radiodifusión social para que la ley no se limite a ser un manual de prácticas administrativas.

IV. Los artículos aluden a los cambios más profundos que se dieron este milenio en las legislaciones de diversos países latinoamericanos en materia de radiodifusión, entre ellos México y Argentina, de los cuales destacan: el reconocimiento legal de las radios comunitarias por el que se establecen mecanismos para su financiamiento, se les otorga el derecho a recibir asistencia técnica y donaciones de equipos, se les determina una reserva del espacio radioeléctrico y se permite a la ciudadanía su acceso a las concesiones de uso social. Cambios y avances que al parecer siguen siendo insuficientes para fortalecer y multiplicar estos proyectos de comunicación. Por ello, apremia realizar esfuerzos de análisis críticos y sistemáticos del desempeño de los órganos reguladores en este tema.

V. En la lucha de las radios comunitarias por la sobrevivencia, la autora y los autores tienen una visión optimista. Ante los nuevos contextos, distinguidos por la digitalización, vislumbran un mejor escenario y futuro para estas radios porque piensan que el soporte digital abarata los procesos de producción, amplifica el alcance y afianza la interacción de los medios con la comunidad. Consideran que los medios sociales, como los públicos, encuentran su fortaleza, su lugar y persistencia en audiencias específicas a las cuales atienden en su carácter de ciudadanía y satisfacen necesidades informativas marginadas en otros medios.

Aun cuando los consumos mediáticos están en constante transformación, comparto la visión esperanzadora de la y los autores con respecto a la larga vida de las radios comunitarias porque, además, se sostienen en proyectos de comunicación colectivos (globales o locales) de mayor significado para las audiencias y que en contextos particulares satisfacen necesidades informativas que no tienen cabida o están al margen en los contenidos digitales.

Ahora, con la llegada de la pandemia, las radios comunitarias se han proyectado como escenarios de participación ciudadana que emiten información de instituciones del sector salud y educativo para difundir medidas de prevención a fin de contener la pandemia en las comunidades y para apoyar la educación de niñas y niños. Como un reconocimiento a su incidencia y capacidad de acercamiento con la población en desventaja, la Unicef promueve, a través de ellas, en diferentes lenguas indígenas, campañas de comportamiento para prevenir el Covid-19.

Este libro afortunadamente provoca un manojo de interrogantes que de estudiarse podrían seguir dando luces para saber qué más hay detrás y en el fondo de los proyectos de radiodifusión comunitaria como proyectos disruptivos. Este libro y los resultados de sus investigaciones recuerdan la frase de Rebecca Solnit que dice: “Cuando no sabes cuánto han cambiado las cosas no ves que están cambiando”.

Fuente:  Revista Mexicana de Comunicación

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No odio

Fernando Buen Abad Domínguez

Semiótica de ciertas bajas pasiones. Campaña mundial para erradicar la cultura del odio en los medios de comunicación.

Entre las muchas emociones retrógradas, con que convivimos obligadamente, el odio despunta por su irracionalidad y estulticia. Para la especia humana es una emboscada inútil, es siempre contraproducente y degradante. Quien odia desciende drásticamente los niveles de humanización, acepta una condición de vida social mutilada y pacta, de modo tácito y explícito, una esclavitud perversa e intensa de la que suele no haber escapatoria. Algunos la disfrutan mucho.

Odiar es, principalmente, una herida moral que nos propina la lucha de clases cuando nos desorientamos y perdemos vista el lado al que pertenecemos, objetiva y subjetivamente. En el odio se expresa la pulsión de impotencia que empuja a destruirlo todo para simplificar las contiendas por la fuerza de la peor negación. Quien odia trueca el modo de la lucha por espejismos con soluciones mágicas. Siempre es más fácil embriagarse en odio -y obrar aturdido- aunque resulte más riesgoso y más costoso.

Bajo la presión de la lucha de clases se producen muchas distorsiones si se carece de método científico y consensuado. Una fragilidad teórica y práctica deriva fácilmente en odio porque se renuncia a la razón argumental y organizativa a cambio de catarsis negacionistas en extremo infectadas por violencia estúpida, silogismos “viscerales” y derrumbes éticos bañados en sangre. Pura inutilidad para la especie humana. Algunos “progresismos” reivindican un odio al que suponen con fuerza aglutinante y movilizante. Viven de un error teórico y práctico que no sólo no permite avanzar sino que es sospechoso porque desplaza de su eje la formación humanista que permite organizar fuerzas para superar los odios con las armas de la crítica.

Hay tantos tipos de odio como distorsiones en el método transformador. Tal variedad nace y se reproduce en los vacíos que deja la ignorancia y la falta de rigor para la praxis, en todos los niveles y en todos los frentes de la lucha. Sea de nuestro lado o del otro. Nadie está a salvo, aquel que se siente dueño de objetos, personas o conceptos (como botines de su “propiedad privada”) comete un error (a veces voluntario) que lo conducirá a odiar tarde o temprano. Es ingrediente del odio sentir que se ha sido despojado de alguna propiedad. Y hay tantas mezclas de despojo, combinadas con aprehensión propietaria, que ha ido multiplicándose y profundizándose la complejidad del repertorio de los odios. En el odio de la clase opresora se coagulan -y sinceran- todas las patologías del capitalismo. Es uno de sus espejos más nítidos. Es odio “refinado”, que se ha sofisticado, instrumentalizado y maquillado hasta parecer, incluso, “amor al prójimo” o filantropía para anestesiar insurrecciones populares. Mientras los odiadores ponen cara de “buenos”.

