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Europa/España/19 Julio 2018/Fuente: El país

Organizaciones del sector han manifestado este viernes que la decisión de reformar la Lomce es «un ataque a la libre elección de las familias»

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Isabel Celaá, no tiene nada que rectificar respecto al contenido de su comparecencia del miércoles en el Congreso de los Diputados. De esa comparecencia algunas asociaciones han extraído que la educación concertada en España está en peligro. De manera muy enfática, la titular de Educación ha proclamado que la educación concertada no está en peligro. Organizaciones del sector han manifestado este viernes, a través de un comunicado conjunto, que la decisión de reformar la Lomce para eliminar el eliminar el principio de “demanda social” —por el que la Administración debe garantizar a los padres plazas en centros concertados— es «un ataque a la libre elección de las familias».

Ni va a sufrir mermas, ni van a cancelarse los acuerdos, toda vez que su funcionamiento es muy adecuado. Para dejar claro qué es lo que dijo en el Congreso de los Diputados, y que ha dado lugar a que asociaciones denunciaran que el Gobierno de Sánchez ataca la enseñanza concertada, leyó literalmente lo que dijo en sede parlamentaria.

«Del servicio público educativo también forma parte la red de centros concertados que desempeñan una función social, que tiene un carácter complementario para cubrir las necesidades de escolarización y por ello reciben el concierto. Me consta que la inmensa mayor parte de la red concertada cumple con sus obligaciones y fines sociales», dijo la ministra en sede parlamentaria y ha vuelto a repetir este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Además, añadió que «la inmensa mayoría de los centros concertados cumplen los fines de fortalecimiento del sistema educativo». «¿Cómo se puede concluir desde la buena fe que el Gobierno va a retirar los conciertos?». Y ha concluido: «La concertada no está amenazada».

Preeminencia de la pública

Los representantes de la Plataforma Concertados, entidad constituida por Escuelas Católicas (FERE-CECA y EyG), CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza), CONCAPA (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y Padres de Alumnos) y COFAPA (Confederación de Padres de Alumnos), y en la que también están integrados los sindicatos mayoritarios de la concertada FSIE y USO, se han reunido este viernes y han mostrado su «preocupación por las declaraciones de la ministra», que consideran «un ataque a la libre elección de las familias». El Gobierno insiste en que esa libertad de elección no está amenazada.

Las organizaciones, que van a solicitar una reunión urgente con la ministra, defienden «la libertad de enseñanza basada en una complementariedad real entre la educación pública y la concertada, tal y como establece la LOE». La ministra no cuestiona esa complementariedad, en la que también cree. Su intención, como avanzó en una entrevista en EL PAÍS y reiteró en el Congreso, es eliminar el criterio de «demanda social» en la programación de plazas escolares.

En algunas comunidades autónomas, como Madrid, la Administración pública, en base a ese criterio, ha cedido terreno público para construir centros concertados en nuevos desarrollos urbanísticos. La ministra considera que de esta forma «la educación pública se ha convertido en una red subsidiaria de la concertada». Celaá defendió en el Congreso la preeminencia de la pública porque «es la respuesta de la Administración Pública para garantizar el derecho a la educación y garantizar la cohesión social y el desarrollo cultural de la ciudadanía».

Fuente: https://politica.elpais.com/politica/2018/07/13/actualidad/1531500563_183097.html