Por eso, odian más quienes más roban. Odian por lo creen que pierden, o por la simple sospecha de ser expropiados. Odian a sus expropiadores pero más odian la idea y la práctica que convierten lo expropiado en posesión colectiva. Existen odiadores expertos que han cultivado extensiones enormes de odio y las atienden con esmero como si se tratara de “nuevas propiedades”. Han hecho escuelas de odio muy refinadas. Cuentan con estructuras jurídico-políticas a granel. Tienen religiones, universidades y entretenimientos donde se perfecciona el odio de clase, se lo esparce como “sentido común” (y como identidad) y se le reconoce valor de uso y valor de cambio en el mercado del control social, del monopolio del poder político y del poder militar. Odio miserable pero, eso sí, muy rentable. En el relato de las burguesías el “odio” reviste récords de época muy convenientes para la apropiación del producto del trabajo ajeno. Con el beneplácito de algunos “expertos” y de sus jefes, convierten el odio en una corriente desenfrenada, cargada con “nuevas clasificaciones”, donde reina -sin tapujos- la idea de que odiar es condición de los seres humanos capaces, incluso, de odiarse a sí mismos con odio funcional y contra su propia clase… y por cuenta propia. Determinismo del odio que no tiene horarios. No permitas que los noticieros burgueses te convenzan de odiar a tu propio pueblo. No te tragues el odio oligarca como si fuese tuyo.

Odiar implica desaparecer al oponente, exterminarlo. Incluso con violencia ignota. Con odio se cancela el debate, los diferendo, el “agón” griego. Se suprime el trabajo de argumentar racionalmente para convencer con evidencias. Se suprime la contrastación de criterios o experiencias y se impone el individualismo aberrante de “la razón soy yo”, aunque para eso haya que usar palos y plomo, cárcel y persecución. El odio cancela la igualdad, la libertad, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a la autonomía del otro. Es impensable una sociedad igualitaria y digna mientras haya gente produciendo odio y vendiéndolo como uno de los más grandes negocios de la Historia. Propagar odio debería ser considerado Delito de Lesa Humanidad.

Hay víctimas del odio que no devuelven odio. Víctimas que han sabido dignificar su dolor sin permitir que se degrade en odio. Espíritus y luchas ejemplares que, por el contrario, han ascendido a la praxis de las batallas reivindicatorias, apasionadamente y a salvo de los odios. Es imprescindible entender la naturaleza del odio, sus raíces, causas y efectos… combatirlo en sus más diversas facetas e impacto en las visiones y conductas deformadas por las ideologías del odio y con odio (racistas, sexistas, integristas que la fomentan) Es una tarea central derrotarlo… en y con todo lo que tengamos a mano, incluyendo la literatura, las artes, el cine y los “mass media”. Hay que llamar a todos los frentes dignos, y en pie de lucha, a frenar la propagación del discurso del odio contra migrantes y contra todos los grupos llamados “minoritarios”. Desterrar el odio a los líderes sociales, a los movimientos emancipadores, a los mandatarios de las naciones progresistas o revolucionarias. Combatir el odio desatado y cultivado en las “redes sociales”.  Frenar el odio generalizado para amenazar a la voluntad democrática de los pueblos. Desterrar el odio creado para sofocar el disentimiento legítimo, la libre expresión popular, el derecho a vivir sin violencia…  y, además, exigir que cesen los caminos por donde transita el odio de clase y la violencia burguesa disfrazada, también, de “libertad de expresión”.

Fuente: https://rebelion.org/no-odio/

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América Latina: Las amenazas a las libertades civiles se intensifican por la Covid-19

Noticias
Fuente: opendemocracy

Civicus, la organización que monitorea el estado de la sociedad civil a nivel global, alerta sobre las amenazas a las libertades civiles que ha traído la pandemia por la Covid-19. El escenario es preocupante en América Latina. Aquí, un breve recuento del reporte.

En el reporte, Civicus llegó a cuatro conclusiones:

  1. El activismo cívico continúa organizándose durante la pandemia de la Covid-19 y la gente ha seguido movilizándose para exigir sus derechos
  2. Se han documentado múltiples violaciones de los derechos de protesta: se detiene a manifestantes, las protestas están siendo interrumpidas violentamente por los estados, que están haciendo uso excesivo de la fuerza.
  3. Continúan las restricciones a la libertad de expresión y acceso a la información.
  4. Los estados están aprobando leyes de emergencia demasiado amplias y leyes que limitan los derechos humanos.

Todas y cada una de estas conclusiones se aplican especialmente en América Latina.

En abril hubo protestas en Chile en contra de la brutalidad policial, pero los/las manifestantes fueron dispersados con cañones de agua y gases lacrimógenos, y 60 personas terminaron detenidas. En junio las protestas en Brasil del grupo Vidas Negras Importam fueron dispersadas con gases lacrimógenos y balas de goma.

La sociedad civil siguió movilizada en Brasil. El reporte destaca que, en junio de 2020 “grupos de derechos humanos organizaron intervenciones pacíficas para denunciar la magnitud de la crisis del COVID-19 en Brasil. En Brasilia, los manifestantes colocaron 1.000 cruces en homenaje a las víctimas del COVID-19 en el césped frente a edificios clave del gobierno, e interpelaron al presidente Jair Bolsonaro por su negación de la gravedad de la pandemia”.

En Colombia hubo protestas en septiembre, caracterizadas por el uso extremo de la fuerza por parte de la Policía; hubo civiles muertos y detenidos y, aunque también hubo violencia por parte de algunos grupos de provocadores, la mayoría de los abusos vino por parte de la fuerza pública del país.

En cuanto a la libertad de expresión, Civicus denuncia que en Nicaragua varios periodistas y medios de comunicación fueron amenazados por criticar la gestión del gobierno ante la pandemia. Por ejemplo, reporta Civicus “durante una conferencia de prensa, un coronel del ejército acusó a un periodista de manipular información y amenazó con que «había que hacer algo al respecto». Funcionarios gubernamentales han acusado a periodistas y medios independientes de promover «pandemias de miedo» a través de «noticias falsas» durante la crisis”.

Pero en Honduras, mientras tanto, el gobierno aprobó un decreto que instituyó el estado de emergencia durante la pandemia que restringía el derecho a la libertad de expresión sin censura, garantizado por la Constitución hondureña. “Las asociaciones de medios”, reporta Civicus, “instaron al gobierno a revocar esta restricción. (…) A raíz de esta presión, el gobierno restableció las garantías constitucionales relativas a la libertad de expresión”.

La situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando

También en Bolivia el gobierno aprobó un decreto que sancionaba a los «desinforman o causan incertidumbre» a la población durante la pandemia. Según el reporte de Civicus, “la legislación fue ampliamente criticada por las Organizaciones de la Sociedad Civil y los defensores de la libertad de los medios de comunicación, quienes afirmaron que podría usarse para silenciar a quienes critican las políticas gubernamentales sobre COVID-19. La ley también se amplió para incluir un decreto adicional sobre sanciones penales. Sin embargo, en una medida positiva, luego de las críticas de Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales e internacionales, la presidenta interina Jenine Áñez revocó los dos decretos”.

Pero la situación para los defensores de los derechos humanos se ha ido complicando en algunos casos como en Honduras, donde la introducción de toques de queda y restricciones a la circulación han provocado un aumento de los riesgos de persecución, vigilancia y criminalización de los defensores. Las mujeres indígenas también han sido objeto de un mayor hostigamiento por parte de los agentes del orden. De manera similar, sigue el reporte de Civicus, “en Colombia, las restricciones de movimiento durante la pandemia han intensificado los riesgos para los líderes sociales que, por motivos de seguridad, necesitan variar sus movimientos”.

Y en cuanto al abuso de la emergencia sanitaria para aprobar leyes de todo tipo, solo en Colombia se han aprobado más de 39 decretos en este periodo. Un número alarmante.

Por último, Civicus alerta sobre grupos que quedan especialmente vulnerables a las externalidades generadas por la Covid-19. En varios países de la región, se pasaron medidas de restricción de la movilidad basadas en género, lo que ponía en peligro a las comunidades tránsgero y no-conformes al género (gender non-conforming).

La situación que reporta Civicus es alarmante, y puede ir empeorando.

Estaremos a la espera del reporte anual, para reportar las conclusiones desde democraciaAbierta.

Fuente e imagen:  https://www.opendemocracy.net/es/amenazas-libertades-civiles-intensifican-covid-19/

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México: Eliminación de fideicomisos vulneraría a víctimas, personas defensoras y periodistas: Espacio OSC

Noticias
Redacción de Desinformémonos

La aprobación del dictamen que desaparecería 109 fondos y fideicomisos públicos vulneraría «a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo, dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos», alertó el Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Explicaron que dentro del paquete de fondos a desaparecer se encuentran el Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. «Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México», añadieron.

Las organizaciones y activistas firmaron un pronunciamiento en el que llamaron al presidente Andrés Manuel López Obrador y al Congreso de la Unión a desistir en la eliminación de los fideicomisos y a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones.

A continuación el comunicado completo:

El acceso a la verdad, memoria, justicia y reparación, así como la vida e integridad de las víctimas de delitos y violaciones a derechos humanos, personas defensoras de derechos humanos y periodistas se encuentran en grave peligro.

México es el segundo país del mundo con el mayor número de personas defensoras y periodistas asesinadas. Tan solo en lo que va del año 2020, ONU-DH ha documentado el asesinato de 7 personas defensoras de derechos humanos y organizaciones han señalado al menos 4 casos de periodistas asesinados. Además, existe un claro discurso desde el poder ejecutivo que criminaliza y estigmatiza la labor de defensa de derechos humanos de las organizaciones de la sociedad, así como la libertad de expresión.

Hoy, este amplio grupo de personas enfrentan un desafío mayor: el riesgo de que su vida se ponga en peligro debido a que las medidas que garantizan su seguridad podrían verse afectadas tras la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y Periodistas y la eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. El primero sirve exclusivamente para costear las medidas de protección designadas para salvaguardar la vida e integridad de las personas beneficiarias; el segundo para brindar las medidas de ayuda, asistencia y reparación integral a las víctimas del delitos y de  violaciones a los derechos humanos, todos ellos elementos importantes para que puedan salvaguardar su integridad personal y las víctimas accedan a la justicia.

La desaparición de ambos fideicomisos fue contemplada dentro del paquete de 109 fideicomisos que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados aprobó el pasado 29 de septiembre y que hoy, 1 de octubre se pretende votar y aprobar en el pleno de la Cámara. Su desaparición implica un grave riesgo, a mediano y largo plazo, para la justicia, verdad y reparación de las miles de víctimas en el país así como para el ejercicio seguro del periodismo y la defensa de los derechos humanos en México. La eliminación implicaría:

  • Incapacidad para adoptar medidas de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas con la urgencia que las situaciones de peligro exigen, así como financiar su costo y acceder a los recursos con la inmediatez que se requiere.
  • Obstáculos para el desarrollo de las acciones de protección, como el incremento de trámites administrativos y pérdida de flexibilidad en la adopción e implementación de medidas ante situaciones inminentes de riesgo.
  • Eliminación de los candados que evitaban que los recursos se puedan utilizar para otros fines que no sean las medidas de protección o atención a víctimas. Al pasar a manos de SEGOB, queda abierta la puerta al uso arbitrario de los recursos y, por lo tanto, a la opacidad y corrupción.
  • Vulneración a víctimas, personas defensoras y periodistas en riesgo dado que la operación quedará supedita a prioridades y criterios políticos.

La Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha señalado que la eliminación del Fideicomiso tendrá impactos negativos en el desarrollo de las acciones de protección para las 1304 personas —418 periodistas y 886 defensoras de derechos humanos— a las que actualmente brinda medidas de protección. El fideicomiso es el principal instrumento financiero para la implementación de las medidas urgentes para su protección, es decir, significa salvar vidas.

Además, es necesario señalar que el Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de 2018 a 2019 ha tenido un incremento de gastos para la atención a víctimas, mientras que la dotación de recursos al Fondo ha disminuido en 2019, 2020 y lo proyectado a 2021. La eliminación del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral implica que no haya un recurso económico destinado exclusivamente para atender las necesidades específicas de las víctimas y repararles los daños, por ejemplo medidas de ayuda para alimentación, vivienda, transporte, gastos funerarios, entre otros. Además, delegar el pago de las reparaciones del daño derivado del presupuesto total designado a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y a las Comisiones estatales, implica que no hayan suficientes recursos para atender tal fin.

Frente al desafío que el Estado enfrenta para garantizar la vida e integridad de víctimas, personas defensoras y periodistas, consideramos inadmisible que se pretenda desproteger la vida de quienes se encuentran en riesgo con la eliminación del Fideicomiso y el Fondo. La eliminación de la corrupción no se logra borrando el trabajo que durante años se ha articulado para garantizar la protección y la vida. Combatir la corrupción no se logra extinguiendo fideicomisos y fondos, se logra creando mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. La decisión de extinguir un fideicomiso no solo debe tomar en consideración elementos de carácter financiero, sino debe considerar la utilidad y fin que tienen, así como las personas a quienes se dirigen

Rechazamos que se use la pandemia de COVID-19 como argumento para su eliminación. En el contexto actual de violencia y pandemia, el Estado mexicano tiene el deber reforzado de proteger y garantizar la vida y los derechos de quienes han sido víctimas de violencia, desplazamiento, y violaciones de derechos humanos.

Hoy, organizaciones sociales nacionales e internacionales, víctimas, periodistas, defensores y defensoras de derechos humanos hacemos un llamado urgente al Congreso de la Unión, en especial a la Cámara de Diputados, así como al Titular del Ejecutivo, a desistir en la eliminación del Fideicomiso para la Protección de Personas Defensoras y el Fondo para la Ayuda, Asistencia y Reparación Integral. Hacemos un llamado a detener cualquier acción que ponga en mayor riesgo a estas poblaciones y que han sido producto de las demandas legítimas de los movimientos sociales, víctimas, personas defensoras, periodistas y organizaciones de la sociedad civil.

Personas víctimas, defensoras derechos humanos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil firmantes

Espacio OSC para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas

ARTICLE 19, Asociación Mundial de Radios Comunitarias, México (AMARC Mx); Casa del Migrante Saltillo; Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL); Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos); Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH); Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC); Consorcio Para el Diálogo Parlamentario y Equidad, Oaxaca A.C; Instituto de Derecho Ambiental A.C. (IDEA); JASS Asociadas por lo Justo; Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (RedTDT); SMR Scalabrinianas, Misión con Migrantes y Refugiados; Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz). El Espacio OSC está acompañado por Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y Amnistía Internacional Sección Mexicana.

Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 86 organizaciones en 23 estados de la República mexicana):

Academia Hidalguense de Educación y Derechos Humanos A.C. (ACADERH), (Pachuca, Hgo.), Agenda LGBT (Estado de México); Alianza Sierra Madre, A.C. (Chihuahua); Asistencia Legal por los Derechos Humanos, A.C. (AsiLegal) (Ciudad de México); Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas, A.C. (AJAGI) (Guadalajara, Jal.); Asociación para la Defensa de los Derechos Ciudadanos “Miguel Hidalgo” (Jacala Hgo.); Bowerasa, A.C. “Haciendo Camino” (Chihuahua, Chih.); Casa del Migrante Saltillo (Saltillo, Coah.); Católicas por el Derecho a Decidir, A.C. (Ciudad de México); Centro “Fray Julián Garcés” Derechos Humanos y Desarrollo Local, A. C. (Tlaxcala, Tlax.); Centro de Apoyo al Trabajador, A.C. (CAT) (Ciudad de México); Centro de Derechos de la Mujeres de Chiapas (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Don Sergio” (Jiutepec, Mor.); Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas”, A. C. (San Cristóbal de Las Casas, Chis); Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria O.P.”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos “Fray Matías de Córdova”, A.C. (Tapachula, Chis.); Centro de Derechos Humanos “Juan Gerardi”, A. C. (Torreón, Coah.); Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, A. C. (Ciudad de México); Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, A. C. (Tlapa, Gro.); Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Chihuahua); Centro de Derechos Humanos de los Pueblos del Sur de Veracruz “Bety Cariño”, A.C. (Tatahuicapan de Juárez, Ver.); Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, A.C (Tonalá, Chis.); Centro de Derechos Humanos Paso del Norte (Cd. Juárez, Chih.); Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo (Orizaba, Veracruz); Centro de Derechos Humanos Victoria Diez, A.C. (León, Gto.); Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) (Estado de México); Centro de Derechos Indígenas “Flor y Canto”, A. C. (Oaxaca, Oax.); Centro de Derechos Indígenas A. C. (Bachajón, Chis.); Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica A. C. (Propuesta Cívica) (Ciudad de México); Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A. C. (CEPAD) (Guadalajara, Jal.); Centro de los Derechos del Migrante (Ciudad de México); Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL-Guadalajara) (Guadalajara, Jal.); Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios”, A.C. (Saltillo, Coah.); Centro Juvenil Generando Dignidad (Comalcalco, Tabasco); Centro Kalli Luz Marina (Orizaba, Ver.); Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) (Ciudad de México); Centro Mujeres (La Paz, BCS.); Centro Regional de Defensa de DDHH José María Morelos y Pavón, A.C. (Chilapa, Gro.); Centro Regional de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco”, A.C. (BARCA) (Oaxaca, Oax.); Ciencia Social Alternativa, A.C. KOOKAY (Mérida, Yuc.); Ciudadanía Lagunera por los Derechos Humanos, A.C. (CILADHAC) (Torreón, Coah.); Colectivo contra la Tortura y la Impunidad (CCTI) (Ciudad de México); Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos, A.C. (CEPAZDH) (San Cristóbal de Las Casas, Chis.); Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (Mexicali, Baja California); Comisión de Derechos Humanos y Laborales del Valle de Tehuacán, A.C. (Tehuacán, Pue.); Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. (COSYDDHAC) (Chihuahua, Chih.); Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, A. C. (CIDHMOR) (Cuernavaca, Mor.); Comisión Regional de Derechos Humanos “Mahatma Gandhi”, A. C. (Tuxtepec, Oax.); Comité Cristiano de Solidaridad Monseñor Romero (Ciudad de México); Comité de Defensa de las Libertades Indígenas (Palenque, Chis.); Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha A.C. (CODIGODH) (Oaxaca, Oax.); Comité de Derechos Humanos “Fr. Pedro Lorenzo de la Nada”, A. C. (Ocosingo, Chis.); Comité de Derechos Humanos “Sierra Norte de Veracruz”, A. C. (Huayacocotla, Ver.); Comité de Derechos Humanos Ajusco (Ciudad de México); Comité de Derechos Humanos de Colima, A. C. (Colima, Col.); Comité de Derechos Humanos de Comalcalco, A. C. (CODEHUCO) (Comalcalco, Tab); Comité de Derechos Humanos de Tabasco, A. C. (CODEHUTAB) (Villahermosa, Tab); Comité de Derechos Humanos y Orientación Miguel Hidalgo, A. C. (Dolores Hidalgo, Gto.); Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”(Ciudad de México); Comité Sergio Méndez Arceo Pro Derechos Humanos de Tulancingo, Hgo A.C. (Tulancingo, Hgo.); Consultoría Técnica Comunitaria AC (CONTEC) (Chihuahua); El Caracol, A.C (Ciudad de México); Estancia del Migrante González y Martínez, A.C. (Querétaro, Qro.); Frente Cívico Sinaloense. Secretaría de Derechos Humanos (Culiacán, Sin.); Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (Ciudad de México); Indignación, A. C. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos (Mérida, Yuc.); Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuria, S.J. Universidad Iberoamericana- Puebla (Puebla, Pue.); Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (Ciudad de México); Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, A. C. (IMDEC) (Guadalajara, Jal.); Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Programa Institucional de Derechos Humanos y Paz (Guadalajara, Jal.); Justicia, Derechos Humanos y Género, A.C. (Ciudad de México); La 72, Hogar-Refugio para Personas Migrantes (La 72) (Tenosique, Tabasco); Mujeres Indígenas por la Conservación, Investigación y Aprovechamiento de los Recursos Naturales, A. C. (CIARENA) (Oaxaca); Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia A.C. (ODI) (Ciudad de México); Promoción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PRODESCAC) (Estado de México); Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) (Ciudad de México); Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) (Ciudad de México); Red Solidaria de Derechos Humanos, A.C. (Morelia, Michoacán); Respuesta Alternativa, A. C. Servicio de Derechos Humanos y Desarrollo Comunitario (San Luis Potosí); Servicios de Inclusión Integral, A.C. (SEIINAC) (Pachuca, Hgo.); Tequio Jurídico A.C. (Oaxaca, Oax.); VIHas de Vida (Guadalajara, Jal.); Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes AC (San Cristóbal de las Casas, Chiapas).

Personas, medios, colectivos y organizaciones de la sociedad civil: 

Alberto Athié.
Amnistía Internacional México.
Asistencia Legal por los Derechos Humanos A.C. (ASILEGAL).
Borde Político.
Casa del Migrante Saltillo.
Cauce Ciudadano A.C.
Centro de Derecho Humanos Fray Matías de Córdova A.C.
Centro de Derechos Humanos de la Montaña «Tlachinollan».
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C.
Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo.
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social/Red de Feminismos Descoloniales.
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez
Chinampa Voces del Mundo.
CIESAS.
Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad, A. C.
Colectivo Educación para la Paz y los Derechos Humanos A.C.
Colectivo Mariposas Destellando Buscando Corazones y Justicia en el Estado de Guanajuato
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, A. C.
Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC).
Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Data Cívica.
Desaparecidos Justos A.C. Queretaro
Documenta desde Abajo.
Elementa DDHH.
Familiares en Búsqueda María Herrera.
Familias de Acapulco en Busca de sus Desaparecidos A.C.
Frontera con Justocia A.C.
Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Grupo de Investigaciones en Antropologia Social y Forense.
Grupo de Mujeres de San Cristóbal Las Casas, A.C.
Hacia la vida digna para todas las personas, ReverdeSer Colectivo A.C.
IDHEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos.
Impunidad Cero.
Inclusión Ciudadana A.C.
Instituto de Ecología A.C.
Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C.
Melel Xojobal A.C.
Mesa Directiva del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A.C.
Mujeres Libres COLEM A.C
Nancy Camacho Díaz.
Observatorio Ciudadano de Derechos de las Víctimas.
Observatorio Designaciones Públicas.
Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad (ONC).
Red de Desaparecidos en Tamaulipas (REDETAM).
Red de Enlaces Nacionales.
Red de Mujeres Periodistas de San Luis Potosí.
Red en Defensa de la Democracia .
REDIM Red por los Derechos de la Infancia en México.
Revista Espejo.
Ruta Cívica.

Fuente: https://desinformemonos.org/eliminacion-de-fideicomisos-vulneraria-a-victimas-personas-defensoras-y-periodistas-espacio-osc/

Imagen: Yuri Cortez/Agence France-Presse — Getty Images

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Argentina: #No A Esta Ley De Educación: Cientos de organizaciones y referentes en solidaridad

Noticias

Los/las abajo firmantes, integrantes de organizaciones sindicales, sociales, de género, ambientales, de derechos humanos, de equipos de cátedras, partidos políticos, corrientes políticas y pedagógicas nacionales e internacionales, entre otras, exigimos que en Mendoza no se trate ningún proyecto de Ley Provincial de Educación mientras dure la emergencia económica y sanitaria.

Exigimos que se abran paritarias salariales y no salariales, para discutir los problemas acuciantes y urgentes del sistema educativo mendocino ahora: sobrecarga de tareas, salario pulverizado con el que se paga la propia conectividad, exposición de compañeros/as en las escuelas, la obra social (OSEP) colapsada y una desigualdad educativa que crece día a día.

Asimismo, vemos con preocupación el intento de avance del gobierno dirigido por el Frente «Cambia Mendoza», con una Ley que no cuenta con un debate real en la comunidad educativa; avanza en la precarización de las condiciones laborales y de conocimiento; incluye mecanismos de control y disciplinamiento (ciberpatrullaje); atenta contra la libertad de expresión y carece de un enfoque integral de derechos

#NoAEstaLey

#ParitariasYa

Sindicatos:

-SUTE (Mendoza)

-SADOP (Mendoza)

– FADIUNC (Mendoza).

-SIDUNCU (Mendoza)

-UPJCM (Mendoza)

-SiPreMza (Mendoza)

– CTAA Regional Sur (Mendoza)

-SUTEF (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina)

-ADOSAC (Asociación de Docentes de Santa Cruz).

– Ademys (CABA)

– Comisión Directiva UnTer Cipolletti.

– AMSAFE Rosario.

-SUTEBA Bahía Blanca.

– Gremio de los Docentes Autoconvocados de Formosa.

-CTA Bahía Blanca.

– MULTISECTORIAL 21F

Equipos de cátedra/Centros de Investigación/Asociaciones de Profesionales: 

– Equipo de Cátedra «Sociología de la Educación». Facultad de Educación. UNCuyo.

– Equipo de Cátedra «Práctica Profesional e Investigación Educativa I».  Facultad de Educación. UNCuyo.

-Equipo de Cátedra “Construcción de la Subjetividad”. Facultad de Educación. UNCuyo.

– Equipo de Investigación sobre Educación y Género del IES T-004. Tunuyán.

-Equipo de Cátedra, investigación y extensión en Movimientos sociales y Educación Popular. UNJU (Jujuy)

-Cátedra Educación Popular San Pedro- UNJU

-Cátedra Sociología de la Educación- UNJU

– Cátedra Sociología de la Educación. Universidad Nacional del Comahue.

– Centro Internacional de Investigaciones Otras Voces en Educación (Luz Palomino) y del Observatorio Internacional de Reformas Educativas y Políticas Docentes OIREPOD (Luis Bonilla-Molina).

-Escuela Superior de Psicología Social Mendoza. “Dr. Enrique Pichon-Riviere”. PT 150.

-ACCP (Asociación Civil Corriente Pichoniana) Mendoza.

– AdeTPS (Asociación de Trabajadores en Psicología Social de Mendoza)

-Grupo de Estudios de Género y Teoría Crítica- INCIHUSA CONICET.

-Escritorxs por la IVE.

-Colectivo de Psicología Comunitaria de Mendoza.

-Equipo de Investigación “Feminismo, observación mediática y violencia de género”. IES 9-015. Valle de Uco, Mendoza.

– Colectivo de Trabajadores/as ESI.

Referentes y organizaciones de DDHH

-HIJOS Mendoza

-Fernando Rule Castro- Liga Argentina por los Derechos Humanos de Mendoza.

-Eugenio Paris- Asociación Ex – Presas y Ex – Presos Políticos Mendoza.

-Familiares de Detenidos/as y Desaparecidos/as por razones Políticas-Mendoza.

-Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos – Regional Mendoza.

– Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional Mendoza (APDH)

-Red por los DDHH Mendoza

-Comisión por la memoria de los pueblos. Liberpueblo. Mendoza.

– Comité por la libertad de Milagro Salas y contra la persecución política de Nélida Rojas. Justicia Legítima.

-CORREPI

-CELPI

-Colectivo Pibes del Pueblo.

Organizaciones feministas/Juveniles/estudiantiles/Culturales/Cooperativas:

-Ni Una Menos Mendoza

– Corriente La Colectiva

-Campaña contra las Violencias- Mendoza

– Red PAR Mendoza (Periodistas de Argentina en Red para una comunicación no sexista).

-Intersindical de Mujeres Mendoza

-Aquelarre. Agrupación Feminista.

-Agrupación Pan y Rosas.

– Vikingas

– Soy Nosotras

– La Duarte

-Las encuentras.

-Frente Estudiantil Construcción Colectiva IES 9002.

-Colectivo de Estudiantes y Egresades de Educación Social de Mendoza.

– Cooperativa Fernanda Toledo

-Feria Americano

-Asociación Centro Padre Carlos Mugica de Godoy Cruz, Mendoza.

-Asociación Ecuménica de Cuyo.

-Comité de Solidaridad Latinoamericana. Mendoza.

-Foro Pensar Horizontes.

-Casa por la Memoria y la Cultura Popular.

-Transeúntes fotografía urbana y callejera.

-Estudiantes y docentes IES 9-002 “Tomás Godoy Cruz”.

– La Corriente Alterna

– La Soriano Conducción CEFFyL- UNCuyo.

–  IdentidAD – Facultad de Artes y Diseño – UNCuyo.

Organizaciones sociales:

-CCC (Mendoza)

-FOL (Mendoza)

-MP La Dignidad.

– Frente Popular Darío Santillán Corriente Plurinacional – Movimiento de los Pueblos.

– Polo Obrero

-Agrupaciones Docentes/Trabajadorxs de la Educación/Culturales:

-Trabajadoras de la Educación jubiladas: » Resistencia y Memoria» en el SUTE

-Biblioteca Popular Jesús Nazareno (Mendoza)

-Agrupación “4 de Abril” en el SUTE.

-Agrupación 9 de Abril/lista BORDÓ del SUTE.

-Tribuna Docente-Lista Rosa del SUTE

-Agrupación «Ulises Pirola»

-Colectivo Docente Otilia Lescano (Córdoba).

-Corriente Sindical Docente Marina Vilte. Jujuy

-Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Haroldo Conti (CABA)

– Agrupación Simón Rodríguez (CABA)

– Trabajadorxs Docentes Organizadxs, Lista Granate de SUTEBA Mar del Plata.

-Maíz (Agrupación Margen Izquierda en Amsafe).

– Docentes por la Liberación – Río Negro

-Frente Nacional Marina Vilte.

– Corriente Nacional Docente Conti-Santoro de Razón y Revolución.

-DTL -Docentes Tucumanxs en Lucha (Tucumán)

-El Bondi, Colectivo de Trabajadorxs de la Educación Independientes y el programa radial La Peluca de Sarmiento.  El Bondi. 2da Minoría en SUTEBA La Plata. Lista Multicolor.

-Agrupación Docente María Saleme (FUDoC). Pluricolor-Uepc-Córdoba.

– Agrupación Verde de Alte Brown

– Agrupación Granate de Bahía Blanca

– Agrupación Fuentealba de Lomas de Zamora

– Encuentro Colectivo Docente de Prov. de Buenos Aires

Medios comunitarios:

– Asociación Comunicacional y Cultural La Mosquitera.

-Radio La Mosquitera 88.1

-Asociación Cuyum de Comunicación Popular.

-Radio Comunitaria CUYUM 89.3.

-Programa Radial “Sala de Maestr@s”.

-Giramundo TV.

–  Silbando Bembas, colectivo de Cine militante.

Organizaciones y asambleas ambientales:

-Asamblea de Les Pibes por el Agua de Tunuyán.

-Las Pibas del Agua.

-Asamblea por el Agua de Godoy Cruz.

-Arte por el Agua.

– Asamblea de Las Heras por el Agua Pura.

– Asamblea Maipucina por el Agua

– Asamblea del Árbol

-Asamblea del Agua de San Rafael.

– Asamblea de San Carlos

– Les pibes San Carlos

– Asamblea Tupungato por Agua Pura

-Asamblea del Pueblo de Alvear

-Asamblea Socioambiental zona Este Mendoza

– Autoconvocadxs por el Agua Tunuyán

– Coordinadora por el agua y el Ambiente de Malargüe.

– Asamblea de Las Heras Por el Agua Pura

– Asamblea Socioambiental por el Agua de Guaymallén

-Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP)

-Foro Socio Ambiental Mendoza

-Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata.

– Asamblea de Potrerillos por el Agua.

 

Agrupaciones/ Corrientes obrero-sindicales:

-Agrupación Violeta de FOETRA.

-Agrupación El Despegue Aeronáuticos

-Agrupación Granate del Neumático.

-Agrupación de Salud del MAC.

-Agrupación Marrón 9 de Abril de Docentes. Agrupación 9 de abril/La Marrón.

-Agrupación Bordó Sojo (Jaboneros).

– Coordinadora Sindical Clasista.

-Tribuna Estatal

-Naranja Judicial

– Movimiento de Unidad Sindical (MUS)

Personalidades:

– Pedro Cormack-Secretario General ADOSAC.

– Ana María L. Rodríguez.  Secretaria General SUTEBA Marcos Paz (Bs. As.)

-Claudia Yarza. Profesora Titular cátedra Ética Profesional y Social. Carrera de Trabajo Social. FCPyS. UNCuyo.

-Mario Alexis Barraza Flores. Abogado Laboralista.

-Laura García Tuñón. María Esther Basualdo. Marusa Bolaña. ENDYEP.

– Alejandra Roovers, docente jubilada Cátedra Sociología de la Educación- Universidad del Centro, sede Tandil.

-Miguel Ángel Hernández Vázquez, Secretario de Organización del Sindicato de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México (SITRAIEMS-CDMX).

-Guido Peña (Coordinador CCC-Mendoza)

– José Castellano -Secretario General San Rafael Línea Micheli.

-Teresita Castrillejo. CCDTyE Club Atlético y Liberpueblo.

-Soledad Sosa, Partido Obrero-FIT

-Víctor da Vila, Partido Obrero-FIT

-Jorge Chirino-Marcelo Firmapaz- Sergio Ruiz- Gabriel García- Alejandro Setticassi-Juan Cantos- Edgardo Videla. Comisión interna de Cuyo Placas.

– Nicolas Del Caño, Diputado Nacional.

-Lautaro Jiménez, Senador Provincial

-Mailé Rodríguez Abalo, Diputada Provincial

-Ulises Jiménez, Concejal Las Heras – Mendoza

-Micaela Blanco Minoli, Concejala Lavalle – Mendoza

-Carlos Espeche, Concejal Guaymallén – Mendoza

-Jesica Bustos, concejala Maipú – Mendoza.

 -Claudio Delecarbonara, miembro del Secretariado Ejecutivo de AGTSYP, Diputado Pcia Bs As FITU.

-Andrés Blanco, Sec. Adjunto de SOECN de Neuquén, Diputado provincial FIT U.

-Luana Simioni, Secretaria General Junta Interna ATE IOMA La Plata.

-Lorena Timko, Secretaria General Junta Interna ATE Desarrollo de la Comunidad La Plata.

-Carlos Artacho y Guillermo Schmal, miembros de comisión directiva de FOETRA Bs As.

-Martín Brat, Delegado General de la Comisión interna GPS delegados de los tercerizados (850 trabajadorxs) de Aerolíneas Argentinas. Aeroparque.

-Eduardo Saab, miembro del Cuerpo de Delegados de APA (aeronáuticos) de LAN Argentina.

-Fabián Ponce Comisión Interna Securitas Tercerizada de LAN Argentina (Ezeiza)

-Raúl Godoy, Obrero de Zanón, Diputado FIT mandato cumplido.

-Alejandro Vilca, recolector de basura y Diputado Provincial de Jujuy por el FIT-U

– Andrea López, miembro por la minoría del Consejo Directivo Provincial de CICOP

– Víctor Ottobonii, Sec. de Prensa SUTNA Nacional

– Enzo Pozzi, Vocal SUTNA Nacional.

-Nathalia González Seligra, Secretaria de Organización de SUTEBA La Matanza. Dirigente nacional de la agrupación docente 9 de abril/La Marrón.

-Natalia Hernández, Secretaria de Mujer y Géneros de SUTEBA La Matanza. Agrupación 9 de abril/La Marrón.

-Laura Champeau, Secretaria de Organización SUTEBA Ensenada.

-Claudia Añazco San Martín, Secretaria de Género SUTEBA Ensenada.

-Cecilia Muñoz, Secretaria de Igualdad de Géneros y Diversidad SUTEBA Tigre

-Lorena Maidana, 1er Vocal SUTEBA Tigre

-Astrid Gómez, María de los Ángeles García, Raúl Venica; Vocales SUTEBA Tigre

-Gabriela Serrano, Fátima Zelaya, Comisión Revisora de Cuentas SUTEBA Tigre

– Pablo Peralta, revisor de cuentas AGTSyP

-Juan Contrisciani, delegado PARITARIO y del sector Cobrería- ATE Astillero Río Santiago.

-Ignacio Serrano, obrero de Metalsa. Referente de la Lista Azul de la UOM.

-Juan Porto, delegado a FeSProsa y miembro de la Comisión Directiva seccional Hospital San Martín, CICOP.

-Horacio Lasalle, Vicepresidente Seccional Hospital Cestino de Ensenada, CICOP

-José Raquier miembro de la Comisión Directiva Seccional Hospital Rossi, CICOP

-Hugo Dearte y Erica Sechi -Comisión Directiva Seccional Hospital El Dique de Ensenada, CICOP.

-Pamela Gallina, Comisión Directiva Seccional Hospital Sbarra, CICOP

– Natalia Páez, Comisión Directiva Seccional Hospital San Martín, CICOP

-Laura Cano, Comisión Directiva Seccional Hospital Romero – Ingenieros, CICOP.

-M. Gabriela Puebla. Trabajadora Social. Secretaria General. Cicop, Seccional Cordero. Hospital Petrona Villegas.

-Lorena Gentile, Gabriel Fernández y Poke Hermosilla, Agrupación Bordó de la Alimentación.

-Jorge Medina, Eduardo Ayala, Madygraf (ex Gráfica Donneley recuperada por sus trabajadores)

-José Montes- Astillero Río Santiago

-Eduardo Toro, delegado Textil Elemento CABA

-Luis Giordano, Congresal lista Bordó Sojo (Jaboneros)

– Ariel Moreno y Luciano Morrone, Delegados –Secco-

– Tomas Rodríguez delegado metalúrgica Weg

-Laura Magnaghi, Comisión Directiva de Ate Sur, Hospital Alende

-Augusto Huerta, Secretario Gremial JI ATE- Lotería

-Marcelo Gómez, Secretario General Junta Interna-ATE DG Música de CABA

-Lorena Itabel delegada gremial ate Ministerio de Economía.

– Marina Cattilao, dirigente de las obreras textiles de la Textil Neuquén bajo Gestión Obrera.

-Franco Vergara, dirigente de MAM, Neuquén

-Graciela Monje, Secretaria de salud de SUTEBA Quilmes

-Ivana Otero Secretaria de Cultura de Ademys

-Marilina Arias miembro vocal del Consejo Directivo de Ademys

Partidos Políticos:

-Venceremos-Partido de Trabajadorxs

-PO

-PTS/ FIT U

-PTP/ JCR/ PCR

-Montoneros Mendoza

Fuente e imagen:  https://www.sute.com.ar/noaestaleydeeducacion-cientos-de-organizaciones-y-referentes-en-solidaridad/
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